Zonas bajas emisiones: 100 Aytos rebeldes
Acaba la Semana Santa y volvemos a la rutina, los atascos y la
contaminación de nuestras ciudades, que provoca enfermedades y 22.000
muertes al año en España. La principal culpa es del tráfico, razón
por la que se aprobó en 2021 una Ley de Cambio Climático que obligaba a los Ayuntamientos de las grandes ciudades (+
50.000 habitantes) a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para
limitar el acceso a los coches más contaminantes. Debían implantarlas el
1 de enero de 2023, pero más de 3 años después, los consistorios de 100
grandes ciudades no las han implantado (10 se niegan a hacerlo). Y la
mayoría de las 53 ciudades que sí lo han hecho aplican las restricciones
en zonas pequeñas y no multan. Además, Madrid acaba de aprobar que los coches
sin etiqueta puedan seguir circulando. Esta actitud se explica porque el
PP y Vox defienden posiciones negacionistas del Cambio Climático,
mientras los límites de contaminación se superan en zonas donde
viven 8,4 millones de españoles. Tremendo.
En España, el aumento del número de vehículos (31,3
millones en 2024, 2 millones
más que en 2019) sigue aumentando la contaminación en las grandes ciudades,
sobre todo porque casi un tercio del parque de vehículos tienen más de 20 años
de vida. Eso provoca que casi 8,4 millones de españoles (1 de cada 6
habitantes) viven en ciudades donde se superan los límites vigentes
(Directiva UE
2024/2881 y Decreto 102/2011) de partículas (PM 2,2 y PM 10),ozono
y NO2, afectando a una superficie de 83.000 km2 (el 16,5% del
territorio), según
el último estudio sobre contaminación de Ecologistas en Acción. Pero si
tomamos los nuevos límites de contaminación aprobados por la
Comisión y el Parlamento Europeo para 2030 (más estrictos, la mitad que los
actuales), resulta que 30,95 millones de españoles (2 de cada 3
habitantes) respiran un aire contaminado, en 22 grandes ciudades. Y si
somos más estrictos y aplicamos los límites
de la OMS aprobados en septiembre de 2021 (la cuarta parte de los
vigentes), toda España respira un aire que excede estos límites OMS.
Ante este panorama de contaminación, el Gobierno Sánchez aprobó
en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, que no fue aprobada por el
Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con
la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo
objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un
23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta para
reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las
ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta
contaminación) estaban obligados a implantar
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
para limitar el acceso a esas zonas (generalmente el centro de las ciudades) de
los vehículos más contaminantes (sin etiqueta). Y les daba una fecha para que
esas zonas restringidas al tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de
2023 (casi 2 años después).
El problema es que la gran mayoría de consistorios
(gobernados por PP y Vox) han
“remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no
eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían
aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de
2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se han sumado 8
ciudades más, con lo que son 57 las ciudades grandes (53 de más
de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000 habitantes)
que tienen implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así que de las
153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a instalar zonas de
acceso restringido, 100
ciudades no las aplican más de 3 años después del plazo fijado: 90
están en proceso de instalarlas ("no tienen prisa") y
otras 10 ciudades no han iniciado siquiera el proceso, se han declarado “en
rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro, Sanlúcar
de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).
Entre las 90 grandes ciudades que tramitan la instalación de una Zona de Bajas Emisiones (3 años y tres meses después del
plazo legal: ver
listado) hay 3 grandes capitales (Valencia, Murcia y Las
Palmas), 7 ciudades grandes-medianas (Vigo, Gijón, Vitoria, Oviedo,
Jerez, Móstoles y Santa Cruz de Tenerife), otras 25 ciudades de 100.000 a
200.000 habitantes (Alcalá de Henares, Leganés, Burgos, Albacete, Castellón,
Santander, Alcorcón, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Logroño, Huelva, Dos
Hermanas, Tarragona, Parla, Mataró, Algeciras, León, Santa Coloma, Cádiz, Jaén,
Reus, Ourense, Roquetas, Girona y Barakaldo), más otras 55 ciudades de
50.000 a 100.000 habitantes (capitales como Lugo,
Cáceres, Melilla, Toledo, Ceuta, Ciudad Real, Zamora, Huesca o Ibiza y grandes
ciudades como Santiago, Lorca, San
Fernando, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Vélez Málaga, Torrevieja, Talavera,
Coslada, Manresa, Gandía, Avilés, Majadahonda, Paterna, Sagunto, Collado
Villalba, Irún, Mérida, Granollers, Pinto o Elda).
Pero además, en las 53
grandes ciudades donde sí funcionan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
en muchas se dan dos problemas que denuncian expertos y ecologistas.
Una, que la zona a la que se aplica la restricción de entrada
de vehículos es
muy pequeña, con lo que tiene poco impacto real en la reducción
de la contaminación (son ZBE “de cara a la galería”). La otra, que muchos
de los Ayuntamientos que aplican estas restricciones no
multan a los infractores: primero les dieron un plazo de gracia
de un año (avisos sin multa) y después muchos Ayuntamientos los han
prorrogado y no sancionan realmente, otro factor que resta efectividad a
estas 53 ZBE (57 con los 4 municipios pequeños) que si funcionan.
¿Qué ha hecho el Gobierno Sánchez para que los
Ayuntamientos cumplan la Ley? La verdad es que poco,
dado el constante enfrentamiento político con los consistorios gobernados por el
PP (que se abstuvo en la votación de la Ley de CC, pero que ahora está en
una posición más negacionista del Cambio Climático, por presión de Vox). En
2025, tras los 2 primeros años de retraso, el ministro de Transportes (Oscar
Puente) amenazó
a los Ayuntamientos incumplidores a no transferirles los Fondos europeos
destinados a subvencionar el transporte público y fijó una fecha: el 2º
trimestre de 2025. Pero al día de hoy, no
se conoce ningún caso de un Ayuntamiento que no haya recibido estas ayudas.
La otra medida anunciada (sin fecha) es la
aprobación de un Decreto-Ley (de los Ministerios de Transición
Ecológica y Transportes) para obligar a los Ayuntamientos a multar realmente
a los conductores con vehículos contaminantes que entran en las ZBE.
Mientras, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor
del Pueblo han
pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la
instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción han llevado a los Tribunales
a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander y Alicante) mientras preparan
otros recursos (contra Valencia y Arganda) por “inacción, fraude o falta de
ambición” en la creación de Zonas de Bajas Emisiones.
Otra medida muy criticada por expertos y ecologistas ha sido
la reciente decisión (25 marzo 2026) del Ayuntamiento
de Madrid de prorrogar
indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y poder aparcar en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su titular
esté empadronado en la capital. Estos vehículos sin etiqueta (11.309, el
1,08% de los que circulan) ya tuvieron dos prórrogas antes: una
para poder circular hasta finales de 2025 y otra hasta finales de 2026, lo que
provocó que muchos propietarios los vendieran. Y ahora se quejan del cambio
normativo del Ayuntamiento, provocado por una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (17 de septiembre 2024) que anuló la prohibición de
circular aprobada
por el consistorio y recurrida por Vox en noviembre de 2021. Así que
ahora, “bula” para los coches sin etiqueta en Madrid.
En definitiva, tenemos un grave problema de contaminación
del aire en gran parte de España (recordemos: 2
de cada 3 españoles respiran un aire que supera los límites aprobados por
Europa para 2030, una Directiva que el Gobierno debe transponer) y sin embargo,
dos
de cada tres grandes ciudades incumplen la Ley y no han implantado Zonas
de Bajas Emisiones (ZBE). Y las que sí lo han hecho, ha sido en zonas pequeñas
o no multan a los que entran con coches muy contaminantes. Esto es
especialmente preocupante porque casi el 60% de los coches que circulan en
España no tienen etiqueta (el 29,4%) o tienen etiqueta B
(otro 29,7%), mientras el 36,4% tienen etiqueta C y sólo un 5,8%
tienen etiqueta ECO y un 1,6% tienen etiqueta 0, según
ANFAC. Y el 92,7% de los vehículos que circulan por nuestras
ciudades y carreteras son diesel (58,9%) o gasolina (33,8%), los
motores de combustión que más contaminan (y sobre todo los viejos: 1/3
vehículos tienen más de 20 años).
Nos quejamos de las inundaciones, olas de calor
o los incendios forestales, pero no se toman medidas eficaces
para paliar los efectos de la emergencia climática, sobre todo los relacionados
con el tráfico en las ciudades. Y a
pesar de los informes de los científicos, que aseguran que el origen
del problema está en los combustibles fósiles y en el tráfico, crecen
los políticos negacionistas, en Europa y en España, muchos en los
grandes Ayuntamientos, que no están dispuestos a tomar medidas contra el
tráfico y la contaminación, retrasando y boicoteando las Zonas de Bajas
Emisiones (ZBE). Y no se espera la incorporación este 2026 de muchas de las 100
ciudades pendientes, sobre todo porque en mayo de 2027 hay elecciones
municipales y tanto PP como Vox irán con la bandera “negacionista”.
Nuestra esperanza sigue siendo Europa, aunque en
Bruselas crece el peso de los políticos negacionistas: a la extrema
derecha se ha sumado la mayoría del PP europeo, en una alianza que ha
conseguido un triunfo en diciembre de 2025: retrasar
la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y gasóleo) a
después de 2035, retraso que todavía ha de aprobar el Parlamento europeo.
Pero, de momento, sigue vigente la nueva Directiva de emisiones (Directiva UE
2024/2881), aprobada en octubre de 2024, que reduce
a la mitad los límites actuales de emisiones en los paises
miembros para 2030. España tiene que transponer ahora esta
Directiva y tomar medidas para cumplir estos límites de contaminación más
estrictos (se reducen a la mitad las emisiones permitidas de partículas, ozono
y N02) en 2030. Eso puede reforzar al Gobierno frente a los Ayuntamientos “rebeldes”,
aunque todo va a depender de la duración de la Legislatura y de las
municipales y generales de 2027.
En cualquier caso, reducir la contaminación de nuestras
ciudades (que enferma, mata y cuesta mucho dinero) no debería ser objeto
de “pelea política”, ya que nos afecta negativamente a todos y deberían
pactarse medidas eficaces. Pero la realidad es que la lucha
contra las medidas ambientales es una de las banderas de la extrema
derecha y de la derecha (de momento en autonomías y Ayuntamientos, pero lo
será en toda España si llegan a la Moncloa), a costa de agravar la emergencia
climática y de nuestra salud. Deberíamos apostar por ciudades más
limpias y con menos coches, aunque nos cueste cambiar de hábitos.
Y votar en consecuencia cuando nos toque.
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