La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).
lunes, 30 de septiembre de 2024
Autonomías: menos peso del gasto social
Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses
pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren
en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan
el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les
aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado,
pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500
millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la
tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos
revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad,
educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”.
Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar
impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación.
No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la
financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos
mejor en lo que hace falta. Enrique Ortega
La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).
Pero la realidad es que, en los últimos años, todas las
autonomías han recibido más dinero que nunca del Estado central, gracias al
fuerte crecimiento y a la inflación, que han permitido a Hacienda récords de
recaudación: 271.935
millones en 2023, un +6,4% (tras aumentos del +15% en 2021 y +14%
en 2022). Por eso, el Gobierno Sánchez ha podido aportar a las autonomías
unas cantidades récord: 147.412
millones de euros en 2024 (+9,5%, un máximo histórico), que les han
permitido cubrir sus gastos y compensar la infrafinanciación. Y gracias al
crecimiento, el aumento del empleo y la recaudación récord, las autonomías recibirán
estos casi 7 años de Gobiernos de
Sánchez (2018-2024) unos
300.000 millones más del Estado de lo que recibieron durante los casi 7
años de Gobiernos de Rajoy (2012-2018).
Ahora, el Gobierno Sánchez quiere aprobar un Presupuesto para 2025, tras
no poder aprobar el de 2024 (por la falta de apoyo de ERC y Junts, tras el
adelanto electoral en Cataluña) y prorrogar este año el de 2023. Pero el
Gobierno tiene que aprobar antes, por exigencia de la Constitución (se
aprobó un añadido en 2011, obligado por Bruselas) y de la Comisión Europea, un “techo
de gasto” y una “senda
de déficit”, dos cimientos previos a todos los Presupuestos. El Consejo de
Ministros aprobó ambos el 16 de julio. Pero el PP (y Vox), con el apoyo de
Junts, lo vetaron a finales de julio. El Gobierno volvió a
aprobar lo mismo (techo de gasto y senda de deuda) el 10 de septiembre,
pero finalmente no lo ha llevado al Congreso, para no perder una 2ª
votación, dado que Junts sigue con su veto (con PP y Vox ).
Estos dos puntos de partida de los Presupuestos 2025 no
debían ser tan polémicos. Por un lado, el
“techo de gasto” es un tope que se pone a todo el
gasto del Estado, contando con lo que se espera crezca la economía (y la
recaudación) y la obligación (impuesta por la Comisión Europea) de rebajar
el déficit público (del 3% del PIB en 2024 al 2,5% prometido para
2025). Así sale que España no puede gastar más de 195.353 millones en
2025, un +3,2% (sin contar los Fondos europeos). Eso supone poder gastar
6.138 millones de euros más en 2025. Algo que beneficiará a todos los
españoles y también a las autonomías, que se llevan casi la mitad del gasto
total. Pero el PP (y Vox), que gobiernan 11 autonomías, vetan este “techo de
gasto”, no tanto porque les parezca alto (es el que admite la Comisión
Europea) sino como “arma de ataque político” al Gobierno.
El otro documento que también se veta es “la
senda de déficit” . En este
caso, el Gobierno reparte el tope de déficit prometido a Bruselas
para 2025 (2,5% del PIB, unos 37.500 millones de euros) entre el
Estado central, la Seguridad Social, las autonomías y los Ayuntamientos. La
idea es “repartir el ajuste”. Pero este año, el
Gobierno ha propuesto un cambio: la Administración central reducirá más
su déficit (al -2,2% del PIB frente al -2,8% inicialmente previsto: tendrá
que “ajustar” sus cuentas en 9.000 millones más) para que las autonomías tengan más margen
de gasto y puedan tener déficit (antes se les ponía como objetivo un superávit
del +0,1% del PIB y ahora se les permite un déficit de
-0,1%). Eso se traduce en que podrán gastar 3.000 millones más de lo previsto
en 2025 (y otro tanto en 2026). Y también mejora “la senda de
déficit” para los Ayuntamientos: si antes debían tener un superávit del
+0.1% del PIB en 2025, ahora, el Gobierno les propone que no tengan superávit (cuantas
equilibradas), con lo que podrán gastar 1.500 millones más (y 3.000 en
2026, cuando se les permite también un equilibrio en vez del +2% de superávit).
Esto es lo que significa, a lo claro,
la “senda del déficit” propuesta por el Gobierno: que las autonomías
puedan gastar 3.000 millones más en 2025 (y otros 3.000 extras en 2026) y
que los Ayuntamientos gasten 1.500 millones más en 2025 (y 3.000 en
2026), a cambio de que la Administración central gaste menos (-9.000 millones).
Y el PP (y Vox), que gobierna en 11 autonomías y la mayoría de los
Ayuntamientos, ha votado en contra… No se entiende, salvo que se anteponga la “pelea
política frontal” a los intereses de regiones y ciudades.
Pero hay más. Si no hay Presupuestos para 2025, por no aprobarse previamente
ni “el techo de gasto” ni la “senda del déficit”, las
autonomías van a tener menos recursos, porque recibirán con retraso
las aportaciones del Estado. Vean por qué. El grueso de los ingresos de
las autonomías son “las entregas a cuenta” que les hace el Estado
central (el Gobierno) a cuenta de la parte que les corresponde por los
impuestos que ingresa (la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos
especiales). Cada año se presupuesta lo que les corresponde y se les da
un anticipo: para 2025, Hacienda tiene previsto entregarles 147.320
millones. Y además, cada año se les entrega la liquidación de dos
años antes (la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real).
En 2025, está previsto liquidarles 11.692 millones, por la diferencia
de 2023 (recaudación real-entrega a cuenta).
Con ello, el proyecto del Gobierno es entregarles a las
autonomías 159.104 millones en 2025 (+2,6%), de los que 147.320
millones son a cuenta de la recaudación prevista, que son 12.743
millones más que en 2024. Pero si no hay Presupuestos, esta
aportación se retrasa legalmente y dependerá de un Real Decreto que
debe aprobar el Gobierno en 2025. Eso
ya pasó en 2024, cuando las autonomías recibieron sus aportaciones a cuenta
(son pagos quincenales) a partir de junio. Así que si no hay
Presupuestos, las autonomías no recibirán estos 12.743 millones extras de 2025 hasta
el próximo verano, no desde el 1 de enero.
Como se ve, las autonomías (y Ayuntamientos) perderán
recursos si no hay Presupuestos por una triple vía: habrá
menos gasto público en toda España (-6.138 millones), podrán gastar menos por
no aprobarse su nuevo techo de déficit (-6.000 millones en 2025 y otros tantos
en 2016) y les llegará medio año más tarde la parte extra que les corresponde
de la mayor recaudación de impuestos (12.743 millones). Quizás los ciudadanos que
viven en las autonomías no lo sepan, pero sus gobernantes sí lo saben.
Pero no han presionado al PP (ni a Vox) para que apoyen el techo de gasto y la
senda de déficit, aunque les cueste dinero.
En el caso de Junts, han suavizado su veto inicial a
la senda de déficit y quieren pactar, para “sacar tajada”: ahora buscan
aumentar el gasto autonómico, pelean porque el déficit de
las autonomías en 2025 sea mayor. Que en vez del -0,1% del PIB que
propone el Gobierno aumente: incluso proponen subirlo a un máximo del -0,8%. A lo claro, eso significaría que las
autonomías podrían gastar 10.500 millones adicionales en 2025. Y como a
Cataluña le puede corresponder un 25% (por su peso económico y fiscal), les “tocaría”
un gasto extra de +2.625 millones, que Junts vendería como “un triunfo político
propio”. El Gobierno está viendo cuánto puede ceder, ya que como el
déficit total es inamovible (no debería superar el -2,5%, para que lo
acepte Bruselas), lo que gasten de más las autonomías lo gastaría de
menos el Estado central (en servicios públicos, ayudas e inversiones).
La primera contradicción de las autonomías, al pedir
más dinero y vetar el techo de gasto y la senda de déficit , es evidente. La
segunda es aún más clara: las autonomías piden más recursos y a la vez,
las gobernadas por el PP (y Vox) reducen
su recaudación porque rebajan impuestos,
desde hace años. Una rebaja fiscal que beneficia más a los que más tienen y reduce
sus ingresos de forma clara. Así, en 2022, las autonomías
renunciaron a 5.710 millones de ingresos por sus rebajas fiscales, según
un estudio de la Fundación Alternativas, CES, Intermón Oxfam y CCOO. Concretamente,
hubo 10 autonomías que redujeron su recaudación, encabezadas
por Madrid (-6.255 millones, el 2,4% de su PIB) y Andalucía (-703
millones), Canarias (-363), Castilla y León (-353), Castilla la Mancha (-238),
Cantabria (-201) y Galicia (-147 millones), mientras la aumentaban Cataluña (+1.199),
Comunidad Valenciana (+683), Baleares (+550), Extremadura(+207) y Asturias (+46).
En general, la mayoría de autonomías han aumentado sus
deducciones en el IRPF y han “deflactado la tarifa” (descontado la
inflación de los ingresos), además de reducir los tipos en sucesiones y
donaciones (una carrera por bajar impuestos a las herencias) y bonificado el
impuesto del patrimonio. Con ello, en los Presupuestos autonómicos de
2024 se contemplan rebajas fiscales de -2.856 millones de euros,
según
la AIReF, de los que -624 millones son de la Comunidad Valenciana, -453
millones de Madrid, -169 de Baleares, -148 de Galicia y -124 de Navarra. Y para
2025, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP siguen con rebajas
fiscales: otros
-180 millones Madrid, una autonomía que ha
renunciado a ingresar 65.000 millones desde 2004… Y mientras, es la
región que menos gasta en sanidad (1.280 euros por habitante frente a
1.635 de media y 2.129 en Asturias) y
en educación (858 euros frente a 1.081 de media y 1.522 euros en el
País Vasco).
Pero la contradicción más flagrante de las autonomías
es que piden más recursos al Estado y luego cada año gastan menos en lo que necesitamos,
en sanidad, educación y servicios sociales. Así, entre 2010 y 2023, las
autonomías han reducido el porcentaje de gasto que dedican al gasto social (aunque gastan más millones): de suponer dos terceras partes de su Presupuesto (el 67,4% en 2010) ha
bajado a ser poco más de la mitad (el 58,9% en 2023), según
denuncia un informe de los Directores de Servicios Sociales. Un
escándalo: piden más dinero y cada año pesa menos lo que se
gastan en sanidad, educación y servicios sociales, los servicios
públicos que gestionan. A cambio, ha aumentado drásticamente los intereses que
pagan por su deuda (era el 5,3%
del gasto en 2010 y supuso el 20,1% en 2023) y los “otros gastos”
(desde personal, compras e inversiones a gastos varios como inversiones megalómanas
o la Formula 1…).
Y aunque cada año aumentan los Presupuestos autonómicos, la
mayor parte del aumento no va al gasto social. Así, en 2023, según
el informe, sólo 1 de cada 10 euros de aumento de los Presupuestos
autonómicos fueron a aumentar el gasto social (sanidad, educación o
servicios sociales). Y en Sanidad, por ejemplo, el gasto por
habitante de las autonomías en 2023 (1.635 euros) es inferior
al de 2020 (1.657) y 2021 (1.678), a pesar de las listas de
espera y el deterioro de la sanidad pública. Además, hay una gran diferencia
en el gasto social: en 2023, están a la cola Madrid (2.464 euros por
habitante), Cataluña (2.942), Murcia (3.008) y Andalucía
(3.035), todas por debajo del gasto social autonómico medio (3.124 euros por
habitante), la mayoría gobernadas por el PP y bajando impuestos.
En el caso del gasto en Dependencia, los datos son
más escandalosos, según
otro informe de los Directores de Servicios Sociales: hay 3 autonomías que
han aprovechado la mayor aportación del Estado para gastar ellos menos en
Dependencia, en 2023 sobre el 2.020. Las autonomías que han “hecho caja”
son Castilla y León (ha gastado -34,7 millones, -6,3%), Galicia
(-6,4 millones, -2,1%) y Aragón (-3,2 millones, -1,6%). En conjunto, todas
gastaron sólo un 9% más en Dependencia (2020-2023), mientras el Estado
central aportaba un +138% estos 3 años. Y eso, a pesar de que los
dependientes crecen cada año y 292.792 están en espera de ayuda o trámites. Con
el agravante de que, como muchos son octogenarios, 40.000
dependientes mueren cada año sin recibir la ayuda a la que tienen
derecho (mientras las autonomías reducen o medio congelan su gasto).
Tras este “panorama”, quizás tengamos “otra idea” sobre las
peticiones de más recursos y el gasto que hacen las autonomías. Y entendamos la
demagogia que se hace cada día con el debate de la financiación
autonómica. Está claro que hay que reformar el sistema,
para que las regiones tengan más recursos, repartidos de forma más justa. Pero
también es evidente que hay que acabar
con el sistema actual de rebajas fiscales autonómicas, porque eso
perjudica a la mayoría de los ciudadanos: una minoría paga menos pero la
mayoría sufre que su autonomía acabe gastando porcentualmente menos en
sanidad y educación (Madrid)
o servicios sociales (Canarias).
Debería haber unos
mínimos comunes, que aseguren unos servicios públicos homogéneos
en toda España, desde el tratamiento del cáncer a las guarderías o la
FP. Unas leyes que incluyan Fondos de nivelación para igualar los
servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, vivan donde vivan.
Debates que casi nadie plantea.
La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).
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jueves, 26 de septiembre de 2024
Jóvenes: trabajo más precario y peor pagado
El empleo de los jóvenes ha crecido más
que el del resto de españoles. Y también ha bajado
porcentualmente más el paro juvenil. Una gran noticia que no puede
ocultar otra: los jóvenes siguen teniendo empleos más precarios,
a pesar de la reforma laboral: 1 de cada 3 que trabajan tienen un contrato
temporal (el doble que todos los trabajadores) y 1 de cada 4 tienen
un contrato a tiempo parcial (por horas o días), el doble que todos los
empleados. Esta doble precariedad lleva a que los jóvenes cobran
sueldos mucho más bajos: ganan una cuarta parte menos que el
sueldo medio y 8 de cada 10 jóvenes declaran sueldos inferiores al salario
mínimo. Así, la mayoría de jóvenes no pueden hacer planes de futuro,
independizarse (sólo el 17%) y comprar o alquilar un piso
(carísimos: un alquiler se lleva el 92% de su sueldo). Está claro: o
mejoramos los trabajos de los jóvenes y los alquileres o les condenamos a un futuro
incierto. Y nadie toma medidas.
El alto crecimiento de los últimos años, tras la pandemia, y la reforma laboral (en vigor desde marzo de 2022) han servido para crear muchos más empleos (+1.717.800 ocupados desde diciembre de 2019) y que sean más estables y menos precarios. Curiosamente, la mejora del empleo ha beneficiado más a los jóvenes. Por un lado, los menores de 30 años han conseguido estos años 415.200 nuevos empleos, +15%, casi el doble del aumento del empleo total (+8,6%), según la EPA. Y si analizamos el último año (junio 2023-junio 2024), los menores de 30 años se han llevado la cuarta parte de los empleos creados (108.700 de 426.300), un aumento del +3,5% (frente al 2% que creció todo el empleo). Y ha crecido más el empleo de los más jóvenes (+14,6% entre 16 y 19 años) y los que tienen entre 20 y 24 años (+7,15%), creciendo poco entre 25 y 29 años (+0,6% el último año).
Con ello, los jóvenes españoles batieron en junio 2024
un récord histórico de empleo (trabajaban 3.192.400 jóvenes
menores de 30 años) y también un récord de afiliación a la Seguridad
Social: 3.328.710
afiliados menores de 30 años. Por
otro lado, el paro de los jóvenes ha caído más que el paro
general: del 24,8% en junio de 2019 al 19,8% en junio de 2024 (-5%), la
tasa juvenil más baja desde 2005, mientras el total del paro bajaba estos 5
años del 14,02% al 11,27% (-2,8%). Y otra vez, bajó más el paro
de los más jóvenes (-41% entre 16 a 19 años) y los de 20 a 24 años (-25%) que
en el resto (-16,2% paro 25 a 29 años).
Hasta aquí las buenas noticias. Porque cuando se
profundiza en el empleo juvenil creado, se ve que el empleo de los
jóvenes sigue siendo mucho más precario que el del resto,
según
revela un reciente estudio de UGT. Así, en junio de 2024 había 1.982.200
asalariados jóvenes (menores de 30 años) con contrato indefinido, el 66,38%
de los jóvenes asalariados, frente a un total de 15.498.800 asalariados
indefinidos, el 84% del total. Así que un tercio de los jóvenes asalariados
(el 33,62%) tienen un contrato temporal, el doble que el conjunto de asalariados
(sólo el 16% son temporales). Eso sí, la reducción de la temporalidad
entre 2021 y 2024 ha sido mayor entre los jóvenes (-21,2%)
que en el conjunto de trabajadores (-9,2%). Así que
la reforma laboral ha beneficiado más a los jóvenes, pero todavía sus
contratos son el doble de temporales que los del resto de asalariados. Y
además, esa temporalidad es mucho mayor entre los que tienen de 16 a 19 años (63,5%
tienen contratos temporales) y entre los que tienen de 20 a 24 años (41,4%
contratos son temporales).
El 2º dato que revela la precariedad del trabajo de los jóvenes,
según
denuncia el estudio de UGT, es que tienen un alto porcentaje de
contratos a tiempo parcial (trabajan menos horas de la jornada habitual o
menos días a la semana). En junio de 2024, el 25,7% de los contratos de los
jóvenes (menores de 30 años) que trabajan son a tiempo parcial, el
doble de los contratos a tiempo parcial que tienen el conjunto de los
trabajadores, un 13,6%. Y otra vez, los más jóvenes, los que
tienen de 16 a 19 años tienen más contratos a tiempo parcial (el 57,4%), al
igual que los jóvenes de 20 a 24 años (36,4% con contratos a tiempo parcial), bajando
sólo entre los de 25 a 29 años (16,4 % contratos a tiempo parcial).
Una parte de estos jóvenes trabajan menos horas (o
días) “porque quieren” (el 42,4%), para compaginar el trabajo
con los estudios. Algo que sólo hacían el 18,7% hace una década, lo que
indica que ahora, con las sucesivas crisis, muchos jóvenes buscan un trabajo
por horas (compatible con sus estudios) “para ayudar en casa". Pero casi
la otra mitad de jóvenes que trabajan a tiempo parcial (el 42,3%) lo hacen “porque
no encuentran un trabajo a tiempo completo”. Son “lentejas”: o
trabajan sólo unas horas o unos días o siguen en paro. Y esta es la principal razón para los jóvenes de 25 a 29 años que trabajan
a tiempo parcial (el 57,3% lo hacen porque no encuentran otro empleo).
En resumen, que los jóvenes han conseguido más empleos y
rebajar más el paro que el resto de trabajadores, pero siguen con trabajos mucho
más precarios, con más contratos temporales y a tiempo parcial. La consecuencia
de esta “doble
precariedad” es que ganan menos: su salario medio es
una cuarta parte menor al del conjunto de los trabajadores. Según el decil de salarios EPA 2022,
el salario medio bruto de los menores de 30 años es de 1.558,3 euros
mensuales (por 12 pagas), 18.699,3 euros brutos anuales, el 73,2% del
salario medio nacional (2.128,4 euros brutos, 25.536 euros anuales). Y
además, estos salarios de los jóvenes han subido menos (un +9,6%
desde antes de la pandemia hasta 2022) que los del conjunto de trabajadores (+11,4%),
según
el estudio de UGT.
Esa es la media salarial de los menores de 30 años, porque
la mayoría de jóvenes, los que trabajan con menos de 26 años ganan aún
menos: el 80% tenían un sueldo inferior al salario mínimo a tiempo
completo (14.000 euros en 2022), según
la Agencia Tributaria. Y también ganaban menos del SMI el 40% de los
jóvenes de 26 a 35 años. Otra estadística, la Encuesta de Estructura
Salarial del INE (2022) revela que mientras el salario medio de todas
las edades era de 26.948 euros brutos, los menores de 20 años ganan 10.597
euros (el 39%), los de 20 a 24 años 15.181 euros (el 56%) y los de
25 a 29 años, 20.459 euros (el 76%). Y el
último estudio del Consejo de la Juventud señala que los jóvenes
(menores de 30 años) ganan 1.050,77 euros netos al mes.
Con este panorama, trabajos más precarios y sueldos
muy bajos, los jóvenes que trabajan tienen difícil sobrevivir y más
todavía emanciparse. Por un lado, con la alta inflación de los últimos
3 años (+16% de subidas acumuladas), han perdido poder adquisitivo y el
41,7% de los jóvenes no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos,
según
el INE, frente al 37,1% el conjunto de españoles. La mayoría de los jóvenes
trabajadores tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 5 jóvenes
está en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la media del
país): un 21,4% de jóvenes son considerados “pobres”, según el INE,
frente al 20,2% del total de españoles.
La consecuencia inmediata de la alta
precariedad laboral de los jóvenes y sus bajos salarios es que no pueden
emanciparse: sólo el 17% de los jóvenes menores de 30 años están
emancipados en España (el 4,6% de 16 a 24 años y el 39,4% de 25 a 29 años),
frente al 31,9% en la UE-27. El resto, viven con sus padres
y se emancipan mucho más tarde que en Europa: a los 30,4 años de media,
frente a los 26,3 años en Europa.
La clave de que dos tercios de los jóvenes españoles vivan con sus padres (el
65,6% de los que tienen de 18 a 34 años, frente al 49,6% en la
UE-27) no está sólo en su trabajo precario y mal pagado: se agrava por los
altísimos precios de la vivienda, en propiedad y en alquiler. Para poder comprar
un piso, los jóvenes necesitan tener un 25% del precio ahorrado (o que se
lo den sus padres), para la entrada y los gastos iniciales. Y después, pagar
una hipoteca media de 750 euros mensuales, que supone el 72% de un
sueldo joven medio. Y para pagar un alquiler, ya necesitan 968 euros
de media, según
el estudio de UGT. Y además, pagar los gastos fijos de la vivienda (agua,
luz, Internet y gastos comunitarios). Un estudio del Consejo de la Juventud revela que el coste de un
alquiler y sus gastos fijos son ya 1.131 euros al mes, 80 euros más de
lo que ganan los jóvenes en España (1.050,77 €) . Y hay que comer,
pagar transporte, vivir… Imposible.
Este es el negro panorama de los jóvenes que
tienen un trabajo. Pero aún lo tienen peor los jóvenes que lo
buscan, que no trabajan y están en paro: 786.000 parados con menos de
30 años en junio 2024, según
la EPA. Y cada año hay unos 350.000 jóvenes que terminan sus
estudios (Bachillerato y FP más 200.000 licenciados universitarios) y buscan
su primer trabajo, una “odisea”. Según las estadísticas, el 25%
de estos jóvenes tardan
más de 1 año en colocarse, más tiempo cuanto menos formación tengan.
Los datos revelan que España es uno de los paises
europeos donde los jóvenes tienen más problemas para trabajar una
vez terminados sus estudios, según
Eurostat. Así, de los jóvenes (entre 20 y 34 años) que terminaron
sus estudios hace entre 1 y 3 años, sólo trabajan en España el 78,7%, frente al
83,5% que lo consiguen en la UE (y el 93,2% en los Paises Bajos, el 91,5%
en Alemania o el 80,1% en Francia, bajando al 67,5% en Italia). Este porcentaje
(78,7%) es menor para los que acaban Bachillerato o FP de Grado medio (64,2%
trabajan en España y el 78,1% en la UE-27) y sube entre los licenciados
universitarios (83,1% en España, frente a 87,7% en la UE-27). Esa
menor “empleabilidad” explica que la tasa de paro juvenil en España sea la
mayor de Europa: 25,5% de paro entre los menores de 25 años, casi el
doble que la UE-27(14,5%) y cuatro veces el de Alemania (6,6%).
Otra razón que explica las dificultades de los jóvenes es su
escasa experiencia. Es normal que un joven que busca su primer empleo no
tenga experiencia, pero la “culpa” es de las Universidades que les forman y de
las empresas, que deberían “forzar
las prácticas” durante los años de formación (pero menos de la
mitad de los universitarios las hacen). Y luego, hay que reformar el
sistema actual de prácticas y becas fin de estudios, para conseguir que los
jóvenes aprendan y no sirvan sólo como mano
de obra barata para las empresas.
En los últimos años, hay también un cierto “recelo empresarial
a contratar jóvenes”. Lo
revela una reciente Encuesta hecha a 1.200 dirigentes empresariales, donde el
40% piensan que “los graduados universitarios no están preparados para
ingresar en el mundo laboral”, alegando 2 causas: que la generación Z (nacidos
de 1977 a 2012) “no tiene ética de trabajo” (“pasan mucho”) y “les
faltan habilidades de comunicación”. Eso hace que muchas empresas prefieran contratar a mayores de 30
años (y menores de 45…).
Otra causa de la menor empleabilidad de los jóvenes es que sufren
un cierto “tapón
generacional”: hay menos movilidad laboral y los trabajadores
mayores no cambian de trabajo y se quedan más años en las empresas, lo que dificulta
el acceso de los jóvenes. Esto lleva a que las plantillas de las empresas
españolas estén cada vez más envejecidas y baje el porcentaje de jóvenes:
en 2005, el 41% de los ocupados tenían menos de 35 años y ahora son
solamente el 25%, mientras los mayores de 45 años copan el 50,1% del empleo total. Y las
empresas no hacen apenas contratos de relevo
(un trabajador mayor trabaja un 75% y el resto lo cobra de jubilación, mientras
le sustituye un joven), porque les supone un mayor coste (en cotizaciones y
sueldos reales) y también al Estado (más pensiones).
Y hay otra causa más, muy importante, que explica los problemas
de los jóvenes para trabajar: las
oficinas de empleo (SEPE) no les ayudan, ni a preparar currículums ni a
divulgar demandas ni a recolocarse. Y como los jóvenes lo saben (creen que el
SEPE es para “sellar y cobrar el paro”, los que lo cobran), resulta que el
58% de los jóvenes sin trabajo ni siquiera se registran como parados en el
SEPE, mientras buscan trabajo por distintos portales privados de
empleo (en los que sí confían) y por familiares y conocidos.
Al final, resulta que "la generación más formada de
nuestra historia", los jóvenes que tienen menos de 30 años, están
en paro o trabajan de forma precaria, con sueldos tan bajos que no
les permiten emanciparse y formar una familia. Un drama para muchos
jóvenes, que viven
peor que sus padres y abuelos, lo que les hace perder interés
por la política y la sociedad o radicalizarse. Y que exige medidas
que los políticos no toman: reformar la enseñanza (desde el
colegio a la Universidad) para formar en lo que necesitan las empresas, una mejor
orientación educativa y laboral, una reforma drástica de las
oficinas de empleo (para que ayuden a los jóvenes a colocarse), una
política de prácticas y formación en las empresas, más ayudas a su
contratación y, sobre todo, ayudas directas a los jóvenes para que
puedan alquilar una vivienda, con promociones públicas. Un Plan para
los jóvenes, porque nos estamos cargando su futuro. Y el nuestro.
El alto crecimiento de los últimos años, tras la pandemia, y la reforma laboral (en vigor desde marzo de 2022) han servido para crear muchos más empleos (+1.717.800 ocupados desde diciembre de 2019) y que sean más estables y menos precarios. Curiosamente, la mejora del empleo ha beneficiado más a los jóvenes. Por un lado, los menores de 30 años han conseguido estos años 415.200 nuevos empleos, +15%, casi el doble del aumento del empleo total (+8,6%), según la EPA. Y si analizamos el último año (junio 2023-junio 2024), los menores de 30 años se han llevado la cuarta parte de los empleos creados (108.700 de 426.300), un aumento del +3,5% (frente al 2% que creció todo el empleo). Y ha crecido más el empleo de los más jóvenes (+14,6% entre 16 y 19 años) y los que tienen entre 20 y 24 años (+7,15%), creciendo poco entre 25 y 29 años (+0,6% el último año).
¿Por qué los jóvenes españoles tienen más problemas para trabajar?
Hay varias causas. Una clave es su formación: muchos jóvenes están
poco formados (incluso muchos no han terminado el Bachillerato ni la FP de
Grado medio) y, sobre todo, tienen una formación que no es la que piden las
empresas. En el caso de los licenciados universitarios (200.000 al año), la
mayoría han estudiado carreras no técnicas (no STEM:
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), con menos demanda por parte de
las empresas, que se quejan (un
75%) de que no encuentran los perfiles
de trabajadores que necesitan (big data, ciberseguridad, desarrolladores, TIC,
trabajadores digitales…).
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lunes, 23 de septiembre de 2024
Gobierno UE: recetas para salvar a Europa
La presidenta de la Comisión Europea presentó la semana
pasada su nuevo Gobierno, 26 comisarios para los próximos 5 años.
Las elecciones de junio han provocado una “derechización” del
Gobierno europeo, con 14 comisarios del PPE (más la
presidenta) y 2 ultraderechistas, frente a 4 socialistas, 5 liberales
y un independiente. Pero la presidenta Von der Leyen es pragmática
y sabe que el futuro de Europa se juega en la economía. Por eso, la
“hoja de ruta” de la nueva Comisión será el informe Draghi,
que apuesta porque Europa salga del estancamiento actual y afronte la
competencia USA y China con fuertes inversiones en industria y
tecnología, nuevas energías, digitalización y defensa, más una mayor
integración UE. Draghi propone un gigantesco “Plan Marshall” europeo,
invirtiendo 800.000 millones anuales, que saldrían del ahorro e
inversión privada, del Presupuesto y la emisión de deuda europea. Si no,
advierte que Europa caerá en “una lenta agonía” y estará en peligro nuestro
nivel de vida y hasta nuestra democracia. Presidenta Von der Leyen, Teresa Ribera y los nuevos comisarios de la UE
El pasado miércoles, la reelegida presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, se fotografiaba en Bruselas con su nuevo Gobierno, 26 Comisarios que han de ser “examinados” ahora por el Parlamento Europeo (alguno podría ser “rechazado”), para empezar a gobernar en noviembre, durante 5 años. Se trata del Gobierno europeo más “derechizado”, incluso más de lo que reflejaron los resultados de las elecciones europeas de junio. En esas elecciones (720 escaños), los europeos eligieron 188 eurodiputados del PPE (Partido Popular Europeo), 136 de Socialistas y Demócratas y 77 liberales (Renew), los tres grupos que apoyaron la reelección como presidenta de Von der Leyen (PPE, desde la democracia cristiana alemana, la CDU). Pero la extrema derecha avanzó mucho en el nuevo Europarlamento: 84 diputados de Patriotas (el grupo ultra liderado por el húngaro Víctor Orban, donde está VOX), 78 de ECR (liderado por Meloni), otros 25 eurodiputados de ESN (donde están los ultras alemanes y el español “Se acabó la Fiesta”). El resto fueron los 53 eurodiputados de Los Verdes y 46 de La Izquierda (grupos donde están Sumar, Podemos y Ahora Republicas), más los 33 del grupo de No adscritos (Junts).
Ahora, Von der Leyen “ha tomado nota” del
auge de la extrema derecha para conformar su
nuevo Gobierno, no tanto porque haya Comisarios ultras (ha
elegido sólo a 2: uno muy sonado, el italiano Raffaele Fitto, exministro de
Exteriores de Meloni, como vicepresidente de Cohesión y Reformas, y Oliver Varhelyi,
ligado a Orban, como Comisario de Sanidad), sino porque ha dado un mayor
peso a sus correligionarios del PPE que el que obtuvieron en las elecciones
de junio: serán
14 Comisarios del PPE (más la presidenta), más de la mitad de
los 26 totales y además copando puestos claves: Economía,
Defensa, Interior y Migraciones, Agricultura, Pesca, Servicios Financieros y Presupuesto.
Los liberales obtienen 5 Comisarios, más que los socialistas (4 Comisarios), junto a 1 independiente. Ningún Comisario ligado a los Verdes o La
Izquierda.
El contrapeso de tanto poder para Von der Leyen (muy presidencialista y más ahora que los gobiernos de Francia y Alemania, el tradicional "eje de poder" en la UE, son más débiles que nunca) serán el liberal francés (macronista) Stéphane
Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Política Industrial y,
sobre todo, la
socialista española Teresa Ribera, nombrada vicepresidenta 1ª de la
Comisión (sustituta formal de Von der Layen cuando no esté), responsable de la
“Transición limpia, justa y competitiva”, además de Comisaria de
la Competencia. Con ello, la española Ribera será
la Comisaria europea con más poder, uniendo a sus
competencias energéticas (transición verde) las de Competencia: dirigirá la política energética UE y parte de la política industrial, al decidir
sobre fusiones y vigilar a las multinacionales (su antecesora, la danesa
Vestager, ha impuesto multas históricas a Google, Apple y Facebook).
Aunque sea un Gobierno europeo más escorado a la derecha
que nunca, la
presidenta Von der Leyen es sobre todo pragmática y sabe que se
la juega en un terreno: la
economía. Porque sabe que la
UE está estancada: apenas crece un +0,2%
en el 2º trimestre, menos de la
tercera parte que EEUU (+0,7%), tras crecer sólo un +03% en el primer trimestre
de 2024 y +0,6% en todo 2023 (cuando USA creció cuatro veces más,
el +2,4%). Y también sabe que Alemania, la llamada “locomotora
europea”, está “gripada”: su PIB ha caído un -0,1% en el 2º trimestre de
2024, tras caer un -0,3% en todo 2023 . Y además, hay otros 5
paises europeos cuyas economías decrecieron en el 2º trimestre,
según
Eurostat: Irlanda (-1%), Austria (-0,4%), Suecia (-0,3%), Letonia (-0,9%) y
Hungría (-0,2%).
Así que Europa tiene problemas graves (la guerra de
Ucrania, los inmigrantes, la energía y el cambio climático, la polarización
política y el auge de la extrema derecha…), pero la Comisión sabe que la
clave para salir adelante es recuperar la economía y la competitividad,
afrontar el reto del futuro frente a los avances de EEUU, China y otros paises.
Por eso, el lema que ha elegido Von der Leyen para su segundo mandato es claro:
“Prosperidad,
seguridad y democracia van a ser nuestras prioridades”. Por encima
de todo, recuperar el crecimiento europeo, afrontar la transición energética y
digital y resolver los problemas de seguridad (Defensa e inmigración),
asegurando la democracia y el bienestar europeo.
Pero para conseguirlo, Von der Leyen sabe que Europa
tiene que cambiar. Por eso, hace un año, durante
el debate del “Estado de la Unión”, encargó a Mario Draghi, expresidente
del BCE (2011-2019) y ex primer ministro italiano (febrero 2021-octubre 2022)
que elaborara un informe sobre el futuro de Europa. Y Draghi ha
elaborado un informe de 400 páginas, titulado “El
futuro de la competitividad europea, presentado el 9 de septiembre, que va
a ser “la hoja de ruta” de la nueva Comisión Europea para los
próximos 5 años. El objetivo es que la economía europea se reconvierta a
fondo para competir mejor en el mundo.
En su informe,
Draghi parte de señalar el grave problema que tiene Europa: el
retraso económico respecto a EEUU, aunque socialmente sea un continente más
avanzado. La
cifra que aporta es impactante: la UE produjo (PIB) por valor de 46.587,9
millones de dólares en 2023 (a precios constantes, descontada la inflación), un
30% menos del valor de la producción de EEUU (66.762 millones de dólares).
Pero lo más grave es que esta brecha entre el valor de lo que produce Europa y
EEUU se ha agravado en las dos últimas décadas, porque en 2002 el “gap” era
sólo del 17%. Y eso se
traduce en un menor nivel de vida en Europa que en EEUU,
ahora y desde hace décadas: el ingreso real disponible de los hogares ha crecido el doble en USA que en la UE, según el informe Draghi.
En definitiva, que Europa lleva décadas perdiendo terreno
económico (y calidad de vida) respecto a EEUU (y a China). La causa,
según Draghi, es la
menor productividad europea: 55,7 dólares por hora trabajada en Europa (en
dólares constantes, deduciendo la inflación) frente a 75,7 dólares por hora
en EEUU (eran 46 frente a 57,1 en 2002). Y este deterioro de la
productividad se debe, según
Draghi, no sólo a la menor innovación y tecnología de la
economía europea, sino también a tres factores que han ayudado a Europa
en la postguerra mundial y que ahora no van a ayudar: el auge del
comercio mundial, la energía barata (importada) y el menor gasto en Defensa
(que ha permitido “gastar en otras cosas”, gracias al paraguas de seguridad de
la OTAN, financiada sobre todo por EEUU).
Ante este panorama, Draghi es muy realista y teme
por el futuro si Europa no toma medidas drásticas: “el PIB de Europa
comenzará a menguar a partir de 2050 (“el crecimiento se detendrá en
2040”, por la caída de la población activa) y el “invierno demográfico”
agravará la situación si no se compensa con un aumento de la
productividad”. En definitiva, añade, el dilema es “cambiar o afrontar
una lenta agonía”.
Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión
Europea un
triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos
motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”)
y aprender a reaccionar en un mundo geopolíticamente inestable, donde
las dependencias se convierten en vulnerabilidades y la seguridad no puede
externalizarse. Para responder a estos
retos, Draghi
propone avanzar en varios frentes: una nueva estrategia industrial
(basada en la innovación, la tecnología y la digitalización), avanzar en lograr
un verdadero mercado único europeo (“más Europa), alinear las
políticas industriales, comerciales y de competencia de los 27, aumentar
la inversión europea y reformar la gobernanza de la UE, con más
coordinación y menos burocracia. Y en paralelo, propone tomar decenas de
medidas en 10 sectores relevantes: energía, materiales críticos,
digitalización y tecnologías avanzadas, industrias consumidoras de energía,
tecnologías verdes, automóvil, industria de Defensa y espacial, farmacéuticas y
transporte.
El informe Draghi (ver
resumen en español) plantea 3 objetivos de futuro para Europa.
El primero, cerrar la “brecha” de productividad con EEUU (y China), que
pasa sobre todo por mejorar la tecnología y la innovación en la UE, porque este
retraso tecnológico es la causa principal del retraso económico. Draghi cree
que aunque Europa haya perdido parte del “tren digital”, aún puede capitalizar “nuevas
olas de innovación”, como la Inteligencia artificial (IA) generativa, la
integración de la IA en la industria y la tecnología en seguridad y
encriptación. El informe refleja que el atraso europeo se asienta en un
menor gasto en I+D+i, en la existencia de obstáculos reglamentarios a las
empresas innovadoras (muchas se van a USA) y en la falta de un mercado único
real, que impide crear grandes empresas tecnológicas (ojo: sólo 4 de las
50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas). Draghi
propone 10 medidas para reducir la brecha de innovación con
EEUU, entre ellas invertir más de manera conjunta en los 27, facilitar la
formación, promover la coordinación industrial, apoyar la investigación en
sectores claves (farmacéutico) y facilitar la consolidación de las telecos UE.
El 2º gran objetivo del informe Draghi es avanzar
en la descarbonización de la economía y a la vez de la
competitividad (por eso Teresa Ribera controlará la transición verde y la
Competitividad). Se trata de aprovechar la lucha contra el cambio climático
para reducir el coste de la energía (mucho mayor en Europa que en USA o China),
desarrollar una industria de vanguardia ligada a las tecnología limpias y
reforzar la seguridad energética, asegurando las cadenas de suministros y la
provisión de nuevos materiales, planificando una nueva estrategia para el
transporte transfronterizo y para la industria del automóvil.
El tercer gran objetivo para que la UE avance es mejorar
la seguridad y reducir la dependencia. Europa se está
quedando rezagada en las cadenas mundiales de suministros, lo que obliga a reducir
la dependencia de minerales estratégicos y semiconductores (chips: Europa sólo
fabrica del 10% mundial), así como de las principales materias primas, diversificando
los paises proveedores o fabricándolas en Europa. Y lo mismo en Defensa:
Europa no puede seguir dependiendo de EEUU y necesita desarrollar una política
de Defensa, con más gasto y más inversión en tecnología e industria
armamentista, para ser más “independiente” (hoy, el 78% del armamento
de la UE se fabrica fuera). Y lo mismo en el sector espacial.
Se trata no sólo de gastar más en Defensa y seguridad, sino en integrar el
gasto por separado que hacen los paises, innovando juntos.
Todas estas propuestas y medidas del informe Draghi tienen
un coste: será necesario
invertir 800.000 millones de euros al año, una cifra inmensa (el
4,7% del PIB de la UE), que supone cuadruplicar el Plan Marshall (aplicado en
la postguerra europea) y superar con creces el
Plan de Recuperación aprobado tras la pandemia, que contemplaba
invertir 750.000 millones de euros entre 2021 y 2026 (unos 125.000
millones al año). Draghi señala las 3
vías para conseguir estos ingentes recursos: la financiación
privada, de las Bolsas (propone crear un único mercado de capitales), la
banca (hay que avanzar en la unión bancaria y las fusiones transfronterizas) y
los ahorradores (Europa ahorra mucho más que EEUU, pero 300.000
millones de ahorro europeo se desvían a financiar a EEUU), los préstamos
del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la financiación pública
(el Presupuesto de la UE es ridículo comparado con el de EEUU: un 1% del PIB de
los 27) y la emisión de deuda europea, bonos que emitirían conjuntamente
los 27 (como se ha hecho con el Plan de Recuperación), para grandes objetivos
industriales, tecnológicos y descarbonización.
Además de pedir más inversiones en Europa, Draghi
pide cambios políticos y de gobernanza: avanzar más decididamente
en el mercado único (unión económica, financiera y fiscal), acelerar y racionalizar
la toma de decisiones entre los 27 (extender el voto por mayoría
cualificada y reducir los vetos), agilizar las decisiones (la UE tarda
19 meses en aprobar nuevos Reglamentos) y reducir el exceso de normativa
(entre 2019 y 2024, la UE aprobó 13.000 textos legislativos y resoluciones,
frente a 5.500 en EEUU) y de burocracia (hay demasiadas trabas a la
actividad y a la innovación). Otro
informe pedido por la Comisión, de Enrico Letta, refleja que sólo
con avanzar en la integración europea (crear un verdadero mercado único) y
reducir las trabas burocráticas, el PIB de la UE crecería un 10% más…
Este informe Draghi ha sido muy
bien recibido por la nueva Comisión Europea, que lo tendrá como “hoja
de ruta” para estos 5 años, aunque algunos expertos
y paises han puesto reparos a su financiación, sobre todo a “la
emisión de deuda conjunta”, los “eurobonos” de los que reniegan Alemania,
Holanda y la Europa rica, porque no quieren aumentar su riesgo y el pago
conjunto de intereses. Pero si Europa quiere dar un salto y competir con
EEUU y China en las próximas décadas, tiene que reconvertir a fondo
su economía y su gobernanza. Y eso cuesta dinero. No
hacerlo, meter
las propuestas en un cajón tiene un alto
coste, del que el
propio Draghi advierte: “hemos llegado a un punto en que si no
hacemos nada, tendremos que comprometer nuestro bienestar, nuestro medio
ambiente o nuestra libertad”. El modelo de vida de 450 millones de
personas está en juego. Así de claro.
El pasado miércoles, la reelegida presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, se fotografiaba en Bruselas con su nuevo Gobierno, 26 Comisarios que han de ser “examinados” ahora por el Parlamento Europeo (alguno podría ser “rechazado”), para empezar a gobernar en noviembre, durante 5 años. Se trata del Gobierno europeo más “derechizado”, incluso más de lo que reflejaron los resultados de las elecciones europeas de junio. En esas elecciones (720 escaños), los europeos eligieron 188 eurodiputados del PPE (Partido Popular Europeo), 136 de Socialistas y Demócratas y 77 liberales (Renew), los tres grupos que apoyaron la reelección como presidenta de Von der Leyen (PPE, desde la democracia cristiana alemana, la CDU). Pero la extrema derecha avanzó mucho en el nuevo Europarlamento: 84 diputados de Patriotas (el grupo ultra liderado por el húngaro Víctor Orban, donde está VOX), 78 de ECR (liderado por Meloni), otros 25 eurodiputados de ESN (donde están los ultras alemanes y el español “Se acabó la Fiesta”). El resto fueron los 53 eurodiputados de Los Verdes y 46 de La Izquierda (grupos donde están Sumar, Podemos y Ahora Republicas), más los 33 del grupo de No adscritos (Junts).
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jueves, 19 de septiembre de 2024
Inflación: el impacto de 3 años de subidas
Parece que la inflación ha dejado de ser un grave
problema, ahora que los precios suben un +2,3% anual (agosto),
lejos del +10,5% que subían hace 2 años. Pero ojo, los
consumidores apenas lo notamos porque pagamos todo mucho más caro, al
haberse acumulado las subidas de estos tres años (+16%) y
superar la subida de los sueldos (+9,94%). Consecuencia: mucha
gente sigue con problemas para llegar a fin de mes. Y los
alimentos se han encarecido un +28,9% estos años, según el INE (+38%,
según la OCU), lo que ha cambiado los hábitos de compra
de las familias, que comen ahora menos carne, pescado, verduras y frutas. Los que
han salido ganando de estos 3 años de hiperinflación son los grandes
supermercados, que ganan cuota, sobre todo Mercadona (26,8%) y suben
márgenes y beneficios, a costa del campo y de nuestro bolsillo. Ahora,
se espera que la inflación repunte algo hasta fin de año, aunque
dependerá del clima, las cosechas y la geopolítica. Veremos.
Un largo viaje, un carrusel de subidas y bajadas de
precios que hemos sufrido todos en nuestros bolsillos. Ahora nos
dicen que la inflación está “controlada”,
pero nosotros apenas lo notamos cuando vamos a comprar. La razón
es simple: los precios han
subido mes a mes durante 3 años y ahora pagamos todo mucho más caro. Porque
aunque la inflación ahora sólo suba un 2,3%, lo que compramos ha ido
acumulando subidas y nos cuesta mucho más caro. Y eso es lo que
notamos. Veamos las cifras: los precios han subido un 16% acumulado en los
últimos 3 años, entre agosto de 2021 y agosto de 2024, según
el INE. Esa es “la herencia” que nos deja la hiperinflación: los
precios no bajan, suben menos y, a pesar de ello, todo nos
cuesta un 16% más que antes. Y eso es lo que notamos cada día.
Esa es la media de todos los productos, según el INE. Pero las
subidas “han ido por barrios”, han sido desiguales según los
productos y servicios. La mayor subida se ha dado en los alimentos (que
se llevan el 18% del presupuesto familiar y hasta un tercio en las familias con
menos recursos): han subido un +28,9% entre agosto de 2021 y agosto 2024,
según
el INE. Y los alimentos que más se han
encarecido estos 3 años son aceites (+126,4%), azúcar (+62,54%),
patatas (+52%), leche (+43,32%), arroz (+39,02%), harinas y cereales (+39,62%),
huevos (+39,35%), chocolate (+36,95%), frutas (+38,35%), cerdo (+29,74%), yogurt
(+27,63%), café (+26,37%), vacuno (+26,37%), legumbres (+23,95%), pan
(+23,65%), agua embotellada (+23,54%), pan (+23,26%) y pollo (+21,31%), según
el INE.
La asociación de consumidores OCU se preocupó de comparar
los precios de 112 alimentos en los principales supermercados españoles
entre finales de 2020 y diciembre de 2023. Su
estudio revela que estos alimentos, la base de la cesta de la
compra, subieron entre 2021 y 2023 un +38% de media, siendo estos
10 los alimentos que más subieron: aceite de oliva (+225%),
azúcar (+91%), zumo de naranja (+81%), huevos (+67%), arroz (+66%), zanahorias
(+65%), yogurt (+58%), salmón (+56%), macarrones (+55%), helados (+55%) y la
leche entera (+53%). Además, su estudio revela que las frutas y verduras han
subido un +20% de media estos 3 años y las pastas, carnes y pescados, entre un
+34 y un +47%. Y además, esa
subida media de los alimentos básicos que ha detectado la OCU (+38%) fue mayor en Carrefour (+45%) y Alcampo (+43%), similar en Mercadona
(+38%) y menor en Día (+32%), Condis (+33%), Eroski (34%) y El Corte Inglés
(+37%).
Pero no sólo han subido mucho los alimentos en estos 3 años
de hiperinflación, según
los datos del INE. A la subida acumulada de los alimentos (+28,9%) le sigue
la de los hoteles, restaurantes y cafeterías (+19,7% acumulado), el ocio
y cultura (+13,7%), el transporte (+11,5%), el menaje del hogar
(12,6%), el vestido y calzado (+8,6%), los gastos de vivienda (+6,4%),
la medicina (+5,3%) y las comunicaciones (+1,7%).
En definitiva, que todo es mucho más caro que hace 3
años, aunque ahora suba menos. De hecho, la OCU ha detectado que en el último año (entre mayo de 2023 y mayo de 2024), los precios de 238 productos (en 84 cadenas de supermercados) han seguido subiendo, un +3,5%. Y por eso, no notamos que la inflación se
modere: seguimos pagando más por los productos y servicios y nos cuesta
llegar a fin de mes como antes, porque los salarios han crecido menos que los
precios . Los datos son reveladores: la inflación ha subido +16%
entre agosto de 2021 y agosto de 2024 (INE)
y los sueldos con convenio han subido sólo +9,94% en estos 3 años (+3,21%
en 2022, +3,71% en 2023 y +3,02 este año 2024 hasta agosto), según
Trabajo. Así, los españoles que trabajan (y tienen convenio, porque muchos
no lo tienen y no les han subido apenas los sueldos) han
perdido poder adquisitivo : compran a precios más caros y
sus ingresos les suben menos. Por eso no llegan a fin de mes.
Estas subidas de precios han permitido a muchas
empresas subir sus ventas y márgenes, compensando la subida de
costes que ellas también han tenido. En el caso de los alimentos, el
campo no ha podido resarcirse de los mayores costes, que han subido más
que los precios que han recibido de los distribuidores y la industria alimentaria.
Y ha pasado lo que antes: una parte del precio que pagamos
en los supermercados no llega a los agricultores y ganaderos, se
queda por el camino (intermediarios, industrias y súper). El dato lo aporta
el
IPOD que publica cada mes la organización
agraria COAG, con la diferencia entre lo que ellos cobran por
los alimentos y el precio que pagamos. En
agosto de 2021, el precio de los alimentos en el super era 4,78 veces el
que cobraban los agricultores y 3,14 veces el que cobraban los ganaderos. Y en
agosto de 2024, la proporción sigue siendo 4,52 veces para los productos
agrícolas y 3,03 veces para los ganaderos.
La cadena alimentaria que va del campo a los súper
bajó sus márgenes en 2021, con la pandemia y la crisis, pero esos márgenes
ya suben desde el 2º trimestre de 2023, según
el Observatorio de Márgenes empresariales (Economía, Hacienda y el Banco de
España). En la industria agroalimentaria también se recuperan
márgenes desde principios de 2023, mientras en el comercio han seguido
cayendo en 2023 y 2024. Pero a pesar de ello, como sus ventas han subido
mucho (a
costa del cierre de pequeñas tiendas), los grandes supermercados
han aumentado sus beneficios, a costa de los bolsillos de los consumidores.
En 2023, todos los grandes supermercados han
facturado mucho más, sobre todo Mercadona (32.861
millones de ventas, +28,8% sobre 2022, básicamente por la subida de precios), y
Lidl (6.572 millones facturados, +27,8%), aunque también Alcampo (4.908,7
millones de ventas, +19%), Eroski (5.185 millones, +13,1%) y Carrefour (9.318
millones, +13,1%), cayendo sólo las ventas del Grupo Día (5.720 millones, -3%),
por la venta a Alcampo de 223 tiendas. Y la mayoría ha aumentado
también sus márgenes (3,7% sobre ventas en Mercadona), con lo que tuvieron más
beneficios en 2023, “gracias a la inflación”: 1.009 millones Mercadona
(+40,5%), 348 millones Carrefour (+20%), 109 millones Eroski (+70,3%),
mientras cayó el beneficio de Alcampo (70 millones, -38%) y Lidl (182,
-13%).
Sin duda, el supermercado más beneficiado por estos 3 años
de hiperinflación ha sido Mercadona: su cuota de mercado es del 26,8%
(julio 2024), con una ganancia del +2,2% sobre su cuota en diciembre de
2021 (24,6%), según
Kantar World Panel . Y le siguen, a enorme distancia, Carrefour (10% de
cuota,+0,8% que en 2021), Lidl (6,6%, +1,1%), grupo Eroski (4,2% cuota, -0,2%),
grupo Día (3,6%, -0,9%) y Alcampo (3,2% de cuota, -0,1% que en 2021). Lo
llamativo no es sólo que Mercadona venda más de la cuarta parte del
total, sino que ya factura más (casi 1.000 millones más) que los demás
grandes supermercados juntos. Y aunque este crecimiento es menor en
2024, sigue ganando cuota y lanzando ofertas (como la bajada del aceite en
julio), siendo sus
mayores retos crecer en el norte de España (tiene poca presencia) y hacer
frente a los supermercados regionales, imparables (tienen un 17,7%
de cuota global y son líderes en sus
zonas: Coviran,
Gadisa Retail Condis, AhorraMas, Bon Preu, HD Covalco, Uvesco, Froiz, Dinosol y
Alimerka, Consum, BM, Gadis, grupo IFA…).
Ahora, todo apunta a que la
inflación seguirá estable, aunque podría subir algo de aquí a fin de año,
sobre todo los alimentos, según cómo evolucione la climatología y las cosechas
(en aceite, se espera superar otra vez el millón de toneladas de producción y
que sigan bajando los precios), además de la demanda (Navidad). En el resto del
IPC, lo normal es que
repunten los precios de la luz y de la energía, ligeramente, y se
mantengan altos los precios de los servicios, en especial turismo y hostelería
(con tarifas disparadas este verano). Así que el 2,3% de inflación de agosto
podría remontar un poco, hasta el 2,5-2,7%, con lo que la inflación media de
2024 cerraría en torno al 3% anual (fue del 3,4% en 2023).
La clave ahora de la inflación es que no
haya más “sustos” en la geopolítica internacional (nuevos
conflictos o el agravamiento de los de Ucrania y Palestina) o en los
mercados internacionales de la energía (donde el
petróleo ha recuperado los 73 dólares, tras caer a 68, y el precio del gas está estable) y que la meteorología
ayude (con temperaturas no muy bajas este invierno, lluvias y viento). Y
también es importante que el Gobierno siga vigilando los precios de los
alimentos y manteniendo las ayudas (IVA alimentos y electricidad, si
hace falta). Pero la clave para que los consumidores estén menos agobiados con
los precios es que
suban algo más los salarios, porque lo que suben (+3,02%
hasta agosto ) se lo come la inflación (+3,1% subida media anual hasta agosto).
Y así, muchas familias seguirán con problemas para llegar a fin de mes y
no podrán aumentar su consumo, uno de los tres motores del crecimiento
(junto a inversiones y exportaciones).
En resumen, bien porque la inflación suba menos, pero lo que
ha subido en estos 3 años está ahí y hace que todo nos cueste mucho más (+16%,
según el INE y +28,9% los alimentos). Y
como los salarios crecen menos, nos cuesta llegar a fin de mes. Por eso,
si
queremos reanimar la economía, que crece menos (un +0,6% en el
tercer trimestre frente al +0,8% de enero a junio, según
el Banco de España), y seguir creando empleo, hace falta reanimar el
consumo con una mayor subida de los salarios, del 3 al 4% al menos,
aunque a cambio debe mejorar la productividad. Pero no puede ser que los
salarios apenas crezcan realmente mientras crecen mucho los beneficios de
muchos sectores y empresas. Eso es lo que se llama “un
Pacto de rentas”: que si la economía española está creciendo y los
precios bajan, los salarios se lleven algo más del pastel. Por
el bien de todos, también de los empresarios y sus ventas futuras.
Enrique Ortega
Los gobiernos aprueban medidas y ayudas para frenar
los precios de la energía, materias primas y alimentos y la inflación empieza a
bajar, pero lentamente: en España llega al +3,3% en febrero de 2023 (en
la UE baja después, al +3,6% en octubre de 2023). Y todavía hay que esperar a este
verano para que la inflación baje del 3%: +2,3% en España y +2,4% en la UE-27 en agosto de 2024.
La hiperinflación de los últimos 3 años ha cambiado
los hábitos de compra de los consumidores, según
la consultora Kantar. Por un lado, ahora vamos menos veces de compra
al súper, tras varios años en que comprábamos con más frecuencia para
aprovechar las ofertas y descuentos puntuales que se ofrecían temporalmente.
Por otro, compramos en menos sitios, ya que hemos concentrado el
grueso de la compra en el super que nos da más confianza, ahora que no tenemos
que hacer "una ronda" para buscar ofertas. Eso hace que algunas cadenas pierdan
clientes y todas busquen fidelizar a los compradores, con
tarjetas que acumulan puntos por compras para recibir futuros descuentos.
Además, otra novedad es que ahora salimos más a comer y cenar fuera de
casa, lo que frena las ventas en los súper. Y por último, crecen
menos las marcas blancas (el 2% de media en 2024, hasta el 44,4% de
todas las ventas, según Kantar), aunque las marcas propias siguen siendo la
clave (el 76% de todas las ventas) en los super que más crecen, como
Mercadona, Lidl o Aldi. Con todo, España es líder europeo en marcas blancas, con un 10% más de peso que en toda Europa.
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lunes, 16 de septiembre de 2024
Curso 2024-25: desigual tensión educativa
Más de 8,3 millones de niños y jóvenes han
vuelto a clase, en 28.800 colegios e institutos, para un nuevo Curso escolar
con pocas novedades y viejas tensiones, muy diferentes según regiones,
centros y enseñanzas. El número de alumnos crece, pero menos que
otros Cursos, por la caída de la natalidad, aunque hay autonomías que
siguen perdiendo estudiantes mientras otras los forman en
barracones. Los estudiantes crecen por el aumento de los alumnos inmigrantes,
cuya presencia es mayor en el este de España. Pero la mayor tensión educativa y
falta de medios sigue concentrada en los centros públicos, con más
inmigrantes y alumnos problemáticos. Todo ello mientras aumenta el gasto
educativo, bajo en las autonomías con más alumnos, y los padres se ven
obligados a pagar más por la enseñanza que en Europa. Y la calidad
de la enseñanza apenas mejora, con demasiados repetidores y abandonos. Urgen
más recursos, pero concentrados en las regiones, centros y
enseñanzas con más problemas. Más alumnos en 11 regiones, menos en otras 8
Este Curso escolar 2024-25 se espera recibir a 8.348.030 alumnos en las enseñanzas no universitarias, desde la educación infantil al Bachillerato y la Formación Profesional(FP), según estima el Ministerio de Educación. Serán 10.493 alumnos más que el Curso 2023-24 (8.337.537), un aumento inferior al del curso pasado (+28.057 alumnos) y al anterior (+60.999 alumnos en 2021-22, tras el bache de la pandemia), porque cada año se nota más la caída de la natalidad en España (los nacimientos se han desplomado un -40% entre 2008 y 2023). Y por eso, los niños y jóvenes que estudiarán este Curso serán menos de los que lo hicieron el Curso récord de 1990-91 (8.378.935 alumnos).
Este pequeño
crecimiento de alumnos para 2024-25
es muy desigual por edades y estudios: sólo crecen los
niños escolarizados en el primer ciclo de educación infantil
(+7.251, hasta 491.307 alumnos de 0 a 3 años), en educación especial (+1.927,
con 45.001 alumnos), en otros programas formativos (+305, hasta 14.079 alumnos),
en Bachillerato, por el aumento demográfico de décadas anteriores (+20.234
alumnos, hasta un total de 711.651) y, sobre todo, en Formación
Profesional (+48.460 matriculados este Curso, 1.193.260 alumnos). Pero pierden
alumnos este Curso el 2º ciclo de educación infantil (-21.493
niños, con 1.084.307 matriculados de 3 a 6 años), Primaria (-35.380
alumnos, con 2.715.544 matriculados de 6 a 12 años) y la ESO
(-10.811 matriculados, con 2.092.405 alumnos de 12 a 16 años), por la caída de
la natalidad desde 2008.
Con ello, hay regiones y Centros educativos que ganan
alumnos y los
tienen que colocar en barracones (como en Levante y Cataluña) y otras que
tienen que cerrar
escuelas, por falta de niños, como en Zamora o Galicia. Y eso se traduce en
que hay autonomías más tensionadas, porque reciben más alumnos, y
otras menos, porque los pierden, una tendencia que se repite desde hace más de
una década. Así, entre el Curso escolar 2013-14 y el 2023-24, han aumentado un +3,2%
los alumnos de enseñanzas no universitarias (de infantil a Bachillerato y FP), según
Educación, pero sólo porque han aumentado esta década los niños
escolarizados en 8 regiones, sobre todo: Baleares (+11,2% alumnos), Madrid
(+10,4%), Navarra (+9,1%), Murcia (+8,3%), Cataluña (+8,1%),
Comunidad Valenciana (+6,4%), la Rioja (+5,4%) y Aragón
(+4,1% alumnos). Apenas han crecido los alumnos en Melilla (+1,6%), Cantabria
(+1,1%) y País Vasco (+0,9%). Y ojo, hay menos alumnos estudiando hoy que
hace una década en 8 autonomías: Extremadura (-7,7% alumnos), Canarias
(-6,2%), Ceuta (-4,4%), Asturias (-3,4%), Castilla la Mancha (-2,8%), Andalucía
(-1,1%) y Galicia (-0,2%).
Los alumnos inmigrantes se concentran precisamente en
las regiones donde más están creciendo los estudiantes no universitarios, según
Educación: Baleares (18,3% alumnos extranjeros, frente al 12,2% de
media en España), la Rioja (17,1%), Comunidad Valenciana (17%), Cataluña
(16,5%), Aragón (16,2%), Murcia (15%), Madrid (14,3%) y Navarra
(12,9%), mientras los estudiantes extranjeros tienen poco peso en Colegios e
institutos de Extremadura (4% de los alumnos), Ceuta (3,2%), Galicia (5,9%),
Asturias (7%), Andalucía (7,2%), Cantabria (8,1%), Castilla León (8,7%) y
Castilla la Mancha(8,5%), autonomías que pierden alumnos.
Los alumnos inmigrantes se concentran más en los centros
públicos (colegios e Institutos), según
los datos de Educación: ahí estudian el 75,7% de los alumnos
inmigrantes no universitarios, cuando sólo concentran el 67% de los alumnos
totales. En los centros concertados estudian en 16,5% de los inmigrantes
(cuando tienen el 24,8% de todos los alumnos) y en los privados sólo el
7,8% (frente al 8,2% del total de alumnos que acogen). Y hay autonomías (las
más pobres) que concentran más porcentaje de inmigrantes en sus Centros
públicos, lo que tensiona su enseñanza (porque exigen mayor dedicación
y medios): Melilla (el 95,5% de los alumnos inmigrantes estudian en centros
públicos), Castilla la Mancha (91,2%, Extremadura (87,9%), Murcia (86,9%),
Canarias (85,7%) o Ceuta (85,7%), mientras el porcentaje es mucho más bajo en
Madrid (72,1%) o Cataluña (73,9%).
Como vimos, el aumento de alumnos y la consiguiente
tensión en Colegios e institutos es muy desigual según los Cursos que se estudien
(hacen falta más medios en educación infantil de 0 a 3 años y en FP, también en
Bachillerato), la región donde se viva (más tensión en el este de
España, Baleares y Madrid) y en los centros públicos, no sólo porque reciben
a un mayor porcentaje de alumnos inmigrantes que los concertados o privados,
sino porque los centros concertados y privados “seleccionan”
a los alumnos que reciben y las cifras demuestran que los colegios
e Institutos públicos concentran a más niños y jóvenes de familias con menores ingresos, que normalmente tienen más problemas de integración
educativa y formación (1
de cada 3 deja los estudios antes de tiempo), alumnos de familias
vulnerables que exigen más atención educativa y más refuerzo escolar.
Este panorama indica que deberíamos centrar los
esfuerzos en reforzar los centros públicos de las regiones con más tensiones
educativas, sin descuidar al resto. Y en cuanto a los estudios, urge reforzar
la educación infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional. Sobre la educación
infantil no obligatoria (0 a 3 años), España es un referente europeo,
ya que tenemos
escolarizados al 41,8% de estos niños, frente al 31% en Europa
(39,6% en Alemania o 38,5% en Finlandia) y el 32,4% en la OCDE. Pero la
mayoría de estos niños están en guarderías privadas, muy caras para
sus padres, por falta de plazas públicas. Frente a una
creciente demanda, el Gobierno pretende crear 65.000 plazas públicas de 0 a
3 años entre 2021 y 2025, utilizando Fondos Europeos. En el último Consejo
de Ministros, el
Gobierno ha aprobado 162 millones más (con Fondos UE) para promover
plazas públicas de 0 a 3 años. De ellos, 32 millones son fondos públicos que
ha devuelto Andalucía porque ha preferido no gastarlos que tener que
destinarlos a guarderías públicas (el Gobierno andaluz y otras autonomías del
PP optan por financiar guarderías concertadas o privadas).
Sobre la Formación Profesional (FP), este nuevo Curso
se han repetido los problemas de falta de plazas públicas, dada la enorme
demanda, porque los jóvenes han visto que abre las puertas al empleo. Educación
espera 1.193.260 alumnos de FP este Curso 2024-25, lo que supone casi
duplicar los alumnos de hace una década (698.694 en 2013-2014). Pero el
gran salto (+54,7% entre 2013 y 2023)
se ha dado en los centros de FP privados (de tener 39.941 alumnos a
226.661 en 2022-23, un +467%), más que en los centros públicos de FP (los
alumnos han subido de 542.203 a 710.601 en 2022-23, +31,2%) y que en los centros
concertados (de 116.550 alumnos a 143.701, +23,5%). Eso se debe a que inversores
privados (entre ellos Fondos
de inversión extranjeros) se han lanzado a abrir centros de FP
privados, sobre todo de Grado medio y Superior, cobrando precios
desorbitados (de 2.500 a 6.000 euros al año), aprovechando la falta de
centros públicos de FP (casi gratuitos).
Los sindicatos creen que faltan unas 100.000 plazas
públicas de FP, sobre todo en Madrid, Barcelona y las regiones más pobladas
y con más demanda. En el último Consejo de Ministros, el
Gobierno aprobó 88,5 millones para crear 41.790 plazas y destaca que desde
2020 se han creado 376.186 plazas públicas de FP, con una inversión de 842 millones.
Pero faltan más. Y además, este Curso se repite también el problema
de encontrar empresas que colaboren para que los 1,2 millones de alumnos
de FP hagan
prácticas, algo obligatorio (deben hacer unas 500 horas anuales de
prácticas, entre el 25 y el 35% de sus estudios).
Mientras los alumnos de Colegios e institutos
aumentan o bajan, según dónde, el número de profesores de enseñanzas no
universitarias aumenta, aunque menos: eran 784.425 profesores en junio pasado, +15.627
que el Curso anterior y +113.646 más que 10 años antes (670.777 en 2013-14).
Eso permite mejorar algo la ratio alumnos por profesor, que era de 11,4
alumnos por profesor en 2021-22, aunque existen también grandes
diferencias por niveles de estudio, centros y autonomías. Así,
hay regiones con muchos más alumnos por profesor, como Madrid
(12,9), Cataluña (11,9), Melilla y Murcia (11,8), Andalucía (11,7),
País Vasco y Comunidad Valenciana (11,2), y otras menos tensionadas, como
Cantabria (9,1 alumnos por profesor), Extremadura (9,4), Asturias y Galicia
(9,9), Castilla y León o Navarra (10).
Con todo, España tiene menos alumnos por profesor, en
Primaria y Secundaria, que la mayoría
de Europa, según
Educación: 11,3 alumnos/profesor en 2021-22, frente a 12,1% de media en la
UE-27, 12,7 en Finlandia, 13,3 en Alemania o 15 en Francia. Eso sí, en España hay
más alumnos por clase: 20 en Primaria en los centros públicos (23
en los privados) frente a 19 alumnos por clase en la UE, y 24 alumnos por clase
en la ESO (26 en la privada) frente a 21 alumnos de media en la UE. Y aunque en
España hay menos días lectivos, los profesores
españoles dan más horas de clase: 875 anuales, frente a 800 en la UE y 804
en la OCDE.
El problema no es tanto el exceso de alumnos ni la falta de
profesores como la calidad de la enseñanza que se imparte. Dadas las tensiones
en algunas enseñanzas y centros (los públicos con alumnos más vulnerables),
España tiene un serio problema de resultados de la enseñanza no universitaria,
no sólo porque salgamos mal en los estudios
PISA (que miden la capacidad en matemáticas y comprensión lectora),
fruto de una enseñanza demasiado “memorística”, sino porque hay
demasiados alumnos con dificultades, que acumulan problemas y
fracasos desde infantil a Bachillerato. Bastan 3 datos para alertarnos.
Uno, los repetidores:
el 2,1% en Primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en Secundaria primera etapa
(2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono
escolar, el altísimo porcentaje de jóvenes que deja sus estudios sin
acabar Bachillerato o FP : 13,6% en España frente al 9,6% en la UE-25. Y
tercero, el altísimo porcentaje de jóvenes (18 a 24 años) que son “ni-nis” (ni estudian ni trabajan):
17,8% en España y 13,8% en la UE.
Así que debemos estar preocupados por la
calidad de la enseñanza no universitaria en España, fruto de la
tensión educativa y la falta de medios en determinadas regiones y centros,
con un alto porcentaje de alumnos que necesitan “refuerzo” y no lo tienen. Por
un lado, mejorar la enseñanza exige más medios y más gasto, ya que España
sigue gastando menos en educación que la mayoría de Europa: 10.181
dólares por alumno en Primaria, frente a 11.478 dólares en la UE-25 y 11.902
dólares en la OCDE. Y 12.541 dólares por alumno en Secundaria, frente a 13.225
dólares en la UE y 13.324 en la OCDE, según
el reciente informe de la OCDE. Y ese mayor gasto evitaría que una
parte del gasto educativo recaiga sobre las familias: los padres españoles
financian entre el 9% (Secundaria), el 11,6% (Primaria) y el 12% (infantil) de la educación no
universitaria de sus hijos, el doble que los padres europeos (financian el 4,4%
en Primaria, el 5,4% en Secundaria y el 10,4% en infantil).
No basta con gastar más para mejorar la
calidad de la enseñanza. Hay que gastar mejor y de forma desigual,
poniendo más recursos en los centros y estudios más tensionados, en la regiones
donde más crecen los alumnos y necesidades. Pero no se hace así. Existe
un Plan
PROA+ para refuerzo de los alumnos con problemas, para desdoblar aulas y
profesores, pero en muchos Colegios e institutos es insuficiente, sobre todo en
los centros públicos. Y además, hay una tremenda desigualdad en el gasto
educativo por autonomías, con el agravante que algunas de las más
tensionadas son las que gastan menos. Así, en 2023, Madrid fue la región
que gastó menos en educación por habitante (858,64 euros), seguida de Asturias
(988), Aragón (1.020), Canarias (1.026 euros), Baleares y Galicia (1.031), Cataluña y Castilla la Mancha (1043),
mientras que las que más gastan en educación son País Vasco (1.522 euros, casi
el doble que Madrid), Navarra (1.398), Extremadura (1.241) y Comunidad
Valenciana (1.220 euros), según
este estudio de los Directores sociales.
En resumen, los niños y jóvenes han iniciado otro Curso
escolar donde nos jugamos avanzar en la calidad de su enseñanza y resolver las graves
desigualdades educativas que se dan en España, según en qué centro y en
qué ciudad se estudie. No basta con mejorar la enseñanza en general: hay que mirar
dónde están los “puntos negros” y reforzar alumnos, centros y enseñanzas,
con más recursos, más medios y otra educación. Nos jugamos el futuro.
Este Curso escolar 2024-25 se espera recibir a 8.348.030 alumnos en las enseñanzas no universitarias, desde la educación infantil al Bachillerato y la Formación Profesional(FP), según estima el Ministerio de Educación. Serán 10.493 alumnos más que el Curso 2023-24 (8.337.537), un aumento inferior al del curso pasado (+28.057 alumnos) y al anterior (+60.999 alumnos en 2021-22, tras el bache de la pandemia), porque cada año se nota más la caída de la natalidad en España (los nacimientos se han desplomado un -40% entre 2008 y 2023). Y por eso, los niños y jóvenes que estudiarán este Curso serán menos de los que lo hicieron el Curso récord de 1990-91 (8.378.935 alumnos).
En
resumen, que Madrid, Baleares, Levante, Aragón, Navarra y el País Vasco, el
centro y este de España, recibe más alumnos cada Curso y el resto de España,
sobre todo el centro más despoblado y el sur, los pierden. Una razón es que el
mayor nivel de vida y el modelo económico atraen más población y con
ella, más niños y adolescentes. Y otra, que estas regiones del este de España y
las más ricas atraen más inmigrantes, que suelen tener más hijos en edad
escolar que los españoles. Los alumnos extranjeros se han disparado en
España: eran 763.087 en el Curso 2013-14 y fueron ya 1.066.875
alumnos extranjeros en las enseñanzas no universitarias el Curso
2023-24 (+330.626 en una década, un aumento del 45%). Con ello, los niños y
jóvenes extranjeros que estudian en Colegios e Institutos españoles son ya el
12,2% del total, aunque su reparto es muy desigual.
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