Los cuidados, el gran reto social pendiente

Siguen las protestas de profesores y médicos por las deficiencias en la sanidad y educación, pero nadie protesta por la desatención de nuestros mayores, que esperan meses para recibir una mínima ayuda o servicio para su dependencia. Y muchos se mueren antes de recibirla. A punto de cumplirse los 20 años de la Ley de Dependencia, el balance es muy preocupante: 3 de cada 4 mayores dependientes no reciben una atención efectiva y tampoco 2 de cada 3 con limitaciones severas. Los expertos reiteran que falta financiación para la Dependencia y que para ampliar las ayudas y que sean más eficaces, habría que gastar en los cuidados 12.000 millones más al año, el doble que ahora. Un reto que hay que afrontar porque España es uno de las paises más envejecidos de Europa y cada año habrá más dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán casi el doble (5,8 millones) y muchos necesitarán cuidados. No podemos dejarles tirados.

                               Enrique Ortega

España tiene un grave problema estructural del que casi nadie habla: el envejecimiento creciente de la población, propiciado por el aumento de la esperanza de vida, que es la más alta de Europa: 84,3 años de media, frente a 81,7 en la UE-27. Y esa esperanza de vida seguirá aumentando, hasta alcanzar los casi 87 años en 2050 y los 88 años en 2071, según las previsiones del INE. Con ello, tenemos y tendremos cada vez más personas mayores, muchas de ellas dependientes y necesitadas de cuidados. Así, si hoy hay 10,2 millones de mayores de 65 años, en 2050 serán ya algo más de 16 millones. Y los mayores de 80 años, un tercio de los cuales pueden ser dependientes, pasarán de ser 3 millones ahora (2025) a ser casi el doble en 2050 (5.811.396 personas mayores de 80 años, de ellos, 95.095 mayores de 100 años).

Estas elevadas cifras de mayores y ancianos suponen un gran reto para el país y sus familias. Desde hace décadas, todas las políticas públicas reconocen que el cuidado de los mayores dependientes no es una responsabilidad privada (de sus familias) sino “un derecho social”, un servicio público para la cohesión social y el propio funcionamiento del sistema económico. Y por eso, los paises desarrollados han implantado “políticas públicas de cuidados”, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. En España, en 2006 se aprobó la Ley de Dependencia (295 votos a favor, 15 en contra y una abstención), que entró en vigor el 1 de enero de 2007 y cumplirá ahora 20 años.

El balance de esta Ley de Dependencia tiene claroscuros, siendo más negativo que positivo, según el reciente estudio de CENIE. Por un lado, en estos 19 años largos se ha atendido a 4 millones de dependientes (la mayoría mayores), aunque otro millón se ha muerto antes de recibir alguna ayuda. En líneas generales, hay un exceso de burocracia en el reconocimiento de la dependencia y en la concesión de las ayudas (la espera media era en abril de 325 días, cuando la Ley marca 180 días), lo que provoca que muchos dependientes se mueran antes de recibirlas (4 de cada 5 tienen más de 80 años). Y además, las autonomías (que gestionan las ayudas a la Dependencia) ofrecen cada vez más ayudas y servicios “low cost” (escasas y de poca calidad), para llegar a más dependientes con un gasto que apenas crece. Y además, existen grandes diferencias en la atención a la dependencia por autonomías, unas con más dependientes desatendidos que otras. Como problema de fondo, los expertos denuncian la infrafinanciación del sistema, la falta de recursos públicos desde su nacimiento y ahora.

Los últimos datos de la Dependencia, del IMSERSO, en abril de 2026, concretan estos problemas estructurales del sistema. Primero, la persistente desatención: había 268.850 dependientes desatendidos a finales de abril (+6.897 que en diciembre), 116.762 pendientes de que se les reconozca una dependencia y su grado (I,II y III, los “grandes dependientes”) y otros 152.088 dependientes que tienen reconocida alguna ayuda o servicio pero que están “en lista de espera” para recibirlos (en el “limbo de la Dependencia). Una parte de ellos mueren esperando esta ayuda que tienen reconocida: murieron esperando 8.996 dependientes en el primer trimestre de este año y 32.704 en todo 2025, según los Directores de Servicios Sociales. El problema no es sólo que estas “listas de espera” hayan crecido en 2026, sino que son muy desiguales por autonomías. Primero, en el tiempo de resolución de expedientes (325 días de media): son 551 días en Murcia, 457 en Andalucía,391 en Asturias, 354 en Canarias o 350 en Madrid, frente a 117 en Castilla y León o 117 en Aragón. Y la lista de espera de las ayudas (esos 152.088 dependientes) se concentra en Cataluña (48.695), Andalucía (32.888), Comunidad Valenciana (16.129), Madrid (12.914) y Murcia (10.399).

El 2º problema de fondo, tras los retrasos y esperas, es que las ayudas son escasas y de poca calidad, ayudas “low cost”, para tratar de llegar a más dependientes con poco coste. A finales de abril, había 1.708.812 dependientes “atendidos”, la mayor cifra de estos 19 años, pero la mayoría recibía una ayuda económica escasa: 760.432 dependientes (el 30,87% del total) recibían una prestación económica por ser atendidos por sus familias, una prestación muy insuficiente: 259,84 euros mensuales de media, según el estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado III (que requieren cuidados las 24 horas…). Actualmente, hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares, fundamentalmente mujeres (4 de cada 5 cuidadores), que han tenido que dejar sus trabajos y reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la recibían 659.786 dependientes en abril, el 26,78%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atención (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio : la reciben 406.880 dependientes (el 16,52%), con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas diarias. Y encima hay grandes desigualdades por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 53,5 horas en Galicia o 25,6 horas mensuales en Castilla la Mancha y Cataluña). Y casi todas incumplen las horas mínimas que fijó un Decreto en 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 horas para Grado II y de 65 a 94 horas para Grado III).

El 4º servicio o ayuda que reciben más dependientes es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten ellas el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y de pagar poco (entre 100/313 euros, 150/445 euros y 200/747 euros, según los Grados), sólo una parte del coste real de  los servicios: el resto lo pagan las familias (son los “copagos” de la dependencia). Reciben este “cheque”  242.168 dependientes, el 9,83% del total, aunque la fórmula ha ido creciendo y es muy mayoritaria en Extremadura (la reciben el 45% de los dependientes), Castilla y León (25,50%) y  Canarias (36,71% dependientes). Casi la mitad de estos cheques (106.568) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Sigamos con otros servicios y ayudas a los dependientes, los más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben 188.002 dependientes, el 7,63%), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentran: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más ofrecido son los Centros de día y noche (lo reciben 111.632 dependientes, el 4,53% del total).

Al final, el balance de estos 19 años de Ley de Dependencia refleja que se trata de “un derecho cojo”, que deja a muchos dependientes desatendidos (el 11,5% esperan que les reconozcan un grado o les llegue la ayuda reconocida, porcentaje que alcanza al 24% en Canarias, el 19,2% en Cataluña, el 18,8% en Murcia , el 15,8% en Asturias y el 14,4% en Extremadura) y que concede escasas ayudas económicas y servicios “low cost” a los atendidos. Pero lo más preocupante es que el sistema de la Dependencia, la 4ª pata (coja) del Estado del Bienestar deja a muchos dependientes fuera: casi las tres cuartas partes (el 72,4%) de los mayores de 65 con alguna limitación no reciben ayudas y 2 de cada 3 mayores con limitaciones severas (el 63,1%) carecen del apoyo público adecuado, según el estudio de CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento).

Esta desatención a los mayores dependientes obliga a realizar un enorme esfuerzo a sus familias, tanto económico como de tiempo, especialmente a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres, esposos o hijos dependientes (recordemos: 4 de cada 5 cuidadoras son mujeres), lo que hunde en muchos casos sus carreras profesionales y sus pensiones. El coste para una familia de atender a un dependiente supone unos 10.105 euros anuales, según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero el coste es mayor en muchos casos: atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank, que estima que las familias asumen el 87% de este gasto (20.880 euros), financiando el sistema el 13% restante. En los últimos años, las familias con dependientes han visto que, a pesar de las ayudas, tienen que hacer copagos más altos. De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del coste total de los servicios de la Dependencia (11.847 millones). Mucho más que los copagos en educación y sanidad.

Visto lo visto, el estudio de CENIE y los balances de los Directores de Servicios Sociales (DGSS) coinciden en un punto: la principal causa de la desatención a los dependientes es la falta de financiación a la Dependencia, desde 2007 que se inició el sistema hasta hoy (agravado por los recortes de Rajoy, -6.321 millones a la Dependencia entre 2012 y 2020). Y como en las próximas décadas se van a duplicar los dependientes (recordemos: habrá 5,8 millones de españoles mayores de 80 años en 2050), hay que plantearse aumentar el gasto en Dependencia. El estudio CENIE propone duplicar el gasto actual en Dependencia (12.000 millones en 2025, el 0,71% del PIB) para 2030, hasta los 24.000 millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, todavía menos de lo que se gastan ahora en Dependencia los 38 paises de la OCDE (1,7% del PIB), en Paises Bajos (4,1%) o en Suecia (3,7%). Y aunque supone duplicar el gasto, todavía queda lejos de lo que España gasta ahora en pensiones (190.000 millones), sanidad (105.000 millones) o educación (75.000 millones).

Los expertos reiteran que el coste de la Dependencia no es un gasto sino una inversión, porque tiene un gran impacto en la economía : por cada euro destinado a la Dependencia, el impacto en la economía (en sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria, energía y actividades profesionales) es de 1,6 euros, según el estudio de CENIE. Y además, por cada euro gastado en Dependencia retornan 0,49 euros en ingresos por cotizaciones sociales e impuestos. Actualmente, el sector de los cuidados emplea a 770.760 trabajadores  (328.544 en atención residencial) y se estima que podría dar trabajo a 440.000 más para 2030 si se mejora y generaliza la atención a la Dependencia. Además, los cuidados informales (en el hogar) a los dependientes suponen una importante “economía invisible”, que no se cuantifica en el PIB (aporta entre 60.000 y 79.000 millones anuales).

Pero no se trata sólo de gastar más en Dependencia. El estudio de CENIE y los expertos coinciden en que urge hacer dos cambios de fondo en el sistema. Uno, mejorar la gobernanza, reduciendo la excesiva burocracia actual (hay dos procesos, uno para reconocer la dependencia y otro para evaluar y aprobar las ayudas) y simplificando los expedientes, para “universalizar” la atención,  estableciendo además unos estándares mínimos para reducir las desigualdades regionales. Y el otro, cambiar el modelo de asistencia y ayudas, para priorizar los servicios profesionales frente a las ayudas económicas, aumentado coberturas y calidad, impulsando la asistencia personal y fomentando la atención en el hogar frente a las residencias, que deben ser más pequeñas y atractivas. Y en este camino, resulta clave reducir la precariedad y mejorar la formación, profesionalidad y salarios del personal que atiende a los dependientes.

En resumen, ante un envejecimiento imparable en España, urge avanzar hacia un sistema de cuidados universal, equitativo y sostenible, lo que exige duplicar el gasto actual y modificar radicalmente la gestión actual de la Dependencia, para hacerla más ágil y eficaz, un cambio que exige pactarlo entre el Gobierno y las autonomías (algo hoy inviable). Hay que tomárselo en serio y crear un sistema de atención a la Dependencia más eficaz, que afronte el reto de duplicarse los dependientes para 2050. Hoy tenemos un derecho social que no se garantiza, por falta de medios. Si queremos reforzar el Estado del Bienestar, no sólo hay que pensar en la sanidad, la educación o las pensiones. Hay que pensar en el futuro de nuestros mayores. No podemos dejarles “tirados”.