En verano, con los viajes y la avalancha de
turistas, es cuando más se aprecian los problemas de nuestras infraestructuras: vemos carreteras
con grietas y firmes dañados, trenes con retrasos y problemas en las
vías, estaciones y aeropuertos saturados y puertos al máximo de
su capacidad, mientras no se hacen las obras hidráulicas que evitan
inundaciones. Un deterioro en las infraestructuras que se debe a
años de escasa inversión y mantenimiento, sobre todo entre 2010 y
2018. En los últimos 8 años, la inversión pública en infraestructuras ha
crecido (16.114 millones en 2025), pero aún es un 60% inferior a la que
se hacía en 2009. Por eso, el Gobierno ha puesto en marcha varios
Planes para invertir 40.000 millones en infraestructuras ferroviarias,
aeropuertos, puertos y carreteras, donde se van a destinar 1.000 millones
este año a mejorar el firme de 3.670 kilómetros. Falta saber si habrá Presupuestos
para hacerlo. Con todo, mejorar las infraestructuras es clave para
seguir creciendo y tener unos servicios públicos modernos y eficientes.
Hay tres inversiones públicas en infraestructuras que
concentran el 73,5% de la inversión total, según
un informe de la Fundación BBVA e Ivie. La más importante, la inversión
en carreteras, que se lleva el 30,7% del total (4.952 millones en 2025),
aunque han perdido peso y representan menos de la mitad de lo que se invertía
en 2009. La 2ª inversión más importante es la que se hace en
infraestructuras ferroviarias (4.592 millones, el 28,5% del total), que son
precisamente las inversiones públicas que más han caído (se han reducido en dos
tercios desde 2009, sobre todo por el desplome en la conservación). Y la
tercera mayor inversión pública se da en obras hidráulicas (2.300
millones en 2025, el 14,3% del total), que han caído en términos reales
(descontando la inflación) un 61,7% desde 2009, lo que explica la enorme
indefensión ante las inundaciones. Y tras estas 3 grandes inversiones, tenemos
las inversiones en puertos (1.626 millones en 2025, el 10,1% del total)
y en infraestructuras aeroportuarias (1.216 millones, el 7,55%), donde
el grueso de inversiones se autofinancian.
Así que ya sabemos por qué hay problemas en las carreteras, ferrocarriles, obras
hidráulicas, puertos y aeropuertos: se
invierte poco, más que en 2018 pero mucho menos que antes de la
crisis financiera y los recortes. Y esta baja inversión crea problemas
por doquier. En las carreteras del Estado (26.564 km), el
propio Ministerio de Transporte reconoce que más de 5.000 km (casi 1 de
cada 5) “requieren actuaciones urgentes”. Y las empresas de mantenimiento
señalan que se necesita invertir en ellas 5.600 millones… En
el ferrocarril, la inversión pública total cayó a la mitad entre
2011 (4.826 millones) y 2022 (2.411 millones) y aunque ha crecido más después
(hasta 4.592 millones en 2025), todavía es menor a la inversión de 2011. Y en mantenimiento
de vías y trenes, se gastó 726 millones en 2018 (menos que los 759 millones de
2011), aunque ha subido a 1.119 millones en 2025. Con todo, en la red
ferroviaria convencional se gasta (2.400 millones en 2025) 6 veces más que
en 2017 y en la alta velocidad (2.300 millones en 2026) se gasta
el doble que hace 8 años.
En muchos puertos
(como el de Valencia o Algeciras), las infraestructuras disponibles están al
límite para recibir mercancías (por mar llegan el 80% de las importaciones)
o exportarlas (el 60% de las ventas exteriores se hacen por mar). Y sobre
las obras hidráulicas, las persistentes riadas no han servido para
impulsar obras de canalización y defensa: haría falta movilizar
103.824 millones en obras hidráulicas durante la próxima década (10.749
millones sólo en la Comunidad Valenciana) para garantizar la seguridad hídrica
del país y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante sequías a inundaciones, según
Seopan.
Y queda analizar la situación de los aeropuertos
españoles, que están saturados por el aumento de viajes tras la pandemia y los
sucesivos récords de turistas: han pasado de recibir 275 millones de
pasajeros en 2019 a 321,6 millones en 2025 (+17%), según los
datos de AENA. Datos que revelan un grave problema: 10
aeropuertos españoles encaran este verano al límite o superando su
capacidad para recibir vuelos y viajeros. Son los aeropuertos de Sevilla
(al 125,8% de su capacidad), Valencia (al 112,8%), Tenerife norte
(al 110,4%), Bilbao (110,4%), Menorca (al 105,3%), Alicante (al
105%), Barcelona-el Prat (al 104,5%: recibió 57,48 millones de pasajeros
en 2025, con capacidad para 55 millones), Palma (al 99,4%), Lanzarote
(al 99,1%) y Madrid-Barajas (al 97,9%: recibió 68,18 millones de
pasajeros en 2025 y tiene capacidad para 70 millones). La saturación es tan
preocupante que Aena, la empresa pública que gestiona los 46 aeropuertos españoles,
ha
anunciado que establecerá restricciones a las aerolíneas (de
vuelos y pasajeros) en 2027, primero en Madrid y Barcelona.
Ante este panorama en las infraestructuras ferroviarias,
aeropuertos, puertos y carreteras, que afectan a millones de ciudadanos, con
riesgos de accidentes y retrasos, el Gobierno ha puesto en marcha diversos
Planes de inversión pública para modernizar las grandes infraestructuras,
a pesar de no tener aprobados Presupuestos. Con los distintos Planes ya anunciados
por el Ministerio de Transportes, se compromete a realizar
una inversión superior a los 40.000 millones de euros en los
próximos 3 a 5 años. Veamos en qué y cuánto.
Casi la mitad de esta inversión, 20.000 millones en
el próximo quinquenio, es el
Plan de inversiones ferroviarias que Transporte negocia con
Hacienda para realizar inversiones (a través de ADIF) sobre todo en la red convencional,
cercanías (600 millones de pasajeros anuales) y transporte de mercancías,
menos en la alta velocidad (que ya ha crecido bastante). Se trata de aumentar
la inversión en mantenimiento (de los 700 millones de 2011 y los 1.119
en 2025 a 1.800 millones en 2030) y realizar inversiones en
infraestructuras (la Y vasca, duplicaciones de vías, la conexión Murcia-Almería
y Burgos-Vitoria, corredores europeos, conexiones con puertos y ampliación de
estaciones, desde Atocha y Chamartín a Sants o la Sagrera en Barcelona,
Valencia, Sevilla, San Sebastián y Murcia).
El 2º eje de las futuras inversiones son los
aeropuertos, donde AENA presentó en febrero su Plan DORA III para
realizar inversiones por 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031, un
año en que se esperan recibir 400 millones de pasajeros. Unas inversiones que se
financiarán con los cánones que cobra AENA y no tienen coste para el
Estado. Las mayores partidas se destinarán a reforzar grandes aeropuertos
al límite (3.220 millones para Madrid-Barajas, 3.200 para Barcelona-El
Prat) y aeropuertos turísticos (619 millones para el de Alicante,
571 para el de Málaga, 410 millones para el de Palma y 1.500
millones para los aeropuertos canarios). Las inversiones no sólo
ampliarán y modernizarán terminales y pistas, sino que también digitalizarán más
los aeropuertos e implantarán el sistema europeo de control
de fronteras (Entry(Exit System, EES), obligatorio para reorganizar los
flujos de pasajeros.
El tercer eje inversor serán los
puertos, donde se movilizarán 7.000 millones de euros entre 2025
(1.225 millones) y 2029 (1.218 millones), el mayor esfuerzo inversor en dos
décadas. Aquí también las inversiones correrán a cargo de los propios
recursos del sistema aeroportuario, no del Presupuesto del Estado. Las
principales inversiones se harán en la nueva terminal norte del puerto de
Valencia, en desarrollar el sur del puerto de Barcelona y
en las mejoras de los puertos de Algeciras , las Palmas y Granadilla
(Tenerife). Y también se invertirá en electrificar los puertos (para que los
barcos que recalen contaminen menos) y en mejorar los accesos por carretera y
ferrocarril a los principales puertos.
Y el 4º Plan inversor, anunciado por el ministro Puente en
febrero, es un
Plan de conservación de carreteras, con un presupuesto de 1.629
millones en 3 años (2027-2029), destinado a mejorar los firmes de la
red de carreteras del Estado (26.564 kilómetros de los 165.756 kilómetros
que suman todas las carreteras estatales autonómicas y locales en España) y
reducir el enorme déficit de mantenimiento (5.600 millones). Al final, el
Gobierno no ha esperado al año que viene y el 16 de junio ha aprobado un
primer Plan de conservación de carreteras para 2026, con 1.006
millones de euros de inversión en
10 autonomías (216,32 millones para las carreteras de Cataluña, 188,4
millones para Castilla y León, 183,9 para Castilla la Mancha, 148,68 millones
para Aragón, 83,7 millones para la Comunidad Valenciana y 60,76 millones para
Madrid). La duración de los contratos será de 3 años, prorrogables. En
paralelo, Transportes
lleva invirtiendo desde enero otros 150 millones en carreteras (105 en
mejora de firmes), para reparar (con “contratos exprés” y licitaciones
rápidas) carreteras estatales que han sufrido daños con las borrascas
de primavera.
Además de estos Planes para reparar y mejorar las carreteras
estatales, Transportes ha recibido la autorización del Gobierno para contratar el
mantenimiento de las 12 autopistas que pasarán al Estado a finales de 2026
(la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, de peaje, y 11 autopistas de 1ª generación,
en las que no se paga peaje porque el Estado paga un canon de 300 millones
anuales a las concesionarias). El Estado dejará de pagar ese canon pero tendrá
que pagar el mantenimiento de 993 kilómetros de esas 12 autovías, un
mantenimiento para el que cambiará el sistema de contratación habitual por el
de “subasta”, algo que no gusta a las empresas ni a los
sindicatos, que amenazan
con recursos legales.
Visto el panorama de las infraestructuras en España, parece
claro que tenemos un problema serio de falta de inversión (sobre todo
entre 2010 y 2018) y de mantenimiento, que se traduce en problemas para
los usuarios y puede convertirse en un cuello de botella para el crecimiento
futuro. Un problema que se agrava porque somos más población a
usar estas infraestructuras (+9,5 millones de habitantes que en el año
2000) y recibiremos este año 100 millones de turistas (más del
doble que los 46,4 millones que llegaron en el año 2000).
Queda claro que hay que hacer un esfuerzo adicional en
las infraestructuras esenciales, sobre todo en la red ferroviaria, las
carreteras, los aeropuertos, puertos y las obras hidráulicas. Eso debería
obligar a un
gran Pacto por las infraestructuras del futuro, donde
se acuerden dos cuestiones clave. Una, qué obras e inversiones son
prioritarias, sin que cada región y zona pretenda imponer “lo suyo”. Y
la otra, cómo se financian estas obras públicas. La clave es combinar la
aportación pública con la inversión privada y el pago de peajes y cánones a los
usuarios, con un reparto de costes y cargas justo y transparente.
Pero chocamos con el problema de siempre, el que impide
solucionar temas como la
vivienda o la
sanidad: la imposibilidad de pactar nada, por los
tremendos enfrentamientos políticos que bloquean cualquier solución. Y aunque mejorar
un trazado ferroviario, un aeropuerto o una carretera no debía ser motivo de
enfrentamiento político, en España ahora lo es. Así que el Gobierno va
buscando dinero como puede para reparar lo más urgente y habrá que esperar
a las elecciones y al futuro Gobierno para esperar un Plan de infraestructuras
públicas que modernice nuestro país, facilite el crecimiento económico y mejore
diversos servicios públicos esenciales. Otro reto más que está pendiente.
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