Gasto farmacéutico: sube y subirá más

A principios de año, la desconocida ministra de Sanidad soliviantó a los pensionistas al decir que estudiaban subir el copago farmacéutico a los que ganaban más de 18.000 euros. Quedó en un globo sonda, pero hay un serio problema detrás: el gasto farmacéutico aumentó en 2016, por tercer año consecutivo, tras los recortes de 2010 a 2013. Y el gasto va a seguir subiendo, porque cada vez hay más viejos que viven más años y los tratamientos son más caros (por ejemplo, los del cáncer). Y eso aunque España sea el 2º país europeo con menor gasto farmacéutico y el 6º con los medicamentos más baratos (las medicinas cuestan como una cerveza), al haber forzado el Gobierno su bajada, lo que resulta negativo para la investigación y provoca desabastecimientos. Hay que afrontar en serio el problema, ahorrando donde se pueda pero sabiendo que alargar la vida tiene un alto coste en medicamentos que hay que financiar como sea. No “racaneen” con la salud.
 

enrique ortega

2016 fue el tercer año consecutivo en que subió el gasto farmacéutico, tras las medidas adoptadas por Zapatero y Rajoy para reducir el gasto en recetas, que llegó a un máximo de 12.505 millones en 2009. A partir de 2010 empezó a bajar y sobre todo en 2012, al aprobar el Gobierno Rajoy en julio el copago farmacéutico (del 10% los pensionistas al 40-60% los activos) y en agosto la no financiación de 425 medicamentos (el “medicamentazo”), además de la rebaja de los precios de referencia desde 2010. Con todo ello, la factura en recetas bajó a un mínimo de 9.183 millones de euros en 2013. Pero luego ha vuelto a subir, en los últimos tres años, cerrando 2016 con un gasto en recetas de 9.912 millones de euros. Un mayor gasto que se debe, básicamente, a que cada vez hay más viejos (cada año hay 120.000 nuevos jubilados), que viven más años y aumentan las enfermedades crónicas.

Pero hay más gasto en medicamentos que el de las recetas que llevamos a la farmacia. En los últimos años ha crecido mucho el gasto farmacéutico en hospitales, sobre todo en 2015, por la inclusión de los nuevos medicamentos contra la hepatitis C (que costaron 1.090 millones ellos solos). Así, en 2015 se llegó a un récord de gasto hospitalario en recetas de 6.537 millones (+25,92%), al que se sumaron otros 3.200 millones de productos farmacéuticos sin receta. Y aunque en 2016 este gasto ha bajado (el tratamiento de la hepatitis C costó sólo 421 millones), son otros 10.500  millones de gasto farmacéutico hospitalario, que sumados a los 9.912 del gasto en recetas en farmacias supera ya los 20.000 millones de gasto farmacéutico público, el 30% de todo el gasto sanitario público que se hace en España.

Con todo, aunque sube el gasto farmacéutico en España, en farmacias y hospitales, todavía es muy inferior al del resto de Europa. El gasto público farmacéutico por habitante es un 25,3% inferior a la eurozona, según los últimos datos de la OCDE. Y gastamos menos en fármacos porque consumimos menos medicamentos y además porque las medicinas son aquí más baratas. En cuanto al consumo, España es el 2º país de la eurozona con menos consumo anual de medicamentos por habitante, según datos de Farmaindustria: 998 unidades frente a 1.123 en la UE-19, un 11% menos de consumo farmacéutico (un 24% menos que Alemania y un 37% menos que Francia). Y en cuanto al precio, con las bajadas forzadas por los distintos Gobiernos desde 2010, España es el 6º país europeo con las medicinas más baratas, tras los 3 paises bálticos, Eslovaquia y Portugal : cuestan 0,20 euros por unidad standard, frente a 0,24 euros en la eurozona (+16%) y 0,22 euros en Francia o Italia.

Con ello, aunque ha subido el gasto farmacéutico total en España, el gasto por receta se ha estabilizado en los últimos 17 años: era de 10,98 euros por receta en 1999 y ha cerrado en 10,99 euros en 2016. Esto se debe al abaratamiento de muchos medicamentos y a la fuerte penetración de los genéricos (79,5% de las unidades y el 53,7% en valor) frente a los medicamentos de marca. Con ello, el 51% de los medicamentos que se recetan cuestan ya menos de 3,5 euros y pagamos por ellos 1,40 euros o menos (los pensionistas). Así que la mayoría de medicinas cuestan lo que una cerveza y bajando… Esto es bueno para el bolsillo, pero malo para la salud. Primero porque a los laboratorios les compensa cada vez menos investigar en España y prefieren instalarse en paises europeos con las medicinas un 25% más caras. Segundo, porque ese bajo precio fomenta las exportaciones y el trasvase ilegal de medicamentos a otros paises, provocando desabastecimiento de algunas medicinas (ahora hay 240 fármacos “en falta”, según se ve en esta web de la Agencia española del Medicamento). Y en tercer lugar, si los fármacos son demasiado baratos,  se hunden las cuentas de las farmacias (facturan más recetas pero ingresan menos), un eslabón clave de la asistencia sanitaria en España. De hecho, de las 22.000 farmacias, hay 3.000 al límite de su viabilidad económica, según la patronal FEFE, sobre todo en las zonas rurales.

Volviendo al gasto farmacéutico, todo apunta a que seguirá creciendo más en el futuro en todo el mundo, como anticipa el último informe de la OCDE. Y más en España, porque será a medio plazo el país más envejecido de Europa: si los mayores de 65 años suponen hoy el 18,2% de los españoles, serán el 25% en 2029 y el 38,7% en 2064, según las previsiones del INE. En paralelo, también aumentará la esperanza de vida (de 82,8 a 92,6 años), con lo cual habrá más ancianos que vivirán más años y por tanto consumirán más fármacos. Y un tercer factor de mayor gasto será el aumento de las enfermedades crónicas: un 45% de los adultos padecen ya hoy algún mal crónico (hipertensión, diabetes, artrosis, colesterol, reumatismo, asma, alergias…) y este porcentaje aumentará por encima del 60% en el futuro.

Pero lo que más preocupa cara al futuro gasto farmacéutico son los costosos tratamientos de algunas enfermedades, en particular el cáncer (que sufrirá uno de cada dos españoles que nacen ahora), las enfermedades autoinmunes, el VIH o la esclerosis múltiple. Cada vez hay más investigación y se aprueban nuevos tratamientos innovadores, muy costosos. El ejemplo más preocupante son los nuevos fármacos contra el cáncer, que suponen ya el 16,9% de la factura farmacéutica de los paises desarrollados (aunque sólo un 12,2% del gasto farmacéutico total en España). Cada vez aparecen nuevos tratamientos (1/3 de los fármacos innovadores son oncológicos), más caros: si España quiere incorporar las nuevas terapias oncológicas que se aprobarán hasta  2020, tendríamos que aumentar el gasto en 1.000 millones los próximos 5 años, según la consultora IMS Health. Y lo mismo con muchas otras enfermedades.

El problema de cara al futuro es que la industria farmacéutica avanza a toda velocidad y muchos paises, como España, no pueden pagar los nuevos tratamientos. La consecuencia es que los Gobiernos retrasan la aplicación de los nuevos fármacos. Y en España, las autonomías y hasta los propios hospitales, que son los responsables finales de introducir o no un nuevo medicamento. En consecuencia, el enfermo grave se enfrenta a la “lotería” de si el último medicamento aprobado, que puede alargar su vida, se lo darán o no en su hospital. De hecho, los oncólogos  de 144 hospitales públicos de toda España han denunciado que la introducción de algunos medicamentos oncológicos se retrasa entre 8 meses en Andalucía, 17 en Aragón, 27 en Asturias o 58 meses en Castilla y León. Y además, el Tribunal de Cuentas y la Comisión de la Competencia (CNMC) denuncian que el sistema público de aprobación de nuevos fármacos (en autonomías y hospitales) es opaco y discrecional, sin informes que rindan cuentas con transparencia.

Así que los laboratorios presionan con nuevos fármacos a precios desmesurados, sin que los Gobiernos, aisladamente, puedan forzar bajadas (como defiende la OCDE). Y las autonomías y hospitales tratan de ahorrar, retrasando su aplicación, a costa de la salud de los pacientes. Un mecanismo infernal que habría que romper con una selección muy rigurosa de los nuevos tratamientos (aprobando sólo los realmente eficaces, como propone la OCDE) y buscando más recursos para pagarlos. El FMI acaba de proponer a España introducir nuevos “copagos” en la sanidad, pero este sistema de “copagos”  es doblemente injusto: afecta más a los que menos ingresos tienen, a los ancianos y a los enfermos crónicos. Parece más justo aumentar la recaudación fiscal  (España ingresa por impuestos 50.000 millones menos que la media de Europa, según la Comisión Europea) y dedicar más recursos públicos al gasto farmacéutico, ya que es un 25,35 inferior al de la eurozona. Y también gastamos menos en Sanidad, 13.200 millones menos de gasto público al año que la media de la eurozona, según Eurostat.

Pero no sólo hay que gastar más en medicamentos, para afrontar el envejecimiento de la población, el aumento de los enfermos crónicos y los costosos nuevos tratamientos oncológicos y otros fármacos innovadores. También hay que racionalizar el gasto farmacéutico, para reducir en lo posible las recetas injustificadas, sobre todo de antibióticos, sedantes y estimulantes. De hecho, España está entre los tres paises europeos con mayor consumo de antibióticos: uno de cada  dos españoles ha tomado antibióticos en el último año y uno de cada dos pacientes hospitalizados reciben antibióticos, según el Ministerio de Sanidad, que considera inadecuadas entre el 40 y el 50% de las prescripciones de antibióticos tanto en atención primaria como en hospitales. Un abuso que no sólo sube el gasto sino que crea un problema de resistencia a los antibióticos (superbacterias), que será en 2050 la primera causa de muerte en el mundo (10 millones de fallecimientos), por delante del cáncer (8,2 millones). Y también hay abuso en el consumo de sedantes y estimulantes, con y sin receta.

Urge racionalizar el gasto farmacéutico, reduciendo el gasto  innecesario (antibióticos injustificados, ansiolíticos y estimulantes)  y aumentando el gasto imprescindible (que salve y aumente vidas), con más ingresos. Y es imprescindible negociar a nivel europeo con los poderosos laboratorios la implantación de nuevos tratamientos innovadores, para que no hundan los Presupuestos públicos. También hace falta revisar los copagos, pero no para subirlos como se plantea otra vez el Gobierno Rajoy , sino para reducirlos al mínimo, como puro elemento disuasorio que evite el despilfarro de recetas (acumular “botiquines”  en casa), porque se ha demostrado que el copago afecta negativamente a ancianos y enfermos crónicos (concentran el 50% del copago), que retraen sus tratamientos de medicinas (a costa de un mayor gasto sanitario posterior, porque recaen).

Ya pagamos impuestos para que nos atiendan en los hospitales y nos den los fármacos adecuados, no hace falta pensar en más copagos que supongan pagar por partida doble los medicamentos. Pero sí habría que plantear una estrategia de futuro para los medicamentos, para estimar la factura que se nos viene encima y cómo pagarla, huyendo de trampas como retrasar la aplicación de los nuevos fármacos para no disparar el déficit. No podemos “racanear” con los tratamientos farmacológicos necesarios y arriesgarnos  a que alguien se muera o viva menos por falta de fondos públicos. Es un tema muy serio que hay que afrontar cuanto antes, con planificación y más recursos, sin recortes ni demagogia. Nos jugamos la vida en ello.

Vuelve fuerte la inflación

Los precios han escalado hasta el 3% anual en febrero desde el -0,1% que bajaban hace 6 meses, según el IPC conocido hoy. Vuelve la inflación, tras 3 años de bajadas de precios, un coste extra que pagaremos todos, pero sobre todo los pensionistas y asalariados, que perderán poder adquisitivo este año y el próximo. Además, esta alta inflación  recortará el consumo y frenará las exportaciones y el turismo, reduciendo el crecimiento y el empleo. Se echa la culpa al petróleo, pero esta inflación tiene mucho que ver con monopolios que imponen subidas, como las petroleras, eléctricas, telecos o banca: no es casualidad que paguemos los carburantes, la luz, los móviles o las hipotecas más caros de Europa. También hay precios que crecen por el camino, por exceso de intermediarios. Y empresas poco eficientes, que solo sobreviven con precios altos. Urge controlar cómo se forman los precios y fomentar la competencia. No permitir que ahora suba todo con la excusa del petróleo.
 

enrique ortega

Desde que España está en el euro (1999), los precios en España han subido casi siempre más que en Europa: 2,3% de media en 2008-2012 (frente a 2,1% en la zona euro) y 1,5% en 2013 (1,3% en la eurozona). Pero en 2014, los precios comenzaron a bajar, más en España que en Europa, gracias a la rebaja del petróleo, los bajos tipos de interés y un euro débil. Y así, hemos tenido en España inflación media negativa en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%). La situación cambió en otoño pasado y el IPC subió por primera vez en septiembre de 2016 (+0,2%), con subidas posteriores y una inflación anual del 1,6% en diciembre, básicamente por la subida del petróleo y los carburantes. Pero en enero, la situación se agravó, con la fuerte subida de la luz, elevando la inflación anual al 3%, la más alta desde . Y en febrero se ha mantenido en ese 3% anual, según el IPC anticipado conocido hoy, gracias a la bajada de la luz (-10%), aunque subieron en febrero los móviles e internet, algunos alimentos y los alquileres. Con ello, tenemos la inflación más alta desde octubre de 2012.

La primera causa de esta alta inflación es la subida del petróleo, que ronda los 57 dólares por barril, más del doble que hace un año (22,77 dólares en enero 2016). Eso repercute directamente en la subida de los carburantes, agravada tras la decisión de la OPEP (30 de noviembre 2016) de recortar la producción de crudo para hacer subir los precios. Y así, estamos pagando la gasolina un 6,84% más cara que el 28 de noviembre y el gasóleo otro 6,76% más caro, lo que dispara el IPC (16% enero). También ha pesado mucho en enero la subida de la luz (un 26%), al dispararse el precio del kilowatio por la climatología y la ola de frío, que también han disparado los precios de las frutas y verduras y muchos alimentos. En febrero subieron también las tarifas del móvil e Internet (Movistar y Orange), que pesan mucho en el IPC. Y también los alquileres llevan meses subiendo en toda España, por encima del 10% en las grandes ciudades.

Ahora, los expertos auguran que la inflación siga alta hasta el verano, con precios altos de los carburantes y la energía, además de los alimentos y alquileres. Y que no bajen hasta septiembre, para cerrar el año con una inflación media del 1,5%, que la Comisión Europea eleva hasta el 1,9% en 2017 (y el 1,7% en 2018). Con ello, España sería este año el 5º país europeo con más inflación, sólo por detrás de Estonia, Letonia, Bélgica y Luxemburgo, por encima del 1,7% que subirán los precios en la zona euro en 2017. Y eso si el petróleo no dispara su precio o se encarece más porque baje más el euro con lo que lo pagamos.

Vuelve la inflación, hasta una subida media del 1,9% este año, y eso va a cambiar la vida de los españoles, que ya se habían medio acostumbrado a las bajadas de precios (2014 a 2016). Ahora, todo será más caro y la inflación aparece como “el peor impuesto”, porque “se come” los ingresos de todo el mundo pero sobre todo de los que menos tienen: los pensionistas y los que viven de un sueldo modesto.

Para los 8.647.825 pensionistas españoles, 2017 será el primer año en que perderán poder adquisitivo desde 2013, cuando ya habían perdido un 4,6% de poder adquisitivo desde 2011. Ahora, el Gobierno Rajoy les ha subido la pensión un 0,25% este año y como la inflación media subirá un 1,9%, perderán otro 1,65% de poder adquisitivo. Y perderán otro 1,45% en 2018. Todo apunta a que, a la vista de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, les seguirán subiendo ese 0,25% hasta 2040 (así lo vaticina el Banco de España) y como la inflación seguirá en el 1,8% anual, los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo: un 7% hasta 2022, según los cálculos de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef).

Otros “paganos” del repunte de la inflación serán los 2,5 millones de funcionarios públicos. Tras perder un 14% de poder adquisitivo de 2010 a 2015 (por la bajada de sueldos del 5% en mayo de 2010 y la congelación salarial de 2011 a 2015), en 2016 recuperaron algo (los sueldos les subieron un 1% y la inflación media bajó el 0,2%), pero ahora van a volver a perder poder adquisitivo, ya que se espera que les suban el sueldo un 1% este año (con la inflación anual al 1,9%, perderían un 0,9%, más de lo ganado en 2016). Y con una subida similar, volverán a perder poder adquisitivo (-0,4%) en 2018.

Y lo mismo les pasará a la mayoría de los trabajadores que viven de un sueldo. Si bien en los últimos tres años han ganado poder adquisitivo, por la inflación negativa, a pesar de las mínimas subidas de sueldos de 2014 (+0,57%), 2015 (+0,48%) y 2016 (+1,09%), este año 2017 lo perderán: la patronal CEOE defiende subidas del 1 al 1,2 % (máximo 1,5%), insuficientes para cubrir la esperada subida de la inflación (1,9%). De hecho, la Comisión Europea, en sus recientes previsiones de invierno, calcula que los trabajadores españoles perderán poder adquisitivo en 2017 (-0,3%) y 2018 (-0,4%). Y eso es más preocupante porque España tiene los salarios más bajos de Europa: el salario medio por hora (sin cotizaciones) era en España de 15,8 euros en 2015, frente a 19 euros en la UE-28 y 22 euros en la zona euro, según Eurostat. Y si comparamos los salarios medios, el salario bruto es de 1.640 euros en España, frente a 1.995 euros en la UE-28, un 17,8% menos, según el IV Monitor de salarios de Adecco (datos 2015). O sea, tenemos menos salarios y más inflación.

La primera consecuencia del repunte de la inflación, en Europa pero más en España, es que las subidas de precios se comerán parte de las pensiones y salarios, reduciendo el consumo de millones de españoles. Y con menos gasto, las empresas venderán menos, invertirán menos y crearán menos empleo. Además, la alta inflación tiene otros efectos negativos. El más inmediato, que encarece el dinero, porque los inversores piden más por su ahorro ahora que se come una parte la inflación. De hecho, el coste de la deuda pública ya ha subido y también las empresas tienen más caro financiarse, a la vez que han subido las hipotecas. Dado que España es un país muy endeudado, que necesita 350.000 millones de financiación este año, la mayor inflación nos encarecerá este dinero: pagar un 1% más supone, al Estado, las empresas y familias, pagar 3.500 millones más de intereses. Un dinero que tendrá que salir de otro sitio, obligando a más recortes del Presupuesto y del gasto de empresas y hogares.

Pero hay más. Una alta inflación penaliza a los ahorradores, ya que "se come" una parte de los intereses que reciben, hoy en mínimos. Así, los hogares españoles tenían 771.200 millones en depósitos bancarios, a finales de 2016, por los que recibían entre un 0,07% (a 1 año) y un 0,13% (a más de 2 años), intereses mínimos que ahora se comerá la inflación.

La subida de precios será también muy negativa para el turismo, el principal motor de crecimiento de la economía española estos años. Ahora, España será un país un 1,9% más caro y eso se traducirá en menos turistas o en los mismos turistas que vienen menos días (ya se ha reducido la estancia media a 7,9 días) o gastan menos. Pero lo peor puede ser el efecto negativo de la inflación sobre las exportaciones, otro de los motores de nuestro crecimiento. España ganó competitividad entre 2014 y 2016, porque tuvimos menos inflación que en la zona euro, pero eso ha empezado a cambiar. En enero de 2017, la inflación anual en España era del 3% frente al 1,8% en la zona euro, el mayor diferencial desde agosto de 2013. Y tenemos ahora el doble de inflación que Francia (1,6) o Italia (1%), dos de nuestros competidores en Europa, lo que supondrá un freno a nuestras exportaciones (que batieron récords en 2016). Y si el euro sigue alto, por encima de 1,05 dólares, eso dificulta además nuestras ventas fuera de Europa, ya complicadas con las amenazas de proteccionismo de Trump.

Así que la alta inflación frena el consumo y las ventas, aumenta la factura de los intereses, penaliza el ahorro, entorpece el turismo y las exportaciones. En definitiva, reduce más el crecimiento, que ya se estimaba bajo para este año: un 2,3% según la Comisión Europea, frente al 3,2% de 2015 y 2016. Y eso se traduce en menos empleo, lo que más debería preocuparnos especialmente: se espera crear 370.162 nuevos empleos este año 2017, según las previsiones de la Comisión Europea, menos de los 413.900 creados en 2016 y de los 525.100 creados en 2015. Así que la alta inflación es “la puntilla” para el empleo en un año de grandes incertidumbres económicas y políticas en el mundo y en Europa.

¿Qué se puede hacer? El Gobierno Rajoy “le echa la culpa al petróleo”, dice que los precios bajarán en el segundo trimestre y mientras intenta dar la imagen de que “hace algo”, aprobando el 3 de febrero un decreto para desarrollar la llamada Ley de Indexación, aprobada sin aplicarse en 2015. Se trata de prohibir “actualizar con el IPC precios y tasas públicas”, con la excepción de la luz, el gas, el butano y algunos contratos públicos. En teoría, significa que no subirán las tarifas públicas que dependen del Gobierno (como peajes, trenes, tarifas postales, etc.), que ya han subido o no iban a subir (autopistas). Y mientras, las empresas privadas pueden subir lo que quieran. Una medida “de cara a la galería”, poco efectiva para frenar de verdad la inflación.

Lo efectivo sería que el Gobierno controlara los precios de los sectores dominados por oligopolios, pocas empresas que imponen precios. Es el caso de las petroleras (las grandes controlan el 62% de las gasolineras), las eléctricas (las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos (el triopolio de Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan el 44% del mercado y los 6 mayores bancos el 69%). Y no sólo pactan y acuerdan precios, sino que los disparan, ante el descontrol del Gobierno. Por eso pagamos la 2º gasolina más cara de Europa (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas hipotecas más caras de la zona euro. Y lo mismo en muchos otros sectores: la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto expedientes a 80 sectores, desde las petroleras a las telecos, pasando por las empresas de recogida de basuras, cementeras, concesionarios de automóviles y hasta las funerarias, por pactar precios (al alza, claro). Y siguen haciéndolo.

En otros casos, el problema es la larga cadena de distribución de los productos (los alimentos, por ejemplo), con una legión de intermediarios que suman comisiones y encarecen el precio final. Otras veces, las más, se trata de empresas poco eficientes (por su pequeño tamaño o su escasa competitividad), que se ven obligadas a vender a precios altos para sobrevivir, porque “no subsisten sin inflación”. Y en muchos sectores (como los servicios), el problema es la falta de competencia, de nuevas empresas y de más comercio online.

En todo ello debería intervenir el Gobierno, porque el petróleo cuesta igual a todos pero España tiene ahora la tercera mayor inflación de Europa. Y eso es porque nuestras empresas y nuestra economía son menos eficientes, tienen más costes (y más beneficios en el caso de los oligopolios) y  lo pagamos los consumidores. Habría  que crear un organismo de verdad independiente, no la Comisión de la Competencia (ineficaz por sus peleas internas y su dependencia del Gobierno), para analizar sector a sector, garantizar la competencia efectiva y ver qué subidas de precios están justificadas y cuáles no. Teóricamente es el mercado el que fija “libremente” los precios, pero sabemos que no es así, que hay sectores y empresas que “manipulan” los precios, como explica el libro “La economía de la manipulación”, de los Nobel Akerlof y Shiller. Y por eso vuelve la inflación a poco que suba el petróleo, atacando a los más débiles, al crecimiento y al empleo. Demasiado coste para no hacer nada y esperar a que la inflación “baje sola”. Muchos salen ganando.

España, paraíso inmobiliario

España lleva dos años batiendo récords de inversión inmobiliaria, en oficinas, Centros comerciales, hoteles, naves industriales y viviendas de lujo y turísticas. El motor  de este nuevo “boom” del ladrillo son los extranjeros: Fondos de inversión norteamericanos y europeos junto a millonarios chinos, árabes, mejicanos, indios, coreanos, turcos, japoneses o filipinos. España es un gran “casino inmobiliario” y quizás por eso acaba de desembarcar el dueño de Pokerstars (apuestas online). También hay inversores y millonarios españoles apostando por el ladrillo: incluso algunos jugadores del Madrid y Barça se preparan a invertir juntos en inmuebles, buscando altas rentabilidades, mayores que la deuda o la Bolsa. Los expertos dicen que no hay “burbuja inmobiliaria”, pero el riesgo está ahí, sobre todo en el exceso de inversiones en Centros comerciales y hoteles. El aluvión de compras seguirá dos o tres años más y luego los inversores recogerán beneficios y buscarán otro paraíso, quizás en el este de Europa. Y nos quedaremos con la burbuja y sus problemas. No aprendemos.
 

enrique ortega

España ya fue un “paraíso inmobiliario” a finales del siglo XX y comienzos del XXI. En 2008 estalló la burbuja y agravó la crisis financiera, provocando un desplome de los precios y un sinfín de inmuebles y solares sin vender. Pero al olor de los precios bajos, volvieron a España en 2013 los “Fondos buitres”, buscando oficinas e inmuebles con los que especular. Y así, con la ayuda del dinero barato y los favores fiscales del Gobierno Rajoy (SOCIMIs), la inversión inmobiliaria se ha ido recuperando y creciendo de forma imparable: si en 2013 se invirtieron 4.700 millones de euros, en 2014 se duplicó con creces la inversión (10.200 millones), en 2015 dio otro salto a  los 13.000 millones y se consolidó en 2016 con otros 13.900 millones, el mejor año de la historia inmobiliaria reciente, según datos de la consultora CBRE.

El “boom” inversor  va a más, como lo prueba que en el cuarto trimestre de 2016 se invirtieran más de 7.500 millones en el sector inmobiliario español, más que en los años 2011,2012 y 2013 juntos. España es el 4º país con más inversión inmobiliaria en Europa (13.900 millones de euros), por detrás de Reino Unido (62.200 millones de inversión), donde hay una peligrosa “burbuja inmobiliaria”, Alemania (52.500 millones) y Francia (25.700 millones). En 2016, el mercado más activo han sido las oficinas, que se han llevado 5.037 millones de inversión, con compras destacadas como la Torre Cepsa por Amancio Ortega (490 millones) o Torre Espacio (558 millones). Le siguen las inversiones en Centros Comerciales (4.300 millones), que han crecido un 22%, un negocio donde se han invertido más de 6.000 millones en dos años, con numerosas compraventas y apertura de nuevos Centros. Y el tercer destino inversor son los hoteles (2.155 millones invertidos en 2016), con importantes operaciones en Madrid (Hoteles Villamagna y Ritz) y Barcelona (Silken). Y el resto han sido naves y fábricas (726 millones) e inmuebles de lujo y en zonas turísticas (1.682 millones). Del total de inversiones inmobiliarias, el 43% fueron a Madrid y el 17% a Barcelona.

Varias son las causas de este nuevo “boom” inmobiliario. La primera y fundamental, la caída de los precios, que ha hecho muy atractivo volver a comprar inmuebles, desde oficinas a hoteles y centros comerciales o naves industriales. El sector se ha “purgado”, con una caída de precios de la vivienda del -42,2% entre 2008 y 2014 según la tasadora Tinsa.  Y los precios de los solares llegaron a caer hasta un -80%. Ahora, aunque los precios han subido en 2015 (+4,5%) y 2016 (+4,6%), todavía son muy atractivos y los inversores “huelen” importantes plusvalías en pocos años. Y confían en una mejora de la demanda, porque las empresas están aumentando sus beneficios y sube el consumo. Además, a la vista de los bajos tipos de la deuda pública en toda Europa (por debajo del 1,5%) y de los vaivenes de la Bolsa, el sector inmobiliario asegura una rentabilidad del 6 al 8%, sólo con alquileres (oficinas, inmuebles, hoteles y Centros comerciales), sin contar con las plusvalías al vender.

El principal motor de este nuevo “boom” inmobiliario han sido los inversores extranjeros. Ya en 2013 empezaron a venir los llamados “Fondos buitres”, especialistas en buscar gangas y conseguir plusvalías a corto plazo, Fondos que han empezado a vender y están siendo sustituidos por Fondos internacionales menos especulativos. De hecho, España fue en 2016 el 2º país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, tras Polonia. Por un lado son Fondos y gestores de Planes estadounidenses y europeos (británicos, alemanes, franceses y luxemburgueses), a los que se han sumado numerosos millonarios de múltiples paises: chinos (grupo Wanda compró el edificio España y el 20% del Atlético de Madrid, para controlar la operación del nuevo estadio y también están las operaciones inmobiliarias de las empresas chinas ICBC, CIC y grupo GPRO), japoneses (Saltoki compró la sede catalana de Pioneer), coreanos (Fondo de Pensiones NPS), filipinos (Andrew Tan compró Torre Espacio), indios (familia Olayan compró Hotel Asturias), singapurenses (grupo FCL compró Hotel Porta Marina), indonesios, turcos (grupo Dogus compró Hotel Villamagna), árabes (Fondo soberano de Qatar es el primer inversor de la inmobiliaria Colonial), israelíes, mejicanos (el ex dueño de la cerveza Corona entró también en Colonial)… Y el último, para completar el ambiente de “casino inmobiliario”, el dueño de la multinacional de juego online Pokerstars, que ha invertido 375 en el Edificio Canalejas (Madrid), la antigua sede de Banesto-Santander.

A pesar de esta “invasión”, los Fondos, gestoras y millonarios extranjeros sólo suponen el 37% de la inversión inmobiliaria hecha en España en 2016. La mayor apuesta inversora, el 40%, la han hecho las sociedades de inversión inmobiliaria, las llamadas SOCIMI, quedando el 23% restante para inversores particulares (compran pisos para alquilar y especular). Las SOCIMI son unas sociedades creadas a partir de 2014, para aprovechar el nuevo “boom inmobiliario”, al amparo de una legislación fiscal muy favorable que aprobó el Gobierno Rajoy en diciembre de 2012, para que se desarrollaran como en otros paises: no pagan impuestos (sociedades) porque son sus accionistas quienes tributan por dividendos y están obligadas a mantener tres años al menos los inmuebles que compran. Las SOCIMI son los nuevos “señores del ladrillo”, en sustitución de las viejas inmobiliarias que quebraron o suspendieron pagos (Martinsa, Astroc, Royal Urbis…), el vehículo que utilizan bastantes inversores extranjeros y muchos españoles (cotizan en Bolsa), incluidos los bancos. Incluso algunos jugadores del Madrid y del Barça están estudiando participar juntos, con tenistas y deportistas de élite, en una SOCIMI para jugar también en el rentable “casino inmobiliario” español.

Las SOCIMI han crecido como setas al calor del nuevo “boom” inmobiliario: ya hay 34 sociedades de inversión inmobiliaria cotizando en Bolsa, 16 creadas en 2016. Y entre todas manejan más de 14.000 millones en activos inmobiliarios, desde oficinas a hoteles y Centros comerciales, fábricas y naves, inmuebles y solares. La SOCIMI líder es Merlin Properties, controlada por la banca española (22,27% Santander y 6,44% BBVA), con 9.606 millones de activos tras la compra en 2016 de la inmobiliaria Metrovacesa. Le sigue a distancia GMP (1.800 millones en activos), de la familia Montoro Alemán y el fondo GIC de Singapur, que posee la mayor cartera de oficinas. En tercer lugar,  Hispania (1.793 millones), participada por el millonario George Soros y varios Fondos USA, especializada en hoteles. La cuarta es Axiare (1.300 millones en cartera), liderada por Inmobiliaria Colonial y especializada en oficinas. Y la quinta, Lar España (1.210 millones), controlada por el grupo Lar y los fondos USA Pimco y Franklin Templeton, especializada en centros Comerciales. Todavía hay 29 SOCIMIs más que cotizan en el segundo mercado bursátil, el MAB: Uro Property (bancos españoles y Zilotti Holding), ISC Freshwater (Fondo mexicano Fibra Uno), Zambal (magnate francés Pierre Castell), Fidere (Blackstone, el mayor Fondo del mundo)… En paralelo hay dos grandes inmobiliarias: Pontegadea (6.600 millones en activos), de Amancio Ortega (Inditex) y Colonial (5.575 millones), de Villar Mir (OHL) ahora controlada por qataríes y mejicanos.

Entre los Fondos de inversión internacionales, los millonarios españoles y extranjeros, los bancos y cientos de pequeños inversores que operan a través de las SOCIMIs, el mercado inmobiliario español está en plena ebullición y todo apunta a que seguirá batiendo récords, al menos en 2017 y 2018. Ya en enero de este año hemos visto operaciones como la compra de la Torre Agbar en Barcelona o la nueva venta del Edificio España, para gestionarlo como hotel. Todo apunta a que seguirán aumentando las compras de oficinas, más en Madrid  que en Barcelona y también fuera (se apuesta por Málaga, Valencia y Bilbao), de naves industriales (por el auge de Amazon y el e-commerce), el crecimiento de Centros comerciales (se van a abrir 24 Centros hasta 2018, 1 de cada 9 que se abrirán en Europa) y, sobre todo, las ventas de hoteles (2.000 millones en 2017), al calor del récord de turistas. De hecho, el ladrillo español es una de las grandes apuestas del banco Goldman Sachs para 2017. Y España se puede beneficiar del Brexit, de la huida de multinacionales y bancos fuera de Londres. Además, el mercado se puede reanimar más con las primeras ventas de activos de las SOCIMIs, que ya este año cumplen los tres de cuarentena para poder vender sin tributar por plusvalías. El sector está a la espera de lo que hagan los nuevos Ayuntamientos, que tienen pendientes  importantes remodelaciones urbanísticas, como la aprobación de la Operación Chamartín en Madrid o el freno a nuevos hoteles y apartamentos turísticos en Barcelona.

Los inversores internacionales tienen mucho “dinero caliente” pendiente para invertir, ahora que no es rentable tenerlo en deuda pública o en una Bolsa que sigue muy volátil. Por eso, seguirán llegando inversiones a España, a la caza de “gangas” y al calor de la subida de precios en inmuebles, oficinas, naves, hoteles y alquileres. “Los fondos inmobiliarios tienen 50.000 millones dispuestos para invertir en el sector inmobiliario español”, asegura Neil Livingstone, de la consultora Colliers International, que destaca la enorme liquidez, la confianza de los inversores en España y las oportunidades que hay aquí frente a otros paises, sobre todo en oficinas, Centros comerciales y hoteles, aunque también están interesados en residencias de ancianos (seremos el país más envejecido de Europa) y residencias de estudiantes.

Pero los expertos vaticinan también que en dos o tres años, los inversores “cambiarán de foco” y buscarán otros paises donde invertir con más posibilidades de hacer negocio y plusvalías rápidas. Es lo que ya ha pasado en esta década: primero se lanzaron a invertir en Londres, luego en Berlín o París y ahora en Madrid y Barcelona. Lo próximo puede ser el Este de Europa, en especial Polonia y paises bálticos, donde ya están entrando. Así que para 2020 (o incluso antes), la “burbuja inmobiliaria” podría estallar otra vez, como en 2007. Y “pillar” de nuevo a bancos e inversores españoles, mientras los grandes Fondos y millonarios extranjeros se han ido antes. Es un riesgo que habría que atajar ahora, controlando el “boom” y las subidas especulativas de precios, recortando ayudas fiscales. Y tratando de planificar el crecimiento de las ciudades, desde los Ayuntamientos, autonomías y el Gobierno central, en un gran Pacto inmobiliario de futuro. Porque si no se pincha a tiempo la burbuja, nos estallará encima y acabaremos sufriendo otra crisis. Aprendamos del pasado.