Nueva renta mínima en tres autonomías

Andalucía ha estrenado 2018 con una nueva renta mínima para los más desfavorecidos, similar a la que aprobó en julio el Parlamento catalán y en noviembre las Cortes valencianas. Son la “segunda generación” de rentas mínimas, porque ahora, todas las autonomías tienen un sistema de rentas mínimas de inserción que ayuda a 789.672 españoles, con 300 a 648 euros al mes. Pero es un sistema muy desigual, con grandes diferencias en las ayudas, por lo que también para ser pobre depende mucho de donde uno viva. Y mientras, PP y Ciudadanos intentan frenar en el Congreso una renta mínima estatal, que promovieron los sindicatos con 700.000 firmas y que costaría entre 11.000 y 20.000 millones. Entre tanto, en el mundo se debate otra renta mínima, universal, no sólo para pobres, para afrontar la creciente pobreza y desigualdad y el desempleo tecnológico que se avecina. Se está probando en Finlandia, Holanda y Barcelona (dentro de un plan piloto de la Comisión Europea). Un debate que aquí se desprecia. Deberíamos conocerlo. 

enrique ortega

Todas las autonomías tienen asumida, en sus Estatutos, la competencia de servicios sociales, transferida por el Estado central. Y desde 2001, todas tienen un sistema de “rentas mínimas de inserción”, una ayuda económica mensual que reciben las familias más desfavorecidas, por un plazo de 6 meses a tres años y más. En 2015, último año del que hay estadísticas oficiales, había 323.406 españoles titulares de rentas mínimas de inserción, aunque como la mayoría eran familias, las ayudas llegaban a 789.672 beneficiarios, según el Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto total de las autonomías en estas rentas mínimas era de 1.359,5 millones de euros, con una media de 435,80 euros al mes de ayuda.

El sistema de rentas mínimas de inserción (RMI) es un “parche” contra la pobreza, ya que reciben ayuda (escasa) sólo el 7,6% de los españoles que están en situación de pobreza (los que ingresan menos del 60%  de la media del país: menos de 684 euros al mes si viven solos o  de 1.700 euros en una familia con 3 hijos), 10.382.000 españoles, el 22,3% de la población, según el INE. Y la renta mínima (RMI) sólo alcanza al 27% de los españoles en situación de pobreza severa (que ingresan menos del 30% de la media: menos de 342 euros al mes si viven solos o de 850 euros las familias con tres hijos), 2,9 millones según  el INE.

Pero la mayor crítica que puede hacerse al actual sistema de rentas mínimas es que es tremendamente desigual entre autonomías. Empezando por el nombre, porque la ayuda se llama diferente en cada región (“ingreso mínimo de solidaridad” en Andalucía y Castilla la Mancha, “salario social básico” en Asturias, “renta de integración social” en Galicia, “renta de garantía de ingresos” en el País Vasco, “renta básica” en Extremadura, “ingreso mínimo de inserción” en La Rioja, “renta garantizada” en Navarra, “renta mínima de inserción” en Madrid”, “renta garantizada de ciudadanía” en Cataluña…). Y sobre todo, porque el importe de la ayuda es muy diferente según donde se viva: va desde 300 euros al mes en Murcia y Ceuta a 648,60 euros en Navarra o 619,29 en el País Vasco, pasando por 573 en Aragón, 399 euros en Galicia y la Rioja, 385 en la Comunidad Valenciana y 375 euros en Madrid. Y encima, en unas, la RMI se cobra durante 6 meses ampliables (Andalucía, Extremadura, La Rioja), en otras 12 meses (Aragón, Cataluña, Canarias, Cantabria, Ceuta), en otras 24 meses (País Vasco) y en otras sin límite de plazo (Asturias y Castilla y León).

También hay diferencias en las condiciones que se exigen para cobrar esta ayuda, aunque en la mayoría son estar empadronado en la autonomía (1 año y en el País Vasco, dos años), tener unos ingresos mínimos (generalmente menos del 75% del salario mínimo) y dan prioridad a los que tienen hijos o mayores a cargo, sobre todo si están discapacitados.

El origen de las enormes diferencias en la renta mínima de inserción (RMI) está en que hay unas autonomías que gastan mucho más que otras, lo que permite pagar más y a más gente. Así, las autonomías que más gastan en rentas mínimas son el País Vasco (488,3 millones en 2015), Cataluña (174,4 millones), Madrid (121,4 millones), Asturias (101,8 millones) y Andalucía (89,1 millones), según el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero hay que poner este gasto en relación a los beneficiarios que tiene cada autonomía. Y así, las autonomías que más gastan por beneficiario son el País Vasco (6.075 euros, frente a 3.641 euros de media en España), Cataluña (5.905 euros), Asturias (5.027 euros), Navarra (4.962), Castilla y León (4.753 euros) y Madrid (4.067 euros), según un estudio de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Y las que menos gastan por beneficiario son Andalucía (1.725 euros), Comunidad Valenciana (1.961 euros), Castilla la Mancha (2.102 euros), Murcia (2.180 euros), Canarias (3.251 euros) y Baleares (3.301 euros).

Al final, lo que más importa es  saber a qué porcentaje de sus pobres ayuda cada autonomía. Y las diferencias vuelven a ser flagrantes. Si a nivel de toda España, los 789.672 beneficiarios de rentas mínimas suponen un 7,6% de los pobres, hay autonomías que ayudan a un porcentaje todavía menor de pobres: al 2,5% en Castilla la Mancha, 3,2% en Murcia, 3,8% en la Comunidad Valenciana, 4,5% en Canarias y Baleares y al 5,7% en Andalucía, según el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Pocos pobres con ayuda en 5 de las 6 autonomías con más pobreza (INE). Y por el contrario, los mayores porcentajes de pobres con ayuda se dan en las autonomías ricas: País Vasco y Navarra (cobran el 77,5% de los pobres), Asturias (27,2%), Aragón (19%) y Cantabria (16,9%), seguidas por Madrid (11,4% pobres con ayuda), Extremadura (10,9%), Castilla y León (9,6%) y Cataluña (7,6%).

Como se ve, el balance de las rentas mínimas autonómicas es bastante pobre, como consecuencia de los recortes y la falta de recursos de las autonomías. Pero no es sólo una cuestión de falta de dinero. El sistema de rentas mínimas falla porque no reinserta a sus beneficiarios, no les saca de la pobreza. Así, un tercio de las familias que cobran la renta mínima en Madrid la cobran desde hace más de cinco años y un 11,6% la cobran desde hace 10 años o más. O sea, que “no les sacan de pobres”. Y eso se debe no sólo a que cobran 400 euros al mes, sino a que no funcionan los programas de inserción que acompañan a estas ayudas, programas individuales (PII) que gestionan los Ayuntamientos (que no reconocen ni pagan la RMI, a cargo de las autonomías). El problema es que los servicios sociales municipales están colapsados (ayudan a 8 millones de españoles al año) y tienen pocos medios, tras los recortes, con lo que no pueden hacer un seguimiento de los beneficiarios de las rentas mínimas. Y así, los pobres no encuentran trabajo ni se forman, siguen siendo pobres año tras año y la pobreza se hace crónica, como advierten Caritas y la Cruz Roja.

Ante este fracaso de las rentas mínimas tradicionales, hay tres autonomías que han optado por cambiarlas y aprobar nuevas ayudas, que cambian poco. La primera en hacerlo no ha sido Andalucía, como presume la Junta, sino Cataluña: el 12 de julio de 2017, en vísperas de la pelea independentista, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad  la nueva renta garantizada de ciudadanía(RGC), que llevaba cuatro años debatiéndose, a raíz de una iniciativa legislativa popular con 120.000 firmas. La nueva renta, que entró en funcionamiento el 15 de septiembre, supone una ayuda de 564 euros al mes (antes era de 423,70 euros), que serán 664 en 2020, año en que esperan ayudar a 70.000 desfavorecidos. La RGC se dará a los mayores de 23 años, con 2 años de residencia en Cataluña, que lleven 6 meses sin ingresos o con prestaciones inferiores a 564 euros y la podrán cobrar las madres (o padres) solas con hijos que trabajen (son 7.000 familias monoparentales) y ganen menos de  564 euros.

Andalucía aprobó la nueva renta mínima de inserción social (RMIS) por el decreto-ley 3/2017 de 19 de diciembre, que empezará a surtir efecto a primeros de marzo. La cuantía de la ayuda será entre 419 y 779 euros al mes, durante 12 meses prorrogables durante 6 más. Y pretende alcanzar a 45.000 personas al año, unos 120.000 beneficiarios. Su prioridad serán las familias con menores y discapacitados, así como mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes. Los requisitos exigidos serán tener entre 25 y 64 años, estar en paro (se aceptan trabajos de menos de 1 mes) y apuntado al servicio andaluz de empleo, con ingresos menores de 418 euros al mes. Y se exige que los beneficiarios participen en un plan de inserción laboral personalizado. La nueva renta mínima andaluza ha sido criticada por IU, Podemos y Save the Children, que creen que nace “corta” y con poco presupuesto (198 millones en 2018), por lo que sólo podrá ayudar al 20% de andaluces pobres.

La tercera autonomía en implantar una nueva renta mínima será la Comunidad Valenciana, cuyas Cortes aprobaron la ayuda el 30 de noviembre, aunque su entrada en vigor será el 22 de abril de 2018, con un presupuesto de 88 millones este año (y 289 en 2020). La renta valenciana de inclusión (RVI) tendrá una cuantía de 495,30 euros mensuales (frente a los 385 actuales) y pretende beneficiar a 95.000 personas en 2020. Los requisitos son ser mayor de 18 años (sin límite de edad), llevar 1 año empadronado y tener ingresos inferiores a la renta que se paga. Y se permite cobrarla si se trabaja y se cobra menos del 80% del salario mínimo. La ayuda es indefinida (revisable a los 3 años) y se queda en la mitad (237,60 euros) si el beneficiario renuncia a ser valorado y entrar en un programa de reinserción social.

Es probable que otras autonomías, gobernadas por la izquierda, se sumen a aprobar nuevas rentas mínimas, a medida que sus cuentas se lo permitan. Y en paralelo, en el Congreso de los Diputados hay pendiente una iniciativa legislativa popular (ILP), promovida por CCOO, UGT y 700.000 firmas, para aprobar una renta mínima de inserción estatal, de la que podrían beneficiarse 2.400.000 españoles, según los sindicatos. La ILP fue admitida a trámite en febrero de 2017, con el apoyo de todos los grupos (177 votos) salvo PP y Ciudadanos, que han tratado de vetar su tramitación, con una enmienda a la totalidad que volvió a ser rechazada en septiembre. Ahora, la propuesta está en la Comisión de Empleo, pero tiene pocas posibilidades de ser aprobada, dado el rechazo frontal del PP, que se agarra a su elevado coste, sobre 20.000 millones según Hacienda, aunque los sindicatos creen que costaría 11.000 millones. Al final, el Gobierno se guarda un as en la manga: si el Congreso aprueba la renta mínima, la denunciaría al Tribunal Constitucional, argumentando que la competencia de las rentas mínimas la tienen las autonomías.

La propuesta de una renta mínima estatal es una oportunidad para homogeneizar las rentas mínimas de las autonomías, dotándolas de más recursos y más efectividad, dado su pobre balance. Habría que pagar una renta mínima a más españoles desfavorecidos, al menos a las 1.193.900 familias donde todos están parados (según la EPA 2017), más del triple de los que cobran ahora las rentas mínimas autonómicas (323.406 titulares de ayudas). Eso tendría un coste, si se paga una renta mínima de 588 euros (el 80% del nuevo salario mínimo), de 84.241 millones de euros. Una cifra muy importante, pero que se podría pagar en un horizonte a cuatro años, con dos condiciones. Una, que se incluyeran en esta renta otras ayudas que ya se pagan (ayudas familiares, becas, vivienda, etc), con lo que se conseguirían ahorros de unos  30.000 millones, además de reducir la burocracia y los gastos de gestión. Y el resto tendría que salir de mayores ingresos, por la lucha contra el fraude fiscal, un posible recargo en el impuesto sobre el patrimonio y algún nuevo impuesto financiero (tasaTobin). Eso sí, esa renta mínima estatal debería obligar al beneficiario a mejorar su formación y a entrar en planes de reinserción laboral, para que no sea “caridad” sino una inversión temporal en su futuro.

Mientras en España debatimos sobre la renta mínima para pobres, que la derecha política desprecia por razones ideológicas (aunque las esconde con “no se puede financiar” y “desmotiva para buscar trabajo y fomenta a los vagos”), en el mundo hay un debate político y económico sobre la renta básica universal, que es diferente: se trata de una ayuda universal, no sólo para los más desfavorecidos, que recibiría todo el mundo, como un derecho ciudadano. Sus defensores señalan que, ante la pobreza y desigualdad creciente y la esperada pérdida de empleos de la digitalización y la robotización, sería una manera de dar seguridad a la población y repartir mejor la riqueza. El debate ha llegado a la cumbre económica de Davos, al FMI, la OCDE y la propia Comisión Europea, que están analizándolo con seriedad, mientras en España es un debate marginal, aunque creciente.

Pero ya hay experiencias que avanzan por el camino de la renta básica universal. La más famosa, la de Finlandia, que seleccionó a 2.000 personas (desempleados, entre 25 y 68 años) para cobrar una renta básica de 560 euros al mes en una experiencia piloto que se inició en enero de 2017 y durará hasta finales de 2018. Otro país que lo está experimentando es Holanda, en Utrecht y otros 39 municipios holandeses, donde se estudia el comportamiento de ciudadanos a los que se paga una renta básica (de 972 a 1.389 euros), con y sin obligaciones a cambio. En Alemania se han presentado 90.000 firmas en el Parlamento pidiendo un referéndum sobre la renta básica universal, mientras Suiza votó en contra de esta renta básica en un referéndum celebrado en 2016.

Es también muy interesante el programa europeo “Urban Innovative Actions”, que la Comisión Europea desarrolla en tres años (a partir de 2017) en 15 ciudades escogidas de Europa, entre ellas Barcelona, donde el Ayuntamiento ha seleccionado a 1.000 familias (de perfiles muy diferentes) para participar en esta experiencia piloto, con 4,8 millones de financiación europea (y 1,2 millones del Ayuntamiento): recibirán una ayuda económica y programas complementarios (formación, empleo, vivienda y trabajo), con 5 programas distintos (con el mismo coste), para ver después qué combinación de ayuda y reinserción es más eficaz.

Este tema, la renta básica universal es algo muy nuevo, que levanta más críticas que apoyos, porque choca con la vieja máxima de “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Pero hoy, el mundo ha cambiado y Europa, el continente socialmente más avanzado, tiene 119 millones de pobres “oficiales” (según Eurostat). Y el futuro, con las máquinas y la digitalización, se presenta sombrío para el empleo. Así que muchos creen que es hora de pensar en nuevos sistemas de asistencia social, frente a los actuales, demasiado burocráticos e inútiles. Y algunos han avanzado seriamente en cómo financiarlo: con el ahorro de sustituir las ayudas actuales y una reforma de impuestos, como plantea este documentado trabajo en la interesante web red renta básica, que informa sobre lo más destacado de este debate a nivel internacional.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque, a pesar de la recuperación y el empleo,  un 22,3% de españoles (10.382.000) son oficialmente pobres y sólo el 7,6% reciben una renta mínima, de pura supervivencia y totalmente  inútil para que salgan de la pobreza. No podemos mirar para otro lado. Probemos a hacer algo nuevo.