Más dinero para impulsar la Dependencia
Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar
las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima
financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista
de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la
ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por
la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la
Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para
duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503
dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el
Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora
financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación
(muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro
Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas
autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir
la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera y mejorar ayudas y servicios.
Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda. 
Los problemas de la Dependencia tienen su origen en la
escasa financiación con que nació la Ley y su falta de
recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho”
(ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse
efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha
pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un
cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para
lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia
sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la
financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la
pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan
de choque para reforzar la Dependencia
(+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto de 1.347 millones en 2018
a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los
mayores dependientes.
En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734
millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758
millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho
menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga
a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976
millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos
(sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado
atender a los dependientes con tres
“trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su
dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y
servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones
de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender”
a más con poco.
La primera medida o “truco” es implantar unos
trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia
y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran
dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o
prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de
la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una
duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay
autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en
Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110
días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego
está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene
derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid
o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los
dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos
tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.
Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la
ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”:
retrasar
la concesión efectiva de esas ayudas
a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que
esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen
una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden
disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen
más de 80 años, muchos se mueren antes.
El tercer “truco” de las autonomías para atender con
recursos escasos a más dependientes es buscar
ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más
dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785
dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor
porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por
su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un
estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a
los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren
cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el
entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares
del dependiente (4
de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas
pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).
La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la
teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta
unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes
de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes
son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la
ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”,
con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día
(ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9
horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª
ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la
prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque”
que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es
una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros,
de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte
de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el
“copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente
se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.
Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se
conceden. El 5º es la
atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una
ayuda para que el dependiente vaya a una
residencia (si la encuentra: faltan
90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II)
y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real
de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los
dependientes) son los
Centros de día y noche, costosos y escasos.
Como se ve, las ayudas son escasas y además son
incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un
dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede
acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias
con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos
(copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona
con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según
CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias
pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de
la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las
familias en la sanidad y la educación.
Ante este panorama (escasa financiación, listas de
espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos
décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan
de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia
en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero
siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte
porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para
“hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron
11
autonomías en 2021, 9
en 2022 y 6
en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso
además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre
autonomías. Así, la
inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España,
pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía
(7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900).
Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384
euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684),
Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y la Rioja (10.282 euros).
Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia
contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez
se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan
de choque para gastar 6.200 millones más
en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para
mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el
Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513
millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que
duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica
por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto
extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia
en 2027, como pedían las autonomías.
El Plan
de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en
el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el
1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los
dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno
es aumentar
“el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el
Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes
dependientes”), la ayuda actual subirá
de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia
severa”), la ayuda pasará de los 130
euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia
moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado
III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.
Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen
las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021,
cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer
caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el
“nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para
la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro
tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19
millones en 2024,2025 y 2026, la
misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las
autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población
dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de
este “nivel acordado”: es lo que les
pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad
Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán
recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).
La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel
mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a
medias) es el
“nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia
cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del
futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan
de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el
otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una
prioridad, como puede verse en su inversión
en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco
(479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias
(366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178
euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid
(251) y Aragón (255).
El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en
la Dependencia tiene
3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera,
garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las
condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además
de ser una exigencia social, el
Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia
es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se
generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas
(cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.
Los Directores
de Servicios Sociales creen que
la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite
pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios:
procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora
de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las
prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir
varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares
y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les
preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que
este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus
familias”.
Al final, la Dependencia nos afecta a todos,
porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en
cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si
hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en
2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les
dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad
se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.
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