El tiempo para salvar
el Planeta se acaba: las emisiones
de CO2 suben y los océanos y
glaciares están seriamente dañados, según un reciente informe de 104
científicos. Si no se toman medidas drásticas, el mar subirá 1 metro este siglo y sufrirá la pesca, lo que afecta especialmente a España: 10.000 kilómetros de costa y
primera potencia pesquera de Europa. La ONU
ha lanzado un ultimátum en la Cumbre de
Nueva York: “no más discursos; hay
que tomar medidas porque con la naturaleza no se negocia”. Y han marcado 2 objetivos, más ambiciosos que en la
Cumbre de París (2015): recortar un 45%
las emisiones para 2030 y emisiones cero para 2050. Casi 70 países han dicho que sí, pero no se han comprometido los que más
contaminan: China, USA, India, Japón, ni
Rusia o Brasil. Lo positivo es que se multiplican las protestas para
exigir soluciones, junto al apoyo de empresas y ciudades. Frenar
el Cambio Climático es la 1ª prioridad
del siglo XXI. Y todos tenemos deberes.
Los humanos no dejamos de emitir
gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso y gases fluorados), que
deterioran día a día el clima y el Planeta. El nivel de emisiones podemos verlo cada día en esta web de Hawái, que registró el 15 de mayo de 2019 el
mayor nivel de CO2 de la historia: 415,70 partes por millón, una concentración
de gases comparable a la que había hace
entre 3 y 5 millones de años (se sabe por las muestras en el hielo ártico),
cuando la temperatura de la Tierra era entre 2º y 3ºC más cálida y el nivel del
mar era de 10 a 20 metros superior, según la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).
Y a pesar de este
dato, de la Cumbre de París de 2005 (195 países
que prometieron tomar medidas) y de lo
evidente que es el Cambio Climático (olas de calor, sequías, huracanes,
inundaciones y “mega fuegos” por medio mundo), los países aumentaron sus emisiones de gases de efecto invernadero en
2017 (+1,4%) y 2018 (+1,7%),
tras tres años estables (de 2014 a 2016), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que revela unas emisiones récord de 33.143 millones
de Tm de CO2 en 2018. El aumento de
emisiones vino de China (culpable
del 28,6% del CO2 mundial, las
aumentó un 2,5%), EEUU (emite el 14,75% del CO2 y lo aumentó un 3,1%) e India (6,94% de las emisiones, las aumentaron un 4,8%, los que más),
mientras Europa (responsable del 11,9% de las emisiones totales de CO2) las rebajaba un -1,3%. Y España las redujo más, un -2,2% en 2018,
gracias a un mayor uso del agua y la energía eólica y menor del carbón y fuel
en la generación de electricidad.
El problema ahora es que las previsiones
de los científicos sobre los efectos de estos gases en el Cambio
Climático han sido superadas por la realidad y ahora creen que eran muy conservadoras. Si en 2015,
ante la Cumbre de París, creían que
bastaba con impedir que la temperatura aumentara 2º C este siglo, ahora creen que
debería aumentar menos de 1,5ºC. Y
como ya ha subido +1,1ºC desde la
Revolución industrial, eso exige tomar medidas más drásticas y triplicar los recortes de emisiones que contemplaban los casi 200
paises firmantes. Sobre todo, porque los océanos y los glaciares, claves
en la regulación del clima y la vida humana, están más dañados de lo que se
pensaba, según este informe publicado el miércoles
pasado por la ONU y elaborado por el Grupo Intergubernamental de expertos sobre
el cambio climático (IPCC), 104
científicos de 36 paises (2 son españoles).
Los océanos han
sido el gran ecosistema que ha amortiguado hasta ahora los efectos negativos del Cambio Climático, porque
absorben el 90% del aumento de
temperatura y el 25% de las emisiones
de CO2. Pero este calentamiento de los mares y su absorción de CO2 ha dañado a los océanos, que son ahora “las mayores víctimas de las emisiones,
junto a los glaciares”, según este reciente informe del IPCC. El aumento de temperatura en la Tierra
provoca el deshielo de los glaciares
y aumenta el nivel del mar, que está
subiendo 3,6 milímetros al año. Y
este es un proceso irreversible: va a seguir subiendo. La duda de los
científicos es cuánto: si se toman medidas para reducir las emisiones, podría
subir “sólo” entre 30 y 60 centímetros
para 2100. Y si seguimos como hasta ahora, el mar podría subir 1 metro y más. Esto afectaría
gravemente a 680 millones de personas que
viven en zonas costeras y a otros 65 millones que viven en islas. Las zonas
más afectadas serán Holanda, Nueva York, islas del Pacífico y Caribe, Africa y
el sur de Europa, sobre todo España (10.000 km de costa).
El aumento de la temperatura y las emisiones provocan un calentamiento de los océanos y su acidificación:
el CO2 los vuelve ácidos y eso, junto
al aumento de la temperatura, afecta muy negativamente a los ecosistemas
marinos y a la pesca, según el informe del IPPC, que estima una reducción del 15% en las capturas, sobre
todo en la zona del Ecuador, porque las especies emigrarán al norte y al sur.
Otro problema que afectará gravemente a España, porque somos la
primera potencia pesquera de Europa y el 2º consumidor del mundo (tras Japón).
Además, el deterioro de los océanos y del clima provocarán fenómenos
extremos en el mar, desde un aumento de huracanes, tormentas tropicales y ciclones hasta una mayor
frecuencia de las grandes crecidas del
mar (mareas gigantes): si antes se producían una vez cada siglo, ahora
serán cada año desde 2050, según el
informe del IPPC, que aporta un mapa con las costas más vulnerables donde incluye a toda la Península,
Baleares y Canarias.
Y en cuanto a los efectos del deshielo ártico, no
sólo está provocando un aumento del nivel del mar, sino que también aumenta las emisiones de gases (CO2 y
metano acumulado durante millones de años en el permafrost, el suelo
polar, y que ahora se libera) y afecta a la menor regulación del agua dulce
disponible en las zonas de montaña, donde viven otros 670 millones de
personas, que verán afectada su
agricultura, su clima y hasta la producción de electricidad (menos energía
hidroeléctrica), según el informe del
IPCC.
A raíz de este preocupante informe, que se suma a otros
anteriores que confirman el cambio drástico en el clima que
todos sentimos (junio y julio de 2019 han sido los dos meses más cálidos en el
Planeta desde que hay registros, según la OMM), la ONU ha utilizado la
Cumbre del Clima de Nueva York para dar la alerta: “esta no es una
Cumbre para venir a hablar, a negociar: no se negocia con la naturaleza”, dijo el secretario general, Antonio Guterres. Y puso sobre la mesa 4 nuevos compromisos para los paises si queremos salvar el
Planeta: recortar las emisiones de
GEI un -45% para 2030 sobre 2010 (en
la Cumbre de París se fijó un recorte del 20 al 30%) y llegar a las emisiones cero (netas) en 2050, no construir más centrales de carbón a partir de 2020 y dejar de subvencionar los combustibles fósiles
(carbón y carburantes derivados del petróleo se llevan 5,3 billones de dólares al año de los Gobiernos, el 6,5% del PIB
mundial, mientras son escasas las ayudas a las renovables).
Unos 70 paises se
comprometieron en Nueva York a estos drásticos recortes de emisiones, entre
ellos la mayor parte de Europa (incluida España), pero no se comprometieron los tres paises que más contaminan: China (28,6% del
total de emisiones), EEUU (14,75%) e
India (6,94%), ni tampoco Rusia (4,7%) Japón (3,3%) o Brasil. Lo positivo de este Cumbre del Clima de
Nueva York, además de este mayor compromiso de muchos paises, es que ha catalizado las protestas contra la inacción climática
en medio mundo (con manifestaciones en 150 paises y una huelga simbólica mundial el viernes 27 por el Clima) y ha
ampliado las acciones a otros protagonistas no Gobiernos: 102 ciudades,
10 gobiernos
regionales (como California, enfrentada al negacionismo de Trump), 130 bancos (todos los españoles) y 93 multinacionales (desde Amazon, Danone,
Ikea o Nestlé a Telefónica e Iberdrola), que se han comprometido a reducir sus emisiones y dejarlas en cero para
2050. Al margen de que hay mucho “marketing”, parecen entender que el “riesgo
climático” es “riesgo económico”.
Ahora, la clave del futuro la tienen China (es
el nº 1 en energía solar, eólica y producción de coches eléctricos, aunque
también en montar centrales de carbón), India
(tiene el mayor nivel de polución del mundo) y, sobre todo, EEUU, donde muchos Estados, empresas e instituciones ven claro
que han de recortar emisiones mientras Trump
anula decretos ecologistas de Obama y
mantiene su promesa de salir del Acuerdo de París. Pero no
puede hacerlo, por exigencias legales, hasta el 6 de noviembre de 2020,
tres días después de las próximas
elecciones USA: si las pierde,
es muy probable que el país no salga del Acuerdo
y que otro presidente apueste por el recorte de emisiones, lo que sería
fundamental para todos.
Mientras tanto, Europa apuesta por ser todavía más el continente líder en la lucha contra el
cambio climático. La Comisión en
funciones ya consiguió un acuerdo de los 28 para reducir las
emisiones de GEI un 45% para 2030 (sobre 1990), el objetivo que
ahora ha pedido la ONU en la Cumbre de Nueva York. Y planteó emisiones
cero (netas) para 2050, un
acuerdo que no se consiguió por la oposición de 4 paises del Este (Polonia,
Hungría, República Checa y Estonia), aunque los 24 restantes están de acuerdo.
Y ha habido un cambio significativo en Alemania, donde el gobierno de coalición (la derecha de Merkel y los socialdemócratas)
aprobó, en vísperas de la Cumbre de Nueva York, un Plan contra el Cambio Climático que pretende reducir las emisiones un 55% para 2030 y emisiones cero en 2050,
con una inversión de 54.000 millones de euros y 70
medidas, entre ellas subir los vuelos nacionales y las tasas a los
vehículos, bajar el tren, suprimir el uso del gasóleo en las calefacciones para
2026, eliminar el carbón en 2038 o poner precio al CO2 que emitan el transporte
y la calefacción.
Ahora, la futura
presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Leyden, que toma posesión
el 1 de noviembre, ha dicho que la lucha contra el Cambio Climático es una prioridad de su mandato y ha prometido que en los primeros 100 días aprobará un Plan europeo, el “Green New Deal”, con fuertes inversiones y dos
medidas estrella: poner un impuesto
a los aviones (750 millones, con lo que subirán las tarifas aéreas) y
conseguir que haya 1 millón de camiones eléctricos por las carreteras europeas en
2025 (10 veces más que hoy).
Entre tanto, en
España, está paralizado por falta de Gobierno el debate y aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado por el Gobierno Sánchez el
22 de febrero de 2019. Pedro Sánchez ha
dicho en Nueva York que su prioridad es aprobarlo y reducir así las
emisiones españolas un 20% para 2030
(respecto a 1.990), un objetivo muy
ambicioso porque España, a diferencia del resto de Europa, emite hoy un 15,4% más CO2 que en 1990, con lo que el recorte real debería ser del 35,4%, inferior al que propone
Europa pero muy difícil para un país más dependiente del petróleo que el resto
y con el doble de paro. Sánchez se
propone cerrar las centrales de
carbón para 2025 y conseguir un 70%
de electricidad renovable para 2030 (este año 2019 es un 36,6%) y un 100%
para 2050. Y todo ello exige, según Sánchez, unas inversiones, públicas y privadas, de 236.000 millones de euros, un
tremendo esfuerzo para el Presupuesto, empresas y particulares, aunque a cambio
se crearán entre 250.000 y 364.000 nuevos
empleos “verdes” en España.
¿Qué hay que hacer
para reducir las emisiones? Pues que todos los que emiten hoy gases de
efecto invernadero (80% CO2, 12% metano, 5% NO y 2% gases fluorados), emitan
menos para 2030 y nada (emisiones-absorciones) en 2050. Y la responsabilidad es muy desigual. El sector que más
gases emite en España es el transporte (27% del total emisiones GEI), sobre
todo el transporte por carretera (25%) y la aviación (0,9%). Le sigue la industria (19% de las emisiones),
sobre todo metalurgia, cementeras y cerámica. Y después, la generación de electricidad (17%) y la agricultura (12%, del que un 8%
lo emite la ganadería). Estos 4 sectores suman un 75% de las emisiones
de GEI. Y luego se añaden las emisiones de viviendas,
comercios e instituciones (9%), sobre todo por la calefacción y el aire
acondicionado, la gestión de residuos
(4,1% de las emisiones totales), la maquinaria
agrícola, forestal y pesquera (4%), las emisiones de refinerías (3,5%) y la emisión de gases fluorados (1,8%) que se generan en la refrigeración y
aparatos de aire acondicionado.
Así que, vistos los
culpables, pueden plantearse las soluciones. El transporte y el uso de los carburantes es el factor clave, que obliga a penalizar el gasóleo y la gasolina
(tenemos de los impuestos más bajos de Europa), fomentar los coches, camiones y autobuses eléctricos y favorecer el tren y el transporte público. Y
en la electricidad, favorecer las
renovables y penalizar el carbón, el fuel y el gas. En la industria, subir los impuestos al CO2 que generan las industrias
más contaminantes (químicas, refinerías, metalurgias, aluminio, cementeras),
facilitando inversiones para reconvertir instalaciones. En las viviendas, fomentar el aislamiento y el
ahorro de energía y reducir el uso del gasóleo para calefacción. Y en la alimentación, reducir las macro granjas
que son una fuente de metano.
Pero los ciudadanos
de a pié también tenemos responsabilidad y tareas en la lucha
contra el cambio climático. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida, desde cómo
nos movemos (menos coche privado) a cómo
comemos (comer carne todos los días supone más emisiones, reitera la ONU y la OMS), desde
la temperatura de nuestras casas a
los residuos que generamos y cómo los
reciclamos. Y si queremos un Planeta más limpio, tendremos que pagar una luz más cara y más impuestos
verdes. No vale con ser ecologista de boquilla.
Se acaba el tiempo para actuar, dicen los científicos y la ONU. Tenemos que salvar el Planeta y para eso tenemos
que tomar
medidas, desde los Gobiernos, las empresas, las instituciones y los
particulares, en nuestra vida diaria. Y en España, urge un Pacto verde para salvar el futuro, como el que han
firmado la derecha y los socialdemócratas alemanes. Exijámoslo.
Un caballo de batalla
de las próximas elecciones serán los
impuestos. PSOE y Podemos quieren subirlos (como en su Presupuesto 2019) y PP,
Ciudadanos y Vox prometen bajarlos (como en Andalucía y Madrid). Al final,
parece una propuesta “ideológica” cuando hay un dato objetivo: España recauda menos que Europa (-73.703
millones en 2018) y por eso tenemos más déficit y menos gasto social.
Hay que recaudar más, al margen de “derechas”
o “izquierdas”, para afrontar el futuro. La Comisión Europea nos dio un ejemplo hace días: España es el país europeo que
tiene un IVA “efectivo” más bajo, por las exenciones y tipos reducidos.
Y por eso, recaudamos 23.400 millones
menos que la media europea. Y perdemos la mitad de la recaudación posible.
Lo mismo pasa en sociedades, renta o carburantes. Se puede y se debe recaudar más. Al 95% de españoles no les
afectaría. Sólo el 5% con más recursos pagarían más. Si no se ingresa más, habrá más déficit y recortes sociales. Lean por qué.
El IVA es un impuesto “silencioso”: lo pagamos
todos los días, casi sin darnos cuenta, sobre todos los productos y servicios
que consumimos. Y por eso, los políticos de todos los paises suben
el IVA cuando vienen mal dadas, porque se nota menos que si suben el impuesto de la renta (a familias) o sociedades (a empresas). De eso
sabemos mucho los españoles: somos el 2º país europeo donde más ha subido el IVA en la última década, un +5%, tras Hungría (+7%), igual que
Reino Unido (+5%) y mucho más que Italia (+2%), la UE-28 (+1,8%), Francia
(+0,4%) o Alemania (no subió nada el IVA), según
Eurostat. Recordemos que Zapatero lo subió en 2010 (+2%) y Rajoy en 2012
(+3%), hasta el 21%. Y ahora, el IVA es el 2º impuesto que más recauda en España (72.012 millones en 2018), casi tanto como el IRPF (80.180 millones)
y el triple que sociedades (24.401 millones pagan las empresas).
Así que el IVA es
un
impuesto clave, el que más ha crecido su recaudación en la última década: +30,75% sobre
2007, casi el triple que la recaudación total (+13,55%) y casi el doble que la
Renta (+18%), mientras las empresas pagan menos (-44% ha caído la recaudación
en sociedades). Sin embargo, la Comisión Europea acaba de
publicar un informe donde nos dice que España
podría recaudar mucho más por IVA, concretamente 25.206 millones más, si redujéramos el fraude (1.806 millones) y
aplicáramos unos tipos efectivos del IVA similares a Europa (otros 23.400 millones).
No se trataría de una “locura”, sólo de recaudar mejor en el IVA, en línea con
Europa.
El primer problema
que tenemos, en España y en toda Europa, es el fraude que hay en el IVA, derivado de la economía sumergida y de
las operaciones que se hacen “sin IVA”. El problema es serio en toda Europa, ya
que el informe de la Comisión Europea revela que los 28 perdieron por este fraude 137.470 millones de euros, un
11,2% del total de ingresos. Los paises con mayor fraude son Rumanía
(pierde un 36% de sus ingresos), Grecia (34%), Lituania (25%) e Italia (23,8%,
la que más millones deja de ingresar: 33.629 en 2018). Reino Unido (10,6% de
fraude: 19.199 millones), Alemania (9,9% de fraude: 25.016 millones) y Francia
(6,9% de fraude: 12.030 millones) están en el grupo de paises con fraude
intermedio del IVA. Y España es el 5º país con menos fraude (2,4%: 1.806
millones perdidos en 2018), tras Chipre (perdió el 0,6% del IVA), Luxemburgo (-0,7%),
Suecia (-1,5%) y Malta (-1,6%).
Hasta aquí medio bien. Pero el segundo problema detectado por la Comisión Europea es el dinero
que se deja de ingresar por IVA en Europa, no por fraude sino por exenciones (operaciones que no
pagan IVA) y tipos reducidos y
superreducidos. Y aquí sí tenemos un
problema, porque España es el país europeo con el tipo efectivo del IVA más bajo, el 8,5%. Quiere esto decir que aunque
tenemos un IVA general del 21% (en la media de Europa, donde hay paises con el 19% o 20% y otros, como los
nórdicos, con el 25%), al final, lo que acabamos pagando de IVA, por
las operaciones exentas, el IVA reducido del 10% (que existe en toda
Europa, salvo en Dinamarca, entre el 6 y el 18%) y el superreducido del 4% (que sólo tienen otros 4 paises europeos:
2,1% Francia, 3% Luxemburgo, 4,8% Irlanda y entre el 4 y el 5% Italia),
acabamos pagando sólo el 8,5%. Y eso es mucho menos que Dinamarca (14,7% de
tipo efectivo de IVA), el 13,4% de Suecia, el 10,6% de Alemania, el 10,1% de
Holanda, el 9,5% de Reino Unido o el 9,4% que se paga efectivo en Francia.
La Comisión Europea revela que España recauda
así por IVA el 40,58% de lo que podría ingresar, con lo que pierde
el 59,42% de la recaudación potencial (nada menos que 93.196 millones
en 2017). Y perdemos por IVA mucho más que la media europea, ya que la pérdida (lo llaman “el gap” del IVA) de la UE-28 es el 44,5% de la
recaudación potencial. Si tomáramos medidas en exenciones y tipos para “perder como ellos” (un gap del
44,5% en vez del 59,42% que tenemos), podríamos
ingresar 23.400 millones más al año por IVA, que nos vendrían muy bien para
gastos sociales y reducir el déficit. Y podríamos ingresar otros 1.806 millones
más si no hubiera fraude en el IVA (algo más difícil).
Así que la Comisión Europea nos ha mostrado un camino para recaudar mucho más por IVA: revisar
las exenciones actuales y los tipos reducidos y superreducidos, que hacen que
seamos el país con el tipo efectivo más bajo de Europa. De hecho, en 2018, España dejó de ingresar 41.028
millones por IVA (más de la mitad de los 72.012 millones recaudados) por
beneficios fiscales, según la Memoria de los Presupuestos: 17.232 millones por las operaciones exentas de IVA, 17.337 por el consumo que se
beneficia del tipo reducido del 10% y
otros 6.460 millones por los que disfrutan del IVA superreducido. Aquí es donde habría que actuar para recaudar
más, al menos como en Europa.
Las exenciones del IVA benefician a las operaciones en Canarias, Ceuta y Melilla
(exentas de IVA, aunque pagan un impuesto indirecto, el IGIC o el IPSI, más
bajo), la enseñanza, la sanidad, los servicios financieros, los seguros y las
actividades culturales públicas, actividades exentas de pagar IVA. El IVA reducido del 10% beneficia al transporte de viajeros, a hostelería y
restaurantes, a la compra de vivienda nueva, agua y alimentos elaborados,
limpieza y recogida de residuos, entradas de cine, gafas graduadas y semillas,
bulbos y esquejes (?). El IVA superreducido del 4% beneficia a la compra de alimentos básicos,
medicamentos, libros, periódicos y revistas, compra de viviendas protegidas
(VPO), teleasistencia, prótesis y residencias de ancianos. Son los que se
llevan esos 41.028 millones que dejamos de ingresar por IVA.
Muchos expertos ponen en duda los tipos reducidos y superreducidos del IVA, así como que
haya tantas operaciones exentas. La propia OCDE, en un
informe de 2014, analizó los tipos reducidos de los alimentos en 16 paises
(entre ellos España) y concluyó que "benefician más a los más ricos", porque
gastan más: el 10% más rico se ahorra 400 euros frente a 300 euros el 10% más
pobre. Y lo mismo sobre el tipo reducido del 10% en hoteles y restaurantes: los
más ricos en España se ahorran con ello 207 euros al año y los más pobres sólo
19 euros. En general, se argumenta, las familias con más ingresos son los que más se benefician de las operaciones exentas
de IVA, porque son los que más gastan en sanidad y educación privadas, en servicios financieros y seguros.
Un reciente informe de FEDEA
reitera que el IVA es un impuesto muy
regresivo (todos pagamos el 21%, pero eso supone un mayor esfuerzo para los
que menos tienen) y que beneficia más, con las exenciones y tipos reducidos, a
las rentas más altas. Por eso plantean varias alternativas, que supondrían más ingresos: aplicar el 4% a las operaciones ahora exentas
(+1.425 millones de recaudación), subir del 4 al 10% el superreducido (+1.757
millones), subir del 10 al 21% el reducido (+10.051 millones) o una combinación
de varias. Y en los casos en que se perjudique a las rentas bajas (pocos), compensarles (gracias a estos nuevos ingresos) con
deducciones en el IRPF, un impuesto más progresivo.
Algo habría que hacer
con el IVA, para recaudar como europeos. Y lo mismo
puede hacerse con los demás impuestos. En el impuesto sobre la Renta, España es el tercer país europeo que menos
recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según otro estudio de FEDEA: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de
Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque
tengamos unos tipos mucho más bajos sino por
el fraude y porque los tipos
efectivos que se pagan son menores.
Y así, en el IRPF se dejan de ingresar 15.693 millones
de beneficios fiscales (el 19,5% de la recaudación en 2018), algunos muy
cuestionables (como por contratar planes de pensiones privados, que benefician a las rentas altas).
En el impuesto de Sociedades
(que pagan las empresas), la recaudación española está también a la
cola de Europa: un 2,3% sobre el PIB frente al 2,5% que recauda la zona
euro. Y eso por dos razones. Una, que
Rajoy bajó el tipo nominal del 35 al 25%
actual, inferior a la media de la UE (28%) y de paises como Francia o Bélgica
(34%), Italia (31%) o Alemania y Portugal (30%), según el informe de FEDEA. Y además, ese tipo nominal no se aplica, porque también
aquí hay muchos beneficios fiscales: 3.453 millones en 2018, según la Memoria de los Presupuestos, el 14,15% de la recaudación de 2018.
Y con ello, las grandes empresas,
gracias a las deducciones fiscales que consiguen, acaban pagando un tipo efectivo del 5,99% sobre beneficios, menos que las pymes (pagan el 16,93%
sobre beneficios) y que la mayoría de los contribuyentes
(pagamos el 14,9% de los ingresos en el IRPF).
También España
recauda menos que Europa en los impuestos
especiales (carburantes, tabaco y alcohol): ingresamos un 2,1% del PIB
frente al 2,3% de media en la UE-28 y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino
Unido o Grecia. El alcohol paga en
España la mitad de impuestos que en
Europa (0,10% del PIB frente al 0,20%). El impuesto del tabaco (especiales + IVA), que es más bajo en España: supone un
78,8% del precio de venta, en línea con Portugal (78,1%), Italia (74,4%) y
Alemania(74,4%), pero mucho más bajo que
en Finlandia(86%), Reino Unido e Irlanda (84%), Grecia (83,9%), Polonia (81,2%)
o Francia (80,8%), según datos de Eurostat (2016). Y donde hay una gran diferencia con Europa es en los carburantes: en diesel,
España es el 5º país UE con menos
impuestos (0,588 euros/litro frente a 0,811 euros/litro en la UE-28, 0,699
en Alemania, 0,847 en Francia o 0,854 euros/ litro en Italia) y en la gasolina, el 7º país europeo donde se pagan menos impuestos (0,699
euros/litro frente a 0,788 euros/litro en la UE-28, 0,878 en Alemania, 0,939 en
Francia y 1,01 euros/litro en Italia), según los precios del 16 de septiembre aportados por el Weekly Oil Bulletin
de la UE.
Y también recaudamos
menos con el impuesto de sucesiones,
sobre las herencias, que Ciudadanos y PP bajan en las autonomías que
gobiernan: España recauda cada año 3.250
millones menos que la media europea. Y nos quedan las tasas y precios
públicos, donde España es el 2º país con menos recaudación de Europa, tras Irlanda: recauda el 2,2% del PIB,
frente al 3,1% de la UE-28, el 3,2% de Alemania, el 4% de Francia y el 7,5% de
Finlandia.
Impuesto a impuesto
hemos visto que España recauda menos que
Europa, no sólo por el IVA. Y así se explica el dato final, que repito con frecuencia en este blog: España recaudó en 2018 el 38,9% del PIB, mientras los 28
paises UE recaudaron el 45% de su PIB y los paises del euro el 46,3%, según Eurostat. Eso significa que recaudamos
73.703 millones menos que Europa el año pasado. Y 89.410 millones menos que
los paises euro y 177.612 millones menos que Francia. Una cifra tan importante
que, si recuperamos sólo la mitad del “gap”, 40.000 millones más de recaudación, nos permitiría no tener déficit y gastar
también como europeos en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales,
tecnología y tantas otras cosas. Porque no les quepa duda: tenemos más déficit y menos gasto público (un 41,3% del PIB en
España frente al 45,6% que gasta la UE-28) porque recaudamos peor.
¿Cómo se puede recaudar más? Por un lado, hay que luchar mejor contra el fraude fiscal, en todos los impuestos, para
lo que necesitamos más medios (Hacienda solo tiene un
inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1.914 en Italia, 1.176 en
Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania). Y por otro, habría que pactar una nueva reforma fiscal, para aumentar la recaudación impuesto a
impuesto, tocando tipos y sobre todo exenciones y deducciones, que en muchos
casos son regresivas y benefician más a
los que más tienen. Hay que conseguir que paguen más impuestos los que hoy pagan
poco (legalmente): multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos. E
incorporar nuevos impuestos, verdes y
tecnológicos.
No se trata de subir o bajar impuestos: hay que reformarlos para que recauden más y sean más justos. Bajarlos sólo,
como plantean PP, Ciudadanos y Vox es conseguir que España recaude todavía menos
que ahora. Y antes o después, eso se traducirá en más déficit público o más
recortes sociales. O en impuestos y tasas que nos "claven” silenciosamente por
otro lado. En economía no hay milagros. Esa es la dura
realidad de las cuentas, al margen de
las ideologías. Piénselo.
Las elecciones y
la falta de Gobierno hasta enero de
2020 (eso si no se repite el actual bloqueo
político) son una muy mala noticia para la economía:
se prorroga otra vez el Presupuesto de 2018, no se toman medidas contra la
crisis que viene y no se afrontan las reformas urgentes aparcadas en estos 4
años de inacción. Lo sufriremos todos, pero sobre todo los pensionistas (hoy no tienen asegurada una subida superior al 0,25% en enero), los funcionarios, el salario mínimo y las autonomías: no pueden cobrar los 7.500 millones de atrasos de Hacienda y preparan a ciegas los Presupuestos
2020, porque no saben cuánto les va a transferir el Estado. Y como en 2020 no
pueden tener déficit (“regla de gasto” de Montoro) ni
endeudarse más, sólo les quedará hacer más recortes. Los
tendrán que imponer en sanidad, educación, Dependencia y ayudas sociales, sobre
todo la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla la Mancha y Extremadura, las que hoy tienen peor sus
cuentas. Y eso cuando las autonomías
no han recuperado aún el gasto social de 2009. Vienen malos tiempos.
Las elecciones del
10-N, las cuartas en 4 años, no son sólo un fracaso de nuestros políticos sino un grave riesgo para la economía,
porque no tendremos Gobierno hasta enero o febrero de 2020 (y eso si no se
repiten los resultados y el actual bloqueo
político), con lo que no se podrán
tomar medidas para impedir otra crisis y afrontar
el enfriamiento
de la economía europea, un Brexit
duro, la caída del comercio mundial y
otra posible crisis del petróleo. Y
tampoco se van a afrontar en muchos meses las reformas urgentes que llevan esperando desde 2015, por el bloqueo político y la imposibilidad de pactos : pensiones, paro, reforma
laboral, educación, sanidad, Dependencia, gasto social, pobreza y desigualdad, vivienda,
retraso tecnológico… Y todos lo
sufriremos.
Los primeros afectados son los 8,7 millones de pensionistas, que no tienen garantizada la subida que tendrán en enero de 2020. En 2019 han tenido una subida del 1,6% (y un 3% las mínimas), gracias a un decreto-ley aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre de 2018 y convalidado en enero en el Parlamento (con la abstención de PP y Ciudadanos). Pero antes, desde 2013, sólo se les revalorizaba un 0,25% anual, hasta que en 2018 Rajoy y el PNV pactaron una subida del 1,6%. Ahora, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque el Gobierno está en funciones y la subida del 1,6% era sólo para 2019: Sánchez quería que la revalorización futura la fijara el Pacto de Toledo. Pero no hubo acuerdo entre los partidos y el Parlamento está cerrado. Ahora, la ministra portavoz ha dicho que el Gobierno en funciones no aprobará la subida antes del 10-N y que esperará a ser investido para subirlas lo que el IPC. Eso puede retrasar la subida de enero si el que gane las próximas elecciones no consigue ser investido antes del 31 de diciembre. Y si no tiene apoyo en el futuro Congreso, las pensiones sólo subirán el 0,25% fijado por la vigente Ley de 2013.
También están afectados los 2,5 millones de funcionarios públicos, que no tienen asegurada la subida salarial de 2020. En principio, hay un pacto a tres años (firmado en 2018 por el Gobierno Rajoy con los sindicatos) para subirles un 2% (más un 1% adicional por productividad), pero hacerlo efectivo implica que haya un Gobierno investido para aprobar la subida de 2020 : no pueden aprobarlo tampoco antes del 20-N, lo que también puede retrasar la subida de enero. Y la falta de Gobierno afecta también a los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, ya que aunque se firmó un pacto entre el PSOE y Podemos para subirlo de los 900 euros actuales a 1.000 euros en 2020, la subida requiere un decreto-ley que sólo puede aprobar un Gobierno investido. Y de ese nuevo SMI depende el importe de muchas ayudas sociales, como becas y ayudas a la vivienda, que no subirán en 2020 si no se actualiza el salario mínimo.
Quienes seguro van a sufrir los efectos de no tener Gobierno son las autonomías. Por dos razones. La primera, porque la falta de Gobierno les impide ingresar 7.500 millones de euros que les adeuda Hacienda, casi un 5% de sus ingresos
totales. Y la segunda, porque al no haber Gobierno, las autonomías no han
recibido ninguna indicación de los ingresos que les tiene que transferir el
Estado central en 2020, con lo que tienen
muchos problemas para presentar sus Presupuestos en octubre, como otros
años: los tienen que hacer “a ciegas”, sin
saber lo que se pueden gastar. Lo que sí saben es que en 2020 no pueden tener déficit (tuvieron -2.810 millones en 2018,
un 0,4% del PIB), por la “regla de gasto” que les dejó Montoro, “un
corsé presupuestario” que el Gobierno Sánchez no pudo quitarles el último año, al no tener mayoría en el
Senado. Así que les faltan ingresos, no saben los que van a tener y no pueden
tener déficit, con lo que parece seguro que en 2020 tendrán que gastar menos.
Hacer recortes otra vez.
El primer problema, los
atrasos que les debe Hacienda, tiene mal
arreglo. Son de dos tipos. Por un lado, 5.000 millones de la liquidación de impuestos compartidos de 2017: cada año, Hacienda les transfiere una
cantidad en concepto de impuestos compartidos (les toca recibir el 50% de la
recaudación prevista del IRPF y del IVA, más el 58% de los impuestos especiales
y el 100% del impuesto sobre la electricidad). Es un cálculo sobre lo que esperan recaudar. Luego, a los dos años, Hacienda les paga la diferencia si se recauda más (o les resta si
se recauda menos). Y les corresponde esos
5.000 millones más de atrasos por 2017. Por otro lado, Hacienda cambió en 2017 el sistema de liquidación del IVA
y les abonó a las autonomías sólo 11 meses, con lo que tiene otro atraso de 2.500 millones más que
debería pagarles este año 2019. En total, 7.500 millones de atrasos pendientes.
Pero el Gobierno Sánchez en funciones no se lo
paga, porque Hacienda dice que “legalmente no puede hacerlo”: tiene un dictamen de la Abogacía del Estado que le da la razón y dice que un
Gobierno en funciones no puede pagar los atrasos. Y el pago de los atrasos del IVA (los 2.500 millones) es aún más difícil: exige una Ley. El Gobierno Sánchez intentó corregirlo en
la Ley de Presupuestos para 2019, pero se la tumbaron en el Parlamento.
Las autonomías están que trinan, sobre todo las más afectadas por este retraso, que son
las no gobernadas por socialistas: Cataluña
(1.317 millones de atrasos pendientes), Andalucía
(1.190 millones), Madrid (1.237
millones), Castilla y León (400 millones) o Galicia (375 millones), aunque
deben también 450 millones a la Comunidad Valenciana, 300 a Castilla la Mancha
y 150 a Asturias, según algunas estimaciones. La Generalitat
catalana ya ha anunciado que va a llevar al Gobierno Sánchez a los Tribunales para cobrar (recurso ante el Tribunal
Contencioso Administrativo) y tanto Madrid como Andalucía estudian hacer lo
mismo. Y mientras, el Gobierno en funciones asegura que “busca una salida”, pero que legalmente está muy difícil resolverlo. Sin embargo, el diario "El País" afirma que el Gobierno en funciones les pagará antes de finales de septiembre 4.500 millones (sin el IVA),lo que ha provocado acusaciones de "electoralismo" del PP y Ciudadanos.
Y entre tanto, a falta de ese dinero, las autonomías no saben lo que van a ingresar
en 2020, porque Hacienda no les ha
enviado, como otros años, las previsiones de recaudación y de transferencia de fondos previstas para 2020,
al estar en funciones y no haber proyecto de Presupuestos para 2020 en
septiembre, como otros años. Lo que sí saben es que este año y el que viene, les han subido los gastos, en muchos casos, por decisiones tomadas por el Gobierno central pero que “pagan ellos”:
subida del 2,5% del sueldo de los funcionarios y de las bases mínimas de
cotización a la SS (las nóminas públicas suponen un tercio del gasto
autonómico), subida del salario mínimo (al que están ligadas muchas ayudas
sociales autonómicas, ahora más costosas) y más horas lectivas en la enseñanza
(reforma de una parte de la LOMCE), que encarece la enseñanza pública
(transferida).
Y quien vamos a sufrir esta situación, fruto de una
falta de Gobierno y de Presupuesto que va a continuar meses, somos los ciudadanos. Porque las autonomías son responsables de la
mayoría del gasto social, de la gestión
y de la mayor parte de la financiación de la sanidad, la educación, la
Dependencia y las ayudas sociales. Y las autonomías
tendrán que volver a hacer recortes, cuando todavía no se han recuperado de los
recortes anteriores. Así, el
gasto social autonómico (sanidad, educación, Dependencia y ayudas sociales)
es de 116.100 millones de euros este año
2019, un 3,6% menos (-800
millones) que en 2009, según el análisis hecho por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y si miramos el gasto social autonómico por habitante
(2.420 euros en 2018), ha bajado aún
más con la crisis, un -4,54% (era de
2.535 euros en 2009).
El problema de tener que volver a hacer recortes es que llovería
sobre mojado, porque hay 8
autonomías que no han recuperado todavía el gasto social por habitante (sanidad,
educación, dependencia y ayudas sociales) de
2009: Cataluña (-21,7%), Castilla la Mancha (-13,8%), Canarias (-5,6%),
Madrid (-5,5%), Galicia, Murcia, Andalucía y Aragón, según el balance de los Directores de servicios sociales. Y las 9 autonomías que sí recuperaron su
gasto social en 2018, apenas gastaron algo más que en 2009:
Baleares (+9,6%), Comunidad Valenciana (+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias
(5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco (+3,7%), Navarra (+2,6%), la Rioja
(+2,1%) y Extremadura (+1,9%). Y lo peor: sigue habiendo mucha diferencia de gasto social según donde uno viva. Hay 5 autonomías que tienen un gasto social por
debajo de la media española (2.420 euros por habitante en 2018): Madrid
(2.109), Cataluña (2.182), Andalucía (2.311), Canarias (2.340) y Baleares (2.380
euros). Y Madrid, la región con menos
gasto social de España, gasta un
tercio menos que el País Vasco (3.243 euros por habitante o Navarra (3.152
euros).
El mayor problema que tienen las autonomías es la sanidad, donde han hecho el mayor recorte de gasto autonómico: -3.864 millones de euros (un 6% del
presupuesto) entre 2009 y 2018, según el balance de los Directores de servicios sociales. Y tanto Cataluña como Madrid gastan
ahora en sanidad por habitante un
tercio menos (-32%) que en 2009, siendo también menor el gasto por
habitante en sanidad en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, lo que se traduce en la calidad de la sanidad,
enormes listas de espera y colapsos en hospitales, especialistas y centros de
salud.
En educación, el recorte del gasto autonómico ha sido de -1.646
millones de euros (-4%) entre 2009 y 2018, con 10 autonomías que gastan menos que antes, sobre todo Castilla la
Mancha y la Rioja (-15%), Cataluña (-12%) y Asturias (-11%). Y ahora hay 8
autonomías que gastan en educación menos que la media (840 euros por habitante en
2018): Madrid (691,79 euros), Asturias (732,84), Cataluña (753,47), Canarias
(777,38), Castilla la Mancha (813), Baleares (822), Castilla y León (830) y
Galicia (837). Y el País Vasco, la
que más gasta (1.250 euros por habitante), casi
duplica el gasto educativo por habitante de la que menos, Madrid.
En Dependencia y
servicios sociales es en lo único que las autonomías gastaron 1.320 millones más
(+11,11%) en 2018 que en 2009, aunque este gasto cayó en Castilla la Mancha
(-26,5%), Cataluña (-0,73%), Galicia (-0,73%) y Andalucía (-0,64%). Y hay 6
autonomías que gastan en Dependencia y servicios sociales menos que la media
(283,7 euros por habitante): Comunidad Valenciana (243 euros, la mitad que
Navarra, que gasta 511), Murcia (245), Madrid (263), Galicia (266), Cataluña
(274) y Andalucía (277 euros). Y todavía hay
257.787 dependientes en espera (agosto 2019) de recibir unas ayudas que tienen
reconocidas, por falta de recursos de las autonomías (y como son muy ancianos, 80 dependientes mueren cada día sin recibir sus ayudas, según los Directores de Servicios sociales).
Como se ve, las autonomías y todos nosotros aún no nos hemos recuperado de los recortes
sociales, hechos para asegurar a los
inversores (“los mercados”) que iban
a cobrar su deuda: el gasto para pagar intereses (prioritario tras la reforma constitucional
pactada en 2011 entre ZP y Rajoy) saltó
de 6.886 millones pagados por España en 2009 a los 32.113 millones de
euros que pagaremos en 2019. Son 25.227
millones más en pago de intereses que explican por qué el gasto social autonómico (sanidad, educación y servicios sociales) ha caído en 4.190 millones estos años y el
resto de recortes estatales (en inversiones públicas y en casi todo).
Ahora, si nadie lo remedia, las autonomías estarán obligadas a “apretarse el cinturón”, este año y
en 2020, viéndose forzadas a nuevos “ajustes” (recortes). Y más si bajan impuestos, como
prometen Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla y León. Baste un dato: Madrid deja de ingresar cada año 955 millones por no aplicar el impuesto de patrimonio, en beneficio de los más ricos que viven en la región. Y eso, a pesar de ser hoy Madrid la autonomía con menos gasto social por habitante, seguida de Cataluña y Andalucía (que también promete bajar
impuestos), la que menos gasta en
educación, la segunda que menos
gasta en sanidad y la quinta con
menos gasto en Dependencia y servicios sociales.
Las autonomías más
preocupadas con las elecciones y falta de Gobierno hasta 2020 son la Comunidad Valencia y Murcia, porque
son dos de las más perjudicadas por el actual sistema de financiación (que
lleva desde 2014 esperando una reforma), están muy endeudadas y han sufrido
unas inundaciones
que serán muy costosas. Por eso, el Gobierno en funciones ha acordado anticiparles 320 millones en créditos
del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), junto a otros 160 millones para Andalucía. Pero es “un parche”: son créditos casi sin interés que tendrán que devolver.
También tienen problemas serios otras autonomías, que no acaban de rebajar su
déficit este año, según AIReF: Aragón, Castilla la Mancha y Extremadura. Y tienen dudas sobre Cataluña, Baleares y Rioja.Todas ellas presionan al Gobierno Sánchez, en funciones, para
que pague los atrasos. Y como el
tema puede ser un gran “obstáculo electoral” para Sánchez, Hacienda ha prometido “buscar una solución antes de fin de año” (ahora será “antes
del 10-N”).
Pero será otro parche
mientras no haya un Gobierno y se pacte una reforma de la financiación de las autonomías, pendiente desde 2014. Y una reforma fiscal de verdad, que
asegure ingresos suficientes para pagar el Estado del Bienestar, porque hoy España recauda 73.703 millones menos cada año que la media de Europa. Y por eso tenemos más déficit público y
recortes. Y menos gasto social que
Europa. Sin más recaudación, sin más recursos (al menos, como Europa), no
se puede apuntalar el Estado del Bienestar. Y ahora, sin Gobierno ni
Presupuesto, las autonomías tendrán que hacer “malabarismos” para mantener la sanidad, la educación, la
Dependencia, los gastos sociales y las inversiones más urgentes. Y más, las que bajen impuestos. Porque tendrán
que hacer recortes o sacarnos el dinero por otro lado. En economía no hay “milagros”.
