El subempleo recorre el mundo

Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del subempleo. Contratos temporales, por horas, mal pagados y muy vulnerables. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado la alerta: con la crisis, la mayoría del empleo que se crea es de mala calidad, desde EEUU a Europa pasando por Asia y Latinoamérica. Y más en España: somos el 2º país europeo  con más empleo temporal y el 4º con más empleo por horas “forzoso”. Además, más de la mitad de los españoles trabajan en empleos inferiores a su cualificación y obligados a hacer horas extras, muchas sin cobrarlas. Y 1 de cada 8 trabajadores españoles son pobres, según la OIT. Un exceso de empleo precario que tiene efectos muy negativos sobre la demografía, la recaudación fiscal y las pensiones, frenando la autonomía de los jóvenes, el consumo, el crecimiento y el empleo. El reto es vigilar la contratación y mejorar la educación, porque a menos formación más subempleo. Tras 5 años de reforma laboral, que ha disparado la precariedad, urge conseguir más empleo “decente”.
 

enrique ortega

El informe 2017 de la OIT alerta del auge del empleo temporal, que ha crecido en todo el mundo con la crisis, desde EEUU a Europa (del 14,1% en 2008 al 14,3% en 2015 en la UE-28), sobre todo en Francia (16%), Italia (14,1%) y Holanda (20%). En España, el empleo temporal ya era muy elevado antes de la crisis (récord del 34% en 2006) y ha bajado después, para estabilizarse en el 25,2% de los empleos en 2015, con lo que somos el segundo país de Europa con más empleo temporal, tras Polonia (28%), según Eurostat. Y lo peor es que son empleos temporales “forzosos”: un 90% de españoles con contrato temporal preferiría tener un contrato fijo (el 2º porcentaje más elevado de la UE, tras Chipre), frente al 62,1% de temporales “forzosos” en Europa (y sólo un 23% en Alemania), según los últimos datos de la OIT.

Y lo peor es que muchos trabajadores encadenan estos contratos temporales sin que se transformen en fijos. Así, 545.200 trabajadores encadenan contratos temporales desde hace 6 años, otros 341.100 entre 3 y 6 años y 278.700 más llevan siendo temporales entre 2 y 3 años, según datos del INE. Y al final, sólo un 11% de los contratos temporales se convierten en indefinidos (en 2016, sólo se convirtieron en indefinidos 582.000 contratos, el 3,11% de todos los firmados), cuando en Europa, la tasa de conversión de temporales en fijos es el doble, el 28% en la UE-28 (y en Alemania). Con ello, somos el segundo país de Europa que menos transforma contratos temporales en fijos, por detrás de Francia (10%).

Otro tipo de contrato que crece sin parar en el mundo, según denuncia la OIT, son los contratos a tiempo parcial, por horas o días. En Europa (UE-28) han pasado del 18,2 (2008) al 22% de los contratos (2015), con mayores porcentajes en Suecia (26%), Alemania (28%), Austria (28,5%) y sobre todo Holanda (51%). España tiene todavía un nivel bajo (15,7% de empleo a tiempo parcial) pero es el país donde este tipo de contratos ha crecido más durante la crisis. Y, sobre todo, somos el cuarto país europeo con más empleo por horas “involuntario” (tras Grecia, Chipre e Italia): un 60% de los que trabajan por horas preferirían un empleo a tiempo completo, frente al 27,5% de los europeos, que mayoritariamente trabajan por horas porque quieren, según la OIT. Además, en España, los empleos a tiempo parcial son cada vez por menos tiempo: la media ha bajado de 81 días de media (2008) a 51 días y el 26% de estos contratos duran ya menos de una semana, según los datos de Empleo.

Ambos tipos de contratos precarios (temporales y por horas) tienen mucho que ver con la formación de los trabajadores, según un informe de CaixaBank. Así, la tasa de temporalidad más alta se da entre los trabajadores españoles que sólo tienen educación primaria (38% de contratos temporales) y la más baja entre los que tienen educación superior (21,5% son  temporales). Y lo mismo en los contratos por horas “forzosos”: los tienen el 70% de los trabajadores con sólo educación primaria, el 65% de los que tienen secundaria y el 55% de los que tienen educación superior. Pero además, el tipo de contrato no sólo tiene que ver con la titulación, sino con las “habilidades” que tiene el trabajador. Y en España tenemos un problema, derivado de una enseñanza más volcada en la memoria que en la adquisición de “habilidades” para trabajar: incluso el 41% de los adultos con estudios superiores obtuvieron un resultado bajo en el test de habilidades profesionales, frente al 21% de promedio en los 34 paises de la OCDE, según la última encuesta internacional de habilidades (2015).

Otro indicador de precariedad laboral es que, tras la reforma laboral impuesta por el Gobierno Rajoy en febrero de 2012, los trabajadores españoles se ven obligados a hacer muchas más horas extras, porque se dio más poder al empresario para fijar la jornada y muchos optaron por hacer contratos de media jornada y luego obligar a sus trabajadores a hacer horas extras, muchas veces sin pagárselas. Así, a finales de 2016 había 7.778.400 trabajadores que hacían horas extras (el 50,5% de los asalariados), de media 5,48 millones a la semana. El récord de horas se dio en 2013 (6,14 millones, casi 1 millón más que las 5.34 millones de 2011) y han bajado algo porque en 2016 actuó más la inspección de Trabajo, porque muchas de las horas no cotizaban y la SS perdía ingresos. Pero aun así, entre 2012 y 2015, la mayoría de estas horas extras no se le pagaban al trabajador: en 2015 por ejemplo, de 6,3 millones de horas extras semanales, 3,5 millones no se pagaron, según la EPA. Doble problema: los empleados trabajan más (y la mitad gratis) y el país se queda sin crear 150.000 empleos nuevos, a lo que equivalen las horas extras hechas cada año.

Un cuarto indicador de precariedad laboral (tras los contratos temporales y por horas “forzosos” más las horas extras) son los muchos españoles obligados a trabajar “de lo que encuentran”, en empleos muy por debajo de su formación. En España hay 9,5 millones de trabajadores “sobrecualificados”, el 52,8% de los empleados (en 2007 eran el 46,3%), según datos de Afi-Asempleo a partir de la EPA. Con la crisis, esta “sobrecualificación“  ha crecido entre los mayores de 45 años y sobre todo entre los más jóvenes (dos tercios de los jóvenes entre 16 y 24 años trabajan en empleos inferiores a su cualificación). Este problema destaca en la hostelería (71,4% de los empleos están sobrecualificados) y el comercio, sobre todo en el País Vasco y Cantabria. Lo que más se da son personas con secundaria trabajando en puestos “bajos” y universitarios en puestos “medios”, según un estudio de CaixaBank.

Con toda esta precariedad, con la falta de “trabajo de calidad”, aumentan las personas que “tiran la toalla”, que dejan de buscar trabajo (está difícil y es “malo”) y se quedan en casa, emigran o vuelven a estudiar. Es un fenómeno mundial, producto del auge del subempleo. Así, en Estados Unidos, la tasa de actividad bajó al 62,8% en 2016 (sólo 2 de cada 3 norteamericanos buscaban trabajo), la más baja de los últimos 30 años, con 92 millones de estadounidenses “desanimados” en un país de 316 millones de habitantes. En España ha pasado lo mismo: 700.000 españoles han dejado de ser "activos" (ni trabajan ni buscan trabajo) entre 2011 y 2016, según la EPA.  Y con ello, también hay menos porcentaje de españoles trabajando, como pasa en Europa, donde han ha caído los  europeos con un empleo: un 64,5% en la zona euro en 2015, frente al 65,5% en 2007, según Eurostat. Y España está aún peor: somos el cuarto país europeo con menos gente trabajando (el 57,8% de los que tenían entre 16 y 65 años en 2015), tras Grecia (50,8%), Croacia (55,8%) e Italia (56,3%). O sea, trabajan  menos españoles que europeos (2 millones menos) y los que tienen un empleo es muy precario.

Y claro, los empleos precarios están peor pagados, lo que ha aumentado el número de trabajadores pobres en todo el mundo, 967 millones de personas que cobran entre 1,90 y 5 dólares al día, según el informe de la OIT. Y no están sólo en los paises emergentes, sino también en Europa, donde un 9,5% de los trabajadores son “pobres” (ganan menos del 60% de la media), un 1,6% más que en el año 2.000. Y otra vez, España supera la media: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (1 de cada 8), un 4% más que en 2000, según la OIT. Son ya 2.196.137 “trabajadores pobres”, españoles con un trabajo que “malviven”. Y los que no son pobres, al tener contratos tan precarios, ganan muy poco: el sueldo más habitual de los españoles es de 16.490 euros brutos al año (2014, último año con datos oficiales del INE), que se traduce en 950 euros netos en 14 pagas. El español medio es mileurista.

El trabajo precario es una fuente de problemas, no sólo porque el trabajador subempleado es más vulnerable si una empresa tiene problemas. También tiene más incertidumbre ante el futuro, a la hora de formar una familia y tener hijos (algo grave en un país como España con bajísima natalidad, 1,32 hijos por mujer, y que ya pierde población), de comprar o alquilar una vivienda (el 80% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres), de pensar en lo que les quedará cuando se quede en paro o se jubile. Y por supuesto, a la hora de gastar y consumir. Por eso, la precariedad laboral es una pesada hipoteca para la recuperación: desalienta el consumo, el crecimiento y el empleo. Y además, reduce la recaudación de impuestos y las cotizaciones, agravando el “agujero” del Presupuesto y las pensiones.

España ha creado 1.372.900 empleos entre 2014 y 2016, pero un empleo muy precario, vulnerable y mal pagado: baste decir que sólo el 4,96% de los contratos hechos en 2016 (1 de cada 20 empleos) fueron “de calidad”: fijos y a tiempo completo. Y todavía faltan 2,5 millones de nuevos empleos para recuperar los 3,8 millones de empleos perdidos desde 2007. Un reto enorme porque la economía se está desacelerando, en España y en el mundo (hay incluso riesgo de una nueva crisis), y creceremos menos y se creará menos empleo en 2017 y 2018 (unos 400.000 al año). Además, hay dos factores estructurales que van contra el empleo: la digitalización de la economía (más Internet y menos trabajadores) y la entrada de robots en muchas empresas. De hecho, España es uno de los tres paises más expuestos (junto a Alemania y Austria) a la “cuarta revolución industrial”, a la llegada de los robots: podría suponer la pérdida de 2 millones de empleos, sobre todo en la industria, la Administración y los servicios, según un informe de la OCDE (mayo 2016).  

Se pierdan o no empleos por las nuevas tecnologías, todo apunta a que el empleo del futuro seguirá siendo precario y será un empleo que exigirá una alta cualificación. Para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para trabajadores con formación media, el 35% para niveles altos y sólo quedará el 15% para niveles bajos de formación (los que tienen el 45% de españoles), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles  aquí dentro de una década (entre 8,8 y 10 millones), sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación (ESO o menos), un 39,3%  para los que tengan estudios medios (bachillerato o FP) y más de la mitad (58,4% para los que tengan educación superior (estudios universitarios o FP Superior), según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Así que al final, la clave del futuro, tanto para reducir el subempleo como para conseguir los nuevos empleos, será mejorar la formación, un reto especialmente urgente para España porque el 42% de la población tiene baja cualificación. Hay que gastar más en educación, porque sólo gastamos el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia, según Eurostat. Y reformar la enseñanza, desde los colegios a la Universidad, para formar mejor a los jóvenes en lo que necesitan las empresas. Y volcarse en la formación y el reciclaje de los parados y los trabajadores actuales, porque el 42% de los ocupados tienen una baja cualificación. Y así, sólo accederán a los peores empleos. En paralelo, el Gobierno debe reforzar la inspección de Trabajo, con más personal (hay la mitad de inspectores que en Europa) y más control, para luchar contra el subempleo.

En resumen, la crisis ha cambiado el empleo en todo el mundo: ahora es de peor calidad, más precario, peor pagado y más vulnerable. Y España se lleva la palma en Europa, con una mayoría de españoles que trabajan temporalmente o por horas “contra su voluntad”. Esta precariedad actúa como un cáncer que corroe nuestra economía, desde el consumo y la familia a la recaudación o las pensiones. Tras 5 años de reforma laboral, urge tomar medidas para mejorar la calidad del empleo (como pide la OIT), con más vigilancia de la inspección, más ayudas fiscales al empleo estable y más gasto en educación y formación. Hay que conseguir más empleo "decente”. No podemos ir a peor.

Mucha tarjeta y poco gasto social

En la Conferencia de presidentes autonómicos, celebrada en enero, uno de los pocos acuerdos fue crear una “tarjeta social” para controlar a las personas que reciben ayudas públicas, desde pensiones y paro a la dependencia o renta básica. Los expertos critican la medida, porque estas ayudas ya están controladas y la tarjeta sólo sirve para “estigmatizar” a los que las reciben (“vivo de la ayuda pública”), cuando muchas veces (pensiones, paro) son subsidios a los que tienen derecho porque han cotizado, no "un regalo". Mejor nos iría si los políticos hubieran pactado aumentar el gasto social, porque España gasta menos que el resto de Europa en sanidad, educación y gastos sociales: concretamente, 30.800 millones de euros menos al año en pensiones, paro, vejez, familia y ayudas sociales. Y es un escándalo que PP y Ciudadanos se opongan a ayudar a las familias sin ningún ingreso, 620.000 hogares según la EPA. Menos tarjetas para “controlar a los pobres” y más ayudas sociales justificadas a los más débiles.
 

enrique ortega

El pasado 19 de enero, el ministro Montoro presumió en el Congreso de que era “un Gobierno muy social”: “casi un tercio de los españoles, más de 14 millones, reciben hoy una prestación de la Administración”, dijo ante la sorpresa de diputados y periodistas, que no contrastaron su cifra. Pero resulta que Montoro “manipuló los datos”: habló de 9,5 millones de pensionistas (ese es el número de pensiones: pensionistas hay 8.602.601) y de 3,7 millones de desempleados (esos son los que están “apuntados” en el paro, pero sólo 1.984.376 parados cobran algún subsidio), a los que habría que sumar los que reciben ayuda por la dependencia (865.564 a finales de 2016) y los que cobran la renta básica de las autonomías (264.279 personas). En total son 11.716.820 españoles que reciben ayudas públicas, no “más de 14 millones”. Uno de cada cuatro personas, no “casi uno de cada tres”. Y además, la mayoría de estas “ayudas” (pensiones, subsidio de paro) son prestaciones a las que las personas “tienen derecho” porque han cotizado (pagado) por ellas, muchos años. No son ningún “regalo”.

Dicho esto, ¿España hace mucho o poco gasto social? Comparémoslo con el resto de Europa. De entrada, el gasto público total es mucho menor en España: aquí, todas las Administraciones (Estado, autonomías y Ayuntamientos) gastan el 44,5% de la producción (PIB), mientras en los paises del euro gastan el 49,4% (y el 48,2% del PIB en la UE-28), según Eurostat. Son 53.900 millones menos de gasto público cada año (básicamente, por culpa de que también ingresamos menos). Y España gasta menos en todo. En sanidad (6,1% del PIB frente al 7,3% en la zona euro, el 7,2% en Alemania, el 7,6% en Reino Unido o el 8,2% en Francia). En educación (el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia). Y sobre todo, en protección social: España gasta el 17,6% del PIB, frente al 20,4% de la zona euro, el 19,5% de la UE-28, el 18,8% de Alemania, el 16,5% de Reino Unido y el 24,8% de Francia. Gastamos 30.800 millones menos cada año en protección social, en pensiones, familia, desempleo y gastos sociales.

Claro, de esto no podía presumir Montoro en el Congreso. Y menos de los recortes sociales hechos por el Gobierno Rajoy desde 2012, para intentar rebajar el déficit público (que apenas ha bajado, por cierto). España ha recortado el gasto en sanidad en -9.878 millones desde 2009, 1 de cada 7 euros. Otros -7.613 millones se han recortado en educación, 1 de cada 6 euros. Gastamos más en pensiones porque han aumentado los pensionistas, ya que las reformas de Zapatero (2011) y Rajoy (2013) sientan las bases de recortes de las pensiones futuras (hasta un -50% para 2050). En desempleo, el gasto público ha  pasado de 30.000 millones en 2011 a 18.636 en 2016 y aunque también han bajado los parados, ha sido menos. La consecuencia es que si en 2011 cobraban algún subsidio el 55% de los parados estimados (EPA), a finales de 2016 sólo cobraban el 46%: la mayoría (2.253.424 parados no cobran nada). En la Dependencia, ancianos y discapacitados han sufrido un recorte del Estado de -2.865 millones entre 2012 y 2015, provocando que haya 353.990 dependientes esperando recibir una ayuda que tienen reconocida (y muchos se mueren antes).

No sólo ha recortado ayudas sociales el Estado, también autonomías y Ayuntamientos. Los gobiernos regionales han recortado otros 1.000 millones en Dependencia y también las ayudas que dan a las familias con menos recursos, lo que se llama “renta básica”: la reciben 262.307 personas (últimos datos oficiales, de 2014), sobre todo emigrantes, mujeres solas con niños y personas sin hogar o en situación de pobreza extrema, que perciben 420,63 euros al mes de media . Pero hay grandes diferencias entre autonomías, tanto a la hora de cobrar (665 euros en el País Vasco y 300 euros en Murcia) como por gasto y población cubierta: 36 personas por 1.000 habitantes lo cobran en Euskadi frente a 2,6 en Baleares o Andalucía.

Los Ayuntamientos son un pilar básico de la protección social. Los servicios sociales municipales atienden cada año a 8 millones de españoles, a pesar de que cuentan con poco Presupuesto: 5.200 millones en 2.015, tras un recorte de casi 1.000 millones desde 2011. Pero aquí también hay muchas diferencias entre Ayuntamientos: de los 350 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, sólo 12 alcanzan la excelencia en inversión social, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellos, Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Linares, Martorell, Vélez Málaga y Baza (el mejor: gasta 167 euros/habitante). Y otros 75 grandes Ayuntamientos hacen un gasto social “precario” (gastan menos de 50 euros por habitante), entre los peores Pontevedra, Pozuelo, Leganés, Mérida o Torrevieja, que integran un grupo de 37 grandes ayuntamientos que son “pobres” en servicios sociales.

Con este panorama tan penoso del gasto social en España, lo normal hubiera sido que los presidentes autonómicos aprovecharan la Conferencia con Rajoy para sacarle un Pacto social para gastar más y paliar los recortes sociales de la crisis, máxime cuando 7 autonomías están gobernadas por el PSOE. Pero no. El único acuerdo de la Conferencia fue crear una “tarjeta social” para controlar las ayudas públicas que se dan. Una medida duramente criticada por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que la consideran “un gasto inútil” (porque ya hay medios para controlar las ayudas) y una forma de “estigmatizar” a los que las reciben (el titular pertenece a un “Club de pobres”), una vieja obsesión  de los sectores más reaccionarios, empeñados en “controlar” a los más desfavorecidos. Y comentan que a nadie se le ocurriría proponer una “tarjeta patrimonial” para conocer las ayudas y subvenciones públicas que reciben empresas y particulares y donde se ha detectado mucha corrupción.

Y mientras se prepara la tarjeta social (“yo recibo ayudas públicas”), no se resuelven los grandes problemas sociales pendientes. Empezando por las pensiones. España es el 15º país europeo que menos gasta en pensiones, un 11,4% del PIB (121.268 millones en 2016), bastante menos que Italia (16,1%), Francia (14,9%), Portugal (14,8%), Alemania (12,3%) o reino Unido (11,8%), según datos de Eurostat. Hace falta una reforma pero sobre todo más recursos, vía impuestos, cotizaciones y menos “tarifas planas”. Lo mismo pasa en el desempleo: España gasta en prestaciones el 2,5% del PIB, más que la zona euro o Alemania (1,8%), según Eurostat,  pero tenemos el doble de paro que la UE-19 y cuatro veces más que Alemania. Y además de que gastamos menos,  los que reciben un subsidio (el 46% de los parados EPA) ganan menos: un 61% del último salario en España frente al 69% en la zona euro, el 67% en Alemania y el 68% en Francia. En ayudas a la familia, España gasta casi la tercera parte de Europa (el 0,6% del PIB frente al 1,7% en UE-28), a pesar de que tenemos hundida la natalidad. Y en los servicios sociales municipales, el Gobierno Rajoy aprobó una Ley (27/2013) que les quitaba parte de las prestaciones (promoción social y dependencia), pasándoselas a las autonomías, cuestión que anuló en 2016 el Tribunal Constitucional, aunque los municipios están sin recursos.

Pero quizás lo más urgente es afrontar la grave situación de las familias que han quedado marginadas por la crisis, esos 3,3 millones de españoles en pobreza extrema, según Cáritas. Los sindicatos UGT y CCOO llevaron al Congreso en enero una iniciativa legislativa apoyada por 700.000 firmas para que una parte de esos españoles pobres recibieran una renta básica de 426 euros al mes, lo que tiene un coste de 12.000 millones al año. La iniciativa fue aprobada en el Pleno del 4 de febrero, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra del PP y Ciudadanos, argumentando que es “imposible de financiar”. Hay otros paises, como Finlandia, Holanda, Canadá o Alaska que han intentado aprobar experiencias de “rentas básicas”, aunque para pequeños colectivos. En España, quizás, podríamos empezar por aplicarlo a los que están peor de todos: las 629.700 familias que no tienen ningún ingreso, según la última EPA. Eso costaría 3.220 millones al año, algo más asumible.

Con todo, urge tomarse en serio que España equipare su gasto social al del resto de Europa. Y eso pasa por gastar más, al menos 24.000 millones más en los primeros años: 10.000 para tapar el agujero más urgente de las pensiones, 4.000 para un Plan de choque contra el paro, 2.000 millones más para la Dependencia, 3.500 millones contra la pobreza y 500 millones extras para los servicios sociales municipales, sin olvidar 2.000 millones más para la sanidad (está en situación financiera penosa) y otros 2.000 para la educación (mínimo). Parece una factura imposible, pero se podría pagar si España recaudara como el resto de Europa: ingresamos 50.000 millones menos cada año en los principales impuestos, según el último informe de la Comisión Europea. Y eso porque tenemos mucho fraude y porque hay tres colectivos que pagan (“legalmente”) menos de lo que deberían: las grandes empresas (pagan realmente el 7,6% de sus beneficios y muchas, como Banco de Santander o el Corte Inglés consiguen que Hacienda “les devuelva” en el impuesto de Sociedades), las multinacionales (evaden a través de otros paises) y los más ricos (SICAV). Así podríamos recaudar 42.000 millones más cada año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA)

Incluso Montoro lo dijo en el Congreso el 25 de enero: “Hemos subido impuestos a las grandes empresas (en 2016) para preservar la cohesión social”. Pero la patronal CEOE no está por la labor y ha llegado a decir que “el discurso de Montoro con las empresas es más agresivo que el de Podemos”… No se puede seguir “tirando de la cuerda” y dejar a una parte creciente de españoles por el camino: somos el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza con la crisis, tras Grecia y Chipre. Y ya hay 13.180.000 españoles en situación de pobreza, según Eurostat, un 28,6% de la población (frente al 23,7% en la UE-28). Y también crece la desigualdad, un 15,5% durante la crisis, veinte veces el promedio europeo (+0,8%). Con ello, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de advertir que España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de la renta: el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza (y el 1%, el 20,3%), según datos recientes del Banco de España.

Así que vivimos en un país con demasiada pobreza y desigualdad, donde el Estado ha recortado sus ayudas y el gasto social está a la cola de Europa. Todo ello es un peligroso cocktail, fuente de populismo y desapego político y social. Una situación que no se resuelve implantando una tarjeta para controlar a los más desfavorecidos, sino gastando más en paliar las consecuencias más negativas de la crisis. Aunque eso obligue a algunos a pagar más impuestos, porque para eso se llevan lo mejor del pastel. Un país con más gasto social  sería un país más justo pero también más estable y más eficiente. Parece que no lo entienden. Lo malo es que tampoco los políticos, sean del color que sean. Así nos va.

Los alquileres, por las nubes

No sólo suben la luz, los carburantes o los móviles. También los alquileres: más del 10% en diez grandes ciudades españolas, un 6,7% de media en 2016, la mayor subida en 10 años. Y este año subirán más, entre el 10 y el 12%. Estas subidas han atraído al alquiler a inmobiliarias e inversores extranjeros, que compran edificios para alquilar. Y con alquileres medios de 620 euros, que suben a 900 euros al mes en grandes capitales (60 m2), muchos españoles no los pueden pagar: parados, familias pobres y jóvenes (el 80% viven con sus padres). Urge explotar la “burbuja” del alquiler y crear un parque público de viviendas para alquilar: 500.000 viviendas en cinco años, a partir de la promoción pública de autonomías y ayuntamientos y la compra de pisos vacíos a la banca y a particulares. Es lo que hacen en Europa, con un 15% de alquileres públicos, mientras en España no llegan al 2%. Alquileres sociales entre 150 y 250 euros y promociones para alquilar a precios asequibles. Se puede.
 

enrique ortega

Los alquileres subieron con fuerza en 2016, por segundo año consecutivo tras la crisis: un 6,7% de media, según Fotocasa, casi el doble que en 2015 (+3,8%) y la mayor subida en los últimos 10 años. Incluso algunos expertos creen que los alquileres subieron más: un 9,16% pisos.com y un 15,9% el Idealista.com. Las mayores subidas se dieron en las grandes capitales, sobre todo en Barcelona (+23,4%), Valencia (+20,3%) y Madrid (+18%), que ya están en precios históricos de los alquileres: 15,36 euros/m2 en Barcelona y 12,9 euros/m2 en Madrid, lo que eleva un alquiler de sólo 60m2 a 921/774 euros mensuales. En el último año, la subida de los alquileres se ha trasladado del centro a la periferia de las grandes capitales, ante la falta de alquileres en zonas céntricas. Y otro fenómeno: la subida de los alquileres ha sido un factor determinante del encarecimiento de la vivienda, que lleva año y medio subiendo sus ventas y precios, un 4,5% de subida media en 2016.

Para este año 2017, los expertos auguran una subida incluso mayor de los alquileres, entre el 10% (ServiHabitat) y el 12% (pisos.com), e incluso más en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y San Sebastián, junto a Baleares y Canarias (por el turismo). La promotora inmobiliaria Cushman&Wakefield cree que los alquileres ya están cerca de su techo en Barcelona (podrían subir el 5%) pero menos en Madrid (subirán un 10%), pero apuestan por una subida media que duplique con creces la de los alquileres europeos (+2/3%). A favor de la subida de alquileres jugará este año el encarecimiento de las hipotecas (por la subida de tipos y la repercusión del coste de las cláusulas suelo), retrayendo la compra de viviendas. Y en contra de la subida de alquileres jugará la subida de tipos, que hará más atractiva la Bolsa y los bonos frente a invertir en alquileres.

¿Por qué suben tanto los alquileres? La razón fundamental es que se ha disparado la demanda, mientras apenas crece la oferta de viviendas en alquiler. Crece la demanda porque hay muchos españoles con trabajo precario y sueldos bajos que ni se plantean ya comprar un piso, no tanto por la hipoteca (en muchos casos, con sus ingresos, el banco no se la daría) como porque no consiguen ahorrar el 25% de su coste (de 35.000 euros para arriba), necesario para complementar la hipoteca (dan un 80% del valor del piso), gastos e instalación. Y también hay cada vez más jóvenes (los “millennials”, menos 35 años) que han cambiado su “filosofía” (¿a la fuerza?) y ya no se plantean ser propietarios como sus padres sino “inquilinos de por vida”. Además, hay más “movilidad geográfica”, cambios de ciudad para trabajar o buscar empleo o estudiar. Y sobre todo, porque se han sumado a la demanda los inversores, particulares, inmobiliarias y fondos que buscan pisos para alquilar.

Este es el gran cambio de los últimos dos años: particulares y grandes inversores que se han lanzado al mercado de alquiler, como una forma rentable de inversión: compran pisos o edificios enteros para alquilar y eso hace subir los precios. Les resulta un negocio más rentable que la Bolsa, los bonos (1,5%) o los depósitos bancarios (0,5/1%). Actualmente, la rentabilidad bruta del alquiler es del 6,3%, según el Idealista: un 4,4% se obtiene sólo por el alquiler y el resto por el beneficio de vender el piso al año. Incluso el Banco de España señaló que la rentabilidad del alquiler alcanzó el 8,3% en el tercer trimestre de 2016. No hay nada tan rentable y con poco riesgo (que el inquilino no pague, pero ahora se le puede desahuciar con más facilidad). Esta “profesionalización” del alquiler, con cada vez más “caseros” que son Fondos de inversión, inmobiliarias y bancos ha presionado al alza los precios, porque estas empresas necesitan conseguir una rentabilidad y añadir ingresos para costear sus gastos de administración y mantenimiento, mayores que los de un “casero” particular.

Por todo ello, el mercado del alquiler está cambiando y los grandes “caseros” en España son hoy bancos, Fondos de inversión, SOCIMIs (Sociedades de inversión inmobiliaria) e inmobiliarias: CaixaBank (38.000 pisos en alquiler), Lazora fondo inmobiliario (11.500), el fondo Blackstone (10.500 viviendas), la SOCIMI Testa Residencial (9.400 viviendas en alquiler, tras traspasarle 3.300 viviendas el BBVA, Santander y Popular), banco Santander (8.000 viviendas), Sabadell (5.500), fondo Goldman Sachs (4.860) y el banco malo Sareb (4.297 viviendas en alquiler). Y cada semana hay un nuevo desembarco de inversores españoles y extranjeros en el mercado de alquiler (viviendas y oficinas), lo que está creando una inquietante “burbuja”. 

Y enfrente, cada vez hay más españoles buscando un alquiler: ya son el 22,3% de la población los que viven en alquiler, frente a sólo el 19,4% en 2007, aunque todavía somos “un país de propietarios” y tenemos un porcentaje de alquiler mucho más bajo que la mayoría de Europa: un 30,1% de europeos viven en alquiler, siendo un 26,7% en Reino Unido,  un 39,5% en Francia, un 47,4% en Alemania y un 56% en Suiza, según Eurostat. En España, los más activos en el alquiler son los jóvenes (25-34 años), que se decantan cada vez más por el alquiler, aunque mayoritariamente creen que  comprarán un piso en el futuro (58% en España, frente al 71% de los jóvenes europeos), según la consultora CBRE. También crece el alquiler entre los profesionales que “se mueven” por motivos laborales y entre los “nuevos modelos de familia”: mujeres sin hijos, parejas solas, personas que comparten piso… Y sólo dos capitales, Madrid y Barcelona, concentran el 50% de los alquileres en España.

Los alquileres por las nubes provocan una serie de problemas inquietantes. El primero, que mantienen un alto nivel de desahucios: el número de desahucios por impago de alquiler ha bajado en 2015 (35.677) y 2016 (habrá acabado con unos 28.000), pero crece su peso en el conjunto de desahucios (si en 2015 los desahucios por alquiler eran el 53% de todos los desahucios, en el tercer trimestre de 2016 fueron ya el 55% del total). La mayoría de los desahucios por alquiler se dan en Cataluña (26% del total), seguidos de lejos por Madrid (14,5%), Andalucía (12,8%) y Comunidad Valenciana (11,7%). Y siguen elevados no sólo los desahucios de la vivienda habitual, sino de locales y oficinas, por la crisis y porque los “caseros” aprovechan las últimas renovaciones de contratos para subir mucho los alquileres sobre lo fijado hace cuatro o cinco años.

Otro efecto pernicioso de la fuerte subida de alquileres es “la fuga” de habitantes del centro de las ciudades, que se están poblando de pisos turísticos, viviendas de alto standing, oficinas y negocios en alquiler. Tanto es así que los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, controlados por la izquierda, han pedido en enero al Gobierno que cambie la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular mejor el alquiler y evitar “precios desmesurados que favorecen la expulsión de los vecinos de sus barrios”, algo que ya ha provocado protestas ciudadanas en Barcelona. De momento, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que va a penalizar fiscalmente los alquileres altos: en primavera fijará un índice de referencia que marcará precios orientativos y los que suban por encima serán penalizados con recargos fiscales en el IBI y el IRPF.

Con todo, el peor efecto negativo de unos alquileres tan caros es que impiden acceder a una vivienda a muchas familias y a los jóvenes. Empezando por los 3,3millones de españoles en situación de pobreza extrema, según Cáritas, entre los que están muchos de los 2.246.957 parados EPA que no cobran ningún subsidio (un 53% de todos los parados). Y siguiendo con muchos españoles que sí tienen un trabajo pero cuyo sueldo es mileurista o incluso menor. De hecho, “el salario más frecuente” en España son 16.490 euros brutos al año, según el INE, y eso supone 965 euros netos en 14 pagas. Si en la familia sólo entra un sueldo, resulta difícil pagar un alquiler, cuya media está en 620 euros mensuales (y en Madrid y Barcelona rondan los 900 euros mínimos). Y lo mismo les pasa a la mayoría de los jóvenes: ingresan de media 763 euros netos mensuales si están solos o 1.460 euros por hogar joven, según datos del Instituto de la Juventud. Y claro, con estos ingresos, no es que no puedan comprar un piso sino que tampoco pueden alquilarlo. Y en consecuencia, el 80% de los jóvenes españoles de 16 a 29 años siguen viviendo con sus padres (según el Observatorio del Instituto de la Juventud), frente al 70% en Europa.

El Gobierno Rajoy ha anunciado que este mes de febrero aprobará el Plan de Vivienda 2018-2021, para negociarlo después con partidos, autonomías e instituciones y que pueda aprobarse en el Congreso antes del verano. Y plantean incluir en este Plan dos medidas de fomento del alquiler: crear un Fondo de viviendas para alquilar con aportaciones de bancos y particulares y establecer unas ayudas de 150 a 400 euros al mes para los colectivos más desfavorecidos. Suena bien, pero hay que desconfiar un poco, porque los cinco años de Gobierno Rajoy han sido un “rosario de medidas” en contra del alquiler. Primero, en julio de 2013, el Gobierno suprimió las ayudas al alquiler para los jóvenes y endureció el resto, además de liquidar la Sociedad Pública del Alquiler y reducir las ayudas fiscales a inquilinos y propietarios. Después, en el Plan de vivienda 2013-2016 (prorrogado en 2017), destinó sólo 65 millones a promover viviendas públicas en alquiler, lo que da para unas 2.000 al año. Y el 1 de enero de 2015, con su “mini-reforma fiscal”, el Gobierno Rajoy suprimió la deducción fiscal del 10% a los inquilinos y la rebajó a los propietarios (del 100 al 50% del alquiler).

Mientras llegan las nuevas medidas, el sector inmobiliario pide reanimar la oferta de alquileres, con promoción pública y ayudando también a multiplicar las promociones privadas para alquiler, con financiación y ayudas públicas, además de menos trabas municipales. También se pide “regular y normalizar” el “boom” de los apartamentos turísticos (1,8 millones) y establecer un censo de alquileres, para luchar contra los “sumergidos” (se estima que un tercio de los alquileres no se declaran). Y además, dotar con más medios y plantilla a los juzgados, para agilizar de verdad los desahucios, que a veces tardan meses en materializarse por falta de personal en las “comisiones de lanzamiento”.

En España hay unos 3,8 millones de viviendas de primera residencia (no turísticas) en alquiler, el 97% alquiladas por particulares. Pero son insuficientes para una demanda creciente. El sector inmobiliario considera que, a medio plazo, hacen falta en España 1.200.000 viviendas más en alquiler, lo que supondría destinar al alquiler la mitad de las nuevas promociones. Y una parte importante de la oferta, unos 500.000 alquileres, deberían ser para jóvenes y familias que no pueden pagar el alquiler de mercado, a los que habría que ofrecer 2 tipos de alquileres: un alquiler social de 150 a 250 euros al mes (para los más pobres y desfavorecidos)  y otro alquiler subvencionado de 250 a 450 euros, para las personas con bajos ingresos. Y la responsabilidad de crear este parque de ´500.0000 viviendas sociales en alquiler es de la Administración pública, desde el Estado a las autonomías y Ayuntamientos.

Crear este gran “parque público de alquiler” es necesario para equiparar a España con el resto de Europa: aquí el parque público de alquiler no llega al 2% de las viviendas, frente al 15% de media en Europa (y más del 20% en Francia, reino Unido o Alemania). Y además, es posible. Se pueden conseguir esas 500.000 viviendas en cinco años, incorporando a ese parque público de alquiler las 15.000 viviendas de protección oficial (VPO) vacías, añadiéndole las 76.000 viviendas del banco malo (SAREB), promoviendo 20.000 viviendas anuales desde las autonomías y Ayuntamientos (costarían unos 1.000 millones extras al año) y comprando el resto, a precios “justos”  a bancos y particulares que tienen viviendas sin vender (el stock actual es de 492.314 viviendas y hay promotores que plantear “demoler” un tercio por invendibles). Lo más fácil y razonable sería que la banca (rescatada con dinero público) colaborara, sin querer “hacer negocio”, porque si no se arriesga a medidas más duras: el Parlamento valenciano ha aprobado, el 25 de enero de 2017 (con la única oposición del PP), una Ley para obligar a la banca a poner sus pisos vacíos en alquiler social…

España gasta menos dinero público en vivienda que otros paises : un 0,23% del PIB frente al 0,6% de la UE-28 (y el 1,6% de Reino Unido). Eso significa que equipararnos a Europa obliga  a gastar 4.025 millones de euros públicos más en vivienda. O sea, unos 1.000 millones anuales en los próximos 4 años. Es asumible si España consigue ingresar más (recaudamos 50.000 millones menos que la media europea, según la Comisión Europea) y si establecemos la vivienda como una de las prioridades básicas de los españoles, tal como reconoce la Constitución. Y habría que volcar es dinero extra en el alquiler, en conseguir en cinco años ese parque público de 500.000 viviendas para alquilar, una medida con dos efectos: permitir tener casa a muchas familias y jóvenes que no pueden pagar un alquiler “de mercado” y de paso, presionar a la baja al resto de alquileres y desinflar así la “burbuja” antes de que estalle. Es un objetivo necesario y posible. Habría que alcanzar un gran acuerdo entre partidos, Administraciones, empresas y bancos para lograrlo. Muchos sin casa lo esperan.