España sigue creando mucho empleo, pero las empresas
también despiden más que nunca: más de 2 millones de
trabajadores perdieron su empleo en 2025 por despidos disciplinarios, causas
económicas o incumplir el periodo de prueba. Una cifra que, desde 2023, duplica
los despidos que se hacían antes de la reforma laboral.
Parece que las empresas utilizan estas tres vías para renovar sus
plantillas, para despedir a empleados (la mayoría con contrato fijo)
ahora que no pueden hacer tantos contratos temporales. Y lo hacen, además,
porque les sale barato: el 54% de estos despidos “encubiertos” no se
indemnizan (coste cero). Los sindicatos lo denunciaron a
Europa en 2022 y, en 2024, el Consejo de Europa les dio la
razón, pidiendo subir indemnizaciones a estos despidos. En
octubre pasado, el Gobierno intentó pactar una reforma con
sindicatos y empresarios, pero la patronal se levantó de esa mesa
y no quiere negociarlo. Ahora, los sindicatos tienen como prioridad
reformar y encarecer el despido (indemnizaciones de 3 a 6 meses)
para frenar abusos.
Este gran dinamismo del mercado de trabajo español y
la fuerte creación de empleo neto (+2.496.400 ocupados desde 2019) oculta
un dato llamativo: las bajas a la Seguridad Social se
han disparado en los últimos 4 años, tras la reforma laboral de
2021 (en vigor desde 30 de marzo de 2022): de ser poco más de 1 millón
en 2021 se saltó a 1,75 millones en 2022 y 1,96 millones en 2023,
para superar
los 2 millones las bajas anuales en 2024 y 2025. Y en los dos primeros
meses de 2026 han seguido creciendo, superando las 300.000 bajas, la mayoría por
despidos disciplinarios o por causas objetivas (153.741 en enero y febrero)
y otros 141.157 despidos por no superar el periodo de prueba, un despido
que se
ha multiplicado por 13 desde la reforma laboral.
Los sindicatos y
muchos expertos consideran que las empresas utilizan estas vías para
realizar “despidos
encubiertos”, una “puerta trasera” para cambiar
trabajadores y rotar plantillas, ahora que la reforma laboral les dificulta
los contratos temporales. Y denuncian además, que este tipo de bajas permiten
a las empresas “quitarse trabajadores” con muy poco coste. De hecho,
los
datos de la SS revelan que el 54,3% de las bajas por despido hechas
en 2025 fueron por despidos disciplinarios, que no conllevan el
pago de indemnización. Y todas las bajas por no superar el periodo de
prueba (1.023.345) no tuvieron ningún coste para las empresas.
Hasta la reforma laboral, las empresas
utilizaban los contratos temporales para “probar” nuevos trabajadores y
“rotar sus plantillas”: los contrataban por días, semanas o meses y
luego les daban de baja, con poca o nula indemnización. Pero con la reforma
laboral de 2021, se han disparado los contratos indefinidos (el
41,18% de los hechos en 2025) y ahora
las empresas buscan las vías para poder despedir también a estos
trabajadores “fijos”. Y lo
consiguen: el 99% de todas las bajas por despido de 2025 se hicieron
a trabajadores con contratos indefinidos. Y el 73% de los
despidos por no superar el periodo de prueba se hicieron a trabajadores
con contrato indefinido. Y lo
mismo este 2026.
La “primera puerta” que usan ahora muchas
empresas para quitarse empleados y rotar plantillas son las bajas
de trabajadores por no superar el periodo de prueba. Siempre
ha habido “ periodos de prueba” en los trabajos (se deben fijar por escrito
en el contrato y las concretan los convenios, aunque suelen ser de 6 meses para
los titulados técnicos y 2 meses para el resto). Y siempre ha habido
trabajadores que no los superaban. La novedad ahora es que las bajas
por no superar el periodo de prueba se han disparado, sobre todo tras
la reforma laboral: si hubo 444.722 bajas por este motivo en 2020 y 552.748 en
2021, en 2022 hubo 893.960 (+61,7%) y 976.141 en 2023 (+9,2%). En 2024,
volvieron a subir a 999.919 despidos, marcando otro
récord en 2025 (1.023.345 bajas por no superar el periodo de
prueba, 4 veces las de 2021). Y siguen creciendo en 2026 (141.157 en
enero y febrero).
Estas bajas por no cumplir el periodo de prueba son casi
gratis para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a
cobrar una indemnización al irse y sólo recibirá los sueldos pendientes y
la parte correspondiente de pagas extras y vacaciones. Y con ello, pueden
utilizar esta “puerta” para rotar su plantilla y coger otro trabajador, ahora
que es más difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido puede
reclamar a Magistratura, si cree que el despido ha sido injusto, pero si
ha estado poco en la empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará
contratar un abogado e ir a juicio, por una baja indemnización (33 días
por año en caso de despido improcedente o algo más si la empresa pacta para no
ir a juicio).
La “segunda puerta” que las empresas utilizan
para realizar “despidos encubiertos” son los
despidos disciplinarios individuales, que se justifican por “un
incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por varias causas que
fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores: faltas repetidas
de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o
físicas al empresario o a otros trabajadores, “transgresión de la buena fe
contractual o abuso de confianza” (sic), disminución continuada y voluntaria en
el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?), embriaguez habitual o
toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual… Estos despidos
disciplinarios se han hecho siempre, pero las estadísticas alertan del salto
tras la reforma laboral: pasaron de 188.933 bajas en 2021 a 367.705 en 2022
y 537.165 en 2023. Y subieron a 563.673 en 2024 y a 526.613
en 2025 (casi triplican los de 2021). Y son ya 81.521 despidos entre enero
y febrero de 2026.
Este despido disciplinario sale
también barato para las empresas en la mayoría de los casos, porque el
trabajador despedido no tiene tampoco derecho a indemnización. Puede
recurrirlo judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi
imposible), pero sólo cobrará 33 días por año trabajado (con límite de 24
meses) o algo más si pacta con la empresa para no ir a juicio. Pero si el
despedido lleva poco tiempo trabajando (estos despidos disciplinarios se
aplican más a los que tienen poca antigüedad), tendrá que pensarse si le
compensa reclamar. Y muchas veces, a la empresa sí le compensa
pagar una baja indemnización a cambio de poder contratar a otro empleado (más
barato).
La “tercera puerta” utilizada para hacer
despidos “encubiertos” son las bajas
individuales por motivos objetivos, por “causas económicas,
técnicas, organizativas o productivas (causas ETOP). Tras la pandemia, el
gobierno Sánchez frenó estos despidos “por causas económicas” de las empresas,
abriendo la vía de los “ERTE” (“aparcar” trabajadores un tiempo, pagándoles el
desempleo, hasta que mejorara la situación del sector o empresa). Después, muchas
empresas han utilizado el argumento de las causas económicas para despedir a
trabajadores. Otra vez lo revelan las estadísticas, a pesar del fuerte
crecimiento de la economía, las ventas y los beneficios empresariales: se pasó
de 159.362 bajas por despido colectivo en 2021 a 394.926
bajas en 2023 (más del doble). En 2024 fueron ya 418.899 despidos y en
2025 subieron a 442.346
despidos “objetivos”. Y este año 2026, entre enero y febrero, se
han hecho ya 72.216 despidos (el 89% a trabajadores “indefinidos”).
Todavía hay una “cuarta puerta” para los
despidos encubiertos, según los sindicatos. Están contabilizadas en la SS como “bajas
no voluntarias por otras causas”, un verdadero “cajón de sastre”
donde se incluyen despidos al margen de las causas anteriores y sobre los que hay
poca información. Son muchas bajas: eran 1.724.757 bajas en 2023, una
cifra similar a la de 2021 (1.732.795). Pero en
2024 saltó la alarma: fueron 2.020.765 bajas (+17,6%) y se
dispararon en 2025
a 2.951.025 bajas “por otras causas”.
Al final, entre estas 4 puertas, se pierden 5
millones de contratos cada año (casi un tercio de todos los contratos que
se hacen), aunque el paro total baja en
España (hay 689,051
parados registrados menos que antes de la reforma laboral) porque sigue
habiendo oferta de nuevas empleos y crece la ocupación general, a
costa de una mayor rotación de trabajadores. Los sindicatos
denuncian que este aumento de los despidos “encubiertos” los sufren ahora otros
trabajadores: la reforma laboral ha provocado que los
despidos de trabajadores “indefinidos”, que ya eran mayoría
antes (72% del total en 2021) lo sean
aún más ahora (suponen el 93% de estos despidos encubiertos) y que bajen los
despidos de los trabajadores temporales (del 28% del total en 2021 al 7% ahora).
En resumen: la reforma ha conseguido que haya muchos más trabajadores
“indefinidos”, pero les ha hecho más vulnerable a los despidos,
sobre todo los nuevos contratos.
Los sindicatos creen que este aumento de despidos
“por la puerta de atrás” se debe a que son muy baratos o gratis para las
empresas. Y por eso, consideran que sólo pueden frenarse si se
aumenta la indemnización que deben pagar. La reforma laboral de Rajoy
en 2013 bajó la indemnización por despido, de 45 a 33 días por año (y redujo el
máximo de 42 mensualidades a 24). La reforma laboral del Gobierno Sánchez,
aprobada en 2021, no
quiso tocar estas indemnizaciones, para conseguir el apoyo de la
patronal. Y porque España
está en linea con las indemnizaciones de otros paises europeos.
Pero hay un problema: la indemnización por despido es alta para un empleado
con antigüedad, pero esos 33 días por año son una miseria para un
trabajador al que le despiden con uno o dos años de contrato.
Para evitar este abuso de los despidos de
indefinidos tras la reforma laboral, UGT
presentó una denuncia, en marzo de 2022, ante el Comité de Derechos
Sociales del Consejo de Europa, a la que se sumó CCOO a finales de 2022. En su argumentación
jurídica, UGT reiteró que la indemnización por despido en España
“no compensa a los trabajadores despedidos que llevan poco tiempo empleados”
y que hay vías de despido (las tres puertas señaladas) que “son
demasiado baratas para las empresas” y por eso han disparado su uso. Por ello,
los sindicatos denunciaban que España no cumple la Carta Social europea.
En octubre de 2022, el Comité del Consejo
de Europa admitió a trámite la denuncia de UGT. Y, curiosamente, en
febrero de 2023, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
recogió la tesis sindical y declaró
textualmente en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro,
es demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta
despedir utilizando las indemnizaciones de 33 días”. Finalmente, el 20
de marzo de 2024, el Comité de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo
de Europa dictaminó que la legislación española “vulnera el
artículo 24 de la Carta Social Europea”, porque el sistema español de
indemnización por despido improcedente “no es suficiente para cubrir los
daños reales sufridos por los trabajadores ni es lo suficientemente disuasorio
para los empleadores”.
Ahora, UGT
y CCOO acaban de anunciar que la reforma del despido es el primer
punto de su estrategia sindical para los próximos meses y piden dos
cambios claves. En cuanto a los despidos improcedentes, que se
aumente la indemnización actual (de
33 días a 3-6 meses), para disuadir a las empresas del uso abusivo del
despido, además de recuperar los salarios de tramitación que había antes de la
reforma laboral y que se precise más la causa de los despidos disciplinarios y
por otras causas, para que pueda intervenir más eficazmente la inspección de
Trabajo. Incluso piden que sea el trabajador y no la empresa el que pueda
decidir volver a trabajar tras un despido improcedente. Y en el caso de los
despidos por no cumplir el periodo de prueba, los sindicatos defienden
que se obligue a las empresas a concretar su decisión, para “causalizarla”
(como tienen que hace con los despidos), lo que permitiría investigar a la
inspección de Trabajo.
Ahora, el dictamen
del Consejo de Europa fuerza
al Gobierno a reformar las indemnizaciones, dentro o fuera de una 2ª
reforma laboral, que debería incluir otros temas pendientes (horarios,
condiciones de trabajo, productividad…). Será un gran reto para este año,
aunque esta reforma será mucho más difícil de acordar que la reforma laboral de
2021, porque las
indemnizaciones son un tema tabú para la patronal, que lleva
meses muy intransigente respecto a los temas a debate en el diálogo social.
Y por si el pacto no fuera difícil, luego habría que aprobarlo en
el Parlamento, con una oposición agresiva y poco negociadora. Por tanto, si
hay cambios laborales, habrá que imponerlos. Y así no suelen funcionar
bien.
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