El negocio de la muerte: la "burbuja" funeraria

Este fin de semana recordamos a nuestros difuntos, una ocasión para conocer los entresijos del sector funerario en España. El negocio “más seguro”: cada día mueren 1.188 personas, un 50% más que hace 45 años. Y con futuro: en 2050 habrá 548 muertos más al día. Esto propicia que las grandes empresas de servicios funerarios hayan creado una “burbuja” de tanatorios (casi 6 plazas por cada muerto diario) y crematorios: hay tres por cada incinerado y tenemos el 45% de toda Europa. Este exceso de oferta y costes, más la concentración de las funerarias (las 5 grandes controlan un tercio de los funerales) han encarecido los funerales, con un coste entre 3.700 y 5.000 euros, que alimentan el negocio junto a los “seguros de decesos”, el 2º más popular: hay 22,2 millones de españoles que pagan por su futuro entierro, a pocas aseguradoras, que también controlan las funerarias. Un negocio con poca competencia y transparencia, sin una Ley y regido por un Decreto de 1974.

                           Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio “seguro” y con gran “futuro”. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población (hoy, 3 millones de españoles tienen más de 80 años, el 6,20% de la población, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84 años en 2025). La consecuencia es que las defunciones han aumentado un 50% en los últimos 45 años, saltando de 289.344 fallecidos en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012, 493.796 en 2020 (por el COVID) y 433.547 en 2024 (y 303.935 este año, hasta finales de agosto, según el INE). Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.188 en 2024.

Pero además de que ha aumentado un 50% la mortalidad y los entierros, las previsiones apuntan a que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de media en 2061) y el envejecimiento de la población (el 13% de los españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que ahora). La estimación del INE para los años 2030-50 es que haya 483.250 muertes en 2030, 549.250 en 2040 y 633.580 fallecidos en 2050 (200.000 más que en 2024). Y que la mortalidad siga creciendo, hasta alcanzar un máximo de defunciones en 2065: 707.570 fallecidos dentro de 40 años, 1.938 muertos al día (casi el doble de los 1.188 de 2024).

Con estos datos, es normal que muchas empresas e inversores (incluso Fondos extranjeros) se hayan apuntado en las últimas décadas al “negocio de la muerte”, a ofrecer servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el “boom” de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y después, las aseguradoras. Y así, ahora nos encontramos con una “burbuja funeraria”, miles de tanatorios y crematorios medio vacíos.

Actualmente, hay en España 2.525 tanatorios (100 más que en 2016), con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los últimos datos (2023) de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,9 salas por cada persona que fallece al día (1.188 en 2024), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la “sobrecapacidad” de los crematorios disponibles: había 537 hornos crematorios en 2023 (eran 380 en 2016), según Panasef, con una capacidad de hacer 1.549 incineraciones al día. Y eso supone el triple de la actual demanda, dado que en España se realizan unas 570 incineraciones al día (al 47,78% de los fallecidos en 2023, cuando sólo se incineraban el 16% de los muertos en 2005). Esta “burbuja” de hornos crematorios, fomentada por las funerarias, lleva a que España acapara casi la mitad de los crematorios de Europa (el 45% del total), casi duplicando los de Reino Unido (315), duplicando con creces los de Francia (206), triplicando los de Alemania (164) y multiplicando por 6 los crematorios de Italia (87). Y sólo Madrid (33) tiene más crematorios que toda Bélgica (21), Portugal (20) o Austria (15).

Estos tanatorios y crematorios han aumentado su facturación en los últimos años, al rebufo de la mayor mortalidad y la subida de tarifas. En 2024, la patronal estima una facturación del negocio funerario de 1.719 millones de euros, un aumento de ingresos del +2,38% sobre 2023 y del +16,85% sobre la facturación en 2015 (1.471 millones de euros), según Panasef. El sector funerario se ha ido concentrando en los últimos años, porque las grandes empresas se han dedicado a comprar funerarias locales para crecer: así en 2007 había en España 1.616 empresas funerarias, que se redujeron a 1.300 en 2019 y que rondaban las 1.000 funerarias en 2024 (en menos de dos décadas se han perdido un tercio, el 38%). 

Y el proceso de concentración sigue mes a mes, con lo que las grandes funerarias (las “5 grandes”) copan cada vez más mercado, un tercio del total (del 30 al 35%), mientras las pequeñas y medianas funerarias locales (80% del sector) sólo tienen un 19% de cuota (y bajando). Actualmente, las aseguradoras dominan las grandes funerarias. La líder del sector, Mémora (facturó 262,8 millones en 2024 y tiene casi 16% de cuota de mercado), es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente (Occident), que la compró en febrero de 2023 al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá). Le sigue Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, con casi 200 millones de facturación y una cuota del 12%. En tercer lugar está Enalta (antes Funespaña), controlada por Mapfre, que factura unos 100 millones y roza el 7% de cuota. Le sigue Servisa, de la aseguradora Ocaso, con unos 85 millones de facturación y 5% de cuota. Y la 5ª mayor funeraria es el grupo ASV, ligada a la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con 57 millones de facturación (4% cuota). En total, los servicios funerarios gestionados por aseguradoras suponen el 69,2%.

“La gasolina” del negocio funerario son los seguros de decesos, un seguro que pagan ahora 22,2 millones de españoles, según datos de Unespa,  y que es el 2º más popular tras el seguro del automóvil (obligatorio). Este es un seguro “typical spanish”, que no existe en ningún otro país europeo: su origen, a principios del siglo XX, son las colectas para pagar a las familias de los pescadores gallegos muertos en el mar y se generalizó en forma de seguro en los años 60 y 70, con el éxodo del campo a la ciudad de miles de españoles a los que preocupaba su futuro entierro. Y así, hay muchas generaciones que han pagado el “seguro de entierro” desde su juventud y muchos son los que ahora mueren. Pero también se ha popularizado en sus hijos y familias, con una potente publicidad (recordar el anuncio “contigo” de Santa Lucía…).

Estos seguros de decesos son los que pagan actualmente 6 de cada 10 funerales, para lo que recaudan unas primas en alza: 2.835 millones en 2024, según Unespa, un +5,5% que en 2023 y el doble que en 2005 (las primas de decesos recaudaron entonces 1.370 millones). Las tarifas de este seguro, para cubrir los futuros gastos de entierro, son muy variadas y oscilan entre 50 y 500 euros anuales, aunque varían mucho según la edad, el lugar de residencia y los servicios contratados: la póliza cuesta entre 200 y 400 euros al año para las personas de mediana edad y suben a más de 600 euros si el asegurado tiene más de 60 años. En general, se recomienda la prima “nivelada”, que paga casi lo mismo cada año, aunque muchos expertos creen que los asegurados acaban pagando más del coste de su entierro.

Las aseguradoras que controlan estos “seguros de decesos” son prácticamente las mismas que controlan las funerarias a las que pagan los servicios. La líder de estos seguros de entierro es Santa Lucía (dueña de la funeraria Albia), con 2,5 millones de aseguradores y una cuota del 30,31% del seguro de decesos en 2024. Le siguen la aseguradora Ocaso (dueña de Servisa), con el 17,4% de cuota del mercado de seguros de decesos, Mapfre (dueña de Enalta), con 2 millones de asegurados de decesos y el 14,2% de cuota en 2024, Catalana de Occidente (dueña de Mémora), con el 5% de cuota) y SegurCaixa Adeslas (4,7% de cuota), la única aseguradora que no controla una funeraria.

Al final, el exceso de oferta (la “burbuja” de tanatorios y crematorios supone altos costes), el elevado personal (12.889 empleados en el sector funerario, más de 10 por cada fallecido al día) y, sobre todo, la falta de competencia, derivada de la enorme concentración de las 5 grandes empresas funerarias y la coincidencia de sus dueños (las grandes aseguradoras) hacen que sea un sector con mucha concentración y poca competencia, lo que acaban pagando los usuarios, con unas tarifas funerarias elevadas y en aumento: el coste de un servicio funerario medio es de 3.700 euros, según la OCU, y supera los 5.000 euros en las grandes capitales y a poco que se contraten varios servicios. Un coste que crece año tras año, básicamente porque las funerarias ofrecen cada vez servicios más completos, que suman al féretro y el tanatorio otros servicios complementarios, desde audiovisuales, libros digitales, ceremonias en streaming o excursiones en catamarán para tirar las cenizas…

Las empresas se defienden diciendo que los servicios funerarios sólo suponen el 57,9% de la tarifa del entierro y otro 15,2% es el coste de la inhumación o incineración (que ofrecen normalmente ellos), mientras que el resto son servicios complementarios los cobran otros (12,8% supone el pago de tasas y certificados, iglesia, esquelas, coronas, flores y lápidas), suponiendo un 14,9% el pago del IVA (21%, el 4º más alto de Europa para un funeral).Las empresas funerarias se agarran precisamente al IVA para justificar que hasta 750 euros de un entierro se los lleva Hacienda (recauda 300 millones anuales por los sepelios). Se quejan de que varios paises, como Francia, Portugal e Italia, tienen un IVA del 5 al 10% y otros nada, mientras en España es el 21% (sólo las flores tienen el 10% de IVA). Y por eso piden al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios funerarios al 10%.

Pero el sector funerario hace años que está bajo vigilancia de la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha abierto varios expedientes a funerarias por denuncias de pequeñas funerarias contra las compras de las grandes y por atentar contra la competencia: la última, en 2025, un expediente de la CNMC a Mémora, por no haber respetado los compromisos que adquirió en Zarauz tras la compra de las funerarias vasco navarras Rekalde e Irache, por lo que ha pagado una multa de 108.000 euros. Y ya en octubre de 2021, la CNMC frustró la fusión de dos grandes funerarias, Albia y Funespaña. Antes, en 2014,  la CNMC habló de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos”  para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Y en 2006, un informe del Tribunal de Cuentas ya denunciaba “grandes diferencias” de precios de los servicios funerarios entre ciudades, algo que se mantiene actualmente, según datos de la OCU.

En definitiva, estamos ante un sector funerario muy concentrado, con poca competencia y dominado por las grandes aseguradoras, que controlan mercados y precios, con la “connivencia” de hospitales (que “recomiendan” funerarias y servicios). Y que se aprovechan en sus ofertas de unos consumidores que pasan por un mal momento de ánimo (la muerte de un ser querido) y que no están para buscar y comparar, aunque proliferan los comparadores de precios y servicios (como Funos). Y a los que cada vez se les sube la factura final, ofreciéndoles servicios más “atractivos”. Y todo ello es posible porque el sector funerario carece de una Ley propia: todavía se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. Aznar liberalizó el sector en 1996 y Zapatero aprobó la primera Ley de Servicios Funerarios en 2011, pero la Ley no llegó a aprobarse nunca, por el fin de la Legislatura. Y aunque Rajoy se la prometió a Bruselas en 2014, sigue pendiente…

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

EPA verano: crecen empleo (menos) y paro

España siguió creando empleo este verano (+118.400 ocupados), aunque algo menos que los veranos anteriores, según la última EPA. Pero como siguen aumentando los nuevos “activos” que buscan trabajo (jóvenes, mujeres e inmigrantes), el paro también crece (+60.100 parados), sobre todo en los servicios y el campo. Siguen creciendo los empleos fijos (los tienen el 84,42% de asalariados), pero también crecen los contratos a tiempo parcial (por horas o días), sobre todo entre mujeres y jóvenes, que por eso cobran menos. Seguimos con un empleo récord histórico (22.387.100 personas trabajan), pero todavía tenemos el doble de paro que Europa y menos adultos trabajando. Y la economía frenará su crecimiento y empleo en 2026, por el pinchazo en las exportaciones (ya se nota) y el turismo, más la desaceleración mundial y europea. Por eso urge aprobar Planes de empleo para jóvenes y mujeres y reformar de una vez las oficinas de empleo, que no ayudan a los parados. Ahora que crecemos es cuando hay que tomar medidas para asegurar los empleos en el futuro.

                             Enrique Ortega

El verano suele ser una buena época para el empleo, por la temporada turística y los contratos en la enseñanza, aunque es peor que la primavera. Este año también: se han creado +118.400 empleos entre junio y septiembre de 2025, según la EPA del viernes, menos que el verano anterior (+138.300 empleos) y el menor aumento en este trimestre desde 2019 (+69.400). Con ello, se han creado +564.100 empleos en los últimos 12 meses y +2.420.200 empleos desde antes de la pandemia (diciembre 2029). Y en España hay ahora 22.387.160  personas trabajando, otro récord histórico (hubo un máximo de 20.646.000 ocupados en junio 2008).

En el tercer trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a la industria (+64.100 empleos creados), seguida de lejos por los servicios (+39.100 empleos) y la construcción (+32.600), cayendo el empleo en la agricultura (-17.400). El empleo se ha creado básicamente en el sector privado (+107.600 empleos) y poco (+10.800 empleos) en el sector público, por el fin de contratos en enseñanza y sanidad, según la EPA de septiembre. La creación de empleo ha sido sobre todo entre los hombres (+107.100 empleos) y mucho menos entre las mujeres (+11.300). Y el nuevo empleo se ha concentrado entre los menores de 30 años (+137.500) y los mayores de 45(+33.900), cayendo entre los 30 y los 44 años (-53.100 empleos). Esta vez, la mayoría del empleo creado ha sido para residentes con doble nacionalidad (+69.600 empleos) y extranjeros (+37.900 empleos), creciendo poco el empleo de los españoles (+10.800). Por autonomías, donde más creció porcentualmente el empleo fue en Baleares (+26.200), creciendo mucho en Andalucía (+65.500), Comunidad Valenciana (+37.500) y Castilla la Mancha (+19.900). Y el empleo cayó este verano en 5 autonomías: Madrid (-60,700), Canarias /-14.100), Asturias (-8.100), Navarra (-4.200) y Ceuta (-2.300).

Esta nueva mejora del empleo en el tercer trimestre (+118.400) no se traducido en una mejora del paro, que subió este verano (+69.100), según la última EPA, cuando había bajado el verano de 2024 (-1.200 parados), aunque subió los veranos de 2023 (+86.300 parados) y 2022 (+31.100).   Ello se debe a que este verano han aumentado mucho los españoles “activos”, los que buscan trabajo: han crecido en +118.400, casi como el verano anterior (+137.100), lo que ha provocado un aumento de las cifras del paro. Con ello, España alcanza otro récord histórico, el de personas activas (que trabajan o buscan trabajo): 25.000.300 personas “activas”. Un indicador del fuerte dinamismo del mercado laboral, empujado por los inmigrantes: hay 2 millones de “activos” más que antes de la pandemia (había 23,08 millones en el verano de 2019). Y la tendencia se repetirá los próximos meses: se podrá crear empleo, pero aumentarán más los que buscan trabajo y puede crecer el paro.

El  paro subió en el tercer trimestre (+ 60.100 parados), por culpa de los servicios (+75.900 parados) , que despidieron al final del verano (turismo, hostelería, comercio) a muchos de los contratados en primavera y verano, la agricultura  (+10.800 parados) y los que habían perdido su primer empleo (48.900 parados más), aunque bajó el paro este verano en la  industria (-16.600) y en la construcción (-10.300 parados). El desempleo creció sólo entre las mujeres (+82.700paradas)  y bajó entre los hombres (-22.600). Y también creció entre los más jóvenes (+53.600 parados menores de 25 años), bajando entre 25 y 54 años (-4.700 parados) y entre mayores de 55 años (-1.900 parados). Por autonomías, el paro subió sobre todo en Andalucía (+32.400 parados), Canarias (+15.100), Murcia (+12.500) y Comunidad Valenciana (+11.400), bajando en 8 regiones , sobre todo en Baleares (-10.500 parados), Extremadura (-10.300), Castilla la Mancha (-5.400) y Galicia (-3.500).

La cifra total de parados EPA sube y queda en 2.613.200 parados estimados a finales de septiembre 2025, el menor dato del paro en verano desde 2008 (2.600.700 parados). Y la tasa de paro sube al 10,45% (10,29% en primavera), según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde el verano de 2008 (11,23%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (5,9% en la UE-27) y cuadruplicamos la alemana (3,5% de paro), según Eurostat.  Y sube también la tasa de paro de los  jóvenes (menores 25 años), al 25,42% (la más baja desde 2008), que casi duplica la europea (14,6% en la UE-27).

Algunos datos preocupantes del paro mejoran, como los hogares con todos sus miembros en paro: son ahora 790.800 hogares (-63.700 menos que hace un año). Otros empeoran, como el paro en la mayoría de las 6 regiones con mayor tasa de desempleo, que sigue alto y muy superior a la media (10,45%): Ceuta (25,47% de paro), Melilla (23,76%),  Andalucía (15,27%), Canarias (14,59%), Extremadura (13,56%) y Comunidad Valenciana (11,73%). Contrastan con 6 autonomías que tienen una tasa de paro casi europea , aunque haya subido en la mitad: Baleares (5,77% de paro), País Vasco (6,98%), Navarra (7,28%), Cantabria (7,62%), Madrid (7,98%) y Cataluña (8,18%). Y otro dato preocupante que mejora: bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: eran 898.500 parados este verano, el 34,38% del total (100.000 menos que en primavera).

Esto mejora la situación de muchos parados de larga duración reduce el número de los que se les acaba el desempleo y no cobran ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En agosto de 2025, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.875.821 desempleados: la mitad cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 984 euros de media y el resto (48,64%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Eso significa que casi tres de cada cuatro parados (el 71,78%) estimados por la última EPA (2.613.200) cobran alguna ayuda por desempleo. Y si contamos los que están registrados como parados en las oficinas de empleo SEPE (2.421.665), cobran ayudas el 77,45%.

La mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2024 sigue siendo menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021, aunque “pierde impulso”: un 41,40% de todos los contratos firmados entre enero y septiembre (11.608.100) han sido indefinidos (4.806.500 contratos), aunque este porcentaje es inferior al de los 9 primeros meses de 2024 (42,39%) y de 2023 (42,8%). Pero supone un salto tremendo sobre los indefinidos antes de la reforma laboral: en 2021, sólo el 10,9%  de los contratos eran indefinidos. Y entre 2014 y 2020, sólo eran indefinidos entre el 6 y el 8%. Además, en lo que va de año, más de la mitad de los nuevos contratos (56,45%) son a tiempo completo, más de la cuarta parte (29,71%) a tiempo parcial y el resto, fijos discontinuos (1.604.500), que son los contratos fijos por periodos determinados de trabajo que se hacen a muchos que antes eran temporales en el turismo, hostelería y construcción.

El resultado evidente de la reforma laboral es que aumentan mes a mes los asalariados con contrato indefinido, que este verano ya eran el 84,42% de los asalariados (16,13 millones de trabajadores fijos), frente al 74% de los asalariados fijos hace cuatro años (septiembre 2021), el 79,81% hace dos años y el 83,59% que eran el verano pasado. Pero todavía tenemos un 16,41% todavía de asalariados con contrato temporal, el mayor porcentaje en Europa (la media de temporalidad en la UE-27 es del 14,1%). El problema son los contratos a tiempo parcial, que aunque se reducen este verano (-196.100) han crecido en el último año (+181.800) y rozan los 3 millones (2.975.700): ojo, algo más de 2 millones son mujeres, que trabajan menos de la jornada habitual, muchas porque no encuentran otro empleo.

Ahora, a finales de 2025, Gobierno y expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora parece más factible).

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque el paro crece y puede seguir creciendo (aunque se cree empleo, por el aumento de los que buscan trabajo) y seguimos siendo el país de Europa y la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 10,45 % en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2024 trabajaban el 71,4% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,8% que trabajaban en Europa, el 75,1% en Francia o el 81,3% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,4 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de choque para mejorar el empleo de los jóvenes y las mujeres, porque tienen “demasiados” contratos a tiempo parcial (de media jornada o por horas y días), más precarios y peor pagados. De hecho, aunque el 70,2% de los jóvenes (menores de 25 años) tienen ahora un contrato fijo, el 56% de ellos tienen un contrato indefinido a media jornada o como fijos discontinuos (trabajan sólo un periodo al año). Y lo mismo les pasa a las mujeres: el 46% trabajan menos horas porque no encuentran un trabajo a jornada completa.

Y la otra medida urgente, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque están colapsadas (se tarda días en conseguir que te den por teléfono una cita previa para solicitar el subsidio) y además no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 2 años y medio de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 88.110 empresas y 31.184 ofertas de empleo. Urge reforzar la plantilla del SEPE (tiene 2.000 trabajadores menos de los que necesita), mejorar su sistema informático (pésimo) y cambiar la operativa de las oficinas (gestionadas desigualmente según autonomías), para dedicarse menos a tareas burocráticas y más a recolocar parados.

En definitiva, todos debemos alegrarnos porque haya más de 22 millones de personas trabajando en España (10,3 millones más que hace 60 años), pero todavía tenemos demasiado paro y trabaja menos gente que en Europa (de los que están en edad de trabajar) y muchos empleos son todavía precarios, demasiados a tiempo parcial (sobre todo para jóvenes y mujeres) y con bajos salarios. Y, sobre todo, muchos empleos se concentran en los servicios, con altibajos en las contrataciones, y todavía pocos en la industria, las empresas tecnológicas y exportadoras, que ofrecen empleos más estables y mejor pagados. Además, no podemos olvidar que hay mucha incertidumbre en la economía mundial (por los aranceles de Trump) y en Europa (estancada) y esto acabará perjudicando al empleo. Así que habrá que estar vigilantes y dispuestos a tomar medidas para salvar esos 22 millones largos de empleos y conseguir que sigan creciendo. Debería ser nuestro gran reto como país.

Los seguros, cada vez más caros

Casi todos hemos visto cómo subía el último recibo de los seguros, sobre todo del coche pero también el seguro médico y el del hogar. Los seguros han subido un +8.8% el último año y un +34,3% desde la pandemia. Estas fuertes subidas explican, junto al aumento del negocio (las primas de seguros han crecido un +13,6% este año) y el ajuste de costes, que las aseguradoras estén ganando más dinero que nunca: sus beneficios crecen un +17,6% hasta junio, tras ganar 6.356 millones en 2024 (+16,5%). Los motores del negocio asegurador son los seguros médicos (los que más crecen y que tienen ya más de 14 millones de españoles) y los seguros de coches (con un récord de 34,5 millones de vehículos asegurados), aunque el mayor potencial está en los seguros del hogar (21,6 millones de viviendas aseguradas), cada vez con más servicios. Se espera que los seguros vuelvan a subir entre un 8 y un 10% en 2026, en medio de una engañosa guerra de tarifas. Conviene revisar nuestros seguros y coberturas.

                            Enrique Ortega

Las aseguradoras se recuperan con creces del bache que sufrieron con la pandemia y la subida de la inflación y los costes de 2022 y 2023. Así, en los 9 primeros meses de 2025 (enero-septiembre), las primas de seguros (facturación) fueron 64.422 millones de euros, +13,6% que en los nueve primeros meses de 2024, según los datos de la patronal UNESPA. Y aunque en 2024 cayó algo la facturación de los seguros (-1,56%), fue por la menor contratación de seguros de ahorro, por la bajada de tipos, porque el resto de seguros creció el año pasado, con un volumen de primas de 75.161 millones de euros, un +17,15% más de negocio que en 2019 (64.155 millones).

Lo que “tira” de los seguros este año (y en 2024) es el seguro de salud, cuyas primas (9.953 millones de enero a septiembre de 2025) son las que más crecen (+11,39%, casi el doble que en 2024), tras haberse superado los 14 millones de españoles (14,29 millones) que tienen un seguro médico privado, según ICEA. Y también el seguro de automóviles, cuyas primas (10.674 millones en estos 9 primeros meses de 2025) crecieron un +8,58%. También fue muy bien el seguro de multirriesgo hogar, con primas contratadas por 7.868 millones de euros entre enero y septiembre, un +6,64% de aumento sobre las primas del primer semestre de 2024, según UNESPA. Con todo, los seguros más contratados este año son los seguros de vida, los que invierten los ahorros de los asegurados, cuyas primas han sido de 27.235 millones este año, las que más han crecido hasta septiembre (+22,4%), aprovechando la bajada de tipos oficiales (que siguen en el 2%). El resto de los seguros aumenta menos su contratación (+4,77% hasta septiembre), salvo el de decesos (entierro), que sigue creciendo.

Con este aumento de la facturación en 2025  y el mayor control de costes (por la menor inflación este año), las aseguradoras han mejorado otra vez sus beneficios este año: han tenido un beneficio neto de 3.599 millones entre enero y junio de 2025, un +17,66% que en el primer semestre de 2024, según datos de ICEA, lo que supone aumentar más los beneficios que en todo 2024 (ganaron 6.356 millones, +16,5% que en 2023). Otra vez, el primer responsable de esta histórica mejora de beneficios es el seguro de salud, cuyos beneficios netos (361 millones) aumentaron un 161% sobre el primer semestre de 2024. El seguro de automóviles reportó 350 millones de beneficio neto (+144%) y el de multirriesgo hogar aportó 491 millones (+7%), aunque el seguro más rentable fue el de vida (1.747 millones de beneficio neto, +7%) y otro ramos de no vida (que aportaron los 1.076 millones de beneficios restantes, +29% sobre el primer semestre de 2024).

En conjunto, si las aseguradoras mantienen estos beneficios el resto del año, podrían cerrar 2025 con un beneficio neto de 7.475 millones de euros, que supondría una subida del +58,7% sobre los beneficios que tuvieron antes de la pandemia (4.710 millones en 2019), muy por encima de la subida en estos años de la inflación ( +23,3%) y los sueldos (+18,88%). Una cifra histórica de beneficios, aunque queda lejos de los 34.000 millones que esperan ganar los 6 grandes bancos españoles en 2025 (han ganado 17.086 millones hasta junio).

Este fuerte aumento de beneficios de las aseguradoras se debe sobre todo al aumento del negocio (crecimiento de los seguros médicos, de automóviles y hogar), propiciado por la mayor actividad comercial de los bancos, que llevan un par de años volcados en vender seguros en sus oficinas, para ingresar más comisiones. Y también ha sido clave el control de costes de las aseguradoras, sobre todo en el seguro de automóviles y de salud, negociando duramente con talleres, hospitales y médicos para reducir pagos. Pero la razón fundamental de los mayores beneficios es la subida de tarifas, en 2025, 2024 y 2023, tras menores subidas en los recibos de 2020 y 2021 (por la pandemia) y 2022 (por la inflación).

Los datos son claros: las primas de seguros han subido este año un +8,8% anual, hasta agosto, según el INE, tras subir +9,1% en 2024 y +6,9% en 2023 (fuertes subidas tras el 2% de media que subieron en 2022, el 3,3% en 2021, el 1,5% en 2020 y el 2,7% en 2019). Eso significa que los seguros han subido un +34,3% desde antes de la pandemia, más que la inflación media (+23,3%) y que los sueldos (+18,88%). En cuanto a la subida este año (+8,8% anual), es mucho mayor en los seguros médicos (han subido una media del +10,4% hasta agosto), cuya factura ha subido un +49,9% desde 2019, según el INE, casi el doble de lo que han subido estos años los seguros de coches (+28,2%).

Los seguros de salud no paran de crecer (hasta septiembre han recaudado sólo 721 millones menos que el automóvil, que es un seguro obligatorio) y de subir año tras año, empujados por una demanda creciente de usuarios, hartos de las listas de espera de la sanidad pública para el especialista (105 días de media) y para operarse (126 días). De hecho, en junio de 2025 se estimaba que había 14,29 millones de españoles que pagaban un seguro médico privado (1 de cada 4 hogares), casi 4 millones más de los que pagaban un seguro privado antes de la pandemia (10,5 millones), siendo mayor el porcentaje de los que pagan este seguro médico en Madrid y Barcelona (un tercio de la población). De estos 14,29 millones de asegurados, 8,89 millones pagan una póliza individual y 5,4 millones son colectivos, ya sean funcionarios o pólizas de empresas.

Los seguros médicos crecen sin parar pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que los costes de la atención sanitaria no paran de crecer y la población está más envejecida (se piden más pruebas y más caras), con lo que la negociación entre aseguradoras, hospitales y médicos es cada vez más dura, en perjuicio de los asegurados, que pagan cuotas más altas: cada vez hay más especialistas y hospitales “que no trabajan con aseguradoras” o sólo con las más grandes, lo que favorece la concentración: actualmente, el 73,81% de las pólizas se concentran en las 5 grandes aseguradoras de salud, Adeslas-Mutua (30,75% de cuota), Sanitas (16,26%), Asisa (13,81%), DKV (7%) y Mapfre (6,62%). El otro problema grave es que la sanidad privada empieza a saturarse, porque aumenta el deterioro de la sanidad pública, y ya hay listas de espera (meses) en algunas especialidades y una masificación en algunos hospitales y servicios (dermatología, trauma, oftalmología…).

Toda esta situación acaba provocando subidas en las pólizas de salud, año tras año, y un deterioro de la atención de médicos y hospitales privados. Ahora, se espera que estos seguros médicos vuelvan a subir un 10% de media en 2026, especialmente las pólizas de los mayores de 60 años. El precio medio de una póliza familiar es muy variable, entre 120 y 500 euros al mes, según la cobertura y las edades de los asegurados. En paralelo, hay una “guerra comercial” de las aseguradoras por crecer, sobre todo entre los jóvenes, con “ofertas low cost”, que ofrecen pólizas de 10 a 30 euros mensuales, con pocas coberturas y aprovechando el menor coste de la atención online. La estrategia es clara: los que tienen ya un seguro médico pagarán más cada año y los que piensan en contratar uno o cambiarse se encuentran con ofertas atractivas (que subirán después).

Con todo, donde ciertamente hemos notado más una subida este año es en los seguros de automóviles, que son el seguro más utilizado (es obligatorio) y el que ha batido récord de asegurados: en septiembre de 2025 había 34.584.416 vehículos asegurados, según el fichero FIVA de Unespa, un 2,03% más que el trimestre  y el mayor aumento en los últimos 6 años. En este seguro, que se ha encarecido un +14% este año,  lo que más sube es el seguro a todo riesgo, que sube un +20% (en torno a 1.000 euros de cuota anual), subiendo menos el seguro a terceros (+12,5%, 516 euros de media) y más los seguros a jóvenes y el seguro que pagan los conductores en grandes ciudades (puede variar hasta 500 euros sobre una ciudad pequeña o pueblo, por el mayor riesgo de siniestralidad).

Todo apunta a que los seguros de automóviles seguirán subiendo en 2026, entre un 7 y un 12%, lo que justifican las aseguradoras por el aumento de la siniestralidad (hay más coches circulando, viajamos más y circulan más coches VTC y de reparto en las grandes ciudades) y el encarecimiento de las piezas, talleres y reparaciones (los coches modernos y eléctricos son más costosos de reparar). Así que las compañías han suavizado su “guerra de precios”, que las llevaba en muchos casos a perder dinero con algunas pólizas, y no dudan en subir precios a medida que les suben la siniestralidad y los costes. Estas subidas continuadas están provocando que cada vez más conductores se apunten al “renting”, donde por el pago de una mensualidad no hay que pagar seguros ni mantenimiento ni averías. De hecho, ya hay 947.000 coches en renting y esperan cerrar 2025 con más de 1 millón de coches en renting, una modalidad que antes utilizaban las empresas y ahora muchos particulares.

Otro seguro que también sube, aunque algo menos, es el de hogar, que sigue creciendo año tras año, especialmente por el aumento de hogares, alquileres y compraventas, así como por  los fenómenos climáticos extremos (lluvias, incendios…), aunque todavía hay muchas viviendas sin asegurar, sobre todo viviendas vacías y en zonas rurales: se estima que hay 21,6 millones de viviendas aseguradas, de las 26,6 millones de viviendas censadas (INE). La novedad de este seguro de hogar es que cada vez cubre más riesgos (se llama “multirriesgo hogar”) y ofrece más servicios (pequeñas reparaciones, ayuda de “manitas” a domicilio, asistencia jurídica…), sobre todo dos coberturas muy publicitadas: el seguro de impago de alquiler y el “seguro antiocupación” (que se ha popularizado por la publicidad de empresas de alarmas y las campañas políticas de PP y Vox, aunque sólo se ocupan el 0,06% de las viviendas, según los datos oficiales de Interior…). Los precios de estos seguros de hogar varían mucho según la cobertura y los servicios, costando entre 165 y 400 euros de media.

Cara al futuro, todo apunta a que los seguros seguirán subiendo (entre el 8 y el 10%), mucho más que el IPC, sobre todo para los clientes actuales, aunque continuará la “guerra de precios” de las aseguradoras para animar al cambio de compañía (con precios más bajos, que luego suben) y la oferta de seguros low cost, que tienen bajas coberturas y mucha “letra pequeña”. En cualquier caso, si sumamos todos los seguros que tenemos (coche, casa, salud, vida y decesos), es probable que la factura sea ya importante, con lo es el momento de revisar facturas y agrupar seguros. Y sobre todo, revisar coberturas que no necesitamos o que encarecen el seguro (por ejemplo, una franquicia baja mucho el seguro del coche). Y en otros casos (salud, hogar), quizás necesitemos ampliar las coberturas. 

Así que hay que analizar los seguros que tenemos y comparar precios y coberturas, porque las subidas van a continuar año tras año. Podemos tener una ayuda si acudimos a una Correduría de seguros, unos profesionales que pueden analizar nuestras pólizas y aconsejarnos gratuitamente si debemos cambiar o no de cobertura y de compañía: nosotros no les pagamos a ellos por su asesoramiento, son las aseguradoras las que les pagan una comisión si contratamos un seguro a través de su mediación que, insisto, es gratuita. Un servicio poco conocido (ver Web Corredores de seguros) y que puede ayudarnos a gestionar mejor nuestros seguros. Un gasto obligado, pero no a cualquier precio.

El problema de la vivienda se agrava

Tras el paréntesis del verano, jóvenes y familias comprueban que conseguir una vivienda en España es cada vez más difícil: no hay casi alquileres y son carísimos mientras resulta casi imposible comprar una casa, aunque bajen los tipos. La Ley de vivienda del Gobierno (29 meses en vigor), no funciona y la mayoría de autonomías no la aplican, mientras apenas sube la construcción de viviendas y sí la especulación, con Fondos y ahorradores lanzados a comprar para alquilar y vender: la vivienda es una inversión y no un bien de uso. El Gobierno ha presentado el Plan de Vivienda 2026-30, triplicando la inversión actual, pero las 11 autonomías gobernadas por el PP dicen que “no les gusta”. Así que seguimos sin acordar soluciones para la vivienda. Cualquier Plan exige la colaboración de todas las Administraciones para buscar suelo y financiación, facilitando la promoción de nuevas viviendas (hacen falta 750.000), sobre todo públicas en alquiler. Pero no parece posible este acuerdo, aunque la vivienda sea nuestro mayor problema y el cuello de botella de la economía. Vamos a peor.

                            Enrique Ortega

El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. La compra es casi imposible, dado que el precio sigue disparado: el precio medio era en junio de 2.093 euros/metro cuadrado, con una subida anual del +12,8%, la mayor de los últimos años, según el INE, una subida que se suma al +55,1% que subió la compraventa de viviendas en España entre 2014 y 2024. Y esta última subida anual (+12,8%) coloca a España en cabeza de la subida de precios en Europa, donde la vivienda sube menos de la mitad (un +5,4% anual en la UE-27), siendo aún menor la subida anual en Italia (+3,9%), Alemania (+3,2%) y Francia (+0,5%), lo que nos sitúa como el 5º país con la mayor subida anual de la vivienda, tras Portugal (+17,2%), Bulgaria (+15,5%), Hungría (+15,1%) y Croacia (+13,2%), según Eurostat.

Otra estadística más ligada al mercado, la del portal Idealista, sitúa el precio medio de comprar una casa en España en 2.517 euros/m2 en septiembre, una subida del +15,3% anual y un máximo histórico (incluyendo los precios en la “burbuja financiera”: 2.115 euros/m2 costaba en junio 2007). Pero ese es el precio medio, ya que hay muchas ciudades donde el precio de una vivienda ronda o supera los 5.000 euros/m2: San Sebastián (6.250, 12,2% anual), Madrid (5.677, +19,4%), Palma (5.036 euros/m2, +16,9%) o Barcelona (4.989 euros/m2, +9,4%), costando mucho en Bilbao (3.709 euros/m2, +9,6%), Málaga (3.620, +17%) o Valencia (3.227 euros/m2,+19,2%). Y los precios más bajos se dan en Zamora (1.270 €/m2), Jaén (1.307) y Murcia (1.443).

Con estos precios disparados (+44.73% de subida desde diciembre 2019), muy pocas familias y jóvenes pueden comprar piso hoy en España, aunque hayan bajado los tipos y las hipotecas. Veamos las cifras. Un piso “medio”, que cuesta ahora 2.115 euros/m2 supone un precio (por 90m2) de 190.350 euros. Si se consigue una hipoteca por el 80% de su valor (181.224 euros), al 3% y a 25 años, supone pagar 859 euros al mes. Pero si el piso se quiere comprar en Madrid, hay que pedir una hipoteca (80% valor) de 408.744 euros y eso cuesta 1.938 euros al mes (1.703 en Barcelona), algo que sólo se puede permitir alguien que gane el triple (el 35% es el límite que suelen mirar los bancos), o sea 5.814 euros al mes… Imposible para la mayoría (y además necesitan tener un 30% del valor, 153.279 euros en el caso de Madrid) para el 20% no financiable y los gastos iniciales). Más imposible todavía…

Así que muchas familias y jóvenes sólo pueden pensar en alquilar. En septiembre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024, según el portal Idealista. Eso significa que alquilar una vivienda de 90m2 cuesta de media en España 1.305 euros mensuales. Pero en la mayoría de las ciudades grandes, los alquileres cuestan mucho más: 24 euros/m2 en Barcelona (2.160 euros por 90 m2), 22,7 euros en Madrid (2.043 euros mensuales), 18,4 en Palma, 18,2 en San Sebastián, 15,4 euros/m2 en Málaga o 15,4 euros/m2 en Valencia, mientras sólo tienen precios bajos Ciudad Real (7,7 euros/m2, 693 euros mensuales), Lugo (7,7 €/m2), Zamora o Cáceres (7,9€/m2). Un alquiler elevado, con otro agravante: apenas hay alquileres en el mercado, con lo que los inquilinos se encuentran con 35 “competidores” por cada alquiler, lo que provoca que los propietarios “seleccionan” al inquilino: eligen familias sin hijos y sueldos estables antes que jóvenes, extranjeros e inquilinos con sueldos precarios, muchos hijos o mascotas…

El problema de fondo en ambos casos (pisos en venta o alquiler) es que hay poca oferta en el mercado, pocos pisos para comprar o alquilar, lo que provoca que muchos compradores o inquilinos no regateen el precio e incluso paguen algo más para quedárselo. Y a su vez, estos altos precios “reaniman” la burbuja: como invertir en una vivienda es una buena inversión (6,9% de rentabilidad media), cada vez hay más ahorradores e inversores dispuestos a comprar una casa para destinarla al alquiler o para venderla en unos años: hay 307.000 propietarios tienen más de 10 viviendas en propiedad, un 20% más que hace 10 años. Y otro dato revelador : un tercio de las viviendas se compran hoy en España sin hipoteca (a tocateja), lo que revela que son inversores particulares, Fondos de inversión o extranjeros (compran el 15% de las viviendas). Consecuencia: más inversores buscando viviendas (que no hay) suben los precios y los alquileres, para asegurar la rentabilidad de la inversión. La vivienda ha dejado se ser un bien de uso para convertirse en un activo para invertir.

Este es el negro panorama de la vivienda en España 29 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, una Ley que contó con la oposición de las 11 autonomías gobernadas por el PP, que no la aplican. Y una Ley que apenas ha servido para bajar los precios de los alquileres en las zonas más “tensionadas” y que sí se han acogido a los controles de precios: 131 municipios catalanes, algunos pueblos del País Vasco (incluido San Sebastián) , 21 en Navarra, Santiago de Compostela y Las Palmas. En algunos casos (Cataluña) ha habido pequeñas bajadas tras año y medio de topes a los alquileres, pero han sido a costa de reducirse aún más la oferta de alquileres.

Lo que está claro es que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno ha provocado que muchos propietarios hayan desviado sus viviendas en alquiler a otros usos (pisos turísticos y alquileres de temporada) o a la venta, para evadir el control de alquileres. En conjunto, Idealista estima que se han “desviado” 120.000 alquileres en estos 2 años largos de la Ley de Vivienda,  lo que ha reducido la oferta de alquiler un -17% de media (-46% en Barcelona, -36% en Bilbao y San Sebastián, -35% en Palma, -31% en Sevilla y -21% en Madrid), mientras la demanda de alquileres ha aumentado un +79% en estos dos años largos.

Una parte de los pisos que antes se alquilaban normalmente se destinan ahora a pisos turísticos, que no tienen alquileres controlados y por los que el propietario saca altas rentabilidades (por días o fines de semana). Se estima que al alquiler turístico se han “desviado” 85.000 alquileres en los 2 últimos años. Y en julio, había ya 381.837 pisos turísticos en España, según el INE, la mayoría en grandes ciudades turísticas : 48.412 en Málaga, 46.6784 en Canarias, 24.361 en Baleares, 23.648 en Tenerife, 18.113 en Barcelona, 18.555 en Madrid y 15.258 en Valencia, aunque hay muchos “ilegales (150.000 en Madrid).

Otra parte de los pisos que antes se alquilaban se han “desviado” a “alquileres de temporada”, viviendas que sólo se alquilan unos meses al año (a estudiantes, profesores, personal de hostelería…) y a las que tampoco se aplican los topes de precios y condiciones de la Ley de Vivienda. Estas viviendas ya suponen un 15% del mercado y su oferta se dispara un 26% anual (mientras los alquileres normales suben un 3%) y tienen más peso en Barcelona (49% del mercado), San Sebastián (39%), Girona (33%), Badajoz (33%), Cádiz (21%), Tarragona (20%), Madrid (18%) o Palma (16%), según datos de Idealista.

Y el tercer desvío de alquileres son las viviendas que se venden, porque sus propietarios “no quieren problemas con los posibles inquilinos” y aprovechan las plusvalías conseguidas: en los dos últimos años y medio (2023, 2024 y la primera mitad de 2025) se han vendido en España 1.610.000 viviendas, una cifra de ventas histórica, que supera los mejores datos de los últimos 18 años, lo que hace temer a algunos por una nueva “burbuja inmobiliaria”, aunque los datos son muy diferentes a la de 2007. Pero la alta rentabilidad y la bajada de tipos está alimentando estas ventas récord, aunque en los últimos meses se ha frenado algo la avalancha, porque hay pocas viviendas para vender.

Y aquí volvemos al centro del problema: los precios de las viviendas y los alquileres se disparan porque hay poca oferta y una elevada demanda, pendiente y nueva: se estima que hay un déficit acumulado de 765.000 viviendas en España, según CaixaBank. Y cada año se suman 240.000 nuevas familias y jóvenes que buscan piso, en alquiler o en propiedad. Y frente a estas abultadas necesidades, España apenas construye nuevas viviendas: en 2024 se iniciaron 136.187 viviendas (112.230 viviendas “libres” y 23.967 viviendas protegidas, VPO), algo mejor que en 2023 (110.344 viviendas iniciadas, sólo 12.304 VPO), tras una década de escasísima construcción (86.238 viviendas iniciadas en 2011, 51.735 en 2012, 35.721 en 2013, 65.955 en 2016 y 87.907 en 2020). Y este año, aunque se construye algo más, sólo se han iniciado 60.816 viviendas libres hasta junio (57.249 en el primer semestre de 2024) y 8.074 viviendas de promoción pública, VPO (aunque casi 3.000, destinadas al alquiler, más de la mitad de las nuevas promociones, aunque todavía sea una cifra mínima).

Parece claro que España debe construir mucho más viviendas (en 2006 se construyeron 762.540 viviendas, 5 veces más de las 140.000 que podrían construirse este año), sobre todo viviendas para alquiler y a un precio asequible (VPO). Eso pasa, obligatoriamente, por un gran Acuerdo entre el Gobierno, las autonomías (que gestionan la política de vivienda), los Ayuntamientos (que tienen suelo), los promotores y constructores más los bancos, porque cualquier política de vivienda exige coordinación entre Administraciones, algo que “falta”, según acaba de alertar el gobernador del Banco de España.

Urge concretar esa colaboración en la creación de Comisiones para relanzar la vivienda, a nivel estatal, autonómico y municipal, para actuar coordinadamente  en varios frentes: suelo (elaborar un Catálogo de suelo disponible y el que pueda conseguirse a medio plazo, ciudad a ciudad y pueblo a pueblo), invertir en conseguir que este suelo sea urbanizable, agilizar los planes urbanísticos (reformando la Ley del suelo, reforma que rechazaron en febrero el PP , Junts, ERC, Bildu, Podemos y Sumar en el Congreso), buscar financiación pública (ICO) y privada, fomentar la colaboración de la promoción privada y pública (ayuntamientos, Fundaciones, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro), sobre todo para promover viviendas en alquiler, muchas subvencionadas para permitir alquileres asequibles. Este esquema de cooperación entre todos los implicados es el que está aplicando el presidente Illa en Cataluña, con buenos resultados.

Pero no se trata sólo de construir más viviendas, de más grúas. Hay que fomentar la rehabilitación, para que puedan salir en alquiler (y venta) viviendas en mal estado, que se pueden beneficiar todavía de los Fondos europeos. Y hay que fomentar la compra pública de viviendas vacías o en manos de bancos e instituciones, para ponerlas en el mercado. Y además, hay que cambiar la actitud ante los propietarios: en lugar de “asustarlos” con topes y controles de precios y subidas, hay que darles “seguridad”, promoviendo empresas públicas municipales o autonómicas que les garanticen el alquiler, como hace el “Programa Bizigune” en el País Vasco: los propietarios les ceden sus viviendas y saben que cobran seguro el alquiler, despreocupándose. Y además, controlar y frenar el desvío de viviendas a alquileres de temporada y pisos turísticos (muchos, ilegales).

Con todas estas actuaciones, se podrían poner en el mercado de alquiler (y de venta) unos 200.000 viviendas al año, nuevas, rehabilitadas y usadas. Pero eso exige que el Gobierno central, autonomías, Ayuntamientos, promotores, constructores y bancos remen juntos, algo que parece imposible. De hecho, el Gobierno acaba de presentar el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías gobernadas por el PP (11 de 17) ya han dicho que “no les gusta”…Así que nacerá “muerto”, como la Ley de Vivienda, aunque este Plan tiene aspectos muy positivos. El principal, que pretende invertir 7.000 millones en vivienda, el triple que el Plan actual 2021-2025, aunque a cambio piden que el 40% lo aporten las autonomías. Otro elemento positivo es que promueve la construcción (y la venta de viviendas privadas) para el alquiler, obligando a que estas VPO no se pueden vender a precio libre (como ha pasado: los 6,5 millones de VPO construidas desde los años 50 se han “privatizado"), para crear un parque público de viviendas en alquiler (2,5% en España, del 10 al 30% en Europa). Y además, se mejoran las ayudas a los jóvenes para comprar y alquilar, más en zonas rurales.

Ahora, el debate y la aprobación antes de fin de año de este Plan de Vivienda 2026-2030 es una gran oportunidad para intentar un acuerdo en la futura política de vivienda, aunque sólo sea porque es uno de los grandes problemas de los españoles, en especial de los jóvenes. Habría que dejar de lado los enfrentamientos políticos y sentarse para ver cómo se consigue suelo, financiación y promotores para construir más viviendas asequibles y para que los que tienen una casa la alquilen con seguridad y no la desvíen al alquiler turístico o de temporada. La vivienda “tiene enmienda” si los políticos consultan a los expertos y acuerdan medidas que sean eficaces, no con anuncios demagógicos. Hay miles de jóvenes y familias que necesitan una vivienda asequible, algo que requiere financiación, un Plan realista y tiempo. Si no lo hacemos ahora, los problemas de la vivienda seguirán agravándose y se acabarán convirtiendo en un “cuello de botella” que frenará la economía. Y lo sufriremos todos.

Funcionarios: la mitad se jubila en 10 años

Los sindicatos denuncian que desde el 1 de abril están paralizadas las jubilaciones parciales de los trabajadores públicos, porque la nueva normativa exige sustituirlos por jóvenes con contrato fijo y eso no lo pueden hacer los Ayuntamientos, autonomías y la Administración central sin convocar oposiciones. Además, los funcionarios de carrera no pueden acogerse a la jubilación parcial desde 2012 y la nueva Ley de Función Pública que se lo permitirá está paralizada en el Congreso desde julio de 2024. Así que hay problemas para que los jóvenes sustituyan a los empleados públicos, más envejecidos que el resto de los trabajadores: el 57% de los funcionarios tienen más de 50 años y casi 90.000 se jubilarán en los próximos 10 años. Por eso es importante facilitar su relevo por jóvenes, permitiendo su jubilación parcial a partir de los 62 años, algo imposible hoy y que sí pueden hacer las empresas privadas. Hay que fomentar la entrada de jóvenes en la Administración, para dinamizarla y modernizarla.

                    Los funcionarios son los trabajadores más envejecidos (57,16% tienen más de 50 años)

España es un país envejecido, tanto en su población (el 43% tienen más de 50 años) como en su mano de obra (el 33,5% de los trabajadores asalariados tienen más de 50 años). Pero el envejecimiento es mayor entre los empleados públicos (44,96%) que entre los que trabajan en empresas privadas (sólo el 30,82% tienen más de 50 años). Y dentro de los trabajadores de la función pública, los más envejecidos son los funcionarios y personal estatutario (personal sanitario), donde más de la mitad de los empleados (el 57,16%) tienen más de 50 años, según el último informe del Ministerio de la Función Pública.

Así que los que trabajan para la Administración pública (3.521.900 empleados en junio, según la EPA)  tienen más edad media que el resto de trabajadores, lo que va a provocar que en los próximos 10 años se jubilen casi la mitad, algo que hay que preveer desde ya porque si no se deteriorarán más los servicios públicos, en general faltos de personal y con plantillas muy precarias: 908.800 trabajadores públicos, el 27,8% del total tienen contrato temporal, un dato por el que nos ha llamado la atención Bruselas y los Tribunales europeos. Mientras el Gobierno se compromete a bajar esta tasa al 8% a medio plazo, con oposiciones y regularizaciones.

El reciente estudio del Ministerio de la Función Pública se centra sólo en el envejecimiento de una parte de los empleados públicos, los funcionarios de carrera y el personal estatutario (de la sanidad) de la Administración General del Estado, en total 539.257 personas (de los 3,5 millones que trabajan para el sector público), sin informar de los funcionarios y empleados que trabajan en autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos. De ellos, 282,003 son personal de las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y Administración de Justicia, por lo que el estudio se centra en los 242.409 empleados públicos restantes que trabajan en Ministerios, empresas públicas , Agencias estatales y Universidades no transferidas.

Pues bien, de estos 242.409 empleados públicos en la Administración Central, el estudio se fija en el envejecimiento de los funcionarios de carrera (141.426 personas, el 57,58% con más de 50 años) y del personal laboral fijo (39.504 personas, el 66,29% con más de 50 años), el “cogollo” del personal de la Administración central del Estado, con una tasa de envejecimiento (57,16% tienen más de 50 años) muy superior a la del conjunto de los trabajadores españoles (el 33,4% tienen más de 50 años).

Este alto envejecimiento del núcleo de nuestra Administración pública se traduce en que la mitad se van a jubilar en los próximos 10 años, según el estudio del Ministerio: para 2035 se habrán jubilado el 49,53% de la plantilla actual: serán 89.690 empleados públicos jubilados en los próximos 10 años, 67.448 funcionarios de carrera y 22.242 del personal laboral, concentrados más en algunas categorías y Departamentos. Una pérdida de personal (repito, el 49,53% de los empleados actuales) que será muy importante en sus trabajos y cuya sustitución hay que preparar desde ya para mantener y no deteriorar los servicios públicos.

El estudio del Ministerio prevé convocar nuevas plazas y oposiciones en la próxima década, para incorporar a 104.789 nuevos empleados públicos (82.665 funcionarios de carrera y 22.124 personal laboral fijo), con lo que se cubrirían con creces  las 89.690 jubilaciones previstas (con un saldo neto de 15.099 empleados, todos funcionarios de carrera). El problema es que el estudio no informa de las jubilaciones previstas en el conjunto de la Administración pública, es decir, cuántos de los 3,5 millones que hoy trabajan para la Administración central, empresas públicas, autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos se van a jubilar de aquí a 2035. Si la tasa de envejecimiento es similar, habría que sustituir a 1,7 millones de trabajadores públicos en la próxima década, una tarea muy compleja, que exige convocar múltiples oposiciones y preparar numerosas contrataciones de personal público, si no queremos que se deterioren aún más los servicios públicos y la atención al ciudadano.

Una medida que podría ayudar a rejuvenecer las plantillas públicas es la jubilación anticipada o parcial de funcionarios y empleados públicos, para dar entrada a jóvenes en la Administración. En los últimos años, algunos empleados públicos han optado por la jubilación parcial: trabajar menos horas y cobrar una parte de jubilación anticipada y otra de sueldo, acogiéndose al Real Decreto1991 de 1984, modificado en 2011. Pero a finales de 2024, los sindicatos, la patronal y el Gobierno pactaron una nueva reforma de la jubilación parcial, que entró en vigor el 1 de abril de 2025. Y esta reforma ha frenado todas las peticiones de jubilación parcial que habían pedido muchos trabajadores públicos en Ayuntamientos, autonomías y Administración central. En paralelo, los funcionarios de carrera y el personal estatutario (sanidad) siguen sin poder pedir la jubilación parcial desde 2012, cuando lo prohibió Rajoy para colaborar así en la reducción del gasto público (los famosos “recortes”).

La reforma de la jubilación parcial que entró en vigor el 1 de abril permite a todos los trabajadores solicitar trabajar menos horas (un mínimo de 25% de la jornada y un máximo del 75%), sustituyendo ese menor sueldo con una parte de la pensión, siempre que tengan cotizados 33 años y 6 meses. Y la edad a la que se puede solicitar la jubilación parcial es de 62 años (si ha cotizado más de 38 años y 3 meses) y 63 años y 8 meses (si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses pero más de 33 años y 6 meses). Pero además, la nueva norma plantea una exigencia nueva: el trabajador que se jubila parcialmente ha de ser sustituido por un joven relevista (que esté en el desempleo) al que la empresa debe hacer un contrato indefinidos a tiempo completo ( o un contrato fijo discontinuo), que debe mantenerse 2 años después de la jubilación parcial del trabajador relevado.

Este cambio, el que obliga a sustituir al jubilado parcial por un joven con contrato indefinido a tiempo completo es el que imposibilita que los trabajadores públicos consigan ahora una jubilación parcial: exigiría que su Administración (Ayuntamiento, autonomía, Administración central o empresa pública) contratara fijo a un joven, algo que no pueden hacer porque el proceso de contratación en la Administración exige convocar pruebas y oposiciones, limitadas por sus maltrechas economías y las normativas vigentes. Y por eso, un Juzgado de lo social de Gijón ha rechazado en julio la petición de una enfermera de la Consejería de Derechos Sociales de Asturias para acogerse a una jubilación parcial, como informa el sindicato CSIF, que denuncia  la situación de muchos empleados públicos que ahora no pueden conseguir la jubilación parcial, al menos hasta que sus Administraciones convoquen nuevas plazas.

El problema se ha ido agravando y los sindicatos presionan a la Seguridad Social para que busque una solución que permita la jubilación parcial de los empleados públicos, como sí pueden hacer el resto de los trabajadores. Todo indica que la solución pactada será volver a la situación anterior al 1 de abril y permitir por un tiempo que los empleados públicos se puedan jubilar parcialmente siendo sustituidos por interinos “temporalmente”, como sucedía antes, a la vez que se aceleran las convocatorias de nuevas plazas de empleo público para que los sustitutos sean personal fijo (como en el resto de empresas).

El problema es que este “parche” puede resolver el problema del personal laboral que quiere optar a la jubilación parcial, pero no resuelve el problema de los funcionarios de carrera y personal estatutario (sanidad), que no pueden solicitar la jubilación parcial desde 2012. Se les buscó una solución, introduciendo una enmienda en la Ley de la Función Pública, para que ellos también se puedan jubilar parcialmente. Pero la Ley sigue paralizada en el Congreso desde julio de 2024, junto a otras tantas Leyes que sufren el actual bloqueo político.

A la vista del tremendo envejecimiento de las plantillas públicas, urge acelerar estos cambios, tanto para facilitar la jubilación parcial de los empleados públicos y de los funcionarios como para retrasar la jubilación de los funcionarios (hasta los 72 años), para impedir que desaparezcan la mitad de los empleados públicos en la próxima década. Se trata de redimensionar las plantillas públicas (escasas en muchos Departamentos tras los recortes de 2012 y la no reposición de los jubilados), reducir su precariedad (elevadísima en la sanidad y en parte de la educación) y planificar con tiempo el futuro, para afrontar las jubilaciones previstas y las necesidades crecientes de muchos servicios públicos.

Y no solo se trata de planificar el futuro de las Administraciones públicas y sus empleados. Otro reto es incorporar a la juventud a la función pública, porque en una gran mayoría de casos optan por las empresas privadas, generalmente porque pagan mejor. Y cuando hacen una oposición, es muchas veces por asegurarse un empleo más que por apostar por el servicio público, que lleva décadas denigrado y poco valorado en España. Pero es importante que la Administración pública del futuro cuente con los jóvenes, que pueden aportarla innovación, digitalización y modernización. Para eso, el camino del contrato de relevo, que un joven sustituya a un empleado público o a un funcionario con experiencia es la mejor escuela y una garantía de eficacia y calidad en los servicios públicos. Por eso, urge arreglar los problemas actuales y facilitar el relevo laboral en la Administración pública.