Vivienda: muchos Planes y pocos avances

La vivienda no tiene enmienda. Los alquileres subieron un +11,5% en 2024 y cuestan un 81% más que hace 10 años (los pocos que hay). Jóvenes y nuevas familias tampoco pueden comprar casa, porque ha subido +8,1% en 2024 (y +52% la última década). Y por eso, aunque bajan los tipos, sube la cuota de la hipoteca a pagar. Frente a esta grave situación, el PP presenta un Plan de 10 medidas para aplicar ahora en las 12 autonomías y 40% de Ayuntamientos que gobiernan. Y el Gobierno, ante el fracaso de su Ley de Vivienda, presenta otro Plan con 12 medidas. Muchas coinciden, pero no tienen voluntad de acuerdo. Y sin un Pacto entre Gobierno, autonomías, Ayuntamientos, promotores y bancos es imposible construir y poner en alquiler las 600.000 viviendas que hacen falta. Se puede hacer, actuando sobre el suelo, los Planes urbanísticos, la financiación y las ayudas, frenando los alquileres turísticos y de temporada. Pero es imposible si cada uno va por su lado. Siéntense y pacten medidas eficaces.

                            Enrique Ortega

El año 2024 ha sido nefasto para los que buscan alquilar o comprar una vivienda. Los alquileres han subido otro 11,5% (+15,3% en Madrid y +13,9% en Barcelona), según el portal Idealista, que se suma a la subida del +69,5% acumulada entre 2014 y 2023. Con ello, los alquileres han subido +81% en la última década y se sitúan ya en un nuevo máximo: 13,5 euros/metro cuadrado, una media de 1.215 euros por un piso de 90 metros. Pero hay muchas ciudades donde el alquiler medio cuesta mucho más: Barcelona (23,4 euros/m2, 2.106 euros por una casa de 90m2), Madrid (20,7 euros/m2, 1.863 euros de alquiler), San Sebastián (18 euros/m2), Palma (17,2), Málaga y Valencia (14,9 euros/m2). De hecho, los alquileres están en máximos históricos en 31 de las 52 capitales españolas. Además, hay pocos alquileres en el mercado y los que salen duran horas, con los caseros “seleccionando” inquilinos.

Ante la falta de alquileres y su elevado precio, hay familias que buscan comprar piso, más ahora que han bajado los tipos. Pero también es muy difícil, porque el precio de compra se ha disparado: las viviendas subían un +8,1% anual en septiembre de 2024 (según el INE), el mayor aumento de los últimos años, acumulando una subida del +51,9% desde 2014. Con ello, una vivienda usada (las nuevas son más caras) costaba en diciembre 2.271 euros/m2, un nuevo máximo histórico, según el portal idealista. Eso supone pagar 204.390 euros por un piso de 90 metros cuadrados. Pero en las grandes ciudades, el precio de una casa se duplica: 4.952 euros/m2 en Madrid (445.680 euros por 90 m2), 4.700 euros/m2 en Barcelona (423.000 euros), 4.442 euros/m2 en Palma, 3.491 euros/m2 en Bilbao, 3.241 euros/m2 en Málaga, 3.035 euros/m2 en Cádiz, 2.836 euros/m2 en Valencia y 2. 827 euros/m2 en Pamplona. Y las casas en venta también “vuelan”, por la alta demanda, los inversores y especuladores, dispuestos a no a regatear y pagar más.

Y además, con estos precios de compra disparados, los jóvenes y familias se encuentran con que tienen que pagar ahora una mensualidad más alta de hipoteca para comprar, aunque hayan bajado los tipos. Así, un piso medio de 90m2, que costaba 162.900 euros de media a finales de 2001, costaba 201.906 euros en 2023 y cuesta ahora 204.390 euros. Y por eso, aunque ha bajado el Euribor, la hipoteca (por el 80% del valor) ha pasado de costar 462,94 euros en 2021 a 855 euros en  2023 y 812 en diciembre de 2024. Mínimo ahorro. Pero en las grandes ciudades, donde los pisos han subido mucho más, la cuota hipotecaria es ahora más cara que en 2023 (y que en 2021): por ejemplo, en Madrid, 1.771 euros al mes ahora frente a 1.714 euros hace un año y 821 euros en 2021.

En definitiva, que alquilar o comprar casa es prohibitivo y casi el 40% de los que lo consiguen tienen que destinar más del 40% de sus ingresos al gasto en vivienda, según el Banco de España, muy por encima de los que tienen esta alta factura en Europa (27% de las familias en la UE-27, 17,5% en Francia o Alemania y el 28% en Italia). Por todo esto, hay que afrontar este grave problema de la vivienda, que ya es la primera preocupación de los españoles, según el último Barómetro del CIS. Un problema que no sólo angustia a muchas familias y jóvenes (el 60% de los jóvenes hasta 35 años viven con sus padres) sino que es también un grave problema económico, porque frena la expansión de empresas y negocios.

Al inicio de 2025, parece que los políticos “han tomado nota” de la preocupación masiva por la vivienda. El 12 de enero, el PP contraprogramó una Cumbre autonómica en Asturias para adelantarse al Gobierno y presentar un programa político, con un anexo de 10 medidas para la vivienda, tras años de inútil gestión autonómica y municipal y cuando gobiernan en 12 autonomías y en el 40% de Ayuntamientos (31 capitales). Las medidas se centran en agilizar la gestión del suelo (después de vetar en mayo de 2024  la reforma urgente de la Ley del Suelo propuesta por el Gobierno y solicitada por muchos Ayuntamientos) y en bajadas de impuestos para compradores y caseros, facilitando el acceso a hipotecas, fomentando la rehabilitación y reforzando la lucha contra la ocupación ilegal (los “okupas”, su obsesión y la de Vox).

Al día siguiente, 13 de enero, el presidente Sánchez anunció  un Plan con 12 medidas para mejorar la situación de la vivienda, a la vista que su Ley de Vivienda (en vigor desde mayo 2024), no ha sido eficaz y los topes al alquiler (impuestos en su día por Podemos y Sumar) han sido contraproducentes: muchos propietarios han dejado de alquilar, desviando sus pisos al alquiler de temporada o al alquiler turístico o han vendido su vivienda. El hecho, corroborado por el sector inmobiliario, es que la Ley y los controles de precios (y el tope de subida) han provocado una caída del 33% en la oferta de alquileres entre 2019 y 2024, según los datos de Idealista. Pero hay capitales donde la oferta de alquileres ha caído mucho más: en Barcelona (-75%: han “desaparecido del mercado” 3 de cada 4 viviendas en alquiler), Oviedo (-55%), San Sebastián (-55%), Las Palmas (-51%), Madrid (-46%), Palma (-46%), Girona (-45%), Bilbao (-44%), Zamora (-42%), Toledo, (-42%) y Burgos (-40%). Y ha caído también en Málaga y Valencia (-33%), en Sevilla y Alicante (-32%).

El Gobierno sigue defendiendo su Ley y los topes a los alquileres en las zonas “tensionadas”, argumentando que el único sitio donde se han aplicado (Barcelona y su área metropolitana), los alquileres han bajado entre un 3% y un 5%. Pero muchos expertos lo atribuyen a la caída de contratos y reiteran que el intervencionismo de la Ley ha sido contraproducente. Y piden medidas para aumentar la oferta de viviendas, la verdadera causa que explica los precios disparados de alquileres y compraventas: hay unas 300.000 personas que buscan piso cada año (jóvenes, inmigrantes y nuevas familias) y en 2024 sólo se construyeron 90.000.

El nuevo Plan del Gobierno para la vivienda busca ahora aumentar la oferta de viviendas. Por un lado, se transfieren a la empresa pública de vivienda (SEPES) 3.300 viviendas públicas, otras 13.,000 de la SAREB (que traspasará hasta 40.000) y 2 millones de metros cuadrados de suelo público (mucho de Defensa), concediéndola además la prioridad para adquirir suelo en el mercado (para evitar que caiga en manos de especuladores). Además, las viviendas públicas que se promuevan o adjudiquen mantendrán indefinidamente su titularidad pública y no se podrán vender (como hasta ahora), lo que permitirá ampliar el parque público (sólo el 2,5% del total, frente al 7% de media en Europa). Otra medida es destinar Fondos europeos a crear “una industria de la construcción”, que avance en fabricar viviendas modulares, para acelerar plazos de construcción y reducir costes.

Hay tres medidas del Plan dirigidas a aumentar la oferta de alquileres. Una, un sistema de garantías públicas para asegurar a los propietarios el cobro del alquiler (como hace el programa Bizigune en el País Vasco) y avales a los inquilinos para casos de impago. Otra, ayudas a los propietarios que rehabiliten su vivienda para alquilarla (a precio asequible). Y la tercera, una exención fiscal a los propietarios que alquilen: el 100% de lo que ingresen no pagará impuestos (siempre que se ajusten a los límites de subida aprobados y que publica el INE). Las tres medidas buscan “animar” a los caseros a alquilar, dado que hay 4 millones de viviendas vacías, aunque sólo 400.000 están en zonas “tensionadas”.

Otras medidas del Plan del Gobierno afectan a las viviendas turísticas (pagarán el 21% de IVA, como cualquier otro negocio), a los alquileres de temporada (se ha creado un registro obligatorio y un Fondo para que los Ayuntamientos aumenten las inspecciones) y a las compras de pisos por extranjeros no comunitarios (compraron 27.000 viviendas en 2023), a los que se sube un 100% los impuestos a pagar. Además, se propone a las sociedades de inversión inmobiliaria (SOCIMI) un mejor trato fiscal si promueven viviendas con un alquiler asequible. Y, finalmente, anuncian un Plan de Vivienda 2026-2029, que ampliará las ayudas existentes para jóvenes, mayores, discapacitados y residentes en zonas tensionadas.

Estas 12 medidas del Plan del Gobierno son un avance, pero insuficiente. Se avanza con la empresa pública de vivienda, pero falta un presupuesto (no hay Presupuestos) y más medios. Las ayudas fiscales para “animar” a los caseros están bien, pero si están condicionadas a unos topes y subidas, no funcionarán (como no han funcionado las de la Ley de Vivienda). Y, sobre todo, son muy “suaves” las medidas para frenar los pisos turísticos (ojo, 396.883 en agosto de 2024, según el INE, representado el 25% y hasta el 35% del alquiler en zonas de muchas ciudades) y los alquileres de temporada (han crecido un +182% en los últimos 5 años y ya suponen el 14% de los alquileres), básicamente porque su competencia es autonómica y municipal, no estatal. Y en cuanto a los impuestos a la compra de extranjeros no UE, es “el chocolate del loro”, porque el grueso de estas compras (que suben los precios) son los  compradores europeos (en Baleares, Alicante, Canarias, Murcia o Cataluña).

Se echa en falta en las medidas una actuación más radical en las 4 áreas donde nos jugamos la solución del problema de la vivienda: suelo, planeamiento, financiación y promoción pública de viviendas. En España, hay suelo para construir, pero hace falta catalogarlo (no se sabe dónde y cuánto) y sobre todo prepararlo para que sea urbanizable y esté a disposición de los promotores, lo que exige más inversiones y menos burocracia. Además, hay que agilizar el planeamiento de las ciudades, porque ahora se tarda 10 años y si hay reclamaciones, el plazo se demora 15 años más (de ahí el intento de reforma de la Ley del Suelo).

En tercer lugar, hay que buscar financiación suficiente, pública (hay que “territorializar” el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y especializarlo más en la vivienda) y privada, alcanzando un acuerdo con los bancos para que vuelvan a financiar la vivienda, sobre todo la protegida (VPO), lo que exige actualizar precios (módulos) y dar facilidades (suelo y planeamiento) a los promotores privados, actuando también para reducir los costes de construcción, facilitar mano de obra formada (el sector dice que no encuentra personal) y agilizar los procesos (hoy se tardan 100 meses en una promoción y habría que bajarlo a 50 meses).

Y sobre todo, hay que impulsar la promoción pública de viviendas, porque es ridícula: sólo 5.241 viviendas protegidas hasta septiembre 2024 (y 8.847 en todo 2023), frente a 68.587 VPO terminadas en 2008. Eso exige que las autonomías y Ayuntamientos destinen muchos más recursos a promover VPO, con dinero público (y privado). Ir construyendo año tras año un parque de VPO, sobre todo para alquilar: harían falta 150.000 viviendas públicas al año para tener en 10 años (1.500.000 VPO más) un parque de VPO “europeo”. Y el mayor esfuerzo (con financiación estatal) debe venir de las autonomía y Ayuntamientos, que ya apenas promueven viviendas (sí conciertos, corridas de toros y fiestas…).

Actuando en estos 4 frentes (suelo, planes urbanísticos, financiación y promoción pública), cortando de raíz las fugas de alquileres (a uso turístico y alquileres de temporada) y facilitando a los propietarios que alquilen sin miedo (y sin imposiciones), podría empezar a resolverse el problema de la vivienda en España, que exige tiempo: habría que construir 150.000 viviendas al año y sacar al alquiler otras 150.000 para atender a la demanda esperable (y eso no resolvería el déficit actual). Pero para conseguirlo, hace falta un requisito previo: el acuerdo entre todos los que deciden en la política de vivienda (Gobierno, autonomías, Ayuntamientos) y los “actores” imprescindibles para avanzar (promotores, constructores, bancos, propietarios e inquilinos). Si no hay un gran Pacto por la vivienda, no avanzaremos.

Ahora, el Gobierno tendrá que concretar y poner en marcha sus medidas. Y luego, tendrá que llevarlas al Parlamento y conseguir aprobarlas. Muchas de ellas, como la reforma de la Ley del Suelo, los alquileres de temporada o las ayudas fiscales han sido vetadas en el Congreso por el PP y Vox (algunas con ayuda de Junts y PNV). Así que es prioritario un gran Pacto de Estado por la vivienda, como ya han pedido los promotores (APCE). Ver las propuestas de cada uno e intentar consensuar medidas que promuevan más viviendas en construcción y más alquileres en el mercado, más oferta para rebajar unos precios disparados.

No parece fácil lograr un Pacto, pero sin acuerdos no avanzaremos: ni el Gobierno podrá aprobar y aplicar sus medidas ni las autonomías y Ayuntamientos gestionarán mejor. Están condenados a entenderse, a resolver un problema que es un clamor social. Si no lo hacen, los jóvenes y familias con menos recursos seguirán sin casa. Y 9 millones de inquilinos seguirán malviviendo, porque tendrán que destinar más de la mitad de sus ingresos a pagarse un techo. No podemos tolerarlo.

13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.

Telecos: subida de tarifas y muchos cambios

Hoy 13 de enero, Movistar sube sus tarifas, después de subirlas Vodafone el día 1 y antes de que suba MasOrange el 27 de enero. Es el 11º año consecutivo en que las telecos nos suben las tarifas de móvil, Internet y TV de pago, +41,2% de media, casi el doble que la inflación y los salarios. A la vez, las telecos siguen enzarzadas en su “guerra de tarifas”, con ofertas hasta de 15 euros mensuales para los que cambien de compañía. Con ello, sus ingresos se han estancado y les resulta difícil afrontar nuevas inversiones en redes y telefonía, obligándoles a reducir plantillas (5.600 despidos en 2024), buscar nuevos ingresos (alarmas, energía, seguros, banca) y fusionarse: en 2024, MásMóvil absorbió a Orange y creó la 1ª teleco de España, adelantando a Movistar. Además, los saudíes entraron como tercer accionista de Telefónica y Vodafone cambió de dueño. Las “movidas” empresariales seguirán, como las subidas y la “guerra de tarifas”, ahora por el fútbol y la TV, que es donde ingresan más.

                              Enrique Ortega

Otro año más, las telecos suben las tarifas de móviles, internet y TV de pago. Empezó Vodafone, subiéndolas el 1 de enero un +3% (menos que el +4,38% de 2024), justificándolo por la subida de la inflación. Es el tercer año que Vodafone aplica su cláusula de “revisión automática anual” de tarifas conforme al IPC, introducida en sus contratos en 2022.Ahora, la subida media es de 1,5 euros al mes por cliente, aunque será mayor en los contratos de fibra y móvil (+2,5 euros mensuales) y menor en contratos de sólo móvil (+0,6 euros). Y como contrapartida, ofrecen regalos y rebajas en suscripciones de antivirus y plataformas.

Movistar sube este 13 de enero sus tarifas, desde 0,10 céntimos (Mi Movistar base) a 3,10 euros (Mi Movistar Max) y hasta 4 euros el paquete de TV. Además, Movistar también sube sus tarifas de fútbol a los bares y locales de ocio. Y justifica estas subidas (algo mayores que en 2024, cuando subió de 1 a 3 euros mensuales) en “el aumento generalizado de costes” que ha tenido, especialmente de los proveedores de TV (Netflix subió sus tarifas en octubre y también han subido el resto de plataformas). Eso sí, Movistar da opción a sus clientes de darse de baja sin penalización, mientras Vodafone establece que los clientes con permanencia deben pagar una penalización si se dan de baja por estas subidas.

Los clientes de MasOrange, la compañía líder tras la fusión de MásMóvil y Orange (operativa desde abril), también tendrán una subida de tarifas, a partir del 27 de enero. Los paquetes convergentes Love, de fibra, móvil y TV, suben entre 2 euros mensuales (los más básicos) y 6 euros (los que incluyen TV y fútbol), mientras su marca Simyo sube entre 2 y 3 euros sus paquetes convergentes. En contrapartida, MasOrange duplicará la velocidad de la fibra más baja (de 300 a 600 Mbps) e incorporará en todos los contratos el servicio de ciberseguridad que ofrece el grupo. Las restantes telecos, como Digi, Avatel, Finetwork o Adamo no se suman a esta subida anual de las grandes telecos y seguirán con sus ofertas “low cost”.

2025 será el 11º año consecutivo en que las telecos suben las tarifas de móvil, Internet y TV. Empezaron en 2015, tras las fuertes bajadas hechas entre 2009 y 2014, tras la liberalización de las telecomunicaciones. En estos 11 años (contando la subida de 2025), las telecos han subido sus tarifas mensuales entre 30 y 44 euros de media, con lo que ahora pagamos entre 360 y 528 euros más al año por estar conectados, aunque no nos demos cuenta porque han sido muchas pequeñas subidas consecutivas (hasta hace poco, dos al año). En conjunto, las tarifas de móviles, Internet y TV han subido una media del +41,2% en estos 11 años, casi el doble de lo que han subido los precios (+26,3%Y y los salarios (+20%).

Lo peor no es que llevemos 11 años pagando más por utilizar los móviles e Internet, sino que los usuarios sufrimos una política de tarifas “de locos”, que perjudica a los clientes antiguos “fieles” en beneficio de los clientes nuevos, que consiguen mejores tarifas de entrada al cambiarse de compañía. Lo que sucede desde 2015 es que los clientes antiguos sufren subidas anuales (+41,2% en 11 años), mientras las mismas telecos se dedican a lanzar “ofertas low cost” a través de segundas marcas, con las que “tiran precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los cientos de miles que les roban cada año las nuevas telecos. Y así pagamos 85 euros al mes por un paquete de móvil, Internet y TV (más de 100 euros con fútbol), mientras esa misma teleco (a través de sus marcas low cost: O2, Lowi, Simyo) ofrece por 38 euros (y menos) un servicio básico de móvil e internet. Y mientras, hay compañías que “rompen el mercado”, como la rumana Digi, que sacó en octubre un Plan de fibra y móvil a 15 euros mensuales (y luego un Plan TV, con 100 canales) a 7 euros más al mes…

Esta “locura de tarifas” y las “ofertas” habituales en Navidad o verano (que complican aún más el mercado) son fruto de la tremenda competencia entre las telecos, tanto entre las tres grandes (MasOrange, Movistar y Vodafone) como entre ellas y las nuevas operadoras (Digi, Avatel, Finetwork o Adamo), que no tienen casi red y alquilan las redes de las grandes telecos para competir con ellas, aprovechando que tienen menos inversiones, costes y personal. Eso provoca cada año una espectacular “fuga” de clientes, de las grandes telecos a las pequeñas, las llamadas “operadoras móviles virtuales”.

En 2023, Vodafone perdió 598.000 clientes, Movistar otros 273.000 y Orange 176.000 más, ganándolos MásMóvil (+57.000) y sobre todo Digi (+598.000 clientes). En 2024, las cifras provisionales señalan que “la fuga” se ha intensificado: Vodafone cedió 518.000 líneas (414.000 contratos de móvil y 104.000 de banda ancha, Internet), MasOrange perdió 490.000 clientes (439.000 líneas de móvil y 51.000 contratos de Internet) y Movistar sólo perdió 82.000 clientes (-122.000 en Internet pero +40.000 contratos de móviles). Y la gran ganadora fue la teleco rumana Digi: ganó cerca de 1 millón de clientes (+737.000 contratos de móvil, donde opera a través de la red de Movistar, con quien renovó contrato por otros 16 años, y +183.000 contratos de banda ancha fija, donde tiene una red propia).

Además de perder clientes, la otra consecuencia negativa de la “guerra de tarifas” para las grandes telecos es que sus ingresos se estancan. Los datos son muy explícitos: los ingresos totales se han “estancado” entre 2017 (34.097 millones de euros) y 2023 (34.631 millones, según la Comisión de Competencia (CNMC). Y si vemos sólo los ingresos minoristas (de los clientes particulares), los ingresos percibidos por las telecos han caído, de 25.122 millones en 2017 a 24.336 millones en 2023. Y en 2024, los ingresos minoristas de las telecos volvieron a caer en el segundo trimestre (5.509 millones, -2,4%) y en el 3º (5.525 millones, 0,6% sobre 2023), según los datos de la CNMC.

Y las telecos, con esta caída de ingresos (tremenda en el negocio minorista), han tenido que afrontar enormes inversiones en redes de telefonía (5G) y fibra, que han soportado endeudándose. Pero el estancamiento de la facturación (y su caída “real”, contando la inflación) les ha obligado a buscar otras vías de salida:  reducir plantillas, vender activos, buscar nuevos negocios y, al final, fusionarse o vender la empresa para sobrevivir.

Las telecos son y han sido una fuente de despidos: sólo en 2024, redujeron sus plantillas en 5.600 empleados: 3.420 salieron de Telefónica, 900 en Vodafone (que hizo el 5º ERE en 11 años, tras la venta a Zegona), 650 personas en MasOrange (tras la fusión) y otros 674 trabajadores despedidos en Avatel, la 5ª teleco. Pero estos 5.600 empleos suprimidos en 2024 se inscriben en los despidos  hechos en la última década, unos 15.000. Y en total, desde la liberalización de 1997, se estima que las telecos han perdido 60.000 empleos.

La 2ª vía de “escape” a la caída de ingresos es vender lo que pueden, desde torres de telefonía a redes, además de firmar acuerdos con telecos competidoras para compartir redes o fibra. La tercera vía ha sido diversificar, meterse en nuevos negocios para “sacarles más partido” a sus 54 millones de clientes: venderles alarmas, energía (luz y gas), seguros de salud, banca y créditos.

Y la cuarta vía son las ventas y fusiones, con importantes operaciones cerradas en 2024. La más importante, la fusión de Orange y MásMóvil (que la absorbió), dando lugar a MasOrange. La operación se anunció en julio de 2022, pero se ha retrasado mucho por el permiso de Bruselas, que no llegó (condicionado) hasta el 20 de febrero de 2024. Y tras la autorización del Gobierno español (12 de marzo), las dos compañías empezaron a operar como una sola, MasOrange, el 1 de abril de 2024, consolidándose como la 1ª teleco española, adelantando a Movistar, con más de 30 millones de clientes (30 millones de líneas móviles, más de 7 millones de clientes de Internet y más de 2 millones de clientes de TV de pago. Y un 43% del mercado, frente al 28% de Movistar y el 22% de Vodafone.

La otra gran operación de 2024 ha sido la venta de Vodafone a Zegona, un fondo de inversión británico,  que compró en octubre de 2023 el 100% de Vodafone España por 5.000 millones de euros. Otra operación que se ha retrasado por la autorización de Bruselas, la CNMC y el Gobierno español, que la autorizó el 14 de mayo de 2024. Desde el 1 de junio, los ejecutivos de Zegona gestionan formalmente Vodafone España, imponiendo nuevos despidos (un ERE a 900 empleados, el 27% de la plantilla) y poniendo en marcha una agresiva política de tarifas y promociones, que ha frenado pero no impedido la fuga de clientes.

En 2024 se ha cerrado también la entrada en Telefónica de la operadora saudí STC (controlada por el Fondo soberano PIF) , anunciada en septiembre de 2023. Antes de autorizar esta entrada extranjera en una empresa estratégica, el Gobierno aprobó (diciembre 2023) la compra del 10% de Telefónica por la SEPI (la empresa pública que controla las participaciones estatales en empresas privadas), que ha costado unos 2.000 millones de euros. En paralelo, el 2º accionista de Telefónica, Criteria CaixaBank, ha aumentado su participación, del 6,03 al 9,99%, al que se suma el 4,83% del BBVA para asegurar mayoría española (24,82%). Y así, el 28 de noviembre pasado, el Gobierno autorizó a la saudí STC a tomar el 9,97% del capital de Telefónica (ampliando el 4,4% que tiene ahora), lo que la convertirá en el tercer mayor accionista de Telefónica, con un puesto en el Consejo.

Con todas estas “movidas”, el sector ha sufrido en 2024 un gran cambio empresarial, con un nuevo liderazgo, de MasOrange (MásMóvil, el 4º operador de 2023 es ahora el 1º), otro intento de “salvar Vodafone España” (tras varios cambios de gestión y tentativas de venta) y un nuevo rumbo para Telefónica, que ya no lidera en España y tiene que buscar su hueco en Europa y el mundo, evitando que su bajísimo precio en Bolsa (cotiza a 3,90 euros por acción, frente a los 30 euros de principios de siglo) le haga presa fácil de otra OPA (su valor total es bajo: 22.600 millones de euros). Y luego está la carrera imparable de la rumana Digi, que opera desde 2008 y que cerró 2024 con 8 millones de clientes (la tercera parte que Movistar) y una gestión muy agresiva, aunque le cueste bajos beneficios y un alto endeudamiento. 

Y detrás le siguen otros operadores virtuales, con cuentas complicadas pero que crecen a costa de arriesgadas ofertas “low cost”. Avatel, la 5ª mayor operadora, fundada  hace 13 años por un pequeño operador de la Costa del Sol y que ha crecido absorbiendo 155 pequeñas operadoras regionales, con 1,43  millones de clientes (760.000 de Internet y 670.000 de móviles). O Finetwork, la 6ª mayor, propiedad en un 50% de un empresario de Elda (Alicante), que cerró 2024 con 1,3 millones de clientes (1 millón de móviles y 330.000 de Internet), coincidiendo con el cese de su consejero delegado. Y Adamo (200.000 clientes), controlada por el fondo francés Ardian, especializada en instalar fibra en zonas rurales.

Un mercado, las telecos, que sobrevuelan los fondos de inversión, buscando entrar y salir a corto plazo y conseguir plusvalías. Y un mercado donde van a seguir las fusiones, en España y a nivel europeo, porque no salen las cuentas si las telecos no ganan tamaño y clientes. De hecho, las empresas se quejan de que hay 98 empresas de telecomunicaciones en Europa, mientras en EEUU, China y Japón sólo hay 3 grandes, por lo que Deutsche Telecom, líder europea, tiene 40 millones de clientes, frente a 114 millones Verizon en USA y 900 millones China Mobile. Por eso, piden a la Comisión que facilite las fusiones europeas y a los Gobiernos que no favorezcan la entrada de nuevos operadores y limiten la competencia “desleal”.

Pero la “guerra de tarifas” va a seguir. Incluso las grandes telecos hacen polémicas ofertas “low cost”: en diciembre, Movistar quiso “robar clientes” a Vodafone ofreciéndoles (sólo a ellos) una tarifa de “todo fútbol” por 44,90 euros, 90 euros menos de lo que costaba al resto (incluidos sus clientes). Ahora, con ofertas de Internet y móvil a 15 euros, la gran batalla comercial está en la TV de pago y el fútbol: los operadores han visto que los usuarios cada vez gastan menos en móvil e Internet, por lo que los paquetes cuádruples (fijo, móvil internet fijo y móvil) cuestan una media de 42,10 euros al mes, el precio más bajo desde 2015. Pero con TV de pago (series, cine y fútbol), el precio medio de los paquetes “quíntuples” es ahora de 80,3 euros, la tarifa más alta por estos servicios desde 2022, según la CNMC. Porque dos de cada tres internautas utilizan plataformas de TV de pago Ahí está el negocio.

Transferencias en 10 segundos casi gratis

Desde hoy 9 de enero, ya podemos enviar o recibir una transferencia bancaria instantánea sin pagar tanta comisión (entre 1 y 12 euros). Entra en vigor un Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo que obliga a 8.000 bancos de la zona única de pagos en euros (36 paises) a implantar "casi gratis" (de 0 a 6 euros) estas transferencias inmediatas entre cuentas, que se usan bastante en España y poco en Europa. Una medida clave para avanzar en la unión bancaria en un continente con demasiadas barreras a la circulación del dinero y las fusiones bancarias. En paralelo, bancos franceses, alemanes y belgas han creado una plataforma de pagos europea, Wero, que busca competir con Bizum, la 2ª mayor plataforma de pagos en Europa (tras la polaca). Así que cada vez será más fácil y barato hacer pagos, no sólo entre particulares, también entre empresas. En contrapartida, la banca busca compensar esta pérdida de comisiones por transferencias cobrándonos más por otros servicios (desde cuentas a tarjetas o Bolsa), ahora que bajan los tipos: 2025 será el año de las comisiones bancarias.

                                                                                                                                              ksltp.com

Europa es un continente que todavía mantiene fronteras bancarias, donde los bancos de cada país tienen sus propias reglas y comisiones en la operativa diaria y no promueven fusiones con bancos de otros paises, sólo entre bancos nacionales (como BBVA y Sabadell, mientras el italiano UniCredit ha visto bloqueado su intento de absorción de Deutsche Bank). Y así sucede que realizar una transferencia entre cuentas es una operación compleja, donde cada país tiene unos tiempos (24 horas o más si no es en euros) y cobra comisiones diferentes, dificultando pagos y la circulación de dinero en el continente. Por eso, dentro del proceso de agilizar la unión bancaria, la Comisión Europea decidió, en octubre de 2022, aprobar un Reglamento para agilizar la transferencias inmediatas en el continente, para que tuvieran más peso (eran sólo el 11% de las transferencias) y fueran más baratas (que fueran gratis o costaran como el resto de transferencias) y seguras.

Se inicia así un proceso de negociación entre la Comisión Europea, el Parlamento y los 8.000 bancos europeos (con 800 millones de cuentas bancarias) que componen la zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés), integrada por 36 paises,  los 27 paises de la UE más otros 9 paises europeos (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Andorra, Mónaco, San Marino, Suiza, Ciudad de Vaticano y Reino Unido, que sigue ahí después del Brexit). El 7 de abril de 2023 hay ya un primer acuerdo, que se transforma en un Reglamento sobre las futuras transferencias rápidas en la zona SEPA, que se aprueba el 7 de febrero de 2024 en el Parlamento Europeo (599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones) y que aprueban los líderes europeos en el Consejo del 26 de febrero de 2024.

Este nuevo Reglamento sobre las transferencias rápidas entre los 36 paises SEPA, publicado en el DOUE del 19 de marzo, fija unas condiciones comunes para los 8.000 bancos implicados, a partir del 9 de enero de 2025 (con un periodo transitorio para los bancos de fuera de la zona euro): todos los bancos deben ofrecer transferencias instantáneas, en un máximo de 10 segundos (ahora, un tercio de los bancos europeos no las hacen, aunque parezca increíble), no pueden aplicar comisiones mayores que las que tienen las transferencias ordinarias, han de convertir las transferencias en otras monedas a euros, deben aplicar mecanismos sólidos y actualizados de detección de fraudes y evitar transferencias delictivas relacionadas con el terrorismo y el blanqueo de capitales.

En España, la entrada en vigor hoy de este Reglamento implica que cualquier cliente de banca podrá enviar o recibir en sus cuentas (hay 80 millones de cuentas bancarias) una transferencia rápida (de hasta 100.000 euros), que será efectiva en un máximo de 10 segundos, con un coste que deberá ser el mismo que tiene una transferencia ordinaria (que tarda normalmente 24 horas y más). Eso supone en la práctica que estas transferencias inmediatas serán "casi gratis" en España, porque lo son normalmente las transferencias ordinarias. Será un cambio para los clientes, porque hasta ahora, enviar dinero con una transferencia rápida (en el día) entre cuentas tenía un coste que oscilaba entre 1 y 12 euros: 0,95 euros cobraba el Sabadell, 1,25 el BBVA, 3,95 CaixaBank, 4 euros Openbank, 5 euros Unicaja, 6 euros Santander y 12 euros Bankinter, según HelpMyCash. 

Ahora, las entidades anuncian que no cobrarán estas transferencias instantáneas a los clientes vinculados, pero sí al resto, aunque la mayoría cobrarán una comisión baja: 0,40% sobre el importe enviado, con un mínimo de 6 euros la mayoría (CaixaBank, Santander o Sabadell). Y BBVA o Bankinter anuncian que serán gratis. Habrá que esperar unos días para comprobar las tarifas de estas transferencias rápidas, que serán otro motivo de "negociación" entre los bancos y sus clientes.

Este Reglamento europeo va a agilizar enormemente estas transferencias instantáneas, más en otros paises que en España, donde ya suponen el 53,6% de todas las transferencias, según los datos de Iberpay: en 2023 se hicieron en España 1.011 millones de transferencias instantáneas (+22,8% que en 2022), por importe de 119.400 millones de euros (+21,6%). Y su uso, a pesar de tener que pagar comisiones, se ha disparado: de 31,8 millones de transferencias hechas en 2018 a 103 millones en 2019, 569,6 en 2021 y los 1.011 millones de transferencias instantáneas hechas en 2023. Este enorme volumen contrasta con el menor uso de estas transferencias inmediatas en Europa: suponían el 15,46% de todas las transferencias en la UE, casi la cuarta parte que en España (53,62% del total).

La razón  básica de que España sea líder europeo en transferencias rápidas es el éxito de Bizum, la plataforma de envío instantáneo y gratuito de dinero a través del móvil (con un límite de 1000 euros, frente a los 100.000 de una transferencia rápida entre cuentas). La plataforma Bizum fue creada en España en 2015, por 20 bancos y tres infraestructuras de pagos, y su uso se ha popularizado: ha pasado de 6,25 millones de usuarios en 2019 a 28 millones en 2024, que han hecho 3.400 millones de transacciones, con 80.000 comercios donde se puede pagar y 11.600 organizaciones a las que donar.

Su éxito es tal que Bizum es la 2ª mayor plataforma de pagos rápidos en Europa, solo por detrás de Polonia (Blick tiene más de 30 millones de usuarios) y por delante de Francia (Paylib tiene más de 25 millones), paises nórdicos (Vipps tiene más de 12 millones de usuarios en Noruega, Dinamarca y Finlandia), Suecia (Swich tiene más de 9 millones) y Suiza (Twint tiene más de 5 millones). Con todo, son plataformas de pagos rápidos restringidas a cada país. Por eso, un grupo importante de bancos franceses, alemanes y belgas lanzaron en junio de 2024 la primera plataforma de pagos rápidos europea: Wero (“We Euro”), a la que se han sumado bancos de Luxemburgo y Paises Bajos, que pretende hacerse con el mercado europeo de pagos rápidos. Por eso, Bizum ha reaccionado y en 2025 ampliará sus pagos a Italia y Portugal, tras acuerdos con entidades de esos paises.

El Reglamento de pagos instantáneos va a acelerar las transferencias inmediatas entre paises, al margen de los pagos rápidos por móvil. El objetivo es que estas transferencias instantáneas se impongan en el resto de Europa (donde, recordemos, ahora se usan poco), sobre todo en los paises donde sean gratuitas (que ahora son pocos). El objetivo de la Comisión Europea es que estas transferencias instantáneas se generalicen no sólo entre particulares sino sobre todo entre empresas, que ahora apenas las usan por su coste. Esto podría facilitar y agilizar los pagos a proveedores y clientes, los pagos entre comercios y también los pagos a las administraciones públicas (desde impuestos a servicios).

En todos los casos, servirá para agilizar la tesorería y los flujos de dinero, mejorando la eficiencia de empresas e instituciones, aunque todo va a depender de la comisión que realmente se cobre. Porque hasta ahora, el retraso en las transferencias nacionales e internacionales (entre 1 y 2 días, incluso más si no son en euros) ha bloqueado enormes cantidades de fondos: la Comisión Europea estima que cada día hay 200.000 millones de euros “en el camino”, en el “limbo” de las transferencias, un dinero que no está disponible de inmediato para particulares y empresas. Y que ahora, con las transferencias instantáneas puede “liberarse” y generar un beneficio de 1.800 millones al año…

Para los bancos españoles (y europeos), este Reglamento que facilita y abarata las transferencias instantáneas es dinero que dejan de tener uno o dos días (a coste cero) y comisiones que pierden (aunque al final, intentarán seguir cobrándolas, más bajas). Pero no están demasiado preocupados, porque intentarán “cobrárnoslo por otro lado”: aumentarán el resto de comisiones, desde las que pagamos por las cuentas a las tarjetas o por administración de acciones y Fondos.

De hecho, los ingresos por comisiones llevan años disparados y siendo un componente fundamental de los abultados beneficios de la banca : los 6 grandes han ganado 23.656 millones de euros de enero a septiembre de 2024 (+19,7%) y han ingresado 20.048 millones de comisiones netas (+8,6% sobre 2023). Y en 2025, con la bajada de tipos, los bancos van a reducir sus márgenes, con lo que tendrán que compensarlo subiendo comisiones. Algo que ya han anunciado en las últimas semanas a muchos clientes, sobre todo a los que no tienen “vinculación” (nómina, pensión o tarjetas), que son los que pagarán más comisiones. Ahora, el coste medio de las comisiones por mantener una cuenta es 150,91 euros anuales, según el Barómetro de Asufín. Y hay entidades, como Santander o CaixaBank que cobran 240 euros, mientras BBVA cobra 160 euros. Y también han subido las comisiones bancarias por tarjetas, operativa o Fondos y valores.

En resumen, que la Comisión Europea ha dado un paso más para avanzar en la unión bancaria europea, agilizando y abaratando las transferencias instantáneas entre cuentas, que ahora serán "casi gratis" en España, como un Bizum pero permitiendo mayores importes. Un servicio que muy útil para particulares y más para las empresas, comercios e instituciones, que podrán gestionar mejor su tesorería. Pero a cambio, la banca lo compensará con nuevas subidas de comisiones, la mayoría sin que nos demos cuenta de que las pagamos. Así que 2025, aunque tengamos tipos más bajos y transferencias instantáneas "casi gratis", será un año en el que pagaremos más comisiones. Estamos “pillados” .

La luz sube otra vez

Cuando llegue el recibo de la luz de diciembre, veremos que ha subido otra vez, hasta 11 euros sobre el de noviembre, que ya fue el más caro del año. La luz cerró 2024 con precios altos, por la mayor demanda (el frío) y el clima (menos eólica, solar e hidráulica  y más gas, muy caro). Pero como el clima ayudó entre primavera y otoño, el precio medio en el mercado eléctrico fue el más bajo desde 2021, aunque la subida de impuestos hizo que nuestro recibo mensual fuera 1,54 euros más caro que en 2023, pero mucho más bajo que en 2022 y 2021. Y el auge de las renovables (generan el 56% de la electricidad) mantiene la luz más barata  que en Europa. Este 2025 se espera una luz cara hasta primavera y luego bajará en el mercado, aunque nos subirá por el IVA y los peajes: será entre 106 y 118 euros más cara. Y luego bajará y será “más limpia” entre 2026 y 2030.

                            Enrique Ortega

La luz cerró el año 2024 con fuertes subidas en el mercado mayorista de origen, mayores incluso que las de noviembre. En diciembre, el precio medio diario del mercado mayorista (donde las eléctricas venden la electricidad que generan) fue de 111,23 euros/MWh (con picos de 177/179 euros entre el 10 y 12 de diciembre y 172 euros/ MWh el 30 de diciembre). Ha sido, junto a noviembre (104,43 euros/MWh de media) el mes más caro de todo 2024, un año donde la luz fue muy barata en origen (mercado mayorista) en primavera (20,31 euros en marzo, 13,67 en abril y 30,4 euros/MWh en mayo), así como en verano y otoño, gracias a la mayor aportación de las renovables (más baratas). Pero en noviembre y diciembre, los precios en origen se dispararon por la mayor demanda (frío) y una menor aportación de las renovables (poco aire y lluvia y menos horas de sol) y de las nucleares (por recarga y fallos en Ascó I y II), obligando a utilizar más las centrales de gas (con un gas más caro). Y además, han subido los derechos por generar CO2.

A pesar de las fuertes subidas de noviembre y diciembre, el mercado eléctrico español ha cerrado 2024 con un precio medio de 63,19 euros/MWh, más bajo que el de 2023 (88,27 euros) y muy inferior a los de 2022 (167,52 euros/MWh, por la guerra de Ucrania y el gas disparado, que llevó a un máximo histórico de 544,98 euros/MWh el 8 de marzo de 2022) y 2021 (119,93 euros), aunque esté todavía por encima del precio habitual antes de esta crisis energética (33,96 euros/MWh en 2020 y 47,41 euros en 2019). Otro año más, nos han salvado las energías renovables, que han generado el 56% de la electricidad, según REE, gracias a la aportación de la eólica (23%), la solar fotovoltaica (17%) y la hidráulica 13%).

En Europa, las renovables han generado sólo el 48% de la electricidad en 2024, lo que explica que el precio medio de la electricidad en el mercado europeo haya cerrado en 82 euros/MWh, más cara que en España (63,10 euros), aunque más barata que en 2023 (97 euros/MWh en el mercado europeo) y el precio más bajo desde 2021, según Eurelectric. Una electricidad, en Europa y en España, más barata y “más limpia” : las emisiones de CO2 por la producción de electricidad bajaron un 13% en 2024 sobre 2023 (y un -59% sobre 1990). En España, las emisiones del sector eléctrico (27 millones TM CO2) bajaron un -16,4% sobre 2023.

Estos fueron los precios de la electricidad en origen en 2024. Pero a nosotros, los consumidores, nos influyen otros factores en el recibo, además de este precio mayorista. Una parte, el 40% del recibo, depende de nuestro contrato. Si tenemos una tarifa “libre” (como 21,8 millones de consumidores), que han pactado con una comercializadora (generalmente por un año), estos vaivenes del mercado mayorista y la rebaja media de 2024 no la notarán  hasta que revisen la tarifa (como las hipotecas). Pero si tenemos una tarifa “regulada” (llamada PVPC), como 8,6 millones de consumidores, un 40% del recibo varía con los precios diarios (y por horas) del mercado mayorista de la electricidad. Así que en 2024, tendríamos que haber pagado menos por la luz, ya que el precio medio en origen ha sido un 28,4% más bajo (63,19 euros/MWh frente a 88,27 euros). Y encima, una reforma implantada el 1 de enero, obligaba a las eléctricas a vendernos un 30% de la luz comprada en el mercado a plazo (no en el mercado diario), que es más barato.

Pero la realidad es que el recibo medio de la luz ha subido algo en 2024, 1,54 euros mensuales para la tarifa regulada, según la OCU. Y también la contrataron más cara los usuarios que están en el mercado “libre”, porque una parte importante de la factura (un 15%) son impuestos. Y el 40% restante son costes de transporte y distribución más pagos regulados por la Administración para financiar el parón nuclear, las renovables, la electricidad en las islas o la deuda eléctrica acumulada, que también subieron (poco) en 2024.

Por todo ello, aunque la electricidad en origen fue más barata en 2024, la pagamos algo más cara, sobre todo por la subida de 3 impuestos. Entre febrero y mayo de 2024, el IVA de la electricidad subió del 10 al 21% (al estar por debajo de 45 euros los precios en origen), aunque el resto hemos pagado el 10%. También subió el impuesto especial a la electricidad (del 0,5% al 2,5% en el primer trimestre, el 2,8% en el segundo y el 5,11% desde julio) y el impuesto a la generación de electricidad, que pagan las eléctricas pero nos lo repercuten en el recibo (se suprimió en 2021 y volvió al 3,5% en el primer trimestre de 2024, al 5,25% en el segundo y el 7% desde julio). Se estima que habremos pagado 7,50 euros extras cada mes en el recibo en 2024 por estas subidas de impuestos. Todos, tengamos la tarifa que tengamos.

Al final, entre la bajada del precio en origen y la subida de impuestos y peajes, el recibo medio de los que tienen una tarifa regulada (8,6 millones de consumidores) habrá subido 1,54  euros de media al mes durante 2024, según los cálculos de la OCU, que estima un recibo medio de 61,88 euros en 2024 (aunque sea de 85,57 euros en diciembre frente a 74,60 euros en noviembre, después de empezar el año en 63,10 euros y bajar hasta 48,85 euros en el recibo de abril), frente a 60,34 euros pagados de media en 2023. En el caso de los recibos contratados en el mercado “libre” (tarifas “planas”), también habrán notado la subida de los 3 impuestos (esos 7,50 euros de media).

Ahora, en 2025, todo apunta a que la luz seguirá subiendo en origen hasta primavera, aunque quizás menos que en noviembre y diciembre, porque quizás mejore algo la aportación de la energía hidráulica (lluvia) y eólica (viento). Y luego, en primavera y verano, se espera que las energías renovables (mucho más baratas) sigan creciendo y no haya que tirar del gas natural (más que en horas y días puntuales), lo que permitirá volver a bajar el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en 2025. De hecho, la electricidad en el mercado de futuros apunta a un precio de 50 euros/MWh entre abril y junio de 2025 (cuando estaba a 122,34 euros/MWh el viernes 3 de enero). Y eso beneficia a los que clientes del mercado “regulado”, porque las comercializadoras están obligadas en 2025 a que un 40% de la electricidad que les vendan la compren en el mercado de futuros (y un 55% en 2026).

Pero eso no indica que el recibo baje en 2025, sino que se espera que la luz suba más que en 2024 (subió 1,54 euros), otra vez por la subida de impuestos y también por una mayor subida de los costes regulados, dos factores que afectan a todos los contratos. Veámoslos con detalle.

Por un lado, sube uno de los tres impuestos de la luz, el IVA, que es el clave. Pasa del 10 al 21% definitivamente, lo que puede suponer una subida del recibo, por esta sola causa de +7,50 euros al mes. Se mantiene en el 5,11% (de finales de 2024) el 2º impuesto, el impuesto especial sobre la electricidad (IEE), que este año no nos subirá el recibo. Y el tercer impuesto, sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) electricidad (el 7%) está pendiente de la pelea política en el Parlamento: el Gobierno quiere mantenerlo, pero PP y Junts (con apoyo de Vox, ERC y PNV) quieren anular este impuesto, creado por Rajoy en 2013 y con el que se recaudan 1.500 millones al año. El debate sigue abierto y el Gobierno reitera que quiere mantenerlo, aunque no tiene mayoría para hacerlo.

Además de la subida del IVA (y la recuperación o no del IVPEE), el recibo de 2025 incluye también la subida de los costes regulados por la Administración, que aumentan un 33% este año. Estos costes que también suben son los peajes eléctricos (el coste del transporte y la distribución de electricidad, una parte fija y otra según el consumo), los cargos varios del sistema eléctrico (primas a las renovables, ayudas al pago electricidad en las islas, costes de la CNMC, coste parón nuclear y déficit eléctrico acumulado) y la financiación del bono social eléctrico: un descuento del 25 al 40% en la factura, del que se benefician 1.627.000 familias pero cuyo coste (que crece) pagamos el resto de consumidores (3,8 euros por cliente).

En conjunto, entre la subida del IVA y los costes regulados, el recibo de 2025 podría subir 106 euros al año (+8,83 euros al mes) para los consumidores con tarifa “regulada” y 118 euros anuales (+9,83 euros al mes) para los que tienen una tarifa “libre”, según la OCU. Y eso, al margen de que el precio de la electricidad en origen suba o baje (debería bajar algo) o de la evolución del petróleo y el gas natural. Si una guerra o cualquier otro problema (frío intenso o fuerte demanda) vuelven a disparar la energía, el recibo subiría mucho más.

Hay un factor clave para ser relativamente optimistas con el recibo en los próximos años, sobre todo a partir de 2026, cuando ya no suba el IVA ( culpable de +7,50 euros de subida mensual del recibo en 2025) : la creciente importancia de las energías renovables, donde España es líder en Europa. El gran objetivo del Plan nacional de energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) es que las energías renovables generen el 81% de la electricidad en 2030 (frente al 39,2% que aportaron en 2019 y el 56% en 2024). Eso permitirá tener una electricidad más limpia y más barata. De hecho, el Banco de España estima que las energías renovables pueden reducir los precios de la luz un 50% para 2030. Y con ello, España tendría una tarifas entre un 20 y un 30% más baratas que Europa.

Para conseguirlo, la clave es seguir promoviendo la energía solar, la eólica (que va algo retrasada, por una cierta rigidez normativa, una creciente “judicialización” de proyecto y un retraso en las adjudicaciones en algunas autonomías) y otras renovables, mejorando su eficiencia y desarrollando más el almacenamiento, porque una parte de la energía renovable no se puede guardar (almacenar en baterías gigantes) y se pierde. En paralelo, urge modernizar la red de distribución, para afrontar los picos de demanda y evitar cortes: el 11 y 12 de diciembre, Red Eléctrica (REE) tuvo que cortar la luz a las industrias (desde las 18,30 a las 21 horas), para asegurar el servicio al resto del país, con lo que hubo 5 días de corte parcial a la industria en 2024. Algo que podría repetirse en 2025, si la demanda de electricidad sigue creciendo (+1,4% en 2024, tras caer en 2022 y 2023).

Entre tanto, las eléctricas aprovechan los altos precios de la luz en noviembre y diciembre (y los que todavía tendremos hasta la primavera) para abrir una “guerra de tarifas” y bombardear con anuncios a los usuarios para que se pasen a tarifas “libres”, con el señuelo de que ahora están más bajas. De hecho, 1 de cada 4 hogares han cambiado su contrato de luz, de la tarifa regulada al mercado libre, en los dos últimos años, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Son 4,8 millones de hogares que las eléctricas han captado para sus tarifas “planas”. Durante los años 2021 y 2022, con el mercado eléctrico en precios máximos, han podido acertar. Pero no tanto en 2023 y 2024, donde el recibo regulado ha bajado. Y lo mismo pasará en los próximos años: la electricidad subirá en 2025, pero bajará a partir de 2026. Así que ojo a las “ofertas”, que ofrecen hoy luz más barata por un año, pero que pueden subir al revisarla anualmente.

Con todo, sea tarifa regulada o “libre”, no se deje influir por los titulares de lo cara a barata que esté la electricidad tal día o a tal hora. Es importante que sepamos que la clave está en el clima, en que si llueve o no, si hace sol y viento o no, eso resulta clave para nuestro recibo. Y que hay mucha diferencia entre los precios según la hora del día o el día de la semana (la luz es más barata los fines de semana y cuando no hay industrias trabajando). Y que en los próximos años, gracias a las renovables, la luz costará mucho menos, sin contar los impuestos. Así que el recibo de la luz nos dará menos “sustos” en el futuro.