Europa está empeñada en una política de
Seguridad propia, que no consiste en comprar más tanques o aviones sino
en políticas que también luchen contra los hackers de Putin (atacaron a España en febrero) o los
ciberdelincuentes internacionales, un negocio criminal que supera a
las drogas, la trata o el tráfico de armas. Los ciberataques se
disparan y 2024 ha sido un año récord, con ataques
a grandes empresas españolas, bancos e instituciones, incluidos hospitales.
Y los delitos informáticos se duplican en España desde 2019
, afectando a una gran parte de ciudadanos, con más eficacia gracias al uso
de la Inteligencia Artificial (IA). El problema es que las empresas
(sobre todo las pymes) no gastan suficiente en ciberseguridad, faltan expertos
y los ciudadanos no tomamos medidas eficaces. Y encima, España no
tiene aún una Ley de Ciberseguridad, que Bruselas obligó a aprobar para octubre
de 2024. Urge un pacto político para aprobarla cuanto antes y medidas para
garantizar nuestra ciberseguridad, porque estamos a merced de una potente
delincuencia internacional y geopolítica.
El año 2024
ha batido todos los récords de ciberdelincuencia, según los expertos, y 9
de cada 10 organizaciones sufrieron al menos una amenaza cibernética, según
el Foro Económico Mundial. Estos ciberataques han aumentado con
la guerra de Ucrania, por la participación de Rusia y sus granjas de
bots (programas informáticos que simulan interactuar en Internet) en
ataques a infraestructuras básicas europeas (aumentaron los ataques a España en febrero, tras la visita de apoyo de Sánchez a Kiev), así como por la proliferación de
dispositivos conectados a Internet (Internet de las cosas), el
auge del 5G y la Inteligencia Artificial, que permite detectar y
aprovechar mejor las brechas de seguridad de instituciones, empresas y
ciudadanos, que siguen sin invertir suficiente en su ciberseguridad. El
problema es tan serio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
alertado que los ciberataques son “una amenaza crítica” para la
estabilidad financiera mundial.
El último informe
de Europol, la policía europea, sobre los ciberataques en la UE señala
el salto que han dado en 2024, los ciberataques contra empresas e
infraestructuras críticas europeas, con la técnica del ransomware:
robo de datos o anulación de las infraestructuras con una petición de rescate
para anularlo. El
informe alerta que estos ciberataques son cada vez más sofisticados,
con cifrados más complejos, que no solo pretenden robar datos
(para luego venderlos en el mercado negro digital) sino acceder a
información sensible e inutilizar servicios e infraestructuras críticas
(como suministro eléctrico, aeropuertos y hospitales), poniendo en riesgo servicios
públicos y la propia seguridad nacional.
Tras el ransomware a empresas e instituciones, Europol
alerta sobre el crecimiento de los fraudes online a particulares,
con el phishing
(“pesca” de datos), cada vez más sofisticados, ya que no sólo son mails que
buscan que los internautas envíen datos y contraseñas, sino que se han
perfeccionado los sistemas de fraude, con la Inteligencia artificial
(IA). Así, se ha generalizado el “fraude
del CEO”, por el cual un trabajador recibe un correo (o un vídeo o nota
de voz) del jefe de su empresa (que parece muy “real”) en el que le pide que
haga un pago o transferencia. Y también
se envía a proveedores, para que hagan pagos o paguen facturas
falsas. O a empleados de recursos humanos para que envíen datos de
empleados. Y también se han popularizado los “fraudes
románticos”,
a través de redes sociales o aplicaciones de citas, donde se pide el envío de
dinero o la colaboración en “inversiones solidarias”.
Y además, Europol
alerta sobre el auge de las criptomonedas y su colaboración con los
ciberdelincuentes, para cobrar rescates en criptos y comprar y vender datos en
la Web oscura (operaciones muy difíciles de rastrear), lo que configura unas
redes internacionales de ciberdelincuencia cada vez más poderosas. Y también ha
crecido de forma alarmante, según Europol, el material pedófilo y de explotación
sexual infantil, cuya oferta se puede multiplicar gracias al uso de la
Inteligencia artificial (IA).
En España, el año 2024 ha batido todos los récords de
ciberdelitos: “la ciberseguridad ha llegado a un punto crítico”, señala
un detallado informe de APTE, donde se destaca que los ciberataques al
sector público se han duplicado en 2024 (+190%), mientras también han
crecido los ataques a empresas, concentrados en un 62% en el sector
tecnológico, financiero e infraestructuras. De hecho, ya en 2023, el
Centro Criptográfico Nacional (dependiente del CNI) detectó en España 107.777
ciberataques, el doble que en 2022 (55.695), más otros 83.567 ataques “menores”
detectados
por el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Ahora, a falta de los
datos oficiales de 2024, España es el 8º país del mundo con más ataques de ransomware y casi la mitad de los internautas han sufrido algún ataque
informático el año pasado, según una Encuesta del
CIS.
En 2024, han sido muchas las grandes empresas
del IBEX 35 que han
sufrido importantes ataques informáticos que se han
hecho públicos (otros no), poniendo en riesgo los datos de sus clientes (Telefónica,
Repsol, Banco de Santander), así como importantes empresas (Orange,
FIATC Seguros, Total Energies, Alcampo, Cortefiel, Perfumerías Douglas, consultoras
Ayesa o Aerotecnic), medios (RTVE, El Confidencial), organismos públicos
(la DGT, INTA, Comisión Nacional de la Competencia o la Guardia Civil,
a través de una empresa de chequeos médicos), hospitales, Ayuntamientos y
Diputaciones…
En muchos casos, la ciberdelincuencia conduce a infracciones
penales, que acaban en el listado de delitos del Ministerio del Interior.
En 2024, el
balance fue de 465.838 delitos informáticos, el 19% de todos
los delitos reportados (9,6 ciberdelitos por cada 1000 habitantes frente a 41
delitos/1000 habitantes de los delitos “convencionales). Esta cifra supone duplicar
los ciberdelitos de 2019
(218.032 reportados) y cuadruplicarlos desde
2016 (92.716 ciberdelitos, sólo el 4,6% del total). Un
dato llamativo: los ciberdelitos son 4 veces más que los robos con
fuerza en viviendas y establecimientos (114.978 en 2024). El 88% de los ciberdelitos
denunciados son fraudes (estafas) y el resto amenazas o coacciones (5,9%)
y delitos sexuales (0,81%). A la cabeza de los ciberdelitos denunciados están Andalucía
(17,5%), Cataluña (16,25%), Madrid (15,88%) y la Comunidad Valenciana
(10,06%).
Lo que parece claro, frente a este auge de la
ciberdelincuencia, es que no estamos preparados, ni las empresas ni los
organismos públicos ni los particulares. De hecho, sólo el 2% de las organizaciones
españolas cuentan con una infraestructura adecuada para enfrentarse
a los ataques más sofisticados de la ciberdelincuencia, según
el Informe de APTE. Y en el caso de las pymes, la mayoría siguen
siendo muy vulnerables ante ciberataques que las pueden llevar al cierre.
En cuanto a los ciudadanos, el
60% admiten carecer de conocimientos (y de antivirus eficaces) para evitar
sufrir fraudes online.
Frente a los ataques a empresas e infraestructuras
críticas, es donde más se ha avanzado, pero también los que más preocupan, por su
tremendo impacto. En España existe un triple
mecanismo público de defensa ante los ciberataques: el INCIBE,
que protege a los ciudadanos (con alertas y consejos, su web y el
teléfono 017), las empresas y los organismos universitarios y de
investigación, el Centro Criptográfico Nacional (adscrito al CNI), que protege a la administración y al sector
público y el equipo de respuesta de emergencias informáticas (CERT) de Defensa. Y además está la Oficina de Coordinación de la
Ciberseguridad (integrada por policías y guardias civiles) que colabora
con las empresas para la Ciberdefensa de los 171 operadores críticos (que en
2023 sufrieron 237 incidentes graves, según
el INCIBE), en la energía, banca, agua y salud. Sin olvidar que las grandes empresas cuentan con Centros
de respuesta ante emergencias informáticas (CERT), igual que Cataluña y País Vasco, coordinados con
los del Estado.
Todos ellos suponen una enorme red de Ciberdefensa,
que realiza básicamente un trabajo preventivo (detectar la llegada de
virus a las redes, para evitar ataques) y posterior a los ataques, coordinando
medidas. Un sistema de protección, público y privado, que convirtió a España en
el 4º país más ciberseguro del mundo (cuando en 2016 éramos el 23º), según el Índice
de Seguridad Global 2020, elaborado
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ONU): sólo estamos por detrás
de EEUU, Reino Unido y Arabia Saudí. En el
último informe, de 2024, ya no hay ranking, pero España está en el grupo
de cabeza, entre los 46 paises más ciberseguros del mundo, con una nota de 95
sobre 100, la mayor puntuación en cuatro de los 5 pilares que analiza y superando
la nota media de la UE-27.
Mientras España ha avanzado en Ciberseguridad global, como
país, y en la estrategia de las grandes empresas (bancos, aseguradoras,
energía, telecomunicaciones, servicios), queda mucho por hacer en
la ciberseguridad de la mayoría de las empresas (sobre todo pymes, que sólo
invierten un 6% en seguridad informática) y de los particulares, los
internautas. Los grandes retos pendientes son,
según el informe de APTE, la mayor inversión de empresas y organismos en
ciberseguridad, la formación de expertos (faltan 80.000 especialistas),
la vigilancia de los
avances en IA para los ciberdelincuentes, el cierre de las brechas que deja
el 5G y el Internet de las cosas, el aumento de empresas españolas que ofrezcan
soluciones de ciberseguridad, una mayor cooperación público-privada,
una mayor conciencia y seguridad de los internautas y más campañas públicas de
prevención. Y sobre todo, reforzar una Estrategia europea de seguridad
cibernética, más en momentos de crisis geopolíticas.
Europa se empezó a tomar en serio la Ciberseguridad
con la Directiva
2022/2555 , aprobada el 14 de diciembre de 2022 por el Parlamento europeo y
el Consejo. Conocida como NIS2, esta
Directiva europea pretende que los paises europeos apliquen medidas, en sus
organismos y empresas para mejorar la Ciberseguridad en la UE. Las entidades
públicas y privadas afectadas (organismos, grandes empresas y pymes que presten
servicios esenciales) están obligadas a hacer una evaluación de sus
riesgos informáticos, aprobar medidas para elevar su
seguridad y prevenir riesgos. Y además, deben informar de los ataques
e incidentes significativos y comunicárselos a los personas afectadas, creando el responsable de Ciberseguridad, que elaborará y
supervisará esta estrategia.
El plazo para que los paises europeos aplicaran esta
Directiva NIS2 se terminó el 17 de octubre de 2024. Y España fue
uno de los pocos paises europeos que no cumplió este plazo: ha
retrasado su trasposición hasta el 14 de enero de 2025, cuando el
Consejo de Ministros ha aprobado (tarde) un anteproyecto
de Ley de Ciberseguridad, elaborado por tres Ministerios (Interior,
Defensa y Transformación Digital). Ahí se fija qué entidades y empresas
públicas están obligadas a aprobar planes de ciberseguridad, básicamente en
sectores críticos: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanidad,
agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, industria nuclear y
entidades públicas. En general, la Ley de Ciberseguridad afectará a organismos
y empresas grandes y medianas (más de 50 empleados y más de 50 millones
de euros de negocio), aunque también afectará a pequeñas empresas de
sectores críticos (mensajería, gestión residuos, químicas,
alimentación, proveedores de servicios digitales, seguridad privada e
investigación científica).
Tras la ronda de consultas, el anteproyecto de Ley de
Ciberseguridad volverá al Consejo de Ministros, para aprobarla como
proyecto de Ley y enviarla al Parlamento, para tramitarla por el procedimiento
de urgencia. Pero a la vista de los plazos y de la polarización política, no
será posible aprobarla antes de finales de 2025. Sólo entonces podrá
crearse el
Centro Nacional de Ciberseguridad contemplado en la Ley, adscrito a la
Presidencia del Gobierno y máximo organismo de coordinación con la política
de Ciberseguridad de la UE. Un retraso que agrava la vulnerabilidad
de organismos, empresas y ciudadanos, por lo que debería pactarse una
tramitación rápida y unánime. Y en paralelo, habrá que destinar más recursos
públicos a la Ciberseguridad de organismos e instituciones, así como incentivos
y ayudas para que las empresas (sobre todo las pymes) se gasten más en seguridad
informática y contraten a más expertos, formando mejor a sus empleados para
cerrar brechas a los ciberdelincuentes. Y luego queda que nosotros, los
internautas, tomemos conciencia de lo vulnerables que somos, gastemos en
antivirus y seamos más precavidos en Internet.
Estamos en guerra frente a una Ciberdelincuencia sofisticada
y poderosa, que pone en peligro nuestras economías, nuestros servicios
básicos, nuestra intimidad y nuestro dinero, hasta nuestras libertades. No
podemos perderla.
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