Sigue la "barra libre" de los medicamentos

El Gobierno aprobó en agosto un nuevo recorte en el precio de los medicamentos, que suponen el 8% del gasto total de las autonomías (un tercio del gasto en educación). Desde el 1 de noviembre, los médicos tendrán que recetar por principio activo y no por marca y los boticarios tendrán que vender el medicamento más barato. Las medidas pretenden ahorrar 2.400 millones al año. Una decisión que asfixia aún más a los laboratorios y las farmacias y que no deja de ser un parche, ya que no se afronta el problema de fondo: 7 de cada 10 recetas son de pensionistas, que tienen las medicinas gratis total. Y por eso, el número de recetas sigue creciendo (4 millones al día), aunque baja el gasto. O se frena esta “barra libre” de medicamentos con algún copago por receta o se comerá a la sanidad.

En julio, Gobierno y autonomías pactaron este paquete de medidas, el tercero en año y medio, para reducir el gasto en medicamentos. Desde el 1 de noviembre, los médicos tendrán que recetar por principio activo, en lugar de marcas o genéricos. Si ahora podían recetar un antibiótico prescribiendo la marca (Clamoxil) o un genérico (amoxicilina Normon), ahora sólo podrán prescribir el principio activo: amoxicilina. Y el farmacéutico sólo podrá vender el genérico más barato. Además, los medicamentos nuevos, con más de 10 años y sin genéricos, bajan de precio un 15%.

La medida ha sido apoyada por los médicos, que podrán recetar excepcionalmente medicamentos de marca, aunque les preocupa los problemas que pueda causar a algunos pacientes el posible cambio al medicamento más barato, con otra caja, color y sabor , sobre todo a los enfermos mayores, con mala vista y que toman muchos medicamentos distintos.

A quien sí afecta el cambio es a los laboratorios, que sufren 1.800 millones del recorte y que ven reducir su facturación un 30%, con los dos recortes de 2010 (2.500 millones) y el de ahora. Un sector clave en la innovación (gastan el 21% del I+D en España) y en la exportación, que ha reducido ya 5.000 empleos (Pfizer acaba de anunciar el despido de 220 trabajadores y Merck otros 140), que está perdiendo su capacidad de investigar y descubrir nuevos medicamentos y que amenaza con irse de España (Sanofi Aventis ha vendido su planta de Madrid y Merck cierra la suya a partir de 2012), el tercer país con los medicamentos más baratos de Europa.

Y más aún lo sufren las 21.364 farmacias, un eslabón clave en la atención sanitaria. Ya no se trata sólo de que facturen menos, después de 20 recortes de precios en diez años, sino que además tienen que devolver una parte a las autonomías, el 7,5 % de las ventas de recetas de la Seguridad Social y Mutualidades (MUFACE, ISFAS y MUJEJU). Una farmacia en Madrid viene a pagar de media 615 euros al mes, la cuarta parte de los beneficios de una botica modesta (y las grandes pagan otra deducción adicional, de hasta el 20 % de las ventas del seguro). El Consejo de Farmacéuticos estima que una de cada seis farmacias está en apuros y ya hay 23 boticas en Cataluña que han suspendido pagos.

Al final, estos recortes de precios acogotan a farmacias y laboratorios pero no resuelven el problema de fondo: el despilfarro farmacéutico. El gasto se frenó en 2010 (-2,36%), por primera vez en diez años, y sigue cayendo en 2011 (-10,29 % hasta julio), pero el número de recetas sigue creciendo (+2,28% hasta julio) y este año rondarán los 1.000 millones, casi 4 millones de recetas por día de consulta. Una pelota que sigue creciendo porque se basa en un sistema perverso: el gratis total. Actualmente, el 68,17% del gasto farmacéutico lo hacen los pensionistas, con su receta roja, y no pagan nada. Y aunque los activos pagamos el 40% con la receta verde, el sistema sólo recibe una aportación del 6,83%.

La pelota es creciente porque cada año hay un millón y medio más de pensionistas con derecho a ir a la farmacia con su taco de recetas gratis total. Su farmacéutico le puede hablar del acaparamiento, de medicamentos que acaban en Ecuador o Rumanía, de las bolsas con medicinas caducadas y sin abrir…Miles de millones de euros tirados a la basura. Un problema que no se soluciona porque bajen los precios. Sigue la “barra libre” y es como cuando uno ve el self service de un hotel: los clientes se llenan los platos de comida y luego se dejan la mitad. Ahora se baja el precio, pero sigue siendo gratis para los que más consumen, con lo que sigue el despilfarro. Y las autonomías se defienden no pagando a los laboratorios (les deben 5.400 millones y amenazan con no suministrar a los hospitales, como en Grecia) ni a las farmacias, a las que pagan las recetas con meses de retraso. Este verano ha saltado el problema de Castilla la Mancha, pero también hay deudas pendientes en Baleares, la Rioja y Murcia, mientras se anuncian retrasos en la Comunidad Valenciana. Y se temen más en el último trimestre.

Sólo hay dos formas de evitar el despilfarro farmacéutico. Una, que los médicos receten menos, algo difícil dada la presión de los pacientes en consultas contrarreloj. La otra, la más efectiva (aunque impopular), que los pensionistas paguen algo por cada receta, un copago. Un euro por receta supondría un ahorro directo de unos 700 millones y podría reducir en un tercio el número de recetas gratis total, lo que serían otros 3.000 millones de ahorro. Y si hiciera falta, subir del 40 al 50% lo que pagamos los activos por cada receta, lo que aportaría 900 millones más. Son medidas de fondo, que frenarían la bola de nieve de las recetas, que corre el riesgo de comerse a la sanidad (un 22 % del gasto sanitario es por la factura farmacéutica) Lo que se hace ahora, rebajas de precios y no pagar a las farmacias, son parches para ir tirando y retrasar el ajuste. Y cuando más se retrase, más duro será.