Nueva Ley contra residuos y plásticos

El domingo 10 de abril entró en vigor la nueva Ley de Residuos, que traspone (con retraso) la Directiva europea de 2019. El objetivo es que España recicle más su basura (reciclamos el 36%, frente al 48% la UE), que aumente la recogida separada de residuos orgánicos y reducir drásticamente el uso de plásticos (dos tercios de todos los residuos). Además, se fomentará la recogida de envases (“devolver los cascos”) y se prohíben ya los plásticos de un solo uso  (bastoncillos, vasos, platos), obligando a bares y restaurantes a servir gratis agua a granel. Para incentivar el reciclaje, se aprueban 2 nuevas tasas, que se cobrarán desde enero de 2023: una tasa estatal a los que generan basuras (particulares, negocios, empresas) y otra a la fabricación de plásticos. Eso se traducirá en una subida del recibo de la basura a todos (40 euros al año por familia) y un encarecimiento de alimentos y artículos que llevan plásticos, que pagaremos también los consumidores. Es el coste de tener un país “más limpio”.

Enrique Ortega

El mundo sigue metido en una espiral infernal donde cada año consume más y genera más basura. Vivimos en “un mundo muy sucio”, según los datos de la ONU: generamos 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,27 millones de Tm. cada hora). Y un 20% de toda esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi un kilo por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y otro 5% se incinera) y acaba en vertederos o se tira a los ríos y al mar, provocando una peligrosa contaminación, emisiones y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), botellas (se consumen un millón cada minuto) y bolsas (5 billones al año) que acaban en los vertederos y en el mar, contaminando durante siglos. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia y Africa.

Si analizamos sólo la basura urbana (la quinta parte del total), sin tener en cuenta la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de residuos), los paises que generan más basura urbana son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm. al año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si analizamos la basura por habitante, resulta que los paises que generan más residuos urbanos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (620, Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (468), Finlandia y Reino Unido (482 kg de residuo por habitante y año).

España genera menos residuos totales por habitante que la mayoría de los paises europeos: 4.485 kg en 2018, por debajo de la media de la UE-27 (7.050 kilos), según Eurostat (datos 2018), lo que nos sitúa como el 8º país con menos residuos (sólo por delante de Letonia, Croacia, Portugal, Hungría, Chipre, Eslovaquia y Lituania), muy por debajo de los residuos totales que generan los paises ricos de Europa, como Finlandia (25.822 kg de residuos por persona), Suecia (15.763), Holanda (11.041), Bélgica (9.421), Austria (9.312), Alemania (6.763 kg por habitante), Francia (6.604) o Italia (4.705 kg/habitante). Y si miramos sólo los residuos urbanos, España también genera menos: 455 kg por habitante al año, frente a 505 kg de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2020). En este ranking, España es el 10º país europeo que genera menos basura urbana, sólo más que la mayoría de paises del Este, Bélgica y Suecia, pero mucha menos que Dinamarca (845 kg por habitante/año), Luxemburgo (790), Alemania (632), Finlandia (596), Austria (585), Francia (537), Holanda (535), Portugal (513) e Italia (505 kg/habitante/año).

España es un país “más limpio” que los grandes de Europa pero tiene un problema de fondo, que arrastramos desde hace décadas: reciclamos poco. De hecho, en 2020, reciclamos sólo un 36,4% de los residuos urbanos, frente a la media de la UE-27, que recicló el 47,8%, según Eurostat. Y además, nos hemos estancado e incluso bajado en el reciclaje: hemos pasado de reciclar el 39,7% de la basura urbana en 2008 al 39,3% en 2019 y el 36,4% en 2020 (mientras la UE-27 subió del 36,5% en 2008 al 48,1% en 2019 y al 47,8% actual). España es el 10º país europeo que menos recicla su basura urbana (36,4%), muy lejos de las tasas de reciclado de Alemania (67%), Italia (59,6%) o Francia (42,6%).

Y la consecuencia de reciclar poco es que la mayoría de la basura acaba en vertederos: un 51,86% de los residuos urbanos en España, frente al 23% de media en la UE-27 y sólo el 0,8% en Alemania, el 18% en Francia y el 20,8% en Italia, según Eurostat.  Y la tercera opción, incinerar la basura para recuperar energía, es también muy escasa en España: un 11,6% de los residuos urbanos frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. El exceso de basura que va a vertederos ha causado un grave problema a España con las autoridades europeas: ya hay 3 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar.

La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reducir los residuos. Ya en 2008, aprobó una Directiva sobre gestión de residuos con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% acabara en vertederos para 2020. Después, en 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo a los paises de 2 años (debía entrar en vigor en julio de 2021).

Pero llegó este plazo y España no tenía aún aprobada la nueva Ley de Residuos, que se había retrasado y que el Gobierno Sánchez no aprobó hasta el 18 de mayo de 2021. Y como el debate de la Ley también se retrasó, la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España el 9 de febrero de 2022, insistiendo en que la Ley de Residuos era una de las reformas estructurales exigidas por Bruselas para que España acceda a los Fondos Europeos. Finalmente, el 31 de marzo se ha aprobado la nueva Ley en el Congreso, con la abstención del PP y la oposición de Vox y ERC (por la gestión de las tasas).

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022).

La primera medida, que entró en vigor al día siguiente de publicarse la Ley en el BOE ( 9 de abril) es la prohibición de los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y además se prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. Otra medida ya vigente es la obligación de bares y restaurantes de servir gratis agua a granel a sus clientes. Y se da amparo legal a los Ayuntamientos que quieran prohibir fumar en las playas.

La Ley aprueba 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta ahora, hay 10 autonomías que tienen tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además son muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se da un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa asociada a la gestión de residuos que prestan.

La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.

Otro cambio importante de la nueva Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada será “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obliga a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, será obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando así su reciclaje.  

Otra novedad importante es que se permite a los Ayuntamientos “la declaración de suelos contaminados”, si encuentran componentes peligrosos procedentes de actividades humanas o industriales, obligando a los responsables a reparar el daño causado al suelo. Y también se abre la vía para acabar con el amianto: se obliga a los Ayuntamientos a elaborar, en un año, un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada. Además, se prohíbe la utilización del Bisfenol A, un producto contaminante que se utiliza en la fabricación de envases de plástico (los rígidos y transparentes) y tazas, un producto que Bruselas va a prohibir.

Ahora falta traducir esta Ley a medidas concretas y plazos en relación a los envases, con la aprobación final del Decreto-ley de envases, aprobado en septiembre de 2021 y que, tras 2.500 alegaciones recibidas, será aprobado por el Gobierno este 2º trimestre, para que entre en vigor en verano. La patronal de la alimentación FIAB se ha quejado duramente de este Decreto, que concreta la Ley de Residuos en cuanto a envases, porque consideran que les costará 7.050 millones y les obligará a invertir otros 6.270 millones para adaptarse, lo que podría obligar a cerrar a 2.400 industrias y 26.500 empleos. Enfrente, las organizaciones ecologistas valoran positivamente la Ley, pero creen que debería ser más radical en la reducción de envases y que no garantiza una retirada de residuos orgánicos de calidad.

Al final, esta Ley de Residuos puede reducir la basura que generamos y conseguir un mayor reciclaje, pero habrá que pagar el coste. Y aunque se pretende que “quien contamine pague”, todo apunta a que los que más pagaremos seremos los consumidores. Primero, al comprar alimentos y productos envasados, donde nos trasladarán el nuevo impuesto. Y luego en todos los artículos, donde el fabricante calculará el precio del reciclado y tratará de repercutirlo al consumidor. Y sobre todo, subirá el coste de la recogida de basuras, con la tasa a los vertidos, sobre todo a los negocios, comercios, bares y particulares. De hecho, algunos cálculos estiman en 40 euros anuales la subida de la tasa municipal de basuras.

Es lo que hay: si queremos reducir los envases y residuos, reciclar más y tener un país más limpio, habrá que pagarlo. El problema es cómo se reparte esta factura: si nadie vigila, lo esperable es que se repercuta a lo largo de la cadena, hasta llegar al consumidor final, que será quien pague más por casi todo. Es lo que le falta a esta nueva Ley de Residuos: un mecanismo concreto y eficaz de reparto justo de costes. Así que pagaremos los de siempre.

España, más lejos de la renta europea

La guerra de Ucrania y los precios acaparan todas las noticias, por lo que ha pasado desapercibido un dato importante: España, con la pandemia, ha perdido 4 puestos en el ranking europeo de paises que más producen por habitante. Y así, estamos más lejos de la media europea (84 sobre 100) y somos el país nº 18 en PIB por habitante (lo que marca la riqueza de cada país), por detrás de los grandes paises y también de los 6 paises pequeños que nos han “adelantado” en la última década: Malta, Chequia, Eslovenia, Chipre, Lituania y Estonia. ¿Por qué nos alejamos de Europa? Básicamente, porque aquí trabaja menos gente y con menos eficacia, porque somos menos productivos. Recuperar la brecha de riqueza con la mayoría de Europa exige medidas de fondo y tiempo: más formación, más tecnología, más inversión, menos precariedad y empresas más grandes. Modernizar la economía, lo que busca el Plan de Recuperación. Nos jugamos mejorar el nivel de vida y acercarnos a Europa.

Enrique Ortega

España volvió a crecer en 2021 (+5,1%, según el INE), tras la debacle de 2020 (el PIB cayó un -10,8%), por la pandemia. Con ello, el país produjo por valor de 1.205.063 millones de euros (el PIB de 2021), todavía algo menos de la producción de 2019 (1.244.375 millones de euros), que no hemos recuperado todavía (se espera hacerlo a finales de 2022). Así, España se confirma como la 4ª mayor economía de la Unión Europea, muy lejos de Alemania (3.570.620 millones de euros de PIB en 2021), Francia (2.483.616 millones) e Italia (1.205.063 millones). Y la 5ª mayor de Europa, si incluimos al Reino Unido (la 2ª mayor economía, con un PIB de 2.696.216 millones de euros en 2021). Y nos sigue Paises Bajos (860.719 millones), que tiene las tres cuartas partes del tamaño económico de España.

Pero este dato es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Y por eso, lo importante es lo que produce cada país por habitante, el PIB por habitante, que indica también el nivel de renta de cada país. Y aquí, España ya no es la 4ª mayor economía de la UE sino que ocupa el lugar nº 18 en el ranking del PIB por habitante, según los datos de 2021 adelantados por Eurostat. Y ahí vemos que España, tras la COVID, se ha alejado de la media europea respecto a 2019, se ha alejado de los paises más ricos del centro y norte de Europa y nos han sobrepasado cuatro paises pequeños del este y sur de Europa.

España ingresó en la CEE en 1986 y ese año teníamos un PIB por habitante que era el 76% de la media europea. La incorporación a Europa tuvo costes pero relanzó el crecimiento español, con lo que en el año 2000 ya alcanzamos la producción media de la UE-28 (subimos al 100%, el mismo PIB por habitante). E incluso superamos esa media europea en 2006, alcanzando el 106% de la media UE, manteniéndonos también por encima en 2007 (104%), 2008 (102%) y 2009 (101% del PIB medio UE). Pero con la crisis financiera, en 2010 perdimos la media (bajamos al 96%) y seguimos alejándonos, hasta una distancia máxima en 2013 (tuvimos el 90% del PIB por habitante europeo). Luego nos recuperamos un poco, hasta llegar al 93% en 2017 y bajar al 91% en 2019. Con la pandemia, el alejamiento de Europa fue brusco: 84% de la media europea (PIB por habitante) en 2020 y 2021.

El ranking europeo del PIB por habitante lo encabeza en 2021 Luxemburgo (que tiene el 277% del PIB medio de la UE-27: 32.330 euros por persona), seguido de Irlanda (221% del PIB por habitante europeo, según Eurostat, los dos paises “más productivos” aunque señala que “tiene truco”: en el caso de Luxemburgo, muchos trabajadores son de otro país (lo que baja el denominador de habitantes censado) y en el caso de Irlanda, tiene instaladas muchísimas multinacionales, que producen allí pero se llevan fuera las ganancias. Así que el liderazgo de la producción lo tienen realmente 7 paises del norte y centro de Europa que son los que más producen y por eso, los más ricos: Dinamarca (produce el 133% del PIB por habitante europeo), Paises Bajos (132%), Suecia (123%), Bélgica (122%), Austria (121%), Alemania (119%) y Finlandia (113%). Francia es el 10º país que produce más que la media europea, aunque a distancia de los anteriores (104% del PIB por habitante UE).

Los restantes paises comunitarios tienen una producción por habitante por debajo de la media, destacando en el puesto 12º de Italia (95% de la media, que perdió en 2014). Y España está ahora en el puesto 18 de este ranking, tras ser “adelantada” por 6 paises pequeños del sur y este de Europa: Malta nos superó en 2014 (tiene el 98% del PIB por habitante UE), la República Checa nos adelantó en 2019 (ahora tiene el 92%), Eslovenía (89%), Chipre (88%) y Lituania (88%) nos superaron en 2020 y Estonia (87% de la media UE) nos superó en 2021, según los datos de Eurostat. El siguiente, Polonia (77% de la renta UE) aún está lejos.

Este retraso productivo de España se puede ejemplarizar en este dato: Alemania produce tres veces más que España (3,57 billones de euros frente a 1,20 billones) con menos del doble de población (83,15 millones frente a 47,32 millones de habitantes). En 2021, produjo 42.920 euros por habitante frente a 25.463 euros España. Y lo mismo, aunque menos, Francia (36.500 euros por habitante), Italia (30.130 euros) y la media de la UE-27 (30.113 euros por habitante), así como otros 14 paises europeos, la mayoría mucho más pequeños.

¿Qué pasa? ¿Por qué producimos menos que 17 paises europeos? Básicamente, por 2 causas de fondo, que explican también que tengamos un menor nivel de vida que media Europa: porque aquí trabaja menos gente y trabaja peor, con menos eficacia.

Lo primero, trabaja menos gente en España, hay menos gente produciendo y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo de España (porcentaje de personas de 15 a 64 años ocupadas) es del 64% (diciembre 2021), frente al 69,2% en la UE-27, el 76,9% en Alemania, el 67,7% en Francia y el 59,5% en Italia, según Eurostat. Incluso trabaja más gente que en España (en porcentaje) en Malta (76,7%) la República Checa (75,3%), Eslovenia (72,4%), Chipre (72,3%), Lituania (73,2%) y Estonia (75,2%), los 6 paises que nos han “adelantado”. Y ese bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo económico, basado en los servicios, poca industria y empresas con menos tecnología, exportación y productos de menos “valor añadido”, que crean menos empleo. Si España tuviera la tasa de empleo media de la UE, tendríamos 1.614.588 personas más trabajando (y aumentando el PIB y la renta). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, trabajarían 3.757.022 personas más.

Además de tener menos gente trabajando, los que trabajan lo hacen “peor”, con menos eficiencia: somos menos productivos por empleado. De hecho, si vemos el mapa de la productividad en Europa, casi toda España (salvo el País Vasco, Navarra, Madrid, La Rioja, Aragón y Cataluña) está en el 2º nivel más bajo de productividad por empleado (entre 35.000 y 65.000 euros generados), muy por debajo del centro de Europa y los paises nórdicos (+ 80.000 euros por empleado) y que Francia o Italia (70.000 a 80.000 euros por empleado), siendo sólo peor la productividad en la Europa del Este (menos de 35.000 euros por ocupado). Además, como país, España ocupa el puesto 23º en el ranking mundial de competitividad del Foro Económico Mundial, que mide 12 variables, por detrás de 12 paises europeos más competitivos : Paises Bajos, Suiza, Alemania, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Luxemburgo, Austria y Bélgica, por ese orden.

Somos menos productivos que media Europa (y por eso, menos ricos) por 3 causas fundamentales, según este estudio de la Fundación BBVA e Ivie: porque invertimos menos en tecnología, porque tenemos una mano de obra peor formada y porque hay menos inversión (pública y privada). Analicemos estos hándicaps.

El esfuerzo de un país en tecnología e innovación es clave para producir más con la misma ocupación y empresas, para mejorar la productividad. Y España lleva más de una década recortando su inversión en Ciencia (333 euros por habitante frente a 695 euros en la UE-27), que ha pasado del 1,35% del PIB en 2008 al 1,41% en 2021, aumentando la distancia con Europa (que pasó del 1,88% del PIB en Ciencia al 2,32% en 2021, según la Fundación COTEC. Y lo preocupante no es que invirtamos en Ciencia menos que la media europea sino que invertimos casi la tercera parte que Alemania (3,14% del PIB en Ciencia en 2021) y casi la mitad que Francia (2,35%) y menos que Italia (1,53%), nuestros directos competidores. Pero es más llamativo que España gaste en Ciencia menos que paises más pequeños, de la Europa del Este, que nos han “adelantado en el ranking de producción por habitante: Eslovenia (2,15% del PIB en Ciencia), República Checa (1,99%) o Estonia (1,79%). Incluso gastamos menos en Ciencia, en porcentaje, que Portugal (1,58% del PIB) y Grecia (1,49%).

La mayor culpa de este retraso en la inversión en Ciencia (I+D+i) está en las empresas, que gastan en España la mitad que las empresas europeas (0,78% frente al 1,50% en la UE-27). Y además, hay 2.415 empresas españolas menos invirtiendo en Ciencia ahora que en 2009, todas ellas pymes, mientras crece poco la inversión de las grandes empresas. Y con la pandemia y el conflicto de Ucrania, recortan aún más el gasto en Ciencia.

El 2º factor clave para ser más productivos es tener trabajadores bien formados. Y aquí, España también tiene un doble problema. Por un lado, tenemos muchos adultos (25-64 años) con poca formación (el 37,1% no tiene acabada la ESO, frente 17,1% en la UE-22 y el 21% en la OCDE) y pocos con formación intermedia (Bachillerato o FP Grado Medio), un 23,2% en España frente al 37,6% en la UE-22 y el 42,5% en la OCDE, aunque tenemos más universitarios (39,7% en España frente al 37,6% de los adultos en la UE-22 y el 40,3% en la OCDE), según el Panorama de la Educación 2021 de la OCDE. Y además, la mayoría de los jóvenes eligen en España el Bachillerato (64%) y sólo un 36% la Formación Profesional, más dirigida a trabajar, frente al 43% en la UE-22 y un 38% en la OCDE.

La 3ª causa que explica nuestra menor productividad es que España invierte menos, tanto en inversión pública como privada, dos factores que contribuyen a ser más eficientes. En 2019, la inversión total todavía estaba un 10% por debajo de la de 2008, según el BEI. Y en 2020 cayó bruscamente la inversión privada, por la pandemia, mejorando sólo un 4,7% en 2021. Y la inversión pública, aunque ha crecido en 2021, todavía es la mitad que en 2008, porque no se han superado los tremendos recortes en infraestructuras y equipamientos. Y la inversión pública neta (sin contar las subidas para mantenimiento) sigue siendo negativa desde 2012. Y esa falta de apoyo, de la inversión pública y privada, no ayuda a ser más productivos, sobre todo en la mitad sur de España, donde hay más déficit de inversiones.

Hay otras causas que nos restan productividad y riqueza. Una muy importante, destacada por la Comisión Europea, el FMI y la OCDE es la elevada precariedad del empleo en España: tenemos un 25,38% de empleo temporal, frente al 13,2% de media en la UE-27, el 14,1% en Francia, el 16,7% en Italia y el 9,9% en Alemania, según Eurostat. Y está demostrado que los trabajadores con contrato temporal tienen menos incentivos para esforzarse y las empresas dedican menos recursos a formarles, lo que merma su productividad.

Otra causa importante de la menor productividad, también ligada a las empresas, es la organización del trabajo en España: hay poca participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, según un estudio de CaixaBank Research. Así, los “jefes” en España ejercen más control sobre sus subordinados (un 41% frente al 24% en Alemania), no encuestan a sus empleados (sólo el 26% de las empresas frente al 51% en Alemania) y apenas se toman decisiones en equipo (un 17%  de las empresas frente al 35% en Alemania). La gestión del “ordeno y mando”, muy afincada en la mayoría de empresas españolas, no ayuda a crear un buen clima laboral y mejorar así la productividad.

Otro factor decisivo que nos resta productividad es que en España hay demasiadas pymes y pocas grandes empresas, que suelen ser más productivas. Según el censo de 2021, tenemos 2.929.722 empresas, de las que el 93,58% son muy pequeñas (sin empleados o con menos de 10), otras 157.103 empresas (5,36%) son pequeñas (de 10 a 50 trabajadores), 25.499 empresas más (el 0,87%) son medianas (de 50 a 249 trabajadores) y sólo hay 5.012 empresas grandes (el 0,17 restante), con más de 250 trabajadores. Eso significa que sólo un 1,04% de todas las empresas españolas tienen más de 50 trabajadores, cuando en Europa son el 1,12% y tienen más empresas medianas. Un estudio de la patronal CEPYME revela que las empresas pequeñas son más vulnerables: cierran antes, se financian peor, venden menos, crean menos empleo, pagan menores salarios, innovan, invierten y exportan menos.

Y todavía hay otros factores que restan eficacia y productividad a España, como la excesiva regulación y burocracia, la dispersión de normas (17 autonomías), la falta de competencia en muchos sectores (electricidad, petroleras, telecomunicaciones, banca…), la lentitud en la Justicia, las dificultades de financiación de las pymes, los mayores costes energéticos y de transporte, la falta de estabilidad laboral o el retraso en la digitalización de la economía.

Ya sabemos por qué somos menos productivos y menos ricos que media Europa, por qué nos han “adelantado” ya 17 paises. Hasta ahora, las empresas trataban de compensar la menor productividad devaluando los salarios, más bajos que en la mayoría de Europa. Pero hay que buscar otra vía para recuperar distancias con Europa. El Plan de recuperación marca el camino, ayudado por Fondos europeos: más formación, más tecnología, más inversión, más industria, más digitalización, menos precariedad laboral, empresas de más tamaño, más incentivos a los emprendedores… Hay que modernizar la economía y dar un empujón para conseguir que trabaje más gente y trabajen mejor. Así viviremos mejor.

Europa controla a los gigantes tecnológicos

En la noche del 24 de marzo, la Cumbre Europea reunida en Bruselas para afrontar la guerra de Ucrania y el precio del gas aprobó también una Ley clave para los europeos: la Ley de Mercados Digitales, que pretende limitar los abusos de las grandes tecnológicas. Ahora, Google, Facebook, Amazon, Apple o Microsoft no podrán imponernos sus condiciones como hasta ahora y tendrán que abrirse a otras aplicaciones y servicios, facilitando la competencia a otras empresas. Y pronto se aprobará otra Ley europea de Servicios Digitales. Mientras, en EEUU, hay también una cruzada (de demócratas y republicanos) para recortar poder a los gigantes de Internet, con varias procesos judiciales abiertos. Y también hay una ofensiva del  Gobierno chino contra sus tecnológicas. Todos creen que estos gigantes tienen demasiado poder y hay que controlarlos, consiguiendo también que paguen más impuestos. Ahora falta ver que las nuevas leyes se cumplen, porque faltan medios para vigilarlos y evitar su actual monopolio. Pero urge hacerlo, porque controlan nuestras vidas.

Enrique Ortega

El mundo ha cambiado tanto este siglo XXI que las empresas más grandes son ahora las multinacionales tecnológicas ligadas a Internet, como en el siglo XX fueron las petroleras, automovilísticas o los bancos. Así, de las 10 multinacionales con más valor en Bolsa, 7 son gigantes tecnológicos, según Bloomberg: Apple (la mayor empresa del mundo en 2021, con 2,60 billones de valor bursátil, más que el PIB de Francia), Microsoft (2,27 billones de euros) y Alphabet (Google, con un valor de 1,72 billones) copan los tres primeros puestos, seguidas de  Amazon (en 5º lugar, tras la petrolera Aramco, con un valor de 1,51 billones), Meta-Facebook (en 7º lugar, tras la automovilística Tesla, con un valor de 844.003 millones), Nvidia (procesadores gráficos, con un valor bursátil de 663.000 millones de euros), y en 10º lugar (tras la financiera Berkshire) la tecnológica taiwanesa TSMC, con un valor de 510.577 millones de euros. Y en el puesto 11º, la tecnológica china Tencent (484.628 millones de valor bursátil (que estaba en el puesto 7º en 2021), mientras otro gigante chino del comercio electrónico, Alibaba, ha pasado del puesto 9º al 28º puesto en el ranking de 2021.

Estos gigantes tecnológicos ya eran grandes antes de la pandemia, pero los confinamientos y el mayor uso de Internet y del comercio electrónico en 2020 y 2021 los han hecho aún más grandes: son los verdaderos “ganadores” del COVID-19, como demuestra el gran salto que han dado en ventas y beneficios. Así, “los 5 grandes” de Internet (Amazon, Apple, Alphabet-Google, Microsoft y Meta-Facebook) facturaron en 2021 por valor de 1.176.148 millones de euros (casi tanto como el  PIB español: 1.205.063 millones de euros), un 27,8% más que en 2020. Y sus beneficios crecieron el año pasado nada menos que un 55,6%, hasta alcanzar los 271.090 millones de euros, destacando los beneficios de Apple (84.975 millones de euros, +57,2%), Alphabet-Google (64.287 millones de euros, casi el doble que en 2020 y un beneficio superior al de las 35 empresas juntas del IBEX español), Microsoft (60.329 millones de euros, +39,1% de beneficios), Meta-Facebook (33.288 millones, +35%) y Amazon (28.210 millones de euros, +56,3%).

Estos gigantes tecnológicos (las “Big Tech”) tienen en  común un modelo de negocio basado en millones de usuarios, que consumen productos y servicios (unos de pago y otros “gratuitos”) y que manejan la publicidad en Internet y utilizan los millones de datos de sus clientes y empresas colaboradoras para rentabilizar más sus plataformas. Todas tratan de reforzar su posición de dominio, impidiendo operar a la competencia y comprando las empresas pequeñas que innovan, para evitar competidores. Y todas utilizan nuestros datos sin demasiado control y en su beneficio, aprovechando que saben todo de nosotros. Es lo que revela el excelente libro “La era del capitalismo de la vigilancia”.

La mayoría de estos “gigantes tecnológicos” son multinacionales USA, lo que ha despertado un lógico recelo en Europa, donde la Comisión Europea lleva dos décadas intentando controlarlas y poner coto a sus prácticas monopolísticas, con múltiples expedientes y multas millonarias, sin muchos resultados prácticos. El último capítulo de esta larga pelea fue el expediente que abrió la Comisión a Google, en junio de 2021, “por prácticas monopolísticas en el mercado publicitario”. Antes, Google ya había tenido que pagar a la Comisión 3 multas (entre 2017 y 2019) por importe de 8.240 millones de euros, por “violar las normas europeas de la competencia”. En cada caso, la Comisión multaba, Google recurría y ganaba tiempo y luego pagaba al final una cifra que le compensaba, dados sus beneficios. Tal es así que Google ha acabado incluyendo en sus cuentas anuales una partida “para multas de la Comisión”… En los últimos años, la Comisión Europea también ha investigado (y multado) a Facebook, Apple y Amazon, por “prácticas monopolísticas” y contra la libre competencia.

Además, muchos paises europeos han abierto también expedientes a los gigantes tecnológicos, entre ellos Francia, Alemania y España: el 1 de julio de 2021, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió un expediente a Apple y Amazon, por indicios de un pacto secreto para impedir que otras empresas vendan los productos de Apple a través de la web de Amazon. Y también recibió una denuncia de CEDRO (autores y editores) contra Google por negarse a pagar a los editores de prensa por utilizar sus artículos en el agregador de noticias (Google Discovery) y por su cuasi-monopolio en la publicidad digital.

La Comisión Europea se hartó de esta infructuosa guerra contra los gigantes digitales y en diciembre de 2020 presentó 2 Leyes para controlar a estas multinacionales con más eficacia que las lentas y poco eficaces normas antimonopolio: la Ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). La primera en aprobarse por el Consejo Europeo, en la noche del 24 de marzo, ha sido la Ley de Mercados Digitales (DMA), tras 15 meses de intensas negociaciones, donde el “lobby” de los gigantes tecnológicos (grupo de presión en Bruselas) reconoce haberse gastado 30 millones de euros para intentar “suavizarla”. El objetivo, según la vicepresidenta de la Comisión (Margrethe Vestager) es “frenar el abuso de poder” de las grandes tecnológicas” y conseguir que los mercados digitales en Europa sean “justos, abiertos y competitivos”. En definitiva, poner coto a sus malas prácticas.

En Europa operan unas 10.000 plataformas de Internet, pero esta Ley va dirigida a las grandes plataformas, con muchos usuarios (45 millones) , un alto volumen de negocio (7.500 millones anuales) y que controlan servicios básicos en tres o más paises europeos. La Ley les llama “guardianes de acceso” y son los que van a vigilar de cerca: Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Booking y Alibaba en principio, aunque podrían ser más. Estas empresas tendrán una serie de obligaciones, entre las que destaca que no podrán imponer su software y tendrán que abrir su plataforma a otros desarrolladores y servicios. Cuatro ejemplos de cambios que nos afectan a todos. Uno, Google y Apple estarán obligados a abrir sus tiendas de aplicaciones a terceras empresas. Dos, Google tendrá que ofrecer alternativas a sus usuarios de Android a otros motores de búsqueda. Tres, Apple tendrá que dejar a los usuarios del iPhone que puedan instalar otros navegadores y aplicaciones. Y cuatro, un usuario de iMessage podrá enviar su mensaje desde Signal a un usuario de WhatsApp.

En definitiva, se trata de evitar que estos gigantes mantengan un monopolio de hecho en sus plataformas y servicios, abriéndolas a terceros. Y también se les obliga a dar acceso a los vendedores a sus datos de rendimiento de comercialización o de publicidad en las plataformas, datos que los gigantes de Internet ya no podrán reutilizar en otros servicios (sin consentimiento). Y se podrán rechazar las cookies sin que nos bloqueen ahora el acceso al servicio, garantizando el derecho de los usuarios a darse de baja. Y además, se van a vigilar las compras de empresas y desarrolladores, para que los gigantes de Internet no las utilicen para anular a los competidores (como hasta ahora).

Esta nueva Ley de Mercados Digitales (DMA) pasará ahora el último trámite formal, el de aprobación en el Parlamento Europeo (que ya la aprobó en 1ª instancia), que se espera para finales de abril o mayo. A partir de ahí, las empresas tienen 6 meses para adaptarse, con lo que entrará en vigor en noviembre de 2022. Desde esa fecha, si uno de los gigantes infringe la norma, se arriesga a una multa de hasta el 10% de su negocio mundial (serían hasta 21.783 millones de sanción en el caso de Google, por ejemplo, o de 39.724 millones en el caso de Amazon). Y si hay un incumplimiento sistemático, se podrán imponer normas correctoras. Además, y esto es muy importante, la única autoridad que puede aplicar esta Ley es la Comisión Europea, que centraliza todas las actuaciones: si España abre un expediente a un gigante tecnológico, debe acabar trasladándolo a Bruselas para que sea finalmente la Comisión quien decida y multe.

En paralelo a esta nueva Ley de Mercados Digitales, Europa ultima la otra Ley que intenta corregir los comportamientos de las grandes tecnológicas,  la Ley de Servicios Digitales (DSA), que impondrá a las empresas responsabilidad en los contenidos de sus plataformas: retirada de ofertas fraudulentas e informaciones personales, transparencia en los algoritmos, mecanismos para solucionar controversias con los usuarios, facilitar la interoperatividad con los servicios de la competencia, permitir a los usuarios elegir si quieren o no publicidad dirigida y posibilitar que los poderes públicos realicen inspecciones en sus bases de datos. Esta es una Ley muy ambiciosa y polémica, porque regula los derechos de los usuarios digitales, lo que explica que vaya más retrasada: se espera que el Parlamento y el Consejo Europeo la aprueben antes de finales de 2022 y entre en vigor entre 2023 y 2024.

Con estas 2 Leyes, Europa se pone en vanguardia de la normativa mundial para regular los mercados de Internet. Pero no está sola: Estados Unidos y China secundan su intención de controlar a los gigantes tecnológicos. Ya empezó a hacerlo Trump, pero el presidente Biden ha acelerado la cruzada contra los gigantes digitales, una batalla en la que están de acuerdo demócratas y republicanos en EEUU. Ya en julio de 2021, Biden firmó una orden ejecutiva con 72 medidas para aumentar la competencia en los mercados de Internet. Y actualmente, la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha presentado una querella antimonopolio contra Facebook, y también investiga a Google, mientras el Departamento de Justicia USA ha interpuesto demanda contra ambas tecnológicas. Y la FTC también investiga a Amazon mientras el Departamento de Justicia lo hace con Apple. El objetivo de Biden es acelerar las medidas antimonopolio para aprobarlas antes de noviembre de 2022, cuando se celebran las elecciones de medio mandato (donde podría perder la mayoría en el Senado).

Con estas bases, en mayo se reunirá en París el Consejo para la Tecnología y Comercio EEUU-Unión Europea, donde ambos bloques pretenden coordinar sus estrategias digitales y la regulación frente a los gigantes tecnológicos, buscando una normativa común trasatlántica. Y en este contexto, ayuda mucho que China (el mercado con más internautas), esté embarcado en una estrategia de mayor control de sus grandes tecnológicas. Ya en 2021, suspendió la salida a Bolsa del grupo Hormiga (brazo financiero de Alibaba), impuso restricciones a Tencent, Meituan (reparto de comida), Pinduoduo (comercio electrónico) y Didi (el Uber chino) y aprobó una legislación antimonopolio y de protección de datos digitales. Y en 2022, el PC Chino ha aprobado un comunicado “contra la corrupción y el poder de las plataformas”.

La preocupación sobre los gigantes tecnológicos se extiende también al mundo financiero: un reciente informe del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), creado por el G-7 e integrado por 25 paises (España entre ellos) alerta de que los gigantes tecnológicos se han hecho más poderosos tras la COVID y son “los nuevos rivales” del sector financiero. Destacan el crecimiento disparado de los servicios de pago de las plataformas de Internet: su uso ha pasado del 6,5% de las transacciones online en 2019 al 44,5% en 2020 (en China suponen el 90% de los pagos en el comercio electrónico y el 95% en la India). El informe señala que este dominio de las “big tech” en los pagos online puede beneficiar al usuario, pero tiene dos riesgos: están poco reguladas (un riesgo si hay problemas) y hay menos protección de los datos de los usuarios que en la banca. Aquí, el Banco de España ha advertido que la creciente competencia de las grandes tecnológicas “recorta la rentabilidad de los bancos” y que aprovechan mejor la información que tienen de sus clientes.

Otro problema que provocan las grandes tecnológicas es que apenas pagan impuestos en los paises donde operan, gracias a la utilización de paises intermedios (Irlanda o Luxemburgo), empresas pantalla y desvíos a paraísos fiscales. Así, Google España pagó 8,9 millones de impuestos en 2019, Amazon otros 261 millones (el 2,2% de su facturación) y Apple pagó otros 4,85 millones de impuestos en 2020, mientras Facebook pagó a Hacienda 34,4 millones en 2019 para saldar sus deudas “de varios años”. Para evitar esta situación, 130 paises acordaron en junio de 2021 cobrar un impuesto mínimo del 15% sobre el beneficio de estas tecnológicas, obligándoles además a pagar una parte de este impuesto en los paises que operen (aunque su sede esté en otro lugar). Con esta medida, que entrará en vigor en 2023, los paises ingresarán 215.000 millones de euros más de las “big tech”. Hasta que este “impuesto mundial” esté vigente, los paises que habían aprobado una tasa a las grandes tecnológicas (la llamada “tasa Google”) la seguirán cobrando: en España está vigente desde el 1 de enero de 2021 y esperaba ingresar 968 millones el año pasado ( no habrá recaudado ni la cuarta parte). Ahora se rebaja la recaudación a 225 millones en 2022.

En resumen, parece que Europa, EEUU y China han tomado conciencia del enorme poder que acumulan los gigantes de Internet, acrecentado con la pandemia. Y empiezan a tomar medidas para que no impongan sus condiciones a usuarios y competidores, para que no se comporten como monopolios de hecho (en España, Google controla el 90% de las búsquedas en Internet y el 50% de la publicidad online). Para que abran sus plataformas a otras empresas pequeñas, más innovadoras, en vez de comprarlas para evitar su competencia. Y que paguen impuestos por un negocio que factura más que la mayoría de los paises. Las iniciativas de controlarles y regularles son muy loables, pero hacen falta medios. Porque la Comisión Europea, por ejemplo, con un equipo de 80 personas, difícilmente podrá aplicar la nueva Ley de Mercados Digitales frente a multinacionales con miles de tecnólogos y poderosos bufetes de abogados. Esta es una guerra contra gigantes, que necesita no sólo Leyes sino también medios para vigilar y multar. Y hay que quitarles tamaño (dividiendo empresas)  y poder (desautorizando fusiones), como se hizo con petroleras y bancos. Ojo: controlan nuestras vidas.

La pandemia "escondida" sigue aquí

Ya casi no se habla de la pandemia, como si no existiera. Pero la COVID-19 sigue aquí: 529.848 contagios en marzo, 10.200 hospitalizados y 2.622 muertos el mes pasado (85 muertos diarios) ¿Es esto normalidad? Gobierno y autonomías han decidido “pasar página”: han dejado de hacer pruebas masivas y ya no dan estadísticas detalladas de incidencia (sólo de los mayores de 60 años), “escondiendo la pandemia”. Y ahora debaten quitar la mascarilla en interiores para Semana Santa. Pero ojo: todavía tenemos un nivel “alto de contagios (466 por 100.000 habitantes) y deberíamos bajarlo de 50. Y hay 3,25 millones de españoles sin inmunizar (más otros 2,35 millones niños), que pueden contagiarse más fácilmente si bajamos la guardia: ya subió la incidencia en Canarias por los Carnavales y en Valencia por las Fallas. Y no se han reforzado los Centros de salud, donde han despedido a la mitad de los sanitarios contratados por la pandemia. Deberíamos ser más prudentes, porque el virus sigue ahí y no vale esconderlo. Pero no aprendemos.

Enrique Ortega

La pandemia ha cumplido 2 años y 3 meses y sigue contagiando y matando en todo el mundo. Los contagios bajan desde finales de enero, pero todavía hay casi 10 millones a la semana, el doble que la media de 2021. Y hay un rebrote en China que ha obligado a confinar a los 26 millones de habitantes de Shanghái. Ya se alcanzan los 491 millones de contagiados (el 6,25% de la población mundial), concentrados sobre todo en Europa (201,8 millones) y América (150,6), con menos contagios en el Sudeste asiático (57,2 millones), Pacífico (46,1), Mediterráneo oriental (21,6) y África (8,6 millones de contagiados), según la OMS. Lo que sí ha bajado en esta ola de ómicron son los muertos: 28.326 a la semana, la cuarta parte que a principios de año y muy por debajo de la mortalidad de 2021. Pero la COVID-19 ya suma 6.152.898 muertes en el mundo, sobre todo en América (2,7 millones) y Europa (1,94 millones), seguidas de lejos por Asia (778.986), Mediterráneo Oriental (340.628), Pacífico (211.262) y África (171.086 muertos por COVID-19).

En Europa, han bajado los contagios que había en diciembre y enero, pero todavía son muy altos, con una incidencia media de 1.762 contagios por 100.000 habitantes. Hay paises con una incidencia altísima, como Austria (6.924) o Chipre (4.762) pero también es muy elevada en los Paises Bajos (4.104 casos), Alemania (3.718), Dinamarca (2.124), Francia (1.808), Reino Unido (1.704) o Italia (1.537). España está mejor que la mayoría (466,5 contagios por 100.000 habitantes), junto con Portugal (442), según el último dato de Sanidad (25 marzo).

En España, la incidencia por COVID-19 bajó en febrero y principios de marzo, hasta un mínimo de 429 contagios por 100.000 habitantes el 10 de marzo. Y a partir de ahí, los contagios han subido día a día, lentamente, hasta el último dato publicado: 466,5 contagios el 29 de marzo, con subidas puntuales ligadas a los Carnavales (Canarias y Andalucía) y las Fallas (Comunidad Valenciana). Un nivel de contagios (466,5) que supone un riesgo “alto” en los viejos “semáforos” de Sanidad, que siempre ha buscado bajar la incidencia por debajo de 50. En cualquier caso, esta estadística es poco significativa, porque desde el pico de la 6ª ola (finales de diciembre y enero), las autonomías hacen muchas menos pruebas: a finales de marzo se hacían 608.000 pruebas semanales (PCR y test), frente a las 2.488.000 hechas el 3 de enero. Y  además hay muchas regiones que no contabilizan los positivos hechos por los particulares (con test comprados en farmacias).

Hasta finales de marzo, se han contagiado por COVID-19 en España 11.551.574 personas, prácticamente 1 de cada 4 habitantes. De ellos, 529.848 se han contagiado en marzo, la mitad que en febrero (1.039.000 nuevos contagios) y la sexta parte que en enero (3,5 millones de contagios), el peor mes desde 2020. Aunque no refleje todos los contagios, la última estadística detallada de Sanidad (29 de marzo) indicaba que los mayores contagios se dan entre los adolescentes (501 contagios entre 12 y 19 años) y sus padres (550 entre 30 y 39 años y 533 entre 40 y 49 años), aunque llama la atención la alta incidencia entre sus abuelos (515 contagios entre los mayores de 80 años). Y sigue la enorme diferencia entre autonomías: Galicia (975 contagios por 100.000 habitantes), Canarias (905), Extremadura (821), Navarra (662), Asturias (656) y la Rioja (640) son las que están peor y tienen menos contagios Melilla (241), Castilla la Mancha (275) y Madrid (249), aunque también depende de que hagan más o menos pruebas (Madrid hace 1.302 pruebas semanales por 100.000 habitantes y Cataluña 1.949, por ejemplo).

Sanidad y muchos expertos creen que la pandemia ha entrada en una fase menos preocupante porque han bajado drásticamente los enfermos COVID en hospitales y UCIs. Y es así. El último dato (viernes 1 abril) indica que hay 4.150 enfermos COVID hospitalizados (ocupan el 3,3% de las camas disponibles), la mitad que un mes antes (7.428 el 25 de febrero) y la cuarta parte que dos meses antes (18.675 hospitalizados, ocupando el 15% de las camas), aunque la ocupación es mayor en Canarias (7,02%), Galicia (4,95%) y País Vasco (4,07%). También han caído drásticamente los enfermos COVID en las UCIs: son ahora 420 (ocupan el 4,6% de las camas en cuidados intensivos), la mitad que un mes antes (1.053 el 25 de febrero) y la cuarta parte que en lo peor de la 6ª ola (2.202 enfermos en UCI el 21 de enero, ocupando el 23,25% de las camas disponibles).

También ha caído la mortalidad respecto a enero y febrero, aunque sigue siendo alta: en la última semana de marzo  murieron 149 enfermos de COVID, frente a 568 la semana anterior, 722 la anterior y 1.003 la primera semana de marzo. En conjunto, el mes de marzo se saldó con 2.622 muertos por COVID-19 (85 muertos diarios), una cifra todavía elevadísima aunque no se hable de ella en los medios. Y ya hemos alcanzado la cifra de 102.218 muertos por COVID. Se estima que la mitad de los  muertos actuales por COVID-19 son personas sin vacunar y mayores a los que falta la necesaria dosis de refuerzo (falta ponerla a 1.194.214 mayores de 60 años), aunque también mayores vacunados con patologías previas o inmunodeprimidos. Y sigue habiendo muertes por COVID en las residencias de ancianos: 103 en la primera mitad de marzo, según el IMSERSO.

Ahora, con este balance (menos contagios, menos hospitalizados, menos enfermos en UCI y menos muertes), el Gobierno central y las autonomías han acordado que es el momento de “pasar página”, de entrar en una 2ª fase de la pandemia, desde el 28 de marzo.  Se han aprobado 2 cambios muy importantes. El primero, que ya no se publican las estadísticas detalladas (contagios, hospitalizaciones, UCIs, muertes) que se difundían de lunes a viernes, desde marzo de 2020: Sanidad publicó la última estadística completa el 29 de marzo. Ahora, sólo publican dos veces por semana (martes y viernes) las cifras globales de contagios, hospitalizados, enfermos en UCI y muertes, pero no publican la incidencia global ni su detalle  por edades y autonomías. Solo informan con detalle de la incidencia en mayores de 60 años (estaba en 466,51 el 1 de abril). El segundo cambio es que ya no se hacen pruebas masivas a los que tengan síntomas de COVID-19, sólo a los colectivos más vulnerables (mayores de 60 años, embarazadas, inmunodeprimidos), en las residencias de ancianos y a los que ingresen en un hospital (por cualquier causa). Por eso, se ha pasado de 608.972 pruebas semanales en marzo a sólo 194.820 en la última semana (ojo: un 16% dieron positivo).

En esta fase “transitoria”, durante un año, Sanidad y las autonomías harán un seguimiento selectivo de casos, detectando en los Centros de Salud, hospitales y residencias si hay un repunte de contagios, sobre todo por un aumento de las hospitalizaciones. Vigilarán será que no suban los enfermos COVID en hospitales (que no superen el 5%) y en UCIs (menos del 10%), dos topes que si se superan nos harían volver a la fase anterior. Y mientras, se da un plazo a las autonomías para que preparen un modelo de “vigilancia centinela”, como el de la gripe, que deben tener listo para abril de 2023: se creará una red de médicos (de familia y en hospitales) que harán un seguimiento de pacientes representativos y serán los únicos que reportarán entonces los futuros casos de COVID-19.

Los que tengan ahora síntomas leves de COVID-19 serán los responsables de auto diagnosticarse (con test de farmacia o PCRs privadas), cuidarse y no contagiar, porque la sanidad pública ya no les hará un test ni les dará la baja. Y por supuesto, no tendrán obligación de hacer cuarentena, una exigencia que se quitó en diciembre para los vacunados y en marzo para todos los contagiados leves y sus contactos estrechos.

Este doble cambio sobre la pandemia nos dejará  “casi ciegos” sobre su incidencia y además multiplicará el riesgo de contagio a los no inmunizados, que todavía son muchos. Según el último balance de vacunación, del 30 de marzo (se publica ahora dos veces por semana ), hay 3.252.771 españoles sin inmunizar, que no tienen las 2 dosis de la vacuna: 46.153 entre 70 y 79 años y otros 195.640 de 60 a 69 años (en total, 241.793 mayores sin inmunizar), 1.121.831 más entre 40 y 59 años, además de otras 1.889.141 personas sin inmunizar entre los 12 y los 40 años, según Sanidad. Y a estos 3,25 millones de españoles vulnerables hay que sumar otros 2.357.978 niños (de 5 a 12 años) que todavía no tienen la pauta completa. En total, 5,61 millones de personas más vulnerables al COVID-19, el 12,2% de toda la población española. Son muchas personas a través de las que puede seguir viviendo y mutando el virus, sobre todo si se quitan todas las restricciones.

La última restricción frente al COVID 19, la mascarilla en interiores, tiene los días contados. Ya se ha suprimido en toda Europa, salvo en España y Portugal, aunque ha vuelto en Austria, a los 10 días de suprimirla, por un gran repunte en los contagios. VOX presentó la semana pasada en el Congreso una propuesta para quitarla, que se rechazó (con la abstención del PP), aprobándose otra de Ciudadanos y el PSOE para hacerlo “cuando lo acuerden los expertos”. La decisión se debate este miércoles, entre las autonomías y Sanidad, que prefiere “esperar un poco”, aunque está muy presionada por algunas autonomías (como Madrid y Cataluña), que quieren suprimir la mascarilla en interiores para Semana Santa (“Salvemos la Semana Santa”: ¿les suena?). Los epidemiólogos están divididos: unos apoyan quitarla (salvo en el transporte público, hospitales y residencias de ancianos) y otros defienden esperar a después de Semana Santa, hasta que la incidencia baje de los 50 casos por 100.000 habitantes.

Así que el virus sigue aquí, contagiando y matando, mientras arrecian las presiones para que “lo olvidemos”, quitando todas las restricciones y escondiendo muchos datos,  que ahora sólo conocerán Sanidad y las autonomías, no todos los ciudadanos (salvo que haya un repunte grave o una nueva variante y nos lo digan de repente). Pero la OMS alerta: “aún estamos lejos del final de la pandemia”, señaló un portavoz en marzo. Y eso porque el nivel de contagios es todavía muy alto en Europa, hay rebrotes en China y falta avanzar mucho en la vacunación en medio mundo: sólo un 57,5% de la población mundial está vacunada, según la OMS, y hay muchos paises en África, Asia y Latinoamérica que han vacunado sólo a un tercio de su población o incluso menos (0,58% en Congo o el 4,64% en Nigeria”). Así que en  cualquier momento puede llegarnos una nueva variante que desate la 7ª ola. Y ahora tardaríamos más en detectarla y reaccionar.

Lo único positivo de esta nueva fase en la lucha contra la pandemia es que los Centros de Salud se van a “descongestionar”, porque ya no tendrán que centrarse en atender a los enfermos COVID no vulnerables y han dejado de hacer pruebas diagnósticas y firmar bajas. Aún así, la vuelta a la “normalidad” tardará, porque siguen faltos de medios. La prueba es que las consultas siguen con semanas de retraso. Un ejemplo, el mío: el viernes pedí online una cita presencial a mi médica de cabecera, en Madrid, y me la daba para este jueves (6 días).

El problema de la sanidad, tras lo más duro del COVID, es que sigue con falta de profesionales y medios, lo que impide reducir  las listas de espera, con el médico de cabecera, el especialista y para operarse, además del retraso en los filtrados de cáncer y tratamientos preventivos. Y encima, muchas autonomías han recortado las plantillas que contrataron por el COVID (unas, el 1 de enero y otras, el 1 de abril): los sindicatos estiman que no se han renovado la mitad de los 94.000 contratos COVID (médicos, enfermeras y auxiliares) hechos entre marzo y abril de 2020. Sólo en Madrid han sido despedidos 6.000 sanitarios (de ellos, 400 médicos) de los 11.000 contratados por el COVID.

Ahora, además de “vigilar” la pandemia, los Centros de Salud tendrán que recomponerse y eso exige más dinero y más personal. Hay un Plan de refuerzo de la atención primaria, acordado entre Sanidad y las autonomías, considerado “insuficiente” por los profesionales. Falta ver cuánto dinero aporta cada autonomía (lo decidían antes del 31 de marzo) después de que Sanidad haya dedicado 177 millones en el Presupuesto de este año. Todas han recibido más financiación del Estado este año, pero también la recibieron para luchar contra la COVID y muchas autonomías “desviaron” los fondos a otros gastos y no reforzaron su sanidad. Hay que dejarse de palabras y pasar a los hechos: contratar 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos en los próximos años, sólo para la Atención Primaria, según pide este Manifiesto firmado por 115 organizaciones profesionales.

Lo preocupante ahora es que las autonomías no refuercen su sistema sanitario, sobre todo la atención primaria, que ya contaba con medios insuficientes antes y que sigue medio colapsada, con 1.000 médicos menos que en 2018, según los datos de Sanidad. Porque si no se aprueba un Plan de choque para reforzarla, la atención primaria volverá a colapsar pronto: en 5 años se jubilarán 1 de cada 3 médicos de familia y 1 de cada 4 pediatras. Y esto choca con la falta de recursos y planificación de las autoridades sanitarias y con el desinterés de los médicos jóvenes (a los que no se incentiva)  por ir a los centros de Salud, sobre todo fuera de las grandes ciudades.

En resumen, que la pandemia sigue aquí, contagiando y matando, aunque ahora nos escondan muchas cifras y supriman las restricciones,  pronto hasta la mascarilla en interiores. Así que nos toca cuidarnos a nosotros, empezando por esta Semana Santa, si no queremos volver en unas semanas a afrontar una 7ª ola. Y, en paralelo, hay que exigir a las autonomías que refuercen la sanidad, con dinero y profesionales. Tenemos muchos problemas y necesidades, pero la salud es lo primero. A cuidarse.