La vivienda se desinfla pero no baja

La venta de viviendas fue como un tiro en 2021 y 2022, tras superarse el bache de la pandemia. Pero “ha pinchado” este año, con una caída de ventas del -18,3%. La culpa es de las 10 subidas de tipos, que han aumentado drásticamente el coste de una hipoteca media: de 532 euros al mes hace dos años a 883 euros ahora (+66%). Eso ha desplomado las peticiones y la concesión de hipotecas este año, un -14%. Lo curioso es que a pesar de la caída de ventas, el precio de la vivienda sigue subiendo este año, un +6% anual, tras aumentar un +39,8% desde 2014. ¿Porqué los pisos no bajan? Porque hay poca oferta (80.000 viviendas nuevas al año, la tercera parte de la demanda), hay más personas con empleo y sigue alta la demanda de extranjeros, Fondos e inversores, para especular con el ladrillo y los alquileres. Los expertos creen que la vivienda todavía seguirá subiendo (menos) este año y el que viene. Algo muy preocupante.

                                          Enrique Ortega

La venta de pisos en España lleva cayendo casi todo este año 2023, desde febrero (en enero subió un +6,5%). En realidad, empezó a caer en diciembre de 2022 (-9,9%), el primer descenso de ventas en 24 meses, tras el paréntesis de caída de ventas por la pandemia (de marzo a octubre de 2020), según el INE. Ahora, en los 7 primeros meses del año se han vendido 364.086 viviendas, un -18,3% menos que en ese periodo de 2022. La mayor caída de ventas se ha dado en la vivienda de 2ª mano (el 80% de las ventas) y sobre todo en Galicia, Canarias, Navarra y Madrid, subiendo sólo las ventas en Extremadura, Asturias y Murcia. 

Estos 6 meses consecutivos de caída de ventas rompen una tendencia de 9 años de subidas continuadas de compraventas (salvo el paréntesis de la pandemia), tras la crisis inmobiliaria iniciada en 2008 y que llevó a un desplome de ventas, hasta el mínimo histórico de 312.500 viviendas vendidas en 2013. A partir de 2014, con la drástica caída de precios, remontaron las ventas de vivienda, superando ya las 500.000 ventas en 2018 y alcanzando un máximo en 2022: 650.265 viviendas vendidas, cerca ya del récord histórico de ventas, las 775.300 viviendas vendidas en España en 2007. 

La causa principal de este “pinchazo” en la venta de pisos la tienen las 10 subidas de los tipos de interés oficiales que ha aprobado el Banco Central Europeo (BCE) desde julio de 2022 a septiembre de 2023: del 0% al 4,50% actual, el precio del dinero más alto desde 2001. Con ella, el precio de las hipotecas (para los 4 millones de familias que tienen una y para los que piensen en comprar un piso) se ha disparado: la mensualidad de una hipoteca media (150.000 euros a 25 años, con el Euribor+1%) ha saltado de 532 euros en agosto de 2021 a 654 euros en agosto de 2022 y 883 euros con el Euribor de agosto de 2023 (4,073%). Muchos  hipotecados han sufrido ya dos subidas anuales en su cuota mensual, pagando ahora 229 euros al mes más que hace dos años (+66%), lo que hunde sus economías, ya deterioradas por la alta inflación. Y ya muchas familias tienen que destinar el 40% de sus ingresos a pagar la hipoteca, lo que disuade a los jóvenes y familias que pensaban pedir una. 

La consecuencia es que también han caído la solicitud y concesión de hipotecas, principal causa de que hayan bajado las ventas de viviendas (junto a los altos precios). La concesión de hipotecas lleva cayendo también desde febrero de 2023, con un total de 232.669 hipotecas concedidas en los 7 primeros meses del año, un -14,6% de caída, según el INE. Y esa caída la explica la subida del tipo de interés de las nuevas hipotecas, por las que se pagaba en julio un 3,24% de media, frente al 1,92% de coste un año antes, lo que se ha traducido en que las hipotecas que se piden ahora son de menos importe (143.412 euros en julio frente a 147.200 que se concedían hace sólo un año). También esta caída rompe una tendencia, la del alza de las hipotecas concedidas, desde el mínimo de 2013 (199.703) a más del doble en 2022 (463.614), aún muy lejos de las 1.238.890 hipotecas concedidas en 2007, en el cénit de la burbuja inmobiliaria en España. 

Bajan las hipotecas y bajan las ventas, por el hachazo de los tipos de interés, pero ojo: no bajan los precios de la vivienda en España. Al contrario: siguen subiendo año tras año, desde 2014. En la primera mitad de 2023, a pesar de la caída de ventas, los precios de la vivienda han subido una media del +6%, según los tasadores. Y eso se suma a la subida de precios del +7,4% en 2022, según los datos del INE, la mayor subida anual desde 2007 (+9,8%). Con ello, la vivienda en España subió un +39.8% entre 2014 y 2022, más del doble de lo que han subido el IPC general (+17,7%) y de lo que han subido los salarios en convenio (+14,17%) en estos 9 años. Aún así, todavía el precio de la vivienda no se ha recuperado del desplome de precios tras la crisis inmobiliaria: entre 2008 y 2013, los precios de la vivienda en España cayeron un -41,9%, según el INE. 

Pero ahora, la subida de la vivienda es tremenda (recordemos: +39,8% en 9 años) y muy desigual, agravándose en las grandes ciudades. Así, según otra estadística de precios, la del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, los precios de tasación de la vivienda (no los precios de venta) subieron un +24% entre el tercer trimestre de 2014 y el 2º trimestre de 2023 en toda España. Pero hay 4 ciudades donde los precios de tasación de los pisos han subido más del +50%: Palma de Mallorca (+79,2%), Málaga (+75,1%), Valencia (+61,1%) y Madrid (+57,1%). Y otras 7 ciudades donde ha subido más del +35%: Barcelona (+49,7%), Alicante (+42,6%), Pamplona (+39,6%), Santa Cruz de Tenerife (+38,3%), Guadalajara (+38,2%), A Coruña (+37,9%) y Girona (+35,6%). 

Con estas impresionantes subidas, el precio de comprar un piso se ha puesto por las nubes, en toda España, pero sobre todo en las grandes ciudades, donde hay más demanda y menos viviendas. Así, en Madrid, el precio medio de tasación de una vivienda es de 3.727 euros por metro cuadrado (372.700 euros por un piso de 100 m2) y en Barcelona 3.600 euros por m2 (360.000 euros piso 100 m2), según el Ministerio de Transportes, mientras han casi duplicado su precio los pisos en Palma (de 1.466 a 2.626 euros m2) o Málaga (de 1.264 a 2.213 euros m2), en ambos casos por el boom de los pisos para alquiler turístico. 

La consecuencia combinada de esta drástica subida de precios de la vivienda y de la subida de tipos no es sólo que haya menos familias pidiendo una hipoteca y comprando piso, sino que los que acaban hipotecándose pagan más por pisos peores, más pequeños (con una habitación o un baño menos) y alejados del centro, según algunos estudios. De hecho, en los últimos 2 años, ha bajado la superficie media de las viviendas vendidas, de 119 a 110 metros cuadrados, según los datos de la tasadora UVE valoraciones. Y se han trasladado las ventas a las zonas periféricas, a más de una hora del centro (donde los precios son entre un 20 y un 40% inferiores, aunque son ahora los que más suben). 

¿Por qué si bajan las ventas y las hipotecas sigue subiendo la vivienda? Hay varias razones que explican este “contrasentido” económico, pero la principal es que faltan viviendas, hay menos oferta que demanda. Sobre todo de vivienda nueva, que sube más (+7,9% en 2022) que la vivienda de 2ª mano (+7,3%). De hecho, hay un déficit de viviendas de 327.000 pisos en España, sobre todo en las grandes ciudades, según la tasadora Uve Valoraciones. Y ello se debe a la caída drástica en la construcción de viviendas: en 2022 se terminaron en España 79.935 viviendas “libres” (además de las protegidas), una cifra que dobla las viviendas terminadas en 2014 (35.382) pero que contrasta con las 356.555 viviendas terminadas en 2009 y con el récord de 597.000 nuevas viviendas de 2006. 

La falta de oferta es clara: se terminan menos de 80.000 viviendas al año (en 2023 van 19.085 terminadas en el primer trimestre) y la demanda anual, por nuevas familias y jóvenes es de 240.000 viviendas, cuatro veces más. Y encima, donde hay más demanda (las grandes ciudades y algunas provincias) es donde se promueven menos viviendas. Resultado: se disparan los precios, aunque caiga la demanda y suban las hipotecas. 

La segunda razón de que no bajen los precios de la vivienda es que la demanda se ha sostenido más de lo esperado por la mejora del empleo: hay +588.700 españoles más con trabajo en el último año (junio 2023-junio 2022) y +1.385.000 ocupados más que hace dos años, según la EPA. Y además, muchos trabajadores han visto mejorar su contrato, de temporal a fijo, tras la reforma laboral, lo que les ha “animado” a comprar un piso, al sentir que sus ingresos ahora son “más seguros”. Sobre todo a la vista de que los alquileres han disparado sus precios, por encima de los 1.000 euros, con lo que cuesta más alquilar un piso que comprarlo (883 euros der hipoteca media), siempre que cuente con ayuda (o ahorros) para pagar el 20% que no cubre la hipoteca y otro 10% de gastos varios. Y siempre que su edad, su nómina y su solvencia le permitan conseguir una hipoteca, ahora más difícil. 

La tercera razón para explicar que los pisos no bajen de precio son las compras de extranjeros y de inversores, internacionales (Fondos) y españoles (ahorradores, que buscan rentabilidad en comprar y vender y en el alquiler). La compra de viviendas por extranjeros se ha disparado, alcanzando el 18,7% de las ventas totales, según Euroval, sobre todo británicos, alemanes y franceses que compran una residencia en Baleares, Canarias, Levante y la Costa del Sol.  Luego están las compras de Fondos e inmobiliarias o de inversores particulares, para invertir buscando plusvalías futuras (la vivienda ha subido menos en España estos años que en el centro y norte de Europa)  o la alta rentabilidad de los alquileres. Y también es un factor clave en la tensión de precios el auge de los pisos turísticos. En todos estos casos, los compradores de viviendas no se ven tan afectados por la subida de tipos, porque compran al contado, sin hacer una hipoteca. De hecho, en mayo de 2023, el 56% de las compras de viviendas se pagaron al contado y sólo el 44% con hipoteca, según el último dato del Consejo del Notariado, cuando en 2016 sólo se pagaban al contado un tercio de las compras.

Visto el panorama, los expertos auguran que los precios de la vivienda seguirán subiendo en España, aunque menos. CaixaBank estima que los precios subirán un +2,9% en 2023 y no bajarán hasta 2024, un -1,1%, debido a que el BCE va a mantener los tipos altos hasta septiembre de 2024 y el Euribor seguirá por encima del 4% el año próximo. Otros expertos, como el catedrático Josep Oliver, apuestan por una subida del 3% en 2023. Y la tasadora Euroval augura que los precios subirán un 6% entre 2023 y 2025 y no bajarán hasta 2026. En general, nadie augura una recuperación de la vivienda hasta el tercer trimestre de 2024, como pronto, lo que seguirá frenando la inversión y el empleo en la construcción. 

La situación es alarmante, porque la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles, que se topan con que no pueden comprar ni alquilar, lo que obliga a los jóvenes a vivir con sus padres hasta los 30,3 años de media, según el Consejo de la Juventud (sólo el 15,9% se emancipan, frente al 31,9% en Europa). Una vez más, el problema es la falta de oferta de viviendas: hay un déficit de 1,2 millones de viviendas en España de aquí a 2030. Eso debería obligar al futuro Gobierno a considerar la política de vivienda como una prioridad. Y alcanzar un Pacto entre el Ejecutivo central, autonomías y Ayuntamientos para liberar suelo público y financiación (pública y privada) para promover entre 120.000 y 150.000 viviendas nuevas al año, la mayoría destinadas al alquiler, lo que aumentaría drásticamente la oferta y reduciría los precios de venta y alquiler. No podemos seguir así, con la vivienda llevándose el 40% y más de los ingresos de los españoles y muchos viviendo hacinados o en casa de sus padres. La vivienda sí tiene enmienda: construir más.

Las exportaciones (flojas) ayudan menos

España es un país muy abierto al exterior y por eso nos afecta mucho la actual debilidad de la economía internacional y el estancamiento de Europa: llevamos 4 meses (de abril a julio) en que las exportaciones españolas crecen menos que en los dos últimos años (cuando batieron récords) y eso está afectando negativamente a algunas regiones (Canarias, Andalucía, Valencia y Murcia), a muchas empresas y al empleo (las exportaciones mantienen 4,6 millones de empleos). Por eso, aunque no salga en los medios, preocupa el “pinchazo” de las exportaciones y la debilidad del comercio mundial. Sobre todo, porque las exportaciones de bienes y servicios han aportado la mitad del crecimiento de España en 2022 y 2023, pero no van a ayudarnos nada en 2024 y 2025, según el Banco de España. Por eso, urge que el futuro Gobierno priorice un Plan para reanimar las exportaciones españolas, con ayudas, como ha hecho Alemania. Nos jugamos fuera de España una buena parte del crecimiento y el empleo interno. Apóyenlos.

                 Enrique Ortega

Uno de los tres “motores” que tiran de la economía (el consumo, las inversiones y las exportaciones) está “gripado” en los últimos meses: las exportaciones españolas. Batieron un récord histórico de crecimiento en 2021 (+21,2%), en 2022 (+22,9%) y en el primer trimestre de 2023 (+14,6%), pero “han pinchado” y llevan cuatro meses decreciendo respecto al año pasado. Ya en el segundo trimestre de 2023 (abril a junio), las exportaciones de bienes cayeron un -4% sobre el inicio de 2022. Y en julio de 2023 han vuelto a caer un -5% sobre ese mismo mes del año pasado, según el dato publicado por Comercio el jueves pasado. Con ello, las exportaciones españolas han alcanzado los 230.397 millones de euros de enero a julio de 2023, un récord histórico (se ha exportado más en 7 meses que en todo 2010, 2011 y 2012) pero sólo un +3,3% más que el año pasado. O sea, que las exportaciones crecen, pero la sexta parte que antes. Han “pinchado”. Sobre todo en Canarias (-40,5%), Andalucía (-9%), Murcia (-5,2%) y Comunidad Valenciana (-2,2%).

Este “pinchazo” de las exportaciones españolas es un mal generalizado en todos los paises, donde los exportadores también están sufriendo en los últimos meses la debilidad de la economía internacional, el menor crecimiento de China, la guerra en Ucrania, los “tapones” y enfrentamientos en el comercio mundial y el estancamiento de Europa, con Alemania en recesión. De hecho, la exportación española está superando mejor que la mayoría de paises este “bache comercial” generalizado: nuestras exportaciones crecen ese +3,3% hasta finales de julio, más del doble que las de los 20 paises de la zona euro (+1,2%), más que las de toda la UE (+1,8%) y que las exportaciones de Alemania (crecen +2,7%), Italia (+2,3%), Japón  y China (+1,5%) o EEUU (caen un -2% este año), superándonos sólo Francia (+6,5%) y Reino Unido (+6,1%), según Eurostat. Este menor “`pinchazo” se debe a que los productos españoles, al tener nosotros una menor inflación que la mayoría de paises (y los salarios más bajos) son más competitivos.

¿Qué exportaciones y a qué paises se han desinflado? Por un lado, las ventas fuera que más están cayendo son las de productos energéticos (derivados del petróleo, carbón y gas), productos químicos, electrodomésticos y electrónica y textil, mientras siguen tirando las exportaciones de automóviles (crecen un 31,9% este año, cuando el pasado caían por estas fechas), bienes de equipo (maquinaria) y alimentos, aunque menos que en 2022. Y por paises, las exportaciones caen este año (sobre 2022) a EEUU (-1,3%), Asia (-4,7%, aunque crecen un 0,2% con China), Oriente Medio (-6,7%) y Africa (-8,9%, por el desplome de las exportaciones a Argelia, aunque crecen un 4,7% a Marruecos). Y siguen creciendo, aunque la sexta parte, las exportaciones a Europa (+4,7% este año frente al 24,3% en 2022) y a Latinoamérica (+19,6% hasta julio, frente al 32,9% en 2022).

Para el resto del año 2023, las perspectivas son que las exportaciones sigan cayendo sobre el año pasado o se estanquen, rondando los 400.000 millones de euros vendidos fuera, tras el récord histórico de 2022: 389.208 millones de euros exportados, más del doble de los 186.780 millones exportados en 2010. Hay varios factores que juegan a la contra de las exportaciones en lo que queda de año. El primero y fundamental, el débil crecimiento de la economía internacional, como alertó en agosto la OCDE: creció sólo un +0,4% en el 2º trimestre, una décima menos que en el primer trimestre. Y el FMI prevé que las economías avanzadas crezcan sólo un +1,5% este año (casi la mitad del 2,7% de 2022), algo más EEUU (1,8%) y mucho menos la eurozona (+0,9%), con una recesión en Alemania (-0,3%). Y con este débil crecimiento, el comercio mundial y las exportaciones irán también al ralentí: crecerá sólo un +1,7% (frente al +2,7% en 2022), el menor crecimiento desde 2019 (salvando la caída de 2020 por la COVID), debido al débil crecimiento, la alta inflación, los elevados tipos de interés y la guerra de Ucrania, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Junto a este panorama gris de la economía y el comercio para los próximos meses, tampoco ayudará a los exportadores el euro. Tras unos meses muy débil (entre julio y noviembre de 2022 cotizó por debajo de 1 dólar por euro), lo que ayudaba a vender fuera a los exportadores europeos, el euro subió  este año, hasta alcanzar una cotización récord el 17 de julio (1,1236 dólares por euro), con lo que los productos europeos eran un 12% más caros, frenando nuestras exportaciones fuera de la eurozona. Ahora, con la debilidad de la economía europea y la menor subida de tipos que EEUU (4,5% frente al 5,5%), el euro lleva dos meses a la baja, cotizando el viernes a 1,0660 dólares, lo que ha abaratado los productos europeos un -5,2%. Pero aún son un 7% más caros que hace un año. Ahora, se espera que el euro se estabilice en los niveles actuales o baje muy poco, con lo que no ayudará a los exportadores.

Al final, se desinflen más o menos las exportaciones españolas, lo realmente preocupante es que van a ayudar menos a que la economía crezca y cree empleo. Porque el sector exterior es uno de los motores claves de la economía española: entre las exportaciones de bienes (389.208 millones de euros aportados en 2022) y las exportaciones de servicios (otros 94.800 millones ingresados por empresas españolas que venden fuera servicios de consultoría, financieros, tecnológicos, telecomunicaciones, información y ocio), aportaron el 41,7% del PIB español en 2022 (aportaban sólo el 23% en 2009). A lo claro: casi la mitad de la riqueza, se genera fuera de España. Y ese sector exterior mantiene 4,6 millones de empleos, casi 1 de cada 4 puestos de trabajo existentes.

Y este sector exterior nos ha salvado la economía y el empleo en varias ocasiones. Primero, durante la crisis financiera (2008 a 2015): en 2009, por ejemplo, el PIB español cayó un -3,6%, pero hubiera caído mucho más (también el empleo) si las exportaciones no hubieran aportado ese año un +2,8% al crecimiento español. La segunda vez fue con la pandemia, en 2020: las exportaciones cayeron menos que la economía (-1,9% frente al -10,8% que cayó el PIB). Y ahora, han ayudado decisivamente a la recuperación, sobre todo en 2022, según el INE: la economía creció un 5,8%, la mitad por las exportaciones (aportaron un 2,9% al PIB). Y en el primer trimestre de 2023, el sector exterior salvó a la economía de caer: aportó un +0,4% al PIB, el doble de la aportación de la demanda interior (+0,2%), permitiendo que la economía española creciera un +0,6% ese primer trimestre.

El panorama ha cambiado en el 2º trimestre de 2023, ya que “el pinchazo” de las exportaciones” ha restado crecimiento a la economía española, según el INE: la aportación exterior fue negativa (-0,5%) y sólo la demanda interior (+1%) permitió que la economía creciera (+0,5% en el 2º trimestre). Ahora, podría pasar lo mismo el resto del año, aunque el Banco de España cree que todavía este año 2023, el sector exterior ayudará a la economía, aportando casi la mitad del crecimiento total (+1,2% del +2,3% previsto que aumente el PIB). Pero esa ayuda se va a acabar en 2024 y 2025, por el pinchazo de las exportaciones: en 2024, el sector exterior restará -0,3% al crecimiento anual (que bajará por eso al 1,8%) y en 2025 no aportará casi nada (+0,1% a un PIB que crecerá un 2%), según el Banco de España.

Esta perspectiva de unas exportaciones más débiles, por la ralentización de la economía y el comercio mundial, deberían forzar al futuro Gobierno (cuando lo haya, algo también incierto) a tomar medidas para impulsar el sector exportador y con ello, la economía y el empleo. Habría que actuar a dos niveles. Uno, inmediato, con un Plan de choque para impulsar las exportaciones de bienes y servicios, en línea con el Plan de apoyo a sus empresas y su economía que acaba de aprobar Alemania (32.000 millones de ayudas en 4 años). Habría que incluir ayudas financieras, fiscales y de promoción de la exportación, sobre todo en las regiones y sectores donde más se hayan reducido las ventas exteriores.

Y  a medio plazo, habría que tomar medidas estructurales para corregir los problemas “de fondo” que tienen las exportaciones españolas: están demasiado concentradas, en origen (sólo 25.000 empresas exportan más de 50.000 euros al año, las tres cuartas partes de ellas concentradas en Cataluña, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía) y en destino (el 74,6% de las exportaciones van a Europa y sólo un 8% a EEUU, China y Japón) y dominan los productos con poco valor (sólo el 6,8% de las exportaciones tienen alta tecnología, frente al 17,7% de las exportaciones europeas), según reconoce el Club de Exportadores.

En resumen, que las exportaciones nos han salvado el crecimiento y el empleo en las últimas crisis, pero ahora se han desinflado, por culpa del enfriamiento de la economía internacional, la guerra en Ucrania, el estancamiento en Europa y los problemas de China y del comercio mundial. Y si no las reanimamos, corremos el riesgo de crecer menos y perder empleo. Por eso, cuidar el flanco exterior de nuestra economía y nuestras empresas es clave para todos, aunque no se hable ni se escriba de ello. Apóyenlos.

Retrocesos frente a la Crisis Climática

Las olas de calor del verano y las inundaciones han dejado claro que estamos ante una grave Crisis Climática (no un “Cambio Climático”: demasiado suave). Pero no hacemos nada para atajarla. Es más, las emisiones de CO2 aumentan este año, tras subir en 2021 y 2022. Y eso, porque los paises han subvencionado las energías fósiles para reducir la inflación, con ayudas a los carburantes, la luz  y el gas, alimentando emisiones. Y encima, en Europa avanzan las posiciones negacionistas, con el Partido Popular Europeo (incluido el PP español) votando en contra (en julio y septiembre) de 2 Leyes para proteger la naturaleza y reducir la contaminación. Y en España, con el PP (y Vox) gobernando 11 autonomías y 44 grandes ciudades, se está dado marcha atrás en las zonas de bajas emisiones o suprimiendo carriles bici. Ojo: la defensa del medio ambiente es de sentido común y no debe tener un sesgo político. Nos jugamos la salud, la economía y el Planeta. Es pura supervivencia.

                 Enrique Ortega

La ONU acaba de dar otra alerta ("hemos abierto las puestas del infierno") sobre la Crisis Climática, la enésima en los últimos años: las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, culpables del “Cambio Climático”, siguen aumentando en 2023, un +0,3% en el primer semestre, por un mayor consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) en la industria y el transporte, aunque han bajado las emisiones de los hogares y la producción de electricidad. Y esto es grave porque ya subieron las emisiones de CO2 en 2022 (+1%) y en 2021 (+6%), tras la bajada (por la recesión derivada del COVID) en 2020 (-5,4%), por primera vez desde 2015. Con ello, se ha vuelto a batir el récord de CO2 en la atmósfera: en mayo de 2023, en Hawái, se alcanzaron las 424 partes por millón (ppm), el doble que al inicio de la Revolución Industrial (280 ppm en 1850) y la mayor concentración en los últimos 3 millones de años… 

El último informe de la ONU advierte que este récord de emisiones de CO2 ya han provocado una subida de la temperatura mundial de 1,15 grados sobre el año 1850, muy cerca del tope marcado en la Cumbre del Clima de París (2015): no superar en 1,5 grados para el año 2100. A este ritmo de emisiones, la temperatura subiría hasta 2,8 grados a finales del siglo, lo que provocaría un caos climático, con graves efectos para la salud, la agricultura y la alimentación y el Planeta, afectando más a algunas zonas y paises. Y recuerdan que la Crisis Climática ya ha provocado graves daños el mundo: más de 2 millones de muertes y 4,3 billones de dólares de pérdidas, sólo entre 1970 y 2021, afectado más a los paises en desarrollo (que se han llevado el 90% de las muertes y el 60% de las pérdidas). 

En definitiva, que aunque los desastres naturales (olas de calor, sequías, inundaciones, tornados, malas cosechas y hambre) son cada día más patentes, el mundo no aprende y sigue aumentando sus emisiones y alimentando la Crisis Climática. Unos más que otros. Así, entre enero y finales de julio de 2023, las emisiones mundiales de CO2 y otros gases de efecto invernadero han crecido un +0,5%, según los últimos datos de Carbon Monitor, aumentando las emisiones en el transporte terrestre (+0,8%), vuelos internacionales (+0,3%), industria (+0,2%) y vuelos nacionales (+0,1%), bajando sólo en la generación de electricidad (-0,1%). 

Las emisiones bajan este año en Europa (-4,3%), más en Alemania (-5,5%) e Italia (-5,4%) que en España (-2,6%) o Reino Unido (-1,3%), en EEUU (-3,6%), en Japón (-5,2%) y en Brasil (-2,6%), pero suben en China (+3,7%), India (+6,7%) y Rusia (+3,2%), tres paises claves porque emiten casi la mitad del total de CO2 mundial (30,3% China, 7,62% India y 5,1% Rusia). Los tres defienden que no pueden poner en peligro su crecimiento futuro y que los paises desarrollados llevan siglo y medio contaminando, además de que emiten más CO2 por habitante. De hecho, EEUU emite 14,24 Tm de CO2 por habitante y la UE 8,39 Tm frente a 8,73 Tm China y 1,90 India, aunque Rusia produce 13,52 Tm per cápita. 

Visto el panorama actual, la ONU se queja de que los paises no toman medidas para reducir  sus emisiones y las que toman son para aumentarlas. Así, denuncian que en los últimos dos años, casi todos los paises (sobre todo los desarrollados) han aprobado más ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), dentro de Planes para atajar la inflación. Sólo en 2022, las ayudas públicas mundiales a la utilización de combustibles fósiles fueron de 7 billones de dólares (6,5 billones de euros), 1 billón más que en 2020, según un informe del FMI. La mitad de estas ayudas públicas las han dado Asia oriental (China) y EEUU, el resto India, Rusia y la Unión Europea, precisamente los grandes emisores de CO2. España concedió en 2022 unos 10.500 millones de euros en ayudas públicas a los combustibles fósiles, desde la subvención a los carburantes (20 céntimos), al gas (industrias y particulares) y a la generación de electricidad (subvención al gas), lo que ha beneficiado a consumidores, eléctricas, gasistas y petroleras pero a la vez ha “alimentado” las emisiones. Por eso, la ONU pide suprimir estas ayudas y destinar esos billones a promover  energías limpias. 

Otro tema preocupante en la lucha contra la Crisis Climática es el avance de las posturas negacionistas en Europa, el continente que más ha apostado por el medio ambiente. El auge de la extrema derecha en la mayoría de paises europeos ha llevado a la derecha europea a asumir parte de sus postulados “negacionistas”, para no perder votos. Y así, en los últimos meses, hemos asistido a dos votaciones en el Parlamento Europeo donde el Partido Popular Europeo (y también el PP español) han votado en contra de dos Leyes promovidas por la Comisión Europea dentro del llamado Pacto Verde europeo. 

La primera Ley, la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) procede de un Reglamento aprobado en junio de 2023 por la Comisión Europea para restaurar los ecosistemas europeos, el 80% dañados. La Ley, que pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas europeas para 2030, salió adelante en el Parlamento europeo el pasado 12 de julio, con 336 votos a favor, 12 abstenciones y 300 votos en contra del PP europeo (y del PP español), junto a la extrema derecha europea (y Vox). Dos meses después, el 13 de septiembre, esos mismos partidos votaron en contra de la nueva Directiva de la Calidad del Aire, promovida también por la Comisión Europea para establecer límites más severos a los indicadores de contaminación, para 2035, en línea con los límites que recomienda la OMS. Y eso porque la contaminación atmosférica provoca más de 300.000 muertes al año en la UE (24.000 en España). A pesar de ello, la propuesta de Directiva tuvo 226 votos en contra (PP europeo y español, más la ultraderecha europea y Vox), 46 abstenciones y 363 votos a favor. 

Ahora, ambas Leyes medioambientales, aprobadas con fuerte oposición en el Parlamento Europeo, deben concretarse en una negociación entre la Comisión, el Parlamento y los distintos Gobiernos europeos. Pero el ambiente político es complicado, porque la derecha europea (PP europeo) está virando hacia posiciones negacionistas, preocupada por el ascenso de la extrema derecha ante las elecciones europeas de junio de 2024. Y además, crecen las posturas negacionistas, para “suavizar” las medidas medioambientales en muchos paises, no sólo en Polonia y Hungría. Así, el gobierno italiano de la ultraderechista Meloni bloquea los nuevos límites que estudia la Comisión Europea para las emisiones de coches a partir de 2030. Y Alemania ha tenido problemas internos  para aprobar la “Ley de calefacción”, para promover bombas de calor frente a las calefacciones de gas. En general, avanzan las posturas contrarias a medidas de defensa del medio ambiente, con la excusa de que atacan la economía, los agricultores y el nivel de vida. Ayer mismo, el Gobierno británico anunció que revisará a la baja sus objetivos medioambientales "para no dañar a la economía y a los británicos" . 

En España, con el avance de la derecha y la extrema derecha en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, también han avanzado las posiciones negacionistas del Cambio Climático y las medidas medioambientales, con cada vez más políticos, medios y ciudadanos que critican lo que denominan “la religión climática de Occidente”. Y eso está suponiendo un retroceso en la lucha contra el Cambio Climático promovida por la Ley de 2020. 

Primero, en las 11 autonomías donde gobierna el PP (en 5, con la ultraderecha de Vox), ya se han dado muestras de una “menor sensibilidad medioambiental”: reducción normas medioambientales, ampliación de regadíos, reducción espacios protegidos, fomento de la caza,  reversión políticas europeas (como en el uso de pesticidas), freno limitaciones pesqueras… Por un lado, los políticos de Vox se han hecho con varias consejerías de Agricultura (Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón) y en otros casos se ha suprimido la consejería de Medio Ambiente (Baleares) o se le ha dado a Vox el control de parte de las inversiones medioambientales (Murcia y el Mar Menor). 

Después, en las 44 capitales y grandes ciudades que ahora gobierna el PP (en muchas, con Vox), también se están dando retrocesos en las políticas medioambientales. Por un lado, varios Ayuntamientos han suprimido los carriles bici, algunos ya construidos (con Fondos europeos): es el caso de Valladolid, Elche, Palma de Mallorca, Gijón o Logroño (donde se ha eliminado un carril bici subvencionado ya con 2 millones de Fondos del programa UE Next Generation para luchar contra el Cambio Climático, como también Valladolid, Elche o Gijón). Y por otro, la mayoría de Ayuntamientos, en especial los gobernados por el PP y Vox, han paralizado la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el tráfico en el centro de las ciudades, proyectos que habían recibido también dinero de la UE. 

Veamos el negacionismo de estos Ayuntamientos para reducir la contaminación, cuando los expertos denuncian que cada año mueren por la contaminación 24.200 españoles y que es la causa principal de que aumenten los enfermos de cáncer en España. La Ley contra el Cambio Climático, aprobada por el Gobierno Sánchez en 2020, establecía que las 149 ciudades con más de 50.000 habitantes (donde viven la mitad de los españoles) tenían que poner en marcha, el 1 de enero de 2023, unas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el tráfico en los centros urbanos y así reducir la contaminación. La realidad fue que sólo aprobaron estas restricciones 20 ciudades, con la excusa de que no les había dado tiempo a implantar los sistemas de acceso, aunque la realidad es que no querían hacerlo por la cercanía de las elecciones municipales (28-M). Pero, pasadas las elecciones, la realidad es que, a primeros de agosto, sólo están activas las ZBE en 14 ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pontevedra, Hospitalet, Badalona, Pamplona, Sant Cugat del Vallés, Rivas Vaciamadrid, Cornellá, A Coruña, Córdoba, la Línea de la Concepción y Badalona. Y en otras 120 siguen en trámite, mientras no se sabe nada del resto.   

Ahora, al menos 6 ciudades gobernadas por el PP (y Vox) han indicado que buscan retrasar o reducir las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Gijón (ahora permite aparcar en el centro coches sin etiqueta), Valladolid (quiere reducir la zona ZBE y retrasarla a finales de 2024), Castellón y Lorca, Majadahonda (el Ayuntamiento ya votó en febrero que no pondrá en marcha la ZBE) y Elche. El último Ayuntamiento “rebelde” ha sido Badalona, cuyo alcalde (por mayoría absoluta) es el exlíder del PP catalán García Albiol: este 25 de septiembre van a aprobar paralizar la ZBE aprobada por el anterior consistorio (y por la que recibieron 2 millones de euros de Fondos UE) y fijar una moratoria de 3 años para aplicarla. 

El Gobierno ya ha reaccionado ante esta “rebeldía negacionista” de la derecha, que incumple la Ley vigente contra el Cambio Climático. Por un lado, la ministra de Transición Ecológica amenazó el martes con llevar al Ayuntamiento de Badalona y a los demás a los Tribunales. Y por otra, el Ministerio de Transportes ha recordado a los Ayuntamientos que el Gobierno transfirió 1.500 millones de euros de Fondos europeos para que los municipios implantaran carriles bicis o Zonas de Bajas emisiones. Y que si no lo hacen, tendrán que devolverlos. 

En resumen, que la crisis Climática avanza, en el mundo y en España, y los Gobiernos siguen financiando las energías fósiles (para intentar rebajar la inflación) y avanzan las posturas negacionistas (promovidas por la ultraderecha y “asumidas” por una gran parte de la derecha), en Europa y en España. Malas noticias, porque  la realidad es que los síntomas de la Crisis Climática se agravan y causan cada día muertes y daños. Sólo en 2021, los daños por el Clima en Europa fueron de 15.154 millones de euros, según Eurostat. Y rondan los 500.000 millones las pérdidas por causas climáticas en Europa desde 1.980, sin olvidar los miles de muertos por las olas de calor (6.000 en España en 2022), incendios, desastres naturales, contaminación y enfermedades asociadas). Y a eso hay que sumar los daños en la agricultura y las cosechas (que disparan el precio de los alimentos), en el turismo y las infraestructuras y en la economía, sobre todo en la Europa del sur y el este y sur de España. 

Urge una reflexión: la lucha contra la Crisis Climática debería ser una cuestión “de sentido común”, al margen de la política: hay que preservar el medio ambiente para evitar una crisis climática que acabe con vidas, cultivos, la economía y el Planeta. Los científicos llevan años diciéndonos qué hay que hacer: dejar de utilizar los combustibles fósiles y cambiar el modelo de vida y crecimiento, para que sea sostenible. Aprobar medidas concretas  para reducir más drásticamente las emisiones de CO2 (un -43% en 2030 y 0 emisiones netas para 2050, según la ONU) y reducir la contaminación que mata. Salvar el medio ambiente no debe ser de izquierdas ni de derechas. Es algo obvio, una cuestión de supervivencia.

Curso escolar 2023-24: más alumnos y costes

Unos 8,3 millones de niños y adolescentes han vuelto a clase en 28.500 colegios e institutos, en un Curso escolar con novedades. La primera, que estudiarán 20.000 alumnos más, a pesar de la caída de la natalidad, por el aumento de la educación infantil (0-3 años), los alumnos hijos de inmigrantes y el récord en Formación Profesional (que supera por tercer año el millón de alumnos). Además, este curso se aplica totalmente la nueva Ley de Educación (Lomloe), con cambios en los contenidos de todos los cursos y la obligación de que todos los alumnos de FP hagan prácticas en empresas (algo complicado). Pero siguen faltando profesores y recursos para la enseñanza no universitaria, lo que obliga a que las familias españolas sean las que más gastan de Europa (aportan el 12% del gasto educativo), en un año donde sube la factura de libros, uniformes, transporte y comedor. Este menor gasto repercute negativamente en la calidad de la enseñanza, manifiestamente mejorable. Nos jugamos el futuro.

                 Enrique Ortega

Este nuevo Curso escolar  2023-24 marcará un récord de alumnos en las aulas de colegios e institutos, donde estudiarán unos 8.330.000 niños y adolescentes, 20.000 más que el curso pasado y una cifra récord desde el curso 1990-91 (cuando estudiaron 8.378.935 alumnos en las enseñanzas no universitarias, de infantil a Bachillerato). Se rompe así una tendencia de recorte de alumnos en los últimos cursos, por la caída de la natalidad en este siglo, lo que ha supuesto la pérdida de 450.000 alumnos de 0 a 15 años (en infantil, primaria y la ESO) en la última década, entre 2013 y 2023. Ahora, este curso se interrumpe la caída por tres causas: el aumento de la educación infantil (de 0 a 3 años), la presencia creciente de hijos de inmigrantes en los centros (sobre todo públicos) y el boom de la Formación Profesional (FP). 

El primer factor que aumenta los alumnos este curso es la mayor asistencia a los centros de enseñanza regulados de niños de 0 a 3 años, para cursar educación infantil: se esperan unos 475.000 niños escolarizados, lo que supone un empujón, dado que con la pandemia cayeron de 472.625 en 2019 a 388.974 en 2021. En los últimos 3 años, el Gobierno Sánchez ha distribuido 670 millones de euros entre las autonomías para que crearan 65.000 plazas de educación infantil gratuita (de 0 a 3 años, una franja en la que la educación no es obligatoria), en centros públicos y concertados. La consecuencia es que, ya en el curso anterior, España alcanzó un récord histórico de escolarización infantil (0 a 3 años) en centros autorizados, al margen de las guarderías: un 45,6% de los niños de 0 a 3 años. Con ello, somos uno de los paises con más tasa de escolarización infantil (23% en la UE y 27% en la OCDE), lo que resulta clave para el futuro: cuanto antes empiece la escolarización de los niños, mejores resultados educativos, según los expertos. 

El segundo factor que aumenta los alumnos este curso es que siguen creciendo los alumnos hijos de inmigrantes, con una mayor natalidad que las familias españolas. El curso pasado, los alumnos extranjeros en colegios e institutos ya rondaron el millón (944.992 en el curso 2022-23), cerca del 12% del total de alumnos, cuando sólo 5 años antes (curso 2017-2018) eran 687.774, el 8,5% del total (y sólo había 100.000 alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias, el 2% del total, en el curso 2000-2001). Sólo en Primaria, se han incorporado en los últimos 6 años casi 116.000 niños extranjeros. Esta mayor afluencia de alumnos extranjeros aporta una gran riqueza a la educación, al incorporar otras experiencias y culturas, pero también crea problemas por el idioma y la segregación. Sobre todo, porque estos alumnos extranjeros están concentrados en centros públicos  (el 76% del total: los centros concertados y privados acaban “segregándoles” por distintas vías) y en unas pocas autonomías (Levante, Cataluña, Madrid, Aragón, la Rioja Baleares y Canarias concentran un porcentaje de alumnos extranjeros superior al 15% del total de alumnos). 

Y el tercer factor de aumento de alumnos este curso es que sigue creciendo la matrícula de jóvenes en Formación Profesional, unos porque la prefieren al Bachillerato (son ya 7 años consecutivos en que se matriculan más jóvenes en FP que en Bachillerato) y otros porque habían dejado de estudiar y vuelven a hacerlo para estudiar FP, porque ofrece más garantías de empleo futuro. La realidad es que este será el tercer curso escolar en que la FP superará el millón de alumnos matriculados, con 1.132.364 alumnos matriculados, un 35% más que hace 4 años (se matricularon 838.764 en 2018-19). Dos tercios de estos alumnos de FP se han matriculado en centros públicos (unos 775.000), pero lo que más crece es la matrícula de FP en centros privados (más de 300.000 alumnos ya), ante la falta de plazas en los centros públicos. De hecho, los centros concertados se están volcando en ofrecer nuevas titulaciones de FP, con un alto coste, ante la escasez de plazas públicas. E incluso hay Fondos de inversión que apuestan por crear centros de FP, como un gran negocio educativo, mientras los sindicatos denuncian que hacen falta 300.000 nuevas plazas públicas de FP. 

Además de tener más alumnos, otra novedad de este Curso escolar 2023-24 es que se completa la aplicación de la nueva Ley de Educación (la Lomloe, Ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006, la LOE), la 8ª Ley de Educación de la democracia, aprobada en diciembre de 2020, con los votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. A pesar de las reticencias de las autonomías gobernadas por la derecha, la Lomloe avanza y se aplica: el curso pasado se revisaron los contenidos de los cursos impares de Primaria, ESO y FP básica y este curso 2023-24 se aplicará a los contenidos de los cursos pares (2º,4º y 6º).

El cambio que pretende la nueva Ley (Lomloe) es modificar el anterior sistema de enseñanza, para que ahora se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Por ello, se han cambiado los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo (reglas para suspensos y repeticiones de curso). El problema ahora es que los contenidos serán diferentes entre regiones, porque los distintos Gobiernos autonómicos aprueban ahora entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Ahora, con la derecha (y Vox) gestionando los gobiernos de 11 autonomías, ya se han planteado polémicas por los contenidos de algunas asignaturas (Historia, Valores Cívicos, Sostenibilidad…). 

Otro cambio importante en este curso 2023-24 se va a dar en Formación Profesional, al aplicarse ya totalmente la nueva Ley de FP, que se aprobó en septiembre de 2021, con el voto en contra del PP y Vox y la abstención de ERC. Además de reformularse los cursos de FP, este año se hace obligatoria la formación “dual” para todos los alumnos de FP. Eso significa que el millón largo de alumnos de todos los cursos tendrán que cursar entre el 25 y el 35% de sus estudios (unas 500 horas anuales) haciendo prácticas en empresas, algunas remuneradas. Eso puede crear este curso “un tapón”, ya que hace falta que los Centros firmen acuerdos con cientos de miles de empresas para que colaboren con las enseñanzas de FP. Pero a la vez es la gran esperanza de reducir el paro juvenil (casi un 30% en España).

Además de estos cambios, preocupa otra vez este Curso escolar  2023-24 la falta de profesores y la tremenda precariedad de un tercio de sus contratos. En julio de 2023 fueron despedidos 110.000 profesores interinos, para no pagarles las vacaciones. Y ahora en septiembre, ha habido retrasos para recontratarlos y configurar las plantillas, lo que ha provocado que muchos centros iniciaran este curso sin toda la plantilla, sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla la Mancha. Y los sindicatos reiteran que faltan profesores, que se han perdido parte de los docentes de refuerzo contratados por la pandemia: CCOO pide un aumento del 15% de las plantillas, 100.000 docentes más. Y sobre todo, piden reducir la enorme precariedad: un tercio de los 760.000 profesores de colegios e institutos son interinos o tienen un contrato temporal (además de estar mal pagados). 

Además de la falta de profesores, urge atajar la deficiente calidad de la enseñanza no universitaria en España, sobre todo en los centros públicos. Los indicadores revelan que tenemos un serio problema educativo: alto porcentaje de repetidores, un 7,6% en ESO (la tasa más alta en Europa donde sólo repiten el 2,2%), que es del 9,2% en los centros públicos y del 4,3% en los concertados y privados, un alto porcentaje de fracaso escolar temprano (17,8% de jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado la ESO obligatoria, frente al 9,3% en la UE-25) y un altísimo porcentaje de “ni-nis”, jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan (17% en España frente al 13,7% en la UE-25). Y unos peores resultados educativos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, según todos los informes PISA.

Unos mediocres resultados educativos, muy dispares por autonomías, que contrastan con el hecho de que los estudiantes españoles den más horas de clase que sus compañeros europeos, según el último informe de la OCDE 2022: +7,3% de horas en Primaria y un +30% en Secundaria. Los expertos critican que este exceso de horas de clase, para cumplir temarios demasiado extensos, quita recursos (profesores y horas lectivas) para dedicarlos a refuerzos y desdobles, a reducir los alumnos por clase y ampliar las extraescolares. En general, los recursos se concentran en los alumnos sin problemas y no hay posibilidad de atender mejor a ese porcentaje creciente de alumnos que necesitan más seguimiento y atención y que son el núcleo que genera repetidores y abandono escolar. Sobre todo en los centros públicos, dotados de menos recursos y de más alumnos problemáticos. 

Y entramos en el meollo del problema, la falta de recursos y Presupuesto. En líneas generales, España gasta menos en educación que la mayoría de Europa y la OCDE, también en la enseñanza no universitaria: gastamos un 3% del PIB (1,3% en Primaria y 1,7% en Secundaria) frente al 3,2% de media en la UE-22. El gasto total por estudiante de Primaria es de 8.580 euros en España, frente a 10.141 euros en la UE-22 (10.622 en Alemania y 9.312 en Francia). Y en Secundaria el gasto educativo por alumno es de 10.706 euros, frente a 11.673 de media en la UE-22 (14.930 euros en Alemania y 13.475 en Francia), según el Informe 2022 de la OCDE. Y encima de gastar menos en colegios e Institutos, el gasto es muy desigual por autonomías: sólo gastan 899 euros por alumno no universitario en Asturias y 938 en Madrid, frente a 1.489 en Euskadi y 1.294 en Navarra, según la AIREF. 

Además, hay varias autonomías que apuestan por financiar y apoyar la enseñanza concertada, en perjuicio de la enseñanza pública, que está perdiendo alumnos en colegios e institutos. Así, en el último curso con datos oficiales (2020-21), el 67,3% de los alumnos no universitarios (de infantil a Bachillerato) estudiaban en centros públicos (frente al 71,5% en 2008), un 25,2% en concertados y un 7,6% en centros privados. Pero hay autonomías donde los alumnos en centros concertados y privados casi llegan a la mitad: País Vasco (48% en concertados y 1% en privados), Madrid (29,6% en concertados y 15,8% en privados), Navarra (32,8% en concertados y 1,5% en privados) o Cataluña (25,9% en concertados y 9,1% en privados). Y otras autonomías donde los alumnos en centros públicos rondan o superan el 80%, como Castilla la Mancha (83,2%), Extremadura (80%) o Canarias (76,4%). 

Este menor gasto en educación en España, sobre todo gasto público en los centros públicos, se compensa con un mayor gasto de las familias: España es el país europeo donde aportan más, un 12% del gasto educativo total (de Primaria a Bachillerato), frente a sólo el 5% en la UE y el 7% en la OCDE, según el informe Education at a Glance 2022. Además, en los últimos años, estos pagos educativos de las familias se han disparado con la inflación. Y este curso, el gasto por niño de la vuelta al cole ha rondado los 500 euros, según la OCU, por la subida de libros, material escolar y uniformes, a los que sumar las subidas en el transporte escolar, extraescolares y comedor escolar. Aquí tenemos un grave problema, según Save the Children: sólo el 11,2% de los colegiales reciben ayudas para el comedor escolar cuando hay un 27,4% de niños en situación de pobreza. Eso sí, el Presupuesto para becas (2.520 millones), que reciben un millón de estudiantes, creció en 1.000 millones desde 2018.

Hasta aquí el panorama educativo y los problemas de fondo con los que ha empezado este nuevo Curso escolar 2023-2024: cambios educativos, falta de medios y profesores, escasez de Presupuesto y muchas desigualdades por autonomías, con un resultado educativo manifiestamente mejorable. ¿Cómo mejorarlo? El Gobierno le pidió a la OCDE que analizara nuestro sistema educativo y propusiera soluciones, que se presentaron en junio: identificar los centros educativos con más peso de familias desfavorecidas y con bajas rentas y concentrar en ellos más recursos (dinero y profesores), premiando a los docentes que los elijan, mejorar la formación y reducir la precariedad del profesorado, reforzar horarios y atención del alumnado más vulnerable y potenciar al máximo la Formación Profesional. Acciones concretas que habrá de aplicar el próximo Gobierno, aunque ya será el curso que viene. Mientras, la urgente mejora de nuestra deficiente educación está en manos de las autonomías, que han de gastar más y mejor en educación, apostando por la enseñanza pública. Nos jugamos el futuro.