Los recortes, ausentes de la campaña electoral

Mañana empieza la campaña electoral, centrada en Cataluña y el terrorismo yihadista más que en el paro y la economía, lo que más preocupa a los españoles. Pero da igual lo que votemos, porque la primera tarea del futuro Gobierno será hacer más recortes. Lo ha reiterado la Comisión Europea: el nuevo Gobierno deberá “tomar las medidas necesarias” para cumplir con el déficit. Da igual lo que prometan los partidos y lo que votemos: Bruselas nos impondrá más recortes, 13.000 millones, que saldrán de hundir más la sanidad, educación, Dependencia e inversiones públicas, frenando la recuperación y el empleo. Por eso, la clave de estas elecciones es que los partidos digan si harán o no estos recortes, no que nos engañen prometiendo bajar impuestos. Porque sólo pueden evitar hacer más recortes recaudando más, haciendo pagar más a los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y ricos) para no tener que recortar más y poder así reanimar la economía y el empleo. Que nos lo aclaren estos días para no votar en vano.
 

enrique ortega

La principal preocupación de los españoles es el paro y el empleo, como reiteran en todas las encuestas del CIS. Así que crear más empleo debería ser “el gran tema electoral”, no Cataluña y el terrorismo yihadista, por muy preocupantes que sean. Y no basta con la promesa de crear 2 millones de empleos, como Rajoy. Habría que hacer “un esfuerzo extra”, para crecer más y crear más empleo del que se crea ahora, porque España tiene el doble de paro que Europa (21,18% frente a 10,8%) y porque necesitamos crear 6 millones de empleos para dar trabajo a los parados actuales (4.850.800), los “desanimados” (mujeres y jóvenes que no buscan trabajo) y los jóvenes que terminen sus estudios. Y al ritmo actual, si no se hace nada especial, harían falta 15 años para bajar el paro al 8% en que estaba antes de la crisis. No se puede esperar tanto: el futuro Gobierno debería proponer un gran Pacto social para crear más empleo, con más inversiones públicas, más salarios y más consumo, incentivos a la contratación, más formación a los parados y reorganización de las oficinas de empleo.

El otro gran tema preocupante son las pensiones, su futuro. Las cuentas no salen: la Seguridad Social cerrará el año con su quinto déficit consecutivo: 2011 (-1.000 millones), 2012 (-10.131), 2013 (-11.861), 2014 (-11.202) y 2015 (entre -11.000 y -15.000 millones). Y el Gobierno Rajoy, para pagar las extras a los pensionistas, se ha “comido” ya la mitad de la "hucha de las pensiones" (32.594 millones de 66.815), que se agotará en 2018. El problema no son tanto los gastos en pensiones (crecen menos que en toda la historia, por los recortes que hicieron Zapatero y Rajoy), sino los ingresos por cotizaciones, que apenas aumentan, porque los nuevos trabajadores cotizan por menos horas y sueldos muy bajos. Algo  hay que hacer con las pensiones. Recortarlas no, porque la mayoría son muy bajas: dos tercios de los pensionistas cobran menos de 800 euros al mes. La alternativa es ingresar más, pagar una parte de las pensiones con los Presupuestos, como ha propuesto el Tribunal de Cuentas. Podrían pagarse con impuestos las pensiones de viudedad (20.776 millones) y orfandad (1.762 millones). Y si no llega, subir  un 1%  las cotizaciones de empresas y trabajadores (8.000 millones más de ingresos), que son más bajas que en Europa. No es bueno para el empleo, pero peor es que quiebre el sistema de pensiones o que los trabajadores se tengan que pagar un Plan de pensiones privado.

El tercer gran problema, tras el paro y las pensiones, es recuperar el Estado del Bienestar (la sanidad, la educación y las ayudas a la Dependencia), tras los drásticos recortes hechos por el Gobierno Rajoy y las autonomías. La sanidad pública ha perdido 10.000 millones estos años, junto a 5.000 médicos y enfermeras, lo que ha deteriorado muy seriamente la atención, con un aumento de las listas de espera (de 379.194 para operarse en 2009 a 511.923 a finales de 2014), en beneficio de la sanidad privada (11,4 millones de españoles tienen un seguro médico privado). Urge recomponer la financiación de la sanidad pública, su personal y sus medios, lo que obliga a un cambio pactado en el sistema de financiación de las autonomías, homogeneizando la atención sanitaria, que es muy diferente según la ciudad donde uno enferme.

La educación no universitaria ha perdido 7.300 millones entre 2010 y 2014, con 24.800 profesores menos, un recorte de becas y ayudas y un deterioro de la enseñanza, con menos esfuerzo para los alumnos que se quedan atrás. En la Universidad, que ha perdido otros 8.000 millones y 13.200 empleos, los alumnos han afrontado un fuerte aumento de tasas (45% de subida media, que ha llegado a un +128% en Cataluña, 117% en Madrid, +93,9% en Valencia o +78% en Castilla y León), que convierten a la Universidad española en la cuarta más cara de Europa, con un coste medio de 1.257 euros por curso mientras en Alemania pagan 200 euros y en Francia 185 euros. Como además han bajado las becas, 70.000 universitarios han dejado las aulas desde 2012, según los rectores.

En la Dependencia, las ayudas a ancianos y discapacitados, el recorte ha sido de 2.236 millones entre 2012 y 2014 (un tercio del Presupuesto), lo que ha estancado los beneficiarios (779.373 en octubre), provocando que casi 400.000 dependientes estén a la espera de recibir la ayuda, con riesgo de que se mueran antes (100.000 dependientes se han muerto esta Legislatura antes de recibir la ayuda que tenían reconocida). Estas ayudas están reconocidas por Ley desde 2007, pero no hay financiación suficiente y las autonomías lo “capean” con recortes y retrasos, un problema que se agravará porque somos el 2º país con más viejos del mundo y en 2050 habrá 7 millones de dependientes en España.

Sigamos con la lista de problemas a resolver. El cuarto sería ayudar a los que se han quedado tirados con esta crisis: parados, trabajadores precarios y pobres. Empezando por los parados, que tienen dos graves problemas: uno, inmediato, que más de la mitad  de los parados EPA no cobran nada. Son 2.586.585 parados sin subsidio, el 53,32% de los parados estimados. Y el otro, que más de la mitad de los parados  (60,6%), casi 3 millones, llevan más de un año sin trabajar (de ellos, 2,1 millones más de 2 años y 1,5 millones más de 3 años), con lo que cada vez tienen menos posibilidades de colocarse. Y menos si tenemos en cuenta que más de la mitad de todos los parados (el 54.7%) tiene una escasa formación (hasta la ESO o incluso menos), según el INE. Así que urge darles algún ingreso a cambio de mejorar su formación para sacarles del pozo del paro de larga duración.

Un tercio de los trabajadores tienen un problema serio: su contrato es precario (temporal o por horas o las dos cosas) y su sueldo muy bajo, con lo que apenas consiguen llegar a fin de mes. De hecho, el 30% de los asalariados (4.269.840 trabajadores) son mileuristas, ingresan 1.221 euros brutos al mes (menos de 1.000 netos), según los datos de Hacienda. Y el 70% de todos los trabajadores  (casi 10 millones) gana menos de 1.700 euros netos al mes, lo que retrae su consumo (y el crecimiento de la economía). Y más de 1 de cada 5 trabajadores  españoles (3,3 millones, el 22,2%) son pobres, según la OIT: ganan menos del 60% de la renta media de los españoles. La mayoría, mujeres y jóvenes con contratos precarios. Urge una contrarreforma laboral que mejore la calidad de los contratos, evitando que en España haya dos clases de trabajadores, los fijos con antigüedad y los precarios vulnerables.

Precisamente, mujeres y jóvenes son dos colectivos que exigirían propuestas de apoyo en cualquier campaña electoral. Las mujeres sufren una desigualdad económica que urge corregir: trabajan menos (sólo el 50,3%, frente al 58,8% en la UE, el 69% en Alemania, el 60% en Francia o el 72,5% en Suecia), tienen más paro (22,69% frente al 19,9% de los hombres), tienen empleos más precarios (el 75% de los trabajos a tiempo parcial los ocupan mujeres) y ganan un 24% menos de media que los hombres. De hecho, el 40% de las mujeres no llegan a mileuristas (1.221 euros brutos), según Hacienda. Otros que están sufriendo especialmente la crisis son los jóvenes: casi la mitad está en paro (46,6% entre los menores de 25 años), dos tercios no cobran el paro y casi la mitad carece de formación, les cuesta años colocarse (6 años para ser fijos), el 71% tienen un contrato temporal sin quererlo, las empresas no les forman y les pagan 890 euros de media (cuando les pagan: sólo el 42% de los becarios cobran), según los últimos datos de la OCDE, lo que obliga al 78% a vivir con sus padres (en Francia sólo el 16% y el Alemania el 21%) . Y no olvidemos un tercer colectivo de españoles con problemas: los mayores de 45 años. Son más de un tercio de todos los parados (1.708.900 en octubre) y las tres cuartas partes llevan ya más de 1 año sin trabajar, con lo que tienen difícil colocarse, por su edad y por su poca formación. Y muchos no cobran el paro ni se pueden jubilar: tienen que esperar 10,15 o 20 años marginados.

Y queda atender a una pobreza creciente : en España hay 12,6 millones de españoles en situación de pobreza, que ingresan menos del 60% de la renta media, según las estadísticas europeas (Eurostat), 1,5 millones más que en 2008. Y de ellos, casi 3 millones son niños y adolescentes (menores de 18 años). Urge que el futuro Gobierno ponga en marcha un Plan contra la pobreza, para ayudar a los parados sin subsidio, a las familias sin ingresos, a las madres solteras con niños y a las familias que necesitan ayuda cada mes para comer, pagar recibos de luz, el alquiler o el colegio, 8 millones de españoles que piden ayuda hoy en los servicios sociales municipales o las ONGs. Un Plan que necesita al menos 12.000 millones de euros, para dar una renta mínima a 700.000 familias y ayudas puntuales al resto.

Al final, reanimar la economía para crecer más y crear más empleo, recuperar la sanidad, la educación y la Dependencia, ayudar a formarse y colocarse a los parados, las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años, paliar la pobreza, se traduce en más gastos. Y ahí chocamos con un muro: la Comisión Europea, controlada por los fundamentalistas del déficit, que llevan desde 2010 imponiendo recortes a España y a la Europa del sur, una política que ha agravado los costes de la crisis y que ahora frena la recuperación, en Europa y en España. Pero Merkel y la Comisión siguen erre que erre: hace falta seguir con la austeridad. Y lo han dicho muy claro la semana pasada: el nuevo Gobierno español que salga de las elecciones tendrá que “tomar medidas para cumplir con el déficit”. O sea, tendrá que hacer más recortes. En total, 5.000 millones para cumplir el déficit de 2015 (creen que acabará en el 4,7% del PIB en lugar del 4,2% que dice Rajoy) y otros 8.000 millones para cumplir el déficit prometido en 2016 (2,8%, que será del 3,6% si no se cambia el Presupuesto, según Bruselas).

En total, pues, 13.000 millones de recortes que el futuro Gobierno tendrá que hacer en 2016 si no quiere una sanción de la Unión Europea o un “castigo” de los mercados. Piense en ello cuando oiga las “promesas” de los partidos en estas elecciones: que ofrezcan lo que quieran, que ya vendrán Merkel y Juncker con la tijera. Gane quien gane las elecciones (si es la izquierda, más, como ya se ha visto en Grecia y se va a ver ahora en Portugal). Pero hay una salida: no recortar, suavizar las exigencias (presionando en Europa para que acepten un déficit más alto) y, sobre todo, recaudar más. Se puede y se debe. Porque España recauda bastante menos que el resto de Europa (somos el 7º país europeo que menos recauda): recaudamos el 38,7% de la riqueza (PIB), frente al 46,6% que recaudan los 19 países del euro. Y esto es algo estructural, no por la crisis. Si recaudáramos como los demás europeos, Hacienda podría ingresar 79.000 millones de euros más al año. No habría déficit y podríamos gastar más en lo que hace falta.

¿Por qué ingresamos menos que los demás europeos? Porque hay más fraude y muchos pagan menos de lo que deberían. Primero está el fraude del IVA, por el que España deja de ingresar 12.000 millones cada año, según cálculos de la Comisión Europea. Y luego está el "fraude legal" que hacen las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, estimado por los técnicos de Hacienda (Gestha) en otros 60.000 millones anuales. Ya tenemos 72.000 millones. Una bolsa de fraude que podría reducirse a la mitad si el próximo Gobierno toma medidas eficaces (y más medios) contra el fraude fiscal, algo que no han hecho Zapatero ni Rajoy.

Este es el gran reto de la próxima Legislatura: o se consigue recaudar más o habrá que hacer más recortes que entorpecerán la recuperación y deteriorarán más el Estado del Bienestar y las pensiones, aumentando la pobreza. Y las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años seguirán sufriendo lo peor de la crisis. Las promesas de bajar impuestos (PP, Ciudadanos) son un engaño, salvo que se bajen a unos y se suban a otros, porque es ineludible recaudar más. Salvo que no se quiera recuperar la economía y el Estado del Bienestar. Hace falta recaudar más, sí o sí.  Piénselo cuando escuche a los políticos y sus promesas y cuando vaya a votar. Porque si no se ponen las pilas, el futuro nos lo marcará Bruselas a golpe de más recortes. Como ha pasado estos 4 años. 

Europa, estancada, espera al "bombero" (BCE)

Toda Europa está a la espera de que, este jueves, el Banco Central Europeo (BCE) tome nuevas medidas para intentar salvar a la anémica economía europea. Mario Draghi actuará otra vez de “bombero”, como viene haciendo desde el verano de 2012, cuando salvó al euro y evitó el rescate de España. Ahora, inundará Europa con más liquidez, con más dinero, para intentar reanimar unas economías que apenas crecen y donde no hay inflación, porque las empresas tienen que tirar precios si quieren vender. Una Europa estancada en un mundo que ha frenado su recuperación, tras el pinchazo de China y la recesión de Japón, Latinoamérica y muchos países emergentes. Pero el BCE sólo no puede salvarnos. Lo que necesita Europa es que los gobiernos animen el consumo, los sueldos y la inversión pública y privada, que recauden y gasten más, con Alemania y la Europa rica tirando del carro. Decir adiós a la austeridad y reanimar la economía europea de una vez.
 

enrique ortega

Europa no levanta cabeza, tras haber pasado ya 8 años de esta crisis, que la ha sumido en dos recesiones, una en 2009 (-4,5% PIB) y la otra en 2012 (-0,7%) y 2013 (-0,5%). Parecía que se iba a recuperar en 2014 (+1,4%, solo +0,9% zona euro), pero este año 2015 no acaba de despegar: empezó creciendo sólo un 0,5% y lleva medio año que ha bajado su crecimiento trimestre a trimestre. Así, este verano, la UE-28 ha crecido sólo un 0,4% y los 19 países euro aún menos: están creciendo un 0,3% (la séptima parte que EEUU, que creció un 2,1%). Hay incluso tres países que decrecen (Grecia, Estonia y Finlandia) y las grandes economías apenas “tiran” del resto: Alemania, la teórica “locomotora europea”, creció sólo un 0,3% en el tercer trimestre (la mitad que hace un año), Francia otro 0,3% e Italia un 0,2%, mientras Portugal ha dejado de crecer (+0%) y los que más crecen no llegan al 1% (0,9% Polonia y Eslovaquia, 0,8% España). Al final, las últimas previsiones del FMI son que la Europa del euro crezca este año el 1,5%, casi la mitad que Estados Unidos (+2,6%).

Con un crecimiento tan bajo, Europa apenas puede bajar su alto paro (10,8% en la zona euro, frente al 5% en USA), que sufren todavía  22.631.000 europeos (1 de cada 5, españoles). Y la inflación no existe (0% en octubre), un síntoma claro de que la economía europea está “enferma”: las empresas tienen que “tirar” sus precios si quieren vender (el consumo languidece) y eso no les anima a invertir ni a contratar gente. Mientras, los países siguen con otros dos problemas estructurales. Uno, sus déficits públicos, a pesar de los recortes: 16 de los 19 países euro tienen déficit, agujeros fiscales que dificultan su recuperación. Y para “tapar” estos agujeros fiscales, a todos les ha crecido la deuda pública (del 70% del PIB en 2007 al 87,8% en 2015), lo que les hace muy vulnerables a los mercados que les financian. Sólo hay un elemento positivo: la mayoría tienen superávit comercial con el exterior, gracias a la caída del euro y los precios, que han abaratado los productos europeos. Pero son incapaces de que esta mejoría exportadora compense el pinchazo del consumo y la inversión.

Europa lleva así, languideciendo, todo este año, pero ahora es más preocupante porque la economía internacional ha empeorado y el mundo no va bien: China ha “pinchado” su crecimiento, Japón está otra vez en recesión (la quinta en los últimos 7 años), Latinoamérica también cae (con Brasil, Venezuela, Ecuador y Argentina en recesión) y muchos países emergentes están en crisis (desde Rusia a Sudáfrica o Indonesia), por la caída en picado de los precios de las materias primas y el petróleo. El FMI y la OCDE reconocen que la recuperación mundial es "mediocre" y apuestan por un menor crecimiento mundial este año (3% frente a 3,4% en 2014), con un estancamiento del comercio mundial que hará que todos los países (Europa y España entre ellos) vendan menos en los próximos meses.

En este preocupante contexto mundial, el triunfalismo económico de Rajoy está aún más fuera de lugar: si Europa, China y sobre todo Latinoamérica crecen menos o caen, a España le afectará seguro. Y ya lo hemos notado, con un menor crecimiento (y menor empleo) este verano, que será aún menor en el último trimestre de 2015, según muchos expertos. Y para 2016, todas las previsiones auguran un menor crecimiento (y menos empleo): el FMI prevé un crecimiento para España del 2,5% en 2016, más elevado que el de la mayoría de Europa (+1,6% en la zona euro), pero inferior al esperado para 2015 (3,1%en España).

Aunque España crezca más que la mayoría de Europa, “no estamos para tirar cohetes”. Primero y fundamental, porque tenemos el doble de paro que Europa (22,3% frente al 11% en la zona euro para 2015) y eso nos obliga a crecer más. Y sobre todo, porque seguimos con dos graves problemas estructurales, que son un gran lastre para la recuperación. Uno, el déficit público (el 4,7% del PIB en 2015, según Bruselas), el más elevado de los 28 países UE, este año y el que viene. Y el otro, nuestra elevadísima deuda: en 2016 llegará al 101,3% del PIB, o sea que deberemos más de la riqueza que creamos, lo que nos hace muy vulnerables, ya que tenemos que buscar quien nos financie en los mercados. Y todo ello mientras el consumo despega muy despacio (por culpa de un empleo precario y unos salarios mileuristas) y la inversión no despierta, aunque las empresas ya tienen beneficios.

En definitiva, la economía mundial ha frenado su recuperación y Europa no despega, lo que debería obligar a tomar medidas. Pero la última Cumbre del G-20, en Turquía, se ha centrado en la amenaza yihadista y no en salir de la crisis: no han tomado ninguna medida económica. En Europa, la Comisión y los Gobiernos están centrados también en el yihadismo y los refugiados pero no en reanimar las economías y crear empleos. Y ahora, confían que el BCE les saque las castañas del fuego, con nuevas medidas este jueves para crear aún más liquidez, más dinero, que reanime las anémicas economías europeas.

No es la primera vez que el BCE hace de “bombero” para salvar la economía europea. En el verano de 2012, su presidente, Mario Draghi, salvó al euro y evitó el rescate de España (no Rajoy) con una sola frase: “El BCE hará lo necesario para sostener al euro”. Y al verano siguiente lo hizo, bajando los tipos de interés a un mínimo del 0,05% y anunciando compras masivas de deuda (60.000 millones al mes desde marzo de 2015), para inundar Europa de dinero barato. Con ello, Draghi ha conseguido tres cosas importantes. Una, la principal, dar la sensación de que “hay alguien al timón del barco europeo”, frente a unos dirigentes europeos que son todo menos líderes (véase su desgobierno en la crisis de Grecia y en la de los refugiados). Dos, provocar una drástica caída del euro, que ha sido el único balón de oxígeno de las economías europeas: el euro ha caído un 22,65% desde enero (de 1,3754 a 1,0638 euros por dólar), lo que significa que los productos europeos son unos 22,65% más baratos (por eso España bate récord de exportaciones). Y tres, abaratar el coste de la deuda pública: ya hay 10 países europeos que en vez de pagar a los inversores por comprar su deuda pública, les cobran por ella (España, un 0,049% en las Letras a un año la semana pasada).

El “bombero” ha hecho un gran trabajo, pero el problema de fondo sigue ahí: Europa apenas crece, hay mucho paro y la inflación está en el 0%, símbolo de que la economía está enferma. Y es que la política monetaria no lo es todo. En Europa sobra liquidez, hay enormes cantidades de dinero barato, pero las empresas y familias no lo utilizan, no consumen apenas ni invierten. Primero, porque están muy endeudados y no quieren endeudarse más. Y, sobre todo, porque no ven claro el futuro. Y por eso, necesitan que los Gobiernos les den un empujón, con más gasto y más inversión pública, que marque el camino y tire de ellos. Pero los que pueden hacerlo, Alemania y la Europa rica del norte, no están por la labor: tienen superávit en sus cuentas públicas, en sus intercambios con el exterior, pero no lo dedican a aumentar gastos e inversiones para “tirar” de las economías, de las suyas y del resto. Incluso siguen recetando austeridad a la Europa del sur, pidiendo más recortes (a España, 13.000 millones).

Como los Gobiernos  no hacen  nada, el BCE volverá a hacer de bombero y tomará nuevas  medidas este jueves. Más de lo mismo: aumentará las compras de deuda, ampliándolas hasta 2017. Está bien, algo ayudará, bajando más el euro (llegará a 1x1 con el dólar) y el coste de la deuda. Pero es insuficiente. El problema de Europa no es que falte dinero, liquidez: lo que falta es demanda, consumo e inversión. Y eso no se arregla llenando el continente de euros. Hay que gastar e invertir más desde los Gobiernos y eso requiere una política fiscal distinta, que recaude más (cobrando más impuestos a grandes empresas, multinacionales y ricos) y que gaste e invierta más, en grandes proyectos de inversión pública europea (paralizada desde 2008), desde infraestructuras, nuevas energías, tecnología y redes, educación y fomento de la industria y la internacionalización de las empresas. Se trata de "cebar la bomba" de la inversión privada con inversiones públicas que tiren de ella y un mayor consumo público que anime también al consumo de las familias, ayudado por una mejora de salarios y empleos.

Este empujón a la economía europea debería venir de Alemania y la Europa rica, los que ahora pueden gastar e invertir más, porque ellos ya han salido de la crisis y los demás no. Hay una estadística muy clara que indica que hay dos Europas. Una, la Europa que ha recuperado ya lo perdido con la crisis, 11 países euro cuyo PIB ha crecido entre 2008 y 2015: Malta (+17,3%), Luxemburgo (+12,1%), Eslovaquia (+11,3%), Irlanda (+7,7%), Alemania (+5,6%), Bélgica (+4,7%), Lituania (+3,6%), Francia (+2,7%), Austria (+2,6%), Holanda (+0,6%) y Estonia (+0,5%). Y la otra Europa, la que aún no se ha recuperado de la crisis, 8 países euro que todavía pierden en el balance de su crecimiento 2008-2015: España (-3,9%), Eslovenia (-4,7%), Letonia (-5,6%), Portugal (-5,6%), Finlandia (-6,4%), Italia (-8,6%), Chipre (-9,8%) y Grecia (-27%). Los primeros deben “tirar” de los segundos.

Y en paralelo, los dirigentes europeos deberían aprovechar la bajada de tipos de la deuda pública para reestructurarla, para aprobar de una vez su “mutualización”: crear un Tesoro europeo, como el de EEUU, que emita deuda europea, los famosos “eurobonos”, lo que quitaría una pesada losa a los países más endeudados (otra vez la Europa del sur), que podrían dedicar el ahorro en el pago de intereses a un mayor gasto e inversión pública, que ayudara a reanimar sus economías. Pero Alemania y la Europa rica no están por la labor, porque al pagar entre todos la deuda de todos, ellos pagarían más que ahora. Eso se llama solidaridad (y sentido común: si somos una unión, somos una unión).

Como se ve, hay otras salidas, además de que el BCE haga otra vez de “bombero”. Pero suponen un cambio en la ortodoxia de Merkel y Bruselas, que llevan desde 2010 aplicando una política de austeridad que ha hundido a la economía europea. Y quizás por muchos años, como señalan algunos economistas, como Antonio Fatas y Lawrence Summers, cuyas recientes investigaciones (leer aquí su trabajo) concluyen que los recortes frenan la recuperación de las economías no sólo a corto sino a largo plazo. O sea que el estancamiento actual de Europa es “autoinflingido”, fruto de los recortes pasados. Y va a durar si no se toman medidas en sentido contrario, para reanimar las economías desde el poder.

No parece que Merkel y los fundamentalistas de Bruselas vayan a cambiar de opinión y lanzarse a gastar y a invertir, como les pide  incluso el FMI desde 2014. Así que todo apunta a que Europa seguirá languideciendo, con bajo crecimiento, mínima inflación y mucho paro, rezando para que no caigan China o EEUU, porque eso nos llevaría a la tercera recesión. Un preocupante panorama que es aún peor para España, uno de los países que más necesitan que Europa despegue, para rebajar nuestro dramático paro. Pero a pesar de la ayuda del BCE, no podemos esperar mucho de Europa. Salvo que en 2016, como ya han amenazado, nos pidan más recortes. Sería la puntilla.

Cambian las bajas laborales: más control

A partir de este 1 de diciembre, cambia el sistema de las bajas laborales: los partes de baja se recogerán  cada más tiempo pero el trabajador enfermo tendrá que pasar revisiones médicas de las Mutuas patronales, que podrán pedir al médico y al INSS el alta del trabajador si no están de acuerdo con su baja. El Gobierno Rajoy cede así a la presión de los empresarios, que llevan años pidiendo más control de las bajas laborales, aduciendo que hay mucho fraude. El absentismo laboral parece haber subido algo en los últimos meses, pero los pagos por bajas laborales han caído un 35% con la crisis. Y hay trabajadores que van enfermos a trabajar, por miedo al despido. Recordemos que los españoles trabajan más horas que la mayoría de europeos y la mayoría hacen horas extras, la mitad sin cobrarlas. Hay que controlar el absentismo, sí, pero sin demagogia. Y a la vez, gastar más en mejorar  la salud laboral, porque con la crisis nos ponemos más enfermos.
 

enrique ortega

En España se pierden al año 221 millones de horas de trabajo por absentismo laboral, lo que cuesta 9.381 millones de euros, algo más de la mitad a la Seguridad Social (4.878,37 millones en 2014), que paga las bajas a partir del día 16, y el resto a los empresarios (4.503 millones de euros en 2014), que pagan las bajas del 4º al 15º día (del 1º al 3º día de baja no se cobra nada). Este coste, aunque no es muy abultado y apenas crece (un 1,3% en 2015), nunca ha gustado a la patronal CEOE, que lleva décadas quejándose del absentismo laboral y denunciando un “abuso” en las bajas de los trabajadores (se ha quejado incluso de los 4 días por fallecimiento fuera de un familiar directo), por lo que exigen más control y una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan cada mes para costear las bajas.

Rajoy recogió el guante de la batalla patronal contra el absentismo y empezó cambiando la norma en la reforma laboral que aprobó en febrero de 2012: permitió que una empresa pueda despedir a un trabajador si falta al trabajo 10 días en dos meses, incluso con baja médica. Hasta entonces, ese despido era improcedente si la plantilla tenía una tasa baja de absentismo (“los jetas podían salvarse si tenían compañeros cumplidores”). Ahora, si un trabajador falta a su trabajo, aún con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses (más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (los discontinuos, en un año), puede ser despedido con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas más cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince mal curado que vuelven, por ejemplo.

Pero el Gobierno Rajoy no se quedó ahí. En julio de 2014 aprobó una nueva Ley de Mutuas, las asociaciones patronales (creadas en 1900) que se ocupan de las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional y que gestionan también el pago de las bajas por enfermedad común, con un Presupuesto de 10.000 millones de euros, aportado por la Seguridad Social y las cuotas empresariales. Esta nueva reforma dio más poder a las Mutuas patronales en la gestión de las bajas laborales, a la vez que se privatizaba una parte de su trabajo: los chequeos médicos a los trabajadores y la prevención están ahora en manos de hospitales privados, en especial del grupo IDC-Quirón (se ha adjudicado Fremap, Mutua Universal, la Fraternidad y MC Mutual), y la aseguradora Catalana de Occidente (que se ha quedado con Asepeyo). Y en paralelo, aprobó un decreto-ley para cambiar el sistema de bajas laborales, un cambio que entra en vigor este 1 de diciembre.

El cambio en el sistema de bajas laborales tiene dos partes. Una modifica las normas por las que se rigen las bajas laborales, agilizando el proceso. Si ahora hay que renovar las bajas cada 7 días, desde el 1 de diciembre, la fecha para recoger los partes de confirmación varían según las bajas: si son muy cortas (menos de 5 días), el médico entrega la baja y el alta a la vez; si son cortas (5-30 días), el parte de confirmación es cada 14 días; si son medias (31-61 días), cada 28 días; y si son largas (de 61 días a 365), el parte de confirmación se entrega cada 45 días. Pero a cambio de estas menores visitas, el médico tendrá que hacer más papeleo. Por un lado, cuando dé una baja, tendrá que incluir en ella cuál es el tiempo previsto para el alta (si es corta, media o larga), ayudado por una tabla estadística que le van a proporcionar con  lo habitual según las dolencias. Y además, el médico tendrá que hacer informes periódicos para informar de la evolución del trabajador al que ha dado la baja.

El otro gran cambio, el más importante, es que las Mutuas patronales tienen ahora un gran poder en la gestión de las bajas: desde el primer día, podrán pedir al empleado de baja que acuda a una revisión médica con ellos, para investigar su dolencia (ahora tenían que esperar al día 16 de la baja para pedir esa revisión). Y si tras ese análisis deciden que puede volver a trabajar, enviarán un informe motivado de alta al médico, que deberá contestar en cinco días. Si no lo hace o se niega a dar el alta, la Mutua puede recurrir a la Seguridad Social (INSS), que tiene cuatro días para contestar. Y tanto la sanidad pública (SNS) como la Mutua podrán pedir al INSS el cambio en la consideración de la baja (si es enfermedad profesional o enfermedad común, por ejemplo) y también puede reclamar el trabajador. Algo importante: si el trabajador de baja no acude a la revisión de la Mutua, automáticamente deja de cobrar la baja, aunque luego tiene 10 días para justificar por qué no acudió (si lo hace, recuperará el cobro y si no, lo pierde definitivamente).

El nuevo sistema, según el Gobierno, ahorrará papeleo y costes, unos 500 millones al año según el Ministerio de Empleo. Pero los sindicatos lo critican, porque dicen que sólo busca reducir las bajas y no se preocupa de la salud de los trabajadores. Los que están más molestos son los médicos de familia de la sanidad pública (SNS), con tres quejas serias. Una, que se les ha puesto unos “vigilantes”, los médicos de las Mutuas, para “poner en duda” su trabajo. Dos, que se les obliga a hacer mucho más papeleo: tendrán que estimar la duración de cada baja (no siempre fácil) y emitir muchos más informes, ya que se les exige ahora un informe complementario cada dos partes de confirmación (eso da hasta 9 informes en una baja de un año frente a los 2 informes actuales). Y la tercera queja, que las Mutuas patronales tendrán acceso a los historiales médicos de todos los trabajadores, algo potencialmente peligroso.

Además, los médicos del SNS se quejan de que las Mutuas (y las empresas) están cargando en la sanidad pública el coste de atender bajas por enfermedad común que en realidad deberían ser bajas por enfermedad profesional. La diferencia es importante: una baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo la gestionan las Mutuas al 100% (ellos dan las bajas y altas) y las empresas tienen que pagar al trabajador el 75% del sueldo (o lo que diga el convenio). Si la enfermedad es común, la atención al trabajador y la gestión de la baja recae en la sanidad pública y la empresa se ahorra dinero, porque se paga sólo el 60% del sueldo (salvo que el convenio haya pactado un pago mayor). Los sindicatos critican este fraude (estiman que una cuarta parte de las bajas son realmente enfermedades profesionales), que engorda los costes de la sanidad pública, en beneficio de las Mutuas privadas.

Estos importantes cambios en el sistema de bajas laborales llegan cuando algunas fuentes hablan de un cierto repunte del absentismo laboral, desde mediados de 2014, año en que las horas perdidas habrían aumentado, por primera vez en 6 años, desde el inicio de la crisis: estaríamos en el 4,4% de absentismo (2014), frente al 4,9% en 2007, según estimaciones de Addeco. Con todo, hay otro dato más importante: el pago por bajas laborales ha caído un 35% con la crisis, al menos en la parte que paga la Seguridad Social (a partir del 16º día de baja): si el INSS pagó 7.533,87 millones para bajas en 2008, en 2014 pagó sólo 4.878,37 millones. Y para este año 2015, hay presupuestado sólo un 1,3% más (4.972 millones). Así que no se ha disparado el coste de las bajas, sino que ha bajado mucho con la crisis, algo lógico porque hay menos empleados y  los trabajadores se lo piensan mucho, con tanto paro, antes de no ir a trabajar. Incluso, los sindicatos denuncian que muchos van a trabajar enfermos.

Parece claro que el absentismo laboral es algo muy negativo, para las empresas y para la economía, pero quizás se esté utilizando para forzar más recortes en las bajas, con la excusa de un mayor control. Y en paralelo, no se habla de otros datos que hablan de lo contrario, de que los españoles trabajan más que el resto de europeos. De hecho, hay 11 países europeos que trabajan menos horas que España (1.665 horas en 2013), entre ellos Alemania (trabajan 280 horas menos al año) o Francia (176 horas menos), aunque trabajamos 100 horas menos al año que la media de la OCDE. Y por si fuera poco, el 85% de los trabajadores españoles hacen más horas de las que deben, según Randstad. De hecho, 2 de cada 5 trabajadores españoles (el 41%) hacen al menos 8 horas extras a la semana, según un informe de Regus. Y cada semana se hacen en España  10 millones de horas extras “ilegales” (que superan las 2 horas extras legales por semana), según datos del INE recogidos por el PSOE. Y otro dato más, que no suele citar la patronal: más de la mitad de las horas extras hechas en 2014 no se pagaron, se hicieron “gratis”, según un informe de UGT. Eso es “presentismo”, no absentismo.

A estas alturas del mundo, todos los expertos reiteran que por trabajar más horas no se es más productivo, sino que el objetivo es trabajar menos con más eficacia, para que haya empleo para más gente. Sobre todo en España, un país con horarios laborales de locos (se sale de trabajar a las 8 de la tarde, cuando la mayoría de europeos están cenando), que dificultan la conciliación familiar y no favorecen la productividad, que depende más de la organización del trabajo, la integración laboral, la innovación y la tecnología.

Otro tema preocupante es la salud laboral, que la crisis ha deteriorado: el paro, la precariedad y los problemas laborales han agravado el estrés laboral, provocando más accidentes y un aumento de los problemas psicológicos y psiquiátricos, que son ya el tercer motivo de las bajas laborales, tras las gripes y las dolencias musculares o roturas. España invierte poco en prevención laboral y las empresas han recortado su gasto en salud laboral, lo que puede provocar un aumento de las horas perdidas. Tener trabajadores sanos (y satisfechos con su trabajo) es la mejor receta contra el absentismo, no multiplicar los controles y “criminalizar” las bajas por una minoría que defrauda. La mayoría quiere trabajar y cobrar su sueldo íntegro, no estar de baja.