Hoy he leído una noticia que me ha indignado: los partidos negocian aprobar en el Congreso una enmienda a los Presupuestos de 2011 por la que si las autopistas no alcanzan un 80 % del tráfico previsto, el Estado, o sea nosotros, paguemos la diferencia. Las concesionarias de autopistas, con empresas tan poderosas detrás como ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, OHL, Abertis o Itinere, presididas por destacados líderes empresariales y mediáticos (Florentino Pérez, Jose Manuel Entrecanales, Rafael del Pino, Juan Miguel Villar Mir…) han transmitido a los políticos un mensaje claro: o ayudas o quiebran y el Estado tendría que “nacionalizar” unas concesionarias que tienen casi 5.000 millones de deuda.
La presión es tal que probablemente los diputados aprueben el 16 de noviembre la medida de tapadillo. Igual que aprobaron el año pasado (milagro: con la unanimidad de PSOE, PP u CiU) 200 millones de ayudas en créditos participativos a constructoras concesionarias de autopistas, ayuda que se repite este año, para el Presupuesto 2011, pero elevada a 250 millones.
La noticia me ha removido mi memoria de periodista económico, mis tiempos de becario a mediados de los años setenta, cuando mi primer redactor jefe ya me hablaba de las autopistas y del regalo de dinero público a través del seguro de cambio : la Ley de Autopistas de Peaje de 1972, por la que se permitía a las autopistas que se endeudaran en divisas (con el aval del Estado en un 75%) y el riesgo de cambio (que tuvieran que devolver más, al subir el yen o el dólar), lo pagábamos los españoles a través del Presupuesto.
Un privilegio que no les quitó al principio ni el PSOE, aunque provocó una dura polémica entre el superministro Boyer y Julián Campo, que casi le cuesta el puesto al ministro de Obras Públicas (y a mí, por contarlo en un Telediario). En julio de 1.998, una Ley retira el seguro de cambio para los nuevos préstamos, pero no para los antiguos. Resultado: entre 1.972 y 1.999, esta ayuda a las autopistas nos ha costado a los españoles 1,027 billones de pesetas. Y después, otros 300.000 millones, según un estudio universitario. O sea, 1,32 billones de pesetas, unos 8.000 millones de euros. Sin contar avales y otras ayudas.
Como ven, las ayudas a las autopistas vienen de lejos. Si decía que me ha indignado esta noticia es por contraste con otra que ha salido también hoy: 1.127 empresas y particulares se declararon en concurso de acreedores entre julio y septiembre. Suma y sigue. Son, sobre todo, autónomos y pymes que han tirado la toalla. Ellos no parece que puedan presionar en el Congreso ni conseguir ayudas especiales. Y además, muchos de ellos han caído por los recortes en el gasto público. ¿Recortes para quién?
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