El deterioro de los servicios públicos
El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos
de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en
España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad,
educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios
privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica
con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en
financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos
tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en
el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más
gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia.
Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos.
Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que
les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos.
Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al
Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan
los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.
Los servicios públicos en España han pasado por múltiples
vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles
teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos
impuestos. Con
la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del
gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y
europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España.
A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta
2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después
por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora
llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también
por la falta de Presupuestos.
Con todos estos vaivenes, el gasto público primario
(sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36%
del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un
gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3%
de su producción (PIB) en 2024, según
un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el
55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si
analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos
fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y
desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2%
que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de
Alemania.
Veamos las diferencias por tipo de gasto, según
el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6%
del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5%
de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del
PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el
3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social,
familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB,
casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de
Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si
gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más
cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones)
y servicios sociales (+23.914 millones).
El problema no es sólo que España gaste menos que la
mayoría de Europa sino que ha
habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el
que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes
aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios
recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno
Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron
en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según
el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios
públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25
millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios,
sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.
Y esto nos lleva a la situación actual, donde la
sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar
del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y
dependientes desde 2007) sufren
problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la
demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos
los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los
recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en
el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la
sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que
recibimos según donde vivamos.
El estudio
de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías
que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos
(como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación,
gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y
están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia,
Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima
del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid
vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más
gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco,
Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este
gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).
Otro estudio,
de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta
desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas
sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre
las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura
4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña
2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se
desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con
grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222
País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos
(1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad
Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto
medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra
(1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras
encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034),
Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales,
el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra
(837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco
(512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros),
Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).
Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en
el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas
por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en
listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo
que provocó que 32.704
mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna
prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low
cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia
o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en
Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando
ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según
el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592
euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en
Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están
Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º
lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a
hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su
deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los
Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013
euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra
gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto
sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo,
tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).
Así que la financiación de los servicios públicos depende
básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien
gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid
y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha
pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo
las gestionadas por el PP) han
reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los
Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364
millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales,
además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019,
gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer
en muchos casos la sanidad y la educación privadas.
Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para
justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o
gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos
recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en
servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación
fiscal de Hacienda ha batido récords año tras año, siendo también récords
las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o
del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en
2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra
récord como en 2023 y 2024. Y en
2026 recibirán 170.300 millones, +7,7%
que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia,
hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el
Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para
recortar sus rentas mínimas…
En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta
menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez
tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora)
y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta
situación está en que España también recauda menos que Europa, según
destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran
el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de
Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos
59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso
gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.
¿Solución? Recaudar más, para lo que urge
poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron
el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos
(evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar
la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en
sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al
alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión”
fiscal de los más ricos y grandes empresas.
Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema
de financiación autonómica, para que las transferencias que
reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios
(porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no
sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y
lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una
reforma clave, porque el
sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por
habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la
Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes
(el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el
resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta
reforma, urge frenar
las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las
autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a
quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en
sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de
Madrid).
A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una
propuesta para aprobar un
nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos
con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%)
y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor
aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones
extras en 2027. Una
ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña
(+4.686 millones), Comunidad Valenciana
(+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la
propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por
causas políticas que económicas o fiscales.
Y así, con esta imposibilidad política de llegar a
acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la
financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias
de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos
esenciales. Y cada
vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia
o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes.
Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos
perjudica nuestra vida diaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario