Uno de cada dos
internautas piratea música, películas, libros y videojuegos, según reconocen ellos mismos. La piratería cultural mueve
en España 15.000 millones de euros,
más de seis veces el negocio legal. Si
no se hicieran copias piratas y una parte de los internautas comprara
legalmente, la cultura vendería un 51%
más y se crearían otros 25.000 empleos. Por eso, la industria cultural pide medidas eficaces contra la piratería, ya que la polémica
Ley Sinde-Wert no ha funcionado. La semana pasada, el Gobierno aprobó una polémica reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, que permitirá ir contra las webs de enlaces, aunque no antes de fín de año. No
basta con cerrar webs ilegales : hay que llegar a un pacto entre creadores,
intermediarios y usuarios para proteger la propiedad intelectual y a la vez
divulgarla a precios asequibles. Pero
no podemos seguir instalados en el gratis total, en el “aquí lo pillo,
aquí lo veo”. Sin normas no habrá cultura ni creadores. Aunque decirlo sea impopular.
enrique ortega |
En España hay ya 24,1
millones de internautas y tres de cada cuatro se conectan cada día, la mayoría más de una hora. Y un millón están permanentemente conectados.
Vivimos enganchados a Internet, en casa, en el
trabajo, en los móviles. Y utilizamos cada vez más la Red para ver
contenidos audiovisuales: un 45% de internautas (y el 77,8% de los
jóvenes) usan Internet para ver vídeos y
películas (97%), oír música (57%),
videojuegos (24,8%) o leer libros (78,1%), según el último informe
de Telefónica. Y sólo el 7,2% de
los internautas están dispuestos a pagar
por estos contenidos, a los que la mayoría accede
gratis, descargándoselos o cada vez más con acceso online (streaming).
Uno de cada dos
internautas piratea
cultura en la Red, sobre todo películas (43 de cada 100) y música
(32 de cada 100), aunque también libros (12 de cada 100) y videojuegos
(7 de cada 100). Lo reconocen ellos
mismos, en una reciente encuesta
entre 50.000 internautas encargada por el Observatorio de la Piratería.
La mitad de estos accesos ilícitos
son novedades: películas, canciones,
juegos o libros que acaban de salir o llevan menos de un año en el mercado. Y el valor de esta cultura pirateada
alcanzó en 2012 los 15.204 millones de euros, más de 6 veces el negocio que mueve en España la cultura legal
(2.394,6 millones en 2012). El sector ha hecho un
cálculo: si no hubiera piratería y estos internautas compraran sólo una
parte de lo que se descargan, la
cultura podría vender 1.220,6 millones más (+51% ventas). Y crear 24.766
empleos nuevos (uno por cada dos que hay). Y el Estado recaudaría 494,7
millones más, entre IVA, IRPF y Seguridad Social.
Dicho de otro modo: la
piratería se come la mitad del
negocio cultural en España. Por eso, la industria
cultural pide medidas urgentes
al Gobierno, un año después de entrar en vigor la polémica Ley
Sinde-Wert, que pretendía cerrar
webs de descargas de contenidos protegidos y cuyo balance es pobrísimo: se
han abierto 115 expedientes y hay 81 todavía investigándose. Y hay muchos casos
de webs
de descargas que siguen abiertas tras haber quitado algunos links. La
situación es tal que EEUU
ha advertido al presidente Rajoy que España podría volver este mes de abril
a la lista negra de la piratería
mundial (conocida como Informe
Especial 301), de donde salió
en 2012, tras tres años en ella, gracias a la aprobación de la ley
Sinde-Wert (pactada en 2011 por el
PSOE, PP y CiU, pero cuyo Reglamento retrasó Zapatero y aprobó Rajoy en su
primer Consejo, el 30 diciembre 2011).
La industria cultural
está que trina con el Gobierno Rajoy por haber suprimido además (también en su primer
Consejo de diciembre 2011) el canon
digital, una cantidad que pagaba quien compraba DVds, CDs, memorias, discos duros, móviles o
fotocopiadoras, para compensar con
ello a los creadores de posibles copias ilegales (se hacen
4.000 millones de fotocopias
de material protegido por copyright,
según CEDRO). Este canon, además de impopular y poco efectivo (ahora las copias se hacen “en la nube”), fue
declarado ilegal por dos sentencias (Audiencia Nacional y Tribunal europeo de Justicia),
que llevaron al Gobierno a cambiarlo
por una asignación presupuestaria, que pagamos
todos, compremos o no CDs o DVDs. Pero si antes la industria cultural
recibía 115 millones por el canon (2011), el Gobierno les ha asignado sólo 5 millones en los presupuestos de
2012 y 2013. Y los autores audiovisuales han
denunciado al Gobierno español ante Bruselas.
El Gobierno aprobó este 22 de marzo una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, para hacer más efectiva la
Ley Sinde-Wert y ser más duros con las webs de enlaces, a las que se podrá sancionar con multas de hasta 300.000 euros, además de poner límites a las copias privadas. Una reforma criticada por los internautas y que tampoco ha sido discutida con la industria cultural .Y que no entrará en vigor hasta final de año. Para entonces, la Comisión Europea quiere tener lista una norma europea contra la piratería cultural, tras dos años de fracasos. En enero de 2011, 22
estados de la UE (entre ellos España) firmaron un acuerdo internacional contra la piratería,
el ACTA, promovido también por EEUU,
Canadá, Japón, Corea, Singapur y Australia. Pero en julio de 2012, el Parlamento europeo lo
rechazó y ahora la Comisión busca reformar
su Directiva, con una postura
intermedia entre la dureza de Francia
(la ley
Hadopy obliga a los ISP a vigilar contenidos descargados y desconectar
a los piratas a los tres avisos) y la ineficaz Ley Sinde-Wert de España.
Mientras, EEUU acaba de poner en
marcha la Ley
de los 6 avisos contra la
piratería, que sustituye a la polémica SOPA
(que llevó a un apagón virtual de protesta en Internet).
¿Qué se puede hacer?
La industria cultural ha puesto en
marcha portales
(más de 400) para que los internautas
accedan legalmente a contenidos protegidos por copyright (en descargas o en streaming), a precios más bajos. Pero no
acaban de funcionar, porque la gran mayoría de internautas tienen metido en
la cabeza el modelo del gratis total. De hecho, cuando se
les pregunta por qué piratean contenidos, el 75% responde que “no está dispuesto a pagar por algo que puede
conseguir gratis”. Y añaden, como justificación, que “lo hace todo el mundo”, que “no es ilegal”
y que “no hacen daño a nadie”. Es
más: un 32% contesta que descargar
gratis contenidos “es un derecho del internauta”. Con esta mentalidad,
resultará difícil que accedan a portales de pago, vía que sólo admiten entre un
10% (música) y un 20% (cine) de encuestados. La mayoría, eso sí, admitiría
publicidad a cambio de contenidos gratis.
En esta pelea internautas piratas-industria
cultural, hay un tercer protagonista
que pasa desapercibido: las compañías de
Internet (YouTube, Google,
Facebook, Twitter, Apple…) y los proveedores
de acceso (Movistar, Vodafone, Orange y los operadores virtuales). Unos
y otros han sido muy activos contra las normas antipiratería (en defensa de “la libertad de expresión”…)
y eso porque su negocio tiene mucho que ver con los contenidos: cuanto más
crezcan, más negocio (y publicidad) para ellos. Por eso, Robert Levine les
acusa en su libro “Parásitos”
de ser los
nuevos parásitos de la cultura (se aprovechan del trabajo de los
creadores sin pagar) y de temer que un
mayor control de la piratería les reduzca el pastel (menos descargas y
accesos).Y de fomentar el enfrentamiento
entre los internautas y el mundo de la cultura.
En cualquier caso, los
contenidos son cosa de tres (los
autores, los distribuidores y los consumidores) y todo apunta a que también
en el terreno digital, los distribuidores (intermediarios) se llevan
la mayor parte. Por eso, más que una
guerra, debería hacerse un pacto,
promovido por los Estados, para conseguir los máximos contenidos legales a
los mejores precios, incluyendo que paguen los intermediarios que se
benefician del tráfico. Pero eso exige
también cambiar la filosofía
del gratis total. Hay que pagar por el trabajo de otro,
sea músico, escritor o cineasta (o periodista).
Si no, la parte más débil de la cultura
desaparecerá con la piratería. Y perderemos todos.
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