Hay más pobres y congelan el gasto social

Cumplidos ya 6 años de crisis, la pobreza en España ha llegado a niveles intolerables: uno de cada tres españoles sufren problemas de exclusión y 5 millones son pobres marginales, según el último Informe Foessa. Y tenemos 2.306.000 niños pobres, según Unicef. Frente a este panorama, el Gobierno Rajoy ha congelado el gasto en servicios sociales para 2015, tras haberlo recortado un 15% desde 2012. Y eso, aunque 8,3 millones de españoles acuden a los servicios sociales municipales a pedir ayuda, desde ropa, medicinas o comida a un techo, un subsidio o un empleo. Y las ONGs privadas están colapsadas y sin medios: Cáritas atiende ya a 2,5 millones de españoles. La situación va a empeorar por la reforma impuesta a los Ayuntamientos, que dejaran de prestar la mayoría de los servicios sociales a finales de 2015. Y porque Montoro fuerza a las autonomías a más recortes este año y en 2015. La situación es insostenible: la pobreza necesita atención urgente ya.
 

enrique ortega

Uno de cada cinco españoles está en situación de pobreza, según los datos oficiales del INE (2013). Son 9.500.000 españoles (un 20,4% de la población) que se consideran “en el umbral de la pobreza”, porque ingresan menos del 60% que la media: menos de 8.114 euros al año los solteros y  por debajo de 17.040 euros anuales las familias con dos hijos. Son sobre todo familias con varios hijos, mujeres solas con hijos, inmigrantes, jóvenes sin trabajo y ancianos. Y cinco autonomías tienen muchos más pobres que la media de España : Ceuta (40,8% de la población), Castilla la Mancha (31,3%), Extremadura (30,9%), Andalucía (29,1%) y Canarias (28,4%).

Para las estadísticas europeas, en España hay aún más pobres, hasta 12.700.000 españoles (un 27,3% de la población), según el indicador europeo AROPE (Eurostat), que incluye tres conceptos: unos ingresos de pobreza (el indicador del INE), la carencia material severa (no comer carne o pescado cada 2 días, baja temperatura vivienda, retraso pagos, no vacaciones…) y los hogares con poco empleo o ninguno. Con ello, somos el 9º país europeo con más pobres, tras Grecia (34,6%), Italia (29,9%) y seis países del Este. Y destacamos aún más en pobreza infantil: el 33,8% de los menores de 17 años, 2.306.000 niños pobres, según UNICEF, el segundo país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumanía.

Hay otras estadísticas privadas aún más dramáticas. Así, el último informe Foessa revela que sólo un tercio de los españoles vive sin problemas económicos y que de los dos tercios restantes, un 40,6 % se va hundiendo en la precariedad y el 24,2% restante sufre ya una exclusión moderada, lo que afecta a 11.746.000 españoles con problemas económicos (tres cuartas partes de empleo, dos tercios de vivienda y la mitad de salud y medicamentos). Y de ellos, 5 millones se encuentran en situación de exclusión severa, en un mayor o menor grado de pobreza. Y son ya 3 millones los españoles con pobreza severa, según Cáritas.

Hay tres colectivos que conforman la nueva pobreza en España hoy. El que peor está, los parados que no cobran ninguna ayuda, 3.036.557 en septiembre, un 56% del paro EPA, según datos de Empleo. El segundo, los trabajadores pobres, que tienen empleo pero ganan el salario mínimo (645 euros) o menos, 2,2 millones de ocupados (un 13,4% de todos los trabajadores), según datos del INE. Y el tercer grupo, los pensionistas que ganan menos de 600 euros al mes, 1.253.000 (1 de cada 6 pensionistas), según los datos de octubre de la Seguridad Social. En total, 6,2 millones de españoles (y sus familias) que malviven. Pobres. Y habría que sumar parte de los 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (los ni-nis, un 25,79% de los jóvenes entre 15 y 29 años), los que no tienen una familia que les acoja.

Frente a estos 7 millones de españoles pobres y sus familias, el Gobierno Rajoy ha optado por congelar el gasto estatal en servicios sociales para 2015 (12% del total), tras haberlo recortado drásticamente desde 2012, como las autonomías (63% del gasto social) y los Ayuntamientos (25% del gasto). En conjunto, las tres administraciones públicas han reducido el gasto social en unos 3.000 millones de euros, recortando un 15%, las tres cuartas partes en ayudas a la Dependencia (ancianos y dependientes) y el resto en servicios sociales. Estos recortes se han traducido en menos ayudas para subsidios, comida, ropa, medicinas (842.000 personas, uno de cada tres atendidos por Cruz Roja, no pueden cubrir gastos médicos), pago de alquileres, centros de acogida, formación y asistencia para el empleo.

Los más afectados son los servicios sociales municipales, que han visto recortados sus ingresos (del Estado central, autonomías y sus propios presupuestos) y su personal, habiendo perdido unos 3.000 empleados de casi 50.000. Y con menos medios, atienden a 8.319.000 españoles (2013), un millón y medio más que antes de la crisis, según un documentado informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS). Y estos servicios municipales recibirán sólo 27,41 millones del Estado en 2014, 3 euros por persona atendida, una miseria que se mantiene para 2015. Y también se congelará la aportación de autonomías y Ayuntamientos, mientras las ONGs privadas no dan más de sí, con Cáritas atendiendo a más de 2,5 millones de españoles, 600.000 más que en 2012.

El problema no son sólo los recortes y el escaso presupuesto para atender a los españoles más pobres. Lo más grave es que la ayuda está muy mal repartida, con un esfuerzo muy desigual entre autonomías (que hacen el 63% del gasto social): mientras el País Vasco gasta en servicios sociales 541,24 euros por habitante/año en servicios sociales (306,91€ es la media de España), la Comunidad valenciana gasta menos de la mitad (196,13 euros). Y con esta disparidad de gasto, se produce una gran disparidad en la atención: hay 127 plazas para personas sin hogar por 100.000 habitantes en Navarra frente a 17 en Extremadura; 1 trabajador social por 720 habitantes en Navarra frente a 1 por 7.916 habitantes en  Madrid; y cobran las rentas mínimas de inserción (cuatro veces más altas, además) 1 de cada 17 habitantes en el País Vasco frente a 1 por cada 355 habitantes en Castilla la Mancha. Hay cientos de ejemplos: lo malo no es sólo ser pobre sino dónde te toque serlo.

La consecuencia es que 8 autonomías suspenden en servicios sociales, según la nota de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: Comunidad Valenciana (0,60 puntos sobre 10), Murcia (2,10), Canarias (2,60), Galicia (2,85), Madrid (3,70), Baleares (3,85), Andalucía (4) y Extremadura (4,15 puntos). Mala atención social precisamente cuando cuatro de estas autonomías suspensas son donde más ha crecido la pobreza con la crisis, según el INE: Extremadura, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Lo malo no es solo el deterioro de la asistencia social por los recortes sino que aún puede empeorar en el futuro, por dos motivos. Uno, por la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013), que trasfiere la prestación de los servicios sociales municipales a las autonomías (en ciudades de más de 20.000 habitantes) o a las Diputaciones (pueblos con menos de 20.000 habitantes), a partir de diciembre de 2015. Con ello, los Ayuntamientos sólo quedarán para detectar necesidades y atender la asistencia social más urgente. El problema es que las autonomías no tienen recursos (ni las Diputaciones), por lo que existe el riesgo de que nadie preste en el futuro los servicios que hoy prestan los Ayuntamientos. Y hay otro motivo de preocupación: las autonomías aún han de recortar gastos este año y en 2015, para recortar el déficit como ha prometido Rajoy.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2013 un Plan contra la pobreza 2013-2016 que apenas contaba con recursos nuevos y sólo aglutinaba viejas acciones en marcha en distintos Ministerios, según la crítica de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y se retrasa la aprobación de un subsidio para los parados que no cobran nada, prometido por Rajoy para octubre. Al margen de nuevas promesas ante las próximas elecciones, la lucha contra la pobreza exige un abanico de decididas actuaciones en varios frentes. Por un lado, hay que considerar la pobreza (y la desigualdad) como un indicador clave de la marcha del país, como lo que crece el PIB, el paro o el déficit público. Y hay que fortalecer la protección social, aumentando el gasto estatal, autonómico y local (con mayores ingresos fiscales obtenidos de los que más tienen) y destinando más ayudas a los grupos más desfavorecidos (los parados que no cobran, las familias con hijos, los ancianos y los jóvenes desprotegidos, en especial los niños pobres). Además, hay que homogeneizar la protección social, estableciendo un catálogo nacional de ayudas y servicios sociales mínimos, para que no dependan de donde uno viva.

Al final, queda claro que la crisis se ha cebado más en los que menos tienen, agravando la pobreza y la desigualdad. España y todos nosotros tenemos la obligación moral de ayudar a los que peor lo están pasando, para que sobrevivan dignamente y no pierdan el tren del futuro. A más pobreza, más ayudas, no menos. Por decencia moral y social.

Guerra de precios en el supermercado

La inflación lleva ya cuatro meses en negativo (hacen falta 12 meses para caer en la deflación), por la bajada del teléfono, los carburantes, el ocio y los alimentos, que han caído un -0,2 % en lo que va de año. Ahora, la cesta de la compra seguirá bajando, por la caída del consumo y el exceso de oferta, derivado de las buenas cosechas y las menores ventas a Rusia. Otro factor clave será la guerra de precios en los supermercados, que se está acelerando, ahora en los alimentos frescos. Una guerra comercial que está cambiando en 2014: bajan precios las marcas de fabricante y los suben algunas marcas blancas, que han frenado su avance. Mercadona toca techo, mientras crecen Día, Lidl y Carrefour. Pero todos ganan fuerza frente a la industria alimentaria (reduce márgenes) y frente al campo (el eslabón más débil de la cadena), que cobra menos por sus productos. Al final, ganamos los consumidores, pero a un alto precio para fabricantes y productores.
 

enrique ortega

Los alimentos llevan subiendo cuatro meses seguidos, desde julio, poco y más ahora(+0,5% en octubre), por efecto de la mayor demanda estival (por el turismo), la sequía de primavera y las subidas de precios en los mercados internacionales. Pero como habían caído antes, desde febrero, al final los alimentos son ahora más baratos que a principios de año: sus precios han caído -0,2%, sobre todo los alimentos elaborados (-0,3%), lo que ayuda decisivamente (la alimentación supone un 20% del IPC) a que la inflación anual lleve cuatro meses en negativo (-0,1% en octubre), junto a las bajadas en las comunicaciones (- 5,7% anual), el ocio y la cultura (-1,9%), los carburantes (-1,1%), el menaje del hogar (-0,6%) y los gastos médicos (-0,2%).

Ahora, la industria de la alimentación teme que los precios de los alimentos caigan, por el efecto de varios factores. El fundamental, que cae la demanda, por culpa de la crisis, el paro y los salarios bajos: el gasto de los españoles en alimentación cae este año un -0,7%, según la OCU, tras las caídas de 2012 y 2013. Pero también cuenta que hay más oferta de alimentos, por las buenas cosechas de algunos productos (aceite y vino) y el recorte de las ventas de alimentos españoles a Rusia, por las sanciones europeas. Con ello, la industria alimentaria teme una mayor bajada de precios, sobre todo entre los alimentos frescos y algunos elaborados, que ya han bajado mucho en el último año, según el IPC: azúcar (-15,6%), patatas (-15,3%), aceites (-8,6%), huevos (-3,6%), cerdo (-2,8%), pollo (-2,5%) y bebidas alcohólicas (-1,4%).

Pero hay otro hecho que juega a favor de la bajada de precios: la fuerte competencia entre los supermercados, donde la caída de las ventas ha agravado la guerra de precios, multiplicándose las ofertas, los descuentos e incluso las ventas a pérdida de “productos escaparate” (los productores han denunciado casos en el vino, el aceite, la leche, el pollo, el pan y algunas frutas). Y esta guerra de precios tiene ahora mismo tres frentes de batalla que están cambiando sin parar: distribuidores contra fabricantes, fabricantes contra productores (agricultores y ganaderos) y distribuidores entre sí. Veamos.  

Los distribuidores son el eslabón más fuerte de esta cadena y tratan de afrontar la caída de ventas con una rebaja de precios, para mantener sus márgenes. Y para ello, presionan a las industrias alimentarias, para que les den más por menos, aprovechando su fuerza: los cinco principales distribuidores controlan el 64% de las compras (Mercadona el 27%, Carrefour el 12,2%, Eroski y Día el 9,5% y Alcampo el 5,8%). Un oligopolio que impone sus condiciones a una industria alimentaria muy fragmentada (la mayoría pymes): en España hay unas 30.000 industrias agroalimentarias, que facturan 90.000 millones de euros, mientras en Alemania hay la sexta parte de empresas (5.000) y facturan más del doble (160.000), con lo que tienen más poder de negociación frente a los supermercados e híper.

Las industrias alimentarias, para conseguir fabricar más barato, presionan a los productores (agricultores y ganaderos), el eslabón más débil de la cadena alimentaria, que reciben cada vez menos por sus alimentos. Es el caso de los productores de leche, a los que las industrias están pagando entre 2 y 3 céntimos menos por litro, en contratos a 3 y 6 meses que se revisan a la baja. O los viticultores, que han denunciado que las bodegas no les hacen contratos por escrito o les pagan a más de 30 días (dos medidas ilegales). Y denuncian la proliferación de las ventas a pérdidas, también prohibidas. Los productores tienen el mismo problema de los fabricantes: son muchos y dispersos (un millón de agricultores y ganaderos), son débiles frente a la industria y la distribución. En España hay 4.000 cooperativas agrarias que facturan unos 19.000 millones de euros, entre todas como las cuatro mayores cooperativas de Holanda. Así tienen poca fuerza para negociar precios. En general, los agricultores y ganaderos, se quejan de que sus costes suben (energía, piensos, fertilizantes) y no sus ingresos, mientras crecen los márgenes de los intermediarios: los productos agrícolas se venden 4,57 veces más caros de lo que ellos reciben y los ganaderos 3,10 veces, según el índice de precios en origen y destino (IPOD) que elaboran COAG y asociaciones de consumidores.

La tercera batalla de esta guerra de precios en la cesta de la compra se da entre los propios distribuidores y siguen ganándola los supermercados baratos, que lideran las ventas (34% del mercado), encabezados por Mercadona (22,3% ventas totales), Día (7,8%), Carrefour (7,7%), Eroski Súper (3,3%), Lidl (3%) y Alcampo (2,9%), según Worldpanel Distribución 2014. Les siguen las tiendas tradicionales (30,7% de las ventas), resto de supermercados (21%) y los híper (14% ventas), los que más pierden junto a las tiendas de siempre. En los últimos meses, la pelea se ha trasladado de los productos envasados a los frescos (frutas, verduras, carnes y pescado son ya el 53% de las ventas), mientras proliferan además ofertas y descuentos en los productos envasados.

En este frente de batalla, el de la distribución, las cosas están cambiando en 2014, según revela el estudio Kantar Worldpanel 2014. Primero, las marcas blancas han caído ligeramente en el primer semestre (del 37% al 36,8% en alimentación envasada, del 49,3% al 49,2% en droguería y del 12,1% al 11,7% en perfumería y cuidado personal). Y en contrapartida, han subido ventas (+2,7%) y ganan algo de cuota las marcas de fabricante, tras haber bajado sus precios y multiplicado sus ofertas en el último año. Segundo, algunas marcas blancas han subido sus precios un 2,2% de media (aprovechando que habían conseguido clientes “cautivos” con las bajadas anteriores) mientras las marcas de fabricante bajaban un 2,1%, según el Informe de Supermercados de la OCU. Los que más han subido sus marcas blancas han sido Carrefour (+10,1%), Aldi (+3,7%), Día (+3,6%), Hipercor (+1,1%) y Lidl (+0,7%), mientras las bajaban Alcampo, Eroski y Mercadona. Y tercer cambio, Mercadona toca su techo en 2014: gana cuota (+0,6%) pero sólo por los alimentos frescos, porque se ha estancado (+0,1%) en los productos envasados. Y los que más están creciendo son Lidl, Carrefour y sobre todo Día, que ha comprado El Árbol y 160 supermercados de Eroski.

Teóricamente, los beneficiarios de esta guerra de precios y sus múltiples batallas somos los consumidores. Pero ojo, no está tan claro. Primero, porque las ofertas encubren en muchas ocasiones pérdidas de cantidad (menos tamaño a menos precio) y de calidad. Segundo, porque muchas ofertas de “productos escaparate” encubren precios más altos en otros productos que cargamos en el mismo carro. De hecho, el coste anual de la cesta de la compra es 527 euros mayor en Mercadona que en Alcampo, según un reciente estudio de la OCU sobre las cadenas más baratas. Y tercero y fundamental, esta guerra de precios que nos viene también al bolsillo está descapitalizando nuestra industria alimentaria (cerrando muchas empresas e impidiendo que otras innoven) y empobreciendo el campo, lo que es más grave: si a los agricultores y ganaderos no les compensa producir alimentos (en la última década, las producciones agrícolas y ganaderas ya se han reducido a la mitad), quedaremos en manos de los alimentos importados, de precios más volátiles y peor calidad.

Así que, ojo: bajan los alimentos, pero no todos ni en todos los supermercados por igual. Y si se sigue forzando la guerra de precios, muchos quedarán en el camino, sobre todo pequeños fabricantes, agricultores y ganaderos. Alguien (el Gobierno y la recién creada Agencia de Información y Control Alimentario) tiene que poner orden y evitar que los grandes distribuidores impongan su Ley, como ha pedido la Comisión Europea. Y para eso, hay que aplicar de verdad la Ley de la cadena alimentaria, aprobada en 2013 con consenso político y apoyo del campo. No todo vale para bajar los precios, aunque parezca que la ley del más fuerte nos beneficia. Pero en realidad, seguimos pagando por la comida el triple o el cuádruple de lo que vale producirla: alguien se lo queda por el camino. Mal negocio.

Colapso en la Justicia: faltan medios

El servidor central de los Juzgados de Sevilla se colapsó a primeros de octubre porque ya no admitía más documentos de los casos ERE y Formación. Es sólo un ejemplo del colapso en la Justicia, con el 85% de los Juzgados trabajando por encima de su capacidad y con 1.700 asuntos al año por cada juez, según un reciente informe del CGPJ. Así pasa: toneladas de carpetas sin informatizar, retrasos de años en las vistas y sentencias y macro causas por  corrupción y delitos económicos que avanzan a paso lento. Un caos judicial fruto de la falta de medios, personales y materiales, agravado por los recortes del Gobierno Rajoy y las autonomías en los presupuestos de Justicia, donde España gasta la mitad que Europa. Faltan jueces, juzgados, funcionarios, peritos y expertos, informática y una mejor organización de la Justicia, agrupando esfuerzos. Los ciudadanos, las empresas y toda la economía sufren una justicia lenta, ineficaz, cara e injusta, que exige medidas urgentes.

enrique ortega

El colapso de la Justicia es vox populi, pero ahora tenemos unos datos muy reveladores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir, según el último informe (2013) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor: 864 juzgados, casi la mitad del total (43,5%) soportan una carga de trabajo del 150%, es decir están sobresaturados. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75% y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). La mayor saturación se da en los Juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, sobre todo en los Juzgados de lo Social, por la avalancha de demandas a raíz de la reforma laboral (febrero 2012): en Sevilla hay juicios por reclamación de salarios e indemnizaciones señalados para 2017 y en Madrid, Andalucía o Galicia se han duplicado las causas laborales, retrasando sentencias de uno a dos años.

El colapso de los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, entre los que han aumentado infartos y enfermedades. De hecho, el 92,66 % de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según una encuesta de Jueces por la Democracia. No es extraño si cada juez ha de ver 1.699,3 asuntos por año (2.227 en Penal) y dicta 309,2 sentencias anuales, en asuntos cada vez más complejos. Y de los 45.000 empleados de la Justicia, un 20% son interinos, los que más sufren los recortes y la rotación.

El colapso judicial se debe en primer lugar al gran número de litigios que entran cada año en los Juzgados, aunque se han reducido desde 2009, por la menor población, el mayor coste de litigar y las medidas para limitar las apelaciones adoptadas en octubre de 2011. A pesar de ello, en 2013 entraron en los Juzgados 8.636.016 asuntos (931.000 menos que en 2009), de los que estaban pendientes a finales de año 2.680.933 asuntos (545.000 menos que en 2009), según la Memoria del CGPJ. Un volumen ingente de casos para juzgar (el 75% de carácter penal, lo que indica una alta conflictividad social), cada vez más complejos, sobre todo los casos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción. Hay que decir que España tiene el doble de litigios que Europa (183,2 pleitos por 1.000 habitantes, frente a menos de 100 en la UE), algo que algunos atribuyen al carácter español, otros a nuestra organización económica y social, y bastantes al exceso de abogados (285 por cada 100.000 habitantes frente a 127 abogados en la UE-28).

Sea por lo que sea, hay muchos pleitos y pocos medios para la Justicia, menos con los recortes implantados por el Gobierno Rajoy desde 2012.Así, el gasto en Justicia es en España el 0,35% del PIB, frente al 0,50% en UE-28. Y se ha recortado, tanto en las autonomías (12 tienen las competencias de Justicia y afrontan dos tercios del gasto) como en el Estado, donde el Ministerio de Justicia ha perdido 331,42 millones en los últimos cuatro años (de 1.804,32 en 2010 a 1.472,90 en 2014). Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de los grandes países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia e incluso 166€ Portugal). Y hay cinco autonomías que gastan en Justicia casi la mitad que el conjunto de España: Navarra (38,2 € por habitante), Asturias (42,1€),  Galicia (45,8 €), Cantabria (47,9) y la Comunidad Valenciana (48,7€).

Falta Presupuesto y falta personal, desde funcionarios, peritos, secretarios judiciales a fiscales y jueces. Nada más llegar Rajoy al poder, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados). Y después, no se han cubierto jubilaciones (sólo 10%) ni convocado plazas. Así hay 5.211 jueces (2013), 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 19 en Europa (25 en Alemania, 19 en Portugal y 23 en Grecia), con lo que somos el cuarto país europeo con menos jueces. Y lo mismo en fiscales (5,3 por 100.000 habitantes). Por eso, la petición del sector es unánime: faltan jueces y fiscales, además del resto de personal judicial. Lo denunció incluso el Fiscal General del Estado en el Congreso, el 23 de abril: faltan medios legales, materiales y personales.

Y esta falta de medios se agrava en los casos de delincuencia económica (han crecido un 50% desde 2009) y corrupción (hay más de 1.600 casos abiertos, con unos 500 políticos implicados), sumarios muy complejos donde no sólo faltan fiscales y jueces sino sobre todo peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 juzgados, apenas puede hacer frente a 3.000 causas, de las que 77 son macroprocesos muy complejos (desde el caso Gürtel a la Operación Púnica, pasando por Bankia, Eurobank, Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico, Afinsa, Pescanova o el hijo de Pujol). Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar con sus informes.

Hace diez días, ante la indignación ciudadana por la corrupción, el Gobierno Rajoy aprobó crear 112 nuevas plazas (ojo: JpD dice que no son nuevas) de magistrados, 167 de jueces territoriales y 2 jueces más para la Audiencia Nacional (donde el “superjuez” Ruz, cargado de causas, lleva desde 2010 “en comisión de servicios” en el Juzgado nº 5, una plaza que debe salir a concurso). Pero es insuficiente. Habría que crear 815 plazas de jueces, según Jueces para la Democracia. Y muchas más de fiscal y personal judicial. Y aumentar el Presupuesto de la Justicia, volcándose en informatizar los Juzgados, en el expediente electrónico, un fracaso desde 2003: hay hasta 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Pero no es sólo cuestión de dinero y personal. Conseguir una justicia más ágil pasa también por cambios en la organización y la aplicación de la justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, las demandas de muchos afectados, como las preferentes y las clausulas suelo, múltiples demandas individuales que están colapsando muchos Juzgados. Las asociaciones de consumidores y muchos expertos critican que muchos jueces “tienen aversión a admitir a trámite acciones colectivas”, en unos casos porque estos “macrocasos”  les exigiría contar con jueces de apoyo que no tienen y en otros porque los jueces cobran complementos de productividad por el número de causas resueltas… Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan con retraso o se suspenden (un 9% de los juicios se suspenden en Cataluña sin aviso) y con vistas solo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Al final, los ciudadanos, las empresas y toda la economía pagamos el coste de tener una justicia lenta (hasta 39, 3 meses de duración en los Juzgados de lo Mercantil, 9 meses y más en lo Social,  7 meses en 1ª instancia y un año en el Supremo), cara (hasta 12.220 euros si se lleva al Constitucional una reclamación) e ineficaz: en España hay 3 casos pendientes por cada 100 habitantes, el país europeo con peores resultados tras Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE. Una Justicia que los españoles creen que funciona mal o muy mal (el 48% de los encuestados, según el barómetro del CIS de 2011) y a la que suspenden, con un 3,1 de nota (Módulo de Bienestar INE 2014).

En definitiva, pocas cosas funcionan tan mal como la justicia y los últimos datos confirman que el colapso de los juzgados es muy grave. No se puede esperar más. Hay que gastar más, poner más jueces, más fiscales y más personal especializado, volcarse en la informática y poner orden en la aplicación diaria de la Justicia, despolitizándola y facilitando a los españoles que defiendan sus derechos, reduciendo las tasas de Gallardón. Y darla medios para enfrentarse a la corrupción y los delitos económicos, cada vez más escandalosos. Se tardará, pero hay que empezar ya, porque tenemos una justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Y así no podemos seguir.