Empleados públicos: insuficientes y precarios

El Gobierno aprobará el 2 de julio convocar 40.000 nuevos empleos públicos en el Estado, que se suman a las 600.000 plazas convocadas desde 2018 en el Estado, autonomías y Ayuntamientos (aunque sólo un tercio se han cubierto). Pero sólo hay 277.500 empleados públicos más que en 2011, por los recortes de Rajoy, lo que provoca escasez de personal en muchos organismos, desde el DNI a Tráfico o las oficinas de empleo y de la SS. Aunque persiste el mito de que “tenemos muchos funcionarios”, los datos indican que España está en linea con Europa y tenemos menos empleo público que Francia o los nórdicos aunque más que Alemania e Italia. El otro problema es que un 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales o son interinos, casi la mitad en sanidad o educación, lo que ha motivado varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia para que los hagan fijos. Urge una reforma a fondo de la Función Pública, para conseguir más personal, bien formado y con contratos decentes.

                   Oposición para cubrir oferta de empleo público

En mayo se superaron los 3 millones de empleados públicos cotizando a la Seguridad Social, exactamente 3.023.133 afiliados, un 60% trabajando en las autonomías (1.840.990 empleados públicos), otro 24,5% empleados en los Ayuntamientos y Diputaciones (741.683) y sólo un 14,5% trabajando en la Administración General del Estado (440.760 empleados públicos afiliados a la SS). Aunque estos 3 millones de empleados públicos son un récord histórico, sólo suponen 310.000 más que los afiliados públicos en 2011, el anterior máximo (2.690.099 en julio de 2011).

El empleo público todavía trata de recuperarse de los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012, siguiendo los ajustes de Bruselas. Así, los empleados públicos cayeron del máximo de 2.690.099 ocupados en julio de 2011 a 2.583.504 empleados en julio de 2018, a poco de irse Rajoy de la Moncloa. Un recorte de -52.677 empleados públicos entre 2011 y 2018, según el Boletín Estadístico de Personal público, al no sustituirse las jubilaciones y despedirse a personal contratado. Pero este ajuste de personal recayó en exclusiva en el Estado (-67.315 ocupados), porque en estos años duros aumentaron las plantillas de las autonomías (+6.713 empleados) y los Ayuntamientos (+5.582 empleados).

En la segunda mitad de 2018, el nuevo Gobierno Sánchez empezó a reponer parte de las jubilaciones de empleados públicos, convocando nuevas plazas de empleo público hasta 2023 (160.000 en la Administración del Estado), abriendo también la mano autonomías y Ayuntamientos. Con ello, en julio de 2023 había en España 2.967.578 empleados públicos, +384.074 ocupados que en el mínimo de 2018, según el Boletín Estadístico de Hacienda. El mayor aumento de personal se ha vuelto a dar en las autonomías (trabajan 347.113 personas más que en 2018), siendo mucho menor el aumento de plantillas públicas en los Ayuntamientos (+21.348) y en el Estado central (+15.613, un tercio sólo de los empleos perdidos entre 2012 y 2018).

¿Tenemos muchos funcionarios, como señala un mito popular? La respuesta corta es no. Los datos revelan que hay 3,5 millones de ocupados en el sector público, según la última EPA (marzo 2024), los que dicen que trabajan para la administración (aunque sólo 3 millones coticen a la SS). Y estos 3,5 millones suponen un 16,71% de todos los ocupados en España (21.250.000), un porcentaje que se ha mantenido estable desde 2018 (el empleo público suponía el 16,45% del total), a pesar del aumento de las plantillas públicas. La media europea (UE-27) de empleados públicos estaba en el 17% del total en 2020 (último dato de Eurostat). Y tenían más porcentaje de empleados públicos que España los paises nórdicos (29% de los ocupados en Suecia, 28% en Dinamarca, 25% en Finlandia). Estonia y Croacia (23%), Lituania (22,5%) y Francia (22%), siendo menor su peso en Alemania (el 11% del empleo es público), Paises Bajos (12%), Italia (14%) o Portugal (15%).

Así que no tenemos “un exceso” de personal público. Y basta intentar renovar el DNI o el carnet de conducir, ir a una oficina de empleo o intentar arreglar los papeles de la jubilación para comprobar la falta de personal (y las consiguientes “colas”), por no hablar de la falta de personal en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como en muchos Ayuntamientos. Y hay un dato impactante que relativiza el aumento (pequeño) del empleo público: entre 2011 y 2023 se crearon en España 3.439.400 nuevos empleos y el empleo público creció estos años sólo en +277.479 ocupados. A lo claro: sólo 1 de cada 12 nuevos empleos creados en España desde 2011 han sido en el sector público (+277.479), los 11 restantes se han creado en el sector privado (3.161.921 nuevos empleos).

Para afrontar este “déficit” de empleos públicos, por jubilaciones que no se han cubierto y mayores necesidades en los servicios públicos (hay casi 1,5 millones de habitantes censados más), los Gobiernos de Sánchez han ido aprobando convocatorias de plazas de empleos públicos: 160.000 entre 2018 y 2023, sólo en la Administración General del Estado. Y lo mismo han hecho las autonomías y Ayuntamientos. En conjunto, se estima que las tres administraciones han convocado unas 600.000 nuevas plazas de empleo público entre 2018 y 2023. Pero sólo un tercio se han cubierto (225.000), según datos del CSIF. En unos casos, por retrasos entre la convocatoria de plazas y la adjudicación (todavía están pendientes plazas del empleo público ofertado en 2023). Y en otros, por problemas burocráticos en las convocatorias (hay puestos que no se cubren porque no hay suficientes candidatos que aprueben), que impiden cubrir las plazas. De hecho, la Función Pública reconoce que hay miles de plazas de estas convocatorias públicas que han caducado por mala gestión y no volverán a convocarse…

Ahora, el Gobierno Sánchez aprobará  una nueva convocatoria de plazas públicas en la Administración central del Estado para 2024, la mayor hasta ahora: 40.121 plazas, 10.600 de promoción libre (cualquiera puede presentarse a la oposición), 10.600 de promoción interna (para interinos) y otras 8.681 plazas para Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad (6.260 abiertas y 2.161 de promoción interna). Los sindicatos apoyan esta convocatoria pero creen que es “insuficiente”, aunque valoran que se concentre en los servicios de atención pública más faltos de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico.

El primer gran problema estructural de la Función Pública es que muchos servicios están “cortos de personal” y necesitan ampliar plantillas. Pero el problema quizás más grave es la enorme precariedad del empleo público: casi un millón de los que trabajan para la administración tienen un empleo temporal, algunos durante décadas. Dos ejemplos. En Canarias, un funcionario de Justicia lleva 27 años trabajando como “interino” (cubriendo el puesto de un funcionario). En el Hospital de la Princesa, en Madrid, un médico de urgencias lleva con un contrato temporal desde 2005 (como el 83% de médicos del centro)… 

Lo que ha pasado en los últimos 12 años, además del recorte de personal, es el aumento de la precariedad del empleo público, para contrarrestar la prohibición de contratar. En principio, el ajuste de Rajoy de 2012 prohibía sustituir a los jubilados (“tasa de reposición” cero de 2012 a 2014, el 50% en 2015 y menos del 100% después) y hacer nuevas contrataciones de personal. Pero como los servicios públicos no podían parar, el Estado y sobre todo las autonomías y Ayuntamientos se buscaron “subterfugios” para contratar, cubriendo con  personal laboral (“interinos”) los puestos que habían dejado libres los funcionarios jubilados y contratando a personal temporal para cubrir otros puestos.

Las cifras evidencian otra vez lo que ha pasado: la precariedad se ha disparado en las administraciones desde los ajustes. En 2011, el 61,45% de todos los empleados públicos (2.690.099) eran funcionarios por oposición (1.653.246), repartiéndose el resto entre personal laboral (690.278, el 25,65%) y “otros” (básicamente interinos que ocupaban puestos de funcionarios), 346.323 ocupados ( 12,87% del total). En sólo 12 años, en 2023, la proporción de los funcionarios de carrera ha caído a menos de la mitad de las plantillas (1.472.277, el 49,6% de todos los empleados públicos), mientras ha seguido aumentando el personal laboral (ahora son 853.703, el 28,7%) y, sobre todo, se ha casi duplicado el peso de los “interinos”: son ya 641.599 empleados públicos, el 21,6%.

El problema de la mayoría del personal laboral y de los interinos es que su trabajo es “temporal”, no tienen fijeza y pueden perder su empleo si se recortan costes y servicios o si el puesto lo acaba cubriendo un funcionario. De hecho, la estadística oficial señala que el sector público en España tenía una “tasa de temporalidad” del 29,58% a finales de 2023, más del doble de la tasa de temporalidad del sector privado (que ha bajado al 13,2%, gracias a la reforma laboral). Se estima que casi 1 millón de empleados públicos tienen un contrato temporal, más en las autonomías (44% de los empleados públicos son temporales) que en los Ayuntamientos  (20%) y que en la Administración central (sólo 5% son temporales). Y esta mayor temporalidad autonómica se concentra en Canarias (59% empleados públicos), País Vasco (57%), Comunidad Valenciana (51%), Murcia o Baleares (47%), Asturias o Aragón (46%) y Madrid (44%), sobre todo en Sanidad (más del 50% en 10 regiones) y Educación.

El Gobierno Sánchez sacó adelante en el Parlamento, en diciembre de 2021, la Ley 20/2021, para reducir esta disparada temporalidad del sector público, del 30% al 8% a finales de 2024. Y para ello, la Ley permitía que el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos convocaran concursos de estabilización (reducidas), para sacar plazas de interinos y que puedan optar a ellas los que trabajan ahí temporalmente. Pero además de aprobarlas, los interinos aportan puntos por los años de experiencia, con lo que se las quedan los que llevan más años y las aprueban. En otros casos, muchas plazas de reposición (abiertas) no se acaban de cubrir y por ello siguen en sus puestos los interinos. Así que apenas ha bajado la tasa de temporalidad, porque sólo se han cubierta 225.000 de las 600.000 plazas ofertadas (las que se aprueban ahora en 2024 no se cubrirán hasta 2025, como pronto). Y con ello, parece evidente que el objetivo de rebajar la temporalidad el 8% tardará años en conseguirse.

Por eso, muchos temporales e interinos recurren a los tribunales, cuando pierden su puesto o antes, para que les reconozcan la fijeza tras décadas trabajando en la administración. La tendencia de los tribunales españoles ha sido no aceptar la fijeza o dictar bajas indemnizaciones. Sólo en los últimos años, los tribunales y el Supremo han empezado a admitir la conversión de algunos temporales de la administración en “indefinidos no fijos”, un invento laboral : es una figura intermedia entre funcionario y personal temporal, que no es fijo (su contrato puede finalizar cuando un funcionario ocupe su puesto”) y no tiene tampoco la protección de los funcionarios (sólo se les puede despedir por motivos disciplinarios). La única ventaja de ser “indefinidos no fijos” es que si les despiden, tienen una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 meses (los temporales tienen 12 días).

Los empleados públicos españoles y los propios tribunales han acudido en  varias ocasiones al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) para que se pronuncie sobre contratados e interinos. Y hay dos sentencias recientes. Una del 22 de febrero de 2024, relacionada con los 360.500 trabajadores públicos temporales, en la que el TJUE) dictamina que los procesos de estabilización en marcha en España (ofertas públicas de empleo) y las mayores indemnizaciones no son suficientes y que sólo cabe hacer fijos a estos empleados públicos que llevan más de 3 años (y décadas) trabajando como temporales. El 13 de junio, el Tribunal europeo de Justicia ha emitido otra sentencia, relacionada esta vez con los 800.000 interinos estimados, en la que vuelve a dictaminar que se les haga “indefinidos”: esta vez no habla de “fijos” sino de hacerles “indefinidos”, pero no acepta esa fórmula del Supremo de “indefinidos no fijos” y defiende que tengan la protección de un trabajador indefinido (que puede ser despedido por distintos motivos y tienen menos protección que un funcionario).

Ahora, tras estas 2 sentencias del TJUE, el Gobierno dice que la pelota de los temporales e interinos de las distintas administraciones la tiene el Tribunal Supremo, que debe fijar jurisprudencia para el resto de tribunales. Y sólo después, según lo que decida, pensarán si promueven algún cambio legal sobre la contratación pública. Mientras, el nuevo ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, está estudiando abordar una reforma a fondo de la Administración Púbica y sus políticas de contratación. Por un lado, ya ha anunciado que va a suprimir en 2025 las actuales tasas de reposición (sustituir al 100% de los jubilados y el 120% en algunos organismos más necesitados), que son un corsé que limita la planificación de las plantillas públicas. Su idea es hacer una previsión de necesidades a medio plazo y estudiar cómo cubrirlas, mejorando los procesos de selección de personal y tratando de incorporar talento joven (y digital) a las distintas administraciones públicas.

El reto es enorme, porque hay que reforzar los servicios públicos, tanto por la mayor demanda de servicios de más calidad como para sustituir a los muchos empleados públicos que se van  a jubilar en dos décadas, porque tenemos unas plantillas muy envejecidas (el 59% de los empleados públicos tienen 50 años o más). Y habrá que encajar esta nueva política de personal con la urgente digitalización de muchos servicios públicos. Todo ello exige planificar a medio plazo necesidades, personal (cuántos de ellos funcionarios y cuantos con contratos “decentes”, no temporales), horarios (más amplios y diversificados), sueldos, promoción y consideración (no puede ser que los mejores cerebros acaben en el sector privado) y, sobre todo, el reparto entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, que ahora crecen “cada una a su aire” . Y en paralelo, mejorar la formación, profesionalidad y eficiencia de los empleados públicos, con una mayor conciencia de que trabajan para los ciudadanos, que somos los que pagamos su sueldo. El objetivo debe ser reformar a fondo una Administración anclada en el siglo XIX y prepararla mejor para este siglo XXI.

Se despide mucho más (la mitad, gratis)

España crea mucho empleo, pero las empresas también despiden más que nunca: casi 2 millones de trabajadores perdieron su empleo en 2023 por despidos disciplinarios, causas económicas o por incumplir el periodo de prueba. Son el doble que antes de la reforma laboral de 2021. Y estos despidos siguen creciendo en 2024 (639.286 hasta abril). Parece que las empresas utilizan estas vías para renovar sus plantillas, para despedir a empleados fijos, ahora que no pueden hacer tantos contratos temporales. Y lo hacen porque les sale barato: el 53% de estos despidos no se indemnizan. Los sindicatos denunciaron este abuso a Europa hace dos años, y el Comité de Derechos Sociales acaba de dictaminar contra España, argumentando que las indemnizaciones por despido no se ajustan a la Carta Social Europea. Ahora, el Gobierno tendrá que cambiarlas, mientras los sindicatos piden una indemnización mínima de 6 meses, para evitar el abuso de despidos en los nuevos contratos. Será la 2ª reforma laboral, más difícil de aprobar con la patronal en contra.

                     Enrique Ortega

Cada día se hacen en España miles de contratos (1.339.653 en todo mayo), varios por cada puesto de trabajo al año, y también miles de despidos, en un mercado laboral muy dinámico, que no para. Y eso se traduce en miles de altas y bajas a la Seguridad Social cada mes. En todo 2023 se registraron 22.549.541 altas laborales y otras 21.692.022 bajas. Y en mayo de 2024, el último mes con datos, se registraron en la Seguridad Social 2.032.520 altas laborales y 1.905.774 bajas, con un récord histórico de 21.219.318 afiliados.

Este enorme dinamismo del mercado laboral español y la fuerte creación de empleo neto (altas menos bajas) oculta un dato llamativo: las bajas a la Seguridad Social se han disparado en los dos últimos años, tras la reforma laboral de 2021 (en vigor desde el 30 de marzo de 2022). Los datos de la Seguridad Social lo evidencian: en 2023, casi 2 millones de trabajadores (1.967.406)  perdieron su empleo, la mitad por despidos (991.265 bajas) y la otra mitad por no superar el periodo de prueba (976.141 bajas). Es una cifra récord en la historia de la SS y supone un aumento del +15,38% sobre las bajas de 2022 (1.705.032) y, sobre todo, duplicar las bajas de 2021, antes de aplicarse la reforma laboral (1.094734 bajas). Y la tendencia sigue en 2024: de enero a abril se han registrado 639.286 bajas, un 9,36% más que en el primer cuatrimestre de 2023, algo más de la mitad por despidos (341.874) y el resto por no superar el periodo de prueba (297.412).

Los  sindicatos y muchos expertos consideran que las empresas utilizan estas vías para realizar “despidos encubiertos”, una “puerta trasera” para cambiar trabajadores y rotar plantillas, ahora que la reforma laboral les dificulta los contratos temporales. Y denuncian además, que este tipo de bajas permiten a las empresas “quitarse trabajadores” con muy poco coste. De hecho, los datos de la SS revelan que el 53% de las bajas por despido hechas en 2023 fueron por despidos disciplinarios, que no conllevan el pago de indemnización. Y todas las bajas por no superar el periodo de prueba (976.141) no tuvieron ningún coste para las empresas. En 2024, la tendencia sigue igual: el 54,6% de todo los despidos fueron disciplinarios, sin indemnización de entrada, lo mismo que las 297.412 bajas por no superar el periodo de prueba.

Hasta la reforma laboral, las empresas utilizaban los contratos temporales para “probar” nuevos trabajadores y “rotar sus plantillas”: los contrataban por días, semanas o meses y luego les daban de baja, con poca o nula indemnización. Pero con la reforma laboral de 2021, se han disparado los contratos indefinidos (el 44% de los hechos de enero a mayo 2024) y ahora las empresas buscan las vías para poder despedir también a estos trabajadores “fijos”. Y lo consiguen: el 92,4% de todas las bajas por despido de 2023 (916.199) se hicieron a trabajadores con contratos indefinidos. Y el 72% de los despidos por no superar el periodo de prueba se hicieron a trabajadores con contrato indefinido. Y lo mismo en 2024.

En definitiva, que la rotación en las plantillas ha cambiado de los trabajadores temporales (sigue) a los trabajadores “indefinidos”. Los sindicatos denuncian que las empresas utilizan “tres puertas” para quitarse empleados, 3 tipos de bajas para cambiar trabajadores con poco coste, con indemnizaciones bajas o nulas. Y argumentan que las estadísticas demuestran que su uso se ha disparado en 2022, 2023 y 2024, tras la reforma laboral de 2021.

La “primera puerta” que usan ahora muchas empresas para quitarse empleados y rotar plantillas son las bajas de trabajadores por no superar el periodo de prueba. Siempre ha habido “ periodos de prueba” en los trabajos (se deben fijar por escrito en el contrato y las concretan los distintos convenios, aunque a falta de criterio suelen ser de 6 meses para los titulados técnicos y 2 meses para el resto). Y siempre ha habido trabajadores que no los superaban. La novedad ahora es que las bajas por no superar el periodo de prueba se han disparado, sobre todo tras la reforma laboral: si hubo 444.722 bajas por este motivo en 2020 y 552.748 en 2021, en 2022 hubo 893.960 (+61,7%) y 991.265 en 2023 (+10,9%), un récord histórico. Y en los cuatro primeros meses de 2024 son ya 297.412 bajas por no superar el periodo de prueba, +9,26% que en el primer cuatrimestre de 2024.

Estas bajas por no cumplir el periodo de prueba son casi gratis para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a cobrar una indemnización al irse y sólo recibirá los sueldos pendientes y la parte correspondiente de pagas extras y vacaciones. Y con ello, puede utilizar esta “puerta” para rotar su plantilla y coger otro trabajador, ahora que es más difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido puede reclamar a Magistratura, si cree que el despido ha sido injusto, pero si ha estado poco en la empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará contratar un abogado e ir a juicio, por una baja indemnización (33 días por año en caso de despido improcedente o algo más si la empresa pacta para no ir a juicio).

La “segunda puerta” que las empresas utilizan para realizar “despidos encubiertos” son los despidos disciplinarios individuales, que se justifican por “un incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por varias causas que fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores: faltas repetidas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros trabajadores, “transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza” (sic), disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?), embriaguez habitual o toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual… Estos despidos disciplinarios se han hecho siempre, pero otra vez las estadísticas alertan del salto tras la reforma laboral: han pasado de 188.933 bajas en 2021 (ojo: en contratos indefinidos) a 367.705 en 2022 y 499.803 en 2023 (se han multiplicado por 2,6 en los últimos dos años). Y siguen creciendo en 2024 (186.893 hasta abril).

Este despido disciplinario sale también barato para las empresas en la mayoría de los casos, porque el trabajador despedido no tiene tampoco derecho a indemnización. Puede recurrirlo judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi imposible), pero sólo cobrará 33 días por año trabajado (con límite de 24 meses) o algo más si pacta con la empresa para no ir a juicio. Pero si el despedido lleva poco tiempo trabajando (estos despidos disciplinarios se aplican más a los que tienen poca antigüedad), tendrá que pensarse si le compensa reclamar. Y en muchos casos, a la empresa sí le compensa pagar una baja indemnización a cambio de poder contratar a otro empleado (más barato).

La “tercera puerta” que algunas empresas utilizan para hacer despidos “encubiertos” son las bajas individuales por motivos objetivos, por “causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (causas ETOP). Tras la pandemia, el gobierno Sánchez frenó estos despidos “por causas económicas” de las empresas, abriendo la vía de los “ERTE” (“aparcar” trabajadores un tiempo, pagándoles el desempleo, hasta que mejorara la situación del sector o empresa). El sistema ha evitado millones de despidos (había 3.617.205 trabajadores en ERTE en abril de 2020 y sólo 10.000 en abril de 2024), Pero ahora, muchas empresas utilizan el argumento de las causas económicas para dar de baja a trabajadores. Otra vez lo revelan las estadísticas: se ha pasado de 159.362 bajas por despido colectivo en 2021 a 394.926 bajas en 2023 (más del doble). Y este año, de enero a abril, 14.721 bajas por “causas objetivas” (+12,15%), a pesar de que la mayoría de empresas venden y ganan más.

Todavía hay una “cuarta puerta” para los despidos encubiertos, según los sindicatos. Están  contabilizadas en la SS como “bajas no voluntarias por otras causas”, un verdadero “cajón de sastre” donde se incluyen despidos al margen de las causas anteriores y sobre los que hay poca información. Son muchas bajas: 1.724.757 bajas en todo 2023, aunque la cifra es similar a la de 2021 (1.732.795). Pero en 2024 salta la alarma: 595.214 de enero a abril, un +14,6% que en 2023.

Al final, entre estas 3 o 4 puertas, se pierden más de 2 millones de empleos cada año, aunque el paro total baja en España (hay 315.141 parados registrados menos que en mayo de 2021)  porque sigue habiendo oferta de nuevas empleos y crece la ocupación general, a costa de una mayor rotación de trabajadores. Los sindicatos denuncian este aumento de los despidos “encubiertos”, que los sufren ahora otros trabajadores: la reforma laboral ha provocado que los despidos de trabajadores “indefinidos”, que ya eran mayoría antes  (72% del total en 2021) lo sean aún más ahora (suponen el 93% de estos despidos encubiertos) y que bajen los despidos de los trabajadores temporales (del 28% del total en 2021 al 7% ahora). En resumen: la reforma ha conseguido que haya muchos más trabajadores “indefinidos”, pero les ha hecho más vulnerable a los despidos, sobre todo los nuevos contratos.

Los sindicatos creen que este aumento de despidos “por la puerta de atrás” se debe a que son muy baratos o gratis para las empresas. Y por eso, consideran que sólo pueden frenarse si se aumenta la indemnización que deben pagar. La reforma laboral de Rajoy en 2013 bajó la indemnización por despido, de 45 a 33 días por año (y redujo el máximo de 42 mensualidades a 24). La reforma laboral del Gobierno Sánchez, aprobada en 2021, no quiso tocar estas indemnizaciones, para conseguir el apoyo de la patronal. Y porque España está en linea con las indemnizaciones de otros paises europeos. Pero hay un problema: la indemnización por despido es alta para un empleado con antigüedad, pero esos 33 días por año son una miseria para un trabajador al que le despiden con uno o dos años de contrato.

Para evitar este abuso de los despidos de indefinidos tras la reforma laboral, UGT presentó una denuncia, en marzo de 2022, ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, a la que se sumó CCOO a finales de 2022. En su argumentación jurídica, UGT reiteró que la indemnización por despido en España “no compensa a los trabajadores despedidos que llevan poco tiempo empleados” y que hay vías de despido (las tres puertas señaladas) que “son demasiado baratas para las empresas” y por eso han disparado su uso. Un ejemplo se dio en Barcelona, donde una trabajadora despedida (sin causa justa) a los 5 meses de contratarla recibió una indemnización de 942 euros, que un juez subió a 4.435 en una sentencia de 2023. Por ello, los sindicatos denunciaban que España no cumple la Carta Social europea.

En octubre de 2022, el Comité del Consejo de Europa admitió a trámite la denuncia de UGT. Y, curiosamente, en febrero de 2023, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recogió la tesis sindical y declaró en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta despedir utilizando las indemnizaciones de 33 días”. Después, en octubre, Sumar incluyó en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, este compromiso: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extensión de la relación laboral”.

Gobierno y sindicatos estaban a la espera de la decisión del Consejo de Europa. Y hace poco, el 20 de marzo, su Comité de Derechos Sociales emitió el esperado dictamen, que al día de hoy no se conoce. Pero todo apunta a que el Comité habrá sentenciado igual que en el caso de otros paises y de la recomendación hecha a España en 2023: el despido en España no se ajusta a la Carta Social Europea”, debido a que fija un límite máximo que “obvia las circunstancias del trabajador despedido”. Vamos, que da la razón a los sindicatos de que los 33 días por año son una miseria para los que han trabajado poco tiempo.

Ahora, se espera que el Gobierno publique la sentencia del Consejo de Europa (este verano) y apruebe cambios legales en las indemnizaciones. Pero mientras, ya hay una primera sentencia, del TSJ del País Vasco, que ha aplicado la decisión del Consejo de Europa, obligando a una empresa a pagar una indemnización adicional (de 30.000 euros) a un trabajador despedido antes del año prometido. Y se espera que otros jueces les seguirán. Mientras, los sindicatos proponen al Gobierno que apruebe una indemnización mínima de 6 meses de salario para los despidos improcedentes, mientras otros expertos defienden un nuevo sistema de indemnizaciones que tenga en cuenta las circunstancias del trabajador despedido. Y todos creen que si se encarezcan estos despidos de trabajadores con poca antigüedad, las empresas abusarán menos de ellos.

Ahora, el dictamen del Consejo de Europa fuerza al Gobierno a reformar las indemnizaciones, dentro o fuera de una 2ª reforma laboral, que debería incluir otros temas pendientes (horarios, condiciones de trabajo, productividad…). Será un gran reto para este otoño, pero esta reforma será mucho más difícil de acordar que la reforma laboral de 2021, porque las indemnizaciones son un tema tabú para la patronal, que lleva meses muy intransigente respecto a los temas a debate en el diálogo social. Y por si el pacto no fuera difícil, luego habría que aprobarlo en el Parlamento, con la oposición muy agresiva y poco negociadora. Así que si hay cambios laborales, habrá que imponerlos y así no suelen funcionar bien.

El teletrabajo vuelve a crecer

Aumentan los empleados que teletrabajan uno o dos días por semana desde casa, el campo o la playa y también los que teletrabajan más de la mitad de su jornada semanal. En total, son 3,05 millones de teletrabajadores, un récord que supera el de 2021 (por la pandemia), aunque estamos por debajo del teletrabajo en Europa. Teletrabajan más las mujeres, los empleados de 35 a 54 años, en información y comunicaciones, finanzas y seguros, energía, actividades profesionales, inmobiliarias y educación, en Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia. Mientras, los funcionarios reclaman poder teletrabajar 3 días por semana, como les prometieron, porque ahora sólo teletrabajan 1 día (algunos). En general, las pymes y muchas empresas son reacias a que sus empleados teletrabajen, porque les supone costes y temen “el escaqueo”. Pero está demostrado que en las actividades donde se puede teletrabajar (un tercio), se pierde menos tiempo en viajes y mejora la productividad de las empresas, facilitando la necesaria digitalización de la economía española. Trabajemos más a golpe de clic.

                    Enrique Ortega

La pandemia supuso un gran salto para el teletrabajo en España, que era marginal antes de 2020: en 2009, sólo teletrabajaban en España 1,12 millones de trabajadores, el 5,9% de los ocupados y diez años después, en 2019, sólo trabajaban a distancia 1,64 millones de ocupados, el 8,3% de la mano de obra, según el INE. Pero en 2020, con el COVID-19 y el confinamiento, el salto del teletrabajo fue espectacular: 3.015.200 trabajadores (1 de cada 6 ocupados) optaron por trabajar desde casa entre abril y junio de 2020, según la EPA. Al acabarse el estado de alarma y reanudarse la actividad casi normal, el teletrabajo perdió peso, pero aún cerró con 2,87 millones de españoles teletrabajando en 2020 (el 15% de los ocupados). Y en 2021, con las sucesivas oleadas de COVID, el teletrabajo logró su máximo: 3,03 millones trabajando a distancia (el 15,3% de los ocupados), la mayoría (1,86 millones) teletrabajando más de la mitad de su jornada semanal y el resto (1,16 millones) teletrabajando ocasionalmente, uno o dos días a la semana), según la última EPA.

En 2022, al superarse lo peor de la pandemia, el teletrabajo se desinfló y muchos trabajadores volvieron a sus fábricas y oficinas toda su jornada laboral. De hecho, en 2022 sólo teletrabajaron 2,81 millones de empleados (el 13,7% de los ocupados). Pero en 2023, en la primavera, el teletrabajo repuntó (2,91 millones en el 2º trimestre) y aunque cayó algo en verano (2,71 millones en el tercer trimestre), alcanzó un récord histórico en el último trimestre del año: 3,06 millones de personas teletrabajando. Y la tendencia se ha mantenido al inicio de 2024: 3,05 millones teletrabajando en el primer trimestre (un 14,4% de los ocupados), por encima del récord de 2021, tras la pandemia. Crece el teletrabajo, pero sólo los que teletrabajan “ocasionalmente” (uno o dos días a la semana): han pasado de 1,16 millones en 2021 (el anterior récord) a 1,46 millones a principios de 2024 (+300.000 teletrabajadores ocasionales). Porque los que teletrabajan “habitualmente” (más de la mitad de los días de su jornada semanal) han bajado, de 1,86 millones en 2021 a 1,59 millones en 2024.

Estos datos de la EPA indican claramente que lo que crece son los trabajadores que consiguen que sus empresas les permitan teletrabajar uno o dos días por semana, generalmente viernes o lunes (desde casa o desde una “escapada al campo o a la playa”), como una “compensación” para “retener a los empleados mejor formados y más necesarios”, en lugar de subirles más el sueldo. Son ya el 6,9% de los ocupados, un récord histórico (eran el 5,9% en 2021). Pero el teletrabajo “importante”, el que supone un cambio estructural en las condiciones laborales (trabajar más días a distancia que en la empresa), pierde peso desde 2021 y sólo lo disfrutan el 7,5% de los ocupados en 2024 (9,4% en 2021).

Con todo, este modelo de teletrabajo “híbrido” (1 o 2 días en casa y 3 o 4 días en la empresa) parece ser el que se está imponiendo en España, sobre todo entre los hombres (814.000 teletrabajan “ocasionalmente” frente a 670.000 mujeres) y los empleados de mediana edad (511.900 de los que trabajan ocasionalmente tienen entre 45 y 54 años y otros 384.900 teletrabajadores ocasionales tienen entre 35 y 44 años), básicamente en actividades de servicios, finanzas y seguros y administrativas, especialmente en grandes ciudades.

Analizando a todos los teletrabajadores (ocasionales y habituales), esos 3,05 millones que trabajaban a distancia en el primer trimestre, la mayoría son mujeres (53% del total), que aprovechan el teletrabajo para conciliar su empleo con la atención a niños y a mayores y las tareas del hogar. Y el teletrabajo se concentra entre los empleados de mediana edad (casi 1 millón de los 3 millones que teletrabajan tienen entre 45 y 54 años), así como entre los empleados de 35 a 44 años (800.000 teletrabajan), siendo casi inexistente el teletrabajo entre los menores de 24 años (menos de 90.000). Por sectores, el teletrabajo se concentra en los servicios (el 85%), sobre todo en las finanzas y seguros, la energía, el trabajo administrativo, las inmobiliarias y la educación, según un estudio de Adecco. Y por autonomías, destaca el teletrabajo en Madrid (19,1% de los ocupados, frente al 14,1% de media en España en 2023), por la mayor concentración de sedes centrales de empresas, Cataluña (14,1%), País Vasco (12,6%), Asturias (12,4%), Comunidad Valenciana(11,9%) y Galicia (11,8%).

De los 3,05 millones de empleados que teletrabajan, 2,1 millones son asalariados y el resto autónomos y empresarios, según un detallado estudio de CCOO. La mayoría de asalariados que teletrabajan  son mujeres (el 51,2%) y por sectores, destaca el altísimo teletrabajo de los asalariados de la información y telecomunicaciones (375.000, el 55% de los ocupados), finanzas y seguros (171.000 teletrabajadores, el 39% de ocupados), electricidad y gas (37% ocupados teletrabajan), actividades profesionales, científicas y técnicas (282.000 teletrabajan, el 32%), inmobiliarias (24% teletrabajan) y educación (330.000 teletrabajan, el 23% de ocupados). Hay otros sectores que tienen muchos teletrabajadores pero que suponen un bajo porcentaje del total de ocupados, como la industria (228.000 asalariados teletrabajan), la administración pública (194.000 teletrabajan) o el comercio (134.000). Y 6 autonomías concentran el 82% de todos los asalariados que teletrabajan: Madrid (22,8% asalariados teletrabajan, el doble del 11,6% de media en España), Cataluña (12,4%), País Vasco (11,8%), Comunidad Valenciana (10,7%) , Galicia (10,1%) y Andalucía (9,1%).

A pesar del nuevo salto en el teletrabajo, desde la primavera de 2023, España sigue por debajo del teletrabajo en Europa: ocupamos el puesto 13º en porcentaje de ocupados que teletrabajan, un 14,1% frente al 24,1% de media de ocupados que teletrabajan en la UE-27, según Eurostat (2023). Eso nos sitúa muy lejos de los paises líderes en teletrabajo, como Holanda (56,8% de los ocupados teletrabajan), Suecia (48%), Finlandia (43,3%) o Luxemburgo (43,1%) y también por debajo de Francia o Dinamarca) (el 36,4% de ocupados teletrabajan), de Austria (29,5%), Alemania (25,9%) o incluso Portugal (19,6%), aunque mejor que Italia (donde sólo teletrabajan el 13,1 de los ocupados). Y lo peor es que desde 2019 (antes de la pandemia) ha aumentado “la brecha” de teletrabajo con Europa (del 8,5 al 10% actual).

Una parte del retraso de España en teletrabajo se debe a nuestro modelo productivo: tenemos una economía muy basada en sectores y actividades donde es más difícil el trabajo a distancia (como el turismo, la hostelería y parte del comercio), un exceso de pymes (el 99% de las empresas), poco proclives a la digitalización y el teletrabajo, y una mano de obra menos formada digitalmente (12 millones de españoles no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones más solo acreditan habilidades digitales “básicas”, según este estudio de UGT). Además, nuestra estructura económica sólo permite teletrabajar a 1 de cada 3 ocupados, como mucho, según este estudio de CaixaBank: pueden hacerlo en la mayoría de los servicios, pero no en gran parte de la industria (sólo en un 25%), el comercio, la hostelería y el transporte (sólo el 23%), las actividades artísticas y recreativas (sólo el 19% del personal) o en la construcción (el 14%).

El teletrabajo crece, aunque lentamente, en las empresas privadas, pero ha caído en la Administración y en las empresas públicas. En abril de 2021 estaban teletrabajando un 30% de los empleados públicos (la mayoría 3 días por semana), para atender servicios esenciales. Pero en octubre de 2021, el Gobierno decidió que sólo teletrabajaran  un día los funcionarios de la Administración General del Estado (229.310 funcionarios) , una tendencia que siguieron los 2,3 millones de empleados públicos de autonomías y Ayuntamientos. Y aunque en 2022 aumentaron los empleados públicos que teletrabajaban, por el Plan de ahorro energético que siguió a la invasión de Ucrania, la mayoría de los funcionarios y empleados públicos ya no teletrabajan ( o sólo lo hacen 1 día a la semana). Y eso a pesar de que, en abril de 2021, los sindicatos de la Función Pública firmaron un acuerdo con el ministro Iceta para regular el teletrabajo de los empleados públicos: se les prometió 3 días por semana. Al día de hoy, siguen a la espera de un Decreto del Gobierno que cumpla lo prometido.

En el sector privado, muchas empresas, sobre todo pymes, no acaban de desarrollar el teletrabajo de sus empleados, a pesar de la Ley que regula el teletrabajo, que entró en vigor el 13 de octubre de 2021. En ella se reguló el teletrabajo (“voluntario y reversible”), obligando a las empresas a dotar a sus empleados del equipo necesario para teletrabajar y pagarles los gastos acarreados (equipos, wifi y electricidad), regulando la jornada, el alcance y los sistemas de control (y “desconexión digital”, un derecho de los teletrabajadores). Han pasado casi 3 años y muchas empresas no han aprobado sus Planes para fomentar el teletrabajo, a pesar de que sindicatos y patronal lo incluyeron (Capítulo X) en su V Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de 2023. Pero se avanza poco: así, en 2023, sólo se firmaron 181 nuevos convenios colectivos que regulaban el trabajo a distancia, según UGT.

El teletrabajo es una fuente de conflictos y demandas ante los Tribunales de lo Social, básicamente por reclamaciones de gastos que las empresas no asumen y por la falta del material adecuado para teletrabajar, así como por excesos en el control. En general, muchas empresas (sobre todo pymes) no son favorables a que sus empleados teletrabajen, por dos motivos: por el aumento de costes que les supone y por el miedo a que los teletrabajadores “se escaqueen”, un temor a no controlar bien el teletrabajo que hacen y los posibles abusos. Además, pesa mucho la cultura del “presentismo” en el trabajo, la costumbre de “calentar la silla” para justificar el trabajo de los empleados.

Sin embargo, la mayoría de expertos hacen hincapié en los enormes beneficios del teletrabajo. Básicamente, que se evita la pérdida de tiempo en los desplazamientos (hasta 3 horas diarias en las grandes ciudades) y la consiguiente factura para el medio ambiente (contaminación y gasto de combustibles fósiles), además de que el teletrabajo facilita la conciliación familiar y el cuidado de hijos y dependientes. Pero además, teletrabajar puede ser tan productivo o más que el trabajo presencial, ya que evita reuniones y pérdidas de tiempo innecesarias, permitiendo un mayor control de resultados, siempre que la empresa tenga un Plan concreto de teletrabajo y aporte medios y formación. Eso sí, el teletrabajo tiene algunos inconvenientes que hay que anticipar y evitar: menor seguridad y más riesgo de ciberataques, un posible bajón de la creatividad, dificultades para el trabajo en equipo (y el liderazgo) y menores oportunidades para la formación de los nuevos empleados.

La clave del teletrabajo es que la empresa (o la administración pública) tengan un Plan detallado de teletrabajo y destinen personal y medios para aplicarlo. Pero España tiene dos problemas “estructurales”, dos “cuellos de botella” para ampliar el teletrabajo: el primero, la baja formación digital de los trabajadores: 10,7 millones no se han formado nunca en competencias digitales, según la UGT. Sin embargo, el 64% de los adultos tienen competencias digitales básicas, más que en la media europea (54%), aunque sólo tenemos un 4,3% de especialistas TIC, frente al 4,6% en la UE-27, según el estudio DESI 2023. El 2º problema es el retraso digital de las empresas españolas, sobre todo las pymes. En general, invierten poco en herramientas digitales y España es el 5º país europeo con más empresas de bajo nivel digital: el 56,8%, frente al 45,8% en la UE-28, 38,4% en Reino Unido, 41,4% en Alemania y 50,3% en Francia, según este estudio de UGT.

Cara al futuro, una mayoría de los trabajadores está a favor del teletrabajo, un 27% para teletrabajar al 100% y un 38% apuesta por un modelo híbrido (teletrabajo ocasional y trabajo en la empresa), según un estudio de Edenred y Seresco. Incluso para muchos jóvenes, un motivo básico para cambiar de trabajo es que les impidan teletrabajar. Pero la realidad es que muchas empresas se están pensando reducir los días de teletrabajo e incluso suprimirlo, según una reciente Encuesta de EADA, donde las empresas temen por los costes y la pérdida de creatividad con el teletrabajo. Así que cara al futuro, nos debatimos entre un interés creciente de los trabajadores (sobre todo los más jóvenes) por el teletrabajo y una desconfianza empresarial creciente, salvo entre algunas grandes empresas y sectores. Hay que dar un empujón al teletrabajo donde se puede ampliar, porque es una garantía de mejorar la productividad y la digitalización de la economía, dos retos claves para España. Y de conseguir una mejor calidad del trabajo, que nos permita conciliar la profesión, los horarios, la familia y el ocio. Trabajemos más a golpe de clic.

España, tercer país con más pobreza de Europa

España crece más que Europa, pero la pobreza ha aumentado en España, en 2023 y desde 2019. Y somos el tercer país europeo con más pobreza, tras Rumanía y Bulgaria: un 26,5% de la población, 12.746.710 españoles en riesgo de pobreza, según las estadísticas europeas. “¿Donde estarán los pobres en Madrid?, se pregunta el portavoz de Ayuso. Los “pobres” son quienes ganan menos de 916 euros mensuales (1.923 euros una familia con dos hijos), no sólo los que piden por la calle sino muchos vecinos: inmigrantes, parados, madres solas con hijos, mayores y jóvenes, incluso personas con empleo (hay 2,5 millones de trabajadores “pobres”). Y tenemos 2,32 millones de niños viviendo en familias pobres, siendo España líder europeo en pobreza infantil. No basta con crecer y crear empleo, hay que mejorar las ayudas a los más vulnerables y resolver el problema de la vivienda. Urge un Pacto de Estado contra la pobreza: no es una cuestión ideológica sino “un cáncer” social, económico y político.

                       Enrique Ortega

Europa es, con Norteamérica, la región más rica del mundo, pero también tiene mucha pobreza, aunque no se habló de ella en las elecciones europeas. En 2023 había en la UE 94,6 millones de europeos “pobres”, un 21,4% de toda la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social, según las estadísticas europeas (Eurostat). Y aunque son 700.000 europeos “pobres” menos que en 2022, la cifra ha aumentado en 2,2 millones de pobres desde 2019 (cuando había 92,4 millones de pobres en la UE-27), por las consecuencias negativas de la pandemia y la alta inflación en los hogares más vulnerables.

¿Qué es ser pobre? Europa tiene una estadística, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”) que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne tres veces por semana a pagar recibos). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Según Eurostat, en la UE-27 hay 94,6 millones de pobres, algo más de 1 de cada 5 europeos (el 21,.4%, frente al 24% de pobres en 2015). Su perfil son mujeres (22,3% frente al 20,3% hombres), parados (66,3% pobres) o inactivos (43,2%), jóvenes de 18 a 24 años (26,1%), mujeres solas con hijos (22,4% pobres), menores (24,8%) y personas con bajo nivel educativo (más de un tercio son pobres).

España es el tercer país con más pobreza en Europa, con una tasa AROPE del 26,5% de la población en 2023 (12.742.621 personas “en riesgo de pobreza o exclusión social”) según publicó Eurostat la semana pasada. Sólo tienen más pobreza Rumanía (32% población) y Bulgaria (30%). Y hemos empeorado, porque en 2019 éramos el 5º país con más pobreza (nos superaban Grecia y Letonia) y en 2020,2021 y 2022 éramos el 4º país (nos superaba Grecia, que ahora tiene un 26,1%). Estamos por encima de la media de pobreza de la UE-27 (21,4% en 2023) y por encima de Italia (22,8%), Alemania (21,3%), Francia (20,4%) o Portugal (20,1%). Los paises europeos con menos pobreza son la República Checa (12,8%), Eslovenia(13,7%), Finlandia (15,8%), Polonia (16,3%), Chipre (16,7%) y Paises Bajos (17%).

La tasa de pobreza ha aumentado en España tras la pandemia, pasando del 26,2% de la población en 2019 al 26% en 2022 y al 26,5% en 2023, según el INE y Eurostat, lo que indica que hay 445.364 españoles pobres más que en 2019. Frente a estos datos oficiales, la derecha política se empeña en que hablar de pobreza es “una obsesión de la izquierda” (Ayuso). Incluso el portavoz de la Comunidad de Madrid (que tiene 1.300.000 “pobres”, según Eurostat), Enrique Osorio, ha dicho “¿Dónde están los pobres en Madrid” (ver vídeo). Quizás piensa que los pobres son sólo los que piden en los semáforos o los que duermen bajo cartones. Pero no es así. Como lleva años insistiendo Cáritas, “muchos de nuestros vecinos son pobres y no nos damos cuenta”. Y es que la pobreza se ha hecho estructural y afecta ya a muchas personas. Por eso la estadística AROPE indica que afecta al 26,5% de españoles en 2023, 12.746.710 personas que tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media española), poco empleo o muchas privaciones.

¿Quiénes son estos pobres en España? La estadística AROPE detalla los colectivos con una tasa de pobreza superior a la media (26,5%): mujeres (27,5% de pobreza frente al 25,5% los hombres), inmigrantes (57% de pobreza entre extranjeros no UE y 36,5% entre extranjeros europeos), parados (56,7%) y personas inactivas (38% de pobreza), hogares con poca educación (36,7%), menores de 16 años (el 34,3% viven en familias pobres), familias monoparentales con niños (32,4% son pobres y el 80% son mujeres solas), hogares con discapacitados (31%), parejas con niños (28,5% son pobres) y jóvenes de 16 a 29 años (27,4% pobres), según el detallado análisis de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Por autonomías, hay 9 regiones con más pobreza que la media española (26,5% en 2023): Ceuta (¡ 41,8% de la población es “pobre”!), Andalucía (37,5%), Melilla (36,7%), Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%), Castilla la Mancha (31,7%), Murcia (30,5%) y Comunidad Valenciana (29,6%), según la EAPN. Y las que tienen menos pobreza son, lógicamente, las autonomías más ricas: País Vasco (15,5% es pobre), Navarra (17,2%), Madrid (19,4%, casi 1 de cada 5), Aragón (20,4%), Cataluña (21,2%), Cantabria (22%) y Castilla y León (22,4%). Pero hay algo chocante: 10 autonomías españolas tienen hoy (2023) más porcentaje de pobres que antes de la pandemia, en 2019. Algunas están entre las más ricas, como País Vasco, Navarra, Cataluña, la Rioja, Cantabria, Baleares o Comunidad Valenciana, y otras que han empeorado son pobres, como Castilla la Mancha, Castilla y León y Galicia.

La mayoría de los 12,7 millones de pobres en España que revela Eurostat lo son porque tienen “pobreza monetaria”, porque ganan menos del 60% del ingreso medio en nuestro país. En 2023, esos “pobres monetarios” (por bajos ingresos) eran 9.715.577 personas, el 20,2% de la población (+8.446 “pobres monetarios” que en 2022 y +1.172 que en 2019), según la EAPN. Para incluirlos como “pobres monetarios”, la estadística europea y el INE fijan un nivel de ingresos: 10.990 euros anuales (916 euros al mes) para un soltero y 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para una familia con dos hijos. Esos son los que la estadística señala como “pobres”, porque con esos ingresos considera que no pueden vivir “decentemente”. Así que busque a su alrededor y ya verá que “conoce a muchos pobres”.

Hay otro nivel de pobreza peor, la llamada “pobreza severa”, que sufren los que ingresan menos del 40% del ingreso medio en España. Para 2023, integran este grupo los solteros que ingresan menos de 7.326 euros al año (611 euros al mes) y las familias con dos hijos que ingresan menos de 15.384 euros anuales (1.282 euros al mes). En 2023 eran 3,9 millones los españoles que estaban en situación de pobreza severa, el 8,3% de la población española( ha mejorado: eran el 9,2% en 2019) y 2 de cada 5 personas pobres, sobre todo inmigrantes, parados y mujeres solas con niños, además de jóvenes y mayores. Lo positivo es que esta pobreza severa se reduce: 900.000 españoles han salido de ella desde 2021.

Con todo, lo más preocupante es la elevada pobreza infantil en España: 2,32 millones de  niños y niñas vivían en 2023 en hogares “pobres” (que ingresan menos de 1.923 euros al mes), un 28,9% de los menores de 18 años, según el INE. Y el 13,7% de los niños viven en hogares con “pobreza severa”. Con estos datos, España es el país europeo con más pobreza infantil, superando a Rumanía y la alta tasa de pobreza infantil en Europa (25% de los menores), según un informe de UNICEF. Y además, España ocupa el puesto 36 con mayor pobreza infantil de los 39 paises OCDE: con una media del 28% (entre 2019 y 2021) sólo tienen más pobreza infantil Colombia (35,8%), Turquía (33,8%) y Reino Unido (20,7%), destacando la baja pobreza infantil  de Dinamarca (9,9%) Eslovenia (10%) y Finlandia (10,1%).

La gran mayoría de los “pobres AROPE” (9,7 millones de los 12,7 millones totales) lo son porque tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media de cada país). El resto son personas que no pueden atender sus necesidades básicas (otros 2 millones) o tienen un bajo nivel de empleo (1 millón más), aunque muchas personas vulnerables cumplen dos o tres indicadores a la vez (pobreza  monetaria, privaciones y bajo empleo). Lo preocupante de los datos del INE (Encuesta de Condiciones de Vida 2023)  no es sólo el alto nivel de pobreza sino que un 37,1% de todos los hogares no tienen capacidad para atender gastos imprevistos y casi la mitad (el 48,7%) tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y hay otros datos llamativos: un 33,1% de los españoles no puede coger una semana de vacaciones, un 20,7% no pueden calentar (o enfriar) su casa, un 11,7% pagan con retraso hipoteca o recibos y el 6,4% no pueden comer carne o pescado cada dos días.

En definitiva, sí hay pobres en España (12,7 millones, de ellos 9,7 millones por bajos ingresos) y la mayor pobreza se da entre las mujeres y jóvenes, los inmigrantes, parados o con trabajos precarios, las familias que tienen niños y discapacitados, sobre todo en el sur de España, Canarias, Ceuta y Melilla. Lo positivo es que, tras la pandemia, la acción protectora del Estado (ayudas, ERTES, gastos e impuestos) ha evitado que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza (2,4 millones en pobreza severa), según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). Y destaca también el efecto positivo de las pensiones públicas, que son “una vacuna contra la pobreza”: estiman que evitan que 7,8 millones de personas (jubilados y sus familias) acaben en la pobreza.

Pero el informe de la EAPN llama la atención sobre un hecho: el crecimiento de la economía y el importante empleo creado en España (1.280.000 empleos entre 2020 y 2023)  no han evitado que haya crecido la pobreza desde 2019 hasta hoy. Es evidente que el crecimiento y el empleo ayudan, pero “no son una vacuna contra la pobreza”, reflexiona la EAPN. Primero, porque mucho del empleo creado es precario (a tiempo parcial o temporal, a pesar de la mejoría por la reforma laboral) y mal pagado, con un alto nivel de paro (duplica al europeo), casi la mitad de jóvenes, mujeres y mayores con paro de larga duración. De hecho,” tener un trabajo no evita la pobreza”, según reitera la EAPN. Los datos revelan que un 32% de los “pobres” en España tienen un trabajo remunerado. Y cada vez hay más “trabajadores pobres”, casi 2,5 millones en 2023 (el 12% de los que trabajan).

Lo decisivo para que haya aumentado la pobreza desde 2019 ha sido, para la EAPN, la fuerte subida de la inflación y los problemas de la vivienda, el dispararse los alquileres. Por un lado, la alta inflación daña más a las familias con menos ingresos, porque les supone un mayor esfuerzo pagar los alimentos, la energía y las facturas que a las familias con más recursos. Y además, les ha afectado también más la fuerte subida de los alquileres (han subido tres veces más que sus ingresos). De hecho, vivir en alquiler es más frecuente entre los ”pobres” (el 33,3% son inquilinos) que entre los ”no pobres” (en alquiler sólo el 15,7%). Y tras las fuertes subidas de estos años, la tasa de pobreza de los que viven en alquiler (33,1%) duplica a la de quien tiene su casa en propiedad (15,7%), porque han tenido que afrontar alquileres disparados y mayores gastos (luz, gas, agua, seguros y múltiples recibos).

Ahora, los expertos de la EAPN reiteran que “no se puede atajar la pobreza sólo con más crecimiento y más empleo”, que hay que actuar sobre la inflación y sobre la vivienda, aumentando la oferta de alquileres subvencionados para las familias pobres. Y piden que no se reduzcan las ayudas contra la inflación : mantener la rebaja del IVA de los alimentos y la luz, que el Gobierno prorrogará después de junio. Además, piden un Pacto de Estado contra la pobreza, para que todos los partidos acuerden medidas (ayudas, fiscalidad, vivienda, educación, sanidad…) para ayudar a las familias más vulnerables. En paralelo, UNICEF pide un Pacto contra la pobreza infantil, que provoca daños económicos, educativos y mentales en nuestra infancia. Y si no se resuelven, estos niños serán  los adultos pobres de mañana. De momento, el Gobierno Sánchez ha creado un grupo de trabajo con ONGs para impulsar después este Pacto con autonomías y Ayuntamientos a lo largo de 2024.

España firmó en 2015 la Agenda 2030 aprobada por la ONU, que pretende reducir drásticamente la pobreza al final de esta década. Y en 2018, el nuevo gobierno Sánchez aprobó un Plan de Acción, con una posterior Estrategia contra la Pobreza 2019-2023, aprobada en marzo de 2019. Pero no estamos cumpliendo el objetivo:  reducir la pobreza a la mitad entre 2015 y 2030 (del 28,7% al 14,3%), sacar de la pobreza a 6 millones de españoles en estos 15 años. A medio camino, en 2023, la pobreza sólo se había reducido en -581.561 personas. Debería haberse reducido en 2,6 millones de personas más en estos 8 años. Por este enorme retraso, hay que dar un empujón a la lucha contra la pobreza en lo que queda de década.

Así que todos (Gobierno, autonomías, Ayuntamientos y organizaciones sociales) tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza , que está entre nuestros vecinos, aunque sólo se visualice en “las colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en las campañas electorales, ni en España ni en Europa. No podemos “mirar para otro lado”: la pobreza y la desigualdad están ahí, no son “un invento de la izquierda”, como defiende la ultra liberal Ayuso. La pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se frena cuando un 25% de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca a la democracia, porque las personas vulnerables no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza refleja una grave injusticia social. Por todo ello, urge extirpar la pobreza y no dejar atrás a la cuarta parte de los españoles.

España, líder en camareros universitarios

Este mes, 200.000 universitarios terminan su carrera y buscarán un trabajo, tarea difícil: el 25% no trabaja 4 años después de terminar la Universidad y muchos tienen empleos precarios y mal pagados. Lo peor es que un tercio de universitarios acaban trabajando en empleos para los que están “sobrecualificados”, un despilfarro de talento y recursos. Ahora, con el verano, muchos universitarios acaban en la hostelería, atendiendo terrazas: el 83,7% de los titulados españoles que trabajan en este sector lo hacen por debajo de su cualificación, frente al 68% de universitarios europeos. España tiene un doble problema: tenemos más jóvenes universitarios (el 50,5% entre 25 a 34 años) que el resto de Europa (44,7%) pero nuestro modelo económico no los incorpora. Y encima, su formación no se corresponde con la que piden las empresas (pocos licenciados en carreras técnicas y muchos en humanidades). Además, las oficinas de empleo no ayudan a colocar a los jóvenes, que optan por los portales online. Urge que los universitarios se formen mejor y no acaben poniendo cañas.

Acaba el curso universitario y unos 200.000 jóvenes terminan su carrera (199.048 “egresados” universitarios en 2021, según Educación) , un número que ha ido bajando desde 2013 (233.626 universitarios acabaron los cursos de Grado), por la caída de la natalidad y el aumento de tasas universitarias. Menos de la mitad de estos universitarios han terminado su carrera en 4 años (el 40,8%) y más de la mitad (53,4%) lo acaban con un año de retraso (un porcentaje mayor en las carreras técnicas), mientras un 18,7% abandonan la carrera el primer año o se cambian a otra (el 7%).El 81% de los que terminan estudios de Grado lo hacen en Universidades públicas, el 60% son mujeres y la mayoría (148.914 universitarios) tienen menos de 25 años. Y cada vez son más los que se “reenganchan” para hacer un Master: 141.696 universitarios terminan un master cada año (curso 2020-21, últimos datos de Educación), la mayoría mujeres (57%) y sólo el 51,5% lo hacen en Universidades públicas.

Tras terminar sus estudios, de Grado o Master, los universitarios se lanzan a la difícil tarea de buscar trabajo. Y no lo tienen fácil, como lo demuestra que, al año de terminar su carrera, solo cotizan a la Seguridad Social el 52,7% de los universitarios y a los 4 años de terminar el Grado sólo cotizan el 75,4% de los universitarios, según un estudio de la Fundación CYD, que refleja que trabajan más los que han hecho un Máster y los que han estudiado en Universidades privadas, siendo mayor el trabajo para los universitarios que han estudiado informática, ingenierías y ciencias de la salud, mientras trabajan menos los que estudiaron artes, humanidades, ciencias sociales, periodismo y ciencias de la educación.

Los universitarios consiguen más trabajo que los jóvenes con menos formación, pero aún así tienen una menor tasa de empleo y más paro que los universitarios europeos. Por un lado, tenemos el doble de universitarios en paro que en el resto de Europa: un 12,5% frente al 6,3% entre licenciados de 25 a 29 años y un 8,1% frente al 3,8% en la franja de edad de 30 a 34 años, según los datos de la Fundación CYD. En cuanto al empleo, en España trabajan el 76,3% de los jóvenes universitarios de 25 a 29 años, un porcentaje inferior al 83% de universitarios de esa edad que trabajan en Europa, según Eurostat. Y los universitarios con 30 a 34 años, trabajan el 85,6% en España frente al 89,3% en la UE-27. Además, los universitarios españoles tienen empleos más precarios: el 17,5% tienen contratos temporales y somos el 2º país UE con más temporalidad (tras Paises Bajos), muy por encima de la temporalidad de la UE (10,3% para los universitarios.

Y con unos contratos más precarios, los universitarios españoles ganan menos que sus colegas europeos: un 35% más que los jóvenes que se quedaron en Bachillerato, frente al 46% más que ganan comparativamente los universitarios UE, según la Fundación CYD. Y los universitarios en España ganan un 64% más que los que sólo tienen la ESO, mientras en Europa ganan un 75% más que los que sólo tienen los estudios básicos. De hecho, la mitad de los universitarios españoles ganan menos de 1.500 euros en los cuatro años siguientes a licenciarse, según un estudio del BBVA e Ivie.

Pero lo más llamativo es el alto porcentaje de universitarios que trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, los universitarios “sobrecualificados” para los trabajos que hacen, licenciados que acaban en un bar, en un comercio o de cajeros de supermercado. España es líder europeo de universitarios “sobrecualificados”: un 35,9% de los ocupados (20 a 64 años), frente al 22,2% en la UE-27, según Eurostat (2022) por encima de Grecia (32,5% de universitarios “sobrecualificados”), Irlanda (28%), Italia (22,5%), Francia (22%) o Alemania (20,2%). Y ese porcentaje de “sobreocupados” es mayor entre los universitarios más jóvenes (36,5%) y entre las mujeres (36,8% frente al 34,9% los hombres).

Esta sobrecualificación de los universitarios que trabajan se concentra en una serie de sectores de actividad, destacando dos: las empleadas del hogar (99,4% trabajan con más cualificación de la que necesitan) y la hostelería, donde el 83,7% de los universitarios empleados trabajan en puestos por debajo de su cualificación, sobre todo de camareros y en cocinas, limpieza y mantenimiento. Un porcentaje de “sobrecualificados” que supera con creces la media en la hostelería de Europa, que tiene un 68% de personal sobrecualificado (77,7% en Grecia,72,6% en Italia, 54,4% en Portugal y 52,7% en Francia, los otros paises turísticos). A la hostelería le sigue en porcentaje de “sobrecualificados” la agricultura (76,6% de universitarios en trabajos de menor categoría), logística (73,1%), administrativos (69,6%), comercio (61,8%) y construcción (53,2% de sobrecualificados).

El gran peso de los trabajadores “sobrecualificados”, universitarios vendiendo ropa o poniendo cañas, es un despilfarro de recursos, un “fracaso vital” ¿A qué se debe? Hay dos bloques de causas. Una, que España tiene más universitarios que el resto de Europa (un 50,5% de jóvenes entre 25 y 34 años son licenciados, frente al 44,7% en la UE-25, según la OCDE) y sin embargo tenemos una economía que no los absorbe, porque nuestro modelo económico está más basado en los servicios y el turismo, en las pymes que en la industria, la tecnología y las grandes empresas, que son quienes demandan más universitarios. Tenemos “demasiados universitarios” , muchos jóvenes con baja formación (26,6% frente al 12,2% en la UE-25) y pocos jóvenes con formación intermedia (Bachillerato y FP), la que más demanda nuestra economía : sólo un 22,9% de los jóvenes (25-34 años) frente al 43,1% en la UE-25. Y en este grupo, en España tiene poco peso la Formación Profesional (FP), que ofrece muchos empleos: sólo la cursan el 24% de los que terminan la ESO (la mayoría hacen Bachillerato), frente al 37,2% en Europa, el 55% en Paises Bajos, el 51,5% en Italia, el 36,9% en Francia y el 32,1% en Alemania, según la OCDE.

La otra causa de la “sobrecualificación”, de tanto talento desaprovechado, es la deficiente formación con la que se licencian los universitarios en España. Primero , la mayoría estudian carreras con poco futuro laboral, con una mayoría en Grados de humanidades sobre carreras técnicas (STEM, por sus iniciales en inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que tienen hoy mayor empleabilidad. Así, entre los que acabaron el Grado en el curso 2021-22 (último dato publicado), la mayoría se licenciaron en Ciencias Sociales (97.783) y Ciencias de la Salud (42.589, el doble que en 2006-2007), mientras bajan los licenciados en Ingenierías y Arquitectura (28.947 frente a 43.101 en 2006-2007) y en Ciencias (12.357 frente a 12.600 cinco años antes), aumentando los licenciados en Artes y Humanidades (17.372 licenciados frente a 14.101 en 2006-2007). Un dato resumen: cada año se gradúan 9.000 psicólogos y 1.500/1.700 físicos y matemáticos… En realidad, hay un déficit de licenciados (-25% que en Europa) en carreras de alta ocupación como Ciencias e Ingenierías.

El segundo problema es que la formación de los universitarios está “sobrevalorada”, en realidad, según este estudio de Funcas. Así, los programas internacionales PIACC alertan que España está entre los paises con menor puntuación en comprensión lectora y capacidad de cálculo de los adultos, así como menores niveles de “excelencia”. Y las empresas que tienen que contratarlos se quejan del “bajo nivel de competencias y conocimientos con el que terminan sus carreras los universitarios”, según las encuestas hechas por la Fundación FYD. Y hay un tercer problema, ligado con la formación que se imparte en la Universidad: tiene poco que ver con la formación que demandan las empresas, que se quejan de que no encuentran los perfiles (sobre todo técnicos) que necesitan. Y por eso ha crecido la demanda de titulados en FP Superior, que tienen una buena formación teórica y han hecho prácticas en empresas, con la FP dual (exige entre un 25 y un 35% de prácticas, 500 horas anuales).

Por todo ello, el último informe de la OCDE (octubre 2023) alertaba a España de la necesidad de actuar en la mejora de la educación y el empleo de los jóvenes, además de preocuparse de su vivienda y salud mental, para que puedan emanciparse. Empezando por la mejora de la educación, desde la escuela a la Universidad, con programas concretos para reducir el abandono escolar, mejorar la formación de los docentes y una enseñanza menos memorística y que fomente las “habilidades” de los alumnos. Y proponían potenciar más la Formación Profesional (donde faltan 300.000 plazas, según los sindicatos), lo que exige contar con la colaboración de 1 millón de empresas para hacer prácticas. Y sobre la formación universitaria, la OCDE pide que las empresas participen más en los Planes de estudio.

Otro conjunto de medidas que proponían hacen referencia a las políticas activas de empleo, a facilitar la recolocación de los parados, en especial los jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Y aquí queda mucho por hacer. Las oficinas de empleo públicas (dependientes de las autonomías) apenas ayudan a encontrar trabajo: en 2023, el SEPE sólo consiguió el 2,84% de las colocaciones (29.017 empleos) de jóvenes de 16 a 29 años. Jóvenes que, por eso, apenas se registran en el SEPE (sólo el 58% de los parados jóvenes) y prefieren utilizar los portales online privados (InfoJobs, Infoempleo, JobandTalent o  Linkedin). Las oficinas de empleo españolas tienen menos recursos humanos y materiales que las de la mayoría de Europa (necesitarían 1 orientador por cada 100 parados registrados y el SEPE tiene la tercera parte) y además no se conectan con la mayoría de las demandas de las empresas ni con las oficinas de otras autonomías, según denuncia este informe de Funcas.

Junto a estas medidas, los expertos educativos hacen hincapié en una reforma de la educación universitaria, defendiendo una mayor colaboración entre las empresas y la  Universidad, como propone el último informe de la Fundación FYD, que plantea una mayor participación de los sectores y empresas en los Planes de estudio, un mayor intercambio entre profesores y profesionales de las empresas, un aumento de las prácticas de los universitarios en las empresas (se dan en las Universidades privadas pero menos en las públicas) y, sobre todo, una mayor flexibilidad entre la Universidad y la FP Superior, para el trasvase de alumnos y experiencias, desde el acceso a los Másteres. Se trata de evitar que la Universidad sea “una fábrica de parados” y que los universitarios, en los que hemos volcado ingentes recursos y esperanzas, acaben poniendo cañas en un bar, de cajera de supermercado o vendiendo ropa en una tienda, un fracaso de todos. Formación, formación y formación, pero en lo que la economía y las empresas necesitan. Y muchas prácticas. A ello.