Justicia: arranca una reforma histórica

Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025,  los Juzgados de jueces unipersonales se integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán sus trámites judiciales los ciudadanos. Y  además, se obliga a quien presente un litigio, que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma, bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal, digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces. Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a nuestra economía.

                             Enrique Ortega

El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.

La Comisión Europea lleva años presionando a España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The 2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes, frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es que los ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.

Este complejo panorama justifica la insistencia de Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026. En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31 de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el 19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la sacó  la adelante por 177 votos a favor y 170 en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día siguiente (20 diciembre) pidió a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.

Esta Ley Orgánica 1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarse entre julio y diciembre de 2025, supone 3 grandes cambios. El primer cambio supone la reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800), vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia (431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración, especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias “orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.

El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos se incluyen en las Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una especie de ventanillas públicas judiciales, como una ventanilla única que facilite trámites.

La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante) es promover la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan algunas “costas procesales”.

Con esta tercera medida se trata de reducir los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7 millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”): delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se ampliarán con más jueces, algunos magistrados han advertido que “colapsarán”.

Otro cambio importante se dará en los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas (documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico. Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio, buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y para abrir una vía a las Comunidades de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo votan el 60% de los vecinos…

El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”. Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación,  más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no parece fácil aprobar unos para 2026.

Otro problema que preocupa a muchos expertos es que la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden). Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una solución consensuada (ver casuística).

Con todo, muchos expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como ejemplo, este dato: la tasa de resolución (asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por eficacia, no el “café para todos”.

Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas de jueces, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio (difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).

La reforma tiene 4 patas: igualdad de oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces “sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años), reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido prestigio). Además, la reforma incluye cambios en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.

En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP.  Ahora falta ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización y presupuesto. Y sobre todo, la implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.  Un país moderno y eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia más ágil en una década. Amén.