El Plan de Empleo Juvenil que no llega

Hace ya 13 meses que los líderes europeos aprobaron la Garantía Juvenil, un Plan que pretende ofrecer formación, prácticas o un empleo a todos los jóvenes europeos menores de 25 años, en un plazo de 4 meses desde que acaben sus estudios o estén en paro. Tras 5 Cumbres posteriores, donde Hollande, Merkel, Rajoy y los demás dirigentes han reiterado su “cruzada” contra el paro juvenil (5,8 millones de jóvenes europeos, 881.400 en España), no ha llegado ni un euro europeo y el Plan no se ha puesto en marcha en ningún país. En España, la excusa es que Bruselas no adelanta el dinero (poquísimo: 943 millones anuales) y no quieren aumentar el déficit público. Mientras, lo negocian con las autonomías y dicen que podría echar a andar en julio: las ofertas a los jóvenes empezarían noviembre. Casi dos años perdidos para una generación sin alternativas. Una vergüenza. Y encima quieren que voten.

 

enrique ortega

En Europa se empezó a hablar de la Garantía Juvenil hace tres años y medio, en 2010, de la mano de una europarlamentaria verde que propuso importar un modelo de Plan que había dado buenos resultado en Austria y Finlandia. Se trataba de garantizar a todos los jóvenes de 16 a 24 años que se les ofrece una de estas tres alternativas en el plazo de cuatro meses desde que han terminado sus estudios o están en paro: formación, prácticas o un empleo. El Parlamento europeo movió la propuesta y en el Consejo europeo del 7 y 8 de febrero de 2013, los líderes europeos hicieron un hueco presupuestario (mínimo) al Plan: 6.000 millones de euros para 2014-2020. Y en la Cumbre europea del 22 de abril de 2013, aprobaron formalmente la Garantía Juvenil. El 28 de mayo, en otra Cumbre informal en París, Hollande y Merkel, junto a Rajoy y los ministros de empleo de los 28, “vendieron” a Europa este Plan contra el paro juvenil, “una emergencia contra la que hay que actuar ya” (sic).

En la Cumbre del 27 y 28 de junio de 2013, volvieron a “vender” el Plan: no sólo se aprobó, sino que decidieron gastar esos 6.000 millones en los dos primeros años (2014 y 2015) y arañar otros 2.000 millones hasta 2017. Y reiteraron que los jóvenes europeos menores de 25 años (5.630.000 parados, un 22,6%) podrían optar a formación, prácticas o un empleo a partir de enero de 2015. A España, líder en paro juvenil (55,5%) después de Grecia (59%), le correspondió la mayor parte del Plan europeo: 1.887 millones entre 2014 y 2015. Todavía  hubo tres Cumbres informales posteriores (3 de julio en Berlín, 12 de noviembre y 9 de diciembre en París) donde los líderes europeos volvieron a hablar de la Garantía Juvenil. Y en la Cumbre europea del  20 de diciembre, se pide a los países que manden sus Planes, porque 19 de los 28 no lo habían hecho. Y el Gobierno Rajoy manda su Plan de empleo juvenil a Bruselas el 23 de diciembre.

El 8 de abril de 2014, el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, reitera a los ministros de empleo de los 28 que pongan en marcha cuanto antes la Garantía Juvenil. Y hoy, 13 meses después de aprobarse en una Cumbre, ningún país europeo lo ha puesto en marcha. En España, además, el Gobierno Rajoy mantiene una pelea con Bruselas, que está retrasando más el Plan: quieren que nos anticipen el dinero (repito: 943 millones para 2014) y si no, que no cuente para el déficit público (como los 45.500 millones del rescate bancario). Pero Bruselas dice que primero hay que aprobar el destino del gasto, luego justificar que se ha hecho y después están dispuestos a pagarlo. Unos por otros, el Plan sigue sin un euro y sumido en negociaciones con autonomías, sindicatos y patronal, porque va a suponer cambios. Y ahora se habla de tenerlo listo para el verano, con lo que entraría en vigor en julio. A partir de ahí, los jóvenes se apuntarían en una web y en 4 meses habría que ofrecerles formación, practicas o un empleo. Ya  a finales de 2014.

El Plan de Empleo Juvenil enviado por España a Bruselas tiene cuatro patas. La primera, mejorar la intermediación laboral y el servicio público de empleo (SEPE), algo que no se hace en unos meses, porque es un desastre: el SEPE sólo participa en el 2,6% de contrataciones, cuando las ETTs hacen el 14% (y en algunas autonomías el 20%). La Comisión Europea acaba de urgir, por enésima vez, esta reforma de los servicios de empleo españoles, que además de ineficaces no se han librado de los recortes: hay un funcionario por cada 190 parados, frente a 1 por 59 en Europa. Además, en agosto de 2013 se aprobó dar entrada a 60 ETTs en la contratación de parados y por supuestas irregularidades en la licitación, no será un hecho hasta septiembre, un año después (y no en Andalucía, Cataluña y Euskadi, que se han negado). La segunda pata del Plan es la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, con más y mejor formación. La tercera, fomentar su contratación (reduciendo cotizaciones). Y la cuarta, apoyo para que se hagan emprendedores (ayuda al autoempleo, aunque la mayoría acaben cerrando).

El Plan de Empleo Juvenil, la base de la Garantía Juvenil, es un paso en la buena dirección para dar una salida a los 1.865.000 jóvenes ni-ni (menores de 25 años) que ni estudian ni trabajan (881.400 de ellos parados, según la última EPA). Pero tiene dos problemas serios. El principal, que sus recursos son muy escasos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya dijo en julio de 2012 que un programa europeo así necesitaba para funcionar al menos 21.000 millones de euros (no 6.000), la cifra que ahora piden socialistas y verdes europeos. Y la otra, clave en España, que hace falta una enorme colaboración entre el Estado, autonomías (políticas de empleo están transferidas), sindicatos y empresas para conseguir de verdad que todos los jóvenes menores de 25 años tengan una oportunidad en 2015.

Pero este Plan de Empleo Juvenil no puede ser la panacea. Hace falta una política de empleo global, que no sólo se ocupe de “tener haciendo algo” a los menores de 25 años, sino de darles un empleo con futuro y lo mismo a los jóvenes que tienen entre 25 y 30 años (768.000 en paro) e incluso a los de 30 a 34 años (803.000 parados), dos colectivos a los que no se ofrece ningún Plan (como al conjunto de los 25,7 millones de parados europeos). Hace falta que Europa crezca más (los sindicatos han propuesto un Plan Marshall europeo, que Rajoy y otros líderes han rechazado), reanimar la economía española y afrontar los dos problemas clave del paro juvenil en España: la baja formación y la falta de experiencia laboral.

Tenemos a los jóvenes mejor formados de la historia, es verdad, pero la mayoría carecen de las competencias básicas que piden las empresas (idiomas, matemáticas, competencias personales, espíritu emprendedor), según diversos estudios. Y de los 1,9 millones de jóvenes (menores 30 años) que han perdido su empleo, la mitad no acabó la secundaria. El otro problema es la falta de experiencia: sólo el 54% de los universitarios y el 66% de los que estudian FP hacen prácticas durante su formación. Y sin experiencia, no les contratan en un país donde sobra la mano de obra, con casi 6 millones de parados. De hecho, el poco empleo que se está creando no es para los jóvenes (primer trimestre, para 50-54 años). Y eso hace que muchos jóvenes se desanimen y dejen de buscar trabajo o emigren. De hecho, en los dos últimos años, hay 480.000 jóvenes (menores de 35 años) que han dejado se ser activos, que ya no buscan trabajo: han vuelto a estudiar, han emigrado o no hacen nada.

En definitiva, Europa y España (más) tienen un grave problema de paro juvenil y la única iniciativa aprobada, la Garantía Juvenil para menores de 25 años, lleva más de un año sin ponerse en práctica y retrasará hasta finales de 2014, por la burocracia y las peleas para financiar unos míseros 6.000 millones (mientras se han gastado 591.900 millones en ayudas a la banca europea). Y el resto de jóvenes (más de 25 años) sigue sin perspectivas, sin formación adecuada, sin experiencia y con ofertas basura o emigrando fuera para subemplearse. Es una vergüenza para el continente. Y encima ahora, quieren que voten.

Los "fondos buitres", a la caza inmobiliaria

La crisis inmobiliaria sigue pasando factura: la última en suspender pagos ha sido Marina d´Or, un ejemplo de la especulación en la costa mediterránea. Antes, 5.200  inmobiliarias han suspendido pagos, con un récord en 2013, cuando Cajas y bancos han cortado el grifo de la refinanciación por la crisis financiera. Con todo, muchas inmobiliarias sobreviven sin cerrar, gracias a un privilegio que les dio Zapatero y luego Rajoy y que no tienen las demás empresas: si tienen un agujero en sus cuentas (menos patrimonio que capital), se les permite seguir abiertas sin poner capital, un blindaje contable que acaba este año. Y gracias a este trato de favor, millones de oficinas, locales y viviendas siguen ahí y son ahora presa fácil de los fondos de inversión extranjeros, que están comprando de saldo para especular. Llega dinero de todas partes, como dice Botín, pero no para crear empleo. Es la nueva burbuja del ladrillo.
 

enrique ortega

Las inmobiliarias crecieron como hongos en España durante el boom del ladrillo. Y tras pincharse la burbuja, en 2008, han caído como moscas: 5.153 inmobiliarias han suspendido pagos entre 2009 y 2013, un 17% de los concursos totales (30.500), según datos de la consultora PwC. Los peores años han sido 2012 (1.223 concursos) y 2013 (1.545). La última inmobiliaria en acudir al juzgado para suspender pagos  ha sido Marina D´Or, un ejemplo de la especulación inmobiliaria en la costa mediterránea, pero antes habían caído en concurso de acreedores 14 de las grandes inmobiliarias, la mayoría entre 2008 y 2010: Martinsa Fadesa (7.156 millones pasivo), Reyal Urbis (4.345), Habitat (2.800), Sacresa (2.635), Nozar (1.536), Noriega (1.162), Tremon y Aifos (1.000), Llanera (748), Grupo Labaro y DHO (700), UFC, Renta Corporación, grupo Bami… Sólo unas pocas han evitado el concurso, reestructurando deuda y metiendo a bancos y cajas en su capital: Colonial, Metrovacesa, Realia, Vallehermoso  o Quabit. Pero todas siguen en apuros y con pérdidas.

La grave crisis de todas las inmobiliarias, en concurso o no, se debe a que les han caído drásticamente las ventas y promociones (en 2013 se terminaron 75.000 viviendas frente a 630.000 en 2007), mientras se desplomaba el valor de su patrimonio (entre el 50 y el 60%) y tenían que afrontar una deuda inmensa (470.000 millones), que les obliga a un abultado pago de intereses. En los primeros años de la crisis, las grandes inmobiliarias consiguieron que bancos y Cajas les refinanciaran la deuda, hasta tres veces algunas, porque las entidades financieras eran las primeras interesadas en ocultar pérdidas y ganar tiempo. Pero en 2013, la banca y sobre todo las Cajas nacionalizadas, empezaron a cerrar el grifo, obligadas por el BCE y el Banco de España, que les exigían aclarar las refinanciaciones y hacer más provisiones. Con ello, muchas inmobiliarias entraron en concurso y otras se vieron obligadas a vender activos como fuera y a meter a los bancos en su capital, forzando quitas de deuda.

Muchas inmobiliarias habrían desaparecido en esta crisis, como tantos miles de empresas, si no fuera porque disfrutan de un privilegio único, un blindaje contable que les concedió el Gobierno Zapatero en diciembre de 2008, con el real decreto Ley 10/2008: no tenían que cumplir la Ley de Sociedades de Capital (antigua Ley de SA), así que aunque la mayoría tenían un patrimonio neto negativo (inferior a su capital social), no estaban obligadas ni a reponer capital ni a disolverse. Un escudo anti quiebras por dos años que se ha prorrogado cinco veces, dos Zapatero y los tres últimos años Rajoy. Además, en octubre de 2013, las inmobiliarias recibieron otro “regalo”: las empresas que consiguieran una quita de su deuda no tendrían que pagar impuestos por ella (antes era una plusvalía). Y gracias al pacto PP-Ciu, este regalo fiscal (a nuestra costa)  se hizo con efecto retroactivo, desde el 1 de enero de 2013.

Ahora, el Gobierno Rajoy ha hecho saber a las inmobiliarias que en 2015 se les va a acabar el blindaje contable que tienen desde 2009, así que tienen este año 2014 para poner orden en sus cuentas, renegociar deudas, conseguir capital y vender lo que haga falta. Para ayudarles, el Gobierno ha aprobado en marzo el real decreto-Ley 4/2014 (se está tramitando como Ley) con medidas para facilitar la refinanciación de créditos y evitar que cierren empresas viables por falta de liquidez. El objetivo principal es evitar que las empresas (también inmobiliarias) vayan a concurso de acreedores, facilitando antes acuerdos para refinanciar deudas: ya no será necesario que estén de acuerdo el 75% de los acreedores, bastará con que acepte el 51%.

Con esta normativa, bancos e inmobiliarias están acelerando sus negociaciones, para evitar ir a la disolución en 2015. En muchos casos, los bancos transformarán parte de la deuda en capital, tras perdonar una parte (quita), algo que no hacen a los particulares (hipotecas). Y forzarán que las inmobiliarias vendan parte de sus activos, para cobrar algo. Y aquí, en esta urgencia por vender de inmobiliarias, bancos y cajas, entran los Fondos y bancos de inversión extranjeros, que llevan un año ya planeando sobre España, a la caza de saldos inmobiliarios.

Se les llama “fondos buitre” porque su objetivo es comprar barato, tenerlo poco tiempo y vender antes de 10 años. Se trata de fondos y bancos de inversión (e inversores como Soros y Paulson) estadounidenses y europeos, que creen que España puede ser una oportunidad para comprar barato (con una rebaja del 50%), a la espera que el mercado se recupere en 2017-18. Las primeras operaciones, en 2013, se centraron en oficinas, sedes de empresas y centros comerciales, con una inversión de 3.800 millones, el doble que en 2012. Ahí están las compras del Edificio España (Madrid) o la torre Agbar (Barcelona), centros comerciales, sedes de IBM o Vodafone y miles de oficinas y viviendas (incluso sociales), también para alquilar.

El impulso a esta fiebre compradora lo han dado los bancos, al vender a “fondos buitre” la gestión de sus inmobiliarias y créditos fallidos: empezó Banesto (diciembre 2012), vendiendo su plataforma Aktua (a Centerbridge), siguió en agosto 2013 Caixa Cataluña (su inmobiliaria acabó en Blackstone), continuó en septiembre Bankia (Habitat a Cerberus) y la Caixa (ServiHabitat para TPG) y ya en 2014, en enero Santander vendió su inmobiliaria Altamira (a Apollo) y en febrero, la del Popular (Aliseda para Kennedy Wilson&Partners). Los bancos no venden su inmobiliaria y sus créditos impagados, sino su gestión y ceden sus empleados (los fondos ya han empezado con ERES…), a cambio de una comisión y un porcentaje sobre ventas.Así, ya se están agilizando las ventas, después de que los bancos hayan vendido 180.000 inmuebles entre 2012 y 2013.

La tercera fuente de negocio de los “fondos buitres”, tras oficinas y centros comerciales e inmobiliarias de bancos, serán las propias inmobiliarias, necesitadas de liquidez, para hacer frente a su deuda y para sanear sus cuentas antes de que se les acabe en 2015 el blindaje contable de Zapatero y Rajoy. Muchas tendrán que malvender locales, inmuebles y suelo y los “fondos buitre” están a la caza, buscando posicionarse e incluso comprando alguna inmobiliaria española. Y en 2014, a 4 entidades les puede caer el premio gordo: ganar el concurso para gestionar los inmuebles de la SAREB, el banco malo, la mayor inmobiliaria del mundo.

En resumen: 6 años después de estallar la burbuja inmobiliaria, se está gestando otra burbuja, la compra de inmuebles a precio de saldo por “fondos buitre” extranjeros, que buscan gangas y salir corriendo con las ganancias. Un dinero que no para de llegar, como dice Botín, pero no para crear empleo estable en España: busca especular con un patrimonio inmobiliario que se ha salvado por las ayudas contables (y fiscales) de Zapatero y Rajoy. Y gracias a este trato de favor, harán negocio los “fondos buitre”. Un trato de favor que no han tenido los miles de españoles desahuciados (unos 150.000 desde que se inició la crisis) por no poder pagar su hipoteca.

Esa es otra. El mercado inmobiliario bulle con compras millonarias pero los españoles de a pie ni venden piso ni compran, porque les han caído sus ingresos y se les ha encarecido la hipoteca. Y los 6 millones de familias que aún tienen pendiente de pagar su hipoteca (sin que nadie se la renegocie como la deuda de las inmobiliarias) ahí siguen, sufriendo por pagar cada mes y viendo que el Euribor está subiendo. Son dos mercados inmobiliarios, uno en plena ebullición especulativa, el otro agobiado. Dos recuperaciones, dos Españas.  

4 años de recortes suicidas e innecesarios

Hoy hace cuatro años, Zapatero presentó los primeros recortes de la democracia, presionado por Bruselas. Después, Rajoy ha hecho seis ajustes más. El balance es sangrante: recesión, 1.800.500 empleos perdidos y casi 6 millones de parados, mientras la mitad de los españoles ingresan menos de 1.000 euros al mes. Y encima, Rajoy no ha cumplido con el déficit en 2012 y 2013. Lo peor es que estos ajustes eran innecesarios: España recauda menos que Europa y si ingresara lo mismo, tendríamos 90.000 millones más y no harían falta recortes. Nuestro problema no es el gasto sino que ricos, bancos y empresas no pagan lo que debían. En lugar de afrontarlo, el Gobierno promete bajar impuestos en 2015 (elecciones).Pero Bruselas acaba de decirle que tiene que hacer más recortes: 20.000 millones para 2015.Y también lo dijo el FMI. Si sigue la tijera, peligra la recuperación. Vayan por otro camino: ingresen más.
 

enrique ortega

El 12 de mayo de 2010, Zapatero fue al Congreso y anunció un tijeretazo de 15.000 millones en año y medio: congelar pensiones, bajar 5% sueldo funcionarios, quitar cheque bebé, subir impuestos y recortar la inversión pública. Año y medio después, Rajoy profundiza en los recortes, 50.000 millones en tres años: fuerte subida de impuestos, 400.000 despidos públicos, recortes en desempleo, sanidad, educación, dependencia y gastos sociales, bajada de salarios, congelación de pensiones y sueldos funcionarios y desplome de la inversión pública, más una drástica reforma laboral que ha devaluado salarios y trabajo, con la mitad de los españoles ingresando ya menos de 1.000 euros, según Eurostat.

El balance de estos cuatro años de recortes es bien conocido: la economía española (que estaba recuperándose a principios de 2010) entró en una segunda recesión, cayendo -2,9% entre 2010 y 2013 (-22,9% Grecia y -4% Portugal) mientras Europa crecía +3,3% en esos años (y Alemania un +8,4%). Con los recortes, se han destruido 1.800.500 empleos (dos tercios Rajoy) y el paro roza los 6 millones (1.278.000 más desde 2010, la mitad con Rajoy). Y los que tienen empleo o pensión han perdido poder adquisitivo (-7%, la tercera mayor pérdida en Europa tras el -12% de Portugal y el -23% de Grecia), mientras aumentaba la pobreza (13,1 millones de españoles) y la desigualdad (somos el 2º país más desigual de la UE).

Tanto sacrificio para que Rajoy no haya cumplido con el déficit prometido a Bruselas, ni en 2012 (6,7% frente al objetivo del 5,3%) ni en 2013 (6,62% frente al 6.5% prometido). Y eso porque la recesión ha provocado un desplome de la recaudación: los recortes y la caída del empleo y los salarios reducen el  consumo, se recauda menos y hay que hacer más recortes. Es el círculo vicioso de la austeridad, en el que llevamos atrapados 4 años.

España tiene además un problema propio, estructural, que Bruselas reitera y el Gobierno no quiere ver: somos el segundo país del euro que menos recauda, tras Irlanda (“paraíso fiscal”). En 2013, España ingresó un 37,8% del PIB, frente al 46,8% de la zona euro. Son 90.000 millones menos de recaudación que la media. Eso se debe a que tenemos más fraude fiscal, porque hay sectores que pagan menos de lo que debían: el 90% de los ingresos proceden de las rentas medias y bajas y sólo el 10% de los más ricos, rentas de capital y empresas. De hecho, la banca sana ha pagado este año sólo un 4,95% de su beneficio bruto y las grandes empresas sólo pagaron un 4,13% de sus beneficios en 2012, según los Presupuestos. Y las multinacionales, ni eso. Y los ricos que tienen una SICAV, pagan el 1% de impuestos.

Luego es un mito que en España se paguen muchos impuestos: pagamos mucho los que vivimos de un sueldo o de una pensión, no el resto. Y otro mito es que España gasta mucho: el gasto público suponía en 2013 el 44,8% del PIB, frente al 49,8% de la UE-28, según Eurostat. O sea que gastamos unos 50.000 millones menos de media que el resto de Europa. En definitiva, que si España tiene el tercer mayor déficit de la zona euro (tras Grecia e Irlanda), no se debe a que el Estado gaste más (gasta menos) sino a que recauda mucho menos, a que tenemos mucho fraude fiscal, ilegal (economía sumergida) y legal (demasiadas deducciones). De hecho, los técnicos de Hacienda (Gestha) estiman que se podrían ingresar 70.000 millones más cada año si los ricos, grandes empresas, bancos y multinacionales pagaran lo que deben.

Por eso, Bruselas lleva dos años diciendo al Gobierno Rajoy que tiene que subir la recaudación, sobre todo el IVA (subiendo el tipo del 10 al 21% a más productos) y los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol). Pero Rajoy va por el camino contrario y ha prometido bajar los impuestos en 2015 (año electoral) y 2016, aunque sólo algunos: el IRPF (-5.300 millones) y sociedades (-2.200 millones), según el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas. Eso sí, lo que no publicitan es que, a cambio, van a subir otros impuestos, según dicho Programa: el IVA sanitario (del 10 al 21% para gafas, lentillas, material y equipo sanitario, +427 millones en 2015), los impuestos a carburantes (1 enero 2015), los impuestos medioambientales (+2.076 millones), la tasa Tobin a las operaciones en Bolsa (+640 millones, retrasados a 2016), nuevos copagos por servicios, subida de impuestos autonómicos (+3.047 millones entre 2015 y 2016) y subida de impuestos locales (+1.943 millones, la mayoría por una futura subida del IBI, por la posible actualización del valor catastral de las viviendas).

Al final, probablemente paguemos más, mientras hacen bandera de la bajada de los impuestos que más se notan, sobre todo el IRPF. Pero Bruselas no se chupa el dedo y acaba de decirle a Rajoy que las cuentas no salen: que si las subidas de impuestos hechas en 2012 hasta 2014 no se mantienen, en 2015 el déficit será del 6,1% del PIB y no del 4,2% que promete el Gobierno. Y tendrán que recortar 20.000 millones extras en el Presupuesto 2015. El FMI también se lo dijo en abril: España tiene que hacer más recortes en educación, sanidad, pensiones y funcionarios. Pero Montoro y el Gobierno Rajoy, enfrascados en las elecciones europeas, insisten que no subirán impuestos. Al final, no salen las cuentas y Bruselas les obligará a hacer más recortes y conseguir más ingresos.

Hay otro camino: subir los ingresos públicos, no tocando los impuestos a la mayoría. Se podrían ingresar 50.000 millones más reduciendo el fraude legal (recorte deducciones en sociedades e IRPF) y haciendo pagar más a las grandes fortunas, grandes empresas, bancos y multinacionales. Recaudando como el resto de Europa. Para ello sólo hace falta decisión política y más medios: España tiene 1 funcionario por cada 1.928 contribuyentes frente a 860 en Francia o 729 en Alemania. Y recaudando más, no habría que hacer más recortes e incluso se podría gastar más en educación, sanidad, empleo, tecnología y gastos sociales, como el resto de Europa.

Este es el debate que ahora se oculta: si no se hace una reforma fiscal de verdad, que haga pagar más a los que pagan poco, las cuentas no salen y Bruselas nos obligará a más recortes, no sólo en 2015 (-20.000 millones) sino en 2016 (-14.000 millones) y 2017 (-17.000 millones). Y tres años más de recortes serán otro torpedo para la incipiente recuperación y para el empleo. De hecho, el cuadro macroeconómico enviado por el Gobierno a Bruselas espera crear sólo 102.800 empleos este año y 206.800 en 2015 (es falso que vayan  a crear 600.000 empleos estos dos años), insuficientes para compensar los 1.017.800 perdidos en 2012 y 2013. Así, Rajoy despediría esta Legislatura con una pérdida neta de -708.200 empleos y con 5.330.000 parados. Una barbaridad. Y si hay más recortes, más parados.

En definitiva, el Gobierno trata de ocultarnos con sus cifras optimistas que España tiene un problema de fondo: recauda poco y así no hay Estado del Bienestar que aguante. Y sin ingresos suficientes, vamos de recorte en recorte, a costa del crecimiento, el empleo y el nivel de vida de la mayoría. Hay que afrontar que hay mucho fraude fiscal, que los que más tienen pagan poco y así no salimos del bucle. Pero parece difícil que el Gobierno Rajoy haga pagar más a los “suyos”. Por eso, nos envuelve en el espejismo de que baja impuestos, cuando lo que hace es bajar algunos, subir otros y volver a congelar sueldos de funcionarios, pensiones (+0,25% para 2015, 2016 y 2017) y salarios (-0,5% en 2015 y 2016), según el Programa de Estabilidad. Y crecer tan poco como para no recuperar los empleos que han perdido. Encima quieren que les votemos.