Coronavirus: una emergencia muy desigual

Los efectos del coronavirus son desiguales como la vida misma. La pandemia se ha cebado sobre Italia (10.023 muertos) y España (6.258 muertos), mientras apenas afecta a Alemania (325 muertos), Holanda (771), Austria (86 muertos), Finlandia (11), Suecia (110) o Dinamarca (72), que quizás por eso (y por el miedo a la ultraderecha) se resisten a ayudar a la Europa del sur. En España, la pandemia se ha cebado en Madrid (3.082 muertos), Cataluña (1.226), Castilla la Mancha (539), Castilla y León (380) y Euskadi (207 muertos), con grandes diferencias de gasto sanitario y medios, y en los ancianos (2 de cada 3 muertos son mayores de 80 años). En la emergencia económica, unos pocos sectores protagonizan los 2 millones de trabajadores temporalmente sin empleo, mientras hay otro millón de despedidos (el 75%, trabajadores temporales). Y los parados, madres solas con hijos, emigrantes, jóvenes y ancianos pobres sufren más la emergencia social. Urgen medidas desiguales, concentradas en los paises, autonomías y grupos sociales que más sufren esta emergencia. Y lo mismo después, en la reconstrucción. Hay que “plantarse” ante Europa.

enrique ortega

Llevamos las 2 primeras semanas confinados y parece que lo peor ha pasado, aunque queda mucho por delante: llevamos varios días en que los nuevos contagios crecen menos (del +40% que crecían en la primera mitad de marzo al +20% en la segunda mitad y un +9% ayer domingo), aunque aumentan las muertes y los datos son muy graves: 78.796 contagiados y 6.258 muertos ayer, lo que nos sitúa como el 4º país del mundo con más afectados (tras los 124.509 de EEUU, los 92.472 de Italia y los 82.120 de China) y el 2º país con más muertos (tras los 10.023 de Italia). Ahora, quedan 2 semanas duras, con un aumento de ingresos en UCI y más muertes, a las que seguirán uno o dos meses duros, con bajada de la curva pero una gran tensión sanitaria, económica y social.


Lo primero que choca es la desigual gravedad de la pandemia en Europa. Los datos disponibles quizás no revelen la realidad y haya más contagiados de los reconocidos, pero las estadísticas oficiales revelan que hay una enorme diferencia en el contagio del coronavirus en Italia (92.472 contagiados, 117,92 por 100.000 habitantes) o España (78.796 contagiados, 151,04 por 100.000 habitantes) frente a la Europa rica del norte: Alemania (48.582 contagiados, 54,10 por 100.000 habitantes), Francia (37.575 y 49,37), Holanda (10.866, 62,87), Austria (8.486 y 95,46), Bélgica (10.836 y 94,59), Suecia (3.700 y 36,16), Dinamarca (2.395 y 41,25) o Finlandia (1.221 y 22,13), con menos contagios en Reino Unido (17.089, 23,61 por 100.000 habitantes)  y aún menores en Portugal (5.962,un 58,01 por 100.000) y Grecia (1.061, el 9,89). 


Pero si contamos los muertos, el impacto más grave de esta pandemia, la mortalidad se ha cebado aún más sobre Italia (10.023 muertos, el 10,8% de los contagiados) y sobre España (6.258 muertos, el 8,3%) que sobre Alemania (325 muertos, el 0,7% de los contagiados, pero ojo: sólo cuentan los muertos en hospitales), Austria (86 muertos, el 1,01%), Bélgica (431 muertos, el 3,97%), Suecia (110 muertos, el 2,97%), Dinamarca (72 muertos, el 3%) o Finlandia (11 muertos, el 0,9%). Y tienen también menos letalidad Francia (2.314 muertos sólo en hospitales, el 6,15% contagiados), Holanda (771 muertos, el 7,09%), Reino Unido (1.228 muertos, el 6,29%), siendo mínima en Portugal (119 muertos, 1,99%) y Grecia (32 muertos, 3,01%).


La pregunta del millón es ¿Por qué España e Italia tienen más porcentaje de contagios y, sobre todo, más muertes por coronavirus? Los expertos apuntan varias causas: las estadísticas no son homogéneas, reaccionaron con retraso al aislar a  los contagiados, han hecho menos test (160.000 en la primera semana en Alemania y 30.000 en España), los primeros enfermos eran más jóvenes en Alemania, hay menos proporción de ancianos en la Europa del norte que en España e Italia (en Alemania es similar),  hay menos contactos familiares (en la Europa del norte hay más jóvenes que viven fuera de casa) y una menor cultura de relaciones y “vivir en la calle”. Pueden ser factores que lo expliquen, pero hay otro más clave: el desigual gasto en salud y las infraestructuras sanitarias.


Porque algo tendrá que ver el hecho de que España sea el 4º país europeo que más ha recortado el gasto sanitario entre 2008 y 2013 (-1,4%), tras Grecia (-9,4%), Islandia (-3%) y Portugal (-1,9%), e Italia sea el 5º con más recortes (-0,9%), mientras Alemania lo aumentaba un +2,1% y Corea (otro país con pocos muertos por coronavirus: 158) lo aumentaba un 5,4%, según datos del informe “Panorama de la salud 2019” de la OCDE. En el caso de España, el gasto sanitario se redujo en -9.787 millones entre 2009 y 2014 (se perdieron 1 de cada 7 euros), según los datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014 se perdieron 41.000 empleos sanitarios (-11.000 médicos y -30.000 enfermeras). A partir de 2015, el gasto y las plantillas aumentaron pero ha sido insuficiente: todavía hay 35.000 empleos menos y el gasto sanitario público en 2018 (70.804 millones) era todavía inferior al de 2009 (72.239 millones).


Al final, estos recortes han agravado la brecha en el gasto sanitario de España (e Italia) con Europa y los paises del norte : el gasto sanitario per cápita en España es de 3.323 euros (y de 3.428 en Italia), casi la mitad que en Alemania (5.986 euros), Suecia (5.447), Austria (5.395), Dinamarca (5.288), Holanda (5.288) e inferior a Francia (4.965), Finlandia (4.228) o Reino Unido (4.070 euros por habitante). Y esto se traduce en menos médicos (3,9 médicos por 1.000 habitantes en España y 4 en Italia frente a 4,3 en Alemania), muchas menos enfermeras (5,7 por 1000 habitantes en España y 5,8 en Italia frente a 12,9 en Alemania), menos camas de hospital (3 en España por 1.000 habitantes y 3,2 en Italia frente a 8 en Alemania y 12,3 en Corea) y, sobre todo, menos camas en UCI (9,7 por 100.000 habitantes en España y 12,5 en Italia frente a 29,2 en Alemania y 12,6 en Corea), según la OCDE.


Y ahora vayamos al desigual impacto del coronavirus dentro de España. La pandemia se ha cebado sobre todo en la comunidad de Madrid (22.677 contagiados, 287,14 por cada 100.000 habitantes) y Cataluña (15.026 contagiados, 186,46), seguidas del País Vasco (5.740, 231,45 por 100.000), Castilla y León (5.414, 213,46), Castilla la Mancha (5.246 y 238,33), Comunidad Valenciana (4.784 contagiados, 87,42 por 100.000 habitantes) y Andalucía (4.682 contagiados, sólo 50,45 por 100.000 habitantes), , según los datos de Sanidad. Y de momento se han "librado" Ceuta (21 contagios), Melilla (48), Murcia (872, 55,62 por 100.000 habitantes), Baleares (958 y 79,69), Cantabria (1.023 y 167,28), Asturias (1.088 y 92,88), Canarias (1.125 y 47,18), Extremadura (1.456 y 127,47) y la Rioja (ojo: 1.629 contagios, pero el índice más alto de España, 419,51 por 100.000 habitantes).


Lo más preocupante son los muertos y aquí el índice de letalidad varía mucho por autonomías. La mayor mortalidad se da en la comunidad de Madrid (3.082 muertos, el 13,59% de los afectados, superior al 8,3% de media en España), seguida de Castilla la Mancha (539 muertos y un 10,27% de letalidad), Cataluña (1.226 muertos y un 8,15% de letalidad), Castilla y León (380 muertos y un 7.01% de letalidad) y Extremadura (sólo 100 muertos, pero un 6,8% de letalidad), . Y a la cola en mortalidad por coronavirus se sitúan Ceuta (1 muerto), Melilla (1), Murcia (20, el 2,2%) y Galicia (60 muertos, el 1,9%), mientras el País Vasco (265 muertos, 4,6% letalidad), Navarra (84 muertos, 4,17% letalidad)  y Andalucía (207 muertos, 4,42% letalidad) tienen muchos contagios pero menos mortalidad, según los datos que difundió ayer el Ministerio de Sanidad.


La segunda pregunta del millón: ¿por qué hay tanta diferencia en el impacto del coronavirus por autonomías? Los expertos utilizan varios argumentos: mayor o menor concentración de población (deportes, manifestaciones, eventos), diferente intervención a la hora de aislar primeros afectados, mayor número de ancianos en la región (caso de las dos Castillas) y distinta infraestructura sanitaria. Y aquí también, hay que recordar otro factor clave: el desigual gasto en salud y las diferentes infraestructuras sanitarias.


Todas las autonomías hicieron recortes en sanidad con la crisis, pero unas más que otras. Así, los presupuestos autonómicos en sanidad se recortaron en -3.864 millones entre 2009 y 2018, según este informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un -6,02% de media, con 9 autonomías que hicieron recortes: Cataluña (-3.328,2 millones, el -27,51%), Castilla la Mancha (-371,9 millones, el -11,83%), Aragón (-192,1 millones, el -7,96%), Extremadura (-100,3 millones, el -5,89%), Madrid (-381,2 millones, el  -4,78%), La Rioja (-18,5 millones, el-4,11%), Galicia (-79,5 millones, el -2,02%), Andalucía (-109,4, el -1,11%) y Canarias (-13,5 millones, el 0,46%).Mientras, las 8 autonomías restantes gastaban más en sanidad en 2018 que en 2009, sobre todo Baleares (+18,64%), Navarra (+9,55%), Cantabria (7.05%) y País Vasco (+4,55%). 


Al final, estos distintos recortes autonómicos han agravado la brecha en el gasto sanitario entre regiones. Así, las dos autonomías que menos gastan por habitante (2018) son Cataluña (1.153,66 euros) y Madrid (1.154,20 euros), las dos más afectadas por el coronavirus, seguidas de Andalucía (1.161,14 euros), Murcia (1.254,89) y Comunidad Valenciana (1.285), las 5 autonomías que gastan menos de la media española (1.295,82 euros por habitante), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Y a la cabeza del gasto sanitario están el País Vasco (1.690,43 euros, un 46,5% más que en Cataluña o Madrid), Navarra (1.629 euros por habitante), Asturias (1.623) y Aragón (1.520 euros). 

Esto se traduce en diferentes medios sanitarios, desde médicos y enfermeras a camas de hospital, según se detalla en este Informe de la Federación en Defensa de la Sanidad pública. Y sobre todo, en las camas en UCI : 7,4 camas en UCIs públicas por 100.000 habitantes en Madrid (más 3,5 en centros privados) frente a 9,1 en la Comunidad Valenciana, 9 en Extremadura, 8,7 en Canarias (más 2,3 privadas) , 8,6 en Aragón, 7,6 en Murcia y Castilla la Mancha frente a sólo 6,9 UCIs públicas en Cataluña (más 1,9 privadas), 6 en la Rioja, 6,8 en Andalucía y 6,9 en Cantabria.


El impacto del coronavirus no sólo es desigual entre las autonomías sino también entre los españoles, según Sanidad. Sufren más la pandemia los hombres (50,09% contagios y 62,7% de las muertes) y los mayores: la mitad de los contagiados (48%), el 68% de los hospitalizados, el 70% de los que están en la UCI y el 95,3% de los muertos  tienen más de 60 años. Y sobre todo, la pandemia se ha cebado en los mayores de 80 años: son el 59,7% de los muertos.Este mayor impacto del coronavirus entre los ancianos tiene mucho que ver con la penosa situación de las residencias de ancianos en España, dado que el 63% de los muertos por coronavirus estaban en una residencia (1.517 muertos hasta el jueves, más de 1.000 en Madrid). En España hay 5.417 residencias, con más de 300.000 ancianos alojados, el 72 % en residencias privadas, gestionadas en su mayoría por inversores extranjeros y empresarios españoles, con mínimos recursos humanos y materiales, como reflejé en un blog reciente. Y ahora han colapsado, agravando nuestra alta mortalidad.

Ahora, la emergencia sanitaria continúa, suavizando la curva de contagios en Madrid y el País Vasco, agravándola en Cataluña, Castilla la Mancha y avanzando en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía, retardando su impacto en el resto del país. Es prioritario reordenar la oferta, priorizando Madrid y Cataluña y ayudando al resto, como ha hecho Galicia prestando respiradores a Madrid. Y resulta clave ampliar las camas UCIs y los profesionales utilizando al máximo la sanidad privada, que tiene un 60% de los hospitales (460) y muchas UCIs: es una inmoralidad que cierren servicios e incluso soliciten un ERTE para 28.000 profesionales sanitarios mientras los sanitarios públicos duplican jornada y se contagian (12.298 hasta hoy). Urge ampliar los laboratorios de análisis, que son hoy un cuello de botella. Y crear de una vez una Reserva estratégica de mascarillas, guantes, batas, respiradores, medicamentos, hospitales de campaña, UCIs y personal, porque la batalla sanitaria va para largo.


Mientras, la emergencia económica avanza cada día que el país sigue confinado y paralizado. Ya empiezan a conocerse los primeros datos, que irán a más en las próximas semanas: 225.000 ERTEs el jueves pasado, que suponen 1,7 millones de trabajadores para los que se pide una paralización temporal de empleo. Y en paralelo, 1 millón de trabajadores que han sido despedidos (el 75%, trabajadores con contrato temporal) este mes de marzo, según ha denunciado CCOO. En total, nos acercamos a 3 millones de trabajadores sin empleo y que tendrán que cobrar el paro, este mes y el que viene, al menos. Y aquí, la emergencia económica es también muy desigual, porque afecta sobre todo a una serie de sectores (hostelería, turismo, automóvil, comercio y ocio) y más a unas provincias que a otras (Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, litoral mediterráneo). Y más a pequeñas empresas y autónomos que a grandes compañías. Aquí, algunas son “responsables”, como el Santander (que dice que no hará ERTEs) o Inditex (que “aguantará” hasta el 15 de abril), pero no otras con abultados beneficios, como el Corte Inglés o el Barça, que han pedido ERTEs.


Frente a este tremendo impacto económico del coronavirus, el Gobierno ha aprobado dos paquetes de medidas que permiten no pagar cotizaciones a las empresas afectadas y también a los autónomos que cierren o reduzcan un 75% su actividad (cobrarán un mínimo de 661 euros y se ahorrarán 289 en cotizaciones).Y se movilizan 200.000 millones en créditos a empresas y autónomos, con un 80% de aval público (70% en caso de grandes empresas). Además, hay una moratoria de 6 meses en el pago de hipotecas a los españoles afectados por el coronavirus y no se les podrá cortar la luz, el gas o Internet por impago. Ahora se estudian nuevas medidas para que las empleadas de hogar  (400.000) cobren un subsidio (del 70% de la base de cotización) y una moratoria en los alquileres a pymes, autónomos, empresas y particulares (asegurando que el propietario reciba el pago del alquiler con fondos públicos). Otra medida aprobada el viernes fue prohibir temporalmente los despidos por coronavirus, como hizo Italia.Y desde hoy lunes, se paralizan los trabajos "no esenciales" hasta el 9 de abril, otra "vuelta de tuerca" que puede ayudar pero que agravará la recesión.


La emergencia sanitaria ha provocado una emergencia económica ya visible y va a acarrear una emergencia social, sobre colectivos que ya habían sufrido más la crisis y que ahora serán los mayores “paganos” del coronavirus (por detrás, claro de los muertos y sus familias): parados antiguos (hay que ampliar el paro a los que se les acaba) y nuevos, madres solas con niños, emigrantes, ancianos y algunos jóvenes, pobres que ahora lo van a pasar peor. Son esos 8,5 millones de españoles que el último Informe FOESSA (Cáritas) calificaba como “vulnerables”, por su paro, empleo precario, formación o problemas de vivienda, educación o pobreza infantil. Ahora necesitan más ayudas sociales y dar recursos a las ONGs, Cáritas y la Cruz Roja. No en vano, el coronavirus ha hecho que Luis de Guindos, uno de los responsables de los recortes y ahora vicepresidente del BCE, defienda ahora la renta mínima. El Gobierno, que la había prometido, estudia implantar un ingreso mínimo vital, que será clave para afrontar la emergencia social del coronavirus.


Todas las medidas sanitarias, económicas y sociales contra el coronavirus tienen dos fases: unas son medidas urgentes, que habrá que aplicar y aumentar día a día, y otras vendrán después, cuando se acabe el confinamiento y haya que reconstruir la economía y el país. En conjunto, el esfuerzo económico será tremendo, miles de millones de euros para un país que tiene uno de los mayores déficits públicos de Europa (el -2,2%) y una elevadísima deuda pública acumulada durante la crisis (más de un billón de euros, casi el 100% del PIB). Con las medidas que hay que tomar, el déficit se puede ir al 8 y al 10% del PIB (como en 2009) y la deuda llegaría al 120% del PIB. Un esfuerzo imposible sin ayuda externa, tanto de los inversores (deuda) como de Europa.


Pero Europa no está por la labor, según se vio el jueves, en la segunda Cumbre europea por videoconferencia. Los paises ricos del norte, encabezados por Alemania y Holanda (con Austria, Finlandia, Dinamarca y Suecia detrás) no quieren oir hablar de Planes de ayuda extraordinarios a la Europa del sur, en concreto a Italia y España. Y nos dicen que ahí está el sistema de financiación del MEDE, un Fondo que puede prestar hasta 500.000 millones y del que salió el dinero para Grecia, Irlanda y Portugal y para el rescate bancario de España en 2012. Pero esto exige “pedir un rescate” y someterse a la disciplina de Bruselas, dejar que los “hombres de negro” nos intervengan la economía. Y además, pedir ayuda sólo los 2 paises sería “señalarnos” ante los mercados, que nos pedirían más por prestarnos dinero.


El italiano Giuseppe Conte y Pedro Sánchez no quieren pedir ningún "rescate", porque esta  emergencia económica es por una pandemia, no por una discutible gestión económica. Y una pandemia que afecta a toda Europa y al mundo. Por eso, España e Italia piden tres medidas. Una, que se emitan eurobonos (“coronabonos”), para financiar las necesidades de reconstrucción de ambos paises y la lucha contra la recesión que va a desplomar la economía europea (se estima una caída del PIB del -5% en 2020 en la UE-27 y del -3% en España). Eso supone emitir una deuda europea, que se podrá colocar con más seguridad y menos interés que si la colocan Italia o España. La segunda, aprobar un gigantesco Plan de reconstrucción europeo, una especie de “Plan Marshall”, para financiar inversiones públicas que ayuden a salir de la recesión. Y tercero, un subsidio de paro europeo.


Alemania, Holanda y los paises del norte han dicho no, de entrada, aunque la Comisión Europea se da dos semanas para buscar alternativas. El problema de fondo es que la Europa rica no quiere pagar más por ayudar a España e Italia, como ya pasó en la crisis de 2010-2015 con Grecia, Portugal, Irlanda y España. Pero hoy hay otra razón política: la ultraderecha es muy poderosa, en Alemania, Holanda y norte de Europa y sus dirigentes temen que si son “solidarios” con España e Italia, lo aproveche la extrema derecha y avancen en las próximas elecciones, gracias a una opinión pública cada vez más conservadora, egoísta y nacionalista. ¡Sálvese quien pueda¡


Todo apunta a que podemos esperar poco de Europa, salvo que el número de muertos por coronavirus avance en Francia (así Macron podría ponerse más a nuestro favor) o en Alemania y el norte de Europa. Sería trágico, pero nos ayudaría. Hay que “plantarse” ante Europa: así no nos vale de nada. Y si no conseguimos ayuda europea, sólo queda tomar las medidas que haga falta y ya veremos después cómo lo pagamos, con deuda e impuestos. Porque la prioridad ahora es salvar vidas, empleos y empresas. Y sin más desigualdad, que bastante hay ya. Todos a ello. Y ¡ánimo!  Parece que ha pasado lo  peor, pero esto va para largo. Aguantemos unidos.

España: retraso digital empresas y trabajadores

El coronavirus nos ha pillado muy vulnerables digitalmente, por el escaso peso del teletrabajo y el comercio electrónico. Pero el problema no es coyuntural, sino de futuro: Internet y las tecnologías digitales están revolucionando la economía y las empresas, en una nueva revolución industrial. Y en este reto, donde los paises se juegan su competitividad y empleo, España está muy retrasada, sobre todo “microempresas” y pymes: apenas usan las tecnologías digitales y no venden por Internet. Y casi la mitad de los trabajadores carecen de competencias digitales. Todo ello porque España apenas invierte en tecnología, sobre todo las empresas. La Comisión Europea alertó en febrero sobre esta “asignatura pendiente” de España, que exige más recursos y formación para no perder “el tren digital”. Antes del coronavirus, el Gobierno Sánchez preparaba un Plan de formación digital y otro para digitalizar la Administración, más ayudas a las empresas. Ahora, para la reconstrucción del país, necesitaremos más la tecnología. O logramos una economía más digitalizada o no competiremos. Nos jugamos el futuro ahora. 

enrique ortega

A nivel global, como país, España no sale tan mal parada en competencia digital. En el último “examen” realizado por la Comisión Europea, el DESI 2019, España ocupa el puesto 11º de los 28 paises UE en competitividad digital. Somos la 5ª potencia económica europea, pero en competencias digitales estamos por detrás de paises económicamente más débiles como Finlandia (el líder digital en la UE), Suecia, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Estonia, Bélgica y Malta. Pero superamos digitalmente a Alemania (el 12º del ranking), Austria, Lituania, Francia (el 15º) e Italia (el 24º en el ranking digital UE. Esto es posible porque España destaca en conectividad (el 9º de los 28), porque tenemos la mayor red de fibra óptica de Europa y la quinta del mundo, y, sobre todo, en servicios públicos digitales (somos el 4º país del ranking), básicamente por la agilidad para pagar impuestos y sacar citas médicas online. Pero fallamos en la integración de la tecnología digital en las empresas (puesto 10º), el uso de Internet (puesto 11º) y, sobre todo, en el capital humano, que carece de competencias digitales (puesto 17º de 28 paises).


Esta es la primera asignatura pendiente en el examen digital de España, la escasa formación digital de los españoles. Casi la mitad  (el 55%) de la población adulta (16-74 años) tiene competencias digitales a nivel básico y sólo el 32% las tiene por encima, mientras sólo el 58% tiene conocimientos de software (al menos a nivel básico). La realidad es que las empresas han abandonado la formación digital de sus trabajadores, como demuestran estos datos, aportados en este reciente estudio de UGT: 10,7 millones de trabajadores no se han formado nunca en competencias digitales. Y del total de la población, 12 millones (un 33,5%) no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones (21%) sólo acredita habilidades digitales básicas, lo que dificulta encontrar empleo a medio y largo plazo (un empleo más especializado) a más de la mitad de los españoles.


Además de tener unos trabajadores poco formados digitalmente, España tiene otro hándicap: tenemos pocos empleados cualificados en TIC (tecnologías de la información y comunicación): el 2,9% de todos los empleados, frente al 3,7% de media en Europa (por lo que ocupamos el puesto 18º de los 28 paises UE), según el DESI 2019. Y lo que es peor: sólo el 17,5% de las empresas españolas contratan expertos en TIC, el porcentaje más bajo desde que hay datos, según el estudio de UGT. El sindicato sale al paso del “mito” de que las empresas no contratan expertos digitales “porque no los encuentran”, aportando este dato oficial (INE): sólo un 3,3% de las empresas han tenido problemas para cubrir vacantes TIC.


Si la primera asignatura pendiente de España es la escasa formación digital, la segunda es que las empresas españolas  tienen un escaso nivel de digitalización, tanto en implantación, uso y aprovechamiento de las TIC, como en innovación y en gasto en investigación (I+D), según demuestra el documentado estudio de UGT “Digitalización de la empresa española”. Como primera conclusión, España  se encuentra en “el furgón de cola” (ocupamos el puesto 22 de 28 paises UE) de las empresas con alto nivel de intensidad digital: el 13% del total, frente al 18% en la UE-28, el 21,7% en Reino Unido, el 16,4% en Francia o el 14,8% en Francia. Y ocupamos el 24º puesto europeo ( solo por detrás de Estonia, Croacia, Hungría y Lituania) en el ranking de paises con más empresas de bajo nivel digital: el 56,8% % del total, frente al 45,8% en la UE-28, el 38,4% en Reino Unido, el 41,4% en Alemania y el 50,3% en Francia. Y hay una presencia sólo testimonial de empresas españolas en las tecnologías digitales más vanguardistas (cloud computing, big data, robots e impresoras 3D). 


Empecemos por el escaso uso empresarial de las TIC. El 99,26% de las empresas tienen ordenadores con conexión a Internet (el 98,39%), pero menos de dos tercios de sus empleados usan el ordenador para trabajar (el 60,37%) y sólo algo más de la mitad (el 53,45%) usan Internet para trabajar (y sólo el 30% de los empleados españoles usan Internet en dispositivos móviles para trabajar), según datos del INE. Esto supone “abandonar” a la mitad de las plantillas (son muy vulnerables) ante un futuro proceso de automatización de tareas.


Sólo tres de cada cuatro empresas españolas (el 78,16%) tienen página web, lo que nos coloca en el puesto 17 de los 28 paises UE. Pero es mucho menor entre las micropymes (menos de 10 trabajadores: el 95% de las empresas españolas), similar entre las pymes (75,79%) y mayor entre las medianas (88,11%) y grandes (95,60% tienen web). Pero ojo, son muchas menos las empresas que venden por Internet: un 20,36%, lo que nos sitúa en el puesto 11 de los 28 paises UE. Y sólo venden por Internet el 5,81% de las micropymes, el 18,17% de las pymes, el 28,86% de las medianas y el 41,68% de las grandes empresas. Si vamos a herramientas TIC más sofisticadas, el porcentaje de usuarios baja: 28,08% de empresas españolas que usan “la nube (“Cloud computing”), por lo que ocupamos el puesto 22 en la UE, 8,31% de empresas que utilizan el “Big data” (puesto 15 de 28 paises UE), 10,96% que usan robots o el 3,24% que usan impresoras 3D (puesto 18 en la Ue-28). Eso sí subimos al puesto 12 europeo en el uso de redes sociales por las empresas (el 52,94%, un 80% las grandes). 


La primera consecuencia de esta escasa utilización de las herramientas digitales es que las empresas no se gastan dinero en formar a sus plantillas, lo que las condena a seguir teniendo la baja formación digital ya reseñada. Y muchas veces, advierte UGT, cuando invierten en nuevas tecnologías no es para mejorar su competitividad sino para reducir costes laborales (ejemplo: cajeros o gasolineras). La otra consecuencia es que, como no apuestan por la digitalización, no invierten en ella. Es más, recortaron de tecnología con la crisis y no han  invertido apenas con la recuperación y los beneficios. Así, el gasto empresarial en TIC cayó un 25% en 2019 (de 4.300 a 3.200 millones) y es incluso menor al que las empresas hacían en 2009, según los datos del INE aportados por UGT. Además, este gasto está concentrado en grandes empresas (2.195 millones) y en dos sectores, telecomunicaciones e informática, siendo mínimo en las TIC más vanguardistas.


Si el uso de las TIC es muy escaso, y nos aboca a una situación de “irrelevancia competitiva”, tampoco estamos mucho mejor en innovación empresarial, según revela la última Encuesta de innovación de las empresas del INE (septiembre 2019). Primero, tenemos pocas empresas innovadoras: el 0,83% del total, el porcentaje más bajo desde 2005. Segundo la intensidad innovadora es inferior a la de 2010. Y tercero, esto se explica porque el gasto en innovación de las empresas se ha recortado un 25% en 9 años, pasando de un máximo de 20.000 millones en 2008 a casi 15.000 en 2017. En consecuencia, España está ahora en peor posición relativa en innovación que en 2013, en los principales índices internacionales: el índice European Innovation Scoreboard (del puesto 16 hemos pasado al 19º), en el índice Global Innovation Index (del 26º al 29º) y en el Bloomberg Innovation Index (del 27º al 30º).


En definitiva, que la recuperación económica y el aumento de los beneficios empresariales no se han traducido en una mejora sino en un deterioro de la innovación empresarial. Y no ayuda la caída de la inversión en investigación, tanto el gasto público en Ciencia (6.372 millones) como el gasto empresarial (7.729 millones en 2017, menos que los 8.074 de 2008). Ya no es sólo que las empresas gasten menos en investigación (un 0,67% del PIB frente al 0,74% que gastaban en 2008) sino que además hay un tercio de empresas menos investigando (10.179 frente a 15.049 en 2008) y tienen el mismo personal en investigación que antes de la crisis. En resumen, “una década perdida” para la investigación empresarial (2008-2018), que confirma un tremendo retraso internacional en investigación de nuestras empresas: ocupan el puesto 29 de 42 paises analizados por la OCDE y el puesto 17 de los 28 paises de la UE. Un retraso en I+D que se suma a la escasa utilización de las TIC y al retroceso en la innovación, tres frenos para afrontar la urgente transformación digital que necesita nuestra economía para competir en el mundo.


Todos estos indicadores sitúan a España por detrás de las 19 economías más digitalizadas del mundo (pilotadas por Suecia, Suiza, Reino Unido, Bélgica, EEUU y Dinamarca), encabezando el segundo grupo de paises tecnológicamente más avanzados (con Eslovenia, Japón, Corea, Portugal, Islandia y Luxemburgo), según los distintos indicadores mundiales que estudia el informe “España Nación Digital” 2019, de aDigital, que también señala el escaso talento digital y el uso de las TIC como los dos mayores problemas de España.


Este problema, el bajo nivel digital de España, es advertido por la Comisión Europea año tras año. En su último informe “España 2020”, publicado en febrero, las autoridades comunitarias alertan otra vez sobre “la escasa utilización de las nuevas tecnologías que hacen las pymes españolas” (recordemos: son el 98% de todas nuestras empresas), la falta generalizada de capacidades digitales de los españoles y la escasez de especialistas TIC (señalando que si son sólo el 2,9% de los ocupados, entre las mujeres son sólo el 1,1%). Y piden al Gobierno español, más recursos y más formación en digitalización, mientras prometen movilizar más de 20.000 millones de euros en los próximos años para que Europa “plante cara” a EEUU y China en la inexorable revolución digital.


En España, el nuevo Gobierno dice que apuesta por esta revolución digital y para demostrarlo ha creado una vicepresidencia, como pedía el sector, la vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Nadia Calviño), con dos nuevas Secretarías de Estado (Digitalización e Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales). Es un primer paso, al que seguirá la aprobación de dos Planes prometidos: una “Estrategia de Formación y Alfabetización Digital”, que mejore la deficiente formación digital actual (se preparan 40 nuevos títulos universitarios y de FP en el ámbito de las TIC), y un “Plan de digitalización de la Administración”, para facilitar los trámites burocráticos a través de Internet, con la “Carpeta ciudadana” (permite acceder a todos los trámites con las Administraciones a través de un único espacio web). Además, estudian medidas para empresas y pymes, dentro de la Estrategia Industria Conectada 4.0 y la Plataforma Hada (una aplicación gratuita que permite a las empresas autoevaluar su madurez digital).


Mientras el Gobierno prepara una estrategia digital, empresas, sindicatos y expertos piden que promueva un Pacto de Estado por la Digitalización, con recursos suficientes para la formación digital de los jóvenes (desde el colegio a la Universidad), los parados y los trabajadores, incentivando a las empresas a poner en marcha Planes de transformación digital, sobre todo en las pymes y microempresas, con el objetivo de mejorar la competitividad y el empleo a medio y largo plazo. Y garantizando que los frutos de esta transformación digital no son despidos de los trabajadores más vulnerables sino una mejora de productividad que beneficie también a los trabajadores, como pide UGT.


Y en paralelo, el sindicato pide reducir la brecha digital entre las distintas regiones españolas, porque todavía hay 13 millones de españoles, que viven en 26.767 poblaciones de más de 10 habitantes, que no disponen de un acceso a Internet de calidad, según detallan en su reciente informe “Las sombras de Internet en España”. Ahí se ve que las mayores “zonas de sombra”, con deficiente acceso a Internet, se concentran en las cuatro provincias gallegas y en Asturias, más algunas zonas de Castilla y León. Y que las regiones con menos poblaciones con mala cobertura de Internet son Baleares, La Rioja y Madrid. Por eso piden un Plan para reducir la brecha digital, sobre todo en “la España vaciada”.


Todos estos Planes para digitalizar España hay que recuperarlos cuanto antes, en cuanto salgamos de la "economía de guerra" que nos impone el coronavirus. España tiene muchas asignaturas pendientes (empleo, pensiones, educación, vivienda, servicios públicos, desigualdad, pobreza…) pero una de ellas es digitalizar la economía, prepararnos para esa tremenda revolución tecnológica que va a trastocar todo, si queremos competir y no perder empleo y nivel de vida. Todos tenemos que reconvertirnos, pero sobre todo los trabajadores y las empresas, con ayuda del Estado y la Unión Europea. Partimos de una mala situación, sobre todo en formación y utilización de las TIC, con poco gasto, así que habrá que destinar más recursos y dirigir toda la enseñanza y la formación a las nuevas tecnologías, al mundo digital. Ahí es donde van a estar cada día más los negocios y empleos. Como país, no podemos perder este tren. Nos jugamos el futuro ahora. Y más tras el tsunami del coronavirus.

Los sueldos crecen menos (y se congelarán)

La vida sigue, a pesar del coronavirus, y siguen publicándose las estadísticas económicas. La semana pasada, el INE difundió la subida de salarios a finales de 2019: un +1,8%, la menor subida en el último año, debido al debilitamiento de la economía. Y todo apuntaba a que en 2020 subirían aún menos. Pero ahora, con el coronavirus, la situación cambia drásticamente: bastante será que los salarios no caigan, conseguir que se paguen primero y luego se congelen, hasta que se reconstruyan las empresas y la economía. Pero no se puede utilizar la pandemia para devaluar los salarios, como pasó en la crisis de 2008, porque eso agravaría la recesión. Y hay que reflexionar sobre un hecho: los salarios pierden peso, han crecido menos de la mitad que la economía en 22 de los paises más ricos, incluida España, donde los salarios han perdido peso frente a los beneficios empresariales. Hay que salvar la economía tras el coronavirus y luego “repartir mejor el pastel”. No como en la última crisis.

enrique ortega

Las subidas de salarios ya se habían moderado antes de llegar el coronavirus. En los convenios firmados este año 2020, entre enero y febrero, las subidas pactadas han sido un +1,97%, inferiores a la subida acordada en todo 2019, que fue del +2,28%, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Pero estos datos no son representativos de lo que está pasando de verdad con los salarios, porque cada vez se firman menos convenios (3.536 en 2019) y afectan a menos trabajadores (10.001.480 en 2019, un millón menos que en 2018). Y eso porque muchas empresas y trabajadores (hay 16,84 millones de asalariados) no negocian convenios, sobre todo en las pymes, y hay muchos trabajadores “fuera de convenio” (eventuales, por horas, en prácticas…).


Por eso, es más representativa la subida salarial que refleja el INE, en su Encuesta trimestral de coste laboral. La última, publicada el martes pasado, indica que la subida salarial media fue del +1,8% en el cuarto trimestre de 2019, menos que en los trimestres tercero (+1,9%) o segundo (+2,1%) y similar al primero (+1,7%). Eso da una media de 2.075 euros al mes de coste salarial por empleado, más 625,98 euros de cotizaciones por trabajador y 51,74 euros de otras prestaciones.  Además, como los asalariados trabajan ahora más horas (29,4 horas semanales efectivas, un 0,3% más), resulta que el coste laboral por hora trabajada, 16,24 euros de media, subió sólo un +1,4% en 2019.


Esta subida salarial media del +1,8% no ha sido homogénea, sino que varía según las ramas de actividad: +0,7% en la industria, +2,3% en la construcción (porque faltan operarios cualificados, lo que ha subido sus sueldos) y +2% en los servicios. Y también según los sectores donde se trabaje: han subido más en la educación y finanzas (+4,8%), agua (+4,2), inmobiliarias (4,1%), administrativos y sanitarios (+3,9%) y menos en el comercio (+1,4%) y la hostelería (+1,8%), según el INE. Y por autonomías, los salarios han subido más en Galicia (+4,4%), Aragón (+4,3), Andalucía (+3,2%), Extremadura,, Navarra y Cataluña (+3%) y menos en Canarias (-1%), Castilla la Mancha y  Madrid (+0,8%), Baleares y Murcia (+1,2%), sobre todo por la menor llegada de turistas a algunas zonas.


Un dato importante, que modera las subidas de sueldos, es que los nuevos empleos llegan con sueldos más bajos que los antiguos. Así, un Informe de Adecco e Infoempleo revela que un 56% de las empresas reconocen que pagan menos a los nuevos empleados que a los antiguos que tienen en plantilla: los salarios de los trabajadores con menos de 1 año de antigüedad son, de media, un 23% inferiores a los que llevan más de 10 años en la empresa: 20.086 euros anuales frente a 28.598 euros, para el mismo puesto de trabajo. También varían mucho las subidas según las categorías, con aumentos superiores al 4% en directivos y mandos intermedios. Y en el caso de las grandes empresas del IBEX 35, la diferencia entre los sueldos más altos y el sueldo medio es de 123 veces. Y visto de otro modo: los primeros ejecutivos de estas grandes empresas ganaron 4,4 millones de euros de media frente a un salario medio de sus plantillas de 35.810 euros, según el último estudio de Oxfam Intermón.


El salario medio de los trabajadores españoles apenas aumentó entre 2008 (1940 euros de media mensual) y 2014 (1991 euros), lo que significa que cayó en realidad porque una parte se lo comió la inflación, según los datos del INE. Luego ha ido subiendo poco a poco, año tras año (cayó en 2016) para quedar en 2020 euros en 2017, 2039 en 2018 y 2075 euros de media en 2019, 135 euros mensuales más que en 2018. Es un aumento del +6,9% en once años, que se ha comido con creces la inflación (el IPC ha subido un +16% desde 2008). A lo claro: que hemos perdido un -9% de capacidad adquisitiva, que en realidad ganamos un 9% menos que antes de la crisis, a pesar de estos 6 años de crecimiento y recuperación.


El sacrificio salarial hecho por los trabajadores es evidente y no se compensa todavía con las subidas de sueldos de los últimos años, que han ido en aumento: del +0,50% que subieron de media en 2014 al +1,44% en 2017, el +1,73% en 2018 y el +2,28% de 2019. Con ello, España se sitúa por detrás de las subidas salariales en Europa, que fueron del 2,8% en el cuarto trimestre (aquí el 2,40%), según el dato publicado por Eurostat el miércoles pasado. Y además, los salarios suben menos en España que en Alemania (+2,7%), Suecia (+2,8%), Portugal (+4,4%) o Reino Unido (+2,8%), aunque más que en Italia (+1,3%) o Francia (+1,4%). Pero contando las horas trabajadas, el salario por hora en España (21,5 euros por hora) es el más bajo de los grandes paises europeos: 26,9 euros/hora en la UE-27, 43,5 euros en Dinamarca, 36,7 euros en Suecia, 35,9 euros en Francia, 34,6 euros en Alemania, 33,6 euros en Finlandia, 32,1 euros en Irlanda y 28,2 euros en Italia, según Eurostat. Y además, la “brecha salarial”, la diferencia entre el coste laboral por hora de Alemania y España ha aumentado con la crisis: si en 2008 ganábamos el 69,5% que ellos, ahora ganamos el 62,13%.


Cara a los sueldos de este año 2020, la previsión era que subieran poco, dado que la actividad iba a crecer menos este año (el 1,6% frente al 2% que creció el PIB en 2019). La previsión del Gobierno era que los sueldos subieran un 2,2% en 2020 (frente a un 2,1% en todo 2019), pero la media de los expertos ya rebajaba la subida al +1,7% y Funcas incluso al +1,1%, a la vista de la desaceleración de la economía. Pero con el coronavirus, todas estas previsiones son ahora “papel mojado”. De momento, no se negociarán apenas convenios y bastante será conseguir que las empresas paguen los sueldos este mes y los siguientes (para eso van a tener ayudas y créditos con aval público). Pero me temo que muchas empresas hablarán de su pésima situación económica para defender una bajada de  salarios para evitar más despidos. Plantearán otra “devaluación salarial” como la aplicada en 2008-2014, gracias a la reforma laboral de Rajoy.


El Gobierno y los sindicatos deben impedir que se retrase el pago de sueldos y una bajada generalizada de salarios, porque agravaría la recesión y dificultaría la reconstrucción de la economía y el país, al hundir aún más el consumo (que aporta el 60% del crecimiento del PIB). Una postura realista sería congelar los salarios actuales hasta que la situación mejore y, sólo en casos excepcionales, aceptar cobrar una parte del salario (temporalmente y recuperándolo después) para asegurar el empleo. Y en las empresas que han aumentado sus ventas con el coronavirus (supermercados, comercio electrónico, transportes y algunas tiendas), los empresarios deberían compensar con aumentos extras de sueldos, como ya han hecho Mercadona o Amazon.


La clave de esta pandemia del coronavirus es salir de ella vivos y con empleo. Y si hay que hacer sacrificios, los hagamos todos, las empresas en sus beneficios y los trabajadores en sus salarios, congelándolos temporalmente, porque si caen profundizarían la recesión. Va a ser más necesario un Pacto social entre patronales y sindicatos, con acuerdos globales pero dejando una enorme flexibilidad empresa a empresa, para que pagar los salarios no sea un motivo de cierre. Para eso debe estar, entre otros destinos,  la financiación con avales públicos del Paquete de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno.


Todos tenemos que evitar que se repita la injusticia de la pasada crisis, donde los salarios han sido los grandes paganos del ajuste. Algo que se remonta incluso a las décadas anteriores, a finales del siglo XX y todo el siglo XXI, según ha demostrado el economista Thomas Piketty en su libro “El capital del siglo XXI”: los rendimientos de capital llevan décadas creciendo más que el PIB y más que el factor trabajo. Esa es la causa del aumento de la desigualdad en el mundo. Y lo confirma un estudio publicado en febrero por la prestigiosa consultora McKinsey: en lo que va de siglo, los salarios han crecido menos de la mitad que la economía en 22 de los paises más ricos del mundo, entre ellos España. Entre 2000 y 2018, el salario medio de estos paises desarrollados creció a un ritmo anual de sólo el +0,7% frente a un alza del PIB global del 1,6%. En dos paises (Grecia y Portugal), los sueldos llegaron a caer (un -0,2% en ambos casos) y en España aumentaron sólo un 0,2%, según el estudio de McKinsey.


En resumen, que mientras la economía crecía, los salarios aumentaban menos y perdían peso, se llevaban un trozo menor del “pastel” de la economía, en favor de los beneficios de empresas e inversores. Es lo que indican las cifras anuales del PIB en España, según la Contabilidad Nacional del INE: los salarios suponían un 49,04 % del PIB en 2008 (544.126 millones de euros) y en 2019 supusieron el 45,83% del pastel (570.538 millones, 26.412 más que en 2008, pero el PIB creció más). Y en contrapartida, el excedente bruto de explotación (beneficios empresariales y otras rentas) subió ligeramente, del 43,05% en 2008 (477.690 millones) al 43,86% en 2019 (546.066 millones, 68.376 más de beneficios). Y también subía el resto del PIB, que son impuestos y otros ingresos. 


Este fenómeno, que los salarios “pierdan peso” en la economía ha sucedido en toda Europa, donde el peso de los salarios es menor que hace una década: ha caído del 56,9% sobre el PIB en 2009 (sin contar impuestos, solo salarios y beneficios empresariales) al 56,2% en 2018, según los datos publicados en febrero por la Comisión Europea. Y ahí vemos que España es el 7º país donde los salarios han perdido más peso en la economía (-4,2%) entre 2009 y 2018, sólo por detrás de Irlanda (-19,2%: una devaluación salarial que junto a las rebajas fiscales a las multinacionales explica “el milagro celta”), Croacia (-10,8%), Chipre (-6%), Portugal (-5,5%), Malta (-5,3%) y Grecia (-4,5%). Como se ve, los paises del sur y sus trabajadores son los mayores paganos salariales de esta crisis. Y enfrente, los salarios no perdieron peso en Alemania y apenas en Suecia y Austria (-0,1%), Francia (-0,2%) o Italia (-0,8%). Dos maneras muy diferentes de repartir la crisis entre los europeos.


Ahora, cuando nos viene encima otra recesión por el coronavirus, en España y en Europa, hay que intentar desde el principio que esta historia no se repita, que los sacrificios se repartan y que la reconstrucción no cargue (otra vez) sobre el sueldo de los trabajadores. Ahora hay que salvar vidas, empresas y empleos, pero mañana, cuando empecemos a doblegar al virus, hay que alcanzar un gran Pacto social, unos nuevos Pactos de la Moncloa, el acuerdo que cambió España hace más de 40 años (en octubre de 1977). Y será fundamental no sólo recomponer empresas y empleos sino mantener los salarios en lo posible, no volver a devaluarlos mientras se recuperan los beneficios empresariales, como ha pasado en la última crisis de 2008. Porque unos salarios “decentes” son "la gasolina" de la reconstrucción, que se puede iniciar cuando España vuelva a la normalidad. Hay que mirar hacia adelante, salir de este agujero del coronavirus, pero “aprendiendo del pasado”, con solidaridad y repartiendo los costes y el futuro crecimiento. Entre todos y con justicia.

"Plan de choque" histórico contra el coronavirus

El verdadero drama del coronavirus es que han muerto ya 767 españoles. Pero tras el shock sanitario, ahora estamos conmocionados con el shock económico: la actividad paralizada, miles de empresas cerradas y un sinfín de despidos, que podrían dejar sin trabajo a 2 millones de personas, 1 de cada 10 ocupados. Para contener esta emergencia económica, el Gobierno ha aprobado un Plan de choque histórico, movilizando 200.000 millones de euros, la mitad del Presupuesto 2019. Pretende ayudar a los que se queden sin trabajo, a las familias, autónomos y empresas, facilitando avales para que pidan créditos y no quiebren. Urge aplicar las medidas con rapidez y que los bancos cumplan y presten. Y presionar al BCE para que siga defendiendo la deuda española, atacada ya por "los mercados" especuladores. Cuando pase lo peor (finales de junio), hará falta un Plan de reconstrucción, para recomponer la economía de un país devastado. Y necesitaremos la ayuda europea, que ahora se escaquea. Primero, evitar la quiebra de la economía. Y luego, recomponernos, en uno o dos años. Podemos hacerlo. Ahora tenemos que salvar vidas y empleos.

enrique ortega

La preocupación de los primeros días ante el coronavirus fue la emergencia sanitaria provocada por una pandemia que parecía imparable : los contagios se dispararon de 114 el lunes 2 de marzo a 999 el lunes 9 y 17.147 contagios hoy jueves 19 (se han multiplicado por 120 en dos semanas). Y ya van 767 muertos, frente a 3.250 en China. Y todavía queda lo más duro, porque el pico de contagios (y de muertes) se espera en la primera quincena de abril, con lo que todo hace pensar que el estado de alarma (decretado el 14 de marzo) se prorrogará 15 días más, al menos hasta el próximo 15 de abril.


Pasado el primer “shock sanitario”, la evidencia de que el coronavirus es una pandemia peligrosa que exige medidas excepcionales, ahora estamos inmersos en el “shock económico”, asimilando la evidencia de que el coronavirus nos coloca en una situación de emergencia económica: miles de actividades cerradas (comercios, bares, restaurantes, hoteles, empresas, líneas aéreas), miles de empresas al ralentí y centenares de miles de trabajadores sin empleo o trabajando sólo unas horas o desde casa, en un país aislado del exterior. Cada día es un rosario de noticias sobre empresas que cierran y declaran expedientes de regulación de empleo, mientras se mantiene sólo lo básico, como en “una economía de guerra”. Y el gran temor de todos es que se pierdan empresas y empleos. Los sindicatos hablan de 1 millón de despidos, pero serán más, al menos 2 millones de empleos perdidos. Y eso si somos “optimistas” y esperamos perder temporalmente “solo” 1 de cada 10 empleos (hay 19.966.900 españoles ocupados).


Lo peor es que España no puede esperar casi nada de Europa. Los líderes europeos se han reunido dos veces por videoconferencia sin concluir más que “buenas palabras”, igual que los ministros de Economía, en el Ecofín del lunes. Lo más que se ha conseguido es su “visto bueno” para que los paises tomen medidas y gasten (aunque se salten las reglas de déficit y deuda) y que ayuden a sus empresas (algo “prohibido” en condiciones normales, para no distorsionar la competencia). A partir de ahí, la consigna es ¡sálvese quien pueda!, vuelta a las soluciones nacionales. Es lo que han hecho Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Italia ha aprobado 25.000 euros de ayudas (a empresas, autónomos y comercios)  más 350.000 millones para asegurar la liquidez, mientras “prohíbe” los despidos.Francia ha aprobado un Plan de ayudas de 45.000 millones (para pymes y familias), movilizando 300.000 millones de liquidez. Alemania garantiza liquidez “ilimitada” a sus empresas, mientras Reino Unido (que no ha aislado a la población) asegura 360.000 millones de préstamos y ayudas a empresas (10.000 libras a las pymes y 25.000 a las grandes). Y EEUU inyectará 850.000 millones de dólares de liquidez, mientras Trump (que tampoco ha aislado a la población) promete un cheque de 1.000 dólares a cada ciudadano.


En España, tras el primer paquete de ayudas a la sanidad (2.800 millones para las autonomías y un Fondo de contingencia de 1.000 millones) y a las empresas (14.000 millones de liquidez , al permitir el retraso de 6 meses en el pago de impuestos), el Gobierno aprobó el martes un Plan de choque que pretende movilizar 200.000 millones de euros  (casi el 20% del PIB español) en créditos y ayudas a familias, trabajadores, autónomos y empresas: 117.000 millones serán públicos y el resto fondos privados. Es el mayor Plan de ayuda aprobado jamás en España y supone casi la mitad del Presupuesto de gasto de  todo un año (470.000 millones en 2019). Un “bazuca” contra la emergencia económica. Analicemos las medidas con detalle.


El primer paquete del Plan de choque son ayudas a las familias, básicamente tres. La primera, moratoria (retraso) en el pago de hipotecas a las familias que estén en paro o hayan reducido ingresos por el coronavirus y a los que este pago supere en 35% de sus ingresos (la mayoría en grandes ciudades). Dado que hay 4,27 millones de hogares españoles pagando una hipoteca, la moratoria podría beneficiar, al menos, a 1 millón de familias. La segunda medida es que a estas familias, con ingresos recortados, no se les podrá cortar el suministro de agua, luz, gas o internet por no pagar los recibos. Actualmente  hay 2.8 millones de familias que retrasan el pago de los recibos, una cifra que aumentará con el coronavirus. Y la tercera medida, ayudas sociales de 600 millones para mayores y dependientes (la mitad las aportarán los Ayuntamientos).


El segundo paquete del Plan de choque son medidas de apoyo a los trabajadores afectados por el coronavirus: flexibilización para aprobar los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y que los trabajadores afectados puedan cobrar el paro (aunque no hayan cotizado suficiente), sin que compute como periodo de cobro de paro para el futuro. Además, los trabajadores tendrán derecho a reducir su jornada hasta el 100%% para cuidar a familiares afectados por el cierre de colegios o servicios sociales (tienen un día para comunicárselo a su empresa) , y será la Seguridad Social quien le pague la parte del sueldo que no reciba. Además, las empresas deben reforzar el teletrabajo y se dan ayudas a las pymes para comprar ordenadores. Y a los autónomos afectados por el coronavirus (que hayan cerrado o les haya caído su facturación un 75%), se les permite no pagar las cuotas a la SS y cobrar el desempleo (661 euros para la mayoría de autónomos, el 80% que cotizan por bases mínimas).


El tercer paquete, el más importante, son las ayudas a las empresas. Además de facilitarles los expedientes temporales de regulación de empleo (en 7 días máximo), las empresas afectadas no pagarán sus cuotas a la Seguridad Social (exención, no aplazamiento) siempre que no despidan (sí pueden hacer ERTEs temporales). Y, lo más efectivo, podrán solicitar préstamos a la banca de hasta 183.000 millones de euros, 100.000 de ellos con aval del Estado (la idea es que cuando una empresa o autónomo pida un crédito, el 80% del riesgo sea con aval del Estado y el 20% del banco). Por último, se concederán 2.000 millones de créditos para empresas exportadoras y ayudas para mejorar la digitalización de las pymes, muy deficiente. Y el Gobierno se compromete a impedir OPAS hostiles, compras no deseadas de empresas por extranjeros ahora que ha caído un tercio su valor en Bolsa.


El cuarto paquete del Plan de choque son 30 millones para la investigación de una vacuna, que se entregan al CSIC y al Instituto Carlos III. Esta inversión es básica, porque los epidemiólogos temen que el coronavirus se haga crónico y ataque de nuevo este invierno, por lo que es vital contar con una vacuna, que necesita un año para poder aplicarse.


Hasta aquí este 2º paquete de medidas, que no será el último, porque “esto es una guerra y en una guerra no se escatiman gastos”, en palabras del presidente Sánchez. Casi todo el mundo considera que el Plan de choque es “suficiente”, aunque muchos pidan más medidas para los autónomos y una moratoria en los alquileres. Pero este es un Plan público. Ahora hace falta que las empresas y la sociedad tomen medidas para reducir el impacto del coronavirus: las empresas, despidiendo lo menos posible y siendo “razonables” con clientes y proveedores. Los propietarios de pisos, no asfixiando a sus inquilinos con problemas. Los bancos con sus deudores. Y, en general, todos rebajando sus exigencias para que el país no se pare. Y que los daños de esta emergencia económica sean los menores posibles.


Con todo, la clave del Plan de choque es que sea ágil y efectivo. Que el Ministerio de Trabajo y las autonomías faciliten los expedientes de regulación de empleo y que las Oficinas de Empleo (físicamente cerradas) tramiten rápido de forma telemática las ayudas a los nuevos parados, para que cobren cuanto antes: cobrarán el 75% de su base reguladora (los primeros 6 meses y luego el 50%) los que hayan cotizado suficiente y 430 euros mensuales los que no y reciban entonces una prestación asistencial. Y, sobre todo, que los bancos sean ágiles y faciliten los créditos que necesitan empresas y autónomos para sobrevivir y no quebrar. Los bancos, a los que salvamos todos en 2012 (con un rescate público de 65.725 millones que no vamos a recuperar), están ahora más saneados y pueden contribuir decisivamente a salvar la economía y las empresas, lo que mejoraría su pésima imagen social. Y por último, es fundamental la colaboración de los sindicatos y, sobre todo, la patronal, para dar ejemplo a la hora de afrontar esta emergencia económica, con una prioridad: salir de ella con empresas vivas y empleos salvados. Habrá que denunciar a los que aprovechen esta emergencia para especular con la necesidad y para “limpiar plantillas” injustificadamente. El Gobierno debe estar muy vigilante.


La emergencia económica va a ser de una envergadura inimaginable y va a poner “patas arriba” la economía española y mundial. Muchas empresas y trabajadores caerán, aunque hay que intentar que sea temporalmente. Se trata de aplicar lo mejor posible el Plan de choque y que cada uno minimice los daños en su entorno. Porque cuanto menos sufra la economía, menos dura será la recuperación. Cuando pase lo peor de la pandemia, quizás a finales de junio, habrá que pensar en la reconstrucción de un país que va a quedar devastado económica y socialmente. Y ahí, vamos a necesitar un enorme consenso político interno, para aprobar un Presupuesto de reconstrucción para 2020-21. Y forzar un cambio político en Europa, para que la UE apruebe un Plan Marshall contra los efectos del coronavirus

Pero antes Europa, en concreto el BCE, ha tenido que salir en ayuda de España (y de Italia), como en 2012, porque los “buitres” de los mercados, los inversores internacionales, estaban aprovechando el coronavirus para pedir más interés por comprar la deuda de España, que este año tiene que colocar 196.504 millones nuevos . Por eso, ayer, el bono a 10 años ya tenía un interés del 1,30%, cuando una semana antes (miércoles 11) se colocaba al 0,23%. Y volvimos a hablar de la prima de riesgo (la diferencia que hay que pagar sobre el interés de la deuda alemana), que superaba ayer el 1,50% (154 puntos básicos). Empezó "el baile de los mercados" contra la deuda española (e italiana), como si no tuviéramos bastante con el coronavirus. Un problema tan serio que esta medianoche, el BCE se ha reunido de urgencia y ha decidido sacar toda la artillería: va a comprar 750.000 millones de deuda pública y privada europea, sobre todo de España e Italia, para bajar los tipos y echar un pulso a los especuladores. Y ha surtido efecto: esta mañana, el tipo del bono español a 10 años bajaba al 0,751%, la mitad que ayer. Y bajará más. Pero el BCE debe seguir ahí, vigilante y con el cañón preparado...

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Son días muy duros para todos y “lo peor está por llegar”, advierte el presidente Sánchez, tanto en la emergencia sanitaria (con más contagios y más muertos) como en la emergencia económica (con miles de empresas que cierran y más de un millón de trabajadores temporalmente sin empleo). Un grave panorama que sólo podemos lidiar con unidad, paciencia, comprensión y mucha solidaridad, intentando reducir y paliar los daños económicos y sociales. Manteniendo la calma y con responsabilidad, cada uno en su ámbito. 


Resistiremos y saldremos adelante. Seguro. No tenemos otra alternativa. La clave es cómo hacerlo con el mínimo coste en vidas, empresas y empleos. Y cuando veamos la salida del túnel, hay que seguir unidos para la reconstrucción del país y la sociedad, para afrontar uno o dos años de difícil recuperación, para aprender de los errores del pasado y construir un futuro mejor, apuntalando nuestro Estado de Bienestar y nuestras instituciones públicas, que son lo que nos está salvando del caos. Pero eso será dentro de unos meses. Ahora hay que pensar en salvar vidas y empleos como sea. Sigamos colaborando cada uno, quedándonos en casa, y aguantando el tirón. Mucho ánimo a todos.