Sanidad cada vez más privada

La crisis y los recortes han llevado a ocho autonomías, gobernadas por el PP, a privatizar total o parcialmente 25 grandes hospitales, argumentando que así recortan costes y se gestionan mejor. La realidad es que ya no pueden mantenerles y en vez de reformar la gestión pública para que sean más eficientes, los traspasan a empresas privadas, que buscan beneficios a costa de recortar servicios y calidad. La privatización traerá despidos y cierre de servicios, mientras empeora la sanidad pública y se duplican las listas de espera. Con ello, casi 11 millones de españoles tienen ya un seguro médico privado y la sanidad privada ha duplicado su tamaño, alcanzando ya un 30% del pastel sanitario. O se hace más eficiente la sanidad pública o seguirá ganando terreno la privada, para el que se la pueda pagar.

enrique ortega

La privatización de hospitales se inició en la Comunidad Valenciana: en 1.999 se entregó a una empresa privada (Ribera Salud, participada por Bancaja y la CAM) la construcción y gestión no médica del hospital de Alzira. Luego, se amplió a la gestión médica y a los centros de salud de la zona (la llave para controlar el gasto en el hospital). Y con ese modelo se han privatizado los hospitales de Torrevieja (2006), Denia (2009), Manises (2010) y Elche (2011): hay un millón de personas (20%) atendidas por la gestión privada, a cambio de cobrar a la Comunidad 639 euros por persona.


En Madrid, Esperanza Aguirre quiso copiar el modelo Alzira, que curiosamente llaman PPP (Partenariado Público- Privado) y puso en manos privadas la construcción y gestión de cuatro hospitales públicos en la periferia: Valdemoro (2007), Torrejón (2011), Móstoles (2012) y Collado-Villalba (en proyecto). Además, dejó en manos privadas la construcción y gestión no médica (limpieza, restauración, material y mantenimiento) de otros 7 hospitales, que inauguró en 2008. Ahora, su sucesor, Ignacio González, va más allá y privatizará también (en 2013) la gestión sanitaria de 6 de estos  hospitales: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo. A cambio, desmantelará parcialmente dos hospitales públicos con solera, La Princesa (donde ha dado marcha atrás) y Carlos III, cerrando el Instituto de Cardiología. Y privatizará el 10% de los centros de salud de Madrid (unos 27), además de externalizar los servicios no sanitarios (lavandería restauración, mantenimiento) de todos los hospitales (también lo hará en 2013 la Comunidad Valenciana)

El mismo camino sigue Cospedal en Castilla la Mancha: antes de fin de año sacará a concurso la construcción y gestión total de cuatro nuevos hospitales (Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares) y sus centros de salud. Y quiere repetirlo en los futuros hospitales de Toledo y Guadalajara. La Rioja sacará también a concurso la gestión total del hospital de Calahorra.

Otras cuatro autonomías gobernadas por el PP apuestan por otra variante privatizadora, el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada): se deja a empresas privadas la construcción y gestión no médica de hospitales. Es el caso de Galicia (hospital de Vigo, en construcción), Extremadura (futuros hospitales de Cáceres y Don Benito), Castilla y León (Burgos), Baleares (futuro hospital Son Espasses). También Canarias privatizará servicios no médicos de sus hospitales. Cataluña posee históricamente una estructura mixta, con hospitales públicos gestionados por mutuas, fundaciones, consorcios y centros de la Iglesia.

La razón real de tanta privatización es que las autonomías no pueden con el gasto sanitario (hasta 45% de sus Presupuestos) y menos Madrid, donde Aguirre creó una verdadera burbuja hospitalaria: 13 nuevos hospitales públicos en 10 años (de 20 a 33). El problema no ha sido tanto construirlos (gracias a pagar un canon a las empresas) sino ahora mantenerlos, lo que resulta imposible. Luego está el argumento ideológico (“lo público es peor que lo privado y cuanto menos mejor”), que se disfraza con el argumento de costes: dicen (no hay estudios independientes) que una cama privada cuesta 700 euros frente a 1.250 la pública. Pero eso esconde dos hechos. Uno, que los privados pujan por precios bajos y luego reclaman más: en 2010, la Comunidad de Madrid subió 2 millones el canon a los 6 hospitales semiprivatizados (además de que una inspección reveló que tenían menos personal, medios y material del que decían). Y el otro, que el servicio no es el mismo ni tampoco la calidad: la atención privada mira con lupa las pruebas que se encargan, hay más vigilancia (e incentivos) sobre los médicos y se desvían a la pública los tratamientos más caros (por ejemplo, trasplantes).

Dicho esto, hay un hecho claro: la sanidad pública es manifiestamente mejorable. No se justifica que haya quirófanos cerrados por las tardes (para no pagar horas), que máquinas costosas sólo se usen unas horas (en la privada hacen TAC un viernes a las 11 de la noche), que las consultas especializadas sólo sean de mañana (para que los médicos puedan tener consulta privada por las tardes), que haya horarios funcionariales, una política de sueldos y contratación sin incentivos y una gestión política y no médico-económica.

Volviendo a la privatización de hospitales y servicios (análisis clínicos y pruebas -60% TAC- ya se hacen mayoritariamente en centros privados), el resultado a corto plazo va a ser más despidos (personal interino y contratado) y un deterioro de la calidad del servicio, primando más los costes sobre los criterios médicos. Y eso, unido a los recortes (7.267 millones en el tijeretazo de abril), deteriorará aún más nuestra sanidad. De hecho, las listas de espera se han duplicado, pasando de 32 a 72 días para una operación. Y se tarda 82 días de media en recibir el diagnóstico de un especialista.  

La consecuencia inmediata es que el que puede, se hace un seguro médico privado para lo más urgente. Ya hay 10,7 millones de españoles, que pagaron 6.589 millones en primas en 2011 (50 euros al mes por asegurado), el doble que hace diez años. Y la sanidad privada ya supone un 30% del gasto sanitario, facturando casi 7.000 millones, el doble que en 2002. Al amparo del deterioro de la sanidad pública ha crecido una potente industria sanitaria privada, empujada por empresas extranjeras de capital riesgo: el fondo británico Doughty Hanson (y la familia Cordón Muro) controlan el Grupo Quirón (líder en pacientes, con 46 centros en 29 ciudades), la sociedad luxemburguesa CVC (dueña de la Fórmula 1) gestiona el Grupo Capio (líder en hospitales, 30, y en conciertos con la sanidad pública), el fondo Goodgrower (familia Gallardo, de Almirall) controla Adeslas Hospitales (la 3ª del ranking), la británica BUPA es dueña de Sanitas Hospitales (4ª) y Bankia y Sabadell controlan el Grupo Ribera Salud (Alzira y otros 5 hospitales). Todos esperan ansiosos los nuevos concursos.

Cara al futuro, el gasto sanitario va a seguir creciendo (tecnologías más caras y más viejos) y la tentación de privatizar seguirá en alza, al menos mientras sea negocio (si no, se vuelven a nacionalizar los hospitales, como se pretende hacer ahora con las autopistas). Pero, al margen de las protestas generalizadas, la mejor manera de preservar la sanidad pública es reformarla a fondo, no con recortes, sino con cambios profundos: política de personal, horarios de médicos, utilización de tecnologías y tratamientos (según la OMS, un 30% del gasto es ineficiente), potenciar la atención primaria y la prevención, despolitizar la gestión…

Si la sanidad pública no se hace más eficiente, se recortará más mientras crece el pastel de la privada. Y acabaremos con una sanidad dual: la pública para los pobres y la privada para el que se la pueda pagar. Hay que atajarlo ya, cuando todavía tenemos la mejor sanidad de Europa.