La peor sequía en 22 años

Estamos sufriendo en España  la peor sequía desde 1995, por culpa del cambio climático (menos lluvia y más calor) pero también porque somos el tercer país occidental con más “estrés” de agua (tras Italia e Israel), debido a que gastamos mucho y mal el poco agua que tenemos. Las consecuencias las vamos a notar este verano: aumento extra del 10% en las tarifas de la luz (que ya ha subido este año), encarecimiento de los alimentos (sobre todo futas, verduras y cereales), más incendios forestales (ya batimos récord desde hace 10 años) y problemas de abastecimiento en algunas zonas turísticas. Los expertos advierten que el cambio climático afecta especialmente a España y que las sequías serán cada vez más frecuentes e intensas. Por eso, urge tomar medidas, un Pacto del Agua que recorte el consumo, depure y desalinice aguas, suba tarifas e impuestos verdes y gaste más en obras hidráulicas, para afrontar las próximas sequías. Sin agua no hay futuro.



                                                                                            enrique ortega

España tiene este año un serio problema de sequía, como resultado de la combinación de varios factores. Por un lado, el cambio climático, que se traduce en menos lluvia y más calor. Desde octubre a finales de junio, las lluvias acumuladas han sido un 13% menores a las de un año hidrológico medio, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Y ha llovido un 75% menos de lo habitual en Galicia, Asturias, Cantabria y gran parte de Castilla y León. Por otro lado, la temperatura esta primavera ha sido más alta de lo habitual (lo que favorece la evaporación del agua): la temperatura media mundial ha sido de 15,4º, la más elevada desde que se tienen datos (1965), 1,7º por encima de la media 1.981-2000, según la Organización Meteorológica Mundial. Y se espera un verano muy cálido, según la AEMET. Pero además, España tiene factores propios que agravan la sequía: erosión y desertificación de los suelos, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de las aguas, poca depuración de aguas residuales y escaso uso desalinizadoras más un consumo excesivo de agua, sobre todo para los regadíos, las urbanizaciones de costa y el turismo.

El resultado se ve en los pantanos, que estaban el 18 de julio al 50,46 % de su capacidad, el nivel más bajo desde 1995, cuando los pantanos estaban al 40%. Y la situación es peor en las cuencas del Segura (embalses al 23,93% de capacidad), del Júcar (al 33,60%) y del Duero (44,04%), así como en los pantanos del Guadalquivir (43,35%) y la cuenca mediterránea andaluza (42,74%). Estamos peor que en la última gran sequía, la de 2005-2008 (pantanos al 57% de capacidad), y camino de acercarnos a las dos grandes sequías del siglo XX, la de 1981-84 (pantanos al 49% de capacidad) y la de 1.992-95 (pantanos al 40% de capacidad).

Las consecuencias de esta primera gran sequía del siglo XXI las vamos a notar pronto, este mismo verano. La primera, que nos va a subir el recibo de la luz, al contarse con menos energía hidráulica (más barata) y tener que utilizar más carbón y gas natural (caros) para producir electricidad: se espera una subida extra del 10% entre julio y septiembre, según estimaciones de Meff Power. Un aumento que se sumará al 18,4% que ya ha subido la luz en el primer semestre de 2017, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y además de más cara, la luz será más “sucia”: en los 5 primeros meses del año, el sector eléctrico ha emitido un 50% más de CO2 (27 millones de TM) que el año pasado.

La segunda consecuencia de la sequía es que ha deteriorado las cosechas, tanto las de algunas frutas de primavera y verduras como las de cereales de verano. Y eso, además de hundir las cuentas de los agricultores y ganaderos (menos pastos y más gasto en piensos), que perderán 1.600 millones de euros según cálculos de UPA, encarecerá muchos alimentos este verano, en especial carnes, frutas, verduras, pastas y cereales. Y los precios subirán aún más en las zonas turísticas, donde aumentará drásticamente la demanda de comida, por el aluvión de extranjeros y españoles este verano.

La tercera consecuencia de la sequía será el aumento de los incendios forestales. Ya en los 5 primeros meses de 2017 se han producido 6.169 siniestros (un 25% más que la media), con 38.200 hectáreas quemadas, la mayor superficie en los últimos 10 años (salvo en 2012). Y los expertos advierten que este será un verano peligroso, porque España genera mucha biomasa (estamos en una zona húmeda de la fachada atlántica de Europa) que cuando se combina con sequía y altas temperaturas es un cocktail explosivo.  Y advierten que, con el cambio climático, los incendios aumentarán en los próximos años y serán cada vez de mayor tamaño, algo que se observa en los últimos 10 años (los incendios son un 25% más grandes).

Y queda una consecuencia difícil de estimar, el efecto de la sequía sobre la población, en especial sobre las zonas turísticas. El aluvión de turistas que se espera este verano (más de 20 millones de extranjeros en julio y agosto, junto a otros tantos españoles), concentrados en el Litoral mediterráneo y las islas, dispararán la demanda de agua en medio de la sequía, lo que puede causar problemas puntuales de abastecimiento. Y más en zonas como Baleares y Levante, que tienen problemas endémicos de depuración de aguas.

Así que la sequía es un problema serio, con preocupantes consecuencias. El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto-ley para paliar sus efectos, con medidas fiscales, moratoria de cuotas de la SS a agricultores y regantes afectados y subvenciones para ciertos créditos. Algunos expertos critican que el Gobierno Rajoy permita con este real decreto una mayor desregulación del mercado del agua, al autorizar que los pequeños productores se la vendan a los grandes, lo que beneficia a los regantes con más recursos, los del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena), según la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y critican además que el decreto-ley de sequía (como otros anteriores) supone una “socialización de costes”, porque la exención de cotizaciones y las ayudas fiscales y crediticias no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua.

Y sobre todo, los expertos critican que el Gobierno actúe con medidas de urgencia “a golpe de sequía” y no planifique la política del agua el resto del año. Porque España tiene un problema de agua muy serio, mayor que el resto de Europa. De hecho, la OCDE acaba de alertar, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, que consume un mayor porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 paises OCDE, sólo superado por Italia e Israel (46%) y muy alejado de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía de Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos ha abierto expediente por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un  escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan al 17% de su capacidad en el Mediterráneo).

El problema clave, señalado por la OCDE y todos los expertos, es el exceso de consumo de agua en España, sobre todo para el regadío (82,1% del consumo total), porque somos el país con más superficie de riego y el segundo en porcentaje de tierras regadas (el 15%, tras Israel), seguido de los hogares, las urbanizaciones y el turismo (12,8%) y la industria (2,25%). Cara al futuro, el dilema es que este consumo crece año tras año y el agua decrece. Y con el cambio climático, que afectará más a España que al resto de Europa, será peor: para 2021 habrá un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua crecerá un 30%, según Ecologistas en Acción. Así que el colapso está asegurado.

¿Qué se puede hacer? Los expertos llevan años reclamándolo: reducir el consumo de agua y gestionar mejor la menor oferta disponible. Eso pasa, primero, por reducir los regadíos actuales (consumen el 82,1% del agua total) y además conseguir que sean más eficientes, que produzcan más con menos agua. Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales de regadío a 3-3,2 millones y no aprobar más (los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno Rajoy en 2016 autorizan 750.000 hectáreas más). En segundo lugar, hay que reducir el consumo de agua en el turismo y las urbanizaciones de costa, sobre todo en el Mediterráneo: un turista consume entre 3 y 4 veces más de agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y en tercer lugar, con un menor consumo de los hogares (139 litros/habitante al día), para lo que resulta clave subir las tarifas de agua, que son las octavas más baratas de Europa: 1,77 euros/m3 en 2015, mucho más barata que en Francia (3,8 euros/m3) o Alemania (5,2 euros/m3), países sin problema de sequía.

Además de recortar el consumo de agua (sobre todo para el riego y el turismo), España tiene que tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad del agua disponible, protegiendo los acuíferos (sobreexplotados y salinizados en muchas zonas) y preservando la calidad de las aguas, superficiales y subterráneas, cada vez más contaminadas (el 35%). Y tiene que ampliar la oferta de agua disponible, depurando más aguas residuales y utilizando al máximo las desalinizadoras. Además, hay que luchar contra las pérdidas de agua en las redes, que suponen un escandaloso 23%, renovando los viejos y deteriorados sistemas de abastecimiento.

Todo esto son medidas que cuestan dinero. Invertir en depuración de aguas residuales para cumplir con la Directiva europea costaría más de 5.000 millones de euros, a gastar en 200 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por importe de 12.000 millones de euros, para mejorar el aprovechamiento del agua y evitar las reiteradas inundaciones en muchas zonas. ¿De dónde puede salir tanto dinero? De los usuarios y del Presupuesto. Las tarifas de agua para el regadío son bajas y están subvencionadas y a las familias les cuesta el agua un 0,9% de sus gastos mensuales, mucho menos que la luz o el teléfono y  por debajo del 3% que considera la ONU como el mínimo para asegurar el futuro del agua. Y en paralelo a que ellos paguen más, el Estado también tiene que gastar más en agua: España invierte en infraestructuras del agua el 0,11% del PIB, menos de la mitad que Europa (0,27% la UE-28). Somos el 2º país europeo que menos invierte en agua, tras Suecia, cuando somos el país con más sequía. Así nos va.

La sequía no es un problema aislado este año sino que ha venido para quedarse, con altibajos. Y cada vez será más preocupante. Así que todos tenemos que “ponernos las pilas” con el agua. Urge un gran Pacto del Agua, sin politiqueos ni “guerras” entre regiones, donde Gobierno, partidos, regantes, consumidores y expertos pacten medidas y costes. Y acordar subidas de tarifas y nuevos impuestos verdes, para poder pagarlo. Es algo que hay que arreglar a 20 años vista y por eso urge empezar ya. Porque sin agua no hay futuro.