La pobreza se estanca
España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi
la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1
de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística
del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay
más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”,
personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas.
Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más
pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas,
están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy
vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza
infantil ronda los 2 millones de menores. Urge
tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el
subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el
crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan. 
Veamos los tres
indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más
importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan
menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los
solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran
el 19,5% de la población española, dos
décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en
2025, el número de habitantes pobres es casi igual (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres”
se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo
en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el
2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la
pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta
(37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad
Valenciana (26%), según
el INE.
El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa,
las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden
irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16
millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos
cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar
su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la
población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus
gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un
coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta
carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente
4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).
El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo,
trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de
los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a
pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas
3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles
(700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos,
varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los
más vulnerables de los vulnerables.
Otro dato que revela la Encuesta del INE es el
nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20
indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el
20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en
2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini,
que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2
en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero
todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66
veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia
(ganan 5,53 veces más los más ricos), según
Eurostat.
Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha
publicado otro dato importante, en su Encuesta de
Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar
a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5%
de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad
para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la
pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de
mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7%
en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad”
(25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos,
casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para
llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%),
aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar
a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o
más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a
fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía
(11,3%) y Ceuta (10,5%).
A la vista de estos datos, queda claro que España
tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes,
aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los
últimos años se hayan disparado
las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia
y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para
paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de
la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los
alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como
mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más
vulnerables.
Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso
en marcha el Gobierno Sánchez en
junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de
requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba
ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647
beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay
menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha
provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas,
según
un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las
recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que
13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid
(-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%)
y Andalucía (-79,8%).
A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de
muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de
Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la
pobreza) suponen
el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en
la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse
poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según
nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las
familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas,
porque el grueso de las ayudas son desgravaciones
fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la
mayoría con rentas medias y altas, porque las
rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de
22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los
considerados “pobres”).
La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024,
sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen
menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y
cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de
acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre
este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de
los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de
Condiciones de Vida del INE. Y que España
es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores
pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria
(11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27
(8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o
Alemania (6,5%), según
Eurostat.
Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar
el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar
la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar
las ayudas públicas, creando
“una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con
menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los
Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a
las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por
otro, hay que destinar
más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el
doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza
infantil, como reitera Save the Children.
De hecho, en 17 paises europeos existe una
ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo
aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una
ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3
años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se
reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más
concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la
baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en
peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno
Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.
Para que haya menos pobres y más gente “note” el
crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios,
porque son
muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad
de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de
los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582
euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5
millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre
1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha
subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido
poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65%
entre 2.000 y 2025, según
Trabajo, mientras la inflación
ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.
Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres,
culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros.
El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1%
entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su
vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el
14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de
alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre
los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las
cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia
contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más
vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la
vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como
en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la
coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas
sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales,
sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza
es muy lenta. De hecho, el
escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al
19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán
9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51
millones de habitantes…
Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los
salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos
más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto,
es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y
empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin
perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos,
un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían
tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan
de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor.
Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo
imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar
impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras
persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay
que repartir mejor el crecimiento, para reducir la
desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario