Déficit pensiones: ¿por qué mienten tanto?

Hoy, en el Telediario de las 3 (masoquista que es uno…) han dado una información con la comparecencia de la ministra de Empleo en el Congreso, anunciando a bombo y platillo que “en 2017 se revirtió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones”… Me ha sorprendido, porque se esperaba un déficit similar al de 2017.El caso es que luego he buscado el dato y me he quedado impresionado: el déficit de la Seguridad Social en 2017 alcanzó (cifra oficial) un récord histórico de 18.800 millones de euros, 263 millones más que los 18.537 millones de déficit de 2016… ¿Cómo puede decir la ministra que se revierte la tendencia? Porque utiliza el porcentaje del déficit sobre el PIB y como la economía ha crecido en 2017 (un 3,1%), ese déficit MAYOR supone un porcentaje menor: si en 2016 el agujero era del 1,67% del PIB, en 2017 ha sido el 1,61% del PIB… Y porque los ingresos crecieron un 5,3%, más que los gastos (+3%). Como para “echar las campanas al vuelo”. Así que ya saben, el agujero de la Seguridad Social ha subido 263 millones en 2017 y se ha multiplicado por 36 desde que llegó Rajoy (era de  -487 millones en 2011), pero tranquilos: “estamos revertiendo la tendencia”. ¿Por qué manipulan y mienten tanto?

                                       Fátima Báñez en el Congreso

Los alquileres se disparan (y los desahucios)

Alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, es difícil y muy caro: los alquileres han subido una media del 18,4% en 2017, la mayor subida en once años. Y un alquiler medio en Madrid o Barcelona cuesta ya de 900 a 1.500 euros al mes. Un dinero que no puede pagar mucha gente, sobre todo los jóvenes, que en un 80% siguen viviendo con sus padres. Y por eso, se han disparado también los desahucios por impago de alquiler: se hacen 147 al día, la cuarta parte en Cataluña. Ahora, una moción en el Congreso pretende limitar los alquileres, como se hace en Berlín o Paris o como pretende hacer Cataluña. Pero la mejor solución sería crear un parque de viviendas públicas para alquilar, con autonomías y Ayuntamientos, como tienen otros países, hasta 500.000 en cinco años. Y aumentar las ayudas públicas al alquiler, recortadas por Rajoy. Con más oferta pública de alquileres baratos, bajarían los precios del alquiler privado. Seguro.

enrique ortega

España es un país de extremos y también en el alquiler. Si en 1970 vivían en alquiler más de un tercio de los españoles (el 36,6%), con la democracia y los años del ladrillo, a los españoles nos dio por ser propietarios, por comprar y no alquilar. Y en 2001 sólo vivían de alquiler el 11,3% de españoles, según el Censo. Pero luego, a partir de la crisis y el paro, muchos no podían pagar una hipoteca y volvieron a alquilar, hasta alcanzar hoy un 22.2% de españoles en alquiler, según el último dato de Eurostat (2016). Así que el alquiler ha vuelto y crece año tras año, aunque todavía somos el país de Europa con más propietarios, sólo por detrás de varios países de Europa del Este: hay un 77,8% de viviendas en propiedad, frente al 69,2% de media en Europa (UE-28), el 75,2% de Portugal, el 74% de Italia, el 64,9% de Francia, el 63,4% de Gran Bretaña o el 51,7% de casas en propiedad en Alemania, según Eurostat.

Tenemos todavía más viviendas en propiedad que Europa, pero el alquiler ha dado un gran salto en esta década. Baste decir que Madrid, con 375.000 familias en alquiler, es la tercera ciudad europea con más alquileres, tras Londres y Varsovia, y que Barcelona (con 200.000 alquileres) es la sexta. Y que los alquileres llevan tres años subiendo (2014 a 2017), más de un 30%, con lo que las grandes capitales tienen ya precios “europeos”. La fuerte demanda ha provocado una subida media de los alquileres del +18,4% en 2017, según el portal Idealista, subida que pisos.com rebaja al +13,8% y Fotocasa al +8,9%. Pero todos coinciden en que la subida de alquileres de 2017 es la mayor de los últimos 11 años. Y que aunque la subida se ha frenado algo en Madrid (+7,9% y Barcelona (+4%), hay 20 provincias donde el alquiler subió más del 10%, destacando Canarias (+27,8%), Girona (+20,5%), Tarragona (+17,6%), Palma (+16,2%), Málaga (+15,4%) y Sevilla (+15,4%).

Los alquileres están más caros en toda España, donde el precio medio es de 9,7 euros por metro cuadrado, según Idealista: 873 euros de alquiler por una casa de 90 m2. Pero hay 10 ciudades donde alquilar es mucho más caro, sobre todo Barcelona (17,5 euros/m2), Madrid (15,5 €/m2), San Sebastián (14,1 €/m2), Palma de Mallorca (12,2 €/m2), Bilbao (11,4  €/m2), las Palmas (10,6), Málaga (10), Álava (9,7), Girona (9,5) y Sevilla (9,2), según este mapa de precios de Idealista. Y eso son medias, porque en el centro y zonas turísticas de algunas capitales, el precio de los alquileres (si se encuentran) es aún mayor. Con ello, alquilar en una gran ciudad un piso de 60 metros cuadrados cuesta ahora entre 800 y 1.050 euros al mes. Y si tiene 90 metros, entre 1.080 y 1.575 euros al mes. Una barbaridad.

Los alquileres se han disparado no sólo por el aumento de la demanda, al mejorar el empleo y los ingresos de algunos españoles, sino también porque en 2016 y 2017 se han renovado contratos hechos durante la crisis (entre 2012 y 2014), con alquileres bajos, y ahora los propietarios han aprovechado para subirlos. Pero la razón principal de la subida de alquileres es que la vivienda se ha convertido en una inversión para muchos, particulares y empresas, que buscan rentabilizar su compra con un alquiler alto, ahora que pueden porque hay zonas donde faltan viviendas. Una buena parte de los propietarios son ahorradores que han dejado la Bolsa o los depósitos bancarios y han comprado uno o varios pisos para alquilarlos. De hecho, en 2017, la rentabilidad bruta de una vivienda para alquilar ha sido del 7,3%, similar a la de la Bolsa (7,4% de beneficio anual) y el triple que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años. Y antes, entre 2014 y 2016, la rentabilidad del alquiler ya había superado a la Bolsa. Así que muchos alquilan como inversión, sobre todo bancos, inmobiliarias, fondos y sociedades de inversión inmobiliaria (las SOCIMIs), que se han convertido ya en “los grandes caseros de España”, con más de 100.000 viviendas en alquiler como negocio boyante.

Y luego, el empujón final al alquiler se lo ha dado el turismo, con el auge de las plataformas que alquilan pisos turísticos por noches en las grandes ciudades, como Airbnb, HomeAway, Windu, House Trip, Only Apartments, Room4Exchange, BeMate o Niumba. Esto ha forzado la subida de todos los alquileres  en ciudades como Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca, Madrid o Málaga, además de expulsar a vecinos e inquilinos a la periferia. No es casual que entre las 10 ciudades con los alquileres más caros, 8 sean ciudades turísticas.

Al final, entre la fuerte demanda, la revisión de alquileres, el negocio de particulares y empresas más el tirón de los apartamentos turísticos han disparado los alquileres, sobre todo en las zonas donde hay menos viviendas disponibles. Y también porque ahora hay más demanda, debido a que hay 2 millones de españoles más trabajando que en 2014. Y muchos de ellos, con sueldos bajos y empleos precarios, sólo pueden pensar en alquilar, no en comprar. El inquilino medio español es un hombre, treintañero, soltero (aunque mayoritariamente comparte piso, para poder pagarlo), con contrato indefinido, que trabaja en los servicios y gana unos 1.100 euros al mes, según el perfil de Alquiler seguro.

Aunque crecen los inquilinos, como también se ha encarecido el alquiler, crecen también los que no pueden pagarlo. Y por eso, todavía hay un 80% de jóvenes menores de 30 años que viven con sus padres, según el Instituto de la Juventud, frente a un 70% en Europa. Pero lo más preocupantes es que se han disparado los desahucios por alquiler, que son el 60% del total de desahucios (tercer trimestre 2017) y superan desde 2012 a los desahucios por impago de hipotecas: fueron 26.467 desahucios por impago de alquiler entre enero y septiembre de 2017, un 3% más que el año anterior, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Son una media de 147 desahucios por alquiler cada día laborable. El problema se concentra sobre todo en Cataluña (el 23% del total), Andalucía (el 14%), Madrid (13,5%) y Comunidad Valenciana (11,5%). Y el problema se va a agravar todavía en 2018, porque este año llegarán los desahucios de los que no pudieron pagar el alquiler en 2017, porque hay un retraso medio de 347 días entre que un inquilino deja de pagar y un juez ordena el desalojo, según un estudio de Pluslegal Abogados.

Este año 2018 se espera que sigan subiendo los alquileres, otro 10%, por la fuerte demanda, que aumentará una vez que suban los tipos y las hipotecas, encareciendo la compra de pisos. Y el alquiler seguirá siendo una buena inversión, aunque los expertos creen que se producirá un trasvase de alquileres turísticos a alquileres “normales”, porque Hacienda y los Ayuntamientos están controlando más los alquileres turísticos y, dados los crecientes gastos de gestión que tienen sus propietarios, cada vez les rentan menos. De hecho, un propietario sólo ingresa más neto (descontando impuestos y gastos) por su piso si lo alquila a turistas cuando lo alquila más de 21 noches al mes (que son muchas), según Alquiler Seguro.

Aunque la demanda suba, cuanto más caros sean los alquileres habrá menos españoles que puedan pagarlos. Por un lado, los 3 millones de personas en pobreza extrema (Caritas) y los 3,6 millones de españoles en paro (EPA), dado que la mitad no cobran subsidio. Y luego, muchos de los que tienen trabajo, tampoco pueden pagar alquileres de 800 a 1.200 euros, porque el sueldo bruto medio en España es de 1.809 euros (1.450 euros netos), según el INE. Y menos los jóvenes, cuyo sueldo neto medio es de 690 euros. Así que la subida de alquileres agrava el problema de la vivienda para millones de españoles.

Podemos ha sido el grupo político que más se ha ocupado de este problema, apoyando el nacimiento de sindicatos de inquilinos (ya existen en Barcelona, Madrid y Gran Canaria) y  presentando una proposición no de Ley para “regular los alquileres abusivos”, proposición que el Congreso aprobó mayoritariamente (166 votos a favor, 155 en contra y 7 abstenciones) el 19 de septiembre de 2017. Luego, en enero de 2018, ha presentado una proposición de Ley similar, a la que el PSOE y los nacionalistas han prometido su apoyo. Pretende fijar por Ley un precio máximo a los alquileres, como ya se hace en Berlín y París, y ampliar la duración mínima del alquiler (de 3 a 5 años y 10 para sociedades) y obligar a bancos y Fondos de inversión a ceder sus pisos vacíos para ponerlos en alquiler, además de destinar más recursos públicos y créditos del ICO a crear un parque público de viviendas en alquiler.

La fijación de precios máximos para alquileres ya se hace en Berlín y París, aunque estos precios son indicativos, no obligatorios. En ambas capitales, se ha establecido un índice de alquileres, según zonas, tamaño y tipo de piso, que sirven como referencia a los jueces en caso de que un inquilino reclame. En París, el propietario no debe superar en un 20% ese índice de precios, porque entonces el inquilino puede reclamar. Y en Alemania, en 2015 se aprobó una Ley federal que prohíbe subir la renta un 10% por encima de los índices de alquileres que tienen vigentes más de 200 ciudades alemanas. Con esta filosofía, la Generalitat de Cataluña aprobó en junio de 2017 su Índice de referencia de precios de alquiler, que se aplica en 27 municipios catalanes y que cualquiera puede consultar online. El índice de alquiler no es de aplicación obligatoria, pero los propietarios que lo apliquen tendrán ventajas fiscales y ayudas. Mientras, el Ayuntamiento de Barcelona prepara su propio índice de alquileres, que tendrá en marcha antes del verano.

La idea puede ayudar a frenar las subidas más abusivas, pero el índice de alquileres sólo será algo orientativo, no se puede imponer a los propietarios, salvo que queramos cargarnos el mercado de alquileres. Por eso, hay que pensar, además, en otras medidas más eficaces. Por un lado, aumentar y mejorar las ayudas al alquiler para los que no pueden pagarlo. Y por otro, crear un gran parque de viviendas públicas para alquilar (como existen en toda Europa), a precios asequibles, que forzará a la baja, a medio plazo, a los alquileres privados.

El Gobierno Rajoy está retrasando la aprobación del nuevo Plan de vivienda 2018-2021, que debe contemplar ayudas al alquiler de viviendas. Mientras, en la prórroga del Plan actual (2013-2016), se contempla una ayuda del 40% del precio del alquiler, para 200.000 familias. Una ayuda muy poco útil, ya que sólo se contempla para alquileres de menos de 600 euros (en las grandes ciudades no hay) y se concede sólo a los más pobres de entre los pobres, a las familias que ingresan menos de 1.129 euros al mes (matrimonio y dos hijos). Son ayudas que se han revelado insuficientes y que dejan fuera a mucha gente, además de que se están pagando con mucho retraso (en enero de 2018, los primeros meses de 2017). Haría falta duplicar los beneficiarios (al menos 400.000 familias) y ayudar a alquileres más altos (Fomento dice que está pensando, para el nuevo Plan, en alquileres de 900 euros).

Pero siempre habrá familias y jóvenes que se queden fuera, porque ni con el 40% de ayuda pueden alquilar o porque no encuentran alquileres de menos de 900 euros. Para ellos hay que crear un parque de viviendas públicas en alquiler, promovidas por el Estado, las autonomías, los Ayuntamientos, Fundaciones, ONG y promotores que quieran entrar en este mercado (por las ayudas y créditos que reciben). Hoy por hoy, las ayudas del Plan de Vivienda 2013-2016 no han funcionado y apenas hay viviendas públicas para alquilar: no llegan al 2% del parque en España, frente a una media del 15% en Europa (y más del 20% en Francia, Reino Unido o Alemania). Baste decir que la ciudad de Berlín tiene un parque de 300.000 viviendas públicas para alquilar mientras Barcelona tiene 10.000 y Madrid 5.800.

El objetivo debería ser alcanzar un parque público de 500.000 viviendas para alquilar en 5 años (100.000 al año) y ofrecer dos tipos de alquileres públicos: un alquiler social de 150 a 250 euros al mes para los más pobres y otro alquiler subvencionado de 250 a 450 euros para las personas con bajos ingresos que no pueden pagar un alquiler de mercado. Este parque público de 500.000 viviendas para alquilar se puede conseguir incorporando las 15.000 viviendas protegidas (VPO) vacías, añadiendo las 76.000 viviendas del banco malo (SAREB), promoviendo 20.000 viviendas anuales desde autonomías y Ayuntamientos (costarían 1.000 millones extras al año) y comprando a precio razonable parte de las viviendas sin vender que tienen particulares y bancos (en España hay 485.502 viviendas en stock).

Aumentar las ayudas a los compradores y crear un gran parque público de viviendas en alquiler no sólo son medidas necesarias y eficaces, sino de justicia, porque España gasta mucho menos en vivienda (un 0,23% del PIB) que el resto de Europa (0,6% del PIB la UE-28 y el 1,6% Reino Unido). Así que debemos gastar más y se puede siempre que España recaude como el resto de Europa, reduciendo el fraude fiscal y haciendo que paguen más las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, lo que permitiría recaudar 72.000 millones más al año. Y una parte de esos mayores ingresos deberían ir, además de al empleo, las pensiones, la educación, la sanidad o el gasto social, a la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los españoles. Porque sin ayudas y sin viviendas públicas, muchos españoles y la mayoría de los jóvenes no podrán tener una vivienda, ni en propiedad ni en alquiler. Y menos con las fuertes subidas de los últimos años. Ahí están, esperando soluciones.

Rey en Davos: hablen en español si quieren apoyarlo

Este miércoles 24 de enero, el presidente Rajoy hablaba en un acto en Madrid de que “tenemos la obligación de custodiar y legar el español”, anunciando un Plan para promocionarlo por el mundo. Una hora antes, el Rey Felipe VI intervenía por primera vez en la Cumbre de Davos y lo hacía… en inglés. Ese mismo día, intervenían también en Davos el presidente Macron (la mitad en inglés y la otra mitad en francés, bien sûr) y la canciller Merkel (en alemán, natürlich). Todo un ejemplo para el Rey y para tantos dirigentes políticos y empresariales que se pasean por el mundo presumiendo de su inglés y no dándose cuenta que el español se defiende… hablándolo, no con Planes y campañas de promoción. Y hay que saber que el español, la segunda lengua del mundo, es también un gran valor económico, que se resiente con tantos anglicismos como usamos cada día. Hablen en español, por favor.

Hace menos de dos años publiqué un blog titulado “No apreciamos el valor del español”. Y ahí señalaba que nuestro idioma no es sólo el segúndo más hablado del mundo (570 millones de personas y podría llegarse a 700 millones en 30 años), tras el inglés, sino que tiene también un gran valor económico: aporta un 15% del PIB por las actividades educativas, audiovisuales o de edición y su ayuda en el comercio y las inversiones internacionales. Pero se trata de un idioma que no apoyamos, ni dentro ni fuera de España. Y ponía como ejemplo el auge de los anglicismos en la publicidad y en los medios, así como el contrasentido de que nos presentáramos a Eurovisión 2016 con una canción en inglés (“Say Yay), que además quedó en el puesto 22 de 26 países... Y la consecuencia es que el español es una lengua minoritaria en las instituciones internacionales, desde la Unión Europea (el español es un idioma marginal en las reuniones y documentos oficiales) a la UEFA (somos una "potencia futbolística", pero los tres idiomas oficiales son el inglés, el francés y el alemán, no el español).

Y en este contexto, el rey Felipe VI se descuelga en Davos, un “escaparate mundial", hablando en inglés, curiosamente para promocionar “la marca España”. Vale, tenemos un rey “preparado”, con un inglés de Georgetown (donde se graduó en 1995), pero así no se promociona el español. Sería impensable un discurso importante de un presidente francés en inglés, como demostró Emmanuel Macron en Davos (aunque intervino la mitad en inglés). Y lo mismo hizo Ángela Merkel, pronunciando su discurso en alemán. Defienden  su lengua, más minoritaria que el español.

De poco vale que una hora después, en Madrid, el presidente Rajoy presentara un “ambicioso Plan” para promover el español por todo el mundo, anunciando la creación de un Erasmus latinoamericano y desgravaciones fiscales para empresas y multinacionales que se impliquen en fomentar el español por el mundo. “El español es un patrimonio que tenemos obligación de custodiar y legar”, dijo muy solemnemente. Dígaselo al Rey. Den ejemplo. Cuiden el español.

EPA 2017: más empleo, pero falta la mitad

En el último trimestre de 2017 “pinchó” el empleo: se perdieron 50.900 empleos, por el freno del consumo y la crisis en Cataluña. Y en todo 2017 se crearon 490.300 nuevos empleos, más que en 2016 y 2014 pero menos que en 2015. Lo peor es que sólo un 5% fueron empleos de calidad, porque la mayoría fueron contratos temporales (91%) y a tiempo parcial (35,6%), lo que sucede desde 2009. La causa de tanta precariedad está en que se trabajan casi las mismas  horas que en 2011 y como hay más gente empleada, el “truco” es “trocear” el trabajo: hay varias personas para cubrir cada puesto  y además se reparten las horas que hacen. Segundo problema: se han creado 1,86 millones de empleos, pero falta recuperar otros 2 millones perdidos. España es, junto a Grecia y Portugal, el único país UE con menos gente trabajando que antes de la crisis. Necesitamos un Plan de choque contra la precariedad y un Plan de empleo, con recursos y medidas. Si pactaron el 155 y quieren pactar la financiación autonómica, ¿no pueden acordar un Plan para crear más empleo de calidad? Urge hacerlo.

enrique ortega

2017 fue el cuarto año de crecimiento consecutivo en España (+3,1%), pero el empleo “pinchó” en el cuarto trimestre, por un cierto freno en el consumo y la crisis política en Cataluña: se perdieron 50.900 empleos entre enero y octubre, más que en el otoño de 2016 (-19.400 empleos), según la EPA conocida hoy. Con ello, en todo 2017 se crearon +490.300 empleos, más que en 2016 (+413.900) y 2014 (+433.900) pero menos que en 2015 (+525.100), lo que da un total de 1.863.200 empleos creados en estos 4 años, según los datos históricos del INE (no los "más de 2 millones" de que hablan algunos medios). El empleo 2017 se ha creado sobre todo en los servicios (+ 289.700), por el turismo, la hostelería y el comercio, pero también en la industria (+132.200), la construcción (+64.300) y la agricultura (+4.000). Y se ha creado empleo neto en todas las autonomías, salvo Castilla y León (-7.100) y Asturias (-5.400) sobre todo en Andalucía (+126.400), Cataluña (+113.600, más que los 100.800 empleos de 2016) y Madrid (+66.200).

Tras la mejora de empleo de 2017, hay que resaltar el grave problema de que es un empleo muy precario: sólo el 5% de los contratos firmados en 2017 (una barbaridad: 21,5 millones, 44 contratos por cada empleo creado) fueron “normales”, fijos y a jornada completa. El resto fueron precarios : contratos temporales (el 91,02%), la cuarta parte (el 26%) por menos de una semana y un tercio por menos (37,8%) de un mes, y a tiempo parcial (el 35,6% de los contratos), por horas o días, según datos de Empleo. Y esta precariedad en los contratos no se ha dado sólo en 2017, sino que se arrastra desde 2009: ese año ya, un 91% de los contratos firmados fueron temporales, como en 2010, y luego entre 2011 y 2015 subieron hasta el 92% de todos los contratos, para bajar al actual 91% de temporalidad en 2016 y 2017.

Se ha creado empleo en 2017 y eso ha permitido bajar el paro estimado hasta los 3.766.700 parados, según la EPA publicada hoy, una reducción anual de 471.000 personas, la menor caída del paro en los últimos cuatro años. Con esta reducción, la tasa de paro sube al 16,55%, la menor desde 2008, aunque tenemos todavía más del doble de paro que Europa: la tasa de la UE-28 es del 7,3% (noviembre) y la de la zona euro el 8,7%, según Eurostat. Y sólo nos supera Grecia (20,5% de paro), estando muy por debajo el paro de Italia (11%), Portugal (8,2%), Reino Unido (4,2%) y sobre todo Alemania (3,6%). Y lo peor es el paro juvenil (menores de 25 años), que aunque ha bajado, es del 37,4%, más del doble que en Europa (16,2%) y la zona euro) y cinco veces el alemán (6,6%).

El paro español se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.946.000, con una tasa del 18,35%, frente al 15,07% los hombres), los jóvenes (35% de paro entre menores de 29 años), los emigrantes (22% de paro)  y los mayores de 50 años (el 15% de paro, el triple que en 2007), donde hay ya 957.400 españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo). Y el paro se concentra también en 5 autonomías, que siguen con una tasa de paro “insoportable”, superior al 20%: Ceuta (26,3%), Extremadura (25.12%), Melilla (24,62%), Andalucía (24,43%) y Canarias (22,04%), la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España más rica, Navarra (9,63% paro), País Vasco (10,57%) y la Rioja (11,51%). Y un dato estremecedor: han aumentado (+16.700) los hogares donde no trabaja nadie y son ya 1.210.500 hogares donde todos sus miembros están en paro. Y así llevan muchos años.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar, son los llamados “parados de larga duración”: en diciembre de 2017, eran 1.899.000 personas, el 50,5% de todos los parados, según la EPA publicada hoy (en la UE-28 son el 43%). Y de ellos, 1,36 millones llevan parados ya más de 2 años y un millón lleva más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar. Y no sólo por su edad (un tercio superan los 50 años) y porque están fuera del “mercado”, sino porque tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Con todo, la inmediata consecuencia de que los parados se mantengan meses y años en el desempleo es que acaban agotando el subsidio, si llegaron a tenerlo. Y así, lo grave no es sólo que haya 3.766.000 españoles en paro, sino que la mitad no cobran nada: en noviembre de 2017, según datos de Empleo, sólo cobraban algún subsidio 1.901.054 parados, el 50,5% de los parados estimados por la EPA (cuando llegó Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, cobraban subsidio el 55,5% de los parados). Y encima, sólo el 39,3% (748.333) cobraban un subsidio contributivo de 818 euros al mes, mientras los dos tercios restantes (1153.321 parados) cobraban un subsidio contributivo de 426 euros al mes. Esto es por los recortes que hizo Rajoy en 2012 a las prestaciones de desempleo, para rebajar el déficit público a costa de “ahorrar con los parados” (si en 2012 se gastaban 31.680 millones en los parados, en 2017 han sido casi la mitad, 18.318 millones).

Ahora, en 2018, los expertos apuestan porque España crezca menos (el 2,4%, según el FMI, frente al 3,1% de 2017), lo que se traducirá en una menor creación de empleo: unos 440.000 nuevos ocupados, frente a los 490.300 de 2017. Y aún podrían ser menos si se agravan las incertidumbres exteriores (subida del petróleo, el euro y los tipos de interés) y se enquista la crisis en Cataluña. Y este menor empleo es más preocupante porque España aún tiene que recuperar una buena parte del empleo perdido en la crisis. Así, entre 2014 y 2017 se han creado 1.863.300 empleos nuevos, pero hace falta crear otros 2 millones de empleos para recuperar los 3.802.800 empleos perdidos desde 2007 (el máximo se dio en septiembre 2007, con 20.753.400 españoles trabajando y a finales de 2017 sólo había 18.998.400, según estos datos históricos del INE). En eso también vamos rezagados con Europa, porque la UE-28 recuperó el empleo de antes de la crisis en 2015 y los países euro en 2016, siendo España, Grecia y Portugal los únicos grandes países donde todavía trabaja menos gente que en 2007, según Eurostat.

Así que tenemos dos grandes retos por delante: que crezca más el empleo y que el empleo sea de más calidad, menos precario. Porque tras 9 años de enorme peso de los contratos temporales (el 91/92% del total), España se ha convertido en el país de Europa con más temporalidad: el 27,5% de los trabajadores tienen ya un contrato temporal, superando al hasta ahora “líder” (Polonia tiene un 26%) y muy por delante de Francia (17,4% temporalidad), Italia (16,3%), UE-28 (14,4%) y Alemania (12,9%), según Eurostat (septiembre 2017). Y los contratos cada vez duran menos (51,67 días de media). Además, han crecido mucho los contratos a tiempo parcial, por horas: los tienen el 14,5% de asalariados (2017), menos que en muchos países, pero con una particularidad: en Holanda, Reino Unido y otros países, mucha gente trabaja media jornada porque quiere, mientras en España, el 60% lo hace “obligado”, porque no encuentra otra cosa (los “forzosos en Europa son el 27,5%, según la OIT).

Hay que ir al origen de la precariedad, que se ceba sobre todo entre los jóvenes y las mujeres. Y el origen está en que hay poco trabajo y el que hay “se trocea”, se reparte, con la ayuda de la reforma laboral que aprobó el Gobierno Rajoy en 2012. Vean el dato: en España, por la crisis, se trabajan hoy casi las mismas horas que en 2011, según la EPA: 604 millones en el 4º trimestre de 2017 frente a 597,4 millones a finales de 2011, a pesar de que hay 845.400 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Eso significa que el mismo empleo (horas) se reparte entre más personas, de dos maneras. Una, con más de una persona por empleo (la media de 2017 fueron 44 contratos por empleo creado), gracias a los contratos por meses o semanas (se firman cada mes 500.000 contratos por 1 semana). Y la otra, con contratos por horas, que reparten un empleo entre dos o más personas. Por eso hay tanta precariedad: para repartir el poco empleo disponible (y ahorrar costes).

Y no es verdad que las empresas hagan contratos temporales para “probar” a los nuevos empleados y luego hacerlos fijos. Sólo un 36% de los contratos temporales que se firman cada mes (1,5 millones) son nuevas contrataciones. Y los trabajadores temporales esperan una media de 94 meses (7,8 años) para ser fijos (antes de la crisis esperaban 57 meses). Los  tercios restantes, el 64% de los contratos temporales son “renovaciones, se hacen a trabajadores que ya están trabajando, según los datos de las oficinas de empleo (SEPE). Una “rotación” que para muchos dura años, como un mal menor frente al paro. Y además, cuando finalmente llega el ansiado contrato “fijo”, tampoco da mucha estabilidad: el 60% de los contratos fijos que se firman no sobreviven más de 2 años, según un estudio de la profesora Inmaculada Cebrián. Así que tenemos más empleo, pero de poca calidad.

La precariedad laboral, enquistada en España al menos desde 2009, es un grave problema, no sólo para quien la sufre sino para todos. Primero, porque los contratos precarios están muy mal pagados y tiran a la baja de todos los salarios, más bajos que antes de la crisis y en un nivel “mileurista” (el salario más frecuente son 16.498 euros brutos, 966 euros netos en 14 pagas, según el INE) y muy por debajo de los europeos (un 15,4% menos, según Adecco) Esta precariedad y bajos salarios aumenta la incertidumbre de los españoles, reduciendo el consumo de las familias y la natalidad, sus impuestos y sus cotizaciones, lo que se traduce en un elevado déficit de las pensiones y en que bajen los activos que tienen que pagarlas. Y todo ello para que encima España no sea un país competitivo, a pesar de ser líder en precariedad y bajos salarios: ocupamos el puesto 34 en el ranking mundial GCI.

La Comisión Europea señaló en su informe 2017 que uno de los mayores problemas de España es la precariedad laboral y la “dualidad” del mercado de trabajo (españoles con “buenos” y “malos” contratos). Y la delegación del FMI que visitó España, en octubre 2017, ya indicó al Gobierno que “debía tomar medidas para mejorar la calidad del empleo”. Pero Rajoy como si nada. Y eso que se comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, en el punto 2.4 del Acuerdo tripartito que firmó con patronal y sindicatos: “tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e incentivar los contratos fijos”. Palabras inútiles, papel mojado tres años después.

Urge aprobar un Plan de choque contra la precariedad laboral, pactado con sindicatos, patronal y partidos políticos. Se trataría de actuar con el palo y la zanahoria. El “palo” sería hacer cumplir la ley y permitir contratos temporales para trabajos realmente temporales, no para ocupaciones temporales (para eso están los “fijos discontinuos”). Hay que lanzar la inspección de trabajo a las empresas, con planes piloto por zonas y sectores (la hostelería en Mallorca, por ejemplo), que den un “escarmiento” a los que abusan. Claro que para eso hace falta dotar de más medios a la inspección de trabajo (tiene 1.797 inspectores y subinspectores, los mismos que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por cada 7.300 en la UE) y que se dediquen más a inspeccionar contratos (sólo el 4% de las inspecciones hechas en 2016 fueron a combatir el fraude en la contratación temporal). Y la “zanahoria” serían ayudas a las empresas que contraten trabajadores fijos, penalizando las cotizaciones de las que hagan más contratos temporales.

Con este Plan de choque, podría conseguirse mejorar la calidad del empleo en unos años. Pero quedaría otro problema pendiente: hay que crear más empleo, porque falta recuperar 2 millones de empleos perdidos y a este ritmo (400.000 al año) se tardaría 5 años. Y eso sin pensar en los jóvenes que se incorporen a buscar trabajo. España tiene más del doble de paro que Europa y tiene que crear mucho más empleo para salvar la brecha. ¿Cómo? Pues acordando entre todos un Plan de empleo con  4 patas: más ayudas a los parados (que cobren subsidio al menos 1 millón de parados más, lo que costaría unos 5.000 millones anuales), mejorar la formación de los parados (es un escándalo que haya 1.800 millones de remanente para formación sin gastar, según denuncia la patronal), reformar las oficinas de empleo a fondo (para que asesoren y coloquen de forma eficaz a los parados) y aprobar planes específicos para la colocación de jóvenes (no están cobrando las ayudas europeas de la Garantía Juvenil), mujeres y mayores de 50 años, los que más sufren el paro.

En resumen, hemos batido récord de empleos (el Gobierno y sus medios “echarán hoy las campanas al vuelo”) pero son empleos muy precarios y mal pagados, que están repartiendo el poco trabajo que hay entre más gente, “troceando” el empleo. Y aún nos queda recuperar casi la mitad del empleo perdido desde 2007, cosa que ya han hecho en Europa. Y todavía hay millones de parados desesperados, como reflejan las colas kilométricas para dejar un currículo para 100 vacantes en el futuro hotel de la Torre de Madrid. Así que en vez de dormirse en el “triunfalismo”, Gobierno y oposición, junto a sindicatos y patronal, deberían pactar de una vez dos Planes, uno para reducir la precariedad y otro para relanzar el empleo, con la ayuda de un Presupuesto 2018 que debería reanimar la economía, para contrarrestar la incertidumbre del petróleo, el euro y los tipos, más Cataluña. Si PP y PSOE fueron capaces de pactar el 155 para Cataluña y ahora hablan de pactar la financiación autonómica o la política del agua, ¿por qué no pactar el empleo? Urge hacerlo.

El doble chantaje de los Presupuestos 2018

El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.

enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro”, con más recaudación. No más austeridad.