Quedan 100 días para adjudicar Fondos UE

A partir de este domingo 24 de mayo, quedan 100 días para adjudicar los proyectos que se financian con los Fondos europeos, 103.000 millones de euros para el Plan de Recuperación puesto en marcha en 2021, tras la pandemia. Y hay que correr, porque a finales de marzo sólo se habían adjudicado 67.000 millones, el 71% de los Fondos, y el plazo se acaba el 31 de agosto. En principio, lo que no se adjudique se pierde, aunque el Gobierno ha pedido a Bruselas una prórroga de 6 a 12 meses. Y además, aprobó este martes un Fondo soberano (“España crece”), con recursos de estos Fondos UE para seguir promoviendo inversiones después de 2026. Además, faltan reformas por aprobar (bloqueadas en el Congreso) para conseguir el 7º pago de Bruselas, 24.166 millones, antes de finales de año. Es mucho dinero, que debería anteponerse a las peleas políticas. Porque los Fondos Europeos han sido y son claves para modernizar la economía, crecer más y crear millones de empleos. Ahora, no se puede perder ni un euro.

                          Enrique Ortega

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas. El 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos más. Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022. Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más. El 5º pago fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, siendo el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras solicitar España (en las Navidades de 2022) recibir también créditos europeos, a cambio de más reformas.

El 6º pago de Fondos europeos lo ha solicitado España el pasado 3 de marzo, por un importe de 7.256 millones de euros (6.205 millones en subvenciones y 1.051 millones en créditos), tras justificar el cumplimiento de otros 78 hitos y objetivos. La Comisión Europea aprobará este pago en mayo y lo ratificará el Consejo en junio. Con ello, España habrá recibido este verano un total de 78.294 millones de Fondos europeos (60.511 millones en subvenciones a fondo perdido y 17.783 millones en créditos), tras haber cumplido 343 hitos y objetivos de reformas, el 70% del total, según el Gobierno. Y queda por recibir este año el 7º y último pago, a solicitar en septiembre, por un importe de 24.166 millones de euros (18.649 millones en subvenciones y 5.517 millones en créditos), un pago elevado, que implica aprobar los hitos y reformas pendientes (247) y adjudicar los proyectos en trámite.

El problema es que Bruselas obliga a los paises a adjudicar los proyectos del Plan de recuperación antes del 31 de agosto de 2026, so pena de perder el dinero disponible (en el caso de España, esos 24.166 millones). Y España, como el resto, va retrasada en las adjudicaciones. Al 31 de marzo de 2026, España había adjudicado 67.000 millones de euros, el 71% de los Fondos disponibles, según el balance hecho por el vicepresidente Cuerpo en el Senado. Estos Fondos UE ya adjudicados benefician a 1.460.000 adjudicatarios, entre empresas (70% son pymes y micropymes) y particulares, habiéndose transferido 17.000 millones a las autonomías, 9.300 a las Corporaciones locales y 40.000 a la Administración del Estado, quienes ahora deben gestionar los proyectos. La mayoría son proyectos de digitalización, infraestructuras y cohesión territorial (corredores Mediterráneo y Atlántico), proyectos industriales y tecnológicos de vanguardia y proyectos de energías renovables, transición energética y movilidad sostenible.

Como se ve, aún quedan muchos proyectos por adjudicar (unos 27.000 millones de euros) y poco tiempo para hacerlo, ya que el 31 de agosto es la fecha límite para asignar todas las inversiones financiables con Fondos UE (subvenciones y créditos) mediante la resolución de las convocatorias y licitaciones pertinentes. Y, en paralelo, España deberá justificar ante Bruselas que ha cumplido todos los hitos y reformas pendientes (247) que se exigen para recibir el 7º y ultimo pago (esos 24.166 millones). Una doble carrera contra reloj, donde la mayoría de paises europeos están retrasados, como España.

Por eso, la propia Comisión Europea aprobó en junio de 2025 una Comunicación a los paises donde les pidió que agilizaran los Planes de Recuperación, suprimieran las reformas que no se pudieran cumplir y aumentaran los proyectos con mucha demanda. En cumplimiento de esta petición, el Gobierno aprobó el 9 de diciembre una “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, para agilizar el proceso administrativo de adjudicación, priorizando proyectos y acelerando la aprobación de los hitos y objetivos que dan acceso a las subvenciones (79.854 millones en total), reduciendo los créditos a pedir (iban a ser 83.200 millones y se quedan ahora en 22.800, porque España tiene un buen acceso al crédito libre, ahora barato), lo que permitirá reducir los hitos y reformas vinculados a estos créditos.

Tras la Adenda de simplificación, se eliminan 17 reformas con rango de Ley (difíciles de aprobar y que ya no se harán) y quedarán 230 hitos o reformas, que habrá que aprobar antes del 31 de agosto. España ya ha renegociado 5 veces con Bruselas los programas de inversión y las reformas, con el objetivo de no perder ni un euro de subvenciones (79.854 millones), aunque podría perder algunos créditos (22.800 millones en total), o cambiar esos proyectos por subvenciones. Por un lado, se adelantan objetivos y se cambian unos proyectos por otros, intentando incluir programas de defensa (como ha hecho Polonia), inicialmente fuera del Plan de recuperación. Y se negocia que los Fondos no gastados puedan rescatarse después en forma de Fondos estructurales, con margen hasta 2027. Y la última carta: el presidente Sánchez planteó en la última Cumbre informal de Chipre (24 de abril) que el Plan de recuperación se ampliara 6 meses o un año más, para poder adjudicar los últimos proyectos y las últimas reformas, una prórroga que sería bien vista por otros paises.

Si es complejo adjudicar en 100 días los proyectos pendientes (unos 27.000 millones), quizás resulta más complicado aprobar en este plazo los hitos y reformas pendientes, máxime cuando el Gobierno está en una permanente “minoría parlamentaria”, con el “chantaje” de Junts y la oposición a todo del PP y Vox. El problema (grave) es que sin estas reformas no llegarán los Fondos UE de la 7ª entrega (24.166 millones). Entre estas reformas prometidas a Bruselas y que están paradas están la subida de impuestos al gasóleo, la Ley de Industria, el proyecto de Ley de la Función Pública, el proyecto de Ley de Familias, la Ley de mejora de la protección del desempleo, el real decreto que refuerza la universalidad de la sanidad, la Ley de Protección de la Competencia, el sistema de cuotas de autónomos…Proyectos y reformas atascados en el Parlamento. Mientras, el Gobierno busca vías para aprobar otras reformas con normas y Reglamentos que no tengan que convalidarse en el Congreso.

Como vemos, adjudicar los últimos proyectos de inversión y aprobar las últimas reformas en estos 100 días es una tarea gigantesca, máxime sin la colaboración de la oposición. Pero debería ser una “prioridad nacional”, porque España no puede permitirse perder ni un euro de los casi 103.000 millones de Fondos europeos que nos corresponden (79.854 millones en subvenciones y 22.800 millones en créditos). Algunos expertos estiman que, al ritmo actual de adjudicaciones y reformas, podríamos perder el 10% (unos 10.000 millones).

El Gobierno Sánchez, además de presionar a Bruselas para conseguir una prórroga, ha buscado una vía para recuperar el dinero que no se gaste: este martes aprobó la creación de un Fondo Soberano (“España Crece”) que se financiará con 13.300 millones no gastados del Plan de Recuperación, unos recursos que se destinarán al ICO (Instituto de Crédito Oficial, un sucedáneo de “banco público”) para que con ellos financie proyectos de inversión a partir de junio y, sobre todo, en 2027 y 2028. El objetivo es que con estos “Fondos UE reciclados”, se puedan movilizar inversiones por 120.000 millones de euros, arrastrando inversiones privadas. El objetivo de este Fondo soberano (similar a los que tienen Noruega y muchos paises del Golfo Pérsico) es seguir promoviendo inversiones en sectores claves para modernizar la economía: digitalización, descarbonización y sostenibilidad energética, tecnología, Defensa, vivienda asequible y mejora de competitividad de las pymes. Ahora falta que la Comisión Europea apruebe la creación de este Fondo “España Crece” con Fondos UE.

En definitiva, España tiene ante sí el mayor reto: cerrar en 100 días un Plan de Recuperación que cumple 5 años y que ha transformado radicalmente la economía española, disparando las inversiones en digitalización, energía, infraestructuras y nuevas tecnologías. Este empujón de los Fondos europeos explica entre el 10 y el 14% del crecimiento español entre 2021 y 2025, según Funcas, que ha sido estos 5 años muy superior al de Europa (+21,9% creció el PIB en España, frente a +12,9% en la UE-27). Y junto al turismo, los inmigrantes y las exportaciones, los Fondos UE han ayudado a crear 3.118.700 nuevos empleos en esos 5 años.

Ahora, no se trata de criticar si el cumplimiento del Plan de recuperación va lento o no (es el mayor reto inversor de nuestra historia para el Estado, las autonomías, Ayuntamientos y empresas) y si se puede agilizar más (hay más de 3.700 funcionarios y empleados públicos trabajando en el Plan y se han aportado ya más de 1,7 millones de documentos de verificación a Bruselas, un tremendo reto burocrático). Lo importante es que hay que volcarse en estos 100 días que quedan, desde el Gobierno a todas las autonomías, Ayuntamientos y empresas implicadas, para acelerar las adjudicaciones y poner en marcha los proyectos. Y habría que lograr un pacto político para que el Congreso trabajara a destajo (incluso en agosto) para aprobar como sea las reformas que nos exige Bruselas, so pena de perder muchos millones. Pero no parece que los políticos estén por acordar esta doble tarea, así que perderemos dinero, proyectos y empleos. Es una “vergüenza nacional”.