Un millón y medio
de jóvenes han comenzado otro curso en la Universidad, el 5º año consecutivo en que
bajan los alumnos, por la caída de matrículas en las universidades públicas
(suben en las privadas). Se debe, sobre todo, al elevado precio de Grados y Máster, que aunque se congelan o bajan
este curso, son un 40% más caros que en 2011. Y las becas no ayudan: llegan a más universitarios, pero con 300 euros menos por alumno. Mientras, las
Universidades siguen con escasos
Presupuestos: crecen algo este curso, como los dos anteriores, pero sólo
han recuperado un tercio de los 1.900 millones que les recortaron. Con esta penuria, les resulta difícil mejorar una enseñanza poco útil: un 16% de
universitarios están en paro (7,4%
en Europa) y un tercio trabajan en empleos que no les exigen título. Urge un
Pacto educativo que asegure a la Universidad una financiación estable y una educación de calidad y más orientada al
empleo. Para que no sea una “fábrica de
parados.
enrique ortega
Las 84 Universidades
españolas (50 públicas y 34 privadas), que tuvieron el curso pasado 1.492.206 alumnos en Grados y Master (1.247.237 las públicas y 244.969 las
privadas), volverán a perder alumnos este curso 2017-2018, por 5º año
consecutivo. Desde el máximo de universitarios en el curso 2011-2012 (1.610.000 alumnos), la Universidad española ha perdido 118.905 alumnos, por la caída de matrículas en las
universidades públicas, ya que aumentaron en las privadas. La caída se ha
debido a la pérdida de alumnos en los estudios de Grado
(4 a 6 años), donde hay 178.539
universitarios menos que en 2011-2012, mientras han subido
los alumnos de Master (+59.745) y de Doctorado (+27.479), porque muchos universitarios prorrogan sus estudios ante la falta de empleo.
La caída de alumnos en la Universidad española se debe a tres causas. Una, la
caída de la natalidad en los años noventa, causante de que haya un 6% menos de jóvenes entre 18 y 24 años. La segunda, que una parte de
los jóvenes que antes iban a la Universidad tras el Bachillerato, se han ido a
estudiar Formación Profesional de Grado
Superior, porque piensan que tiene más salidas : ya la estudian más de 350.000 jóvenes, cuando
sólo eran 221.000 en el curso 2011-2012. Y la tercera razón, quizás la más
importante, porque estudiar en la Universidad es mucho más caro en los últimos años, por culpa de
la subida de tasas aplicada en 2012
y el menor importe de las becas, que
se conceden con más restricciones (de ingresos y docentes).
Este curso 2017-2018,
muchas Universidades públicas han congelado
sus tasas e incluso algunas las han
bajado, como Madrid: un 5% las de Grado y un 10% los Master, tras haberlas bajado
también los dos cursos anteriores. Pero estas
rebajas no son suficientes para
compensar las subidas aplicadas desde 2012. Así, en el caso de Madrid,
los Grados han bajado un 20% pero antes subieron un 62% (balance: +42%). Y los
Master han bajado estos tres años un 30%, pero antes subieron un 124% (balance:
+94%). En todas las Universidades, estudiar hoy es entre un 30 y un 50% más
caro que hace 5 años.
Y además, persisten las grandes
diferencias entre Universidades, entre
públicas y privadas y, sobre todo, entre regiones. Así, el coste de un
crédito para una misma carrera (Medicina) varía entre 21,53 euros y 260,83
euros (un curso de Grado tiene 60 créditos) entre la Universidad pública y la
privada, según un reciente estudio de la OCU. Y dentro de las Universidades
públicas, las diferencias de precio son
abismales: las más caras son las de Cataluña (33,58 euros por crédito:
2.014 euros un curso de Grado), Madrid (28,83 euros/crédito) y Castilla y León
(24,48 euros). Y las más baratas, Andalucía, Galicia y Cantabria (de12,57 a
13,58 euros/crédito, según los estudios elegidos).
Al final, el resultado es que la Universidad española es una de las más caras de Europa. Hay 15 paises europeos donde la Universidad es casi gratuita: por menos de 100 euros al año se puede
estudiar una carrera y completar su formación con un Master, según un estudio de Comisiones Obreras de 2016. Entre ellos están Alemania, Austria,
Finlandia o Suecia. En el extremo opuesto, hay cuatro paises donde estudiar un Grado
es más caro que España (Reino Unido, Irlanda, Letonia y Lituania, con más
de 2.000 euros de coste anual) y luego ya hay un segundo grupo de paises caros para estudiar, donde además de España (1.100 euros de media un primer
curso de Grado) están Italia y Holanda. Y en los Master, España está en el grupo de los paises más caros de Europa,
junto a Reino Unido, Irlanda, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria y Rumanía,
con un coste medio de 2.020 euros anuales. A final, el estudio revela que de los
37 paises europeos analizados, España es el 8º país más caro para estudiar un Grado y un Máster. Y el 6º más
caro (Grado) tomando sólo la Unión Europea.
No es sólo que estudiar en la Universidad sea más caro en
España. Además, tenemos menos becas. España ocupa el puesto 14
entre 37 paises europeos en el porcentaje de universitarios con beca: unos
300.000, un 23% de los universitarios, frente a un tercio que reciben
ayudas en Francia, Reino Unido y muchos
paises, según el estudio de CCOO. Y además, España ocupa el puesto 22 (entre 37 paises) por importe
medio de las becas, más bajo que en el resto de Europa porque invertimos en becas un tercio menos que la
OCDE, según el presidente de la Conferencia de Rectores. A partir de 2013, con la reforma que aprobó el
Gobierno Rajoy, el sistema de becas
cambió: se hizo más restrictivo (en criterios económicos y notas exigidas) y ahora las reciben más estudiantes pero con menos
importe. Las becas han bajado en
13 de las 17 autonomías: la beca
media universitaria ha caída 300 euros desde 2011 (-12%) y más en las
regiones más pobres, como Extremadura y Castilla la Mancha: cobran hasta 500
euros menos que en 2011, según los datos de una respuesta parlamentaria. Y, curiosamente, de los 20 Campus donde las becas han subido más estos
últimos cinco años, la mayoría (14) son Universidades privadas.
Pero además de escasas, las becas universitarias se rigen por un sistema muy deficiente, que ha provocado encierros de protesta de alumnos este verano. Primero, por el calendario de concesión: se solicitan
de agosto a mediados de octubre y se conceden con el curso en marcha, por lo
que el alumno se tiene que matricular sin saber si tiene beca o no (en Francia,
se sabe antes de empezar el curso). Segundo, la cuantía es muy desigual según regiones y se da el caso de que las becas son más bajas donde estudiar resulta
más caro: la beca media más baja
se da en La Rioja (1.292 euros), Baleares (1.579), Madrid (1.706 euros),
Cataluña (1.743) y Asturias (1.773) y las becas más altas se dan en Extremadura (2.926 euros), Castilla la Mancha
(2.579), País Vasco (2.519 euros), Galicia (2.490) y Andalucía (2.556) y Castilla
y León (2.327), con un importe medio de
2.166 euros (curso 2016-2017). El tercer problema es que una parte de la
beca (la variable, que depende del dinero a repartir y el número de
solicitantes) se recibe al final del curso para el que se solicita (en junio, al conocerse
las notas), con lo que las familias
primero gastan y luego reciben esa parte de la beca (debería abonarse toda
la beca al principio de curso, con las notas del curso anterior).
Entre tanto, las
Universidades no consiguen superar su crisis financiera (déficit y deuda), a pesar de la brutal subida de tasas, por culpa del drástico recorte sufrido años atrás en la aportación del Estado
(12% de la financiación) y sobre todo de las autonomías (financian el 82% de
las Universidades públicas). Este curso
2017-2018 sube un 3% la media de Presupuestos de las Universidades públicas, algo más que
en 2015-2016 y 2016-2017, los tres últimos cursos en que las Universidades han
congelado o aumentado ligeramente sus gastos. Pero es todavía muy insuficiente para reponerse del recorte sufrido entre 2012 y 2015: 1.900 millones de euros, un 18% de su
Presupuesto. Y por ello, apenas han podido mejorar plantillas (perdieron un 10%, 15.000 personas) y no pueden todavía invertir en mejoras
(desde aulas a laboratorios o calefacción). Simplemente, se mantienen, a la espera de
que se reforme el sistema de financiación de las autonomías y puedan conseguir más
recursos.
El problema de fondo
es que la Universidad española cuenta
con pocos recursos públicos, menos que la mayoría de Europa. El gasto por alumno universitario en
España era de 12.489 dólares en 2014
(último dato aportado por la OCDE), un 22% menos de los 16.164 dólares que se
gastaban en Europa (UE-22) y de los 16.143 dólares que gastaban los 35 paises
OCDE. Y el gasto es mucho menor que el de EEUU (29.328 dólares/universitario),
Reino Unido (24.542 dólares), Suecia (24.072 dólares), Canadá (21.326), Japón
(18.022), Finlandia (17.893), Alemania (17.180) o Francia (16.422), sólo
superior a Portugal (11.813) o Italia (11.510), según los indicadores educativos OCDE 2017. Y si tomamos el
esfuerzo económico que dedica cada
país a su Universidad, en España
supone el 1,3% del PIB, inferior al
1,4% de la UE-22, el 1,6% de la OCDE o al esfuerzo que hacen EEUU (2,7% PIB), Corea
(2,3%), Reino Unido o Finlandia (1,8%), Holanda o Suecia (1,7%) o Francia
(1,5%).
Pero el problema de la Universidad española no es sólo de falta
de dinero. Hay un problema evidente de calidad de la educación impartida: “el conjunto de habilidades de los graduados de educación superior se
sitúa entre las más bajas de la OCDE, lo cual denota una educación universitaria de baja calidad…”, dice
textualmente el informe de la OCDE "España 2017" (página 43), presentado en marzo de este año. Y
añade que “estas bajas habilidades se
deterioran después en los trabajos”, porque los universitarios españoles se
emplean en tareas para las que no estudiaron (teleoperadores, camareros, vendedores o
cajeras de supermercados) o porque las empresas no les forman (porque tienen
contratos temporales y precarios).
La mejor muestra de que la Universidad española no funciona
bien, no enseña para trabajar, es que los universitarios
españoles trabajan menos que sus compañeros europeos (el 76% de los que tienen 25 a 34 años,
frente al 82% en la UE-22 y el 87% en Alemania, Reino Unido o Suecia y
el 86% en Francia) y que hay más del doble de universitarios parados (25-34 años): el 16% en España frente
al 7,4% en la UE-22 y el 6,6% en la
OCDE, con mínimos del 2,9% de paro universitario en EEUU, el 3,1% en Alemania o Reino Unido y el 6,7% en Francia. Y además,
entre los que trabajan, hay muchos universitarios en precario: el 34,4% de universitarios españoles trabajan en puestos de baja cualificación, frente al 23% en Europa. Un tercio de universitarios trabajan
sobrecualificados, un despilfarro como país.
¿Qué se puede hacer? El propio informe de la OCDE da varias recetas,
que el Gobierno Rajoy desoye sistemáticamente. La primera, asegurar una financiación suficiente para la Universidad, ligada no
sólo al número de alumnos sino a baremos de calidad. Eso pasaría por aumentar
las aportaciones del estado y las autonomías a las Universidades, para acercar
el gasto a niveles europeos. Supondría destinar unos 2.200 millones de euros más cada año a la Universidad, frente
a los 12.000 millones actuales. Y eso
sin pensar en hacer gratuita la
Universidad, algo que costaría 1.300 millones más al año, según CCOO. Pero se gaste lo que se gaste, la clave es controlar bien esos recursos y que
no sea “café para todos”: que una parte sea una aportación fija (a tanto por alumno) y otra variable, según unos objetivos que la Universidad debería
cumplir para cobrarlo. Es lo que se aplica ya en las Universidades de Cataluña,
Andalucía, Galicia y Valencia y que Madrid quiere aprobar para el curso 2018-2019. Y que haya auditorías externas para
rendir cuentas, como pide
la OCDE.
Pero el problema de
la Universidad no es sólo el dinero.
Hay que aplicar una serie de reformas que reiteran, año tras año, la OCDE y muchos expertos. Por un lado, ajustar la oferta, recortando
titulaciones (hay 2.781 Grados y 3.772 Master) y fusionando centros (hay 234 Campus, con estudios
similares a pocos kilómetros de
distancia. Por otro, la OCDE propone reducir la “endogamia” en la selección de profesores, incorporando a más extranjeros y del mundo empresarial:
en 2015-2016, 3 de cada 4 profesores
universitarios (el 73,1%) daban clase en la misma Universidad donde
hicieron el Doctorado, según datos del Ministerio de Educación. Y en Canarias, Asturias y Valencia, eran
más del 80%.
Otro reto pendiente
de la Universidad española es conseguir una mayor internacionalización: incorporar a más alumnos y profesores
extranjeros, para lo que necesitan mejorar la calidad de su oferta educativa. Y
en paralelo, mejorar su capacidad investigadora
y divulgativa, aumentando la inversión en I+D+i y los trabajos en revistas
científicas, un “escaparate” que mejoraría su posición internacional.
Actualmente, España es el único gran
país que no tiene una Universidad en el Top 200 del ranking mundial Shanghái
(si la tienen Italia, Portugal, Irlanda o Brasil). Las primeras
Universidades españolas están entre las 200/300 mejores y son la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra
y la Universidad de Granada.
Con todo, el mayor
reto es conseguir que los
universitarios se preparen mejor para encontrar un empleo decente ligado a lo
que han estudiado. Eso exige repensar
a fondo carreras y temarios, en contacto con las empresas y los expertos en
empleo, para dotar a los universitarios de las habilidades que se van a demandar
en el futuro, sin olvidar por supuesto la formación complementaria (“humanística”) que la Universidad debe
aportar . No se trata de “devaluar los títulos”, con carreras más cortas y luego Master
más caros: pasar del 4+1 actual (4 años de Grado más 1 de Master) al 3+2 (o
incluso 3+1), que ya implantaron el curso pasado algunas Universidades
catalanas y que pueden ofrecer ya este curso todas las Universidades, aunque sólo para carreras
nuevas. Se trata de otra enseñanza Universitaria, más práctica y con experiencias en empresas, más ligada a los
futuros empleos.
Todo ello pasa por lograr un gran Pacto educativo y universitario, donde se asegure a los Campus una financiación suficiente y estable a
medio plazo, a cambio de objetivos y reformas, con más participación de las
empresas en la planificación y formación y una mejor coordinación entre autonomías, para que no haya 17 sistemas
universitarios dispares (como ahora). Y un empujón a la Formación Profesional Superior, que cada vez tiene más salidas.
Necesitamos otra Universidad, además de otro modelo económico y laboral, si queremos
un mejor futuro para los jóvenes. Que deje de fabricar parados o subempleados.
La recuperación no ha llegado (tampoco)
a los dependientes, ancianos y discapacitados.
Tras cumplirse en enero 10 años de la Ley
de Dependencia, el balance sigue
siendo pobre, por falta de financiación: hay 310.000 dependientes (1 de
cada 4) con el derecho reconocido y que no
reciben ayudas. Y cada día, 100 de estos dependientes se mueren sin recibirla. Un drama que el Gobierno Rajoy desoye, después de haber recortado 2.865 millones a la Dependencia.
Y las autonomías, que gestionan las
ayudas, se ven obligadas a prestar servicios “low cost”, ayudas baratas
(como la tele asistencia) para atender a
más dependientes con menos dinero. Lo último: dan prioridad a los dependientes leves (más “baratos”) mientras se
estancan las ayudas a los más graves, más
“caros” de atender. Así tratan de rebajar la lista de espera. Urge aprobar un Plan de choque para atender ya a todos los dependientes con
derecho y aumentar el Presupuesto para prestar una atención “decente” a mayores y discapacitados. Es lo mínimo.
enrique ortega
La atención a los dependientes
(ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos, unos 3 millones en España) es uno de los
grandes puntos negros de la política social del Gobierno Rajoy. En
enero de 2017 se cumplieron los primeros 10 años de la Ley
de Dependencia, aprobada por Zapatero, que ha chocado con una
financiación escasa, sobre todo a partir de 2012, cuando los
recortes de Rajoy le quitaron 2.865 millones de euros hasta 2.015,
según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales . En el otoño de 2015, los
nuevos Gobiernos autonómicos
(controlados en su mayoría por la izquierda) trataron de revertir la situación,
mejorando algo la atención a la
dependencia. Pero se han encontrado con pocos recursos propios y menos
financiación del Estado.
El resultado es que la Dependencia no acaba de despegar.
Si en los primeros 5 años de la Ley, hasta diciembre de 2011 (cuando Rajoy
llegó a la Moncloa), había 738.587 dependientes con ayudas, 5 años después, en diciembre de 2016, sólo había
126.977 dependientes más atendidos (865.564).
Y aunque este año 2017 han aumentado los beneficiarios, todavía eran 915.929 a finales de agosto, frente a 1.668.950 solicitudes de ayuda. Pero lo
peor es que todavía hay una “lista de espera” muy elevada: 310.809 dependientes que, a finales de agosto, tenían reconocido
el derecho a recibir una ayuda (se les había aprobado su solicitud) pero que
no la recibían, por falta de presupuesto y medios de las autonomías
para dársela. Son ancianos y
discapacitados que están en “el limbo de
la Dependencia”. Nada menos que 1 de cada 4 dependientes (el 25,33%)
con derecho reconocido a ayuda, según los datos oficiales del IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad).
Si es grave que la cuarta parte de los dependientes reconocidos no reciban ayuda, más lo es que la situación sea aún
peor en casi media España, en 6
autonomías donde el porcentaje de dependientes en espera de ayuda es más elevado que la media, según los últimos datos del IMSERSO: Canarias (40%
dependientes reconocidos están esperando ayuda), Cataluña (37,2% en espera), Andalucía
(31,7%), Rioja (31,5%), Aragón (27,6%)
y Extremadura (26,8%). En contrapartida, hay 3 autonomías casi sin listas de espera, Castilla
y León (1,03% dependientes), Melilla
(3,4%) y Ceuta (4,6%), y otras tres
con muy poca, Baleares (12,2%),
Asturias (12,6%) y Murcia (15,8%).
Resulta más grave aún que haya dependientes en espera de ayuda cuando la mayoría (54%) tienen más de 80 años de edad, según el IMSERSO, y pueden morirse antes de que les llegue la ayuda que tienen legalmente
reconocida. De hecho, en 2016, hubo 40.647 dependientes con ayuda
reconocida que murieron sin recibirla,
según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y este año ya se han muerto 21.000 de los 310.809 de la
lista de espera y la estimación es que
mueran 34.000 dependientes en espera en todo 2017, una media de 100 dependientes de la lista de espera al día.
En los dos últimos años, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados mayoritariamente por la
izquierda y los nacionalistas) han
recortado la lista de espera, de 421.335
dependientes en agosto 2015 a 310.809 dependientes en espera en agosto de
2017. Pero lo han tenido que hacer casi
con los mismos recursos, porque el Presupuesto del Estado para dependencia apenas ha subido en 2016 y 2017 y lo
mismo el gasto autonómico. Y lo que la mayoría de las autonomías han buscado es
atender a más dependientes con casi el
mismo dinero ¿Cómo? Gastando
menos por dependiente, utilizando
más “servicios low cost”,
como denuncian los Directores y gerentes de Servicios Sociales.
Así, en los dos últimos años, las ayudas a la dependencia que más
han crecido son las más baratas:
la ayuda por prevención y promoción de la
autonomía (muy importante en Asturias, donde supone el 21,8% de las ayudas,
en Castilla y León, con el 12% y Aragón, el 10%), la teleasistencia (la que más ha crecido: cuesta sólo 25 euros al mes
por dependiente y supone ya el 16% de todas las ayudas, pero un 32% en
Andalucía, un 23,5% en Madrid y un 20,5% en la Rioja) y la ayuda a domicilio (16% de todas las ayudas). Y también han crecido
mucho las ayudas que se dan a los
familiares para que cuiden en casa a los dependientes: por unos 300 euros al mes (y bajando), las
autonomías se quitan de en medio el problema de tener que abrir centros de
día o residencias para ancianos y dependientes. Esta es la ayuda que tienen más
dependientes, el 33,35% del total de ayudas, y llega al 65,7% en Baleares, el
57,4% en Navarra, el 54,06% en Murcia, el 50,7% en la Comunidad Valenciana, el
49,8% en Cantabria y el 46,3% en Cataluña, según datos del IMSERSO. Eso sí, el porcentaje de dependientes que tienen ayuda
para residencias, el servicio más caro, se ha reducido.
Así que en la mayoría de autonomías, el “truco” para
bajar las listas de espera es atender
a más dependientes con los servicios más baratos. Pero hay otro “truco” que
acaban de denunciar los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: dar prioridad a los dependientes leves (Grado I, que tienen derecho a ayuda sólo desde el 1 de julio de
2015) y retrasar la ayuda a los dependientes
severos (Grado II) y graves (grandes dependientes, el Grado III), “los más caros” de atender (no basta con la teleasistencia, como
los leves, por ejemplo). Los datos oficiales del IMSERSO son muy explícitos: si la lista de espera de
la dependencia se ha reducido en 37.600
dependientes el último año (agosto 2016-agosto 2017), casi todos son
personas con dependencia leve (34.800 tienen Grado I) y sólo 2.800 son dependientes más vulnerables (Grado
II y III). Y de los 310.809 dependientes
en lista de espera, 119.150 son más vulnerables (grado II y III), casi los
mismos que hace un año (122.600), mientras los 191.652 restantes son
dependientes leves (Grado I: 246.000 hace un año).
Así que no es sólo que la
lista de espera se rebaja a base de una atención más mediocre a los dependientes, sino que además se busca atender primero a los dependientes “más baratos”. Y todo
ello porque las autonomías, que
gestionan la dependencia, están económicamente “asfixiadas”. Primero porque están mal financiadas (les faltan recursos y les sobran
competencias), pero sobre todo porque cada
vez tienen que aportar más a la Dependencia porque el Estado central aporta
cada vez menos. Los datos
oficiales, aportados por los Directores y Gerentes de Servicios sociales, son otra vez muy
explícitos: si en 2009, el Estado
central financiaba el 39,2% del gasto en Dependencia, en 2017 financia
menos de la mitad, el 15,9%. Y por eso,
las autonomías tienen que financiar
mucho más (del 46,2% al 63,7% del gasto),
a costa de sus maltrechos presupuestos. Y además, los usuarios, las familias de
los dependientes, tienen que pagar más: si en 2009 aportaban el 14,7% del
gasto, en 2017, las familias financian
con el copago el 20% del gasto en Dependencia.
En definitiva que el Estado, con los recortes de Rajoy, se ha desentendido de la Dependencia y aporta menos incluso que las familias.
Y eso obliga a las autonomías a hacer malabarismos para mantener el sistema
y aumentar los beneficiarios, a
cambio de retrasar la concesión de ayudas (listas de espera) y atenderlos peor.
Y ese peor servicio lo sufren no
sólo los dependientes y sus familias sino también el empleo del sector, que se ha estancado este año 2017 (201.000 empleos directos), cuando venía creciendo imparable desde 2009 (93.000
empleos), porque la ayuda a los dependientes es uno de los grandes nichos de
empleo, presente y futuro, al ser España
un país envejecido. El CSIC estima que los dependientes
(ancianos y discapacitados) se van a duplicar
con creces, pasando de los 3
millones actuales a 7 millones
en 2050.
El Gobierno y Ciudadanos pactaron que este año 2017 habría 100
millones más para la Dependencia, un aumento ridículo tras los recortes
pasados (-2.865 millones entre 2012 y 2015). Pero el problema además es que ese mayor dinero podría no gastarse, como han denunciado los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y eso porque
ese Presupuesto del Estado (1.220,28
millones en 2017) se destina a pagar a las autonomías un nivel mínimo por cada
dependiente: 55,11 euros a los de Grado I, 85,71 euros a los de Grado II y 195,52
euros a los de Grado I, según el reciente decreto-Ley, que
incluye los nuevos pagos de este año, todavía un 30% menores a los que se
pagaban en 2011 (antes de los recortes de Rajoy). Pero luego, las
autonomías tienen que aportar otra cantidad (mayor) para cada
dependiente, para cubrir su propio nivel
de atención. Y si no aportan esa cantidad, porque no tienen Presupuesto, no
reciben el nivel mínimo que aporta el Estado. Luego “el dinero de Madrid” no llega (y
se pierde) si no se concede la ayuda con dinero autonómico. De momento,
este año, hasta junio, sólo se han gastado 587 millones del nivel mínimo del
Estado y se podría acabar el año gastando 1.170
millones, 90 millones menos de los
previstos en el Presupuesto, según los cálculos de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Serían 90 millones, de los 100 extras, que no se gastarían en los
dependientes.
Sería una vergüenza:
que se mueran 100 ancianos cada día antes de recibir ayuda y que encima sobre dinero. La alternativa es subir el nivel mínimo que aporta el Estado,
pagar a las autonomías más del doble que
ahora por cada dependiente (104,40 euros al Grupo I, 195,09 el Grupo II y
418,86 al Grupo III, según la propuesta de los Directores y Gerentes de
Servicios Sociales), con lo que el esfuerzo del Estado en financiar a la Dependencia
volvería a ser la mitad del gasto público en Dependencia (hoy es sólo el 20% y el otro 80% lo aportan las autonomías). Y así, las
autonomías podrían conceder ayudas a más dependientes y reducir drásticamente
las listas de espera, porque les costaría
menos hacerlo. Claro que esa medida supone que el Estado se tendría que
gastar unos 5.100 millones en suprimir las listas de espera, según
estiman los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unos 1.700 millones cada uno de los tres años que quedan de Legislatura.
Y otros 1.000 millones más para recuperar el nivel acordado (que
suprimió Rajoy en 2012) y hacer frente al mayor
aumento futuro de dependientes, por el envejecimiento. Unos 2.700 millones más al año, no los míseros 100 millones más vendidos “a bombo y platillo” por
Ciudadanos y el PP.
Es mucho dinero, pero al final, sería gastar unos 9.800 millones anuales en Dependencia, una factura
mucho más asequible que los 125.000 millones que gastamos en pensiones, los 88.000 millones que
gastamos en sanidad, los 50.000 en educación o los 23.800 millones que
gastamos en desempleo. Y además de
ser un
gasto que “les debemos” a nuestros mayores, es un gasto “rentable”, porque una gran parte se recupera vía impuestos,
cotizaciones y empleo creado en la Dependencia: se podrían crear 100.000
empleos más en unos años, en personal para atender a mayores y discapacitados.
Urge alcanzar un
Pacto de Estado por la dependencia, que ya firmaron
el 14 de diciembre pasado en el Congreso
todos los grupos políticos, salvo el PP (y el PNV, por un tema de
competencias). Blindar un sistema
para financiarlo de forma estable a medio plazo, asegurando una mayor aportación del Estado
para garantizar de verdad este derecho,
“la cuarta pata” del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y
dependencia). Las “listas de espera” y
los dependientes que mueren sin ayuda son una
vergüenza. Acaben con ello de una vez. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros mayores.
La semana pasada se cumplieron los 2 años dados por Bruselas
para que los paises acogieran a 120.000
refugiados, de los 2,6 millones que entraron entre 2015 y 2016. Pero los
Gobiernos europeos han dado asilo a la
tercera parte (38,5%). Y España peor: ha acogido a 1.980
refugiados, sólo el 11,4 % de los que nos tocaban. Ahora hay más de un 1 millón de inmigrantes ilegales por Europa y millones esperando en Turquía, Líbano o Jordania, mientras las
pateras siguen llegando a Italia, Grecia y España, con 2.000 muertos este año. El
aluvión
de inmigrantes ha bajado en 2017, pero el problema sigue ahí y no parará.
Europa tiene que afrontarlo con más dinero y medios, porque son una cifra
mínima (2 inmigrantes irregulares por cada 1.000 europeos) y un gasto asumible (10.000
millones, el 0,06% del PIB UE). Urge otro acuerdo europeo para afrontar la
inmigración, por solidaridad y economía: pueden ayudar a una Europa envejecida.
Y un Pacto político en España, para acoger más
inmigrantes.
enrique ortega
El mundo se ha llenado de refugiados y desplazados: 68,5
millones en 2016, la mayor cifra conocida desde finales de la II Guerra Mundial, según el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y de ellos, 21,3 millones son refugiados, sobre
todo de Siria (5 millones en 120 paises), Afganistán (2,7 millones) y Somalia
(1,1 millones), más los palestinos (5,2 millones). Europa es un destino principal para muchos refugiados, sobre todo a partir de 2011, cuando las “primaveras
árabes” acabaron con los controles migratorios en Libia y Túnez. Pero el gran salto migratorio a Europa se dio a partir de 2014 y sobre
todo en 2015, con 1.354.000 solicitantes de asilo en
Europa, a los que siguieron otros 1.259.265
solicitantes en 2016. Un aluvión de 2,6 millones de migrantes que provocó una auténtica crisis humanitaria y
que puso en apuros a la Unión Europea y sus reglas, favoreciendo los controles,
los muros y la xenofobia.
Hasta entonces, Europa se regía por una norma, la Regulación de Dublín (aprobada en 1977 y
modificada en 2003), por la que el responsable de gestionar a los refugiados
era el país al que el migrante llegaba en primer lugar. Y si se le denegaba, no
podía volver a solicitarlo en otro estado miembro, para lo que se creó una base
de datos de huellas dactilares en 2003 (Eurodac). El sistema europeo común de asilo (CEAS) funcionó bien mientras el flujo de migrantes
fue bajo (Europa recibió 300.000 solicitudes de asilo al año entre 1994 y
2002), incluso en 2014 (663.000 solicitudes), pero no en 2015, al superar de
repente las 1,3 millones de solicitudes. Y más porque los migrantes llegaban por paises del sur de Europa que estaban colapsados y
sin medios (Grecia, Italia, España), que no podían aplicar las normas de asilo
y “dejaban pasar el problema” a los Balcanes y centro y norte de Europa.
En un momento dado, a partir del verano de 2015, el aluvión
migratorio puso en peligro uno de los
pilares básicos de la Unión Europea, el acuerdo de Schengen, vigente desde 1995, que aseguraba la libre
circulación de personas entre los paises comunitarios. Muchos paises empezaron
a poner controles fronterizos y barreras por los migrantes (Austria, Alemania, Francia,
Suecia, Dinamarca), e incluso muros (Hungría), que ponían en peligro la Europa del euro. Y en paralelo, crecían por toda Europa los
partidos xenófobos, alimentados por el “miedo a la invasión extranjera” en un
continente con 19 millones de parados. Ante todo esto, los líderes europeos
convocaron una Cumbre extraordinaria el 23 de septiembre de 2015 para buscar una salida, repartiéndose un contingente de 120.279 refugiados, a los que los paises
tendrían que dar acogida en el plazo de 2 años, según un reparto pactado contra
el que votaron Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania.
El plazo para este
reparto limitado de refugiados terminó
la semana pasada y el balance es muy
pobre. De los 120.729 refugiados
comprometidos a asilar, los paises europeos sólo han concedido asilo a 46.475 refugiados, un 38,5% del total, según los datos aportados por Intermón Oxfam y la Comisión Europea. Ha funcionado mejor el reasentamiento de refugiados
que están en campos de Turquía, Líbano y Jordania (de 22.474 previstos, se ha
concedido asilo a 17.331, el 77%) pero peor la reubicación de los refugiados
instalados en Italia y Grecia (los europeos sólo han asilado a 29.144 de los
98.255 previstos, un 29,7%). Hay 9
paises europeos que han reasentado al 100% de los refugiados de Turquía, Líbano
y Jordania que les tocaba (Finlandia, Irlanda, Estonia, Suecia, Alemania,
Liechtenstein, Suiza y Reino Unido) y otros tres más que han asilado a casi
todos (Noruega, Austria y Francia), pero la mayoría ha fallado en dar asilo a
los refugiados que están en Grecia e Italia. Y hay paises del Este, como Hungría
o Polonia, que no han acogido a ningún refugiado. Y otros a
casi ninguno, como Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Polonia,
Rumanía, Croacia o Eslovenia. De hecho, la Comisión Europea ha abierto procedimiento de infracción a Hungría, Polonia y
República Checa por negarse a aceptar refugiados.
España está
también entre los paises con más baja acogida de refugiados: se ha concedido
asilo en estos dos años a 1.980 refugiados, el 11,45% de los 17.337 asignados.
De ellos, 1.257 proceden de Grecia (1.089) y de Italia (190) y otros 701
refugiados vivieron de los campos de Turquía (506) y Jordania (195). El Gobierno, por boca de los ministros de Exteriores e Interior, culpa de esta
baja acogida a Grecia e Italia, a que no les han ofrecido refugiados que cumplan
los requisitos del acuerdo europeo. Y las ONGs se quejan de la excesiva burocracia, que ha dificultado los asilos en toda
Europa, al incluir solamente a los refugiados de tres paises (Siria, Eritrea y Yemen)
que están en Grecia e Italia y no al resto (de Afganistán y resto de África). De
momento, Intermón Oxfam ha denunciado a España ante la Comisión Europea por su incumplimiento
en el asilo a refugiados, mientras 9 ONGs han puesto en marcha este vídeo
de denuncia (“Orgullo de incumplir”) de la política de asilo del Gobierno Rajoy.
En definitiva, la Operación asilo de refugiados ha sido un fracaso en Europa (y más en España). Y el problema sigue ahí, con
millones de refugiados esperando en Turquía (3 millones), Líbano (1,1 millones)
y Jordania (700.000), en Grecia e Italia y dentro de la propia Europa, donde se
estima que hay más de 1 millón de migrantes ilegales, una parte refugiados y la mayoría
migrantes económicos, personas que huyen de la miseria. Frente a esta migración
ilegal, Europa ha vuelto a dar otra
respuesta equivocada: en marzo de 2017, la Comisión Europea ha pedido a los paises europeos que expulse a más de 1 millón de inmigrantes sin papeles, que acelere las devoluciones a sus paises de origen.
En lugar de intentar regularizar su situación, les plantea dos medidas a tomar. Una,
ampliar el plazo de detención de los
inmigrantes ilegales que permite la directiva europea, hasta los 18 meses (en
España se trabaja con 60 días), para dar tiempo a los trámites de devolución. Y
la otra, que Bruselas amplíe el número de
paises con los que tiene acuerdos de readmisión, que ahora son sólo 17 (la
Comisión trabaja ahora con Nigeria), para facilitar las expulsiones.
Así que frente a millones de inmigrantes y refugiados a las
puertas o dentro, Europa reacciona con
las expulsiones de la mayoría y el asilo de una minoría que ni siquiera cumple.
Y ahora, la Comisión propone conceder asilo a otros 50.000 refugiados, pagando 10.000 euros por asilado a los paises terceros que los acojan (como han hecho con Turquía) y buscando ampliar el marco de asilo también a los
refugiados que vienen del resto de África y Asia, no sólo de Siria, Eritrea y
Yemen. Pero la cifra es ridícula para hacer frente al problema que ya existe y
al futuro. Porque aunque la migración a
Europa ha bajado a la mitad este año (350.000 solicitudes de asilo hasta junio, unas 700.000 esperadas), se debe al acuerdo de la UE con Turquía, firmado en marzo de 2016, para aceptar migrantes
llegados a Grecia y atender a los que les llegan, a cambio de mucho dinero europeo. Es sólo un pequeño muro que cualquier día puede romperse. Y más cuando la
miseria y el
atraso de África y Asia no mejoran y la mayoría de su población son jóvenes
dispuestos a todo por buscar un futuro en Europa y EEUU.
Europa (y España)
se tienen que tomar en serio de una vez el
reto migratorio, que va mucho más allá de acoger a refugiados que huyen de
la guerra y que tiene que ver con millones de extranjeros que pugnan por trabajar y vivir en Europa (y en España). La
única opción razonable es establecer una política
de integración de inmigrantes a
medio plazo, con reglas claras y fondos, no tomar medidas sólo cuando llegan avalanchas
humanas. Primero, porque el fenómeno migratorio está ahí y va a seguir durante
décadas. Segundo, porque si no se toman medidas, se alimenta entre los europeos
el miedo y la xenofobia contra los extranjeros, lo que puede poner en peligro la
propia democracia, ante el auge de la ultraderecha en muchos paises (Francia, Alemania, Austria, Holanda,
Grecia, Noruega, Finlandia…). Y tercero, porque la inmigración regulada puede
ser una baza positiva para Europa, un continente envejecido que necesita mano de obra y jóvenes para seguir
creciendo y pagando sus pensiones.
La política
migratoria europea (y española) necesita,
antes que nada, contar con más medios. Los 8 mayores paises de la UE dedicaron 10.275
millones de euros en 2016 para gastos de acogida a refugiados, una cifra ínfima, que supone sólo el 6,5% del
Presupuesto comunitario (y el 0.06% de
su PIB). Es casi el Presupuesto de los 32 equipos de fútbol que juegan la
Champions… Y además de ser poco, la mitad recae sobre un país, Alemania,
que hace un enorme esfuerzo con los refugiados, como algunos paises
nórdicos, mientras el resto hace muy poco (y los paises del Este, nada). España está a la cola del gasto en
refugiados: 32 millones de euros en 2016, una miseria. Y además, estos Presupuestos para
refugiados están saliendo de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (AOD) de España y
los demás paises europeos. O sea, que encima de ser recursos escasos, se los están quitando a proyectos de ayuda
en los paises del Tercer Mundo, proyectos ya recortados (España gastará en 2017 en Ayuda al desarrollo 2.177 millones del Estado, la mitad que en 2007).
No basta con gastar más en acoger a los refugiados, ayudando específicamente a Grecia, Italia
y España, los paises que más los reciben. Hay que gastar más en integrar
a los inmigrantes, regularizando en lo posible la situación de los que
lleven más tiempo. Un millón de inmigrantes ilegales son muchos, pero sólo
suponen el 0,2% de la población europea, 2 por cada 1.000 europeos. Y pueden
ser a medio plazo la mano de obra que necesita una Europa (y una España) que envejecen
y pierden población (Alemania necesitará 8 millones de trabajadores extranjeros de aquí a 2030, según los
expertos). Pero para eso hacen falta políticas de integración, con medios y
medidas laborales, educativas y de vivienda, que eviten su explotación y su
precariedad (en España, los marroquíes por ejemplo tienen una tasa de paro del
52%), como ha propuesto incluso el FMI.
Y en paralelo, Europa (y España) se tienen que implicar más en las zonas de origen de los inmigrantes, en dos sentidos: colaborando
en la pacificación de los países (es irresponsable el interés europeo, con la
excepción de Francia, en las guerras de Siria, Afganistán o la mayor
parte de África) y favoreciendo su desarrollo, para que los jóvenes no emigren.
En esta línea, urge aprobar “un Plan Marshall europeo” para África y Oriente Medio, que incluso ha pedido Rajoy
para el norte de África. Invertir en evitar las futuras avalanchas de inmigrantes.
No se pueden poner
puertas a personas desesperadas. Ni afrontar un problema tan grave con
parches como “el reparto de refugiados” de 2015. Europa tiene serios problemas
de fondo a medio plazo (euro, paro, desigualdad, fiscalidad, competitividad…)
y
uno de ellos es la inmigración. Un problema además, que si no se resuelve bien, puede romper la propia convivencia entre
europeos (extremismos y populismos). Así que urge una nueva Cumbre europea que ponga las bases de una política común de inmigración, empujada por Macron (ha propuesto crear una Oficina europea de Asilo) y Merkel (aunque
esté debilitada
y con la presión de Alternativa para Alemania), con el apoyo decidido de España,
una país que se juega mucho en ello, por su posición geográfica. Y en paralelo,
urge un Pacto de estado sobre inmigración y refugiados en España, para afrontar
con realismo el problema de la inmigración ilegal y los refugiados. Por pura solidaridad
de una España que ha emigrado mucho y por puro egoísmo, porque nosotros
también vamos a necesitar a los
extranjeros para crecer y pagar las pensiones en el futuro. Piénsenlo.
