Por 5º año consecutivo, España será otra vez el país occidental que más crecerá en 2025 (+2,6%), según acaba de vaticinar la OCDE, tras haber crecido por encima de la media europea en 2021 (+6,7%), 2022 (+6,4%), 2023 (+2,5%) y 2024 (+3,5%), según el INE. Pero la realidad es que muchos españoles no notan en sus hogares esta “bonanza económica”, la mayoría porque la inflación de estos años “se ha comido” la subida de sueldos y además ven que han de gastar mucho más para alquilar una vivienda (comprarla es imposible para muchos) y han de dedicar más dinero para la sanidad, la educación o el cuidado de los mayores, por el peor funcionamiento del “Estado del Bienestar”, porque las autonomías han reducido el peso de los gastos sociales en sus Presupuestos.
lunes, 6 de octubre de 2025
Los salarios crecen, pero menos
Los sueldos subieron un +2,7% anual en el 2º
trimestre, la menor subida en los últimos años y menos de lo que
suben los precios (+2,9%). Lo peor es que los salarios llevan varios años creciendo
poco y los trabajadores han perdido poder adquisitivo desde 2019. Y aumenta
la brecha con los sueldos europeos, un 25% más altos. Por ello, casi la
mitad de hogares tienen problemas para llegar a fin de mes, según
el INE. Sobre todo jóvenes, mujeres y los que trabajan en los sectores y
regiones peor pagados, porque en España hay enormes diferencias de
sueldos, mientras el 70% de asalariados ganan menos
de 2.500 euros brutos mensuales. Estos bajos sueldos explican que mucha
gente no sienta en sus bolsillos la buena situación de la economía
española, que crece más que el resto. Ahora que toca a sindicatos y
patronal negociar las subidas salariales para 2026-28, urge mejorar los
sueldos más bajos, no sólo el salario mínimo. Para repartir mejor el
crecimiento y que lo note más gente. Enrique Ortega
Por 5º año consecutivo, España será otra vez el país occidental que más crecerá en 2025 (+2,6%), según acaba de vaticinar la OCDE, tras haber crecido por encima de la media europea en 2021 (+6,7%), 2022 (+6,4%), 2023 (+2,5%) y 2024 (+3,5%), según el INE. Pero la realidad es que muchos españoles no notan en sus hogares esta “bonanza económica”, la mayoría porque la inflación de estos años “se ha comido” la subida de sueldos y además ven que han de gastar mucho más para alquilar una vivienda (comprarla es imposible para muchos) y han de dedicar más dinero para la sanidad, la educación o el cuidado de los mayores, por el peor funcionamiento del “Estado del Bienestar”, porque las autonomías han reducido el peso de los gastos sociales en sus Presupuestos.
La consecuencia es, que aunque crecemos más que
Europa y creamos más empleo que nunca (hay 22 millones de personas trabajando) hay
muchas personas que no llegan a fin de mes, según la Encuesta
de Condiciones de Vida del INE : el 9,1% de los españoles llega “con
mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), el 12,7% llegan “con dificultad”
(14,2% en 2019) y el 25,6% llegan “con cierta dificultad” (27,3% en 2019). O
sea, que el 47,4% de los españoles tienen algún problema para llegar a
fin de mes (49,3% en 2019), a pesar de los buenos datos económicos. Y
eso, sin olvidar que España es el 5º
país con más pobreza de Europa (19,7% de la población, 9,6 millones de
españoles ingresan menos del 60% de la media del país). Y el 2º país europeo,
tras Rumanía, con más pobreza
infantil: 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres,
casi 1 millón de ellos con pobreza “severa”.
Así que “la economía va bien”, pero mucha
gente no lo nota y tiene dificultades económicas, como reconocen
los Barómetros del CIS. ¿Qué está pasando? Básicamente, que muchos
españoles tienen sueldos bajos y la inflación acumulada desde la
pandemia se ha comido su poder adquisitivo, junto al mayor gasto
en vivienda y servicios sociales. Y encima, los salarios están creciendo
menos que antes: el coste salarial total en el 2º trimestre fue de
2.416,50 euros brutos por trabajador, un aumento del 2,7% anual, menor al del
trimestre anterior (+3,8%) y al de un año antes (+4,1% en el 2º trimestre 2024)
y el menor aumento salarial de los últimos años, según la Encuesta trimestral de
Coste Laboral del INE.
Eso significa que los salarios están subiendo este año menos que la inflación (+2,9% hasta septiembre). Y si tomamos los años anteriores, vemos
que los
trabajadores han perdido poder adquisitivo: el coste salarial ha
subido de 2.075,43 euros a finales de 2019 a 2.416,50 euros (brutos) ahora, un
aumento salarial del +16,4%. Pero en ese mismo periodo, los precios (el IPC)
han subido un +22,4%, así que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores
ha sido del -6% en estos 5 años y medio. Y si tomamos sólo los
trabajadores con convenio (menos que los incluidos la Encuesta del INE), la
subida salarial pactada entre 2020 y 2025 ha sido de +16,64%, lo que revela una
pérdida de poder adquisitivo similar (-5,76%).
Esto explica porque los trabajadores y sus familias tienen problemas
para llegar a fin de mes, sobre todo los jóvenes, las mujeres y las
familias con hijos o dependientes y que pagan un alquiler o una hipoteca.
Además, tras la pandemia, la brecha salarial que hemos tenido siempre con
Europa se ha agravado, porque los salarios españoles han crecido menos. Los
datos de Eurostat son claros: el salario por hora en España
era en 2024 de 18,9 euros, un 25% menos que el salario medio por hora de
la UE-27 (25,2 euros) y aún más alejado de los 27,8 euros por
hora que se pagan en la zona euro, los 22,3 euros en Italia, los 29,7 euros en
Francia, los 33,3 euros/hora en Alemania o los 43,6 euros que se pagan
en Dinamarca. Y además, entre 2020 y 2024, el salario por hora ha
subido un +11,17% en España, menos que el +17,2% que han
subido en la UE-27, el +12,92% en Francia o el +16,4% que han subido en
Alemania (en Italia han subido un +6,19%, pero en Portugal un +19,5% y en
Grecia un +20,9%).
Así que los salarios en España siguen siendo de los más
bajos de Europa y crecen poco, menos
que en la mayoría del continente. Y así viene pasando desde principios de
siglo: los salarios reales en España (descontando la inflación) han
subido sólo un +5,1% entre los años 2000 y 2024, mientras han crecido
mucho más en la mayoría de Europa, según
los datos del profesor Manuel Alejandro Hidalgo, que trata de explicar por
qué los salarios medios en España son entre un 35 y un 40% inferiores a los de
Alemania, Francia y los paises nórdicos.
La razón principal es que somos un país menos
productivo que ellos: producimos menos por trabajador y por eso los
sueldos son más bajos. De hecho, España es la 4ª mayor economía europea, porque
el valor de lo producido (PIB:
1.594.330 millones de euros en 2024) sólo lo superan Alemania (4.328.970
millones euros), Francia ( 2.921.412 millones) e Italia ( 2.199.619 millones euros). Pero
este es
un dato engañoso, porque hay que tener en cuenta la población, lo que
produce cada país por habitante. Y lo que ha pasado en España tras la pandemia
es que el PIB ha crecido mucho (+27% entre 2019 y 2024) pero también ha
crecido mucho la población residente, por los inmigrantes (de 47
a 49 millones). Así que el PIB por
habitante ha crecido menos (de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024,
+21,7%).
Y al tener en cuenta lo que producimos por habitante, España
ya no es la 4ª principal economía de Europa, sino que somos
el país europeo nº 14 por productividad
(PIB por habitante), por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos,
Dinamarca, Bélgica, Austria, Alemania, Suecia y Malta (los 9 paises más
productivos que la media de la UE-27), Finlandia, Francia, Italia y Chipre.
Concretamente, producimos por habitante el
92% de la media europea, mientras Francia produce el 99%, Alemania el
115% y Paises Bajos el 136%. Por eso, los salarios españoles son más bajos que
los de otros paises.
Pero hay otras razones que explican esta menor
productividad y están detrás de que España tenga los sueldos entre un
35 y un 40% más bajos que los paises más productivos de Europa. Una, que
estamos comparando el total de los trabajadores de cada país: si comparásemos
trabajadores similares de España y Alemania (con similar edad, formación,
ocupación y tipo de contrato), la “brecha salarial” se reduciría a la mitad (al
17%), según
el profesor Hidalgo, quien hace hincapié en dos factores que explican la
mitad de la diferencia salarial de España con Alemania y la Europa rica: la
formación y la experiencia de los trabajadores.
La menor formación de la mayoría de los
trabajadores españoles explicaría por sí sola una cuarta parte de la brecha
salarial con Alemania, por ejemplo. Y otra cuarta parte viene de la “menor
experiencia” de nuestra mano de obra, debido a que la anterior
regulación laboral ha incentivado una excesiva rotación en los empleos,
acumulando menos experiencia. Además, hay otros
factores que explican la menor productividad
y la consiguiente diferencia salarial: el tipo de economía (en España pesan
más los servicios que la industria, mejor pagada), el menor uso de la
tecnología y la digitalización, la menor tecnología e innovación en los
procesos productivos, el menor tamaño de nuestras empresas (las grandes son más
productivas), la menor internacionalización (los exportadores son más
productivos), la menor formación de los empresarios, una sindicalización menor
y una mayor regulación y burocracia…
Así que ya sabemos el camino (no sencillo) para
conseguir subir más los salarios y acercarnos a los europeos: más
formación, más tecnología e innovación, empresas más grandes y mejor
gestionadas, menos regulación, más industria y más exportación… En
definitiva, modernizar la economía y capacitar a los trabajadores para producir
más por persona y así cobrar más. Un proceso que tarda años y que es el
objetivo a medio plazo del Plan de recuperación y de los Fondos europeos. Pero
antes, hay que mejorar cuanto antes una parte de los salarios que
tenemos, los más bajos, porque es la única manera de seguir alimentando
el consumo, que junto al turismo y las exportaciones, son el motor del
crecimiento español. No basta sólo con que el conjunto de salarios suban más (y
no pierdan poder adquisitivo) sino empezar a corregir la desigualdad salarial
que hay en España, que es tremenda.
El gran problema de los salarios españoles es que muchos de
ellos son bajos, con lo que hay muchos trabajadores propensos a tener problemas
para llegar a fin de mes. Lo revelan los últimos datos del INE (Decil de salarios 2023):
el salario medio bruto era de 2.273 euros mensuales en 2023 (1.932
euros netos), sólo 290 euros más que en 2019 (ha subido un +14,66%
mientras la inflación subía más estos cuatro años: +17,9%). Pero lo más
llamativo es que 5,4 millones de asalariados cobran menos de 1.534,7 euros
brutos mensuales (1.304 netos) y otros 7,2 millones ganan entre 1.534 euros
brutos y 2.548 euros (2.166 netos). En definitiva, que el 70% de los asalariados
(12.600.000) ganan menos de 2.166 euros netos al mes. Y ganan aún menos
las mujeres (2.063 euros brutos), los más jóvenes (1.387 euros
brutos entre 16 y 24 años), los poco formados, los que trabajan a
media jornada (ganan menos de 1.534 euros brutos), los que tienen contrato
temporal (1.832 euros brutos), los que trabajan en el campo, la
hostelería, el servicio doméstico y la construcción, los que trabajan en micropymes
(la mayoría ganan menos de 1.534 euros brutos) y los asalariados de Extremadura,
Canarias, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia o Andalucía.
Todos estos colectivos son los que las pasan
canutas para llegar a fin de mes y no acaban de ver que la economía
“vaya bien” , aunque crezcamos más que el resto. Por eso, la prioridad
de la próxima negociación salarial, que deben abordar sindicatos y patronal
para firmar otro
Acuerdo para 2026-2028, debería ser subir más los salarios más bajos,
para reducir las tremendas desigualdades actuales y mejorar la vida de muchos
hogares con problemas para llegar a fin de mes. Una medida importante será volver
a subir el Salario Mínimo en 2026, tras subirlo de 735 euros en 2018
a 1.184 en 2025 (+61%), porque afecta a 2,5 millones de asalariados con los
sueldo más bajos (dos tercios mujeres y una cuarta parte jóvenes) y porque la
subida del SMI “tira” del resto. Pero además, habría que ir sector a sector subiendo los sueldos más bajos, para reducir desigualdades.
España lleva décadas compitiendo en el mundo
gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar de ser “la China
de Europa” y empezar a competir más en innovación, tecnología y bajando otros
costes (la energía, por ejemplo, gracias a las renovables), aumentando el peso
de la industria y los sectores de futuro, que conllevan más productividad y
mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años mejorando ventas y márgenes,
aumentando sus beneficios, y es hora de que también los trabajadores se
beneficien de la recuperación, con mejores sueldos, sobre todo los que
menos ganan. Unos sueldos más decentes son además la base de un mayor
consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que conseguir que más
españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento.
Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo
los más bajos. Se puede y se debe.
Por 5º año consecutivo, España será otra vez el país occidental que más crecerá en 2025 (+2,6%), según acaba de vaticinar la OCDE, tras haber crecido por encima de la media europea en 2021 (+6,7%), 2022 (+6,4%), 2023 (+2,5%) y 2024 (+3,5%), según el INE. Pero la realidad es que muchos españoles no notan en sus hogares esta “bonanza económica”, la mayoría porque la inflación de estos años “se ha comido” la subida de sueldos y además ven que han de gastar mucho más para alquilar una vivienda (comprarla es imposible para muchos) y han de dedicar más dinero para la sanidad, la educación o el cuidado de los mayores, por el peor funcionamiento del “Estado del Bienestar”, porque las autonomías han reducido el peso de los gastos sociales en sus Presupuestos.
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jueves, 2 de octubre de 2025
El AVE, imparable: ojo a "morir de éxito"
El AVE sigue ganando viajeros al avión y a la
carretera, tras batir un récord en 2024: casi 40 millones de viajeros,
el doble que antes de la pandemia. Y espera llegar a 50 millones en 2026,
gracias a la liberalización de la alta velocidad, que ha traído
dos competidores a Renfe (la francesa Ouigo y la italiana Iryo),
aportando más trenes y viajes y una rebaja del 33% en los billetes. Pero
el AVE bate récords con muchos problemas, agravados este verano
: estaciones saturadas, averías frecuentes, retrasos, trenes parados en medio
de la nada, fallos en las catenarias, robo de cobre… El problema de fondo es
que la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (tiene 4.000
kilómetros) y está sobreutilizada (se ha pasado de 9 trenes AVE diarios a
532). Urge invertir más en infraestructuras y mantenimiento y en modernizar
los trenes. Eso exigirá subir el canon a las empresas, que tendrán
que subirnos los billetes para mejorar el servicio. Enrique Ortega
El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.
Este tirón imparable del AVE en España, el 2º país
(tras China) con la mayor red de alta velocidad del mundo (4.000 kilómetros) es
consecuencia, sobre todo, de la liberalización de esta parte del
negocio ferroviario, forzada
por Bruselas en 2020, que obligó a abrir la red a otras empresas ferroviarias,
acabando con el monopolio de Renfe. Esta liberalización se hizo efectiva el 10
de mayo de 2021, cuando un
AVE de Ouigo (empresa creada por la francesa SNCF) viajó por primera vez de
Madrid a Barcelona, un corredor que utilizó después, en noviembre de
2022, el
primer AVE de Iryo (empresa de la italiana Trenitalia, Air Nostrum y
Globalvía). El siguiente paso fue la competencia en el corredor Madrid-Valencia
(octubre 2022 Ouigo y diciembre 2022 Iryo), seguido del corredor Madrid-Sevilla
(marzo 2023 Ouigo, enero 2025 Iryo), al que se sumaron el corredor Madrid-Málaga-Granada
(marzo 2023 Iryo, enero 2025 Ouigo) y la línea Madrid-Alicante (abril
2023 Ouigo, junio 2023 Iryo). Y más recientemente, llegó la competencia al
corredor Madrid-Segovia- Valladolid (abril 2024 Ouigo) y Madrid-Murcia
(septiembre 2024 Ouigo).
La principal consecuencia de esta liberalización del negocio
de la alta velocidad ferroviaria es la ampliación de la oferta de trenes
y viajes y la consiguiente “guerra de precios” entre Renfe, Ouigo e Iryo,
con multitud de ofertas y tarifas. Eso se ha traducido en que los billete de
AVE se han abaratado un 33% con la liberalización, según
la CNMC. Y además de este ahorro de costes para los viajeros (431 millones
desde 2019), el tirón del AVE ha supuesto un ahorro de costes externos
(polución, emisiones de CO2, accidentes, cogestión de tráfico) estimado por la
CNMC en otros 172 millones de euros desde 2019, a lo que habría que sumar los
153 millones de ganancia neta de ADIF (el gestor público
ferroviario de la red) por los mayores cánones cobrados a las empresas por el
uso de la red de alta velocidad.
En conjunto, las líneas de AVE han crecido en
pasajeros desde 2019 a costa de la carretera (a la que han quitado 3,7
millones de viajeros) y del avión (al que han quitado 900.000 pasajeros),
según
la estimación de la CNMC. Y lo más llamativo es que casi todos los
corredores de alta velocidad abiertos a la competencia han duplicado
sus pasajeros desde 2019, salvo el Madrid-Sevilla (donde han crecido un
41%) y el Madrid-Málaga (+59%). Los trayectos de AVE con más pasajeros en 2024
fueron Madrid Barcelona (14.6 millones,+6% sobre 2023), Madrid-Valencia
(5,6 millones, +10%), Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga(cada uno con 5 millones de
pasajeros,+28%) y Madrid-Alicante (4 millones, +33%), repartiéndose los demás pasajeros (5,3 millones, +103%) en las restantes líneas abiertas a la
competencia.
Y hablando de competencia, Renfe sigue manteniendo el
liderazgo en la alta velocidad, aunque lógicamente ha perdido cuota de mercado
frente a la francesa Ouigo y la italiana Iryo. Donde Renfe tiene la cuota
de AVE más alta es en los dos corredores de Madrid a Andalucía
(72/73% en 2024), frente al 27/28% de cuota que tiene Iryo (que empezó a operar
en marzo de 2023), según
los datos de la CNMC. También mantiene dos tercios de la cuota total (67,4%)
en el corredor Madrid-Alicante, donde le sigue Ouigo (27,2% de cuota) y
muy lejos Iryo (5,4%). En la primera linea abierta a la competencia, Madrid-Barcelona,
Renfe mantiene un 60,1% de cuota de viajeros(en alza), seguida de Iryo
(23,7%), que también crece, ambas a costa de Ouigo (16,2% de cuota en 2024). Y
donde Renfe ha perdido más cuota es en el AVE de Madrid a Valencia:
tiene un 50,6% y el resto se la reparten Ouigo (25,3% en 2024) e Iryo 24,2%).
Lo que han ganado los tres operadores es cuota frente
al avión, al que se han “comido” en los trayectos de media distancia
donde compiten, según
confirman los datos de la CNMC de 2024. Así, en el trayecto Madrid-Valencia,
la cuota del AVE es del 93,3% (5,25 millones de viajeros viajaron en AVE
y 380.000 en avión). En el trayecto Madrid-Sevilla, la cuota del AVE frente al
avión es el 90,2% y en el corredor Madrid-Alicante, el 88,1%. En el trayecto
con más competencia y viajeros, Madrid-Barcelona, el AVE también gana de
lejos al avión, con una cuota del 81,2% de viajeros en 2024 (8,9
millones en AVE y 2 millones en avión), cuando antes de la liberalización de
2021 la cuota del AVE era del 65%. Y en el trayecto Madrid-Málaga, la
cuota del AVE frente al avión es del 82%. En estos trayectos, la cuota del
tren de alta velocidad aumentó en 2024, salvo en el corredor
Madrid-Barcelona (-0,3%).
A pesar de este “éxito comercial”, las tres empresas
que gestionan los viajes de AVE siguen
perdiendo dinero, año tras año, aunque algo menos en 2024. Así,
mientras Renfe ganaba dinero con el AVE en 2019 (cuando operaba en solitario), empezó
a perder dinero en 2020 y 2021, ya con Ouigo (-751 millones perdieron ambos) y
en 2022-24 (-452 millones, ya con Iryo, además de Ouigo y Renfe). Sólo en
2024, las tres empresas que operan la alta velocidad han perdido 99,5
millones (menos que los 219 millones perdidos en 2023), pérdidas repartidas
entre Renfe (-27 millones), Iryo (-31,5 millones) y Ouigo (-40,5 millones). Y
la CNMC estima que las 3 empresas han perdido 1.203 millones de euros desde
2020, repartidos entre Renfe (-842 millones), Ouigo (-191 millones) e Iryo
(-170 millones).
¿Por qué pierden dinero si han duplicado los viajeros?
Básicamente, por la “guerra de tarifas” a la baja y el fuerte
aumento de inversiones y costes (en trenes, personal, energía…), además de que
han de pagar el canon a ADIF (la empresa pública que gestiona y mantiene
la red ferroviaria) por el uso de las vías, estaciones y servicios. Aunque las
empresas extranjeras (Ouigo e Iryo) se
quejan de que este canon es alto, ADIF y la CNMC les contestan
que son “similares a los alemanes, algo superiores a los italianos y en
linea con los franceses”. Al final, ganar mercado partiendo de cero
es siempre costoso y eso obliga a los nuevos operadores a operar con
pérdidas y a Renfe a seguir su senda para no perder más cuota.
Pero el negocio de la alta velocidad, aunque bate récords de
viajeros año tras año, tiene un problema de fondo: crecer tanto y tan
rápido ha provocado múltiples
problemas diarios, que se han agravado este verano:
múltiples averías en la red y en los trenes, saturación en las estaciones
(primero en Atocha-Madrid y luego con las obras en Chamartín-Madrid), retrasos
y trenes parados en medio de la nada, unas veces por fallos en la catenaria,
otras por robo de cable, otras por problemas del tren y este verano, por los
incendios en Castilla y León y en Galicia (han afectado a 486 trenes y
130.000 usuarios, frente a sólo 25 trenes y 18.000 viajeros afectados por los
fuegos del verano de 2024). Todos estos factores (de la red y externos) han
deteriorado en 2025 un servicio, el del AVE, que en 2024 fue bastante
puntual: el 94% de los trenes AVE de los trayectos en competencia
llegaron con menos de 15 minutos de retraso, según la CNMC, siendo
los segundos más puntuales de Europa, tras Suiza.
Los expertos y el propio Ministerio de Transportes achacan
los múltiples problemas del AVE a 4
causas. La primera y fundamental, el fuerte aumento de trenes
y viajeros: la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde
1992 (de 470 kilómetros a 4.000) y de circular 9 trenes diarios se ha pasado a
532 trenes y 115.000 pasajeros diarios hoy. La segunda causa de problemas es el
envejecimiento de las infraestructuras (vías, señalización, catenarias…)
en estos 33 años, sobre todo en la linea más antigua y con más problemas
(Madrid-Sevilla). La tercera, que muchos de los trenes AVE que circulan
hoy (sobre todo los 125 de Renfe) son muy antiguos y algunos nuevos dan muchos
problemas (como muchos de los 30 AVE Avril “Serie S106”, entregados
por Talgo a Renfe en mayo de 2025 y que han presentado fisuras en los
“bogies”, el sistema de rodadura donde se asientan los coches de viajeros).
Y el cuarto problema es la deficiente gestión de ADIF, donde los
sindicatos denuncian falta de personal y fallos de gestión, además de escasa
inversión en mantenimiento de la red.
Todos estos problemas
en la alta velocidad, agravados este verano, han llevado al Gobierno y a
ADIF a retrasar
la liberalización de nuevos trayectos de AVE, que estaba prevista
para septiembre de 2025: la entrada de Ouigo e Iryo en los corredores del AVE
de Madrid a Galicia, de Madrid a Asturias y Cantabria y el corredor
Madrid-Cádiz y Huelva. Parece que la apertura a la competencia de estos
trayectos de alta velocidad se
retrasa hasta 2026, para hacerla efectiva en 2027, para dar tiempo a reforzar antes las líneas
actuales con problemas y para que ADIF recalcule los cánones a cobrar a las
empresas en esos nuevos trayectos, que tendrían que subir para incluir las
inversiones necesarias en vías, señalización y mantenimiento. Y las empresas, además de ampliar su servicio de alta velocidad (serán 72 servicios diarios más, alcanzando al 70% de la población) y su parque de trenes, tendrán que afrontar el reto tecnológico de operar en dos anchos de vía a la vez (internacional e ibérico).
Mientras, el Gobierno y su ministro de Transportes creen que
la mejoría del servicio de alta velocidad pasa por comprar nuevos trenes e
invertir más en la mejora de la red de alta velocidad, donde ya se han
invertido 69.200 millones, 57.200 hasta 2021 y otros 12.000 después, hasta
2025). Pero eso tardará (“no podemos
estar 15 años sin comprar un tren y de repente encargar 400”, dijo
el ministro Puente en el Congreso en septiembre), lo mismo que mejorar la
red de alta velocidad (vías, catenarias, señalizaciones, mantenimiento…) y las
estaciones. Por eso, el propio ministro
Puente advirtió a los diputados que “seguirá habiendo incidencias en
la alta velocidad en los próximos dos años”…
En definitiva, el AVE bate récords de viajeros pero ha
crecido demasiado en poco tiempo y eso está provocando problemas
en las líneas y a los viajeros, problemas que exigen
más inversiones y tiempo. Por eso, antes de seguir ampliando
la red (cada ciudad quiere su AVE) y abriéndola más a la competencia,
hay que reforzar lo que tenemos, para “no morir de éxito”:
más inversiones en mantenimiento, vías, señalización, trenes y estaciones. Y esas
mayores inversiones obligan a subir el canon de Adif a las
compañías y a que frenen su “guerra de precios”, quiten tantas ofertas y suban los billetes a los viajeros. Al final, las cuentas son
claras: o se invierte más en el AVE o seguirán los problemas. Y ese
dinero para mejorar el servicio sólo puede salir de las empresas y de los
viajeros. Lo barato es caro.
El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.
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lunes, 29 de septiembre de 2025
Universidades públicas en apuros
Más de 1,8 millones de jóvenes han iniciado el Curso universitario,
que batirá otro récord de alumnos, Grados y Masters. Pero las plazas
en las Universidades públicas se han estancado, por falta de medios y
profesores, lo que ha elevado otro Curso más las notas de corte
para acceder, desviando alumnos a las Universidades privadas, que crecen
sin parar, sobre todo en algunas carreras y Masters: este año funcionarán 46
Universidades privadas (4 más que el curso pasado), mientras las públicas
siguen estancadas en 50 (desde 1.998). Esto obliga a muchas
familias a gastar hasta 28.000 euros al año en que su hijo/a estudie fuera,
lo que impide estos estudios a muchos jóvenes y endeuda a otros,
aumentando la desigualdad de oportunidades. Mientras, las Universidades
públicas piden más financiación para sobrevivir y poder ofrecer más
plazas y estudios. Pero las
autonomías gobernadas por el PP apenas les financian y apoyan el aumento
de las Universidades privadas (controladas por Fondos de inversión y
entidades religiosas), sobre todo en Madrid y Andalucía. Enrique Ortega
Este Curso 2025-26 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2007, otro año con un récord de nacimientos (492.527, 10.000 más que los nacidos en 2006), lo que aumentará el número de universitarios, superando los 1,8 millones que estudiaron el Curso pasado un Grado (1,4 millones), un Master (300.000) o un Doctorado (100.000 alumnos) en las Universidades españolas. El 75% de estos 1,8 millones de universitarios estudian en una Universidad pública, el 57% de ellos mujeres y un 7% extranjeros (salvo en Master y Doctorado donde los extranjeros suben al 27 y 29% del total). En conjunto, a estos universitarios se les ofrecen 4.475 titulaciones de Grado (67% en la Universidad pública), 4.325 Masters (el 30% en las privadas) y 1.228 títulos de Doctorado (el 80% en las Universidades públicas).
Será pues otro Curso de récord de alumnos en las
Universidades españolas, con una peculiaridad: apenas crecen los alumnos de
las Universidades públicas y los que más crecen son los de las
privadas, como
sucede en los últimos años. Así, los alumnos de Grado de las Universidades
públicas han bajado desde los 1.116.463 que hubo en el Curso 2016-17 a
los 1.080.568 que se matricularon el curso pasado (2024-25): -35.895 alumnos
en los últimos 8 años. Y en paralelo, los alumnos que estudian un Grado en
las Universidades privadas se han casi duplicado: de 186.789 en el Curso
2016-17 a 328.269 el curso pasado (2024-25), según los datos oficiales. Y si
analizamos los alumnos matriculados en el primer curso, han caído
un -4,8% en las Universidades públicas (de 291.100 que empezaron en septiembre
2015 a 274.400 en septiembre 2023), mientras en las Universidades privadas,
los matriculados en el primer curso han crecido un +61,4% estos 8 años:
de 54.700 a 89.200.
¿Qué está pasando? Pues que las
Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más
plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para
contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar los alumnos,
aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año sube la nota de corte
en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos
alumnos o menos, obligando en la Selectividad a sacar notas cada vez más altas para
admitir alumnos en las grandes Universidades. Así, este año, las
notas de corte en Medicina han sido de 13,3 (sobre 14) y en muchas
carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el
Bachillerato. Un ejemplo: hay 10 solicitantes que quieren estudiar Medicina
en la pública por cada plaza disponible…
La consecuencia es que muchos jóvenes que quieren
estudiar una carrera sólo
pueden hacerlo en la Universidad privada, que lleva años
aprovechando la falta de plazas en la Universidad pública para ofertar más
plazas, sobre todo de Grados que tienen una mejor salida laboral. Eso conduce a
un aumento reiterado de alumnos, que sólo pueden estudiar lo que quieren si
pagan los caros estudios de una Universidad privada. Y así, por ejemplo, en
Madrid, este será el tercer Curso donde en Medicina (la carrera “estrella)
habrá más matriculados en primer curso en las Universidades privadas que en
las públicas… Y también hay más inscritos en las privadas en Fisioterapia
(53%) y Relaciones Internacionales (74%).
En definitiva, las Universidades privadas crecen a costa de “asfixia
financiera de las Universidades públicas”, que apenas se han recuperado de los
recortes impuestos por Bruselas y Rajoy desde 2012 y la escasa financiación
posterior. Eso ha provocado un aumento constante de nuevas Universidades
privadas, que este
Curso ya serán 46 (habrá 4 nuevas), mientras las Universidades públicas
se han estancado en 50 (la última Universidad pública, la Politécnica de
Cartagena se creó en 1998). Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades
privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP, sobre todo en
Madrid y Andalucía. De hecho, hay Universidades privadas en todas las
autonomías (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo
en Extremadura y Baleares.
La mayoría de las privadas
tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas,
Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña),
propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria),
Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están
interesados también los
Fondos de inversión: el sueco EQT está detrás de la Universidad
Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad
Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello
(español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí
KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.
La peor consecuencia de la asfixia financiera de las
Universidades públicas (las 6 de Madrid pidieron
en octubre de 2024 a la presidenta Ayuso 200 millones extras para pagar sus
nóminas…) es que muchos alumnos no pueden estudiar en ellas, por falta de
plazas, y tienen que buscar una Universidad privada para estudiar una
carrera, con un altísimo coste. Por un lado está el pago de la matrícula y
las mensualidades, con un coste anual de 13.500 a 15.000 euros por alumno. Y a
eso hay que sumar, para los universitarios que estudian fuera de casa, el coste
del alquiler de una habitación o una vivienda compartida, que supera los 600
euros (5.400 euros anuales). Y la manutención y los gastos (otros 9.000 euros
anuales). En total, unos 28.000 euros al año, por 4 años (si no se
repite curso), más el elevado coste de un Master al final del Grado
(entre 20.000 y 30.000 euros más).
Así que estudiar en una Universidad privada puede costarle a
un joven y a su familia unos 140.000 euros, una cifra imposible para muchos
hogares y que obliga a otros a endeudarse. De hecho, casi el 14% de los
créditos que se piden hoy a la banca son para financiar estudios universitarios,
según ASUFIN, una demanda que se ha cuadruplicado en la última década. Y
esto relega a muchos estudiantes y familias a no estudiar una
carrera universitaria, desviando su interés hacia la Formación Profesional, que
es más barata (a pesar de que se multiplican también las plazas privadas, en
centros participados también por Fondos de inversión) y además tiene más
salidas profesionales que muchas carreras.
El objetivo debería ser promover la Universidad pública,
apoyándola financieramente para que tuviera más alumnos, Grados y Master, para evitar
también que muchos jóvenes sin recursos se queden fuera (las becas son escasas
y poco dotadas). Pero la realidad es que España la financia menos que
otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario
en España era de 15.654 dólares en 2021 (último
dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y
33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más (27.756
dólares/universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania,
20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando la inflación. Eso se
traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus
Universidades, mientras España destina el 0,76%.
Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública.
También lo
hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión
pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y
matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el
67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84%
en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 29% del gasto universitario
es privado en España, frente al 19% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría
de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan
los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).
Otro problema de España es que hay una gran desigualdad
en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia
y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay autonomías
que transfieren a sus Universidades públicas menos que la media (6.671 euros/universitario
en 2022-23) : Madrid (5.362 euros por universitario), Cataluña (5.599
euros) y Murcia (6.712), según
el Informe CYD 2024. Y entre las autonomías que mejor financian sus
Universidades destacan La Rioja (9.689 euros/universitario), Navarra
(9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros). En contrapartida, las que
menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y
matrículas: Madrid (1.620 euros/alumno, 454 euros más que la media), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302), Y hay otras donde los
universitarios pagan la mitad de tasas en las Universidades públicas: Galicia
(738 euros/alumno), Canarias (776) y Andalucía (815).
Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas
es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir aplicando la nueva Ley de Universidades, la
LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos
aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el
49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y
jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación
e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones
públicas dotarán a las Universidades de
los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio” (artículo 55),
pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta
el cuanto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación
universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 5.739 millones
más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2024).
El problema está en quien
aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las
autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social
(en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado
(en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, las
Universidades públicas han intentado acuerdos de financiación a medio
plazo (para varios años) con los Gobiernos autonómicos, pero la
mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se
autorizan nuevas Universidades privadas, a las que cada Curso se desvían
más alumnos. Y el Gobierno central poco puede hacer, máximo tras tres Cursos
sin Presupuestos (incluido el actual).
La futura financiación de las Universidades públicas es una
cuestión clave, no sólo porque nos jugamos la formación de los jóvenes sino
porque en los próximos años va a seguir aumentando la cifra de
universitarios: habrá cada año más alumnos, al menos hasta 2041
(cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075
niños, 170.000 menos que los nacidos en
2007 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar
profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo
hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan
más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más
financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige
recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros
universitarios. También ayudaría que empresas y bancos
financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no
podemos es dejar que las Universidades públicas sigan perdiendo alumnos, planes,
investigación y prestigio.
Aumentar la financiación a las Universidades públicas es un requisito básico para mejorarla y que no
quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas).
Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han
de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000
licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen
más trabajo y menos paro que los jóvenes no universitarios, pero todavía están
mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de
los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al
87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91%
en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según
la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un
9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.
Corregir este “drama”, que la Universidad no
sea “una
fábrica de parados” exige no sólo tener más financiación
sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas:
derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los
planes de estudio con empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar
la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la
formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero,
flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y
realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión,
para que los recursos públicos sean más eficaces. Hay que analizar
propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre
todos otra Universidad.
Este Curso 2025-26 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2007, otro año con un récord de nacimientos (492.527, 10.000 más que los nacidos en 2006), lo que aumentará el número de universitarios, superando los 1,8 millones que estudiaron el Curso pasado un Grado (1,4 millones), un Master (300.000) o un Doctorado (100.000 alumnos) en las Universidades españolas. El 75% de estos 1,8 millones de universitarios estudian en una Universidad pública, el 57% de ellos mujeres y un 7% extranjeros (salvo en Master y Doctorado donde los extranjeros suben al 27 y 29% del total). En conjunto, a estos universitarios se les ofrecen 4.475 titulaciones de Grado (67% en la Universidad pública), 4.325 Masters (el 30% en las privadas) y 1.228 títulos de Doctorado (el 80% en las Universidades públicas).
Lo mismo ha pasado con los
Master. Los alumnos que inician un Master en una Universidad pública
han pasado de 124.892 en el Curso 2016-17 a 143.649 el curso 2023-24, un
aumento del +15%, menos de la tercera parte de lo que han aumentado los
alumnos de Masters en las Universidades privadas (+53%), que han pasado
de 65.251 (Curso 2016-17) a 145.306 alumnos matriculados (en 2023-24), superando
ya a los alumnos Master de la pública. Y además, las Universidades
públicas ofrecen ahora menos Master (3.067) que en 2015-16 (3.116 Master),
mientras las privadas casi los duplican (de 761 a 1.262).
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jueves, 25 de septiembre de 2025
Las autonomías rebajan el gasto social
Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado
el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central,
como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone
una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10
euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos
que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses
que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían
y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social.
Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su
gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación,
Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social
en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre
el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid,
Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías,
que son como el perro del hortelano…
España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado
del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación,
Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los
últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero
este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes
impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó
Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social
(sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las
autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) ,
cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un
mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando,
lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en
2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas.
Y en 2023, el gasto social ya
alcanzó los 159.393 millones de euros.
Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad,
educación, Dependencia y servicios sociales) se truncó en 2024, año en que
el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto
de 157.029 millones, según un detallado informe
recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada
del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus
Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando
mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda
(+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en
sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…
El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024.
Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en
los Presupuestos de las autonomías, según
demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si
en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social
(sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y
en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los
Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas,
la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar
el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto
en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al
20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor
gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.
Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total
de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad,
educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas
gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha
crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de
gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi
totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019
y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha
crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que
ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha
crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un
42,1% (2019-2024).
Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto
social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la
desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto
social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías
donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos
reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña
(gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid
(+16,43%), según
el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8
autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del
30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra
(+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).
Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran
esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en
sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han
aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto
social por habitante en España ha aumentado en 658 euros
entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las
mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019:
Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña
(+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han
aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura
(+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla
y León (+903 euros/habitante).
Al final, las autonomías “se retratan” con el
gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por
habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta
2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española),
Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia
(3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra
(4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País
Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias
(3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking
de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la
educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña,
Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.
Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece
la misma desigualdad por autonomías. En el gasto
sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante
en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5
autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415
euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña
(1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en
cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante,
casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura
(2.164 euros/habitante).
La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto
en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros
(2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910
euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034
euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y
Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se
repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra
(1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad
Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).
El tercer gasto social importante (Dependencia
y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media
en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares
(273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los
habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y
en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o
envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que
Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País
Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).
Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión
clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que
se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios
sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a
la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que
más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar
de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su
recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha
alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que
las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias
de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412
millones de euros, una cifra récord.
Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías
han recibido del Estado central unos 300.000 millones más
de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy
(2012-2018).
A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios),
las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en
2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa?
Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas
(transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social (tampoco gastan en vivienda, donde las autonomías apenas
promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos
casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras
cosas, como bajar
impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su
financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos
mayores recursos para gastar
ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios
Sociales.
El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión
del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está
en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios
hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire,
con tremendas diferencias que luego se traduce en la
deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13
millones de españoles pagando un seguro privado), en la
infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la
insuficiencia de los servicios sociales y la
Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más
alta en 10 años, con una espera media de 342 días).
Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se
quejan de falta de recursos y exigen
un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la
actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en
el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios
públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el
Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos
de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a
2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la
condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada
por el Gobierno el 2 de septiembre.
El origen de parte de la deuda autonómica se
remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un
desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los
bancos y con Hacienda, a
través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento
de las autonomías aumentó
en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una
quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la
deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la
Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos,
liberando a las autonomías del coste de esta deuda.
Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no
van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del
Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra
como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez).
Pero Hacienda
reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y
que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas
por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña,
11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver
cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar
piedras contra su propio tejado”.
Pero este rechazo (político) del PP tiene una consecuencia más preocupante:
la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la
quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se
ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que
el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar
más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es
una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en
2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la
quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña,
506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para
Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar
más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para
atacar y desgastar” al Gobierno.
En definitiva, tenemos un serio problema
en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la
sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en
manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o
por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras,
configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar
el gasto social, porque nos importa a todos.
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lunes, 22 de septiembre de 2025
Industria: España se aleja de Europa
Hemos tenido otro verano récord de turistas, pero no
tanto como se esperaba, por los altos precios, las olas de calor y el
estancamiento económico en Europa tras los aranceles de Trump, que han reducido
los turistas alemanes y franceses. Es el momento de repensar el futuro
del turismo y si España debe crecer siendo la California de Europa,
a costa de hoteles, bares, comercio y ocio, que generan un empleo
inestable (se han perdido 200.000 empleos en agosto) y mal pagado. La
alternativa es promover la industria, avanzar en sectores competitivos
y con futuro, apoyados en la tecnología, digitalización y una energía renovable
que nos aporta tener la luz más barata de Europa. Pero España está
muy rezagada en industria respecto a Europa y hemos perdido 723.500
empleos industriales en este siglo. Urge un Pacto social por la
industria, pero los enfrentamientos políticos tienen parada en el
Congreso una nueva Ley de Industria aprobada por el Gobierno en
diciembre de 2024. Sin más industria no hay futuro. Enrique Ortega
Aunque muchos no lo sepan, España fue un país muy industrializado hace unos 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB). Y todavía en 1980, éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (siderurgia, naval…), ruinosas por la competencia de paises en desarrollo. En los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera…), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Resultado: el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,8% del PIB en 1987 se pasó al 16,36% en 2007 y a un mínimo de 15.98% del PIB en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar el 14,5% del PIB en 2019. Y aunque mejoró su aportación con la pandemia, por el menor peso de los servicios y la construcción, su aportación no superó el 16% del PIB en 2022. Y luego ha seguido cayendo.
Tras este “desplome industrial”, España es ahora la
17ª potencia industrial del mundo y compite, sobre
todo, en precio (gracias a los menores salarios) y con manufacturas
que aportan poca innovación, tecnología y valor añadido. Pero el mayor problema
es que la industria en España se encuentra muy
rezagada respecto a Europa y la brecha se ha agravado en este siglo.
Así, la aportación industrial en España es del 11,8% del PIB en 2024
frente al 15.6% que aporta la industria europea el crecimiento (el
objetivo de la Comisión es que aporte el 20% en 2030). Y este retraso español en
la aportación de la industria (-3,8%) se ha duplicado en este siglo: en el año
2.000, la industria española aportaba el 17,99 % del PIB, frente al 19,4% la UE
(-1.41% de diferencia), según un reciente estudio
publicado por la Fundación BBVA e Ivie. A lo claro: que éramos
un país menos industrial que Europa en el 2000 y ahora lo somos
aún menos.
Lo más preocupante no es sólo la pérdida de industria en
este siglo, sino sus consecuencias negativas para el empleo. El
estudio revela que la industria española mantenía el 17,3% del empleo en el
año 2.000 (el 18% la europea) y que en 2024 sólo mantuvo ya el 9,9% del empleo
total (13,7% la industria europea), lo que vuelve a indicar que la pérdida
de empleo industrial en este siglo ha sido mucho mayor en España que en el
resto de Europa. La
cifra que aportan la Fundación BBVA e Ivie es muy llamativa: se han
perdido 723.500 empleos industriales en España entre el año 2.000 y el 2024,
un 25% del empleo industrial español. Trabajadores que han
ido al paro o se han reciclado en la construcción y los servicios, con empleos generalmente
más precarios y peor pagados que en la industria.
No sólo se ha perdido empleo y actividad industrial, también
se han reducido las exportaciones españolas de productos industriales,
que ayudaban a generar divisas y empleo, aportando desde fuera al crecimiento global.
Y ahí, de nuevo, España está rezagada respecto a Europa: las
exportaciones industriales aportan el 20,3% del PIB, mientras en la UE-27
aportan el 31,1%, según
el informe. Y eso tiene que ver con los productos industriales que
exportamos (con menos tecnología y menos valor añadido) y con una menor productividad de la industria
española, derivada del menor tamaño de sus empresas, la menor innovación,
digitalización y tecnología, la falta de internacionalización, la ubicación
geográfica y los mayores costes, factores que no compensan unos sueldos
mucho más bajos.
Otro problema de la industria española, según
el informe, es que está demasiado concentrada en sectores menos
productivos y competitivos. Así, el 60% de toda la producción
industrial se concentra en 4 sectores: industria agroalimentaria
(19,4%), metalurgia y productos metálicos (12,7%), industria química y farmacéutica
(12,1%) y material de transporte (11,8%). Significa que tenemos una
industria muy concentrada en “alimentar a Europa” y proveerla de metales, química
y medicamentos, pero con poco peso de las industrias más competitivas y
que aportan más crecimiento y empleo: fabricación de maquinaria y bienes de
equipo (tenemos la mitad de industria que Europa), productos informáticos, electrónica
y óptica (tenemos casi 6 veces menos de industria que la UE-27).
El estudio destaca que la Comisión Europea pretende
relanzar la industria en los próximos años, como palanca para competir
con EEUU y China. Y recuerda que el gran objetivo es que la industria europea aporte
el 20% del crecimiento y el empleo en 2030 (España está lejos, en el
11,8%, mientras la UE-27 alcanzó el 15,6% en 2024, superando el 20% Alemania
pero sin alcanzar ese nivel de industrialización ni Francia ni Italia). Para
mejorar la industrialización, Bruselas propuso a los paises en 2023 (“Plan
industrial del Pacto verde europeo”) utilizar dos palancas: mejorar la
digitalización y afrontar el reto energético, para que la industria consuma
menos energía y más barata.
La primera asignatura pendiente de la industria española es
aumentar su digitalización, dentro de un proceso más global de
incorporar más tecnología e innovación. Y aquí también vamos retrasados
respecto a Europa: el 62% de las manufacturas españoles presentan “un
nivel básico de digitalización”, frente al 68,3% de media en la UE-27, según
el informe de la Fundación BBVA e Ivie, cuando el objetivo debería ser que
alcanzaran ese nivel básico el 90% de las industrias europeas. Y sólo el 21,9%
de las industrias españolas tienen un nivel avanzado o muy avanzado de
digitalización, frente al 28,7% de las europeas.
En cuanto a las inversiones en tecnología, la
industria española también está retrasa respecto a la europea: en España, el
29% de toda la inversión en I+D+i la realiza la industria (con todo, el sector
económico que más invierte en tecnología) casi la mitad de lo que invierte en
tecnología la industria europea (el 52,4% de tosa la inversión en I+D+i).
El segundo reto a medio plazo de la industria, europea (y española),
es consumir menos energía y a unos precios más bajos. Hasta hace
unos años, la industria española pagaba más cara la energía (incluida la luz) que
el resto de la industria europea, aunque nuestra industria es
energéticamente más eficiente (gasta menos energía por unidad de
producto), según
el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Pero en los últimos años, la
industria española se ha beneficiado de la revolución de las renovables en
España (generan
el 57,1% de la electricidad) y ahora es la industria que paga la luz más
barata de Europa: si en 2008, la industria española pagaba un 31,5% más por la
electricidad que las industrias europeas, en 2024 pagó un 20,9% menos, según
CaixaBank Research.
Precisamente, esta es ahora la mayor ventaja de la
industria española para competir fuera: los menores
costes de la electricidad, gracias a las renovables. Pero España cuenta
también con debilidades
estructurales en su
industria. La primera, el escaso peso de la industria
tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso
de las “industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica,
transporte y automóvil, que suponen el 60%). La segunda, el menor tamaño
de nuestras industrias (hay “demasiadas” pymes: sólo el 15% tienen más de 10
empleados, frente al 38% de las alemanas), que tienen menos negocio (facturan
3,42 millones frente a 4,17 millones las europeas). La tercera, el atraso
tecnológico, por partida doble: España invierte menos en Ciencia y las industrias
españolas gastan la mitad en tecnología que las europeas.
Con todos estos “hándicaps” estructurales, aumentar el
peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser fácil. Pero
hay que hacerlo, para conseguir una mayor competitividad y un empleo más
estable y mejor pagado. Varias son las medidas claves para
reindustrializar España que propone
el informe de la Fundación BBVA e Ivie: potenciar industrias con más valor
añadido y más productividad, apostar más por la innovación y digitalización, aumentar
el peso de las grandes empresas (fusiones y concentraciones para crear
industrias más grandes), mayor internacionalización de la industria, más apoyo
financiero a los proyectos industriales y eliminación de trabas administrativas
más ayudas e incentivos fiscales.
España tiene ahora otra oportunidad de oro para
impulsar la industria, junto a los bajos precios de la energía: los
Fondos europeos. Ya en el Plan
de Recuperación enviado por el Gobierno Sánchez a Bruselas, el 30 de abril
de 2021, se apostaba por destinar el 17,1% de todos los Fondos europeos (72.000
millones en subvenciones a fondo perdido) a la política industrial en 4 años.
El objetivo era “modernizar la industria española” para que sea “más digital y
tecnológica”, dotando a los programas con 6.106 millones de inversiones
públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con Fondos UE. La
apuesta era apoyar a los sectores industriales claves (“tractores”)
como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica,
aeronáutica y máquina herramienta, aportando además por sectores nuevos,
que quiere impulsar el gobierno europeo, como las baterías, el hidrógeno verde,
la economía circular (reciclaje residuos) y los microprocesadores.
Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se tradujo
en la aprobación (entre julio de
2021 y mayo de 2022) de 8 Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos
industriales a medio plazo donde se pone dinero
público (de los Fondos UE y del Presupuesto) para atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a
invertir entre 2021 y 2023, 4.300 públicos), PERTE energías renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000
públicos), PERTE economía circular
(1.200 millones, 492 públicos), PERTE industria
naval (1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060
millones) y PERTE microelectrónica y
semiconductores (12.500 millones de inversión pública, el programa más
ambicioso). En
total, una inversión industrial histórica,
de 66.000 millones de euros, que
pretende crear 500.000 nuevos empleos.
Sindicatos y patronal llevan años pidiendo un mayor
apoyo a la reindustrialización de España, como vía para
mejorar la productividad, aumentar las exportaciones y reducir la dependencia
exterior, modernizar e innovar la economía y aumentar el crecimiento y lograr
un empleo más estable (en los servicios y el turismo, los empleos
se ganan y se pierden) y mejor remunerado (el
sueldo bruto en la industria es de 31.064 euros brutos anuales, un 38,5%
más alto que el sueldo medio y el doble que en hostelería y comercio). Por eso,
el 26 de noviembre de 2016, sindicatos y patronal firmaron un Pacto
de Estado por la Industria, acordando un decálogo de medidas (rebaja
costes energéticos, digitalización, tecnología, fusiones, inversiones,
formación, desregulación, internacionalización…), que pidieron entonces al
Gobierno Rajoy. Pasaron los años, cambio el Gobierno y las medidas no se
aprobaron. Y el 22 de marzo de 2021, sindicatos y patronal volvieron a
presentar su Pacto
de Estado por la Industria en el Congreso,
con el apoyo de todos grupos. Pero sin consecuencias…
Mientras, los Fondos europeos se han traducido
en financiación para multitud de
proyectos industriales en España, básicamente a través de los PERTEs (programas
estratégicos) del vehículo eléctrico, las energías renovables, el sector
agroalimentario, la economía circular, la industria naval y aeroespacial, la microelectrónica
y los semiconductores. Y en diciembre de 2024, el
Gobierno aprobó la Ley de Industria, para sustituir a la actual Ley,
que es de 1992. Su objetivo es impulsar una nueva estrategia industrial
en España para incrementar su peso en la economía y el empleo, mejorar su
competitividad y conseguir una mayor digitalización y descarbonización de la
economía, en linea con los objetivos y medidas de la Estrategia industrial
europea. El problema es que la Ley sigue estancada en el Congreso,
en fase de enmiendas (el
plazo se ha ampliado 18 veces) y no parece fácil que se vaya a aprobar este
año, por la falta apoyo del PP y las reticencias competenciales nacionalistas.
España necesita tener una estrategia industrial clara para acortar
distancias con la industria europea y conseguir que aporte el 20% del
crecimiento y del empleo. Y para ello, hay que corregir sus debilidades
estructurales y potenciar la ventaja comparativa de una energía barata. Se
trata de apostar
a tope por la industria, generalizando su importancia en toda
España (sólo algunas regiones tienen un alto peso de la industria: Navarra, la Rioja y País Vasco y parte de
Cataluña y Madrid), para asegurar un mayor crecimiento de la economía y un
empleo estable y mejor pagado. Y, sobre todo, para que España pueda competir
mejor en un mundo con una industria globalizada. No podemos seguir siendo
la California de Europa, un
país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.
Aunque muchos no lo sepan, España fue un país muy industrializado hace unos 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB). Y todavía en 1980, éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (siderurgia, naval…), ruinosas por la competencia de paises en desarrollo. En los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera…), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Resultado: el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,8% del PIB en 1987 se pasó al 16,36% en 2007 y a un mínimo de 15.98% del PIB en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar el 14,5% del PIB en 2019. Y aunque mejoró su aportación con la pandemia, por el menor peso de los servicios y la construcción, su aportación no superó el 16% del PIB en 2022. Y luego ha seguido cayendo.
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