Curso 2024-25: desigual tensión educativa

Más de 8,3 millones de niños y jóvenes han vuelto a clase, en 28.800 colegios e institutos, para un nuevo Curso escolar con pocas novedades y viejas tensiones, muy diferentes según regiones, centros y enseñanzas. El número de alumnos crece, pero menos que otros Cursos, por la caída de la natalidad, aunque hay autonomías que siguen perdiendo estudiantes mientras otras los forman en barracones. Los estudiantes crecen por el aumento de los alumnos inmigrantes, cuya presencia es mayor en el este de España. Pero la mayor tensión educativa y falta de medios sigue concentrada en los centros públicos, con más inmigrantes y alumnos problemáticos. Todo ello mientras aumenta el gasto educativo, bajo en las autonomías con más alumnos, y los padres se ven obligados a pagar más por la enseñanza que en Europa. Y la calidad de la enseñanza apenas mejora, con demasiados repetidores y abandonos. Urgen más recursos, pero concentrados en las regiones, centros y enseñanzas con más problemas.

                       Más alumnos en 11 regiones, menos en otras 8

Este Curso escolar 2024-25 se espera recibir  a 8.348.030 alumnos en las enseñanzas no universitarias, desde la educación infantil al Bachillerato y la Formación Profesional(FP), según estima el Ministerio de Educación. Serán 10.493 alumnos más que el Curso 2023-24 (8.337.537), un aumento inferior al del curso pasado (+28.057 alumnos) y al anterior (+60.999 alumnos en 2021-22, tras el bache de la pandemia), porque cada año se nota más la caída de la natalidad en España (los nacimientos se han desplomado un -40% entre 2008 y 2023). Y por eso, los niños y jóvenes que estudiarán este Curso serán menos de los que lo hicieron el Curso récord de 1990-91 (8.378.935 alumnos).

Este pequeño crecimiento de alumnos para 2024-25 es muy desigual por edades y estudios: sólo crecen los niños escolarizados en el primer ciclo de educación infantil (+7.251, hasta 491.307 alumnos de 0 a 3 años), en educación especial (+1.927, con 45.001 alumnos), en otros programas formativos (+305, hasta 14.079 alumnos), en Bachillerato, por el aumento demográfico de décadas anteriores (+20.234 alumnos, hasta un total de 711.651) y, sobre todo, en Formación Profesional (+48.460 matriculados este Curso, 1.193.260 alumnos). Pero pierden alumnos este Curso el 2º ciclo de educación infantil (-21.493 niños, con 1.084.307 matriculados de 3 a 6 años), Primaria (-35.380 alumnos, con 2.715.544 matriculados de 6 a 12 años) y la ESO (-10.811 matriculados, con 2.092.405 alumnos de 12 a 16 años), por la caída de la natalidad desde 2008.

Con ello, hay regiones y Centros educativos que ganan alumnos y los tienen que colocar en barracones (como en Levante y Cataluña) y otras que tienen que cerrar escuelas, por falta de niños, como en Zamora o Galicia. Y eso se traduce en que hay autonomías más tensionadas, porque reciben más alumnos, y otras menos, porque los pierden, una tendencia que se repite desde hace más de una década. Así, entre el Curso escolar 2013-14 y el 2023-24, han aumentado un +3,2% los alumnos de enseñanzas no universitarias (de infantil a Bachillerato y FP), según Educación, pero sólo porque han aumentado esta década los niños escolarizados en 8 regiones, sobre todo: Baleares (+11,2% alumnos), Madrid (+10,4%), Navarra (+9,1%), Murcia (+8,3%), Cataluña (+8,1%), Comunidad Valenciana (+6,4%), la Rioja (+5,4%) y Aragón (+4,1% alumnos). Apenas han crecido los alumnos en Melilla (+1,6%), Cantabria (+1,1%) y País Vasco (+0,9%). Y ojo, hay menos alumnos estudiando hoy que hace una década en 8 autonomías: Extremadura (-7,7% alumnos), Canarias (-6,2%), Ceuta (-4,4%), Asturias (-3,4%), Castilla la Mancha (-2,8%), Andalucía (-1,1%) y Galicia (-0,2%).

En resumen, que Madrid, Baleares, Levante, Aragón, Navarra y el País Vasco, el centro y este de España, recibe más alumnos cada Curso y el resto de España, sobre todo el centro más despoblado y el sur, los pierden. Una razón es que el mayor nivel de vida y el modelo económico atraen más población y con ella, más niños y adolescentes. Y otra, que estas regiones del este de España y las más ricas atraen más inmigrantes, que suelen tener más hijos en edad escolar que los españoles. Los alumnos extranjeros se han disparado en España: eran 763.087 en el Curso 2013-14 y fueron ya 1.066.875 alumnos extranjeros en las enseñanzas no universitarias el Curso 2023-24 (+330.626 en una década, un aumento del 45%). Con ello, los niños y jóvenes extranjeros que estudian en Colegios e Institutos españoles son ya el 12,2% del total, aunque su reparto es muy desigual.

Los alumnos inmigrantes se concentran precisamente en las regiones donde más están creciendo los estudiantes no universitarios, según Educación: Baleares (18,3% alumnos extranjeros, frente al 12,2% de media en España), la Rioja (17,1%), Comunidad Valenciana (17%), Cataluña (16,5%), Aragón (16,2%), Murcia (15%), Madrid (14,3%) y Navarra (12,9%), mientras los estudiantes extranjeros tienen poco peso en Colegios e institutos de Extremadura (4% de los alumnos), Ceuta (3,2%), Galicia (5,9%), Asturias (7%), Andalucía (7,2%), Cantabria (8,1%), Castilla León (8,7%) y Castilla la Mancha(8,5%), autonomías que pierden alumnos.

Los alumnos inmigrantes se concentran más en los centros públicos (colegios e Institutos), según los datos de Educación: ahí estudian el 75,7% de los alumnos inmigrantes no universitarios, cuando sólo concentran el 67% de los alumnos totales. En los centros concertados estudian en 16,5% de los inmigrantes (cuando tienen el 24,8% de todos los alumnos) y en los privados sólo el 7,8% (frente al 8,2% del total de alumnos que acogen). Y hay autonomías (las más pobres) que concentran más porcentaje de inmigrantes en sus Centros públicos, lo que tensiona su enseñanza (porque exigen mayor dedicación y medios): Melilla (el 95,5% de los alumnos inmigrantes estudian en centros públicos), Castilla la Mancha (91,2%, Extremadura (87,9%), Murcia (86,9%), Canarias (85,7%) o Ceuta (85,7%), mientras el porcentaje es mucho más bajo en Madrid (72,1%) o Cataluña (73,9%).

Como vimos, el aumento de alumnos y la consiguiente tensión en Colegios e institutos es muy desigual según los Cursos que se estudien (hacen falta más medios en educación infantil de 0 a 3 años y en FP, también en Bachillerato), la región donde se viva (más tensión en el este de España, Baleares y Madrid) y en los centros públicos, no sólo porque reciben a un mayor porcentaje de alumnos inmigrantes que los concertados o privados, sino porque los centros concertados y privados “seleccionan” a los alumnos que reciben y las cifras demuestran que los colegios e Institutos públicos concentran a más niños y jóvenes de familias con menores ingresos, que normalmente tienen más problemas de integración educativa y formación (1 de cada 3 deja los estudios antes de tiempo), alumnos de familias vulnerables que exigen más atención educativa y más refuerzo escolar.

Este panorama indica que deberíamos centrar los esfuerzos en reforzar los centros públicos de las regiones con más tensiones educativas, sin descuidar al resto. Y en cuanto a los estudios, urge reforzar la educación infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional. Sobre la educación infantil no obligatoria (0 a 3 años), España es un referente europeo, ya que tenemos escolarizados al 41,8% de estos niños, frente al 31% en Europa (39,6% en Alemania o 38,5% en Finlandia) y el 32,4% en la OCDE. Pero la mayoría de estos niños están en guarderías privadas, muy caras para sus padres, por falta de plazas públicas. Frente a una creciente demanda, el Gobierno pretende crear 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años entre 2021 y 2025, utilizando Fondos Europeos. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado 162 millones más (con Fondos UE) para promover plazas públicas de 0 a 3 años. De ellos, 32 millones son fondos públicos que ha devuelto Andalucía porque ha preferido no gastarlos que tener que destinarlos a guarderías públicas (el Gobierno andaluz y otras autonomías del PP optan por financiar guarderías concertadas o privadas).

Sobre la Formación Profesional (FP), este nuevo Curso se han repetido los problemas de falta de plazas públicas, dada la enorme demanda, porque los jóvenes han visto que abre las puertas al empleo. Educación espera 1.193.260 alumnos de FP este Curso 2024-25, lo que supone casi duplicar los alumnos de hace una década (698.694 en 2013-2014). Pero el gran salto (+54,7% entre 2013 y 2023) se ha dado en los centros de FP privados (de tener 39.941 alumnos a 226.661 en 2022-23, un +467%), más que en los centros públicos de FP (los alumnos han subido de 542.203 a 710.601 en 2022-23, +31,2%) y que en los centros concertados (de 116.550 alumnos a 143.701, +23,5%). Eso se debe a que inversores privados (entre ellos Fondos de inversión extranjeros) se han lanzado a abrir centros de FP privados, sobre todo de Grado medio y Superior, cobrando precios desorbitados (de 2.500 a 6.000 euros al año), aprovechando la falta de centros públicos de FP (casi gratuitos).

Los sindicatos creen que faltan unas 100.000 plazas públicas de FP, sobre todo en Madrid, Barcelona y las regiones más pobladas y con más demanda. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó 88,5 millones para crear 41.790 plazas y destaca que desde 2020 se han creado 376.186 plazas públicas de FP, con una inversión de 842 millones. Pero faltan más. Y además, este Curso se repite también el problema de encontrar empresas que colaboren para que los 1,2 millones de alumnos de FP hagan prácticas, algo obligatorio (deben hacer unas 500 horas anuales de prácticas, entre el 25 y el 35% de sus estudios).

Mientras los alumnos de Colegios e institutos aumentan o bajan, según dónde, el número de profesores de enseñanzas no universitarias aumenta, aunque menos: eran 784.425 profesores en junio pasado, +15.627 que el Curso anterior y +113.646 más que 10 años antes (670.777 en 2013-14). Eso permite mejorar algo la ratio alumnos por profesor, que era de 11,4 alumnos por profesor en 2021-22, aunque existen también grandes diferencias por niveles de estudio, centros y autonomías. Así, hay regiones con muchos más alumnos por profesor, como Madrid (12,9), Cataluña (11,9), Melilla y Murcia (11,8), Andalucía (11,7), País Vasco y Comunidad Valenciana (11,2), y otras menos tensionadas, como Cantabria (9,1 alumnos por profesor), Extremadura (9,4), Asturias y Galicia (9,9), Castilla y León o Navarra (10).

Con todo, España tiene menos alumnos por profesor, en Primaria y Secundaria,  que la mayoría de Europa, según Educación: 11,3 alumnos/profesor en 2021-22, frente a 12,1% de media en la UE-27, 12,7 en Finlandia, 13,3 en Alemania o 15 en Francia. Eso sí, en España hay más alumnos por clase: 20 en Primaria en los centros públicos (23 en los privados) frente a 19 alumnos por clase en la UE, y 24 alumnos por clase en la ESO (26 en la privada) frente a 21 alumnos de media en la UE. Y aunque en España hay menos días lectivos, los profesores españoles dan más horas de clase: 875 anuales, frente a 800 en la UE y 804 en la OCDE.

El problema no es tanto el exceso de alumnos ni la falta de profesores como la calidad de la enseñanza que se imparte. Dadas las tensiones en algunas enseñanzas y centros (los públicos con alumnos más vulnerables), España tiene un serio problema de resultados de la enseñanza no universitaria, no sólo porque salgamos mal en los estudios PISA (que miden la capacidad en matemáticas y comprensión lectora), fruto de una enseñanza demasiado “memorística”, sino porque hay demasiados alumnos con dificultades, que acumulan problemas y fracasos desde infantil a Bachillerato. Bastan 3 datos para alertarnos. Uno, los repetidores: el 2,1% en Primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en Secundaria primera etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono escolar, el altísimo porcentaje de jóvenes que deja sus estudios sin acabar Bachillerato o FP : 13,6% en España frente al 9,6% en la UE-25. Y tercero, el altísimo porcentaje de jóvenes (18 a 24 años) que son “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 17,8% en España y 13,8% en la UE.

Así que debemos estar preocupados por la calidad de la enseñanza no universitaria en España, fruto de la tensión educativa y la falta de medios en determinadas regiones y centros, con un alto porcentaje de alumnos que necesitan “refuerzo” y no lo tienen. Por un lado, mejorar la enseñanza exige más medios y más gasto, ya que España sigue gastando menos en educación que la mayoría de Europa: 10.181 dólares por alumno en Primaria, frente a 11.478 dólares en la UE-25 y 11.902 dólares en la OCDE. Y 12.541 dólares por alumno en Secundaria, frente a 13.225 dólares en la UE y 13.324 en la OCDE, según el reciente informe de la OCDE. Y ese mayor gasto evitaría que una parte del gasto educativo recaiga sobre las familias: los padres españoles financian entre el 9% (Secundaria), el 11,6% (Primaria)  y el 12% (infantil) de la educación no universitaria de sus hijos, el doble que los padres europeos (financian el 4,4% en Primaria, el 5,4% en Secundaria y el 10,4% en infantil).

No basta con gastar más para mejorar la calidad de la enseñanza. Hay que gastar mejor y de forma desigual, poniendo más recursos en los centros y estudios más tensionados, en la regiones donde más crecen los alumnos y necesidades. Pero no se hace así. Existe un Plan PROA+ para refuerzo de los alumnos con problemas, para desdoblar aulas y profesores, pero en muchos Colegios e institutos es insuficiente, sobre todo en los centros públicos. Y además, hay una tremenda desigualdad en el gasto educativo por autonomías, con el agravante que algunas de las más tensionadas son las que gastan menos. Así, en 2023, Madrid fue la región que gastó menos en educación por habitante (858,64 euros), seguida de Asturias (988), Aragón (1.020), Canarias (1.026 euros), Baleares y Galicia  (1.031), Cataluña y Castilla la Mancha (1043), mientras que las que más gastan en educación son País Vasco (1.522 euros, casi el doble que Madrid), Navarra (1.398), Extremadura (1.241) y Comunidad Valenciana (1.220 euros), según este estudio de los Directores sociales.

En resumen, los niños y jóvenes han iniciado otro Curso escolar donde nos jugamos avanzar en la calidad de su enseñanza y resolver las graves desigualdades educativas que se dan en España, según en qué centro y en qué ciudad se estudie. No basta con mejorar la enseñanza en general: hay que mirar dónde están los “puntos negros” y reforzar alumnos, centros y enseñanzas, con más recursos, más medios y otra educación. Nos jugamos el futuro.

2ª bajada (mínima) de los tipos de interés

El BCE ha bajado hoy los tipos de interés, un -0,25% (al 4%), por 2ª vez este año, tras subirlos 10 veces (del 0 al 4,50%) entre julio de 2022 y septiembre de 2023. Lo justifican porque la inflación europea ha bajado al 2,2% (desde el 10,6% en 2022), pero no ha sido por sus drásticas subidas sino por la bajada de energía, materias primas y alimentos, por cambios en los mercados y medidas de los Gobiernos. No reconocen que su “ricino monetario” ha dañado a familias (hipotecas), empresas (créditos) y paises (deuda), beneficiando sólo a la banca. Y ha provocado el estancamiento de la economía europea: apenas crece (+0,2%), mientras decrecen Alemania, Austria, Irlanda, Suecia, Letonia y Hungría. Saben que tienen que bajar tipos, para reanimar la inversión y el consumo, pero lo hacen poco a poco: el dinero cuesta todavía el 4%, el precio más alto desde 2007. Y así, Europa sigue estancada y crece la tercera parte que EEUU.

                             Enrique Ortega

La inflación parece no ser ya el primer problema de la economía mundial, como lo ha sido en 2022 y 2023. De hecho, en la zona euro, la inflación anual ha caído al 2,2% en agosto, desde el máximo del 10,6% que subía en octubre de 2022, tras la invasión de Ucrania y la drástica subida de la energía y las materias primas. Y en EEUU, los precios subieron el 2,5% anual en agosto, la menor inflación desde febrero de 2021 y muy por debajo de la subida máxima alcanzada en junio de 2022, el 9,1%. Con ello, los bancos centrales de Europa (BCE) y USA (Reserva Federal) han visto el momento de bajar los tipos de interés, tras las drásticas subidas aprobadas en 2022 y 2023, para “atajar” la alta inflación. De hecho, EEUU subió 11 veces sus tipos de interés (entre marzo de 2022 y julio de 2023), desde el 0% al 5,25% actual. Y ahora, la Reserva Federal  planea aprobar la primera bajada el próximo miércoles, 18 de septiembre. Y el BCE, que subió 10 veces sus tipos (entre julio de 2022 y septiembre de 2023), del 0 al 4,50%, ha aprobado hoy su 2ª bajada este año, del -0,25%, tras la primera hecha el 6 de junio pasado.

El BCE, como la Reserva Federal, creen en la subida de tipos como en “un dogma de fe”: es la mejor receta contra la inflación, aunque tenga el coste de hundir la actividad y el crecimiento, frenando el empleo. En el caso de que la inflación esté provocada por un fuerte crecimiento económico, por un exceso de consumo (“inflación de demanda”), el “ricino” de la subida de tipos, al encarecer el dinero, puede ayudar a “enfriar la economía”. Pero lo que ha sufrido el mundo tras la invasión de Ucrania y la “hiperinflación” ha sido una “inflación de oferta”, de costes, provocada por una subida disparada de la energía (petróleo y gas), las materias primas y alimentos, con una rotura adicional de las cadenas de suministro mundial. Y en este caso, subir el precio del dinero no es una receta correcta, como señalan muchos expertos, porque no provoca una bajada del petróleo, el gas o los alimentos y sí daña a  las economías, las empresas y las familias.

Pero tanto el BCE como la Reserva Federal (con más motivo, porque la economía USA si estaba algo “recalentada”, mientras Europa no crece) “han seguido en sus trece”, con una subida de tipos drástica (del 0 al 4,50 (en Europa) o al 5,25% (en USA) y muy rápida (en año y medio), que parece haber bajado la inflación. Pero es sólo “un espejismo”: la inflación ha bajado porque se han ajustado los mercados energéticos (más producción de petróleo en EEUU, medidas de ahorro, cambio en los proveedores de gas) y porque los gobiernos han tomado medidas para bajar el precio de la electricidad y subvencionar la energía, las materias primas y los alimentos, con ayudas a empresas y familias. Y gracias al ajuste de los mercados y a las medidas aprobadas, se ha rebajado la inflación, no por las subidas de tipos. Y a pesar de estas críticas, la Reserva Federal y el BCE llevan meses retrasando las bajadas: el BCE ha esperado a junio y EEUU hará la primera rebaja la próxima semana. Todo por insistir en su “ortodoxia”, en su “fundamentalismo monetario”, tan inútil como dañino.

El BCE ya había visto que la economía europea estaba estancada en el primer trimestre (creció sólo un +0,3%), como lo había estado en todo 2023 (la UE creció un +0,6%, la cuarta parte que EEUU: +2,4%), pero esperó al 6 de junio para hacer su 1ª bajada de tipos (desde la 10ª subida, hecha el 14 de septiembre de 2023), un mínimo recorte del 0,25% (dejando los tipos al 4,25%). Su argumento para seguir con la “ortodoxia” era que la inflación seguía alta (ojo: está por debajo del 3% desde febrero de 2024, cuando estaba en el 10,6% en octubre de 2022) y que temían por un repunte de los salarios en Europa (que relanzaran la inflación). Ahora, el BCE ha decidido su 2ª subida (mínima otra vez: -0,25%, dejando los tipos en el 4%) por dos datos. Uno, que la inflación en la zona euro ha bajado al +2,2% en agosto, la más baja desde abril de 2021. Y el otro, que las subidas salariales se han moderado (los costes salariales aumentaron un +3,6% en el 2º trimestre, tras crecer un 4,7% en el primero).

Pero el dato que les debía haberles preocupado más es que, tras la drástica y rápida subida de tipos (recordemos: del 0 al 4,5% en 14 meses), la economía europea está estancada: la UE-27 ha crecido sólo un +0,2% en el 2º trimestre de 2024, según Eurostat, menos que en el 1º (+0,3%), la tercera parte que en todo 2023 (+0,6%) y muy por debajo de lo que crecía Europa antes de la pandemia, la invasión de Ucrania y el inicio de la drástica subida de tipos (+2,2% en 2019 y +3,4% en 2022). Y otro dato: la UE-27 creció en el 2º trimestre (+0,2%), menos de la tercera parte que EEUU (+0,7%), a pesar de que los tipos de la Reserva Federal eran más altos (5,25% frente al 4,50%), lo que significa que Europa estaba estancada mientras EEUU seguía creciendo mucho más, aunque ahora temen un estancamiento próximo.

Y lo peor, lo que tendría que haber llevado al BCE a una mayor rebaja de tipos hoy (y en los próximos meses) es que Alemania, la locomotora europea está “gripada”: cayó en 2023 (decreció un -0,3%, mientras España crecía un +2,4% y Francia un +1%) y sigue estancada (creció un 0,2% en el primer trimestre) e incluso cayendo (-0,1% en el 2º trimestre de 2024). Y no es un caso aislado: en el 2º trimestre ha caído también el PIB en otros 5 paises europeos: Irlanda (-1%), Austria (-0,4%), Suecia (-0,3%), Letonia (-0,9%) y Hungría (-0,2%). Así que la economía UE pasa por un mal momento y no se merece que el BCE mantenga un precio del dinero tan alto: el 4% actual es el más elevado desde junio de 2007 (4%) y contrasta con el 0% que costaba el dinero en Europa entre 2016 y 2022.

Así que ya sabemos a dónde nos ha llevado la “ortodoxia monetaria” del BCE, que pone por delante la bajísima inflación (el 2% como objetivo, que no se conseguirá hasta finales de 2025) al crecimiento, la inversión y el empleo. Ese debería ser el debate económico ahora: Europa debería aceptar una inflación en torno al 3%, a cambio de tipos más bajos (del 2 al 3%) y un mayor crecimiento y empleo en el continente. Pero casi nadie habla de esto.

Mientras, la política de tipos altos (que se mantiene), ha tenido (y tiene) un alto coste para familias, empresas y paises, a los que el BCE perjudica con su ortodoxia (y lo sabe). Las familias europeas llevan dos años largos pagando más por sus hipotecas, lo que perjudica su poder adquisitivo y su consumo. En España lo saben bien las 4 millones de familias que están pagando una hipoteca y cuya cuota mensual les ha subido drásticamente, de la mano del Euribor: de ser negativo hasta marzo de 2022 (-0,237%), se puso en positivo en abril  y llegó a un máximo del 4,160% en octubre de 2023, encareciendo drásticamente las hipotecas (del 1,3% en 2021 al 3,94% en octubre de 2024). Y aunque ahora ha bajado del 3%, con las dos bajadas de tipos del BCE y las previstas, todavía las hipotecas son mucho más caras que hace dos años. Un ejemplo: una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, que paga el Euribor+1%, cuesta ahora 805,57 euros al mes, que es menos que hace un año (883,28 euros en agosto 2023) pero mucho más que hace dos (654,12 euros en agosto 2022).

Además de pagar más por las hipotecas, a pesar de la rebaja de agosto (84,6 euros al mes sobre agosto de 2023), las familias también han visto subir los tipos de sus créditos al consumo, para comprar un coche, irse de vacaciones o cambiar muebles: han subido del 6,10% en 2021 al 7,13% en 2022 y al 8,23% en octubre de 2023, aunque ahora estén en el 7,63% (julio 2024), según el Banco de España. Y también las empresas llevan dos años pagando más por sus créditos. Así, una pyme ha visto subir un crédito de 250.000 euros del 1,69% en 2021 al 3,53% en 2022 y al 5,25% en noviembre de 2023, aunque ahora paguen el 4,66%, según el Banco de España. Y los créditos a empresas superiores al millón de euros han subido del 1,04% (2021) al 4,95% en 2023, aunque ahora están al 4,72%.

También los paises han pagado en sus Presupuestos la drástica subida de tipos del BCE, al encarecerse el interés que tienen que pagar a los inversores para colocar la deuda pública. Así, el bono español a 10 años ha pasado de pagar el 0,41% de interés en noviembre de 2021 al 2,46% en noviembre de 2022 y un máximo del 3,94% en septiembre de 2023, bajando al 3,41% en junio de 2024 y al 2,94% en septiembre de 2024. Eso se traduce en que España tiene que pagar ahora más intereses por su deuda (39.078 millones en 2024 frente a 30.175 en 2022) y por eso puede gastar menos de lo que haría falta en sanidad, educación, dependencia, ayudas públicas o pensiones.

Como se ve, el coste económico y social de la “ortodoxia monetaria” del BCE es muy elevado, aunque hay un sector que sale muy beneficiado: la banca. En España, las familias y empresas han pagado 47.971 millones de euros más en intereses por hipotecas y créditos entre 2022 y 2023 (+14.035 millones los hogares y +33.936 millones las empresas), según los datos del Banco de España. Y esta subida de tipos y márgenes (más la mayor remuneración por el dinero que tienen depositado en el BCE)  ha permitido a los bancos europeos tener beneficios récord. Así, los 6 grandes bancos españoles aumentaron un 28% sus beneficios en 2022 (20.850 millones) y otro 26,4% en 2023 (26.088 millones). Y con el retraso en las bajadas de tipos, los 6 grandes bancos españoles han ganado en el primer semestre de 2024 otros 15.286 millones de euros (+23,4%), el primer semestre mejor de su historia.

Ahora, el BCE anticipa que hará otra pequeña rebaja de tipos (otro -0,25%) el 12 de diciembre, con lo que acabaríamos 2024 con un precio del dinero al 3,75%, el tipo que teníamos en mayo de 2023 y el tipo más alto desde octubre de 2008 (3,75%). Y que seguirá siendo “prudente” en las bajadas durante 2025 (podría aprobar 4 más), con lo que se cerraría el próximo año con los tipos al 2,75%. Eso claro, si no repunta la inflación por la energía y otras causas geopolíticas. Así que nos vaticinan tipos altos (hipotecas y créditos caros), aunque la economía europea siga estancada: se espera un débil crecimiento del 1% este año y un mínimo 1,7% en 2025, siempre por debajo de EEUU.

Mientras la economía europea no despega, algo que no parece preocupar al BCE, la presidenta de la Comisión ultima su Gobierno y se plantea las prioridades para los próximos 5 años. En Bruselas sí preocupa el estancamiento de la economía europea, frente a EEUU y a China, y por eso la Comisión encargó un informe a Mario Draghi, anterior presidente del BCE y ex primer ministro italiano. El informe, divulgado este martes, apuesta por un Plan de reactivación de la economía europea, invirtiendo 800.000 millones al año (inversión privada, pública y emisión de deuda europea) en apostar por la innovación y la tecnología, la reindustrialización, las energías limpias, la industria de la defensa  y avanzar en la integración europea, desde los mercados de capitales a la banca y la competencia. Un nuevo “Plan Marshall” para Europa, de origen europeo, para mejorar la competitividad y reducir distancias con EEUU y China. Un objetivo crucial. Pero el BCE debe contribuir al salto de la economía europea recortando más rápidamente los tipos. Aunque suba algo la inflación. Peor es el estancamiento económico actual, que frena el empleo y la calidad de vida. Recapaciten.

La economía bien, la política mal

Tras las vacaciones, España afronta un otoño muy complicado, más en los temas políticos que en la economía. Los datos oficiales revelan que hemos superado la triple crisis de la pandemia, la guerra der Ucrania y la hiperinflación, con mejor nota que la mayoría de Europa: crecemos el triple, creamos más empleo (1,7 millones desde 2019) y la inflación ha bajado al 2,2%. Pero mucha gente no nota esta mejora de la economía, porque sus salarios apenas crecen y todo es más caro. Y les agobia pagar un alquiler, el colegio o la universidad y una sanidad privada o una residencia. Y las autonomías piden más recursos, mientras se enquista una reforma de su financiación. Además, persiste el problema de la inmigración ilegal (manipulada por la ultraderecha) y parece imposible que el Gobierno apruebe un Presupuesto para 2025. Al final, la polarización y el enfrentamiento político impiden mejorar la economía y los problemas que preocupan a los españoles. Estamos ante el riesgo de una “Legislatura fallida”. 

  

                            Enrique Ortega

Tras cuatro años y medio de continuas crisis, desde la pandemia a la guerra de Ucrania y la hiperinflación, la economía española parece asentar su recuperación, a juzgar por los datos oficiales. Por un lado, somos el país europeo grande que más crece: +0,8% en el 1º y 2º trimestre de 2024, casi el triple que la zona euro y que la UE-27 (+0,3% de crecimiento los dos primeros trimestres) y también por encima de Francia (+0,3%) o Italia (+0,3% en el primer trimestre y +0,2% en el 2º) y mucho mejor que Alemania (su PIB creció un +0,2% en el primer trimestre y cayó un -0,1% en el 2º), según Eurostat. Y lo mismo pasó en 2021 (España creció un 6,4% y la UE-27 un 6%), en 2022 (+5,8% frente al 3,4%) y en 2023 (un +2,4%, cuatro veces más que el +0,6% UE-27), compensando con creces la mayor caída que sufrimos en 2020 con la pandemia (-11,2% frente a -5,6% de caída en la UE-27). 

Así que ahora (2º trimestre 2024), España crece a una media anual del 2,9%, cuando Europa está estancada y Alemania roza la recesión. La clave del “éxito” económico español está en un fuerte tirón del turismo (que superará este año los 90 millones de visitantes, con un gasto récord de 128.000 millones de euros), en el mantenimiento del consumo de las familias (por la fuerte creación de empleo: +1,7 millones desde 2019, más estable y mejor pagado), en el pulso de las exportaciones, que se mantienen fuertes en los últimos años, a pesar de la caída en 2024 (-2,4%, en España, menos del -3,2% que caen en UE-27) y por el empuje de los Fondos europeos: España ha adjudicado ya el 55% del total asignado (38.604 millones de euros) y puede adjudicar el resto hasta finales 2026.

Además de crecer más que la mayoría, España ha superado también, como el resto de Europa, el grave problema de la hiperinflación: la inflación anual ha bajado al 2,2% en agosto de 2024, según el INE, como la eurozona (2,2%) y muy lejos del 10,5% que subían los precios en agosto de 2022 (tras la guerra de Ucrania y el tirón de los precios de la energía, las materias primas y los alimentos).Y eso, a pesar de unos tipos de interés récord impuestos por el BCE (en el 4,50%, aunque los bajó en junio al 4,25%, todavía el tipo más alto desde 2008), que han encarecido hipotecas y préstamos, debilitando la recuperación más que la inflación.

A pesar de que “la economía va bien”, la mayoría de los españoles “no lo notan”, según las encuestas del CIS. La razón es evidente: tras dos años de fuerte subida de precios (2022 y 2023), todo es mucho más caro ahora. Y a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes, porque sus sueldos han subido menos que la inflación. Es lo que pasa incluso este año: la inflación anual media sube un +3,2% hasta agosto y la subida salarial en los convenios firmados (hasta julio) es del +2,9%. Así que los trabajadores con convenio pierden poder adquisitivo (-0,3%) y los que no tienen convenio más. Y eso ha pasado también en 2022 y en 2021. De hecho, los trabajadores españoles han perdido un -5,16% de poder adquisitivo entre 2020 y agosto de 2024, según los datos del INE y Trabajo.

Eso explica que muchas familias no noten en sus bolsillos “la mejora de la economía”. Eso contrasta con la situación de las empresas, que han mejorado sensiblemente su facturación, márgenes y beneficios en estos últimos cuatro años y medio. El margen bruto sobre ventas se ha disparado: es el 13,5% entre abril y junio, según el Observatorio de Márgenes Empresariales, lo que augura un tercer año récord de márgenes, tras un +12,9% en 2023 y 12,1% en 2021, por encima del 10% de 2020 y 11% de margen en 2019. Así que mientras las familias pierden poder adquisitivo, las empresas suben márgenes (a pesar del aumento de costes), subiendo precios. Y eso les ha permitido aumentar sus beneficios estos años. En 2024, de enero a junio, las empresas cotizadas ganaron 32.099 millones, un +15,22% de aumento, sobre todo las energéticas, eléctricas, bancos y distribución.

Las familias españolas tampoco notan que “la economía va bien” porque siguen con problemas económicos preocupantes en su día a día. Por un lado, los servicios públicos esenciales se han deteriorado y les siguen costando dinero. Es el caso de la Sanidad, donde crecen las listas de espera, no sólo para el especialista, sino para ver al médico de familia, lo que se traduce en que contratan cada vez más un seguro médico privado: 12,4 millones de españoles lo pagan cada mes, 1 de cada 4 personas (un 38,7% en Madrid y un  32,4% en Barcelona). Y también es costosa (y complicada) la educación de los hijos, desde la guardería y el colegio (con gastos crecientes en los concertados) a la Universidad y la FP (cada vez más privada). Y lo mismo el atender a los dependientes (mayores), muchos en espera de ayuda (331 días de media y 130.643 con derecho reconocido y en “lista de espera”)  y otros sin atención y obligados a pagar caras residencias (la mayoría privadas).

Así que tres servicios claves, Sanidad, Educación y Dependencia funcionan “tensionados”, faltos de recursos y personal, lo que obliga a las familias a gastarse dinero en cubrir sus necesidades sanitarias, educativas y dependencia. Y estos servicios los gestionan las autonomías, que se quejan de falta de recursos de la Administración Central. Pero el Gobierno asegura que les anticipará 147.412 millones de euros en 2025, a cuenta de los ingresos que les corresponden por impuestos, un +9,5% sobre 2024 y la mayor aportación de la historia. Y recuerdan que han transferido a las autonomías 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2023) que los recibidos con los Gobiernos de Rajoy (2013-2017).

Este otoño volverá con fuerza el tema de la reforma de la financiación autonómica, la petición urgente de todos los Gobiernos regionales para contar con más recursos para atender a los servicios públicos que gestionan (sanidad, educación, dependencia, ayudas y servicios sociales, vivienda…). Una petición justificada porque el actual sistema de financiación se aprobó en 2009 y debía haber sido reformado en 2014. El Gobierno Sánchez promete presentar una reforma a las autonomías este año, pero el problema es la falta de acuerdo político entre el PP (que gobierna en 11 autonomías, más Ceuta y Melilla, aunque no tienen todas una postura común) y el Gobierno. Y eso, porque lo que está en juego son los criterios de reparto de los ingresos que corresponden a cada autonomía.

En el sistema de financiación actual, lo que prima es la población de cada comunidad: las más pobladas reciben más ingresos en el reparto de la recaudación total (también las autonomías más ricas contribuyen con más ingresos). Y eso perjudica a autonomías con menos población, que piden ahora un nuevo sistema de reparto de la financiación que prime más el porcentaje de población mayor o la diseminación de la población y el peso de la España vaciada. Según los criterios que ser fijen, habrá autonomías que reciban comparativamente más dinero que ahora y otras menos (aunque todas ingresarán más).

Con la financiación autonómica actual, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media). Estas autonomías son las que más se quejan de falta de recursos, porque llevan 10 años ya recibiendo menos de lo que les correspondería con un sistema “más justo”. Las 10 autonomías restantes están “sobre financiadas”, reciben más que la media (3.365 euros por habitante). Las 4 regiones que se benefician más del actual sistema son La Rioja (recibe 3.954 euros por habitante, 898 euros más que Murcia), Cantabria (3.944 euros), Baleares (3.877 euros) y Extremadura (3.809 euros por habitante), seguidas de lejos por Canarias (3.696 euros), Castilla y León (3.573 euros), Aragón (3.529 euros), Asturias (3.584), Galicia (3.448) y Cataluña (3.396 euros).

Otro problema clave de este otoño, que afectará a las autonomías y a todos nosotros, será la aprobación de los Presupuestos para 2025. El Gobierno promete presentar un proyecto este mes de septiembre, pero no cuenta con mayoría para sacarlo adelante, a la vista de que Junts (el partido de Puigdemont) ya votó en contra del techo de gasto que aprobó el Gobierno en julio (y amenaza con sumarse al PP y Vox en el veto a los Presupuestos de 2025). Si el Gobierno no consigue el apoyo de Junts (y de ERC, el PNV, Bildu o Podemos), tendrá que prorrogar los Presupuestos actuales de 2024 (que ya prorrogaron los de 2023) para 2025, al igual que se prorrogaron los de 2018 (en 2019 y 2020). El problema es que la prórroga obligaría a gastar menos (-22.288 millones), porque el techo de gasto sería el de 2023 (173.065 millones) y no el propuesto para 2025 (195.353 millones). Así que no aprobar el Presupuesto para 2025 supone gastar 22.288 millones menos, que se traduce en menos recursos públicos para sanidad, educación, Dependencia o inversiones que tanta falta hacen…

Con todo, la pelea más “sonora” de este otoño será la inmigración, no porque sea lo que más preocupa a los españoles sino porque la derecha y la ultraderecha creen que es la bandera que les da más votos. Hay un dato preocupante: la inmigración ilegal hacia España se ha disparado: 56.852 inmigrantes ilegales entraron en España en 2023 (39.910 por Canarias), un 82% más que en 2022. Y en la primera mitad del año 2024 han llegado 26.585 inmigrantes ilegales, un 90% más que en 2023. Está claro que hay que frenar este ritmo de llegadas, sobre todo con acuerdos con los paises de salida (ahora Mauritania, Senegal, Mali y Gambia, muchos con conflictos bélicos) y con medidas internas (el Gobierno expulsó a 2.515 inmigrantes irregulares en el primer trimestre).

Pero no se puede hacer demagogia, porque la mayoría de la inmigración se hace por cauces controlados: en 2023, España recibió 639.000 inmigrantes netos, lo que permitió aumentar la población y proveer de mano de obra a muchos sectores (el 40% del nuevo empleo lo consiguen extranjeros). Y en España viven (censados) 4.394.900 extranjeros de fuera de la UE, el 6,4% de la población total (en Europa, los extranjeros no comunitarios son el 9,1%).

Está claro que hay que regular la inmigración, facilitando la llegada de extranjeros de forma legal y limitando la vía de la inmigración ilegal (que no parará). De hecho, España necesita la llegada de  200.000 extranjeros cada año para cubrir trabajos claves, en el campo, el turismo,  la construcción y muchas industrias y servicios. Y para pagar impuestos, cotizar y financiar las pensiones y los servicios públicos, algo de lo que no se habla cuando se identifica a la inmigración con inseguridad y costes. Un debate que debería no ser político y sectario, para  primar la humanidad, los derechos humanos y la economía.

Otro debate clave, más prioritario, es la grave situación de la vivienda en España, que no sólo afecta a los que buscan un techo (jóvenes y nuevas familias) sino a toda la economía, porque hay muchas actividades muy afectadas por la falta de vivienda para sus trabajadores (turismo, industrias, sanidad, colegios y Universidades, servicios…). El problema de fondo está claro: faltan viviendas para vender y alquilar y eso está disparando los precios. Sobre todo del alquiler. Su precio se ha disparado un 30% desde 2019 y cuesta 1.206 euros de media (13,4 euros/m2 en junio), según Idealista, llegando a 1.800 euros en Barcelona y 1.782 euros en Madrid. Cantidades imposibles de pagar para muchos sueldos y que revelan el problema de fondo: la falta de oferta (se ha reducido un 41% desde 2019, por el trasvase a pisos turísticos y de temporada, más ventas) y el tirón de la demanda (se ha duplicado con creces estos años).

La solución pasa por aumentar la oferta de viviendas, aumentando la promoción de viviendas nuevas (se terminaron 80.473 viviendas “libres” en 2023, frente a 356.000 en 2009) y facilitando a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler (no “asustándoles” con controles). Y sobre todo, alcanzar un gran Pacto entre Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores y bancos para promover 150.000 nuevas viviendas al año, la mayoría para alquilar.

En resumen, “la economía va bien”, pero las familias españolas lo podrían notar más si la política se preocupara de resolver sus problemas cotidianos, desde la mejora de los salarios y el empleo de los jóvenes a la sanidad, la educación a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Pero estamos metidos en una política de “polarización” y enfrentamientos constantes que perjudican a la economía, como la  peligrosa deslegitimación del Gobierno y las instituciones democráticas. Y así resulta imposible sentarse y tratar de buscar una solución a la sanidad, la vivienda, la financiación autonómica o la inmigración, aprobar medidas entre todos que mejoren la vida de la gente. Todo apunta a que, si no hay Presupuestos 2025 ni acuerdos en los problemas básicos, estamos ante “una Legislatura fallida”. Y ante un “parón” político que acabará dañando la economía.