El empleo desigual, clave de las 3 Españas

En los últimos 6 años, la recuperación ha creado 3 millones de empleos. Pero dos tercios han sido sólo para 10 provincias (Madrid, Sevilla, islas y litoral mediterráneo), mientras que en 30 provincias (del norte e interior) apenas se ha creado empleo. Y sólo 3 autonomías (Madrid, Baleares y Canarias) tienen hoy más empleo que antes de la crisis. Este reparto tan desigual del empleo ha sido el factor decisivo para que la brecha entre la España rica y la pobre se mantenga. Y la diferencia entre la región más rica (Madrid) y la más pobre (Extremadura) sólo se ha reducido a la mitad desde 1955, según un reciente estudio, que alerta de que, a este ritmo, se tardarán 80 años para reducir esa brecha a la mitad. Algo habrá que hacer para corregir mejor la tremenda desigualdad entre regiones: además de actuar sobre la financiación autonómica, los impuestos y las inversiones y ayudas públicas, habrá que repartir mejor el empleo. No puede haber 3 clases de españoles según donde vivan.

enrique ortega

Todo el mundo sabe que hay 2 Españas, una rica y otra pobre, aunque quizás sería más preciso incluir una 3ª, la España intermedia. La clasificación se hace con la riqueza que genera cada región por habitante (PIB por habitante) y el último dato del INE, de 2018, refleja claramente esas 3 Españas. Una, la España rica, integrada por 7 autonomías: Madrid (35.041 euros/habitante), País Vasco (33.323 euros), Navarra (31.389), las tres con más riqueza que la media europea (30.960 euros/habitante), Cataluña (30.426), Aragón (28.151), Baleares (27.682) y la Rioja (27.225), las 7 regiones con más riqueza que la media de España (25.727 euros/habitante). La segunda, la España pobre, compuesta por 6 autonomías: Melilla (18.533 euros/habitante, que le ha quitado el último puesto a Extremadura (18.769 euros, casi la mitad que Madrid), Andalucía (19.107), Ceuta (20.120), Castilla la Mancha (20.363) y Canarias (20.892 euros/habitante). Y queda una tercera España, la intermedia, integrada por otras 7 autonomías, la mitad cerca de las pobres y la otra mitad acercándose a las ricas: Murcia (21.269 euros por habitante), Comunidad Valenciana (22.426), Galicia (23.183), Cantabria (23.757) y Castilla y León (24.031 euros por habitante).


Lo que quizás mucha gente no sepa es que este retrato de las 3 Españas es muy similar al de hace 60 años e incluso, similar al de hace siglos. De hecho, esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde  hace siglo y medio, al menos, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez-Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). La desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y aumentó desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta agravó las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras. 


Al final, un reciente estudio de FEDEA revela que la brecha entre regiones ricas y pobres se redujo sólo a la mitad entre 1.955 y 2018. Y que los ricos y pobres son casi los mismos. En 1.955, las cuatro regiones más ricas eran el País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra, las mismas que en 2018, aunque Madrid ha subido al nº1 y Cataluña baja al 4º. Y las cuatro regiones más pobres en 1.955, Extremadura, Galicia, Castilla la Mancha y Canarias (de peor a mejor), son también hoy pobres, salvo que sale Galicia y entran Andalucía, Ceuta y Melilla. Y la brecha entre el nivel de la región más rica y más pobre ha bajado de 124 puntos en 1995 (País Vasco tenía el 182% de la renta media y Extremadura el 58%) a 64,17 puntos (Madrid tiene el 136,20% de la renta media y Melilla el 72,03%). O sea que tras 64 años de crecimiento y políticas públicas, la desigualdad regional se ha reducido a la mitad.


Eso es la comparación entre los extremos. Pero el estudio de FEDEA  nos indica que en estos últimos 63 años, el crecimiento en España ha sido muy desigual por regiones. Así, ha habido 7 autonomías que han perdido renta relativa, que producen en 2018 un porcentaje menor sobre la renta media española del que producían en 1955: Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco. Han perdido “peso económico sobre el que tenían hace 63 años, lo que es “bueno” para corregir desigualdades en el caso de las regiones ricas (y malo para Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana). Y otras dos regiones se mantienen igual: la Rioja (rica) y Andalucía (pobre). Y son las 9 autonomías restantes (casi todas pobres, salvo Aragón, Galicia, Castilla y León y Murcia) las que han ganado peso económico, aunque no sea suficiente para recortar toda la brecha con los ricos, sólo la mitad de esa distancia. 


¿Qué hace que unas regiones sean más ricas que otras? Básicamente, su estructura productiva y la mayor o menor creación de empleo, el peso de la industria (más productiva y resistente a las crisis), el mayor o menor peso de la construcción y los servicios (empleo con menos valor y más vulnerable), el peso de las exportaciones, la población (las regiones que más han crecido, como Madrid o País Vasco, han ganado población, española e inmigrante), el nivel educativo y la formación de los adultos, la inversión pública y las ayudas de las distintas administraciones, los impuestos, la financiación autonómica, el reparto de los fondos europeos y, en la última década, las pensiones, que han supuesto ingresos extras en las regiones más envejecidas. Además, hay un caso especial que es Madrid, la región española más productiva entre 2010 y 2018 y la que más crece (en 2018 ya superó a Cataluña), sobre todo por “el factor capitalidad”: ser capital  de un país aporta un crecimiento extra (atracción de empresas, inversiones y población) en toda Europa, donde las regiones que tienen dentro la capital son las más ricas en 25 de los 28 paises UE.


El estudio de FEDEA analiza los tres factores que son claves en la riqueza o producción de las distintas regiones: la productividad y precios, el empleo y la población. Y destaca que el primero, la productividad, ha ayudado a reducir la brecha entre la España rica y la pobre (en este indicador, ha pasado de 97 a 30 desde 1955 a 2018), gracias a que las regiones industriales han perdido productividad relativa, mientras la ganaba el sur y noroeste y se estancaba en la zona del Ebro y en la Comunidad Valenciana. El tercero, la población, también ha ayudado a las regiones más pobres, sobre todo durante la crisis, especialmente a  Canarias y  Andalucía, que se han beneficiado de tener población más joven, mientras el envejecimiento ha perjudicado sobre todo a Asturias, Aragón y Cataluña. Pero el factor decisivo que ha impedido reducir más la brecha regional ha sido el empleo, la ocupación.


El estudio de FEDEA concluye que la desigualdad en el empleo creado ha sido el factor clave que explica la brecha de renta entre regiones, sobre todo desde 2004 y más a partir de la crisis de 2008. Y en 2018, el reparto desigual de la ocupación explica ya dos tercios de la desigualdad de renta entre autonomías. Y eso porque las regiones más ricas han captado más empleo y la ocupación se ha deteriorado (entre 2007 y 2019) en las regiones pobres (-9% en Extremadura, -6,6% en Castilla la Mancha, -3,42% en Andalucía)  y sobre todo en las regiones intermedias (-12% en Asturias, -9,8% en Galicia, -8,6% en Castilla y León, -7,5% en Cantabria, -6,07% en la Comunidad Valenciana). En definitiva que, según el estudio de Funcas, la desigualdad territorial es ahora un problema de empleo más que de productividad.


Si buceamos en la EPA del INE con lo que ha pasado con el empleo entre 2007 y 2019, se confirma este comportamiento desigual, por autonomías y provincias. Así, de los 3.016.300 empleos creados (un +17,8%) entre marzo de 2014 y diciembre de 2019, casi dos tercios (1.922.500 empleos) se los han llevado 10 provincias: Madrid (+538.400 empleos, un +20,42% de aumento), Barcelona (+367.000, un+16,66%), Valencia (+161.700, un +17,68%), Alicante (+154.100, un +24,36%), Baleares (+151.600, un +36,22%, el mayor crecimiento de empleo), Málaga (+151.200, un +30,44%), Sevilla (+134.400, un +21,86%), Murcia (+89.000 empleos, un +17%), Las Palmas (+88.500, un +22,5%) y Cádiz (+86.600, un +17%), según la EPA (INE). Básicamente, es la España del litoral mediterráneo más Madrid y Sevilla. Y mientras, la España del interior y el norte, un total de 30 provincias (todas las de Castilla y León, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, Lugo y Orense, todo el Cantábrico salvo Vizcaya, Navarra, La Rioja, Teruel, Huesca, Cáceres, Córdoba, Huelva y Jaén), han creado sólo 440.000 empleos en la recuperación. O sea, poco empleo para la España vaciada y pobre.


Y al final, sólo en 3 autonomías trabaja hoy más gente que antes de la crisis (2007). Son Madrid (+22.700 ocupados) y Baleares (+28.800 ocupados), dos regiones ricas, junto a Canarias (+54.200 ocupados), una región pobre, a las que había que sumar a Ceuta (+3.700 ocupados que en 2007) y Melilla (+2.200), las tres muy probablemente por su peculiar situación geográfica (inmigración) y fiscal. Y en paralelo, las 14 regiones restantes no han recuperado aún el empleo que tenían en 2007, en especial la Comunidad Valenciana (-136.200 empleos, un -6,07% de pérdida neta de empleo), Galicia (-119.400 empleos, un -9,8%), Cataluña (-118.700 empleos, un -3,27%), Andalucía (-111.300 empleos, un -3,42%), Castilla y León (-94.400 empleos, un -8,6%), Castilla la Mancha (-58.300 empleos, un -6,6%) y Asturias (-53.700 empleos, un -12%, la autonomía que tiene un mayor porcentaje de empleo que recuperar). Como se ve, el balance final del empleo es peor para la España intermedia que para la España pobre, lo que ha llevado a “aproximarlas” desde 2007.


Ahora, la perspectiva es que, al ritmo que vamos, la brecha entre las regiones ricas y las pobres no se reducirá a la mitad hasta el año 2.100, según el estudio de FEDEA. O sea, que si han hecho falta los últimos 63 años para reducir a la mitad la brecha entre las dos Españas que había en 1955, para volver a reducirla sólo a la mitad (no suprimirla) habrá que esperar aún más, 80 años. Algo social y políticamente impresentable.


Por eso, este estudio de FEDEA debería forzar un gran Pacto político y social por acabar con las 3 Españas en unas décadas, en paralelo con todas las políticas prometidas para acabar con la España vaciada (que es la España pobre e intermedia). Y eso empieza por reforzar el papel reequilibrador del Estado, desde el BOE y los Presupuestos, de tal manera que todas las políticas públicas tuvieran como uno de sus objetivos (la igualdad de la mujer debe ser otro) el reequilibrio territorial, reducir a medio plazo  las diferencias de renta entre las regiones. Eso obliga a reequilibrar las inversiones públicas, las infraestructuras y servicios públicos, la educación, la tecnología y la digitalización, la reindustrialización y los incentivos regionales europeos. Y, sobre todo, fijar este reequilibrio regional en el futuro sistema de financiación autonómica, con un potente Fondo de compensación interterritorial pagado por las regiones más ricas. Y a nivel fiscal, incentivos a las inversiones y personas que se dirijan a las regiones más desfavorecidas de España.


Además, a la vista del balance del empleo y de su tremendo peso en la desigualdad regional, según ha alertado FEDEA, urge aprobar un Plan de empleo regionalizado, centrado en esas 30 provincias que apenas han notado la recuperación y que son el centro de la España vaciada y más o menos pobre. Un Plan con recursos e incentivos para la formación y empleabilidad de jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, el epicentro de la España pobre. Y con acuerdos explícitos con las empresas de esas regiones y con sus Gobiernos autonómicos, porque reducir la brecha entre las 2 ó 3 Españas debe ser una prioridad de todos, al margen de las ideologías. No se trata de cuestionar las autonomías o dar marcha atrás en las competencias (como defiende la extrema derecha) sino de reconocer que tenemos un problema grave (tenemos más o menos renta según donde vivamos) y que necesitamos resolverlo antes de que pase otro siglo. Con medidas eficaces y sin politiqueos.

Recortes Presupuesto UE: España pierde

Europa “racanea” con sus Presupuestos para 2021-2027. Ahora que Reino Unido no contribuye, los paises ricos del norte no quieren pagar más y aprovechan para recortar los Presupuestos UE, sobre todo las ayudas al campo (-14%) y a las regiones pobres (-12%), que no les afectan. Para el sur y Este de Europa es un drama, por su menor renta y la penosa situación de agricultores y ganaderos. Y España  pasará de recibir a pagar a Europa más de lo que recibe. La reciente Cumbre europea no logró pactar un acuerdo sobre quien paga y quien recibe, pero harán un “apaño” que perjudicará a la Europa pobre. Y eluden la cuestión de fondo: el Presupuesto europeo es ridículo, un 1% del PIB, frente al 22% del Presupuesto federal USA. Sólo 156.000 millones de gasto anual, la tercera parte del Presupuesto español. Si queremos una verdadera Unión europea, hay que gastar más entre todos y menos cada país. Hacen lo contrario: serán los Presupuestos UE más austeros desde 1988. 

enrique ortega

Lo que se debate ahora son las cuentas de la Unión Europea para los próximos siete años (2021-2027). Hasta 1988, la Comunidad Europea discutía y aprobaba su Presupuesto cada año, como hacen los países, pero era una fuente de conflictos y no había forma de planificar políticas a medio plazo. Ese año 1988, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, logró aprobar el primer Presupuesto plurianual 1988-92. Y a partir de ahí, se han aprobado cuatro Presupuestos más, todos por 7 años, el último el Presupuesto 2014-2020, ahora vigente, con un gasto de 1.082.000 millones de euros (algo más de un billón), lo que supone el 1,16% de la renta europea (RNB). Ahora, se trata de aprobar el 6º Presupuesto plurianual de la Unión Europea, para 2021-2027. 


Y sobre este Presupuesto 2021-2027 ha habido 3 borradores. El primero, la propuesta aprobada en mayo de 2018 por la anterior Comisión Europea: 1.134.000 millones de gasto, 52.000 millones más de gasto (ojo: en 7 años) que el anterior, aunque como la UE es más rica, supone gastar porcentualmente algo menos que en 2014-2020, el 1,11% de la renta. El segundo, la propuesta aprobada en noviembre de 2019 por la presidencia finlandesa y que es la que el presidente del Consejo Europeo llevó a la Cumbre de la semana pasada: 1.094.000 millones, un 1,074% de la riqueza, lo que suponía un recorte de 40.000 millones sobre lo propuesto por la Comisión Europea. Y tres meses después, el 12 de febrero, el Parlamento Europeo rechazó este segundo “tijeretazo” y anunció que no apoyaría ningún Presupuesto europeo que no gastara 1.324.000 millones, el 1,30% de la renta europea, 230.000 millones más de gasto que lo que ha propuesto la presidencia del Consejo Europeo.


Así las cosas, la Cumbre europea acabó sin acuerdo porque los paises ricos del norte de Europa no aceptan siquiera la propuesta más austera, el gasto del 1,074% (1,094 billones en 7 años). Su posición es que, como ahora ya no contamos con un contribuyente importante, el Reino Unido (aportó 75.000 millones en 2014-2020), ellos no están dispuestos a pagar más para cubrir la aportación británica y los nuevos gastos. La “bandera” de Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, los llamados paises “frugales”, apoyados en la sombra por Alemania, es que Europa no debe gastar más del 1% de su renta, así que todavía quieren otros 73.000 millones de recortes sobre el Presupuesto que se presentó en la Cumbre europea. Y además, quieren que se les mantenga (a los 5 paises) el “cheque”, el descuento en su aportación que, como los británicos, disfrutan desde hace décadas y por el que se han ahorrado (los 4 “frugales” y Alemania) 40.000 millones de aportación entre 2014 y 2020.


Si el Presupuesto se recorta aún más, sobre el de 2014-2020, habrá que repartir menos fondos entre más necesidades, ya que en los próximos 7 años se necesitan destinar muchos recursos a la lucha contra el Cambio Climático, la revolución digital y le Defensa y Seguridad, sobre todo. Por eso, la propuesta de la Comisión y del Consejo trataba de repartir los menores recursos, en perjuicio de los dos principales bloques de gasto de la UE desde siempre: los gastos agrícolas y los fondos para la cohesión, para reducir las desigualdades entre las regiones europeas, dos partidas que apenas reciben los paises ricos del Norte y que por eso apoyan recortarlas. La propuesta del Consejo (ver cuadros) es destinar 335.703 millones de euros en los próximos 7 años a los fondos agrícolas y pesqueros (FEOGA, FEADER y FEMP), un 14% menos que en 2014-2020 (390.155 millones). Y con ello, el campo europeo se llevaría el 30,68% del Presupuesto UE, frente a 37,8% que se llevaba en 2014-2020, el 42,3% en 2007-2013 y el 66% que se llevaba en los años 80. El otro “tijeretazo” se lo llevan los fondos de cohesión, los fondos regionales (FEDER, Fondo Social europeo y Fondo Cohesión), a los que se quieren destinar 237.752 millones en los próximos 7 años, un 12,8% menos que en 2014-2020 (272.647 millones).


A cambio de estos recortes, argumentan la Comisión y el Consejo, Europa aumentará el gasto en necesidades “de futuro”, como la lucha contra el Cambio Climático (12.568 millones, 3,6 veces lo gastado en el Presupuesto actual), investigación, innovación y economía digital (87.369 millones, 1,6 veces lo actual), migración y gestión de fronteras (21.890 millones, el doble que ahora), acción exterior (101.905 millones, un 5,8% más) y Seguridad y Defensa (14.290 millones, 7,2 veces más que en el Presupuesto actual).


Frente a los 4 paises “frugales” (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca) más Alemania y la Comisión, defensores de los recortes al campo y a las regiones pobres, hay un frente de 16 paises, “los amigos de la cohesión”, capitaneados por España, Portugal, Polonia y Hungría, a los que siguen Grecia, Rumanía, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta. Y a los que apoyan, en la distancia, Francia e Italia, paises ricos pero que son perceptores de ayudas agrícolas y regionales. Este bloque de la Europa del Sur y Este advierte que el campo es clave para Europa y que no se pueden recortar unas ayudas que suponen la cuarta parte de la renta de agricultores y ganaderos. Y que hay una tremenda desigualdad entre regiones europeas que combatir. Así que defienden no recortar el Presupuesto y mantener o incluso aumentar estas ayudas.


Al final, la cuestión de fondo es quien paga y quien recibe. Y aquí, la postura de los 5 paises ricos del norte de Europa es doblemente injusta. Primero, porque se quejan de que pagan más por habitante al Presupuesto UE (es verdad, porque sobre todo Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia tienen poca población y mucha riqueza), pero no dicen que en base a su riqueza (no a su población) aportan menos que los paises europeos pobres: un  0,70% de su renta (RNB) en 2014-2020 frente al 0,85% de su renta que aportaron los paises más pobres, según datos de la Comisión Europea. Y eso porque los 5 paises (4 frugales más Alemania) consiguieron, con Reino Unido, que les devuelvan un cheque con parte de su aportación (40.000 millones en estos últimos 7 años), un privilegio que ahora se resisten a perder.


Pero, en segundo lugar, tampoco hablan de dos hechos. Uno, que estos 5 paises están entre los 8 más ricos de Europa, con un PIB por habitante que supera en un 25% la media UE (Austria tiene un 127% de la renta media UE, frente al 91% España, el 71% Polonia, el 68% Grecia o el 50% Bulgaria). Y es lógico (o debería serlo) que si son más ricos aporten  más. Además, el otro hecho que esconden es que ellos, la Europa rica del norte, son los que más se benefician del mercado único europeo, inundando de productos a los paises del Sur y Este de Europa: pagan más sí (y ni eso, en porcentaje), pero se benefician más. La propia Comisión Europea aporta este gráfico para señalar qué paises se han beneficiado más del mercado único europeo: Alemania (118.000 millones), Francia (62.000), Reino Unido (55.000), Holanda (52.000), Italia (40.000), Bélgica (35.000), España (28.000 millones), Polonia (25.000), Austria (20.500), Suecia (19.000) y Dinamarca (16.000 millones)…


Mientras los paises ricos  de Europa justifican (con medias verdades) su “racanería”, la Europa del Sur y Este trata de pelear por sus ayudas, aunque sabe que se va a dejar muchas en el camino. Los que tienen más que perder son los paises “receptores netos”, que reciben del Presupuesto UE más de lo que aportan. En el periodo 2014-2020 han sido Polonia (+10.650 millones netos de media anual), Hungría (+4.640 millones anuales), Rumanía (4.640 millones), Grecia (+4.490 millones), Chequia (+3.500 millones), Portugal (+3.000 millones), España (+2.050 millones de media anual), Bulgaria y Eslovenía (+2.000 millones cada uno). Y han sido “paganos netos”, pagaron más que recibieron, Alemania (-13.500 millones anuales), Francia (-6.870 millones), Italia (-3.970 millones), Holanda (-2.500 millones), Suecia (-1.470 millones), Bélgica (-1.150 millones), Austria (-1.120 millones) y Dinamarca (-750 millones), según las balanzas publicadas en noviembre por la Comisión Europea.


España se juega mucho con los próximos Presupuestos UE, ya que recibimos un 19% de las ayudas agrícolas y el campo español  podría perder 925 millones anuales (-6.475 millones en 7 años), según los cálculos de la COAG. Y también Fondos estructurales, dado que España ya está fuera de las ayudas del Fondo de cohesión (las perdió en 2014, al superar el 90% de la renta UE) y ahora perderá Fondos regionales y del Fondo social europeo, donde recibe un 9% del Presupuesto europeo total, con lo que podría perder otros 400 millones anuales. Lo que parece evidente es que España será ya “contribuyente neta” (pagará más de lo que recibe) en el periodo 2021-2027, por primera vez desde que ingresamos en Europa en 1986. Eso según las cuentas de Bruselas, porque según lo contablemente recibido (puede haber pagos pendientes), España ya ha salido financieramente perdiendo en la balanza con la UE en 2014-2020: aportó 71.875 millones y recibió 68.338 millones. Saldo neto: -3.537 millones, según publica el libro amarillo de los Presupuestos del Estado 2019.


Tras el fracaso de la Cumbre Europea del 20 y 21 de febrero, después de 30 horas de negociaciones, los 27 tratarán de alcanzar algún acuerdo sobre el Presupuesto 2021-2027 antes del verano, porque urge tenerlo aprobado con tiempo para que eche a andar el 1 de enero. Como en otras ocasiones, habrá otras Cumbres y de madrugada se llegará a algún “acuerdo creativo” que intente “salvar la cara” a todos al volver a sus paises. Pero está claro que los paises del Sur y del Este saldrán perdiendo, recibirán porcentualmente menos, porque ya se sabe que “el que paga manda”. Será “otro parche”, como casi todo en la construcción de Europa. Porque el tema de fondo, del que casi nadie habla, es que Europa tiene un Presupuesto ridículo y así no hay forma de construir una Europa más unida y más fuerte.


Basten dos datos sencillos para valorar lo ínfimo del Presupuesto europeo. El primero, que supone gastar el 1% del PIB europeo, cuando el Presupuesto federal USA supone el 22% del PIB norteamericano, o sea que es una herramienta de política económica mucho más potente. Y los propios paises europeos gastan de media, en sus Presupuestos anuales, un 45,6% de su PIB (media UE 2018), variando entre el 44% de Alemania, el 56% de Francia y el 41,3% de España. El segundo dato, es aún más impactante: la UE está “racaneando” por gastar 156.285 millones cada año durante los próximos 7 años, la tercera parte del gasto del Presupuesto español (472.660 millones en 2019). Y cada europeo ha aportado 240 euros al año (en 2014-2020) para sostener la Unión Europea, 20 euros al mes. Así va Europa…


El debate está centrado en lo inmediato, como siempre, en si gastar 12.000 millones más (Consejo) o 185.000 millones más (anterior Comisión) en los próximos 7 años, que es una “miseria”: como mucho 26.428 millones más cada año, a repartir entre 27: 1.000 millones más por país al año). Una minucia. La cuestión de fondo que debería centrar el debate es que Europa debía contar a medio plazo con un mayor Presupuesto, del 10 al 20% de su PIB (1,5 billones anuales), para afrontar sus retos de futuro y consolidarse como una Europa federal. Eso podría hacerse implantando una reforma fiscal europea, que asegurara más ingresos europeos (hoy son tres: un porcentaje sobre el IVA de cada país, sobre su renta y sobre los impuestos en aduanas a las importaciones), con impuestos verdes, sobre tecnológicas y operativa financiera. Y en paralelo, recaudando y gastando más Europa (para dedicarlo a un seguro de paro europeo, por ejemplo) y menos los paises.


Ya sé que suena utópico, pero habría que decir a los que “se les llena la boca con más Europa”, que los espacios políticos y sociales comunes se construyen con espacios económicos y presupuestarios comunes, no con gastos testimoniales e insuficientes. Hay que ingresar más y aportar más desde los paises para gastar más desde Europa (a cambio de gastar menos los paises, claro). Es lo que hace EEUU y lo que deberíamos hacer si queremos construir los Estados unidos de Europa. Pero no parece que los múltiples “nacionalismos” europeos lo quieran. Así nos va.

Así ha cambiado nuestra cesta de la compra

En los últimos diez años, hemos pasado de comprar en los mercados y tiendas tradicionales a comprar en el súper de las grandes cadenas, casi dos tercios del total. Ahora gastamos menos en alimentación y compramos menos cantidad, porque los precios han subido más que el IPC. Y  1 de cada 4 euros lo gastamos en Mercadona. Además, compramos cada vez más productos envasados (más “marcas blancas”), menos frescos y más comida preparada. Cara al futuro, seguirán las “guerras de precios” en los súper, a costa de pagar poco a los agricultores y ganaderos españoles y de inundarnos de comida importada: el 80% de las frutas y hortalizas españolas se exportan, las mejores, porque fuera las pagan más. Es hora de exigir a la Administración que vigile los precios del súper y asegure mayor transparencia sobre lo que comemos, con etiquetas del origen, fomentando los productos locales, sanos y de calidad, aunque nos cuesten algo más. No ahorremos con la comida.

enrique ortega

En 2019, los españoles volvimos  a gastar más en la cesta de la compra, por 5º año consecutivo: gastamos 89.060 millones de euros, un 2,4% más, en alimentación, bebidas, droguería y limpieza, perfumería e higiene y comida para mascotas, según el último Informe Nielsen. Eso supone una media de 4.800 euros de gasto por hogar al año. La mayor parte de este gasto familiar, unos 4.234 euros anuales se va en alimentación, que supone el tercer mayor gasto de los españoles (un 14,1% del presupuesto total), tras la vivienda (24,8%) y los transportes (14,7%), según la última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (2018). Un gasto en alimentación que ha bajado tras la crisis, ya que era de 4.543 euros por hogar en 2007, un 14,20% del presupuesto familiar. Básicamente, ahora gastamos menos en productos frescos y más en envasados y compramos menos cantidad, aunque gastemos casi igual porque los precios han subido mucho: un +15% los alimentos frente al +13,9% que subió el IPC general entre 2010 y 2019, según el INE.


Volviendo a la cesta de la compra 2019, el gasto en alimentación se repartió entre los productos envasados (68% de las compras), los únicos que aumentaron ventas (+0,8%) y los productos frescos (que suponen el 32% de nuestra compra), cuyas ventas cayeron un 2,6%, porque estamos cambiando los hábitos de comida (más envasado y menos frescos) y, sobre todo, porque los frescos son los alimentos más caros y que más subieron de precio: +12,7% las verduras, +3,6% las frutas, +3,3% los pescados y mariscos, +2,2% el pan y +1,5% los huevos, según el informe 2019 de Nielsen. Mientras, los alimentos envasados subieron sólo un +1,8%, encareciéndose más las bebidas (+2,4%) y los envasados perecederos (+2,1%). Al margen de la comida, subieron un +2,3% los artículos de droguería y limpieza y un +1,3% los productos de higiene y perfumería. En conjunto, la cesta de la compra subió un +2,7%, más del doble que la subida anual del IPC (+1,1%).


Al margen de lo sucedido en 2019, hay que resaltar los grandes cambios en la cesta de la compra de los españoles en la última década, señalados por Kantar Worldpanel. El primero, ya apuntado, que gastamos algo menos en alimentación, básicamente porque compramos menos cantidad (sobre todo productos frescos) aunque a precios más caros. Y también influye que la población crece poco, que somos sólo 600.000 habitantes más que en 2010. Además, ahora vamos menos a comprar que antes: hacemos 246 visitas anuales a la tienda, 35 visitas menos que en 2010, según el informe de Kantar Worldpanel 2019. Y eso porque antes íbamos a varias tiendas para comprar y ahora concentramos las compras en el súper.


Precisamente, el segundo gran cambio es el auge del súper de las grandes cadenas, que han desplazado a los mercados y las tiendas tradicionales. Si en 2001, los súper vendían el 46,3% de los productos perecederos y la tienda tradicional vendía el 43,5%, en 2019 el súper tiene ya el 61% de cuota y la tienda tradicional sólo el 30,7%, según el último informe de Kantar Worldpanel. Y si analizamos el mercado de productos envasados, los súper ganan con mayor distancia: copan el 74,7% de las ventas, seguidos del 13,3% los híper, un 5,9% las perfumerías, sólo un 4,7% las tiendas tradicionales y un 1,3% que venden las gasolineras, según el último Informe 2019 de Nielsen.


No sólo compramos más en los súper sino que las grandes cadenas ganan cuota de mercado año tras año, según Kantar Worldpanel, afianzándose el liderazgo de Mercadona: volvió a crecer en 2019 (+0,6%) y ya acapara el 25,5% de las ventas de gran consumo, 1 de cada 4 euros que los españoles nos gastamos en la cesta de la compra. Y un 91,7% de los españoles han visitado sus tiendas en el último año. Crece en todo, pero sobre todo en los frescos y comida preparada, en el País Vasco (donde menos tiempo lleva) y en Portugal (donde entró en 2019). Le siguen, muy lejos, Carrefour (8,7% de cuota y un 62% de visitas de compradores), que está apostando por abrir tiendas de proximidad y la venta online, el Grupo DIA (6,4% de cuota y un 62 % de hogares visitándoles), cuyo mayor parque de tiendas sufre una dura crisis de gestión financiera, el grupo alemán Lidl (5,6% de cuota), el súper que más crece y la segunda cadena más visitada (69% hogares), Eroski (4,9% de cuota y cayendo) y Auchan/Alcampo (3,5% de cuota), que apuesta también por pequeñas tiendas de cercanía. Y luego están los supermercados regionales (12% de cuota), que visitan el 72,4% de familias y que tienen mucho éxito (Consum, Ahorramás, Gadisa, Condis, Covirán, Bonpreu), por proximidad, precios y su oferta de frescos.


El tercer gran cambio en nuestra cesta de la compra es que compramos menos productos frescos y más envasados y comida cocinada. Y que cargamos más en el carro con otros productos, desde artículos de higiene, limpieza o cosméticos a comida para mascotas, que antes apenas de compraban en los súper. Las prisas y los precios altos han llevado a los españoles a comprar menos frutas y verduras, menos carnes y pescados, y más productos envasados y comida semipreparada o precocinada, en perjuicio de la salud y a favor del sobrepeso y la obesidad, origen de múltiples enfermedades.


Este auge de la comida envasada nos lleva al cuarto gran cambio en nuestros hábitos de consumo: el auge de las “marcas blancas”, las que ofrecen los súper, generalmente más baratas que las marcas de los fabricantes. España es el país de Europa con más peso de las marcas blancas en volumen, con un 51% de cuota de mercado, tras el 49% en Suiza, el 47% en Reino Unido, el 45% en Alemania, el 31% en Francia o el 20% en Italia, según el Anuario 2019 de la PLMA. Y en precio, acaparan el 37,7%% de las ventas de gran consumo, según EAE Business School, con un 40% en alimentación, un 16% en bebidas, un 33% en droguería, un 14% en cosmética y un 23% en alimentos para mascotas. Las marcas blancas son el gran motor del crecimiento de Mercadona, Día y Lidl, aunque han frenado algo su auge, gracias a la bajada de precios, la innovación y la publicidad de las marcas de fabricantes.


Un quinto cambio, aún en ciernes, es el inicio de las ventas por Internet en gran consumo, desde leche y productos envasados a droguería y productos para mascotas. Las ventas online son todavía “testimoniales”, pero ha mejorado en 2019 (del 0,3 al 1,9% de las ventas) y ya han ganado a 4 millones de compradores online desde 2010. Es la gran “asignatura pendiente” de los súper, sobre todo de Mercadona, que ya ha iniciado la venta online en Valencia y se prepara para dar el salto este año en Madrid y Barcelona.


Vistos los cambios en la última década, los expertos auguran que el gasto en la cesta de la compra volverá a crecer en 2020, aunque menos (sobre un +1,5%), mientras se consolidan otros cambios en nuestras compras, según Kantar Worldpanel. El primero, que Mercadona y los demás están empeñados en crecer gracias a vender más alimentos frescos, insistiendo en la “moda” de productos “ecológicos” y “bio” (más caros). También aumentarán la oferta de comida para llevar, que ya supone el 3% de las ventas (una media de 6 comidas preparadas al mes), junto al resto de productos “limpios” (ensaladas, verduras) y pre-cocinados. Y por supuesto, seguirán en la batalla de las “marcas blancas”, aunque combinada con la oferta de productos “más sofisticados” (cervezas artesanas, panes diferentes, salsas…).


Y además, se trata de vender en el súper muchas más cosas que comida, profundizando en los artículos de limpieza, higiene y cosmética (con cremas millonarias en ventas, algunas de dudosa eficacia). Y en la comida para mascotas, un “filón”, dado que el 42% de los hogares tienen un perro o un gato y su comida mueve un mercado de 1.218 millones de euros al año, similar a la venta de cervezas. Y dos tercios de esta comida para mascotas se venden ya en los súper, incluso a través de marcas blancas. Otro nicho para ampliar las ventas es la ropa (Lidl ya vende textiles) y el crear una zona de “bazar” (cocina, bricolaje, decoración, jardín), donde se pueda comprar desde un robot de cocina a un set de herramientas o una planta. Es una de las razones del crecimiento de Lidl, que aprovecha su presencia en 30 paises para hacer ofertas de 30/40 nuevos artículos por semana. La idea es que vayas al súper para comprar comida y acabes comprando de todo.


Los súper se están enfrentando a cambios en los hábitos del consumidor y va a haber muchos más. El último informe Nielsen adelanta 3 grandes cambios en el consumo futuro. Uno, que  seremos cada vez “más caseros” (me gusta más que el anglicismo de “cocooning”), lo que implica que comeremos y beberemos más en casa y menos fuera, con lo que los súper tenderán a ofrecernos más “caprichos”, desde la ginebra sofisticada al pan artesano o el queso o vino premiados, intentarán que hagamos una “compra emocional” (y que así gastemos más). El segundo cambio, por la falta de tiempo y la reducción del tamaño de las familias, llevará a que acumulemos menos compra, que compremos más veces y menos cantidad, evitando el coche y buscando la proximidad. Eso ya ha provocado que grandes hipermercados, como Carrefour a Alcampo abran pequeñas tiendas de barrio con lo más imprescindible. Y el auge de las ventas en gasolineras (han crecido un 8%), que han convertido a Repsol en el primer vendedor de pan en España…


El tercer cambio en nuestros hábitos de consumo futuros, según Nielsen, será la deslealtad del consumidor español, mucho más abierto que el europeo a probar nuevas marcas (el 49% frente al 40% en la UE) y a probar cosas nuevas (el 36% frente a 33% en Europa). Así que somos un consumidor poco fiel a las marcas (sólo el 8%, frente al 12% en la UE), lo que convierte el negocio de los súper en una “guerra abierta por el cliente”. Y aunque decimos en las encuestas que nos preocupa la calidad, la mayoría compran por el precio.


Así que en 2020 seguirá la “guerra de precios” y ofertas en la alimentación y la cesta de la compra. Y los consumidores tenemos las de perder. Porque si no aceptamos que nos ofrezcan alimentos y productos más caros, los súper tratarán de contener precios a costa de la calidad, de pagar poco a los agricultores y ganaderos y de importar alimentos más baratos. Es lo que ya pasa hoy. En frutas y verduras, por ejemplo,el 80% de la cosecha española se exporta. Así que las mejores naranjas y los mejores tomates españoles se venden en Hamburgo o el Londres (mucho más caros), no en Madrid. Y los súper dicen que sólo venden un 7% de frutas y verduras españolas. ¿De dónde sacan el resto? Pues la mayoría de importación, desde naranjas sudafricanas a tomates marroquíes, más baratos pero de peor calidad. De hecho, en  2019 (enero-noviembre), España importó alimentos por valor de 29.485 millones de euros (6.482 millones de pescado, 5.258 millones de frutas y hortalizas, 2723 de azúcar, café y cacao, 2.228 de aceites, 2.045 millones de carnes, 1.892 millones de lácteos y 8.850 millones de otros alimentos), según los datos de Comercio. 


Al final, los súper pelean con los agricultores y ganaderos, con los distribuidores y mercas y con la industria alimentaria para que les bajen precios y poder así mantener sus precios sin deteriorar sus márgenes. Y eso incluye promociones y ventas a pérdidas de “productos escaparate” (leche, aceite, pollo), para captar clientes. Ellos dicen que su rentabilidad en la cadena es sólo del 2 o 3%, pero el hecho es que los consumidores pagamos por la comida mucho más de lo que reciben los agricultores (4,43 veces) y ganaderos (3,10 veces), según el índice IPod de enero 2020 que publica mensualmente COAG. Significa que pagamos 7,35 veces más que cobra el agricultor por la patata, 6,32 veces por la naranja, 4,25 veces por el tomate, 3,62 veces por el tomate, 4 veces por la ternera, 3,85 veces por el cerdo, 3 veces por el pollo y 2,52 veces por la leche.


El beneficio se queda por el camino. Un ejemplo, con la patata, que pasa de 0,17 céntimos en el campo a 1,25 euros en el súper. El agricultor se lleva el 28% del precio final, el comercializador en origen el 7%, el envasador el 39%, el comercializador de destino el 9% y la tienda o súper que la vende el 17% restante. Así que un 72% del precio de la patata se ha quedado por el camino entre el campo y nosotros. En el conjunto de frutas y hortalizas, los datos de Agricultura indican que los agricultores se llevan del 16 al 25% del precio final, los mayoristas en origen del 20 al 49%, los comercializadores en destino del 4 al 25% y los supermercados, del 26 al 51% del precio final (ver aquí los datos del margen que se lleva cada uno en las principales frutas y verduras).


Es urgente que la Administración ponga orden en los precios, sobre todo de los alimentos, vigilando que la cadena de intermediarios se reduzca y los márgenes sean razonables. Y prohibir prácticas fraudulentas, como las ventas a pérdidas, publicando las multas  por malas prácticas al consumo (algo que ahora no hacen las autonomías). También es clave que agricultores y ganaderos unan esfuerzos, para comercializar sus productos más directamente (cooperativas más fuertes) y con menos intermediarios. Y que los alimentos tengan un mejor etiquetado, informando claramente de su origen, para que sepamos si los tomates son marroquíes o los ajos y la miel chinos. Y  también su composición, con códigos de colores que nos informen con claridad de los alimentos altos en grasas, azúcares y sal, para que sepamos lo que atenta contra nuestra salud. Y controlar mejor las etiquetas de alimentos ecológicos y bio, muchas de ellas hoy “dudosas”. En definitiva, que podamos hacer una compra más informada y transparente, aunque acabe siendo más cara, porque la calidad y el producto autóctono hay que pagarlo. No ahorremos con la comida.

Los alquileres, en máximos e imparables

El alquiler de vivienda no tiene enmienda: tras cuatro años subiendo un 37% al menos, en 2019 han subido otro +5,1%. Y alquilar una casa (10,18 euros por m2) supera ya el récord histórico de 2007. Los expertos creen que seguirán subiendo en 2020, entre un 4 y un 10%. Todo ello agobia a millones de familias, porque pagar el alquiler se lleva un tercio de sus ingresos y más. Urge tomar medidas efectivas, porque la vivienda y el empleo precario son hoy las principales vías a la pobreza. Pero no atajos populistas, como el control de alquileres que propone Podemos: sólo conseguiría que menos propietarios alquilen. Y el problema de fondo es que faltan pisos en alquiler. Hay que acordar un Plan para conseguir 1 millón de alquileres en 5 años, incentivando el alquiler de los pisos vacíos y en manos de bancos, además de promover viviendas públicas para alquiler desde Ayuntamientos, autonomías y el Estado. Consigamos más pisos en alquiler y así bajarán seguro. 

enrique ortega

El alto coste del alquiler es una de las mayores preocupaciones de muchos españoles, sobre todo de las familias con menos recursos y los jóvenes. Los alquileres cayeron cada año entre 2008 (-7%) y 2014 (-1,9%), con la crisis, pero llevan subiendo desde 2015, una media del +50% (entre 2014 y mayo de 2019), según el portal Fotocasa (que analiza los anuncios que ponen los propietarios que alquilan), y la mitad, un +24,6% (entre 2014 y 2018), según los últimos datos del Ministerio de Fomento, que utiliza las estadísticas de las fianzas. A falta de una estadística oficial, que Fomento se ha comprometido a elaborar, podemos hacer una media y estimar que los alquileres subieron el menos un +37% entre 2015 y 2018. Y en 2019, han vuelto a subir, otro +5,1%, según el estudio hecho por Fotocasa entre sus ofertas de alquileres.


La subida de los alquileres en 2019 es desigual, como también pasó en los años anteriores, aunque se dio en todas las autonomías, salvo en Baleares (los alquileres bajaron un -0,3%). De hecho, los alquileres subieron en 2019 en 43 provincias y en 81 municipios  (de los 85 analizados por Fotocasa). Por ciudades, destacan las subidas de Elche (+24%), Murcia (+20,4%), Bilbao (+17,8%) y Badalona (+17,1%), mientras los alquileres subían en Madrid capital un 2% y en Barcelona capital un 2,7%, bajando en Cáceres (-1,8%), Burgos (-1,5%), Sitges (-0,3%) y Palencia (-0,2%). Al final, el precio medio del alquiler se situó en 2019 en 10,18 euros/m2, un récord histórico que supera el precio de mayo de 2007 (10,12 euros/m2.). Las ciudades más caras para alquilar son Ibiza (18,05 euros/m2), Barcelona capital (17,67 euros), San Sebastián (16,74 euros), Madrid capital (16,41 euros), Hospitalet de Llobregat (15,61 euros), Sant Cugat del Vallés (15,49 euros), Sitges (14,85 euros), Bilbao (14,70 euros), Calviá (14,32 euros) y Alcobendas (13,94 euros). Y los alquileres más bajos están en Elda (3,91 euros/m2), Puertollano (4,54 euros), Ferrol (4,74 euros), Sueca (4,96 euros) y Ponferrada (5,13 euros/m2), según el estudio de Fotocasa.


Hasta aquí la subida de alquileres en los últimos 5 años, casi un 50% o más. Y lo peor es que van a seguir subiendo, según creen todos los expertos, aunque quizás algo menos en las ciudades más caras y en los extrarradios. El fondo estadounidense Blackstone, el mayor “casero” privado de España (gestiona  20.000 alquileres), “avisa” que, en 2020, los alquileres van a subir un +10% en Madrid capital (y  más, entre el 14% y 16% en la periferia) y un +7% en Barcelona capital (y hasta un +12% en las ciudades de su periferia). Otros expertos auguran también subidas para 2020, aunque menores: entre un +4 y un +6% el portal pisos.com y Locare y un +2,5% de media Fotocasa.


El problema de los alquileres es que se ha disparado la demanda (muchas familias y jóvenes, con la crisis y sus empleos precarios no se atreven ni pueden ahora comprar piso) y ha crecido mucho menos la oferta, a pesar de la alta rentabilidad del alquiler para los propietarios y la fuerte  llegada de inversores extranjeros. De hecho, en 2019, un 14% de los particulares adultos han intentado alquilar o han alquilado (muchos más que el 9% de 2018), mientras sólo un 5% de los particulares adultos han intentando alquilar o han alquilado su vivienda (menos del 6% que eran en 2018), según Fotocasa. Los que más buscan son los jóvenes  (un 30% entre 25 y 30 años), sobre todo en Andalucía y el País Vasco (el 17% de particulares buscan o alquilan), Madrid (15%) y Cataluña (13%).


El perfil del inquilino (que ha alquilado o intentando alquilar en 2019) es mayoritariamente mujer (el 75%), joven (la edad media son 36 años), de clase social media (40%) y media alta (25%) más que media baja (20%), la mayoría con ingresos por debajo de 2.000 euros mensuales (el 33%), que ya viven con su pareja (28%) o con sus padres (24%) y la mayoría alquilan en Andalucía (21%), Cataluña (16%), Madrid (15%) y la Comunidad Valenciana, según un estudio hecho por Fotocasa en 2018 y 2019. Enfrente, los arrendadores tienen un perfil muy diferente: hombres (58%), maduros (50 años de edad media, aunque están aumentando los propietarios que alquilan con 55-75 años), de clase media (41%) y media alta (25%).


Los inquilinos valoran sobre todo el precio del alquiler, por delante de la localización (aunque la mayoría busca en su mismo barrio), no tener que hacer reformas y el tamaño. Los arrendadores, sobre todo, el tener un ingreso extra. Y lo que más miran es la capacidad de pago de su inquilino. Al final, alquilar no es tan fácil, si tenemos en cuenta que un 42% de los intentos de alquiler son fallidos, según el sondeo de Fotocasa. Y en la mayoría de los casos, el alquiler se hace rápido (en horas), porque hay muchos inquilinos buscando, lo que hace también que un 59% de los precios que se piden no se negocien. Y que los inquilinos lo paguen, aunque 7 de cada 10 creen que “el precio es muy caro”.


Realmente, los alquileres son muy caros y resultan una pesada losa para la mayoría de los que viven de alquiler (el 17,5% de los hogares en 2018, según el INE). En 2019, el pago del alquiler se llevaba el 37,31% de los ingresos de las familias, según un estudio hecho por la web alquiler seguro. Y eso es la media, porque hay 4 autonomías donde el alquiler se lleva el 40% o más: Baleares (45% de los ingresos), Madrid (42%), Cataluña y Canarias (40%). Y otras 4 más donde se lleva más del 30% de la renta: Comunidad Valenciana (32,85%), Andalucía (32,66%), País Vasco (33,09%) y Ceuta). Sólo en La Rioja, Aragón, Asturias y Castilla y León, pagar el alquiler ronda el 22/23% de los ingresos.


El alquiler es un problema para la mayoría pero sobre todo para las familias más pobres y los jóvenes, a quienes el pago del alquiler conduce directamente a la pobreza. Lo revela un reciente informe de la OCDE: España es el tercer país europeo (tras Reino Unido y Finlandia) donde hay más familias pobres que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar un alquiler, frente al 33% en la OCDE y el 17,2% en Francia. Son el 46%, casi la mitad de las familias que están en el 20% más bajo de ingresos del país y que viven de alquiler (unas 300.000 familias). Las que están en un 20% superior de ingresos pagan de alquiler el 15,8% de sus ingresos y en el 20% siguiente el 7%, mientras apenas pagan alquiler el 40% de españoles con más ingresos (compran casa).


Para la mayoría de los jóvenes, muchos con trabajos precarios y sueldos que ni llegan a ser mileuristas, el pago del alquiler es una losa mayor. En junio de 2019, el pago de un alquiler medio se llevaba el 94,4% de los ingresos de un joven, cuando en 2008 suponía sólo el 55,7%, según el Consejo de la Juventud. Y si los jóvenes pretenden compartir un piso de alquiler (lo que hacen el 84% de los que se emancipan), les toca pagar el 30,8% de sus ingresos, una media que sube al 30/40% en 21 capitales y a más del 40% de los ingresos medios de un joven si quiere compartir alquiler en Madrid o Barcelona. El resultado de este alto coste del alquiler es que el 81,4% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres, no pueden emanciparse (son el 70% en Europa).


El problema del alto precio de los alquileres es muy serio y urgen soluciones. Hace casi un año, en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó un decreto que ampliaba el plazo de los alquileres (de 3 a 5 años), limitaba la subida anual al IPC, fijaba un límite de 3 meses a las fianzas, limitaba los desahucios y se comprometía a crear un índice estatal de alquileres en 8 meses (incumplido) para que los Ayuntamientos puedan tomar medidas para frenar las subidas. En este blog califiqué el decreto como “un parche” y por desgracia acerté, ya que no ha servido para frenar la subida de los alquileres. Ahora, el Gobierno de coalición estudia nuevas medidas pactadas sobre los alquileres, desde más recursos, promover la rehabilitación, reforma alquileres turísticos, actuar sobre las viviendas vacías y el parque de los bancos o promover más viviendas protegidas. Y sobre todo, la “medida estrella”: permitir a los Ayuntamientos que establezcan controles y topes a los alquileres en las zonas más caras.


Esta medida, empujada por Podemos, si finalmente se aprueba (hay ministros del PSOE en contra), sería “un atajo populista” contraproducente: reduciría la oferta de alquileres y subiría los precios, lo contrario de lo que se busca. No hay que ser economista para entender que si a un propietario (o a una inmobiliaria) se le pone un tope a lo que puede cobrar de alquiler, retirará el piso del mercado y tratará de venderlo o lo tendrá cerrado. Es lo que ha pasado en muchas zonas de París o Berlín en que se ha intentado. Otra cosa es incentivar a los propietarios a que pongan alquileres “razonables”, a cambio de bajarles el IBI o de reducirles el pago del IRPF o de Sociedades (inmobiliarias).


La solución al alquiler pasa por aumentar la oferta, no controlar los alquileres. Y eso puede hacerse por dos vías. Una, sacando más viviendas privadas en alquiler, lo que requiere actuar en varios frentes. Por un lado, animando a los propietarios de las 3,44 millones de viviendas vacías (según el último  Censo del INE, de 2011) a que las alquilen, con rebajas fiscales e incentivos municipales (rebaja del IBI), pero sobre todo con una mayor seguridad jurídica y práctica (una Agencia pública que asegure cobros). Por otro, mejorando las ayudas a la rehabilitación privada de viviendas, para ampliar el parque de pisos que se pueden alquilar. Y en tercer lugar, comprando viviendas de particulares, del parque de impagados de los bancos, para crear un gran parque público de viviendas para alquilar, junto a las 40.000 viviendas de la SAREB (el “banco malo”) y las 15.000 VPO que hay vacías. 


La otra vía de actuación debe ser promover viviendas nuevas (públicas y privadas) para alquiler. El parque público de viviendas sociales (VPO) para alquiler representa en España el 4% de la oferta, frente al 37,7% que supone el parque público en Holanda, el 21,2% en Dinamarca, el 20% en Austria, el 16,5% en Reino Unido y el 14% en Francia, países donde el parque público de alquiler ayuda a que haya una oferta de alquileres sociales y contrapesa a la baja los alquileres privados. El drama en España es que, con el “boom inmobiliario”, se desplomó la promoción de viviendas públicas (VPO): de 85.028 VPO en 1997 se pasó a 68.587 en 2008, 58.308 en 2011, 15.046 en 2014 y … 5.191 VPO en 2018, según las Estadísticas de Fomento. De ellas, se promovieron 11 VPO en Galicia, 30 en Murcia, 35 en Asturias, 55 en Aragón, 86 en Andalucía, 110 en Valencia ,171 en Extremadura, 198 en Castilla la Mancha, 588 en Navarra, 633 en Cataluña, 859 en el País Vasco  y 2.418 en Madrid. Y cero (sí, 0 VPO) en Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla.


Tampoco los promotores privados hacen VPO, porque no se les facilita suelo, se les ponen demasiadas trabas burocráticas y se les fijan precios de venta ridículos: los módulos de VPO están sólo un 31,2% por debajo de la vivienda libre y en 10 provincias se da el contrasentido de que la VPO es más cara que la vivienda libre. La clave ahora sería incentivarles, con suelo gratis y financiación, para que se lanzaran a construir viviendas para alquilar a precios que se puedan pagar. Los promotores han hecho una oferta impactante al Gobierno: si les ceden suelo gratis (40% del coste de una promoción), a 70 años, se comprometen a construir viviendas en Madrid con alquileres por debajo de los 500 euros. Y aseguran que hay muchos fondos dispuestos a invertir en promociones para alquiler.


Por estas dos vías, sacar más viviendas en alquiler y promover viviendas nuevas para alquilar, se podría aumentar la oferta de alquileres en 200.000 al año, un objetivo de 1 millón más de alquileres en 5 años. Eso sí frenaría el alza de los precios, no poner topes administrativos “populistas” a los alquileres. Y además, resolvería buena parte de la demanda de vivienda actual y futura, sobre todo de los jóvenes y las familias con hijos. 


Hay que volcarse con el problema de la vivienda, aumentando drásticamente la oferta y ayudando a los inquilinos más pobres, que no puedan pagar ni siquiera un alquiler de mercado razonable. Y eso exige más recursos que los ridículos 679 millones destinados a la política de vivienda en el Presupuesto 2019. Habría que multiplicarlo por 10, al menos. Pero exige, como digo casi siempre, recaudar más. Si no se gasta más, en promover viviendas para alquiler y en ayudar a los inquilinos, será imposible cumplir la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 47). Sean de verdad constitucionalistas.