Formación escasa, inútil y con mucho fraude

El fraude en los cursos de formación en Madrid y Andalucía ha hecho saltar por los aires el sistema de formación a trabajadores y parados, que pagan con sus cuotas empresas y empleados. No sólo hay poco control, sino que estos cursos son muchas veces obsoletos, largos e inútiles, sobre todo para los parados (sirven, eso sí, para que salgan de las listas del paro mientras los hacen). Y además, el 82% de las empresas no utilizan las ayudas para formar a sus empleados. Algo especialmente grave en un país con el doble de paro que Europa y donde el 46 % de la población tiene un nivel de formación baja (el doble que en la UE). Ahora, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y patronal una reforma de la formación, para hacerla más eficaz y transparente. Pero hacen falta más recursos para formación, recortados un 25% desde 2009. Sin formación no hay empleo estable.
                     

La formación es la principal asignatura pendiente de España, incluso sin tener el doble de paro que Europa: casi la mitad de los españoles (46%) entre 24 y 64 años tiene un nivel educativo básico (no superan la primera etapa de la ESO), casi el doble que la media europea (24%), según la OCDE (2011). Y eso es especialmente grave porque el futuro va a exigir trabajadores más formados: para el año 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para trabajadores con niveles medios, el 35 % para niveles altos y sólo quedará un 15% para niveles bajos, según un estudio del CEDEFOP. Si esto es así, a España le pillará sin preparación, porque nos sobran trabajadores con niveles bajos de formación (42%) y nos faltan de niveles medios (23%), aunque estamos en línea con la educación superior (35%). Además, una de las mayores debilidades de nuestro mercado laboral es la falta de competencias básicas (idiomas, informática, matemáticas, competencias personales, espíritu emprendedor) de los españoles: un 35% de los ocupados y un 54 % de los parados carecen de ellas.

Un panorama desolador, frente al que España esgrime un escaso esfuerzo en formación. Se gasta poco y menos cada año, por los recortes: 1.815 millones este año 2014, un 25% menos que en 2009 (2.413 millones). Y de este Presupuesto para formación, el Gobierno Rajoy ha quitado este año unos 200 millones para desviarlos a políticas activas de empleo (bonificación de cuotas, trabajos de parados, prácticas en empresas, emprendedores…), según denuncian los sindicatos. Con ello, serán 1.614 los millones para formación, destinados a trabajadores ocupados (899,5 millones), parados (654,6 millones) y empleados públicos (60 millones). Un dinero que procede casi en su totalidad de las cuotas  a la Seguridad Social de empresas (0,6%) y trabajadores (0,1%) por formación profesional (1.777,6 millones), más el dinero procedente de Europa (Fondo Social Europeo). Y con el que hicieron cursos de formación 3.402.100 trabajadores ocupados y 207.407 parados en 2012.

Un tercio de estos Fondos para la formación (580 millones) se les da a las empresas, como bonificación de cuotas a la SS, para que organicen cursos de formación para sus trabajadores y les den permiso para hacer cursos fuera (el sistema les paga el sueldo cuando faltan). En 2012, 459.620 empresas se beneficiaron de estas ayudas a la formación, pero la mayoría de empresas no hacen cursos. De hecho, entre 2005 y 2009, el 82% de las empresas españolas no utilizaron estas ayudas a la formación y se han perdido 835 millones en estos cuatro años, según la consultora Garben. Las pymes son las que menos hacen cursos de formación (26,9% de las micropymes y 61% de las pymes) y las que más las grandes (91,8%).

Los dos tercios restantes del dinero para formación se canalizan a través de sindicatos y patronal (250 millones) y, sobre todo, de las autonomías, que gestionan con el SEPE (antiguo INEM) el dinero de los cursos para parados (654,6 millones), donde también participan sindicatos y patronal. Aquí es donde se han detectado los fraudes (con alumnos inexistentes y dinero desviado a pagar sueldos y gastos de patronales y sindicatos), en Madrid (15 millones de fraude y 14 detenidos) y Andalucía (7 millones de fraude). Los sindicatos se defienden, diciendo que ellos sólo controlan el 6,24% del dinero (3,06 CCOO y 3,18% UGT) que gestiona la Fundación Tripartita (888 millones en 2014) y que la mayoría se lo reparten la patronal (7%), los autónomos (2%) y los centros privados de formación (6%). Pero no incluyen aquí que también participan en los cursos para parados, el otro tercio del pastel. Y aunque hay teóricos controles sobre todos los cursos, las auditorías son parciales y no en profundidad.

En definitiva, se gasta poco en formación y se gasta mal. En España, hacen formación continua menos del 25% de trabajadores (no llegan a 4 millones, entre ocupados y parados), frente a un 40% de media que se forman en Europa (y un 55% en Alemania). Y se gasta mal, porque las empresas que hacen formación (con las cuotas de todos) la centran en directivos, mandos intermedios y técnicos y no en los que más la necesitan, los empleados menos cualificados, jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, según denuncian los sindicatos. Además, la mayoría de los cursos son presenciales (sólo 18,2% son a distancia, más un 9,9% de tele formación) y centrados en cuatro ramas (58% cursos): administración y gestión, comercio y marketing, seguridad y medio ambiente y servicios socioculturales.

Peor están los cursos para parados (58% tienen poca formación), que han sufrido un duro recorte: si en 2009 se destinaban 1.017 millones, ahora se gasta un tercio menos, 654,6 millones, aunque hay 2,7 millones de parados más. Y cada vez son menos los parados que hacen cursos: si en 2009 eran unos 600.000, ahora son la tercera parte (207.407 en 2012, según la Fundación Tripartita). Se ofrecen menos cursos, demasiado largos (dos tercios son de más de 200 horas y el 42% entre 200 y 400 horas), quizás porque eso baja las estadísticas del paro: cuando hacen cursos, los parados salen de las listas. Además, muchos de estos cursos tienen contenidos y métodos de aprendizaje obsoletos, siendo casi en exclusiva presenciales. Y no se hacen segmentando a los parados según su formación, con lo que están haciendo estos cursos los parados con más formación y no los que más los necesitan. Además, por su mala organización y dispersión (17 autonomías), los cursos para parados cuestan 6 veces más que el resto de cursos de formación, según un estudio de Élogos.

Los escándalos de los cursos de formación en Madrid y Andalucía han forzado al Gobierno a cambiar el sistema, en el que se han sentido cómodos sindicatos y patronal los últimos 20 años. La reforma, que el Gobierno quiere aprobar esta primavera, pretende abrir los cursos a cualquier empresa de formación y hacer más transparente y controlado el proceso, incluyendo un buzón de denuncias. Y los sindicatos proponen crear una Agencia nacional de Formación Profesional y que los centros públicos de FP impartan más cursos en el futuro. Un problema grave a resolver es la descoordinación, ya que gran parte de la formación (a parados) depende de las autonomías, que han creado 17 diferentes sistemas. Y hay que fomentar, con incentivos fiscales, el gasto de las propias empresas en formación, que ha caído a la mitad.

Hay que gastar mejor en formación, con más controles contra el fraude y sobre todo más controles de eficacia, para que los cursos ayuden a encontrar trabajo y mejorar el empleo. Pero, sobre todo, hay que gastar más: dedicar 1.815 millones de euros (80 euros al año por español en edad de trabajar) es una miseria que no nos debemos permitir, cuando hemos gastado 25 veces más en sanear la banca. Habría que dedicar el doble de recursos, con más eficacia y transparencia, si queremos mejorar la mala formación de los españoles. Porque sin formación, no hay ni habrá empleo estable. En la formación está nuestro futuro.