Renta 2025: pagan más los de siempre

Queda hasta fin de mes para presentar la declaración de la Renta por los ingresos de 2024. Y casi todos vamos a pagar más, porque han subido los salarios, las pensiones y el empleo, además de que Hacienda sigue sin descontar la inflación en los ingresos. Pero el problema es que el IRPF sigue ganando peso en la recaudación (el 44%  del total) y los que pagan la Renta son básicamente los trabajadores con una nómina (fáciles de controlar), sobre todo las clases medias, mientras los más ricos apenas pagan. Además, España tiene otro problema: somos uno de los paises que menos recauda por impuestos, debido a que hay mucho fraude y que tanto la Renta como sociedades e IVA son como un queso de gruyere, con demasiados agujeros (exenciones y deducciones) que reducen la recaudación. Así que, otro año más, pagamos impuestos desiguales e insuficientes para consolidar los servicios públicos. Y nadie habla ya de pactar una reforma fiscal, como pide Europa, algo políticamente imposible.

                            Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 24.868.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2024, un +3,1% que en 2024. Pero la mayoría de los contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque la declaración les sale a devolver: serán 17.069.000 declaraciones (el 68% del total y 2,5 millones más que en la campaña pasada), que recibirán 14.908 millones de euros en unas semanas o meses (+9,6% que el año pasado), porque pagaron de más en 2024 (o por deducciones). Al otro tercio de los contribuyentes, 6.066.000 según Hacienda (1 millón menos que el año pasado), les sale a pagar el IRPF este año: ingresarán ahora 19.093 millones de euros,+13,3% que en 2024, debido a que han ingresado más por sueldos, pensiones, dividendos, intereses y Bolsa.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo el aumento de la deducción a los trabajadores con ingresos bajos y medios  (sube de 6.495 a 7.302 euros), la deducción adicional de 1.000 euros para guardería a las madres trabajadoras y los cambios en el tratamiento fiscal de los alquileres a los propietarios, según a quien alquilen y lo que cobren. Eso sí, este año no pueden olvidarse los ingresos en plataformas de venta de segunda mano y los ingresos online, porque Hacienda va a vigilar especialmente los movimientos en la Red.

Donde hay más cambios es en la parte autonómica del IRPF, porque la mayoría de autonomías cambiaron tipos y deducciones en 2024. Por un lado, las autonomías gestionadas por el PP (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y león, Galicia, Madrid, la Rioja, Canarias), más País Vasco y Navarra, “deflactaron” la tarifa autonómica del IRPF (la rebajaron para compensar la inflación). Y han modificado deducciones, tanto familiares como personales, un listado con grandes diferencias. Con ello, al presentar la Renta sigue habiendo grandes diferencias según donde se viva. Para ingresos de 20.000 a 45.000 euros, se paga menos IRPF en el País Vasco y Madrid y más en Cataluña, Extremadura, Baleares, Asturias y Castilla la Mancha, según este estudio del Consejo de Economistas. Y para mayores ingresos, sobre todo a partir de 110.000 euros, se paga mucho menos Renta en Madrid y país Vasco y más en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Canarias.

El IRPF se consolida como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios en España: en 2024, Hacienda recaudó por IRPF 129.408 millones de euros, casi la mitad (el 43,90%) de toda la recaudación fiscal en España (294.734 millones en 2024). Y esa recaudación supone un crecimiento del 7,6% sobre 2023 (120.250 millones) y un +48,92% sobre lo recaudado antes de la pandemia (86.892 millones en 2019). Además, la recaudación por IRPF se ha multiplicado por 4.11 en los últimos 30 años (de 31.418 millones en 1995 a 129.408 en 2024).

El 2º mayor impuesto por recaudación, lejos del IRPF, es el IVA, que recaudó 90.541 millones en 2024 (+7,9% sobre 2023 y +26,56% más que en 2019), ese impuesto que pagamos cada vez que compramos y cuya recaudación se ha multiplicado por 4,45 en los últimos 30 años (recaudaba 20.337 millones en 1995). El tercer impuesto por recaudación es el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, que recaudó 39.096 millones en 2024 (la tercera parte que el IRPF), +11,5% más que en 2023 y +64,73% que antes de la pandemia (2019), por la mejora de ventas y beneficios de las empresas, que pagan por Sociedades 5,14 veces más de lo que pagaban en 1995 (7.605 millones). Y el 4º impuesto son los impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes, electricidad…), que recaudaron 22.128 millones de euros en 2024 (+6,6% sobre 2023 y +3,49% sobre 2019), los que menos han crecido en los últimos 30 años (1,92 veces sobre 1995). Estos 4 grandes impuestos suponen el 95% de la recaudación, que se completa con lo recaudado por tasas y otros impuestos (13.560 millones en 2024).

Lo que pagamos al declarar el IRPF se ha incrementado un +48,92% desde 2019 por varias razones: hay más gente trabajando y pagando impuestos (+1,8 millones de ocupados tras la pandemia), los que trabajan ganan más (los sueldos han subido un 15,9% entre 2019 y 2024), han subido también las pensiones y los inversores cobran ahora más dividendos e intereses y han ganado más en Bolsa. Todo eso ha elevado los ingresos de la mayoría de los contribuyentes, también en 2024, con lo que pagaremos más IRPF este año. Pero hay otro factor importante que explica por qué pagamos más: Hacienda no ha querido “deflactar la tarifa”, descontar el efecto de la inflación en los ingresos (la inflación ha subido un 18,2% entre 2019 y 2024) y eso ha hecho que suban los ingresos y muchos contribuyentes “salten” de tramo y paguen una tarifa más alta en el IRPF.

Funcas estima que la no “deflactación” de la tarifa ha permitido una recaudación extra en el IRPF de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024, algo más de la mitad del aumento de recaudación (+34.952 millones entre 2019 y 2024). Unos millones que los contribuyentes hemos pagado “de más” (por no ajustar los ingresos y la tarifa con la inflación) y que suponen una media de 255 euros extras, según el Registro de Economistas, un pago extra menor para los ingresos bajos (+207 euros para rentas hasta 25.000 euros) y uno mayor para los que más ganan (+1.500 euros extras para declarantes de más de 350.000 euros. Hacienda ha rechazado “deflactar” la tarifa porque dice que beneficia más a las rentas más altas y que estos mayores ingresos han ido a aumentar las ayudas a las familias vulnerables y a aumentar las deducciones de los contribuyentes con menos ingresos.

La consecuencia es que los contribuyentes pagamos más IRPF de lo que han crecido nuestros ingresos reales, según Funcas, porque la renta real neta de los hogares (descontada la inflación) es ahora inferior a la de 2008 (el 95,7%) mientras pagamos más de IRPF (el 114,4 %), por el efecto de la inflación. Eso ha subido la presión fiscal por el IRPF (del 6,5% del PIB en 2019 al 8,1% en 2024) y la presión fiscal total: la “cuña fiscal”, el porcentaje de los ingresos que pagamos en impuestos y cotizaciones sociales, era del 40,6% en 2024 (37,5% en 2022), según la OCDE, algo por encima de la media de los 38 paises desarrollados que integran la OCDE (34,9%) pero todavía por debajo de la presión fiscal de Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%), Francia (47,2%), Italia (47,1%), Finlandia (41,9% y Suecia (41,5%). En consecuencia, ahora pagamos más en el IRPF, por el aumento de ingresos y la inflación: el tipo medio ha saltado del  12,7% en 2019 al 14,4% en 2024, según Funcas.

Pero además, el pago de la Renta sigue cayendo en los trabajadores (cuyas nóminas e ingresos son fáciles de controlar), sobre todo las clases medias. Así, según el balance de la declaración de 2022 (la última con datos de la AEAT), el 91,4 % de las declaraciones presentadas (20,93 de 22,89 millones) tienen rentas del trabajo y son minoría las que tienen también rentas de capital e inmobiliarias. Además, quienes pagan el grueso del IRPF son las rentas medias y medias altas: los que declaran entre 30.000 y 60.000 euros (el 21,7% de declarantes) pagan el 36,84% del IRPF, una media de 8.212 euros por declarante. Los contribuyentes que declaran menos de 30.000 euros (el 67,88% de las declaraciones) pagan el 21,5% del IRPF, entre 48 y 3.742 euros por declarante. Los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,53% del total) pagan el 23,20% del IRPF, unos 24.230 euros de media. Y los contribuyentes que declaran más de 150.000 euros (159.816 contribuyentes, el 0,7% del total) pagan el 18,45% del IRPF, una media de 81.589 a 540.741 euros por declaración.

Visto así, parece que en el IRPF pagan más los que más tienen. Y es así. Pero estos datos esconden un problema grave de nuestros impuestos: no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (el 69,4% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Recientemente, una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso se debe a que el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías) y a que los más ricos utilizan empresas y otros instrumentos de “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

En definitiva, que casi la mitad de la recaudación fiscal sale del IRPF, un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores y en especial los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Y que los que tienen ingresos altos, apenas declaran en el IRPF y tienen otros sistemas para “evadir impuestos legalmente”. Eso ya debería ser una razón para pedir una reforma fiscal, que reparta mejor los pagos, haciendo tributar más a los ingresos no salariales. Pero hay otra razón de peso: con el vigente sistema fiscal, España recauda menos que la mayoría de Europa, no sólo porque hay mucho fraude y los que más tienen tributan poco sino porque la mayoría de impuestos son “un queso de Gruyere”, con múltiples agujeros (deducciones y exenciones) por los que se pierde una parte de la recaudación.

Los datos son inapelables: en 2025, la Comisión Europea estima que España recaudará por todos los impuestos el 42,8% de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, , el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

En resumen, que tenemos que volver a declarar por el IRPF, además de lo que ya nos retuvieron y pagamos en 2024. Hay que pagar impuestos si queremos luego tener servicios públicos y una Administración que nos ayude cuando haya problemas. Pero tenemos todo el derecho a exigir que los impuestos sean más “justos”, más progresivos, que de verdad pague más quien más tiene, algo que ahora no pasa. Eso obliga a una reforma fiscal en profundidad, que reforme todos los impuestos y consiga aumentar la recaudación, para mejorar los servicios públicos, el estado del Bienestar y los nuevos gastos en Defensa y Seguridad . Pero para ello, hace falta pactar una reforma fiscal, algo imposible con un Parlamento enfrentado y donde la derecha y la extrema derecha sólo hablan de bajar impuestos, no de reformarlos y hacerlos más justos. Así que de reforma nada. Seguiremos pagando (más) los de siempre.

Verano: vuelos caros y aeropuertos saturados

Cada vez se viaja más en todo el mundo y los cielos están plagados de aviones: este año, las aerolíneas esperan tener 5.200 millones de viajeros, que crecen sobre todo en Asia y Oriente Medio. En Europa, superaremos los 1.000 millones de viajeros, mientras España espera 320 millones, con una demanda al alza y una falta de aviones que van a disparar este verano los precios de los billetes y colapsarán el tráfico aéreo europeo y muchos aeropuertos. Pero los turistas pagan lo que les pidan por volar y sufren retrasos y cancelaciones, mientras les cobran por llevar maletas a bordo, un tema donde la Comisión Europea apoya a las aerolíneas. En España hay 11 aeropuertos saturados y AENA tiene un Plan para invertir 10.000 millones de euros en ampliarlos y mejorarlos, desde Barajas y Palma al Prat de Barcelona, a costa de subir tarifas. Además, cada vez volamos más y eso contamina los cielos, aunque se exige más porcentaje de carburante ecológico, lo que también fuerza a la subida de los billetes. 

                            Enrique Ortega

La fiebre por viajar recorre el mundo después de la pandemia, aumentando año tras año los aviones y pasajeros en unos cielos cada vez más saturados. En 2024, las aerolíneas  tuvieron  4.890 millones de pasajeros (+10,4% sobre 2023), superando con creces los 4.520 millones de viajeros transportados antes de la pandemia (2019), según la IATA. El tráfico internacional, que representa casi dos tercios del mercado (61,8%) creció más en 2024 (+13,9%), aunque movió menos pasajeros que en 2019.Y el tráfico doméstico (38,2% del mercado) creció menos (+5,7%), pero es el que más ha crecido tras la pandemia. Por continentes, lo que más crecen son los viajeros de Asia-Pacífico (+16,9% en 2024, +12,3% en China frente al +3,7% en EEUU), seguidos de África (+13,2%) y Oriente Medio (+9,5%), mientras crecen menos que la media (+10,4%) los pasajeros de Europa (+8,7% y Latinoamérica (+7,8%). La ocupación media de los aviones fue alta, del 83%, y las aerolíneas ganaron 32.400 millones en 2024, un margen neto del 3,4% (7 dólares por pasajero: 10,3 $ en Norteamérica y 1,8$ en Asia).

En 2024, los españoles hicieron un gasto récord en viajes aéreos: gastaron 18.095 millones en viajes internacionales (el 34% del total gastado en vuelos), con un aumento anual del 18%, según los datos del INE. El 20% de todos los vuelos fueron a Europa, el 7% a América (donde más crecen los vuelos de los españoles, +25% en 2024), el 3% a África y el 4% restante al resto del mundo (crecen un 12% los vuelos a Asia). El 66% de los vuelos restantes de españoles fueron viajes dentro de España, con un gasto de 35.101 millones en 2024, sobre todo viajeros jóvenes y con rentas medias y altas.

En 2024, España tuvo un récord histórico de vuelos, gestionados por la empresa pública Enaire: 2.358.988 vuelos, un 7,6% más que en 2023, por encima del +5,2% que aumentaron los vuelos europeos. La mayoría (1.354,960) fueron vuelos internacionales (+9,5%), seguidos de los sobrevuelos (537.634, +5,5% y los vuelos nacionales (466.394, +4,9%). Y el récord histórico se dio el 10 de agosto de 2024, con 7.886 vuelos gestionados por España, 5,4 vuelos por minuto. En cuanto a viajeros, en 2024 más de 309 millones de viajeros utilizaron los aeropuertos españoles, según AENA, un récord histórico.

Todo apunta a que estas cifras históricas de viajes aéreos y pasajeros se superaran en 2025, (ver Web con vuelos en el mundo hoy), a la vista de que las aerolíneas han aumentado ya un 10% sus asientos para este verano. La IATA confía en alcanzar los 5.200 millones de viajeros a nivel mundial en 2025 (+6,7% sobre 2024), con un mayor aumento de pasajeros en Asia, especialmente en China e India (país que inauguró 100 nuevos aeropuertos en 2024). Las aerolíneas esperan un nuevo aumento de la demanda, a pesar de la incertidumbre por los aranceles y sus consecuencias, porque los clientes no renuncian a viajar y hay más empleo y menos inflación en el mundo. Eso sí, todas las aerolíneas están aumentando sus tarifas (de un 5 a un 12%), por la alta demanda y porque faltan aviones, lo que subirá la ocupación de las aeronaves al 83,4%.

En Europa se espera superar este año la cifra de 1.000 millones de viajeros transportados, superando la cifra de 960 millones de viajeros transportados en 2024.Y en España, Aena espera que utilicen los aeropuertos españoles unos 320 millones de pasajeros (+3,4% que en 2024). En invierno (hasta marzo) ya se han transportado 111,3 millones de pasajeros )+6,6%) y la previsión de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) es que entre abril y septiembre se transporten 245,9 millones de pasajeros, +5,9% que el verano pasado (y un 8% más en Canarias). Estas previsiones de más vuelos y pasajeros no tienen en cuenta el efecto negativo de 3 problemas que tiene hoy volar: los altos precios de los billetes (por la falta de aviones), la saturación del tráfico aéreo europeo y los problemas de retrasos y cobro de maletas.

El mayor problema al que se enfrentan las aerolíneas (y que sufren sus clientes) es la falta de aviones. El problema se arrastra desde la pandemia, por la ruptura de las cadenas de suministro y la caída brusca de la demanda, factores que llevaron a la entrega de sólo 7.000 aviones entre 2019 y 2024, frente a los 12.000 programados antes de la pandemia. Y en estos años, no se han resuelto los problemas de suministros y de las cadenas de producción (en varios paises). La consecuencia es que se entregan menos aviones de los que hacen falta: en 2024, Airbus y Boeing entregaron un 30% menos de lo programado: 766 aviones Airbus (frente a 863 en 2019) y sólo 348 aviones Boeing. En 2025, ambas compañías van a entregar un 20% menos de aviones de los programados. Y ambos estiman que harán falta 43.000 aviones nuevos en los próximos 20 años.

Este recorte en las entregas fuerza a las aerolíneas a ajustar mucho más sus rutas y ocupaciones, lo que lleva a mayores costes (al operar con aviones antiguos, que consumen más) y a subir los billetes para “filtrar” la demanda. La ventaja que tienen es que está bajando el precio del combustible, aunque las tensiones geopolíticas (ahora la guerra de Israel e Irán) están encareciendo el petróleo y sus derivados (keroseno aviación).Otra consecuencia de la falta de aviones es la mayor ocupación de las aeronaves, lo que es un riesgo para la seguridad, además de provocar problemas de saturación en rutas y aeropuertos. También faltan pilotos, otro factor que sube costes y billetes.

En Europa, a la falta de aviones se suma un problema muy preocupante: la congestión del tráfico aéreo, sobre todo en Francia y centro Europa, lo que ya provocó graves problemas el verano pasado: el 30% de los vuelos europeos tuvieron retrasos o cancelaciones. Y este verano , las aerolíneas se temen aún más problemas, debido a la falta de personal en los centros de control de Francia, Bélgica, Paises Bajos y Reino Unido, más las huelgas ya programadas en varios aeropuertos y centros de control europeos. Ya el domingo 1 de junio hubo problemas en más de 30.000 vuelos en toda Europa, con 5.000 horas de demora. Al día siguiente, Ryanair envió una carta a la presidencia de la Comisión Europea y a los Gobiernos europeos para pedirles que solucionen los problemas que sufren los centros de control aéreo: escasez de personal y deficiente planificación.

Ya en 2024, España ocupó el 4º lugar europeo en retrasos y cancelaciones de vuelos, tras Reino Unido, Italia y Francia: la tasa de retraso atribuible a España (que gestiona el 22% del tráfico aéreo europeo, con más de 1 millón de vuelos y 145 millones de viajeros) fue del 26%, por debajo de los retrasos de Reino Unido (32%, con 145 millones de pasajeros), Italia (32%, con 105 millones de pasajeros) y Francia (31%, con 98 millones de pasajeros). En 2024, casi 2,25 millones de pasajeros pudieron reclamar a su aerolínea por problemas en un vuelo con origen en España. Los aeropuertos españoles con más retrasos fueron los de Barcelona (26% retrasos), Madrid (23%), Ibiza (31%) y Murcia (30%), siendo escasos en Palma (sólo un 3,5% de vuelos con incidencias) y Bilbao (17%).

Estos altos porcentajes de retrasos y cancelaciones provocan un 2º problema a los viajeros: les resulta muy complicado reclamar y recibir luego compensaciones, según las múltiples quejas de las asociaciones de consumidores. Y a eso se suma que muchas aerolíneas llevan meses peleando con sus clientes para cobrarles por llevar una maleta de mano en el avión. De hecho, en noviembre de 2024, el Ministerio de Consumo español  aprobó una multa de 179 millones a 5 aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easy jet, Norwegian y Volotea) por “prácticas y cobros abusivos”, multa que está recurrida mientras el tema se aborda a nivel europeo.

De hecho, los ministros de Transporte de la UE-27 aprobaron el pasado 5 de junio una reforma del Reglamento de Derechos de los pasajeros aéreos para modificar las normas de indemnización por retrasos y sobre el cobro de maletas de mano. Por un lado, aprobaron que se puede solicitar indemnización (300 euros) por un retraso de 4 horas (ahora son 3 horas) en vuelos de 3.500 km y por un retraso de 6 horas en vuelos de más de 3.500 euros (600 euros de indemnización., habilitando un nuevo formulario para tramitar la indemnización de forma automática en caso de cancelación. Y por otro, abrieron la vía a que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano tras permitir que lleven debajo del asiendo un pequeño bulto (mochila, bolso o ordenador, de 40x30x15 cm). Estos cambios fueron aprobados por mayoría cualificada de dos tercios pero con el voto en contra de España, Portugal, Alemania y Eslovenia, más la abstención de Austria y Estonia. Las organizaciones europeas de consumidores critican que la Comisión se haya plegado al “lobby” de las aerolíneas y darán la batalla en el Parlamento Europeo, que tiene que aprobar o rechazar estos cambios en septiembre.

El problema de fondo en Europa no es sólo la pelea por los derechos de los viajeros sino que todos los paises tienen un problema de saturación del tráfico aéreo y de los principales aeropuertos europeos, que no están preparados para la fiebre por volar desatada tras la pandemia. En el caso de España, hay 11 aeropuertos (ver listado) de los 15 con más tráfico que están saturados, que reciben vuelos y pasajeros que superan el 90% de su capacidad (y 6 superan el 100%), según AENA: Sevilla (al 119%), Bilbao (105,9%), Menorca (104,3%), Tenerife sur (104%), Valencia (103%), el Prat (100,1%), Palma (97,9%), Lanzarote (96,8%), Alicante (96,7%), Madrid (94,6%) e Ibiza (90,7%).

AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles, está debatiendo con las aerolíneas el Plan de inversiones aeroportuarias 2027-31, para invertir en estos aeropuertos saturados con criterios técnicos (de evolución del trafico y pasajeros) y no políticos (por presión de autonomías y ciudades). Y eso debe llevar a fijar unas tarifas de uso de los aeropuertos que financien esas inversiones, que en su mayoría no paga el Presupuesto. Se trata de buscar un equilibrio entre financiación de inversiones y tarifas, porque si suben en exceso, los aeropuertos españoles dejarían de ser competitivos.

El Plan de Aena (Dora III) pretende invertir 10.000 millones en mejorar los aeropuertos españoles en los próximos 5 años, a costa de las tarifas que pagan las aerolíneas y que luego nos cargan en los billetes (otra razón más para subirlos). La mayor inversión (2.400 millones) se hará en el aeropuerto de Madrid-Barajas, para ampliar la T4 y la T4 Satélite, así como mejorar la T1,T2 y T3, buscando un mayor espacio en una remodelación que espera terminarse para febrero de 2031. Antes debe culminarse la remodelación del aeropuerto de Palma, en diciembre de 2027. Y para 2033 se prevé la importante remodelación del aeropuerto del Prat, en Barcelona, con una inversión de 3.200 millones para alargar 500 metros la tercera pista, la remodelación de la T1 y la T2 y una nueva terminal.

Al final, España es la 2ª potencia turística del mundo y este año espera recibir 100 millones de turistas extranjeros, lo que satura nuestro espacio aéreo y provoca problemas de retrasos y cancelaciones en unos aeropuertos que no están preparados para tantos aviones y pasajeros. Se trata de planificar el futuro de los vuelos, sabiendo que además hay un problema ecológico: los vuelos (que sólo usan el 10% de la población mundial) son responsables del 2,5% de las emisiones de CO2 y cada vez viajamos más en avión en vuelos cortos que podrían sustituirse por el tren o el autobús. Existe un Plan europeo para que las aerolíneas consuman cada año más combustible ecológico (el 2% en 2025 y el 70% en 2050), pero hay 2 problemas: las aerolíneas se quejan de que las petroleras no lo producen y que su precio es entre 3 y 6 veces más caro que el keroseno tradicional. Así que este año, otra razón de las subidas de los billetes de avión, es que deben utilizar un 2% de combustible ecológico…

En resumen, que los cielos del mundo, Europa y España están cada vez más saturados de aviones y los aeropuertos españoles y del resto del mundo no dan abasto a recibir tantos vuelos y pasajeros, que además contaminan en exceso. Así que urge poner orden en el tráfico aéreo, para evitar otro caos este verano, y reordenar vuelos y aeropuertos, fomentando otras alternativas de viaje para trayectos cortos. Pero mientras, el exceso de demanda (queremos viajar a miles de destinos) y la falta de aviones disparan los precios de los billetes. Y además, las aerolíneas cada vez nos imponen más condiciones y pagos. No tiene fácil arreglo.

Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal” que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales” que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

El Sahel, una región crítica para España

La seguridad de Europa no está en riesgo sólo por Putin y el imperialismo ruso. Hay otro riesgo grave en el flanco sur de Europa, que preocupa especialmente a España: el Sahel, 10 paises de África situados debajo del Sahara, donde crece la violencia y el terrorismo yihadista, forzando la inmigración hacia España (Canarias) y Europa, para huir de la guerra y el hambre. El último informe de Seguridad Nacional da la alerta: el Sahel es “una región crítica para España”, de donde proceden ya el 74% de los inmigrantes que llegan por mar. Y señala a esta inmigración ilegal como el tercer mayor riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la desinformación. El problema es que Europa se ha desentendido del Sahel, tras la marcha de fuerzas francesas y europeas, y Rusia ha ocupado su lugar, con armas y mercenarios, mientras China invierte y vende armas. España se juega mucho en el Sahel, la amenaza del sur de la que apenas hablan Europa y la OTAN.

                                                                                                                       Mapa CIDOB

El Sahel (“la costa”, en árabe) es la franja de paises situados en África, al sur del Sahara, , como la antesala entre el desierto y el verde de la sabana al sur. Lo integran 10 paises, según la estrategia de la ONU para el Sahel (UNISS), que ocupan una franja de 6.000 kilómetros de larga y 600 kilómetros de ancho, que va desde el Atlántico hasta casi el Mar Rojo (ver mapa): Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Malí, Burkina Fasso, Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Estos 10 paises tienen 7 veces el tamaño de España y alguno, como Chad, es tan grande como Francia, Alemania e Italia juntos. Tienen unos 350 millones de habitantes y una demografía explosiva : el 70% de la población en los 5 paises centrales (Mauritania, Malí, Níger, Burkina Fasso y Chad) son menores de 24 años…

El Sahel es una región donde múltiples factores han llevado a la pobreza, la desigualdad y la violencia. Por un lado, las fronteras entre los paises son artificiales, creadas por las metrópolis europeas (sobre todo, Francia) , lo que agrava los conflictos étnicos entre diversos pueblos y entre agricultores sedentarios y ganaderos nómadas. Por otro, el cambio climático, las sequías y las malas cosechas han multiplicado el hambre y la pobreza en la región: el 50% de los habitantes del Sahel viven por debajo del umbral de la pobreza y 1 de cada 6 no tiene para comer, según la ONU. Y han sufrido décadas de regímenes corruptos, que se han aprovechado de las riquezas naturales y que han llevado a la violencia: 4 golpes de Estado (2 en Malí, en 2020 y 2021, otro en 2022 en Burkina Fasso y otro en Níger en 2023).

Además del hambre, la desigualdad y la corrupción política, lo que ha destruido el Sahel en los últimos años es la violencia y el terrorismo yihadista. En 2024, el 51% de las muertes por terrorismo en todo el mundo se produjeron en el Sahel, según Global Terrorism Index 2024: 3.885 muertes (10 veces las de 2019)  de un total de 7.555 en el mundo. La mayoría de estas muertes las han provocado dos grupos terroristas yihadistas: IS Sahel, la filial del Estado Islámico (con fuerte presencia en Níger) y JNIM, la rama de Al Qaeda, con fuerte presencia en Malí y Burkina Fasso. Sus actividades terroristas, sobre todo en el triangulo fronterizo entre Malí, Níger y Burkina Faso (ver mapa) han provocado más de 10.000 muertes en los últimos años y la huida de millones de personas: los desplazados internos en el Sahel superan los 3 millones, según ACNUR, y hay más de 1 millón de refugiados y solicitantes de asilo.

La región del Sahel se ha convertido en “el epicentro mundial del terrorismo”, según este informe de CIDOB, que destaca el nefasto papel de los Gobiernos de la región (dictaduras militares) para acabar con la violencia yihadista, que sólo en el último mes ha atacado cuarteles y matado a 300 soldados en Malí, Burkina Fasso y Níger. En 2024 abandonaron el Sahel las últimas tropas europeas y de Francia, por imposición de los Gobiernos militares que gobiernan el G5 Sahel (Malí, Burkina Fasso, Níger, Chad y Mauritania). Y su lugar lo ha ocupado Rusia, que asesora militarmente a estos Gobiernos, les vende armas y les ofrece los servicios de los mercenarios del Grupo Wagner (y su nuevo grupo, África Corps).

Tras Ucrania, el Sahel es el 2º teatro de confrontación que Putin ha elegido para desestabilizar Europa, a la que el Sahel exporta terrorismo, droga y refugiados, dirigidos por mafias. Rusia tiene acuerdos de cooperación militar con 43 paises africanos, pero cada vez está más centrado en el Sahel. Además de los acuerdos militares y la provisión de mercenarios a Níger, Burkina Fasso y Mali, Rusia tiene excelentes relaciones militares y económicas con Chad, República Centroafricana, Sudán y Gabón, además de Libia y Sudán. Incluso, se constata la presencia de buques de guerra de Rusia en el Golfo de Guinea, en paralelo a su despliegue en Guinea Ecuatorial, donde mercenarios rusos apuntalan al dictador Teodoro Obiang. En todos los casos, el interés de Putin en el Sahel pasa por vender armas y controlar Gobiernos, para asegurarse el acceso a materias primas básicas (uranio en Níger, petróleo en Gabón y Nigeria, oro y algodón en Malí…). Lo mismo, pero más discretamente hace China: vende armas a varios paises del Sahel e invierte en infraestructuras (puertos y trenes).

Para España, el Sahel es “una región crítica”, según el Informe 2024 de Seguridad Nacional (SN). Sobre todo porque está “alimentando” las últimas “oleadas” de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. Los datos del informe de SN son muy claros y revelan que el conflicto del Sahel ha cambiado el panorama de la inmigración ilegal de África hacia España: si hace unos años la mayoría de la inmigración ilegal venía del Magreb (por la ruta del Estrecho y el Mediterráneo), ahora vienen por el Atlántico hacia Canarias y la mayoría son inmigrantes irregulares del Sahel, que huyen de la violencia, la guerra y el hambre.

Veamos los datos. En 2024, el grueso de la inmigración ilegal a España (64.019 personas, un récord histórico) ha llegado por vía marítima (61.372 entradas, el 95,8%). Y la mayoría de esta inmigración ilegal por mar ha llegado a Canarias (46.843 llegadas en 2024, otro récord histórico, +17,4% que en 2023). Y lo más llamativo, según alerta el informe de Seguridad Nacional es que el 72% de los inmigrantes ilegales que llegaron por mar vinieron del Sahel (frente al 62% en 2023). En 2024, la mayoría de estos inmigrantes que llegaron en cayucos eran de Malí (15.261 inmigrantes, +543% que en 2023) y Senegal (11.284 inmigrantes, -45%), muy por delante de los inmigrantes de Argelia (9.552,+36%) y de Marruecos (6.945 inmigrantes, -50%). Y les siguen inmigrantes de otros paises del Sahel: 3.890 de Guinea (+38%), 2.804 de Mauritania (+196%), 2.545 de Gambia y 1.006 de Costa de Marfil.

El otro gran cambio, además del tremendo flujo de inmigrantes del Sahel (frente a los del Magreb) es que estos inmigrantes solicitan asilo en España (en Canarias), porque en la mayoría de los casos no es una inmigración “económica” (como la de Marruecos o Argelia) sino una inmigración que huye de la guerra y la violencia, además del hambre. Por eso, se han disparado las peticiones de asilo en España: en 2024 fueron 165.398 solicitudes, el 2º país europeo con más peticiones de asilo tras Alemania (237.000). La mayor parte de estos “refugiados” del Sahel parten hacia Canarias desde Mauritania (25.081 salidas de los 46.843 inmigrantes marítimos llegados a Canarias en 2024) , donde está el campo de refugiados de M´Berra (con casi 300.000 refugiados: ver foto).

El reciente informe de Seguridad Nacional alerta que la inmigración irregular es el tercer mayor riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la desinformación. Y señalan que el epicentro de este riesgo es el Sahel, donde Putin puede utilizar la “bomba migratoria” para desestabilizar a Europa (sobre todo a España, Italia y Francia). Y que el problema se agravará en los próximos años, porque el terrorismo yihadista y las guerras civiles se están extendiendo a paises vecinos del Sahel (Golfo de Guinea, Sudán, Eritrea, Gabón y República Centroafricana), alimentadas por Rusia y China.

Frente a esta grave problema en el Sahel, Europa ha actuado muy mal en las últimas décadas, como refleja el libro “El fracaso de Occidente en África”, de Beatriz Mesa. Desde 2011, la UE ha desplegado 3 estrategias para el Sahel, centradas más en buscar la seguridad con fuerzas militares que en apoyar la cooperación y el desarrollo (desde 2014, la UE ha aportado 8.000 millones de euros, de ellos 1.160 en ayuda humanitaria y 4.600 en cooperación). Ha habido 3 misiones europeas de Seguridad y Defensa, lideradas por Francia, que se han dedicado a formar y profesionalizar los ejércitos de estos paises. Al final, eso ha llevado a 4 golpes de Estado, donde los militares han optado por echar a Francia y a los militares europeos: Francia retiró todas sus tropas (tenía 10.000 militares hace 5 años) y los militares europeos se fueron en mayo de 2024, dejando vía libre a Rusia y sus mercenarios, junto a China y sus inversiones.

El gran error de Europa en el Sahel, según este informe de CIDOB, ha sido centrarse en un enfoque militarista y de control de los flujos migratorios más que en ser “un actor político y económico en la región”, ayudando a los paises con la miseria y la pobreza, que son las bases de la violencia y el terrorismo. Esta política ha fortalecido a unos ejércitos que han acabado siendo golpistas y antieuropeos, reforzando a élites corruptas. Ahora, la nueva Comisión Europea está más obsesionada por la seguridad en el Este de Europa que en reforzar el flanco sur de la OTAN y de Europa, que es el Sahel. Pero Europa debe cambiar de actitud y reforzar la cooperación económica y social con el Sahel, para quitar bazas a Putin. Y apostar por una nueva presencia en la región, asentada en la cooperación, la lucha contra la pobreza y el Cambio Climático y el desarrollo.

Estos eran los objetivos de la visita que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen a Mauritania, en febrero de 2024, acompañada del presidente español, Pedro Sánchez. Allí firmaron una declaración conjunta UE-Mauritania y compromisos de cooperación (210 millones de euros), que se quiere continuar con Senegal y Gambia, los tres paises de origen de la mayoría de inmigrantes ilegales a Canarias y Europa.

En paralelo, el Gobierno español lleva varios años “obsesionado” con el Sahel, sobre todo ahora tras el último informe de Seguridad Nacional. El presidente Sánchez visitó en agosto de 2024 Mauritania, Senegal y Gambia, donde firmó compromisos de cooperación y para reducir la inmigración ilegal. Además España tiene presencia de la Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia, para apoyar a sus militares en el control de fronteras , mientras también hay cooperación con esos paises de la Policía Nacional. Y Defensa participa en programas de formación y capacitación militar en paises del Sahel y del Golfo de Guinea. Además, España participa en programas financiados por la UE para luchar contra las redes de tráfico de inmigrantes en el Sahel y el Magreb. Y dentro de los programas internacionales de la Cooperación Española, el Sahel será una zona prioritaria, a la que España ha destinado 994,4 millones de euros desde 2010 a 2023.

Son pequeños avances pero insuficientes ante una región de la que proceden el 72% de los inmigrantes que llegan por mar a España (Canarias). Es urgente que el Sahel deje de ser “una obsesión de España” para ser “una obsesión de Europa”, porque es la principal vía de inestabilidad en su flanco sur. Para ello, es clave que el Sahel sea, junto con Ucrania, uno de los protagonistas de la próxima Cumbre de la OTAN en la Haya (24 y 25 de junio), que celebrará su 75 Aniversario y sentará las bases de un futuro “más europeo y menos USA”. Hay que fijar prioridades y medios para frenar la llegada de inmigrantes, terrorismo y droga del Sahel a Europa, algo vital para España (y también para Italia y Francia). España debe seguir presionando sobre este problema en Bruselas y en la OTAN, porque somos los primeros perjudicados si el Sahel arde en llamas.

Alquileres a peor, tras 2 años de Ley de Vivienda

El 26 de mayo se cumplieron  2 años de la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno con la oposición del PP (y Vox), que no la aplican en sus autonomías. Y su balance es nefasto: los alquileres han subido un +24% estos dos años y el precio de las viviendas se ha disparado otro +28%. La Ley ha sido contraproducente, porque los controles de precios han “asustado” a los propietarios, cayendo más oferta de alquileres (-120.000 en dos años): unos alquileres se han desviado a pisos turísticos y alquileres de temporada, otros pisos se han vendido y otros están vacíos. Resultado: no hay pisos para alquilar y cada uno tiene 35 inquilinos esperando. Además, no hay suelo disponible ni inversión y se construyen 127.721 viviendas, cuando faltan  600.000. El problema es político: el enfrentamiento constante entre Gobierno y autonomías impide pactar medidas eficaces, como reflejó la Conferencia de Presidentes. Y así, la vivienda no tiene enmienda, en perjuicio de millones de españoles.

                            Enrique Ortega

El problema de la vivienda angustia cada día más a muchos españoles, sobre todo jóvenes y nuevas familias. La mayoría de los que necesitan una casa no la pueden comprar, porque los precios se han disparado: este año suben un +12,2% anual (la mayor subida trimestral en 18 años), según el INE, que se suma al +55,1% que subió la vivienda entre 2014 y 2024. Resultado: una vivienda usada  cuesta de media 2.391 euros/m2 (215.190 euros por 90m2), subiendo a 4.895 euros en Barcelona (440.550 euros por 90 m2) y 5.573 euros en Madrid (501.570 euros por 90m2), según el portal Idealista (mayo 2025). Estos precios disparados exigen pedir una elevada hipoteca (más un 30% ahorrado para el 20% que no se financia, impuestos y gastos), una cuota hipotecaria que supone ya el 23% de los ingresos de una familia (y sube al 46% si se quiere comprar en Barcelona, el 41% en Palma el 40% en Málaga y el 38% en Madrid).

Y si muchas familias y jóvenes no pueden comprar, tampoco pueden alquilar a los precios actuales: en mayo, los alquileres han vuelto a subir otro +9,9% anual, según Idealista, que se suma al +81% que han subido los alquileres en España entre 2014 y 2024. Con ello, el precio medio del alquiler está ya en 14,5 euros/m2, según Idealista, un máximo histórico que se traduce en un alquiler medio (90m2) de 1.305 euros mensuales. Pero es mucho más en las principales capitales, donde hay más demanda: 23,9 euros/m2 en Barcelona (2.151 euros por 90m2), 21,7 euros en Madrid (1.953 euros alquiler 90m2), 18,5 euros en San Sebastián, 17,8 euros en Palme, 15,7 euros en Valencia, 15,6 euros en Málaga y 15 euros en Bilbao. Unos alquileres disparados que obligan a los inquilinos a destinar el 40% de sus ingresos, según el Banco de España, cuando en la UE-27 el “esfuerzo” es del 27%.

El problema en ambos casos (compra o alquiler) es el mismo: los precios se han disparado porque faltan viviendas (para comprar y alquilar), porque hay pocas viviendas que salen a la venta o al alquiler frente a una demanda creciente. El mercado para comprar piso es muy estrecho y cada vez hay más inversores, inmobiliarias y particulares que pujan por comprar un piso para alquilarlo después y sacar rentabilidades que superan el 10%. Un dato que demuestra esta “especulación” en la compra es que un tercio de las viviendas se compran al contado, sin pedir hipoteca. Y las inmobiliarias informan que cada día ven compradores que “pujan” por una vivienda, pagando incluso más de lo que piden. En el caso del alquiler pasa lo mismo: los pisos “vuelan” en el día, con una media de 35 inquilinos pujando por cada vivienda que se pone en alquiler (en 2023 eran 19 candidatos por piso).

Y todo esto pasa 2 años después de la entrada en vigor (el 26 de mayo de 2023) de la Ley de Vivienda, que pretendía bajar el precio de los alquileres, implantando unos “topes” en las ciudades más “tensionadas”. La realidad es que la Ley no se aplica en la mayoría de autonomías y Ayuntamientos, porque el PP (y Vox) están en contra. La primera aplicación de “topes” al alquiler se hizo en marzo de 2024, en 140 municipios catalanes (incluidas las 4 capitales y sus áreas metropolitanas) y se amplió en octubre a 131 municipios más (271 en total). Y este año, se han declarado “zonas tensionadas” algunos municipios del País Vasco (incluido San Sebastián) y 21 municipios de Navarra, mientras se tramita en A Coruña y Las Palmas. Pero poco más. Los expertos y el PP (y Vox) reiteran que estos controles no han bajado los alquileres, mientras el Gobierno y la Generalitat señalan que sí han bajado en algunas ciudades catalanas. Pero lo preocupante es que los contratos de alquiler han caído un -21,5% en 9 de los 15 mayores municipios donde se ha aplicado, según Idealista.

Esto probaría la principal crítica que hacen la mayoría de expertos inmobiliarios a la Ley de Vivienda: que retrae a los propietarios a alquilar. Y que esa “desconfianza”, ante los controles de la Ley y “el intervencionismo anterior” (desde 2019 se han puesto topes a la subida de alquileres y a los plazos) han llevado a muchos propietarios a no alquilar sus pisos, desviando esas viviendas a otros fines o alquilando más caro, para “cubrirse”. El portal Idealista ha hecho un estudio y desvela que la oferta de alquileres ha caído un -17% en estos 2 años de vigencia de la Ley de Vivienda, mientras la demanda de alquileres ha aumentado un +79% en estos dos años. Pero esa caída de la oferta de alquileres ha sido mucho más drástica en muchas ciudades: Barcelona (-46%), Madrid (-21%), Bilbao (-36%), Sevilla (-31%), Huesca (-43%), Córdoba (-66%), San Sebastián (-36%), Girona (-28%), Lleida (-38%), Orense (-43%), Oviedo (-52%), Palma (-35%), Palencia (-36%), Tarragona (-35%), Zamora (-25%), Valladolid (-37%), Zaragoza (-37%), Salamanca (-29%), Logroño (-23%)…

El estudio revela que en estos 2 años se han perdido 120.000 alquileres. ¿Dónde han ido? Una parte importante de los alquileres se han “desviado” a pisos turísticos, que permiten conseguir mayores ingresos sin controles de precios y contratos. Serían unos 85.600 los alquileres desviados a pisos turísticos, un aumento del 30%. De hecho, en las 25 grandes ciudades (donde hay más problemas de alquiler) había 345.000 pisos turísticos en 2024, según Exceltur, una cifra que no refleja los pisos turísticos “ilegales” (150.000 en Madrid).

Otra cifra importante de alquileres se ha “desviado a alquileres de temporada: su duración es menor de 1 año y se rigen por el contratos privados, sin controles de precios ni plazos. Estos alquileres de temporada suponen ya el 14% de todo el mercado del alquiler  y mucho más en las ciudades más tensionadas, según Idealista: Barcelona (47% de los alquileres son de ya de temporada), San Sebastián (37%), Badajoz (27%), Girona (26%), Tarragona (20%), Madrid (17%), Bilbao y Palma (15%), Santander y Valencia (14%)… Y en todas las capitales han aumentado mucho el último año, bajando sólo en Sevilla y Málaga.

El tercer “desvío” de alquileres tradicionales ha sido por la venta de estas viviendas: los propietarios, ante los altos precios de los pisos, han optado por vender y “quitarse problemas” (controles de precios, impagos…) con los alquileres. No hay datos, pero está claro que una parte importante de las 1.230.000 viviendas vendidas entre 2023 y 2024 eran viviendas que antes estaban en alquiler. Y queda otra 4ª vía por la que se ha reducido la cifra de alquileres: los pisos que se han quedado vacíos estos años, sin vender ni alquilar: en España hay 3,8 millones de viviendas vacías, aunque sólo el 10,5% (unas 400.000) están en las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde hay más problemas de alquileres.

En definitiva, que los controles y la Ley de Vivienda han retraído los alquileres, algo que ya se ve desde las primeras medidas tomadas por el Gobierno en 2019.Eso llevó a que la oferta de alquileres haya caído un -56% desde finales de 2020 a finales de 2024, mientras la demanda de alquileres ha aumentado +319% desde la pandemia, según Idealista. Este desfase entre oferta y demanda es el que ha disparado el precio de los alquileres (de 10,4 euros/m2 en diciembre de 2019 a 14,5 euros/m2 en mayo 2025: +39,5%).

Como en cualquier mercado, los precios del alquiler sólo bajarán si aumenta la oferta o baja la demanda. La demanda no puede bajar, porque cada año hay 250.000 familias y jóvenes que buscan casa, así que la solución es aumentar la oferta, de viviendas y de alquileres. Y eso no lo aborda la Ley de Vivienda ni las autonomías y Ayuntamientos del PP. Lo que ha hecho el Gobierno es tratar de “tapar las fugas” de alquileres, frenar los pisos turísticos y los alquileres de temporada, imponiendo un registro obligatorio, que entrará en vigor este 1 de julio, a los propietarios que quieran hacer este tipo de alquileres. Pero no se limitan ni reforman. Y, en paralelo, el Gobierno ha presentado, a través de una proposición de Ley del PSOE, una batería de medidas fiscales para subir el IVA de los pisos turísticos, aumentar los impuestos a las viviendas vacías y  proponer un nuevo impuesto a la compra de extranjeros, medidas que son parches y van a retraer aún más la oferta de alquileres.

El único camino para resolver el grave problema de la vivienda es aumentar la oferta, con la rehabilitación de viviendas, la construcción de nuevas viviendas y el aumento del parque de alquiler. Y eso exige que el Gobierno, las autonomías, Ayuntamientos, constructores y bancos pacten Planes de vivienda, ciudad por ciudad. Eso supone, primero, agilizar el suelo disponible para construir, algo que ahora es un problema, porque no hay Censos actualizados y una parte de los planes urbanísticos están “paralizados” por recursos en los Tribunales. El Gobierno propuso (en la anterior Legislatura y en marzo de 2024)  una reforma de la Ley del Suelo, para ayudar a los Ayuntamiento a agilizar el planeamiento, pero la ha retirado (mayo 2024) por falta de apoyo parlamentario: el PP y Vox estaban en contra, para debilitar al Gobierno con otra derrota parlamentaria (aunque sus Ayuntamientos habían pedido la reforma) y los grupos de izquierda tampoco lo apoyaron por temor a una “burbuja urbanística”…

Además de suelo, construir más viviendas (para venta y alquiler) pasa por contar con financiación suficiente y con la colaboración público-privada, pactando precios de venta (sobre todo en VPO) que compensen las nuevas promociones. Y un mayor gasto en vivienda (ahora mucho menor que en Europa) , tanto de Ayuntamientos como autonomías y del Gobierno central. Por eso, el presidente Sánchez ha propuesto a las autonomías, en la Conferencia de Presidentes, triplicar el gasto en vivienda: pasar de los 2.300 millones del Plan actual (2022-2025) a 7.000 millones entre 2026 y 2030, un 60% aportados por el Estado central y otro 40% por las autonomías (que ahora aportan el 25%). Y eso a cambio de que las viviendas públicas que se construyan sean siempre viviendas públicas, no se puedan vender como “libres” (como se ha hecho con las 2,4 millones de VPO construidas en los últimos 40 años), para poder tener un parque público (hoy es el 2,5% frente al 8% en la UE-27).

Otro frente de actuación es aumentar el parque de viviendas en alquiler, lo que exige “no asustar” a los propietarios, sino incentivarlos y ayudarlos para que alquilen. Eso pasa por varias medidas: ayudarles (con créditos y subvenciones) a rehabilitar viejas casas para alquiler, incentivarles fiscalmente (con una deducción de hasta el 100% en el IRPF) si alquilan a precios “razonables”, agilizar la normativa en caso de impagos y, sobre todo, facilitarles el alquiler con seguridad. Una vía es crear empresas municipales y autonómicas que hagan de “intermediarias” entre el propietarios e inquilinos, como hace el País Vasco con el “Programa Bizigune”: los propietarios les ceden las viviendas y cobran seguro cada mes, despreocupándose de todo. Eso sí, hay que aprobar normas legales para torpedear el trasvase de alquileres a pisos turísticos y alquileres de temporada, dos fórmulas que suponen la mitad de los desvíos de alquileres tradicionales.

Con todo, la clave es “cambiar el rumbo”, aceptar que la Ley de Vivienda ha sido ineficaz y hasta contraproducente: el Gobierno no puede empecinarse con ella. Hay que cambiar de estrategia y pactar medidas para construir más viviendas y ampliar la oferta de alquileres. Pero hay un problema de fondo: el enfrentamiento político entre el Gobierno y las autonomías y Ayuntamientos, que son quienes gestionan la política de vivienda. Sin acuerdo para agilizar el suelo urbanizable, la financiación, las promociones y la colaboración público-privada, es imposible poner en marcha una política de vivienda eficaz. Hace falta sentarse, a nivel estatal, en cada autonomía y en cada Ayuntamiento, para ver cuántas viviendas se pueden construir y financiar y para sacar más pisos en alquiler (asequible).

La propia Comisión Europea acaba de pedir a España que aumente la oferta de vivienda social, con 3 recomendaciones: aumentar la oferta de suelo (reformando la Ley), reducir los plazos de construcción y los cuellos de botella administrativos (más la escasez de mano de obra en la construcción) y reforzar la oferta de vivienda social asequible. Pero no parece que vayan a escucharlos. El Gobierno está empecinado en aplicar su Ley y sus controles y el PP está empeñado en no apoyar ninguna medida del Gobierno (ni la reforma de la Ley del Suelo ni invertir más) y desgastarlo, aún a costa de que sigan disparándose los alquileres. Así no hay forma de avanzar. En definitiva, con este irresponsable enfrentamiento político, la vivienda no tiene enmienda. Y lo están pagando millones de españoles.