lunes, 6 de octubre de 2025

Los salarios crecen, pero menos

Los sueldos subieron un +2,7% anual en el 2º trimestre, la menor subida en los últimos años y menos de lo que suben los precios (+2,9%). Lo peor es que los salarios llevan varios años creciendo poco y los trabajadores han perdido poder adquisitivo desde 2019. Y aumenta la brecha con los sueldos europeos, un 25% más altos. Por ello, casi la mitad de hogares tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Sobre todo jóvenes, mujeres y los que trabajan en los sectores y regiones peor pagados, porque en España hay enormes diferencias de sueldos, mientras el 70% de asalariados ganan menos de 2.500 euros brutos mensuales. Estos bajos sueldos explican que mucha gente no sienta en sus bolsillos la buena situación de la economía española, que crece más que el resto. Ahora que toca a sindicatos y patronal negociar las subidas salariales para 2026-28, urge mejorar los sueldos más bajos, no sólo el salario mínimo. Para repartir mejor el crecimiento y que lo note más gente.

                            Enrique Ortega

Por 5º año consecutivo, España será otra vez el país occidental que más crecerá en 2025 (+2,6%), según acaba de vaticinar la OCDE, tras haber crecido por encima de la media europea en 2021 (+6,7%), 2022 (+6,4%), 2023 (+2,5%) y 2024 (+3,5%), según el INE. Pero la realidad es que muchos españoles no notan en sus hogares esta “bonanza económica, la mayoría porque la inflación de estos años “se ha comido” la subida de sueldos y además ven que han de gastar mucho más para alquilar una vivienda (comprarla es imposible para muchos) y han de dedicar más dinero para la sanidad, la educación o el cuidado de los mayores, por el peor funcionamiento del “Estado del Bienestar”, porque las autonomías han reducido el peso de los gastos sociales en sus Presupuestos.

La consecuencia es, que aunque crecemos más que Europa y creamos más empleo que nunca (hay 22 millones de personas trabajando) hay muchas personas que no llegan a fin de mes, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE : el 9,1% de los españoles llega “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), el 12,7% llegan “con dificultad” (14,2% en 2019) y el 25,6% llegan “con cierta dificultad” (27,3% en 2019). O sea, que el 47,4% de los españoles tienen algún problema para llegar a fin de mes (49,3% en 2019), a pesar de los buenos datos económicos. Y eso, sin olvidar que España es el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población, 9,6 millones de españoles ingresan menos del 60% de la media del país). Y el 2º país europeo, tras Rumanía, con más pobreza infantil: 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, casi 1 millón de ellos con pobreza “severa”.

Así que la economía va bien”, pero mucha gente no lo nota y tiene dificultades económicas, como reconocen los Barómetros del CIS. ¿Qué está pasando? Básicamente, que muchos españoles tienen sueldos bajos y la inflación acumulada desde la pandemia se ha comido su poder adquisitivo, junto al mayor gasto en vivienda y servicios sociales. Y encima, los salarios están creciendo menos que antes: el coste salarial total en el 2º trimestre fue de 2.416,50 euros brutos por trabajador, un aumento del 2,7% anual, menor al del trimestre anterior (+3,8%) y al de un año antes (+4,1% en el 2º trimestre 2024) y el menor aumento salarial de los últimos años, según la Encuesta trimestral de Coste Laboral del INE.

Eso significa que los salarios están subiendo este año menos que la inflación (+2,9% hasta septiembre). Y si tomamos los años anteriores, vemos que los trabajadores han perdido poder adquisitivo: el coste salarial ha subido de 2.075,43 euros a finales de 2019 a 2.416,50 euros (brutos) ahora, un aumento salarial del +16,4%. Pero en ese mismo periodo, los precios (el IPC) han subido un +22,4%, así que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido del -6% en estos 5 años y medio. Y si tomamos sólo los trabajadores con convenio (menos que los incluidos la Encuesta del INE), la subida salarial pactada entre 2020 y 2025 ha sido de +16,64%, lo que revela una pérdida de poder adquisitivo similar (-5,76%).

Esto explica porque los trabajadores y sus familias tienen problemas para llegar a fin de mes, sobre todo los jóvenes, las mujeres y las familias con hijos o dependientes y que pagan un alquiler o una hipoteca. Además, tras la pandemia, la brecha salarial que hemos tenido siempre con Europa se ha agravado, porque los salarios españoles han crecido menos. Los datos de Eurostat son claros: el salario por hora en España era en 2024 de 18,9 euros, un 25% menos que el salario medio por hora de la UE-27 (25,2 euros) y aún más alejado de los 27,8 euros por hora que se pagan en la zona euro, los 22,3 euros en Italia, los 29,7 euros en Francia, los 33,3 euros/hora en Alemania o los 43,6 euros que se pagan en Dinamarca. Y además, entre 2020 y 2024, el salario por hora ha subido un +11,17% en España, menos que el +17,2% que han subido en la UE-27, el +12,92% en Francia o el +16,4% que han subido en Alemania (en Italia han subido un +6,19%, pero en Portugal un +19,5% y en Grecia un +20,9%).

Así que los salarios en España siguen siendo de los más bajos de Europa y crecen poco, menos que en la mayoría del continente. Y así viene pasando desde principios de siglo: los salarios reales en España (descontando la inflación) han subido sólo un +5,1% entre los años 2000 y 2024, mientras han crecido mucho más en la mayoría de Europa, según los datos del profesor Manuel Alejandro Hidalgo, que trata de explicar por qué los salarios medios en España son entre un 35 y un 40% inferiores a los de Alemania, Francia y los paises nórdicos.

La razón principal es que somos un país menos productivo que ellos: producimos menos por trabajador y por eso los sueldos son más bajos. De hecho, España es la 4ª mayor economía europea, porque el valor de lo producido (PIB: 1.594.330 millones de euros en 2024) sólo lo superan Alemania (4.328.970 millones euros), Francia ( 2.921.412 millones)  e Italia ( 2.199.619 millones euros). Pero este es un dato engañoso, porque hay que tener en cuenta la población, lo que produce cada país por habitante. Y lo que ha pasado en España tras la pandemia es que el PIB ha crecido mucho (+27% entre 2019 y 2024) pero también ha crecido mucho la población residente, por los inmigrantes (de 47 a 49 millones). Así que el PIB por habitante ha crecido menos (de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024, +21,7%).

Y al tener en cuenta lo que producimos por habitante, España ya no es la 4ª principal economía de Europa, sino que somos el país europeo nº 14  por productividad (PIB por habitante), por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Alemania, Suecia y Malta (los 9 paises más productivos que la media de la UE-27), Finlandia, Francia, Italia y Chipre. Concretamente, producimos por habitante el 92% de la media europea, mientras Francia produce el 99%, Alemania el 115% y Paises Bajos el 136%. Por eso, los salarios españoles son más bajos que los de otros paises.

Pero hay otras razones que explican esta menor productividad y están detrás de que España tenga los sueldos entre un 35 y un 40% más bajos que los paises más productivos de Europa. Una, que estamos comparando el total de los trabajadores de cada país: si comparásemos trabajadores similares de España y Alemania (con similar edad, formación, ocupación y tipo de contrato), la “brecha salarial” se reduciría a la mitad (al 17%), según el profesor Hidalgo, quien hace hincapié en dos factores que explican la mitad de la diferencia salarial de España con Alemania y la Europa rica: la formación y la experiencia de los trabajadores.

La menor formación de la mayoría de los trabajadores españoles explicaría por sí sola una cuarta parte de la brecha salarial con Alemania, por ejemplo. Y otra cuarta parte viene de la “menor experiencia” de nuestra mano de obra, debido a que la anterior regulación laboral ha incentivado una excesiva rotación en los empleos, acumulando menos experiencia. Además, hay otros factores que explican la menor productividad y la consiguiente diferencia salarial: el tipo de economía (en España pesan más los servicios que la industria, mejor pagada), el menor uso de la tecnología y la digitalización, la menor tecnología e innovación en los procesos productivos, el menor tamaño de nuestras empresas (las grandes son más productivas), la menor internacionalización (los exportadores son más productivos), la menor formación de los empresarios, una sindicalización menor y una mayor regulación y burocracia…

Así que ya sabemos el camino (no sencillo) para conseguir subir más los salarios y acercarnos a los europeos: más formación, más tecnología e innovación, empresas más grandes y mejor gestionadas, menos regulación, más industria y más exportación… En definitiva, modernizar la economía y capacitar a los trabajadores para producir más por persona y así cobrar más. Un proceso que tarda años y que es el objetivo a medio plazo del Plan de recuperación y de los Fondos europeos. Pero antes, hay que mejorar cuanto antes una parte de los salarios que tenemos, los más bajos, porque es la única manera de seguir alimentando el consumo, que junto al turismo y las exportaciones, son el motor del crecimiento español. No basta sólo con que el conjunto de salarios suban más (y no pierdan poder adquisitivo) sino empezar a corregir la desigualdad salarial que hay en España, que es tremenda.

El gran problema de los salarios españoles es que muchos de ellos son bajos, con lo que hay muchos trabajadores propensos a tener problemas para llegar a fin de mes. Lo revelan los últimos datos del INE (Decil de salarios 2023): el salario medio bruto era de 2.273 euros mensuales en 2023 (1.932 euros netos), sólo 290 euros más que en 2019 (ha subido un +14,66% mientras la inflación subía más estos cuatro años: +17,9%). Pero lo más llamativo es que 5,4 millones de asalariados cobran menos de 1.534,7 euros brutos mensuales (1.304 netos) y otros 7,2 millones ganan entre 1.534 euros brutos y 2.548 euros (2.166 netos). En definitiva, que el 70% de los asalariados (12.600.000) ganan menos de 2.166 euros netos al mes. Y ganan aún menos las mujeres (2.063 euros brutos), los más jóvenes (1.387 euros brutos entre 16 y 24 años), los poco formados, los que trabajan a media jornada (ganan menos de 1.534 euros brutos), los que tienen contrato temporal (1.832 euros brutos), los que trabajan en el campo, la hostelería, el servicio doméstico y la construcción, los que trabajan en micropymes (la mayoría ganan menos de 1.534 euros brutos) y los asalariados de Extremadura, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia o Andalucía.

Todos estos colectivos son los que las pasan canutas para llegar a fin de mes y no acaban de ver que la economía “vaya bien” , aunque crezcamos más que el resto. Por eso, la prioridad de la próxima negociación salarial, que deben abordar sindicatos y patronal para firmar otro Acuerdo para 2026-2028, debería ser subir más los salarios más bajos, para reducir las tremendas desigualdades actuales y mejorar la vida de muchos hogares con problemas para llegar a fin de mes. Una medida importante será volver a subir el Salario Mínimo en 2026, tras subirlo de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2025 (+61%), porque afecta a 2,5 millones de asalariados con los sueldo más bajos (dos tercios mujeres y una cuarta parte jóvenes) y porque la subida del SMI “tira” del resto. Pero además, habría que ir sector a sector subiendo los sueldos más bajos, para reducir desigualdades.

España lleva décadas compitiendo en el mundo gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar de ser “la China de Europa” y empezar a competir más en innovación, tecnología y bajando otros costes (la energía, por ejemplo, gracias a las renovables), aumentando el peso de la industria y los sectores de futuro, que conllevan más productividad y mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años mejorando ventas y márgenes, aumentando sus beneficios, y es hora de que también los trabajadores se beneficien de la recuperación, con mejores sueldos, sobre todo los que menos ganan. Unos sueldos más decentes son además la base de un mayor consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

jueves, 2 de octubre de 2025

El AVE, imparable: ojo a "morir de éxito"

El AVE sigue ganando viajeros al avión y a la carretera, tras batir un récord en 2024: casi 40 millones de viajeros, el doble que antes de la pandemia. Y espera llegar a 50 millones en 2026, gracias a la liberalización de la alta velocidad, que ha traído dos competidores a Renfe (la francesa Ouigo y la italiana Iryo), aportando más trenes y viajes y una rebaja del 33% en los billetes. Pero el AVE bate récords con muchos problemas, agravados este verano : estaciones saturadas, averías frecuentes, retrasos, trenes parados en medio de la nada, fallos en las catenarias, robo de cobre… El problema de fondo es que la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (tiene 4.000 kilómetros) y está sobreutilizada (se ha pasado de 9 trenes AVE diarios a 532). Urge invertir más en infraestructuras y mantenimiento y en modernizar los trenes. Eso exigirá subir el canon a las empresas, que tendrán que subirnos los billetes para mejorar el servicio.

                          Enrique Ortega

El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.

Este tirón imparable del AVE en España, el 2º país (tras China) con la mayor red de alta velocidad del mundo (4.000 kilómetros) es consecuencia, sobre todo, de la liberalización de esta parte del negocio ferroviario, forzada por Bruselas en 2020, que obligó a abrir la red a otras empresas ferroviarias, acabando con el monopolio de Renfe. Esta liberalización se hizo efectiva el 10 de mayo de 2021, cuando un AVE de Ouigo (empresa creada por la francesa SNCF) viajó por primera vez de Madrid a Barcelona, un corredor que utilizó después, en noviembre de 2022, el primer AVE de Iryo (empresa de la italiana Trenitalia, Air Nostrum y Globalvía). El siguiente paso fue la competencia en el corredor Madrid-Valencia (octubre 2022 Ouigo y diciembre 2022 Iryo), seguido del corredor Madrid-Sevilla (marzo 2023 Ouigo, enero 2025 Iryo), al que se sumaron el corredor Madrid-Málaga-Granada (marzo 2023 Iryo, enero 2025 Ouigo) y la línea Madrid-Alicante (abril 2023 Ouigo, junio 2023 Iryo). Y más recientemente, llegó la competencia al corredor Madrid-Segovia- Valladolid (abril 2024 Ouigo) y Madrid-Murcia (septiembre 2024 Ouigo).

La principal consecuencia de esta liberalización del negocio de la alta velocidad ferroviaria es la ampliación de la oferta de trenes y viajes y la consiguiente “guerra de precios” entre Renfe, Ouigo e Iryo, con multitud de ofertas y tarifas. Eso se ha traducido en que los billete de AVE se han abaratado un 33% con la liberalización, según la CNMC. Y además de este ahorro de costes para los viajeros (431 millones desde 2019), el tirón del AVE ha supuesto un ahorro de costes externos (polución, emisiones de CO2, accidentes, cogestión de tráfico) estimado por la CNMC en otros 172 millones de euros desde 2019, a lo que habría que sumar los 153 millones de ganancia neta de ADIF (el gestor público ferroviario de la red) por los mayores cánones cobrados a las empresas por el uso de la red de alta velocidad.

En conjunto, las líneas de AVE han crecido en pasajeros desde 2019 a costa de la carretera (a la que han quitado 3,7 millones de viajeros) y del avión (al que han quitado 900.000 pasajeros), según la estimación de la CNMC. Y lo más llamativo es que casi todos los corredores de alta velocidad abiertos a la competencia han duplicado sus pasajeros desde 2019, salvo el Madrid-Sevilla (donde han crecido un 41%) y el Madrid-Málaga (+59%). Los trayectos de AVE con más pasajeros en 2024 fueron Madrid Barcelona (14.6 millones,+6% sobre 2023), Madrid-Valencia (5,6 millones, +10%), Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga(cada uno con 5 millones de pasajeros,+28%) y Madrid-Alicante (4 millones, +33%), repartiéndose los demás pasajeros (5,3 millones, +103%) en las restantes líneas abiertas a la competencia.

Y hablando de competencia, Renfe sigue manteniendo el liderazgo en la alta velocidad, aunque lógicamente ha perdido cuota de mercado frente a la francesa Ouigo y la italiana Iryo. Donde Renfe tiene la cuota de AVE más alta es en los dos corredores de Madrid a Andalucía (72/73% en 2024), frente al 27/28% de cuota que tiene Iryo (que empezó a operar en marzo de 2023), según los datos de la CNMC. También mantiene dos tercios de la cuota total (67,4%) en el corredor Madrid-Alicante, donde le sigue Ouigo (27,2% de cuota) y muy lejos Iryo (5,4%). En la primera linea abierta a la competencia, Madrid-Barcelona, Renfe mantiene un 60,1% de cuota de viajeros(en alza), seguida de Iryo (23,7%), que también crece, ambas a costa de Ouigo (16,2% de cuota en 2024). Y donde Renfe ha perdido más cuota es en el AVE de Madrid a Valencia: tiene un 50,6% y el resto se la reparten Ouigo (25,3% en 2024) e Iryo 24,2%).

Lo que han ganado los tres operadores es cuota frente al avión, al que se han “comido” en los trayectos de media distancia donde compiten, según confirman los datos de la CNMC de 2024. Así, en el trayecto Madrid-Valencia, la cuota del AVE es del 93,3% (5,25 millones de viajeros viajaron en AVE y 380.000 en avión). En el trayecto Madrid-Sevilla, la cuota del AVE frente al avión es el 90,2% y en el corredor Madrid-Alicante, el 88,1%. En el trayecto con más competencia y viajeros, Madrid-Barcelona, el AVE también gana de lejos al avión, con una cuota del 81,2% de viajeros en 2024 (8,9 millones en AVE y 2 millones en avión), cuando antes de la liberalización de 2021 la cuota del AVE era del 65%. Y en el trayecto Madrid-Málaga, la cuota del AVE frente al avión es del 82%. En estos trayectos, la cuota del tren de alta velocidad aumentó en 2024, salvo en el corredor Madrid-Barcelona (-0,3%).

A pesar de este “éxito comercial”, las tres empresas que gestionan los viajes de AVE siguen perdiendo dinero, año tras año, aunque algo menos en 2024. Así, mientras Renfe ganaba dinero con el AVE en 2019 (cuando operaba en solitario), empezó a perder dinero en 2020 y 2021, ya con Ouigo (-751 millones perdieron ambos) y en 2022-24 (-452 millones, ya con Iryo, además de Ouigo y Renfe). Sólo en 2024, las tres empresas que operan la alta velocidad han perdido 99,5 millones (menos que los 219 millones perdidos en 2023), pérdidas repartidas entre Renfe (-27 millones), Iryo (-31,5 millones) y Ouigo (-40,5 millones). Y la CNMC estima que las 3 empresas han perdido 1.203 millones de euros desde 2020, repartidos entre Renfe (-842 millones), Ouigo (-191 millones) e Iryo (-170 millones).

¿Por qué pierden dinero si han duplicado los viajeros? Básicamente, por la “guerra de tarifas” a la baja y el fuerte aumento de inversiones y costes (en trenes, personal, energía…), además de que han de pagar el canon a ADIF (la empresa pública que gestiona y mantiene la red ferroviaria) por el uso de las vías, estaciones y servicios. Aunque las empresas extranjeras (Ouigo e Iryo) se quejan de que este canon es alto, ADIF y la CNMC les contestan que son “similares a los alemanes, algo superiores a los italianos y en linea con los franceses”. Al final, ganar mercado partiendo de cero es siempre costoso y eso obliga a los nuevos operadores a operar con pérdidas y a Renfe a seguir su senda para no perder más cuota.

Pero el negocio de la alta velocidad, aunque bate récords de viajeros año tras año, tiene un problema de fondo: crecer tanto y tan rápido ha provocado múltiples problemas diarios, que se han agravado este verano: múltiples averías en la red y en los trenes, saturación en las estaciones (primero en Atocha-Madrid y luego con las obras en Chamartín-Madrid), retrasos y trenes parados en medio de la nada, unas veces por fallos en la catenaria, otras por robo de cable, otras por problemas del tren y este verano, por los incendios en Castilla y León y en Galicia (han afectado a 486 trenes y 130.000 usuarios, frente a sólo 25 trenes y 18.000 viajeros afectados por los fuegos del verano de 2024). Todos estos factores (de la red y externos) han deteriorado en 2025 un servicio, el del AVE, que en 2024 fue bastante puntual: el 94% de los trenes AVE de los trayectos en competencia llegaron con menos de 15 minutos de retraso, según la CNMC, siendo los segundos más puntuales de Europa, tras Suiza.

Los expertos y el propio Ministerio de Transportes achacan los múltiples problemas del AVE a 4 causas. La primera y fundamental, el fuerte aumento de trenes y viajeros: la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (de 470 kilómetros a 4.000) y de circular 9 trenes diarios se ha pasado a 532 trenes y 115.000 pasajeros diarios hoy. La segunda causa de problemas es el envejecimiento de las infraestructuras (vías, señalización, catenarias…) en estos 33 años, sobre todo en la linea más antigua y con más problemas (Madrid-Sevilla). La tercera, que muchos de los trenes AVE que circulan hoy (sobre todo los 125 de Renfe) son muy antiguos y algunos nuevos dan muchos problemas (como muchos de los 30 AVE Avril “Serie S106”, entregados por Talgo a Renfe en mayo de 2025 y que han presentado fisuras en los “bogies”, el sistema de rodadura donde se asientan los coches de viajeros). Y el cuarto problema es la deficiente gestión de ADIF, donde los sindicatos denuncian falta de personal y fallos de gestión, además de escasa inversión en mantenimiento de la red.

Todos estos problemas en la alta velocidad, agravados este verano, han llevado al Gobierno y a ADIF a retrasar la liberalización de nuevos trayectos de AVE, que estaba prevista para septiembre de 2025: la entrada de Ouigo e Iryo en los corredores del AVE de Madrid a Galicia, de Madrid a Asturias y Cantabria y el corredor Madrid-Cádiz y Huelva. Parece que la apertura a la competencia de estos trayectos de alta velocidad se retrasa hasta 2026, para hacerla efectiva en 2027, para dar tiempo a reforzar antes las líneas actuales con problemas y para que ADIF recalcule los cánones a cobrar a las empresas en esos nuevos trayectos, que tendrían que subir para incluir las inversiones necesarias en vías, señalización y mantenimiento. Y las empresas, además de ampliar su servicio de alta velocidad (serán 72 servicios diarios más, alcanzando al 70% de la población) y su parque de trenes, tendrán que afrontar el reto tecnológico de operar en dos anchos de vía a la vez (internacional e ibérico).

Mientras, el Gobierno y su ministro de Transportes creen que la mejoría del servicio de alta velocidad pasa por comprar nuevos trenes e invertir más en la mejora de la red de alta velocidad, donde ya se han invertido 69.200 millones, 57.200 hasta 2021 y otros 12.000 después, hasta 2025).  Pero eso tardará (“no podemos estar 15 años sin comprar un tren y de repente encargar 400”, dijo el ministro Puente en el Congreso en septiembre), lo mismo que mejorar la red de alta velocidad (vías, catenarias, señalizaciones, mantenimiento…) y las estaciones. Por eso, el propio ministro Puente advirtió a los diputados que “seguirá habiendo incidencias en la alta velocidad en los próximos dos años”…

En definitiva, el AVE bate récords de viajeros pero ha crecido demasiado en poco tiempo y eso está provocando problemas en las líneas y a los viajeros, problemas que exigen más inversiones y tiempo. Por eso, antes de seguir ampliando la red (cada ciudad quiere su AVE) y abriéndola más a la competencia, hay que reforzar lo que tenemos, para “no morir de éxito”: más inversiones en mantenimiento, vías, señalización, trenes y estaciones. Y esas mayores inversiones obligan a subir el canon de Adif a las compañías y a que frenen su “guerra de precios”, quiten tantas ofertas y suban los billetes a los viajeros. Al final, las cuentas son claras: o se invierte más en el AVE o seguirán los problemas. Y ese dinero para mejorar el servicio sólo puede salir de las empresas y de los viajeros. Lo barato es caro.

lunes, 29 de septiembre de 2025

Universidades públicas en apuros

Más de 1,8 millones de jóvenes han iniciado el Curso universitario, que batirá otro récord de alumnos, Grados y Masters. Pero las plazas en las Universidades públicas se han estancado, por falta de medios y profesores, lo que ha elevado otro Curso más las notas de corte para acceder, desviando alumnos a las Universidades privadas, que crecen sin parar, sobre todo en algunas carreras y Masters: este año funcionarán 46 Universidades privadas (4 más que el curso pasado), mientras las públicas siguen estancadas en 50 (desde 1.998). Esto obliga a muchas familias a gastar hasta 28.000 euros al año en que su hijo/a estudie fuera, lo que impide estos estudios a muchos jóvenes y endeuda a otros, aumentando la desigualdad de oportunidades. Mientras, las Universidades públicas piden más financiación para sobrevivir y poder ofrecer más plazas y estudios.  Pero las autonomías gobernadas por el PP apenas les financian y apoyan el aumento de las Universidades privadas (controladas por Fondos de inversión y entidades religiosas), sobre todo en Madrid y Andalucía.

                           Enrique Ortega

Este Curso 2025-26 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2007, otro año con un récord de nacimientos (492.527, 10.000 más que los nacidos en 2006), lo que aumentará el número de universitarios, superando  los 1,8 millones que estudiaron el Curso pasado un Grado (1,4 millones), un Master (300.000)  o un Doctorado (100.000 alumnos) en las Universidades españolas. El 75% de estos 1,8 millones de universitarios estudian en una Universidad pública, el 57% de ellos mujeres y un 7% extranjeros (salvo en Master y Doctorado donde los extranjeros suben al 27 y 29% del total). En conjunto, a estos universitarios se les ofrecen 4.475 titulaciones de Grado (67% en la Universidad pública), 4.325 Masters (el 30% en las privadas) y 1.228 títulos de Doctorado (el 80% en las Universidades públicas).

Será pues otro Curso de récord de alumnos en las Universidades españolas, con una peculiaridad: apenas crecen los alumnos de las Universidades públicas y los que más crecen son los de las privadas, como sucede en los últimos años. Así, los alumnos de Grado de las Universidades públicas han bajado desde los 1.116.463 que hubo en el Curso 2016-17 a los 1.080.568 que se matricularon el curso pasado (2024-25): -35.895 alumnos en los últimos 8 años. Y en paralelo, los alumnos que estudian un Grado en las Universidades privadas se han casi duplicado: de 186.789 en el Curso 2016-17 a 328.269 el curso pasado (2024-25), según los datos oficiales. Y si analizamos los alumnos matriculados en el primer curso, han caído un -4,8% en las Universidades públicas (de 291.100 que empezaron en septiembre 2015 a 274.400 en septiembre 2023), mientras en las Universidades privadas, los matriculados en el primer curso han crecido un +61,4% estos 8 años: de 54.700 a 89.200.

Lo mismo ha pasado con los Master. Los alumnos que inician un Master en una Universidad pública han pasado de 124.892 en el Curso 2016-17 a 143.649 el curso 2023-24, un aumento del +15%, menos de la tercera parte de lo que han aumentado los alumnos de Masters en las Universidades privadas (+53%), que han pasado de 65.251 (Curso 2016-17) a 145.306 alumnos matriculados (en 2023-24), superando ya a los alumnos Master de la pública. Y además, las Universidades públicas ofrecen ahora menos Master (3.067) que en 2015-16 (3.116 Master), mientras las privadas casi los duplican (de 761 a 1.262).

¿Qué está pasando? Pues que las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar los alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año sube la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos, obligando en la Selectividad a sacar notas cada vez más altas para admitir alumnos en las grandes Universidades. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,3 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 10 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible

La consecuencia es que muchos jóvenes que quieren estudiar una carrera sólo pueden hacerlo en la Universidad privada, que lleva años aprovechando la falta de plazas en la Universidad pública para ofertar más plazas, sobre todo de Grados que tienen una mejor salida laboral. Eso conduce a un aumento reiterado de alumnos, que sólo pueden estudiar lo que quieren si pagan los caros estudios de una Universidad privada. Y así, por ejemplo, en Madrid, este será el tercer Curso donde en Medicina (la carrera “estrella) habrá más matriculados en primer curso en las Universidades privadas que en las públicas… Y también hay más inscritos en las privadas en Fisioterapia (53%) y Relaciones Internacionales (74%).

En definitiva, las Universidades privadas crecen a costa de “asfixia financiera de las Universidades públicas”, que apenas se han recuperado de los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy desde 2012 y la escasa financiación posterior. Eso ha provocado un aumento constante de nuevas Universidades privadas, que este Curso ya serán 46 (habrá 4 nuevas), mientras las Universidades públicas se han estancado en 50 (la última Universidad pública, la Politécnica de Cartagena se creó en 1998). Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP, sobre todo en Madrid y Andalucía. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT está detrás de la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

La peor consecuencia de la asfixia financiera de las Universidades públicas (las 6 de Madrid pidieron en octubre de 2024 a la presidenta Ayuso 200 millones extras para pagar sus nóminas…) es que muchos alumnos  no pueden estudiar en ellas, por falta de plazas, y tienen que buscar una Universidad privada para estudiar una carrera, con un altísimo coste. Por un lado está el pago de la matrícula y las mensualidades, con un coste anual de 13.500 a 15.000 euros por alumno. Y a eso hay que sumar, para los universitarios que estudian fuera de casa, el coste del alquiler de una habitación o una vivienda compartida, que supera los 600 euros (5.400 euros anuales). Y la manutención y los gastos (otros 9.000 euros anuales). En total, unos 28.000 euros al año, por 4 años (si no se repite curso), más el elevado coste de un Master al final del Grado (entre 20.000 y 30.000 euros más).

Así que estudiar en una Universidad privada puede costarle a un joven y a su familia unos 140.000 euros, una cifra imposible para muchos hogares y que obliga a otros a endeudarse. De hecho, casi el 14% de los créditos que se piden hoy a la banca son para financiar estudios universitarios, según ASUFIN, una demanda que se ha cuadruplicado en la última década. Y esto relega a muchos estudiantes y familias a no estudiar una carrera universitaria, desviando su interés hacia la Formación Profesional, que es más barata (a pesar de que se multiplican también las plazas privadas, en centros participados también por Fondos de inversión) y además tiene más salidas profesionales que muchas carreras.

El objetivo debería ser promover la Universidad pública, apoyándola financieramente para que tuviera más alumnos, Grados y Master, para evitar también que muchos jóvenes sin recursos se queden fuera (las becas son escasas y poco dotadas). Pero la realidad es que España la financia menos que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654 dólares en 2021 (último dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y 33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más (27.756 dólares/universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el 67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 29% del gasto universitario es privado en España, frente al 19% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas  menos que la media (6.671 euros/universitario en 2022-23) : Madrid (5.362 euros por universitario), Cataluña (5.599 euros) y Murcia (6.712), según el Informe CYD 2024. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan La Rioja (9.689 euros/universitario), Navarra (9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (1.620 euros/alumno, 454 euros más que la media), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302), Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas en las Universidades públicas: Galicia (738 euros/alumno), Canarias (776) y  Andalucía (815).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir  aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades  de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuanto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 5.739 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2024).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, las Universidades públicas han intentado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con los Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas, a las que cada Curso se desvían más alumnos. Y el Gobierno central poco puede hacer, máximo tras tres Cursos sin Presupuestos (incluido el actual).

La futura financiación de las Universidades públicas es una cuestión clave, no sólo porque nos jugamos la formación de los jóvenes sino porque en los próximos años va a seguir aumentando la cifra de universitarios: habrá cada año más alumnos, al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075 niños, 170.000 menos que los nacidos en 2007 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades públicas sigan perdiendo alumnos, planes, investigación y prestigio.

Aumentar la financiación a las Universidades públicas  es un requisito básico para mejorarla y que no quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas). Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000 licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen más trabajo y menos paro que los jóvenes no universitarios, pero todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un 9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.

Corregir este “drama”, que la Universidad no sea “una fábrica de paradosexige no sólo tener más financiación sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas: derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los planes de estudio con empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos sean más eficaces. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.

jueves, 25 de septiembre de 2025

Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

lunes, 22 de septiembre de 2025

Industria: España se aleja de Europa

Hemos tenido otro verano récord de turistas, pero no tanto como se esperaba, por los altos precios, las olas de calor y el estancamiento económico en Europa tras los aranceles de Trump, que han reducido los turistas alemanes y franceses. Es el momento de repensar el futuro del turismo y si España debe crecer siendo la California de Europa, a costa de hoteles, bares, comercio y ocio, que generan un empleo inestable (se han perdido 200.000 empleos en agosto) y mal pagado. La alternativa es promover la industria, avanzar en sectores competitivos y con futuro, apoyados en la tecnología, digitalización y una energía renovable que nos aporta tener la luz más barata de Europa. Pero España está muy rezagada en industria respecto a Europa y hemos perdido 723.500 empleos industriales en este siglo. Urge un Pacto social por la industria, pero los enfrentamientos políticos tienen parada en el Congreso una nueva Ley de Industria aprobada por el Gobierno en diciembre de 2024. Sin más industria no hay futuro.

                            Enrique Ortega

Aunque muchos no lo sepan, España fue un país muy industrializado hace unos 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB). Y todavía en 1980, éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (siderurgia, naval…), ruinosas por la competencia de paises en desarrollo. En los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera…), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Resultado: el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,8% del PIB en 1987 se pasó al 16,36% en 2007 y a un mínimo de 15.98% del PIB en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar el 14,5% del PIB en 2019. Y aunque mejoró su aportación con la pandemia, por el menor peso de los servicios y la construcción, su aportación no superó el 16% del PIB en 2022. Y luego ha seguido cayendo.

Tras este “desplome industrial”, España es ahora la 17ª potencia industrial del mundo y compite, sobre todo, en precio (gracias a los menores salarios) y con manufacturas que aportan poca innovación, tecnología y valor añadido. Pero el mayor problema es que la industria en España se encuentra muy rezagada respecto a Europa y la brecha se ha agravado en este siglo. Así, la aportación industrial en España es del 11,8% del PIB en 2024 frente al 15.6% que aporta la industria europea el crecimiento (el objetivo de la Comisión es que aporte el 20% en 2030). Y este retraso español en la aportación de la industria (-3,8%) se ha duplicado en este siglo: en el año 2.000, la industria española aportaba el 17,99 % del PIB, frente al 19,4% la UE (-1.41% de diferencia), según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA e Ivie. A lo claro: que éramos un país menos industrial que Europa en el 2000 y ahora lo somos aún menos.

Lo más preocupante no es sólo la pérdida de industria en este siglo, sino sus consecuencias negativas para el empleo. El estudio revela que la industria española mantenía el 17,3% del empleo en el año 2.000 (el 18% la europea) y que en 2024 sólo mantuvo ya el 9,9% del empleo total (13,7% la industria europea), lo que vuelve a indicar que la pérdida de empleo industrial en este siglo ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa. La cifra que aportan la Fundación BBVA e Ivie es muy llamativa: se han perdido 723.500 empleos industriales en España entre el año 2.000 y el 2024, un 25% del empleo industrial español. Trabajadores que han ido al paro o se han reciclado en la construcción y los servicios, con empleos generalmente más precarios y peor pagados que en la industria.

No sólo se ha perdido empleo y actividad industrial, también se han reducido las exportaciones españolas de productos industriales, que ayudaban a generar divisas y empleo, aportando desde fuera al crecimiento global. Y ahí, de nuevo, España está rezagada respecto a Europa: las exportaciones industriales aportan el 20,3% del PIB, mientras en la UE-27 aportan el 31,1%, según el informe. Y eso tiene que ver con los productos industriales que exportamos (con menos tecnología y menos valor añadido) y con  una menor productividad de la industria española, derivada del menor tamaño de sus empresas, la menor innovación, digitalización y tecnología, la falta de internacionalización, la ubicación geográfica y los mayores costes, factores que no compensan unos sueldos mucho más bajos.

Otro problema de la industria española, según el informe, es que está demasiado concentrada en sectores menos productivos y competitivos. Así, el 60% de toda la producción industrial se concentra en 4 sectores: industria agroalimentaria (19,4%), metalurgia y productos metálicos (12,7%), industria química y farmacéutica (12,1%) y material de transporte (11,8%). Significa que tenemos una industria muy concentrada en “alimentar a Europa” y proveerla de metales, química y medicamentos, pero con poco peso de las industrias más competitivas y que aportan más crecimiento y empleo: fabricación de maquinaria y bienes de equipo (tenemos la mitad de industria que Europa), productos informáticos, electrónica y óptica (tenemos casi 6 veces menos de industria que la UE-27).

El estudio destaca que la Comisión Europea pretende relanzar la industria en los próximos años, como palanca para competir con EEUU y China. Y recuerda que el gran objetivo es que la industria europea aporte el 20% del crecimiento y el empleo en 2030 (España está lejos, en el 11,8%, mientras la UE-27 alcanzó el 15,6% en 2024, superando el 20% Alemania pero sin alcanzar ese nivel de industrialización ni Francia ni Italia). Para mejorar la industrialización, Bruselas propuso a los paises en 2023 (“Plan industrial del Pacto verde europeo”)  utilizar dos palancas: mejorar la digitalización y afrontar el reto energético, para que la industria consuma menos energía y más barata.

La primera asignatura pendiente de la industria española es aumentar su digitalización, dentro de un proceso más global de incorporar más tecnología e innovación. Y aquí también vamos retrasados respecto a Europa: el 62% de las manufacturas españoles presentan “un nivel básico de digitalización”, frente al 68,3% de media en la UE-27, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie, cuando el objetivo debería ser que alcanzaran ese nivel básico el 90% de las industrias europeas. Y sólo el 21,9% de las industrias españolas tienen un nivel avanzado o muy avanzado de digitalización, frente al 28,7% de las europeas.

En cuanto a las inversiones en tecnología, la industria española también está retrasa respecto a la europea: en España, el 29% de toda la inversión en I+D+i la realiza la industria (con todo, el sector económico que más invierte en tecnología) casi la mitad de lo que invierte en tecnología la industria europea (el 52,4% de tosa la inversión en I+D+i).

El segundo reto a medio plazo de la industria, europea (y española), es consumir menos energía y a unos precios más bajos. Hasta hace unos años, la industria española pagaba más cara la energía (incluida la luz) que el resto de la industria europea, aunque nuestra industria es energéticamente más eficiente (gasta menos energía por unidad de producto), según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Pero en los últimos años, la industria española se ha beneficiado de la revolución de las renovables en España (generan  el 57,1% de la electricidad)  y ahora es la industria que paga la luz más barata de Europa: si en 2008, la industria española pagaba un 31,5% más por la electricidad que las industrias europeas, en 2024 pagó un 20,9% menos, según CaixaBank Research.

Precisamente, esta es ahora la mayor ventaja de la industria española para competir fuera: los menores costes de la electricidad, gracias a las renovables. Pero España cuenta también con debilidades estructurales en su industria. La primera, el escaso peso de la industria tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las “industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica, transporte y automóvil, que suponen el 60%). La segunda, el menor tamaño de nuestras industrias (hay “demasiadas” pymes: sólo el 15% tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las alemanas), que tienen menos negocio (facturan 3,42 millones frente a 4,17 millones las europeas). La tercera, el atraso tecnológico, por partida doble: España invierte menos en Ciencia y las industrias españolas gastan la mitad en tecnología que las europeas.

Con todos estos “hándicaps” estructurales, aumentar el peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser fácil. Pero hay que hacerlo, para conseguir una mayor competitividad y un empleo más estable y mejor pagado. Varias son las medidas claves para reindustrializar España que propone el informe de la Fundación BBVA e Ivie: potenciar industrias con más valor añadido y más productividad, apostar más  por la innovación y digitalización, aumentar el peso de las grandes empresas (fusiones y concentraciones para crear industrias más grandes), mayor internacionalización de la industria, más apoyo financiero a los proyectos industriales y eliminación de trabas administrativas más ayudas e incentivos fiscales.

España tiene ahora otra oportunidad de oro para impulsar la industria, junto a los bajos precios de la energía: los Fondos europeos. Ya en el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno Sánchez a Bruselas, el 30 de abril de 2021, se apostaba por destinar el 17,1% de todos los Fondos europeos (72.000 millones en subvenciones a fondo perdido) a la política industrial en 4 años. El objetivo era “modernizar la industria española” para que sea “más digital y tecnológica”, dotando a los programas con 6.106 millones de inversiones públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con Fondos UE. La apuesta era apoyar a los sectores industriales claves (“tractores”) como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica, aeronáutica y máquina herramienta, aportando además por sectores nuevos, que quiere impulsar el gobierno europeo, como las baterías, el hidrógeno verde, la economía circular (reciclaje residuos) y los microprocesadores.

Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se tradujo en la aprobación (entre julio de 2021 y mayo de 2022)  de 8 Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos industriales a medio plazo donde se pone dinero público (de los Fondos UE y del Presupuesto) para atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a invertir entre 2021 y 2023, 4.300 públicos), PERTE energías renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000 públicos), PERTE economía circular (1.200 millones, 492 públicos), PERTE industria naval (1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060 millones) y PERTE microelectrónica y semiconductores (12.500 millones de inversión pública, el programa más ambicioso). En total, una inversión industrial histórica, de 66.000 millones de euros, que pretende crear 500.000 nuevos empleos.

Sindicatos y patronal llevan años pidiendo un mayor apoyo a la reindustrialización de España, como vía para mejorar la productividad, aumentar las exportaciones y reducir la dependencia exterior, modernizar e innovar la economía y aumentar el crecimiento y lograr un empleo más estable (en los servicios y el turismo, los empleos se ganan y se pierden) y mejor remunerado (el sueldo bruto en la industria es de 31.064 euros brutos anuales, un 38,5% más alto que el sueldo medio y el doble que en hostelería y comercio). Por eso, el 26 de noviembre de 2016, sindicatos y patronal firmaron un Pacto de Estado por la Industria, acordando un decálogo de medidas (rebaja costes energéticos, digitalización, tecnología, fusiones, inversiones, formación, desregulación, internacionalización…), que pidieron entonces al Gobierno Rajoy. Pasaron los años, cambio el Gobierno y las medidas no se aprobaron. Y el 22 de marzo de 2021, sindicatos y patronal volvieron a presentar su Pacto de Estado por la Industria en el Congreso, con el apoyo de todos grupos. Pero sin consecuencias…

Mientras, los Fondos europeos se han traducido en  financiación para multitud de proyectos industriales en España, básicamente a través de los PERTEs (programas estratégicos) del vehículo eléctrico, las energías renovables, el sector agroalimentario, la economía circular, la industria naval y aeroespacial, la microelectrónica y los semiconductores. Y en diciembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley de Industria, para sustituir a la actual Ley, que es de 1992. Su objetivo es impulsar una nueva estrategia industrial en España para incrementar su peso en la economía y el empleo, mejorar su competitividad y conseguir una mayor digitalización y descarbonización de la economía, en linea con los objetivos y medidas de la Estrategia industrial europea. El problema es que la Ley sigue estancada en el Congreso, en fase de enmiendas (el plazo se ha ampliado 18 veces) y no parece fácil que se vaya a aprobar este año, por la falta apoyo del PP y las reticencias competenciales nacionalistas.

España necesita tener una estrategia industrial clara para acortar distancias con la industria europea y conseguir que aporte el 20% del crecimiento y del empleo. Y para ello, hay que corregir sus debilidades estructurales y potenciar la ventaja comparativa de una energía barata. Se trata de apostar a tope por la industria, generalizando su importancia en toda España (sólo algunas regiones tienen un alto peso de la industria:  Navarra, la Rioja y País Vasco y parte de Cataluña y Madrid), para asegurar un mayor crecimiento de la economía y un empleo estable y mejor pagado. Y, sobre todo, para que España pueda competir mejor en un mundo con una industria globalizada. No podemos seguir siendo la California de Europa,  un país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.