lunes, 30 de septiembre de 2024

Autonomías: menos peso del gasto social

Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado, pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500 millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad, educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”. Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación. No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos mejor en lo que hace falta.

                             Enrique Ortega

La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a  más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).

Pero la realidad es que, en los últimos años, todas las autonomías han recibido más dinero que nunca del Estado central, gracias al fuerte crecimiento y a la inflación, que han permitido a Hacienda récords de recaudación: 271.935 millones en 2023, un +6,4% (tras aumentos del +15% en 2021 y +14% en 2022). Por eso, el Gobierno Sánchez ha podido aportar a las autonomías unas cantidades récord: 147.412 millones de euros en 2024 (+9,5%, un máximo histórico), que les han permitido cubrir sus gastos y compensar la infrafinanciación. Y gracias al crecimiento, el aumento del empleo y la recaudación récord, las autonomías recibirán  estos casi 7 años de Gobiernos de Sánchez (2018-2024) unos 300.000 millones más del Estado de lo que recibieron durante los casi 7 años de Gobiernos de Rajoy (2012-2018). 

Ahora, el Gobierno Sánchez quiere aprobar un Presupuesto para 2025, tras no poder aprobar el de 2024 (por la falta de apoyo de ERC y Junts, tras el adelanto electoral en Cataluña) y prorrogar este año el de 2023. Pero el Gobierno tiene que aprobar antes, por exigencia de la Constitución (se aprobó un añadido en 2011, obligado por Bruselas) y de la Comisión Europea, un “techo de gasto” y una “senda de déficit”, dos cimientos previos a  todos los Presupuestos. El Consejo de Ministros aprobó ambos el 16 de julio. Pero el PP (y Vox), con el apoyo de Junts, lo vetaron a finales de julio. El Gobierno volvió a aprobar lo mismo (techo de gasto y senda de deuda) el 10 de septiembre, pero finalmente no lo ha llevado al Congreso, para no perder una 2ª votación, dado que Junts sigue con su veto (con  PP y Vox ).

Estos dos puntos de partida de los Presupuestos 2025 no debían ser tan polémicos. Por un lado, el “techo de gasto es un tope que se pone a todo el gasto del Estado, contando con lo que se espera crezca la economía (y la recaudación) y la obligación (impuesta por la Comisión Europea) de rebajar el déficit público (del 3% del PIB en 2024 al 2,5% prometido para 2025). Así sale que España no puede gastar más de 195.353 millones en 2025, un +3,2% (sin contar los Fondos europeos). Eso supone poder gastar 6.138 millones de euros más en 2025. Algo que beneficiará a todos los españoles y también a las autonomías, que se llevan casi la mitad del gasto total. Pero el PP (y Vox), que gobiernan 11 autonomías, vetan este “techo de gasto”, no tanto porque les parezca alto (es el que admite la Comisión Europea) sino como “arma de ataque político” al Gobierno.

El otro documento que también se veta es “la senda de déficit . En este caso, el Gobierno reparte el tope de déficit prometido a Bruselas para 2025 (2,5% del PIB, unos 37.500 millones de euros) entre el Estado central, la Seguridad Social, las autonomías y los Ayuntamientos. La idea es “repartir el ajuste”. Pero este año, el Gobierno ha propuesto un cambio: la Administración central reducirá más su déficit (al -2,2% del PIB frente al -2,8% inicialmente previsto: tendrá que “ajustar” sus cuentas en 9.000 millones más)  para que las autonomías tengan más margen de gasto y puedan tener déficit (antes se les ponía como objetivo un superávit del +0,1% del PIB y ahora se les permite un déficit de -0,1%). Eso se traduce en que podrán gastar 3.000 millones más de lo previsto en 2025 (y otro tanto en 2026). Y también mejora “la senda de déficit” para los Ayuntamientos: si antes debían tener un superávit del +0.1% del PIB en 2025, ahora, el Gobierno les propone que no tengan superávit (cuantas equilibradas), con lo que podrán gastar 1.500 millones más (y 3.000 en 2026, cuando se les permite también un equilibrio en vez del +2% de superávit).

Esto es lo que significa, a lo claro, la “senda del déficit” propuesta por el Gobierno: que las autonomías puedan gastar 3.000 millones más en 2025 (y otros 3.000 extras en 2026) y que los Ayuntamientos gasten 1.500 millones más en 2025 (y 3.000 en 2026), a cambio de que la Administración central gaste menos (-9.000 millones). Y el PP (y Vox), que gobierna en 11 autonomías y la mayoría de los Ayuntamientos, ha votado en contra… No se entiende, salvo que se anteponga la “pelea política frontal” a los intereses de regiones y ciudades.

Pero hay más. Si no hay  Presupuestos para 2025, por no aprobarse previamente ni “el techo de gasto” ni la “senda del déficit”, las autonomías van a tener menos recursos, porque recibirán con retraso las aportaciones del Estado. Vean por qué. El grueso de los ingresos de las autonomías son “las entregas a cuenta” que les hace el Estado central (el Gobierno) a cuenta de la parte que les corresponde por los impuestos que ingresa (la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Cada año se presupuesta lo que les corresponde y se les da un anticipo: para 2025, Hacienda tiene previsto entregarles 147.320 millones. Y además, cada año se les entrega la liquidación de dos años antes (la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real). En 2025, está previsto liquidarles 11.692 millones, por la diferencia de 2023 (recaudación real-entrega a cuenta).

Con ello, el proyecto del Gobierno es entregarles a las autonomías 159.104 millones en 2025 (+2,6%), de los que 147.320 millones son a cuenta de la recaudación prevista, que son 12.743 millones más que en 2024. Pero si no hay Presupuestos, esta aportación se retrasa legalmente y dependerá de un Real Decreto que debe aprobar el Gobierno en 2025. Eso ya pasó en 2024, cuando las autonomías recibieron sus aportaciones a cuenta (son pagos quincenales) a partir de junio. Así que si no hay Presupuestos, las autonomías no recibirán estos 12.743 millones extras de 2025 hasta el próximo verano, no desde el 1 de enero.

Como se ve, las autonomías (y Ayuntamientos) perderán recursos si no hay Presupuestos por una triple vía: habrá menos gasto público en toda España (-6.138 millones), podrán gastar menos por no aprobarse su nuevo techo de déficit (-6.000 millones en 2025 y otros tantos en 2016) y les llegará medio año más tarde la parte extra que les corresponde de la mayor recaudación de impuestos (12.743 millones). Quizás los ciudadanos que viven en las autonomías no lo sepan, pero sus gobernantes sí lo saben. Pero no han presionado al PP (ni a Vox) para que apoyen el techo de gasto y la senda de déficit, aunque les cueste dinero.

En el caso de Junts, han suavizado su veto inicial a la senda de déficit y quieren pactar, para “sacar tajada”: ahora buscan aumentar el gasto autonómico, pelean porque el déficit de las autonomías en 2025 sea mayor. Que en vez del -0,1% del PIB que propone el Gobierno aumente: incluso proponen subirlo a un máximo del -0,8%.  A lo claro, eso significaría que las autonomías podrían gastar 10.500 millones adicionales en 2025. Y como a Cataluña le puede corresponder un 25% (por su peso económico y fiscal), les “tocaría” un gasto extra de +2.625 millones, que Junts vendería como “un triunfo político propio”. El Gobierno está viendo cuánto puede ceder, ya que como el déficit total es inamovible (no debería superar el -2,5%, para que lo acepte Bruselas), lo que gasten de más las autonomías lo gastaría de menos el Estado central (en servicios públicos, ayudas e inversiones).

La primera contradicción de las autonomías, al pedir más dinero y vetar el techo de gasto y la senda de déficit , es evidente. La segunda es aún más clara: las autonomías piden más recursos y a la vez, las gobernadas por el PP (y Vox) reducen su recaudación porque rebajan impuestos, desde hace años. Una rebaja fiscal que beneficia más a los que más tienen y reduce sus ingresos de forma clara. Así, en 2022, las autonomías renunciaron a 5.710 millones de ingresos por sus rebajas fiscales, según un estudio de la Fundación Alternativas, CES, Intermón Oxfam y CCOO. Concretamente, hubo 10 autonomías que redujeron su recaudación, encabezadas por Madrid (-6.255 millones, el 2,4% de su PIB) y Andalucía (-703 millones), Canarias (-363), Castilla y León (-353), Castilla la Mancha (-238), Cantabria (-201) y Galicia (-147 millones), mientras la aumentaban Cataluña (+1.199), Comunidad Valenciana (+683), Baleares (+550), Extremadura(+207) y Asturias (+46).

En general, la mayoría de autonomías han aumentado sus deducciones en el IRPF y han “deflactado la tarifa” (descontado la inflación de los ingresos), además de reducir los tipos en sucesiones y donaciones (una carrera por bajar impuestos a las herencias) y bonificado el impuesto del patrimonio. Con ello, en los Presupuestos autonómicos de 2024 se contemplan rebajas fiscales de -2.856 millones de euros, según la AIReF, de los que -624 millones son de la Comunidad Valenciana, -453 millones de Madrid, -169 de Baleares, -148 de Galicia y -124 de Navarra. Y para 2025, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP siguen con rebajas fiscales: otros -180 millones Madrid, una autonomía que ha renunciado a ingresar 65.000 millones desde 2004… Y mientras, es la región que menos gasta en sanidad (1.280 euros por habitante frente a 1.635 de media y 2.129 en Asturias) y en educación (858 euros frente a 1.081 de media y 1.522 euros en el País Vasco).

Pero la contradicción más flagrante de las autonomías es que piden más recursos al Estado y luego cada año gastan menos en lo que necesitamos, en sanidad, educación y servicios sociales. Así, entre 2010 y 2023, las autonomías han reducido el porcentaje de gasto que dedican al gasto social (aunque gastan más millones): de suponer dos terceras partes de su Presupuesto (el 67,4% en 2010) ha bajado a ser poco más de la mitad (el 58,9% en 2023), según denuncia un informe de los Directores de Servicios Sociales. Un escándalo: piden más dinero y cada año pesa menos lo que se gastan en sanidad, educación y servicios sociales, los servicios públicos que gestionan. A cambio, ha aumentado drásticamente los intereses que pagan por su deuda  (era el 5,3% del gasto en 2010 y supuso el 20,1% en 2023) y los “otros gastos” (desde personal, compras e inversiones a gastos varios como inversiones megalómanas o la Formula 1…).

Y aunque cada año aumentan los Presupuestos autonómicos, la mayor parte del aumento no va al gasto social. Así, en 2023, según el informe, sólo 1 de cada 10 euros de aumento de los Presupuestos autonómicos fueron a aumentar el gasto social (sanidad, educación o servicios sociales). Y en Sanidad, por ejemplo, el gasto por habitante de las autonomías en 2023 (1.635 euros) es inferior al de 2020 (1.657) y 2021 (1.678), a pesar de las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública. Además, hay una gran diferencia en el gasto social: en 2023, están a la cola Madrid (2.464 euros por habitante), Cataluña (2.942), Murcia (3.008) y Andalucía (3.035), todas por debajo del gasto social autonómico medio (3.124 euros por habitante), la mayoría gobernadas por el PP y bajando impuestos.

En el caso del gasto en Dependencia, los datos son más escandalosos, según otro informe de los Directores de Servicios Sociales: hay 3 autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado para gastar ellos menos en Dependencia, en 2023 sobre el 2.020. Las autonomías que han “hecho caja” son Castilla y León (ha gastado -34,7 millones, -6,3%), Galicia (-6,4 millones, -2,1%) y Aragón (-3,2 millones, -1,6%). En conjunto, todas gastaron sólo un 9% más en Dependencia (2020-2023), mientras el Estado central aportaba un +138% estos 3 años. Y eso, a pesar de que los dependientes crecen cada año y 292.792 están en espera de ayuda o trámites. Con el agravante de que, como muchos son octogenarios, 40.000 dependientes mueren cada año sin recibir la ayuda a la que tienen derecho (mientras las autonomías reducen o medio congelan su gasto).

Tras este “panorama”, quizás tengamos “otra idea” sobre las peticiones de más recursos y el gasto que hacen las autonomías. Y entendamos la demagogia que se hace cada día con el debate de la financiación autonómica. Está claro que hay que reformar el sistema, para que las regiones tengan más recursos, repartidos de forma más justa. Pero también es evidente que hay que acabar con el sistema actual de rebajas fiscales autonómicas, porque eso perjudica a la mayoría de los ciudadanos: una minoría paga menos pero la mayoría sufre que su autonomía acabe gastando porcentualmente menos en sanidad y educación (Madrid) o servicios sociales (Canarias). Debería haber unos mínimos comunes, que aseguren unos servicios públicos homogéneos en toda España, desde el tratamiento del cáncer a las guarderías o la FP. Unas leyes que incluyan Fondos de nivelación para igualar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, vivan donde vivan. Debates que casi nadie plantea.

jueves, 26 de septiembre de 2024

Jóvenes: trabajo más precario y peor pagado

El empleo de los jóvenes ha crecido más que el del resto de españoles. Y también ha bajado porcentualmente más el paro juvenil. Una gran noticia que no puede ocultar otra: los jóvenes siguen teniendo empleos más precarios, a pesar de la reforma laboral: 1 de cada 3 que trabajan tienen un contrato temporal (el doble que todos los trabajadores) y 1 de cada 4 tienen un contrato a tiempo parcial (por horas o días), el doble que todos los empleados. Esta doble precariedad lleva a que los jóvenes cobran sueldos mucho más bajos: ganan una cuarta parte menos que el sueldo medio y 8 de cada 10 jóvenes declaran sueldos inferiores al salario mínimo. Así, la mayoría de jóvenes no pueden hacer planes de futuro, independizarse (sólo el 17%) y comprar o alquilar un piso (carísimos: un alquiler se lleva el 92% de su sueldo). Está claro: o mejoramos los trabajos de los jóvenes y los alquileres o les condenamos a un futuro incierto. Y nadie toma medidas.

                            Enrique Ortega

El alto crecimiento de los últimos años, tras la pandemia, y la reforma laboral (en vigor desde marzo de 2022) han servido para crear muchos más empleos (+1.717.800 ocupados desde diciembre de 2019) y que sean más estables y menos precarios. Curiosamente, la mejora del empleo ha beneficiado más a los jóvenes. Por un lado, los menores de 30 años han conseguido estos años 415.200 nuevos empleos, +15%, casi el doble del aumento del empleo total (+8,6%), según la EPA. Y si analizamos el último año (junio 2023-junio 2024), los menores de 30 años se han llevado la cuarta parte de los empleos creados (108.700 de 426.300), un aumento del +3,5% (frente al 2% que creció todo el empleo). Y ha crecido más el empleo de los más jóvenes (+14,6% entre 16 y 19 años) y los que tienen entre 20 y 24 años (+7,15%), creciendo poco entre 25 y 29 años (+0,6% el último año).

Con ello, los jóvenes españoles batieron en junio 2024 un récord histórico de empleo (trabajaban 3.192.400 jóvenes menores de 30 años) y también un récord de afiliación a la Seguridad Social: 3.328.710 afiliados menores de 30 años. Por otro lado, el paro de los jóvenes ha caído más que el paro general: del 24,8% en junio de 2019 al 19,8% en junio de 2024 (-5%), la tasa juvenil más baja desde 2005, mientras el total del paro bajaba estos 5 años del 14,02% al 11,27% (-2,8%). Y otra vez, bajó más el paro de los más jóvenes (-41% entre 16 a 19 años) y los de 20 a 24 años (-25%) que en el resto (-16,2% paro 25 a 29 años).

Hasta aquí las buenas noticias. Porque cuando se profundiza en el empleo juvenil creado, se ve que el empleo de los jóvenes sigue siendo mucho más precario que el del resto, según revela un reciente estudio de UGT. Así, en junio de 2024 había 1.982.200 asalariados jóvenes (menores de 30 años) con contrato indefinido, el 66,38% de los jóvenes asalariados, frente a un total de 15.498.800 asalariados indefinidos, el 84% del total. Así que un tercio de los jóvenes asalariados (el 33,62%) tienen un contrato temporal, el doble que el conjunto de asalariados (sólo el 16% son temporales). Eso sí, la reducción de la temporalidad entre 2021 y 2024 ha sido mayor entre los jóvenes (-21,2%) que en el conjunto de trabajadores (-9,2%).   Así que la reforma laboral ha beneficiado más a los jóvenes, pero todavía sus contratos son el doble de temporales que los del resto de asalariados. Y además, esa temporalidad es mucho mayor entre los que tienen de 16 a 19 años (63,5% tienen contratos temporales) y entre los que tienen de 20 a 24 años (41,4% contratos son temporales).

El 2º dato que revela la precariedad del trabajo de los jóvenes, según denuncia el estudio de UGT, es que tienen un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial (trabajan menos horas de la jornada habitual o menos días a la semana). En junio de 2024, el 25,7% de los contratos de los jóvenes (menores de 30 años) que trabajan son a tiempo parcial, el doble de los contratos a tiempo parcial que tienen el conjunto de los trabajadores, un 13,6%. Y otra vez, los más jóvenes, los que tienen de 16 a 19 años tienen más contratos a tiempo parcial (el 57,4%), al igual que los jóvenes de 20 a 24 años (36,4% con contratos a tiempo parcial), bajando sólo entre los de 25 a 29 años (16,4 % contratos a tiempo parcial).

Una parte de estos jóvenes trabajan menos horas (o días) porque quieren” (el 42,4%), para compaginar el trabajo con los estudios. Algo que sólo hacían el 18,7% hace una década, lo que indica que ahora, con las sucesivas crisis, muchos jóvenes buscan un trabajo por horas (compatible con sus estudios) “para ayudar en casa". Pero casi la otra mitad de jóvenes que trabajan a tiempo parcial (el 42,3%) lo hacen porque no encuentran un trabajo a tiempo completo”. Son “lentejas”: o trabajan sólo unas horas o unos días o siguen en paro. Y esta es la principal razón  para los jóvenes de 25 a 29 años que trabajan a tiempo parcial (el 57,3% lo hacen porque no encuentran otro empleo).

En resumen, que los jóvenes han conseguido más empleos y rebajar más el paro que el resto de trabajadores, pero siguen con trabajos mucho más precarios, con más contratos temporales y a tiempo parcial. La consecuencia de esta doble precariedad” es que ganan menos: su salario medio es una cuarta parte menor al del conjunto de los trabajadores. Según el decil de salarios EPA 2022, el salario medio bruto de los menores de 30 años es de 1.558,3 euros mensuales (por 12 pagas), 18.699,3 euros brutos anuales, el 73,2% del salario medio nacional (2.128,4 euros brutos, 25.536 euros anuales). Y además, estos salarios de los jóvenes han subido menos (un +9,6% desde antes de la pandemia hasta 2022) que los del conjunto de trabajadores (+11,4%), según el estudio de  UGT.

Esa es la media salarial de los menores de 30 años, porque la mayoría de jóvenes, los que trabajan con menos de 26 años ganan aún menos: el 80% tenían un sueldo inferior al salario mínimo a tiempo completo (14.000 euros en 2022), según la Agencia Tributaria. Y también ganaban menos del SMI el 40% de los jóvenes de 26 a 35 años. Otra estadística, la Encuesta de Estructura Salarial del INE (2022) revela que mientras el salario medio de todas las edades era de 26.948 euros brutos, los menores de 20 años ganan 10.597 euros (el 39%), los de 20 a 24 años 15.181 euros (el 56%) y los de 25 a 29 años, 20.459 euros (el 76%). Y el último estudio del Consejo de la Juventud señala que los jóvenes (menores de 30 años) ganan 1.050,77 euros netos al mes.

Con este panorama, trabajos más precarios y sueldos muy bajos, los jóvenes que trabajan tienen difícil sobrevivir y más todavía emanciparse. Por un lado, con la alta inflación de los últimos 3 años (+16% de subidas acumuladas), han perdido poder adquisitivo y el 41,7% de los jóvenes no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, según el INE, frente al 37,1% el conjunto de españoles. La mayoría de los jóvenes trabajadores tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 5 jóvenes está en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la media del país): un 21,4% de jóvenes son considerados “pobres, según el INE, frente al 20,2% del total de españoles.

La consecuencia inmediata de la alta precariedad laboral de los jóvenes y sus bajos salarios es que no pueden emanciparse: sólo el 17% de los jóvenes menores de 30 años están emancipados en España (el 4,6% de 16 a 24 años y el 39,4% de 25 a 29 años), frente al 31,9% en la UE-27. El resto, viven con sus padres y se emancipan mucho más tarde que en Europa: a los 30,4 años de media, frente a los 26,3 años en Europa.

La clave de que dos tercios de los  jóvenes españoles vivan con sus padres (el 65,6% de los que tienen de 18 a 34 años, frente al 49,6% en la UE-27) no está sólo en su trabajo precario y mal pagado: se agrava por los altísimos precios de la vivienda, en propiedad y en alquiler. Para poder comprar un piso, los jóvenes necesitan tener un 25% del precio ahorrado (o que se lo den sus padres), para la entrada y los gastos iniciales. Y después, pagar una hipoteca media de 750 euros mensuales, que supone el 72% de un sueldo joven medio. Y para pagar un alquiler, ya necesitan 968 euros de media, según el estudio de UGT. Y además, pagar los gastos fijos de la vivienda (agua, luz, Internet y gastos comunitarios). Un estudio del Consejo de la Juventud revela que el coste de un alquiler y sus gastos fijos son ya 1.131 euros al mes, 80 euros más de lo que ganan los jóvenes en España (1.050,77 €) . Y hay que comer, pagar transporte, vivir… Imposible.

Este es el negro panorama de los jóvenes que tienen un trabajo. Pero aún lo tienen peor los jóvenes que lo buscan, que no trabajan y están en paro: 786.000 parados con menos de 30 años en junio 2024, según la EPA. Y cada año hay unos 350.000 jóvenes que terminan sus estudios (Bachillerato y FP más 200.000 licenciados universitarios) y buscan su primer trabajo, una “odisea”. Según las estadísticas, el 25% de estos jóvenes tardan más de 1 año en colocarse, más tiempo cuanto menos formación tengan.

Los datos revelan que España es uno de los paises europeos donde los jóvenes tienen más problemas para trabajar una vez terminados sus estudios, según Eurostat. Así, de los jóvenes (entre 20 y 34 años) que terminaron sus estudios hace entre 1 y 3 años, sólo trabajan en España el 78,7%, frente al 83,5% que lo consiguen en la UE (y el 93,2% en los Paises Bajos, el 91,5% en Alemania o el 80,1% en Francia, bajando al 67,5% en Italia). Este porcentaje (78,7%) es menor para los que acaban Bachillerato o FP de Grado medio (64,2% trabajan en España y el 78,1% en la UE-27) y sube entre los licenciados universitarios (83,1% en España, frente a 87,7% en la UE-27). Esa menor “empleabilidad” explica que la tasa de paro juvenil en España sea la mayor de Europa: 25,5% de paro entre los menores de 25 años, casi el doble que la UE-27(14,5%) y cuatro veces el de Alemania (6,6%). 

¿Por qué los jóvenes españoles tienen más problemas para trabajar? Hay varias causas. Una clave es su formación: muchos jóvenes están poco formados (incluso muchos no han terminado el Bachillerato ni la FP de Grado medio) y, sobre todo, tienen una formación que no es la que piden las empresas. En el caso de los licenciados universitarios (200.000 al año), la mayoría han estudiado carreras no técnicas (no STEM: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), con menos demanda por parte de las empresas, que se quejan (un 75%) de  que no encuentran los perfiles de trabajadores que necesitan (big data, ciberseguridad, desarrolladores, TIC, trabajadores digitales…).

Otra razón que explica las dificultades de los jóvenes es su escasa experiencia. Es normal que un joven que busca su primer empleo no tenga experiencia, pero la “culpa” es de las Universidades que les forman y de las empresas, que deberían “forzar las prácticas” durante los años de formación (pero menos de la mitad de los universitarios las hacen). Y luego, hay que reformar el sistema actual de prácticas y becas fin de estudios, para conseguir que los jóvenes aprendan y no sirvan sólo como mano de obra barata para las empresas.

En los últimos años, hay también un cierto “recelo empresarial a contratar jóvenes. Lo revela una reciente Encuesta hecha a 1.200 dirigentes empresariales, donde el 40% piensan quelos graduados universitarios no están preparados para ingresar en el mundo laboral”, alegando 2 causas: que la generación Z (nacidos de 1977 a 2012) “no tiene ética de trabajo” (“pasan mucho”) y “les faltan habilidades de comunicación”. Eso hace que muchas  empresas prefieran contratar a mayores de 30 años (y menores de 45…).

Otra causa de la menor empleabilidad de los jóvenes es que sufren un cierto “tapón generacional: hay menos movilidad laboral y los trabajadores mayores no cambian de trabajo y se quedan más años en las empresas, lo que dificulta el acceso de los jóvenes. Esto lleva a que las plantillas de las empresas españolas estén cada vez más envejecidas y baje el porcentaje de jóvenes: en 2005, el 41% de los ocupados tenían menos de 35 años y ahora son solamente el 25%, mientras los mayores de 45 años copan el 50,1% del empleo total. Y las empresas no hacen apenas contratos de relevo (un trabajador mayor trabaja un 75% y el resto lo cobra de jubilación, mientras le sustituye un joven), porque les supone un mayor coste (en cotizaciones y sueldos reales) y también al Estado (más pensiones).

Y hay otra causa más, muy importante, que explica los problemas de los jóvenes para trabajar: las oficinas de empleo (SEPE) no les ayudan, ni a preparar currículums ni a divulgar demandas ni a recolocarse. Y como los jóvenes lo saben (creen que el SEPE es para “sellar y cobrar el paro”, los que lo cobran), resulta que el 58% de los jóvenes sin trabajo ni siquiera se registran como parados en el SEPE, mientras buscan trabajo por distintos portales privados de empleo (en los que sí confían) y por familiares y conocidos.

Al final, resulta que "la generación más formada de nuestra historia", los jóvenes que tienen menos de 30 años, están en paro o trabajan de forma precaria, con sueldos tan bajos que no les permiten emanciparse y formar una familia. Un drama para muchos jóvenes, que viven peor que sus padres y abuelos, lo que les hace perder interés por la política y la sociedad o radicalizarse. Y que exige medidas que los políticos no toman: reformar la enseñanza (desde el colegio a la Universidad) para formar en lo que necesitan las empresas, una mejor orientación educativa y laboral, una reforma drástica de las oficinas de empleo (para que ayuden a los jóvenes a colocarse), una política de prácticas y formación en las empresas, más ayudas a su contratación y, sobre todo, ayudas directas a los jóvenes para que puedan alquilar una vivienda, con promociones públicas. Un Plan para los jóvenes, porque nos estamos cargando su futuro. Y el nuestro.

lunes, 23 de septiembre de 2024

Gobierno UE: recetas para salvar a Europa

La presidenta de la Comisión Europea presentó la semana pasada su nuevo Gobierno, 26 comisarios para los próximos 5 años. Las elecciones de junio han provocado una derechización” del Gobierno europeo, con 14 comisarios del PPE (más la presidenta) y 2 ultraderechistas, frente a 4 socialistas, 5 liberales y un independiente. Pero la presidenta Von der Leyen es pragmática y sabe que el futuro de Europa se juega en la economía. Por eso, la “hoja de ruta” de la nueva Comisión será el informe Draghi, que apuesta porque Europa salga del estancamiento actual y afronte la competencia USA y China con fuertes inversiones en industria y tecnología, nuevas energías, digitalización y defensa, más una mayor integración UE. Draghi propone un gigantesco “Plan Marshall” europeo, invirtiendo 800.000 millones anuales, que saldrían del ahorro e inversión privada, del Presupuesto y la emisión de deuda europea. Si no, advierte que Europa caerá en “una lenta agonía” y estará en peligro nuestro nivel de vida y hasta nuestra democracia.

                       Presidenta Von der Leyen, Teresa Ribera y los nuevos comisarios de la UE

El pasado miércoles, la reelegida presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, se fotografiaba en Bruselas con su nuevo Gobierno, 26 Comisarios que han de ser “examinados” ahora por el Parlamento Europeo (alguno podría ser “rechazado”), para empezar a gobernar en noviembre, durante 5 años. Se trata del Gobierno europeo más “derechizado”, incluso más de lo que reflejaron los resultados de las elecciones europeas de junio. En esas elecciones (720 escaños), los europeos eligieron 188 eurodiputados del PPE (Partido Popular Europeo), 136 de Socialistas y Demócratas y 77 liberales (Renew), los tres grupos que apoyaron la reelección como presidenta de Von der Leyen (PPE, desde la democracia cristiana alemana, la CDU). Pero la extrema derecha avanzó mucho en el nuevo Europarlamento: 84 diputados de Patriotas (el grupo ultra liderado por el húngaro Víctor Orban, donde está VOX), 78 de ECR (liderado por Meloni), otros 25 eurodiputados de ESN (donde están los ultras alemanes y el español “Se acabó la Fiesta”). El resto fueron los 53 eurodiputados de Los Verdes y 46 de La Izquierda (grupos donde están Sumar, Podemos y Ahora Republicas), más los 33 del grupo de No adscritos (Junts).

Ahora, Von der Leyen “ha tomado nota” del auge de la extrema derecha para conformar su nuevo Gobierno, no tanto porque haya Comisarios ultras (ha elegido sólo a 2: uno muy sonado, el italiano Raffaele Fitto, exministro de Exteriores de Meloni, como vicepresidente de Cohesión y Reformas, y Oliver Varhelyi, ligado a Orban, como Comisario de Sanidad), sino porque ha dado un mayor peso a sus correligionarios del PPE que el que obtuvieron en las elecciones de junio: serán 14 Comisarios del PPE (más la presidenta), más de la mitad de los 26 totales y además copando puestos claves: Economía, Defensa, Interior y Migraciones, Agricultura, Pesca, Servicios Financieros y Presupuesto. Los liberales obtienen 5 Comisarios, más que los socialistas (4 Comisarios), junto a  1 independiente. Ningún Comisario ligado a los Verdes o La Izquierda.

El contrapeso de tanto poder para Von der Leyen (muy presidencialista y más ahora que los gobiernos de Francia y Alemania, el tradicional "eje de poder" en la UE,  son más débiles que nunca) serán el liberal francés (macronista) Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Política Industrial y, sobre todo, la socialista española Teresa Ribera, nombrada vicepresidenta 1ª de la Comisión (sustituta formal de Von der Layen cuando no esté), responsable de la “Transición limpia, justa y competitiva, además de Comisaria de la Competencia. Con ello, la española Ribera será la Comisaria europea con más poder, uniendo a sus competencias energéticas (transición verde) las de Competencia: dirigirá la política energética UE y parte de la política industrial, al decidir sobre fusiones y vigilar a las multinacionales (su antecesora, la danesa Vestager, ha impuesto multas históricas a Google, Apple y Facebook).

Aunque sea un Gobierno europeo más escorado a la derecha que nunca, la presidenta Von der Leyen es sobre todo pragmática y sabe que se la juega en un terreno: la economía. Porque sabe que la UE está estancada: apenas crece un +0,2% en el 2º trimestre, menos de la tercera parte que EEUU (+0,7%), tras crecer sólo un +03% en el primer trimestre de 2024 y +0,6% en todo 2023 (cuando USA creció cuatro veces más, el +2,4%). Y también sabe que Alemania, la llamada “locomotora europea”, está “gripada”: su PIB ha caído un -0,1% en el 2º trimestre de 2024, tras caer un -0,3% en todo 2023 . Y además, hay otros 5 paises europeos cuyas economías decrecieron en el 2º trimestre, según Eurostat: Irlanda (-1%), Austria (-0,4%), Suecia (-0,3%), Letonia (-0,9%) y Hungría (-0,2%).

Así que Europa tiene problemas graves (la guerra de Ucrania, los inmigrantes, la energía y el cambio climático, la polarización política y el auge de la extrema derecha…), pero la Comisión sabe que la clave para salir adelante es recuperar la economía y la competitividad, afrontar el reto del futuro frente a los avances de EEUU, China y otros paises. Por eso, el lema que ha elegido Von der Leyen para su segundo mandato es claro: “Prosperidad, seguridad y democracia van a ser nuestras prioridades”. Por encima de todo, recuperar el crecimiento europeo, afrontar la transición energética y digital y resolver los problemas de seguridad (Defensa e inmigración), asegurando la democracia y el bienestar europeo.

Pero para conseguirlo, Von der Leyen sabe que Europa tiene que cambiar. Por eso, hace un año, durante el debate del “Estado de la Unión”, encargó a Mario Draghi, expresidente del BCE (2011-2019) y ex primer ministro italiano (febrero 2021-octubre 2022) que elaborara un informe sobre el futuro de Europa. Y Draghi ha elaborado un informe de 400 páginas, titulado “El futuro de la competitividad europea, presentado el 9 de septiembre, que va a ser “la hoja de ruta” de la nueva Comisión Europea para los próximos 5 años. El objetivo es que la economía europea se reconvierta a fondo para competir mejor en el mundo.

En su informe, Draghi parte de señalar el grave problema que tiene Europa: el retraso económico respecto a EEUU, aunque socialmente sea un continente más avanzado. La cifra que aporta es impactante: la UE produjo (PIB) por valor de 46.587,9 millones de dólares en 2023 (a precios constantes, descontada la inflación), un 30% menos del valor de la producción de EEUU (66.762 millones de dólares). Pero lo más grave es que esta brecha entre el valor de lo que produce Europa y EEUU se ha agravado en las dos últimas décadas, porque en 2002 el “gap” era sólo del 17%. Y eso se traduce en un menor nivel de vida en Europa que en EEUU, ahora y desde hace décadas: el ingreso real disponible de los hogares ha crecido el doble en USA que en la UE, según el informe Draghi.

En definitiva, que Europa lleva décadas perdiendo terreno económico (y calidad de vida) respecto a EEUU (y a China). La causa, según Draghi, es la menor productividad europea: 55,7 dólares por hora trabajada en Europa (en dólares constantes, deduciendo la inflación) frente a 75,7 dólares por hora en EEUU (eran 46 frente a 57,1 en 2002). Y este deterioro de la productividad se debe, según Draghi, no sólo a la menor innovación y tecnología de la economía europea, sino también a tres factores que han ayudado a Europa en la postguerra mundial y que ahora no van a ayudar: el auge del comercio mundial, la energía barata (importada) y el menor gasto en Defensa (que ha permitido “gastar en otras cosas”, gracias al paraguas de seguridad de la OTAN, financiada sobre todo por EEUU).

Ante este panorama, Draghi es muy realista y teme por el futuro si Europa no toma medidas drásticas: “el PIB de Europa comenzará a menguar a partir de 2050 (“el crecimiento se detendrá en 2040”, por la caída de la población activa) y el “invierno demográfico” agravará la situación si no se compensa con un aumento de la productividad”. En definitiva, añade, el dilema es “cambiar o afrontar una lenta agonía”.

Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión Europea un triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”) y aprender a reaccionar en un mundo geopolíticamente inestable, donde las dependencias se convierten en vulnerabilidades y la seguridad no puede externalizarse.  Para responder a estos retos, Draghi propone avanzar en varios frentes: una nueva estrategia industrial (basada en la innovación, la tecnología y la digitalización), avanzar en lograr un verdadero mercado único europeo (“más Europa), alinear las políticas industriales, comerciales y de competencia de los 27, aumentar la inversión europea y reformar la gobernanza de la UE, con más coordinación y menos burocracia. Y en paralelo, propone tomar decenas de medidas en 10 sectores relevantes: energía, materiales críticos, digitalización y tecnologías avanzadas, industrias consumidoras de energía, tecnologías verdes, automóvil, industria de Defensa y espacial, farmacéuticas y transporte.

El informe Draghi (ver resumen en español) plantea 3 objetivos de futuro para Europa. El primero, cerrar la “brecha” de productividad con EEUU (y China), que pasa sobre todo por mejorar la tecnología y la innovación en la UE, porque este retraso tecnológico es la causa principal del retraso económico. Draghi cree que aunque Europa haya perdido parte del “tren digital”, aún puede capitalizar “nuevas olas de innovación”, como la Inteligencia artificial (IA) generativa, la integración de la IA en la industria y la tecnología en seguridad y encriptación. El informe refleja que el atraso europeo se asienta en un menor gasto en I+D+i, en la existencia de obstáculos reglamentarios a las empresas innovadoras (muchas se van a USA) y en la falta de un mercado único real, que impide crear grandes empresas tecnológicas (ojo: sólo 4 de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas). Draghi propone 10 medidas para reducir la brecha de innovación con EEUU, entre ellas invertir más de manera conjunta en los 27, facilitar la formación, promover la coordinación industrial, apoyar la investigación en sectores claves (farmacéutico) y facilitar la consolidación de las telecos UE.

El 2º gran objetivo del informe Draghi es avanzar en la descarbonización de la economía y a la vez de la competitividad (por eso Teresa Ribera controlará la transición verde y la Competitividad). Se trata de aprovechar la lucha contra el cambio climático para reducir el coste de la energía (mucho mayor en Europa que en USA o China), desarrollar una industria de vanguardia ligada a las tecnología limpias y reforzar la seguridad energética, asegurando las cadenas de suministros y la provisión de nuevos materiales, planificando una nueva estrategia para el transporte transfronterizo y para la industria del automóvil.

El tercer gran objetivo para que la UE avance es mejorar la seguridad y reducir la dependencia.  Europa se está quedando rezagada en las cadenas mundiales de suministros, lo que obliga a reducir la dependencia de minerales estratégicos y semiconductores (chips: Europa sólo fabrica del 10% mundial), así como de las principales materias primas, diversificando los paises proveedores o fabricándolas en Europa. Y lo mismo en Defensa: Europa no puede seguir dependiendo de EEUU y necesita desarrollar una política de Defensa, con más gasto y más inversión en tecnología e industria armamentista, para ser más “independiente” (hoy, el 78% del armamento de la UE se fabrica fuera). Y lo mismo en el sector espacial. Se trata no sólo de gastar más en Defensa y seguridad, sino en integrar el gasto por separado que hacen los paises, innovando juntos.

Todas estas propuestas y medidas del informe Draghi tienen un coste: será necesario invertir 800.000 millones de euros al año, una cifra inmensa (el 4,7% del PIB de la UE), que supone cuadruplicar el Plan Marshall (aplicado en la postguerra europea) y superar con creces el Plan de Recuperación aprobado tras la pandemia, que contemplaba invertir 750.000 millones de euros entre 2021 y 2026 (unos 125.000 millones al año). Draghi señala las 3  vías para conseguir estos ingentes recursos: la financiación privada, de las Bolsas (propone crear un único mercado de capitales), la banca (hay que avanzar en la unión bancaria y las fusiones transfronterizas) y los ahorradores (Europa ahorra mucho más que EEUU, pero 300.000 millones de ahorro europeo se desvían a financiar a EEUU), los préstamos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la financiación pública (el Presupuesto de la UE es ridículo comparado con el de EEUU: un 1% del PIB de los 27) y la emisión de deuda europea, bonos que emitirían conjuntamente los 27 (como se ha hecho con el Plan de Recuperación), para grandes objetivos industriales, tecnológicos y descarbonización.

Además de pedir más inversiones en Europa, Draghi pide cambios políticos y de gobernanza: avanzar más decididamente en el mercado único (unión económica, financiera y fiscal), acelerar y racionalizar la toma de decisiones entre los 27 (extender el voto por mayoría cualificada y reducir los vetos), agilizar las decisiones (la UE tarda 19 meses en aprobar nuevos Reglamentos) y reducir el exceso de normativa (entre 2019 y 2024, la UE aprobó 13.000 textos legislativos y resoluciones, frente a 5.500 en EEUU) y de burocracia (hay demasiadas trabas a la actividad y a la innovación). Otro informe pedido por la Comisión, de Enrico Letta, refleja que sólo con avanzar en la integración europea (crear un verdadero mercado único) y reducir las trabas burocráticas, el PIB de la UE crecería un 10% más

Este informe Draghi ha sido muy bien recibido por la nueva Comisión Europea, que lo tendrá como “hoja de ruta” para estos 5 años, aunque algunos expertos y paises han puesto reparos a su financiación, sobre todo a “la emisión de deuda conjunta”, los “eurobonos” de los que reniegan Alemania, Holanda y la Europa rica, porque no quieren aumentar su riesgo y el pago conjunto de intereses. Pero si Europa quiere dar un salto y competir con EEUU y China en las próximas décadas, tiene que reconvertir a fondo su economía y su gobernanza. Y eso cuesta dinero. No hacerlo, meter las propuestas en un cajón tiene un alto coste, del que el propio Draghi advierte: “hemos llegado a un punto en que si no hacemos nada, tendremos que comprometer nuestro bienestar, nuestro medio ambiente o nuestra libertad”. El modelo de vida de 450 millones de personas está en juego. Así de claro.

jueves, 19 de septiembre de 2024

Inflación: el impacto de 3 años de subidas

Parece que la inflación ha dejado de ser un grave problema, ahora que los precios suben un +2,3% anual (agosto), lejos del +10,5% que subían hace 2 años. Pero ojo, los consumidores apenas lo notamos porque pagamos todo mucho más caro, al haberse acumulado las subidas de estos tres años (+16%) y superar la subida de los sueldos (+9,94%). Consecuencia: mucha gente sigue con problemas para llegar a fin de mes. Y los alimentos se han encarecido un +28,9% estos años, según el INE (+38%, según la OCU), lo que ha cambiado los hábitos de compra de las familias, que comen ahora menos carne, pescado, verduras y frutas. Los que han salido ganando de estos 3 años de hiperinflación son los grandes supermercados, que ganan cuota, sobre todo Mercadona (26,8%) y suben márgenes y beneficios, a costa del campo y de nuestro bolsillo. Ahora, se espera que la inflación repunte algo hasta fin de año, aunque dependerá del clima, las cosechas y la geopolítica. Veremos.

 
Enrique Ortega

Todo indica que lo peor de la grave crisis de inflación ha pasado. Hace sólo 4 años, en agosto de 2020, en medio de la pandemia y la consiguiente recesión, los precios caían, en España (-0,5%) y en el mundo. Tras la pandemia, en 2021, el pulso volvió a la economía, que no estaba preparada para una mayor demanda, mientras tardaban en recomponerse las cadenas mundiales de suministros. Y cambiaron las tornas: los precios empezaron a subir, del 0% en febrero 2021 al +3,3% en agosto, cerrando 2021 con una inflación del +6,5%. Era un salto tremendo para nuestros bolsillos. Pero quedaba lo peor: el 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y eso disparó los precios de la energía y las materias primas, que ya llevaban meses subiendo. En marzo de 2022, los precios ya subían un +9,8% en España (+7,8% en la UE-27). Y así hasta julio de 2022, cuando la inflación alcanza su máximo, en España (+10,8%) y luego en Europa (+11,5% en octubre 2022).

Los gobiernos aprueban medidas y ayudas para frenar los precios de la energía, materias primas y alimentos y la inflación empieza a bajar, pero lentamente: en España llega al +3,3% en febrero de 2023 (en la UE baja después, al +3,6% en octubre de 2023). Y todavía hay que esperar a este verano para que la inflación baje del 3%: +2,3% en España y +2,4% en la UE-27 en agosto de 2024.

Un largo viaje, un carrusel de subidas y bajadas de precios que hemos sufrido todos en nuestros bolsillos. Ahora nos dicen  que la inflación está “controlada”, pero nosotros apenas lo notamos cuando vamos a comprar. La razón es simple: los precios han subido mes a mes durante 3 años y ahora pagamos todo mucho más caro. Porque aunque la inflación ahora sólo suba un 2,3%, lo que compramos ha ido acumulando subidas y nos cuesta mucho más caro. Y eso es lo que notamos. Veamos las cifras: los precios han subido un 16% acumulado en los últimos 3 años, entre agosto de 2021 y agosto de 2024, según el INE. Esa es “la herencia” que nos deja la hiperinflación: los precios no bajan, suben menos y, a pesar de ello, todo nos cuesta un 16% más que antes. Y eso es lo que notamos cada día.

Esa es la media de todos los productos, según el INE. Pero las subidas “han ido por barrios”, han sido desiguales según los productos y servicios. La mayor subida se ha dado en los alimentos (que se llevan el 18% del presupuesto familiar y hasta un tercio en las familias con menos recursos): han subido un +28,9% entre agosto de 2021 y agosto 2024, según el INE. Y los alimentos que más se han encarecido estos 3 años son aceites (+126,4%), azúcar (+62,54%), patatas (+52%), leche (+43,32%), arroz (+39,02%), harinas y cereales (+39,62%), huevos (+39,35%), chocolate (+36,95%), frutas (+38,35%), cerdo (+29,74%), yogurt (+27,63%), café (+26,37%), vacuno (+26,37%), legumbres (+23,95%), pan (+23,65%), agua embotellada (+23,54%), pan (+23,26%) y pollo (+21,31%), según el INE.

La asociación de consumidores OCU se preocupó de comparar los precios de 112 alimentos en los principales supermercados españoles entre finales de 2020 y diciembre de 2023. Su estudio revela que estos alimentos, la base de la cesta de la compra, subieron entre 2021 y 2023 un +38% de media, siendo estos 10 los alimentos que más subieron: aceite de oliva (+225%), azúcar (+91%), zumo de naranja (+81%), huevos (+67%), arroz (+66%), zanahorias (+65%), yogurt (+58%), salmón (+56%), macarrones (+55%), helados (+55%) y la leche entera (+53%). Además, su estudio revela que las frutas y verduras han subido un +20% de media estos 3 años y las pastas, carnes y pescados, entre un +34 y un +47%. Y además, esa subida media de los alimentos básicos que ha detectado la OCU (+38%) fue mayor en Carrefour (+45%) y Alcampo (+43%), similar en Mercadona (+38%) y menor en Día (+32%), Condis (+33%), Eroski (34%) y El Corte Inglés (+37%).

Pero no sólo han subido mucho los alimentos en estos 3 años de hiperinflación, según los datos del INE. A la subida acumulada de los alimentos (+28,9%) le sigue la de los hoteles, restaurantes y cafeterías (+19,7% acumulado), el ocio y cultura (+13,7%), el transporte (+11,5%), el menaje del hogar (12,6%), el vestido y calzado (+8,6%), los gastos de vivienda (+6,4%), la medicina (+5,3%) y las comunicaciones (+1,7%).

En definitiva, que todo es mucho más caro que hace 3 años, aunque ahora suba menos. De hecho, la OCU ha detectado que en el último año (entre mayo de 2023 y mayo de 2024), los precios de 238 productos (en 84 cadenas de supermercados) han seguido subiendo, un +3,5%. Y por eso, no notamos que la inflación se modere: seguimos pagando más por los productos y servicios y nos cuesta llegar a fin de mes como antes, porque los salarios han crecido menos que los precios . Los datos son reveladores: la inflación ha subido +16% entre agosto de 2021 y agosto de 2024 (INE) y los sueldos con convenio han subido sólo +9,94% en estos 3 años (+3,21% en 2022, +3,71% en 2023 y +3,02 este año 2024 hasta agosto), según Trabajo. Así, los españoles que trabajan (y tienen convenio, porque muchos no lo tienen y no les han subido apenas los sueldos) han perdido poder adquisitivo : compran a precios más caros y sus ingresos les suben menos. Por eso no llegan a fin de mes.

Estas subidas de precios han permitido a muchas empresas subir sus ventas y márgenes, compensando la subida de costes que ellas también han tenido. En el caso de los alimentos, el campo no ha podido resarcirse de los mayores costes, que han subido más que los precios que han recibido de los distribuidores y la industria alimentaria. Y ha pasado lo que antes: una parte del precio que pagamos en los supermercados no llega a los agricultores y ganaderos, se queda por el camino (intermediarios, industrias y súper). El dato lo aporta el IPOD que publica cada mes la organización agraria COAG, con la diferencia entre lo que ellos cobran por los alimentos y el precio que pagamosEn agosto de 2021, el precio de los alimentos en el super era 4,78 veces el que cobraban los agricultores y 3,14 veces el que cobraban los ganaderos. Y en agosto de 2024, la proporción sigue siendo 4,52 veces para los productos agrícolas y 3,03 veces para los ganaderos.

La cadena alimentaria que va del campo a los súper bajó sus márgenes en 2021, con la pandemia y la crisis, pero esos márgenes ya suben desde el 2º trimestre de 2023, según el Observatorio de Márgenes empresariales (Economía, Hacienda y el Banco de España). En la industria agroalimentaria también se recuperan márgenes desde principios de 2023, mientras en el comercio han seguido cayendo en 2023 y 2024. Pero a pesar de ello, como sus ventas han subido mucho (a costa del cierre de pequeñas tiendas), los grandes supermercados han aumentado sus beneficios, a costa de los bolsillos de los consumidores.

En 2023, todos los grandes supermercados han facturado mucho más, sobre todo Mercadona (32.861 millones de ventas, +28,8% sobre 2022, básicamente por la subida de precios), y Lidl (6.572 millones facturados, +27,8%), aunque también Alcampo (4.908,7 millones de ventas, +19%), Eroski (5.185 millones, +13,1%) y Carrefour (9.318 millones, +13,1%), cayendo sólo las ventas del Grupo Día (5.720 millones, -3%), por la venta a Alcampo de 223 tiendas. Y la mayoría ha aumentado también sus márgenes (3,7% sobre ventas en Mercadona), con lo que tuvieron más beneficios en 2023, “gracias a la inflación”: 1.009 millones Mercadona (+40,5%), 348 millones Carrefour (+20%), 109 millones Eroski (+70,3%), mientras cayó el beneficio de Alcampo (70 millones, -38%) y Lidl (182, -13%).

Sin duda, el supermercado más beneficiado por estos 3 años de hiperinflación ha sido Mercadona: su cuota de mercado es del 26,8% (julio 2024), con una ganancia del +2,2% sobre su cuota en diciembre de 2021 (24,6%), según Kantar World Panel . Y le siguen, a enorme distancia, Carrefour (10% de cuota,+0,8% que en 2021), Lidl (6,6%, +1,1%), grupo Eroski (4,2% cuota, -0,2%), grupo Día (3,6%, -0,9%) y Alcampo (3,2% de cuota, -0,1% que en 2021). Lo llamativo no es sólo que Mercadona venda más de la cuarta parte del total, sino que ya factura más (casi 1.000 millones más) que los demás grandes supermercados juntos. Y aunque este crecimiento es menor en 2024, sigue ganando cuota y lanzando ofertas (como la bajada del aceite en julio), siendo sus mayores retos crecer en el norte de España (tiene poca presencia) y hacer frente a los supermercados regionales, imparables (tienen un  17,7% de cuota global  y son líderes en sus zonas: Coviran, Gadisa Retail Condis, AhorraMas, Bon Preu, HD Covalco, Uvesco, Froiz, Dinosol y Alimerka, Consum, BM, Gadis, grupo IFA…).

La hiperinflación de los últimos 3 años ha cambiado los hábitos de compra de los consumidores, según la consultora Kantar. Por un lado, ahora vamos menos veces de compra al súper, tras varios años en que comprábamos con más frecuencia para aprovechar las ofertas y descuentos puntuales que se ofrecían temporalmente. Por otro, compramos en menos sitios, ya que hemos concentrado el grueso de la compra en el super que nos da más confianza, ahora que no tenemos que hacer "una ronda" para buscar ofertas. Eso hace que algunas cadenas pierdan clientes y todas busquen fidelizar a los compradores, con tarjetas que acumulan puntos por compras para recibir futuros descuentos. Además, otra novedad es que ahora salimos más a comer y cenar fuera de casa, lo que frena las ventas en los súper. Y por último, crecen menos las marcas blancas (el 2% de media en 2024, hasta el 44,4% de todas las ventas, según Kantar), aunque las marcas propias siguen siendo la clave (el 76% de todas las ventas) en los super que más crecen, como Mercadona, Lidl o Aldi. Con todo, España es líder europeo en marcas blancas, con un 10% más de peso que en  toda Europa. 

Ahora, todo apunta a que la inflación seguirá estable, aunque podría subir algo de aquí a fin de año, sobre todo los alimentos, según cómo evolucione la climatología y las cosechas (en aceite, se espera superar otra vez el millón de toneladas de producción y que sigan bajando los precios), además de la demanda (Navidad). En el resto del IPC, lo normal es que repunten los precios de la luz y de la energía, ligeramente, y se mantengan altos los precios de los servicios, en especial turismo y hostelería (con tarifas disparadas este verano). Así que el 2,3% de inflación de agosto podría remontar un poco, hasta el 2,5-2,7%, con lo que la inflación media de 2024 cerraría en torno al 3% anual (fue del 3,4% en 2023).

La clave ahora de la inflación es que no haya más “sustos” en la geopolítica internacional (nuevos conflictos o el agravamiento de los de Ucrania y Palestina) o en los mercados internacionales de la energía (donde el petróleo ha recuperado los 73 dólares, tras caer a 68, y el precio del gas está estable) y que la meteorología ayude (con temperaturas no muy bajas este invierno, lluvias y viento). Y también es importante que el Gobierno siga vigilando los precios de los alimentos y manteniendo las ayudas (IVA alimentos y electricidad, si hace falta). Pero la clave para que los consumidores estén menos agobiados con los precios es que suban algo más los salarios, porque lo que suben (+3,02% hasta agosto ) se lo come la inflación (+3,1% subida media anual hasta agosto). Y así, muchas familias seguirán con problemas para llegar a fin de mes y no podrán aumentar su consumo, uno de los tres motores del crecimiento (junto a inversiones y exportaciones).

En resumen, bien porque la inflación suba menos, pero lo que ha subido en estos 3 años está ahí y hace que todo nos cueste mucho más (+16%, según el INE  y +28,9% los alimentos). Y como los salarios crecen menos, nos cuesta llegar a fin de mes. Por eso, si queremos reanimar la economía, que crece menos (un +0,6% en el tercer trimestre frente al +0,8% de enero a junio, según el Banco de España), y seguir creando empleo, hace falta reanimar el consumo con una mayor subida de los salarios, del 3 al 4% al menos, aunque a cambio debe mejorar la productividad. Pero no puede ser que los salarios apenas crezcan realmente mientras crecen mucho los beneficios de muchos sectores y empresas. Eso es lo que se llama un Pacto de rentas: que si la economía española está creciendo y los precios bajan, los salarios se lleven algo más del pastel. Por el bien de todos, también de los empresarios y sus ventas futuras.

lunes, 16 de septiembre de 2024

Curso 2024-25: desigual tensión educativa

Más de 8,3 millones de niños y jóvenes han vuelto a clase, en 28.800 colegios e institutos, para un nuevo Curso escolar con pocas novedades y viejas tensiones, muy diferentes según regiones, centros y enseñanzas. El número de alumnos crece, pero menos que otros Cursos, por la caída de la natalidad, aunque hay autonomías que siguen perdiendo estudiantes mientras otras los forman en barracones. Los estudiantes crecen por el aumento de los alumnos inmigrantes, cuya presencia es mayor en el este de España. Pero la mayor tensión educativa y falta de medios sigue concentrada en los centros públicos, con más inmigrantes y alumnos problemáticos. Todo ello mientras aumenta el gasto educativo, bajo en las autonomías con más alumnos, y los padres se ven obligados a pagar más por la enseñanza que en Europa. Y la calidad de la enseñanza apenas mejora, con demasiados repetidores y abandonos. Urgen más recursos, pero concentrados en las regiones, centros y enseñanzas con más problemas.

                       Más alumnos en 11 regiones, menos en otras 8

Este Curso escolar 2024-25 se espera recibir  a 8.348.030 alumnos en las enseñanzas no universitarias, desde la educación infantil al Bachillerato y la Formación Profesional(FP), según estima el Ministerio de Educación. Serán 10.493 alumnos más que el Curso 2023-24 (8.337.537), un aumento inferior al del curso pasado (+28.057 alumnos) y al anterior (+60.999 alumnos en 2021-22, tras el bache de la pandemia), porque cada año se nota más la caída de la natalidad en España (los nacimientos se han desplomado un -40% entre 2008 y 2023). Y por eso, los niños y jóvenes que estudiarán este Curso serán menos de los que lo hicieron el Curso récord de 1990-91 (8.378.935 alumnos).

Este pequeño crecimiento de alumnos para 2024-25 es muy desigual por edades y estudios: sólo crecen los niños escolarizados en el primer ciclo de educación infantil (+7.251, hasta 491.307 alumnos de 0 a 3 años), en educación especial (+1.927, con 45.001 alumnos), en otros programas formativos (+305, hasta 14.079 alumnos), en Bachillerato, por el aumento demográfico de décadas anteriores (+20.234 alumnos, hasta un total de 711.651) y, sobre todo, en Formación Profesional (+48.460 matriculados este Curso, 1.193.260 alumnos). Pero pierden alumnos este Curso el 2º ciclo de educación infantil (-21.493 niños, con 1.084.307 matriculados de 3 a 6 años), Primaria (-35.380 alumnos, con 2.715.544 matriculados de 6 a 12 años) y la ESO (-10.811 matriculados, con 2.092.405 alumnos de 12 a 16 años), por la caída de la natalidad desde 2008.

Con ello, hay regiones y Centros educativos que ganan alumnos y los tienen que colocar en barracones (como en Levante y Cataluña) y otras que tienen que cerrar escuelas, por falta de niños, como en Zamora o Galicia. Y eso se traduce en que hay autonomías más tensionadas, porque reciben más alumnos, y otras menos, porque los pierden, una tendencia que se repite desde hace más de una década. Así, entre el Curso escolar 2013-14 y el 2023-24, han aumentado un +3,2% los alumnos de enseñanzas no universitarias (de infantil a Bachillerato y FP), según Educación, pero sólo porque han aumentado esta década los niños escolarizados en 8 regiones, sobre todo: Baleares (+11,2% alumnos), Madrid (+10,4%), Navarra (+9,1%), Murcia (+8,3%), Cataluña (+8,1%), Comunidad Valenciana (+6,4%), la Rioja (+5,4%) y Aragón (+4,1% alumnos). Apenas han crecido los alumnos en Melilla (+1,6%), Cantabria (+1,1%) y País Vasco (+0,9%). Y ojo, hay menos alumnos estudiando hoy que hace una década en 8 autonomías: Extremadura (-7,7% alumnos), Canarias (-6,2%), Ceuta (-4,4%), Asturias (-3,4%), Castilla la Mancha (-2,8%), Andalucía (-1,1%) y Galicia (-0,2%).

En resumen, que Madrid, Baleares, Levante, Aragón, Navarra y el País Vasco, el centro y este de España, recibe más alumnos cada Curso y el resto de España, sobre todo el centro más despoblado y el sur, los pierden. Una razón es que el mayor nivel de vida y el modelo económico atraen más población y con ella, más niños y adolescentes. Y otra, que estas regiones del este de España y las más ricas atraen más inmigrantes, que suelen tener más hijos en edad escolar que los españoles. Los alumnos extranjeros se han disparado en España: eran 763.087 en el Curso 2013-14 y fueron ya 1.066.875 alumnos extranjeros en las enseñanzas no universitarias el Curso 2023-24 (+330.626 en una década, un aumento del 45%). Con ello, los niños y jóvenes extranjeros que estudian en Colegios e Institutos españoles son ya el 12,2% del total, aunque su reparto es muy desigual.

Los alumnos inmigrantes se concentran precisamente en las regiones donde más están creciendo los estudiantes no universitarios, según Educación: Baleares (18,3% alumnos extranjeros, frente al 12,2% de media en España), la Rioja (17,1%), Comunidad Valenciana (17%), Cataluña (16,5%), Aragón (16,2%), Murcia (15%), Madrid (14,3%) y Navarra (12,9%), mientras los estudiantes extranjeros tienen poco peso en Colegios e institutos de Extremadura (4% de los alumnos), Ceuta (3,2%), Galicia (5,9%), Asturias (7%), Andalucía (7,2%), Cantabria (8,1%), Castilla León (8,7%) y Castilla la Mancha(8,5%), autonomías que pierden alumnos.

Los alumnos inmigrantes se concentran más en los centros públicos (colegios e Institutos), según los datos de Educación: ahí estudian el 75,7% de los alumnos inmigrantes no universitarios, cuando sólo concentran el 67% de los alumnos totales. En los centros concertados estudian en 16,5% de los inmigrantes (cuando tienen el 24,8% de todos los alumnos) y en los privados sólo el 7,8% (frente al 8,2% del total de alumnos que acogen). Y hay autonomías (las más pobres) que concentran más porcentaje de inmigrantes en sus Centros públicos, lo que tensiona su enseñanza (porque exigen mayor dedicación y medios): Melilla (el 95,5% de los alumnos inmigrantes estudian en centros públicos), Castilla la Mancha (91,2%, Extremadura (87,9%), Murcia (86,9%), Canarias (85,7%) o Ceuta (85,7%), mientras el porcentaje es mucho más bajo en Madrid (72,1%) o Cataluña (73,9%).

Como vimos, el aumento de alumnos y la consiguiente tensión en Colegios e institutos es muy desigual según los Cursos que se estudien (hacen falta más medios en educación infantil de 0 a 3 años y en FP, también en Bachillerato), la región donde se viva (más tensión en el este de España, Baleares y Madrid) y en los centros públicos, no sólo porque reciben a un mayor porcentaje de alumnos inmigrantes que los concertados o privados, sino porque los centros concertados y privados “seleccionan” a los alumnos que reciben y las cifras demuestran que los colegios e Institutos públicos concentran a más niños y jóvenes de familias con menores ingresos, que normalmente tienen más problemas de integración educativa y formación (1 de cada 3 deja los estudios antes de tiempo), alumnos de familias vulnerables que exigen más atención educativa y más refuerzo escolar.

Este panorama indica que deberíamos centrar los esfuerzos en reforzar los centros públicos de las regiones con más tensiones educativas, sin descuidar al resto. Y en cuanto a los estudios, urge reforzar la educación infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional. Sobre la educación infantil no obligatoria (0 a 3 años), España es un referente europeo, ya que tenemos escolarizados al 41,8% de estos niños, frente al 31% en Europa (39,6% en Alemania o 38,5% en Finlandia) y el 32,4% en la OCDE. Pero la mayoría de estos niños están en guarderías privadas, muy caras para sus padres, por falta de plazas públicas. Frente a una creciente demanda, el Gobierno pretende crear 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años entre 2021 y 2025, utilizando Fondos Europeos. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado 162 millones más (con Fondos UE) para promover plazas públicas de 0 a 3 años. De ellos, 32 millones son fondos públicos que ha devuelto Andalucía porque ha preferido no gastarlos que tener que destinarlos a guarderías públicas (el Gobierno andaluz y otras autonomías del PP optan por financiar guarderías concertadas o privadas).

Sobre la Formación Profesional (FP), este nuevo Curso se han repetido los problemas de falta de plazas públicas, dada la enorme demanda, porque los jóvenes han visto que abre las puertas al empleo. Educación espera 1.193.260 alumnos de FP este Curso 2024-25, lo que supone casi duplicar los alumnos de hace una década (698.694 en 2013-2014). Pero el gran salto (+54,7% entre 2013 y 2023) se ha dado en los centros de FP privados (de tener 39.941 alumnos a 226.661 en 2022-23, un +467%), más que en los centros públicos de FP (los alumnos han subido de 542.203 a 710.601 en 2022-23, +31,2%) y que en los centros concertados (de 116.550 alumnos a 143.701, +23,5%). Eso se debe a que inversores privados (entre ellos Fondos de inversión extranjeros) se han lanzado a abrir centros de FP privados, sobre todo de Grado medio y Superior, cobrando precios desorbitados (de 2.500 a 6.000 euros al año), aprovechando la falta de centros públicos de FP (casi gratuitos).

Los sindicatos creen que faltan unas 100.000 plazas públicas de FP, sobre todo en Madrid, Barcelona y las regiones más pobladas y con más demanda. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó 88,5 millones para crear 41.790 plazas y destaca que desde 2020 se han creado 376.186 plazas públicas de FP, con una inversión de 842 millones. Pero faltan más. Y además, este Curso se repite también el problema de encontrar empresas que colaboren para que los 1,2 millones de alumnos de FP hagan prácticas, algo obligatorio (deben hacer unas 500 horas anuales de prácticas, entre el 25 y el 35% de sus estudios).

Mientras los alumnos de Colegios e institutos aumentan o bajan, según dónde, el número de profesores de enseñanzas no universitarias aumenta, aunque menos: eran 784.425 profesores en junio pasado, +15.627 que el Curso anterior y +113.646 más que 10 años antes (670.777 en 2013-14). Eso permite mejorar algo la ratio alumnos por profesor, que era de 11,4 alumnos por profesor en 2021-22, aunque existen también grandes diferencias por niveles de estudio, centros y autonomías. Así, hay regiones con muchos más alumnos por profesor, como Madrid (12,9), Cataluña (11,9), Melilla y Murcia (11,8), Andalucía (11,7), País Vasco y Comunidad Valenciana (11,2), y otras menos tensionadas, como Cantabria (9,1 alumnos por profesor), Extremadura (9,4), Asturias y Galicia (9,9), Castilla y León o Navarra (10).

Con todo, España tiene menos alumnos por profesor, en Primaria y Secundaria,  que la mayoría de Europa, según Educación: 11,3 alumnos/profesor en 2021-22, frente a 12,1% de media en la UE-27, 12,7 en Finlandia, 13,3 en Alemania o 15 en Francia. Eso sí, en España hay más alumnos por clase: 20 en Primaria en los centros públicos (23 en los privados) frente a 19 alumnos por clase en la UE, y 24 alumnos por clase en la ESO (26 en la privada) frente a 21 alumnos de media en la UE. Y aunque en España hay menos días lectivos, los profesores españoles dan más horas de clase: 875 anuales, frente a 800 en la UE y 804 en la OCDE.

El problema no es tanto el exceso de alumnos ni la falta de profesores como la calidad de la enseñanza que se imparte. Dadas las tensiones en algunas enseñanzas y centros (los públicos con alumnos más vulnerables), España tiene un serio problema de resultados de la enseñanza no universitaria, no sólo porque salgamos mal en los estudios PISA (que miden la capacidad en matemáticas y comprensión lectora), fruto de una enseñanza demasiado “memorística”, sino porque hay demasiados alumnos con dificultades, que acumulan problemas y fracasos desde infantil a Bachillerato. Bastan 3 datos para alertarnos. Uno, los repetidores: el 2,1% en Primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en Secundaria primera etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono escolar, el altísimo porcentaje de jóvenes que deja sus estudios sin acabar Bachillerato o FP : 13,6% en España frente al 9,6% en la UE-25. Y tercero, el altísimo porcentaje de jóvenes (18 a 24 años) que son “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 17,8% en España y 13,8% en la UE.

Así que debemos estar preocupados por la calidad de la enseñanza no universitaria en España, fruto de la tensión educativa y la falta de medios en determinadas regiones y centros, con un alto porcentaje de alumnos que necesitan “refuerzo” y no lo tienen. Por un lado, mejorar la enseñanza exige más medios y más gasto, ya que España sigue gastando menos en educación que la mayoría de Europa: 10.181 dólares por alumno en Primaria, frente a 11.478 dólares en la UE-25 y 11.902 dólares en la OCDE. Y 12.541 dólares por alumno en Secundaria, frente a 13.225 dólares en la UE y 13.324 en la OCDE, según el reciente informe de la OCDE. Y ese mayor gasto evitaría que una parte del gasto educativo recaiga sobre las familias: los padres españoles financian entre el 9% (Secundaria), el 11,6% (Primaria)  y el 12% (infantil) de la educación no universitaria de sus hijos, el doble que los padres europeos (financian el 4,4% en Primaria, el 5,4% en Secundaria y el 10,4% en infantil).

No basta con gastar más para mejorar la calidad de la enseñanza. Hay que gastar mejor y de forma desigual, poniendo más recursos en los centros y estudios más tensionados, en la regiones donde más crecen los alumnos y necesidades. Pero no se hace así. Existe un Plan PROA+ para refuerzo de los alumnos con problemas, para desdoblar aulas y profesores, pero en muchos Colegios e institutos es insuficiente, sobre todo en los centros públicos. Y además, hay una tremenda desigualdad en el gasto educativo por autonomías, con el agravante que algunas de las más tensionadas son las que gastan menos. Así, en 2023, Madrid fue la región que gastó menos en educación por habitante (858,64 euros), seguida de Asturias (988), Aragón (1.020), Canarias (1.026 euros), Baleares y Galicia  (1.031), Cataluña y Castilla la Mancha (1043), mientras que las que más gastan en educación son País Vasco (1.522 euros, casi el doble que Madrid), Navarra (1.398), Extremadura (1.241) y Comunidad Valenciana (1.220 euros), según este estudio de los Directores sociales.

En resumen, los niños y jóvenes han iniciado otro Curso escolar donde nos jugamos avanzar en la calidad de su enseñanza y resolver las graves desigualdades educativas que se dan en España, según en qué centro y en qué ciudad se estudie. No basta con mejorar la enseñanza en general: hay que mirar dónde están los “puntos negros” y reforzar alumnos, centros y enseñanzas, con más recursos, más medios y otra educación. Nos jugamos el futuro.