Los casos de corrupción,
desde Bárcenas a la Gürtel o la familia
Pujol, y la lista Falciani han puesto de moda los paraísos fiscales, sobre todo Suiza y Andorra. Pero no son sólo ellos:
hay cientos de millonarios, empresas y bancos españoles que tienen cuentas y compañías fantasmas en paraísos
fiscales de Europa y América. Concretamente, 34 de las 35 empresas y bancos del
IBEX tienen 810 filiales en paraísos fiscales, sobre todo en USA, Holanda,
Luxemburgo, Irlanda y Suiza. Y 136.000
grandes fortunas han declarado cuentas
en el extranjero. Unos y otros evaden
así más de 12.000 millones de euros, lo que costaría erradicar la pobreza. La OCDE
y el G-20 han aprobado medidas
para que en 2017 se intercambie información sobre las cuentas en paraísos fiscales y las
multinacionales informen de lo que hacen en cada país. Mientras, en España, la inspección tiene pocos
medios para vigilar a bancos, grandes empresas y multinacionales, que sólo pagan “legalmente” un 5,3% de impuestos.
enrique ortega |
Cada año, las grandes
fortunas, bancos, grandes empresas y multinacionales “eluden” el pago en España (legalmente) de 40.000 millones de euros en impuestos,
según la asociación de inspectores Gestha y de Fedea. Y al menos un tercio de estos
impuestos perdidos (más de 12.000 millones) se
deben a sus operaciones
en paraísos fiscales, que les permiten ocultar ingresos o
beneficios y rebajar impuestos. Un informe de Fedea
de 2013 cifraba en 144.000 millones de euros
lo que los españoles ocultan en paraísos fiscales, más de la mitad sólo en Suiza (80.000 millones, según un libro
de Gabriel Zucman).
Incluso podría ser mucho más. A raíz de la amnistía
fiscal de Montoro
en 2012, se dio la posibilidad a los contribuyentes con cuentas en el extranjero a que las regularizaran, sin pagar nada,
entre enero y abril de 2013. Al final, fueron 134.310 contribuyentes los que presentaron el
Modelo 720 con datos de cuentas,
valores e inmuebles en el extranjero por valor de 88.665 millones. En 2014, la cifra bajó a 53.170 declarantes, de
los que 32.000 eran nuevos y afloraron otros
20.615 millones en el extranjero. Luego, son 109.200
millones los declarados fuera (10% del PIB) y no parece descabellado
pensar que hay una cifra aún mayor sin declarar, con lo que el dinero
fuera sólo de particulares superaría
los 200.000 millones. Baste ver que había 2.694 españoles (nombres muy conocidos, con 1.700 millones de euros opacos) entre los 106.000 clientes de 206 países incluidos en la lista Falciani, sólo en la filial suiza del HSBC.
Y luego están los bancos
y grandes empresas, con numerosas filiales en el extranjero, sobre
todo en paraísos fiscales: 34 de las 35
empresas y bancos del IBEX (todas menos Indra) tienen 810 filiales en paraísos fiscales (2013), según un reciente estudio
de Intermon Oxfam a partir de las memorias de estas entidades. El Banco Santander es el líder en paraísos
fiscales (182 filiales), seguido de Iberdrola (66 filiales), Abengoa (63), BBVA
(52) y Repsol (49). Y sus destinos preferidos son Delaware (en
USA, con 352 filiales españolas), Holanda
(122 filiales), Luxemburgo (62),
Irlanda (56) y Suiza (25). La inversión
española en paraísos fiscales
representa el 24% de toda la inversión española en el exterior y el 56% de la
inversión extranjera en España proviene de paraísos fiscales (el 12,4% es inversión española encubierta: sale y vuelve a
entrar, tras pasar por un paraíso fiscal).
Los bancos tienen
filiales en paraísos fiscales para ofrecer cuentas y asesoramiento a empresas y
grandes fortunas, mientras las grandes
empresas y multinacionales utilizan los paraísos fiscales para su “ingeniería
fiscal”, para pagar menos impuestos “legalmente”. Los
sistemas son variados. En unos
casos, abusan en los precios de
transferencia: venden con pérdidas a una filial que vende a otra en un
paraíso fiscal (donde se quedan los beneficios) para vender luego a otra con
pérdidas y así indefinidamente. En otros casos, una empresa o banco presta a una filial y se deduce por ello
(hasta 2012, el 100% de los gastos financieros; ahora el 30%): el 26% de la
financiación española al exterior son préstamos de matrices a sus propias filiales.
Otra fórmula es trasvasar los beneficios a
filiales en paraísos fiscales, bajo la fórmula de “pagar por la marca”: Inditex tiene dos filiales en Holanda y
Suiza que facturan por consultoría y
marca a la matriz española. Entre 2009 y 2013 han “trasladado”
2.000 millones de dólares de beneficios a Holanda y Suiza
(“legalmente”), ahorrándose 325 millones
en impuestos a la Hacienda española, según
Intermón Oxfam. Y lo mismo hacen Ikea
o Starbucks con Holanda.
Otra
fórmula es lo que se denomina “doble irlandés” y “sándwich
holandés”, que es lo que hace Google
(y Apple). Facturan en España, a
través de una filial en Irlanda, que
trasfiere este dinero a una filial de Holanda
(donde no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la
marca) que tampoco paga impuestos y transfiere los beneficios a una filial en Bahamas (paraíso fiscal). Al final de
este periplo fiscal, Google
sólo paga el 2,4% de todos los beneficios que genera fuera de EEUU. Y así
muchas otras.
Como se ve, los “paraísos
fiscales” son
claves en la ingeniería fiscal de
bancos, grandes empresas y multinacionales para eludir el pago de
impuestos. Por eso, su importancia es creciente: al menos la mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal y los
activos en estos paraísos se estiman entre
20 y 32 billones de dólares, una cifra superior al PIB de EEUU y China
juntos, según datos del FMI (2014), recopilados por Intermon Oxfam.
La lista de “paraísos
fiscales” no es única y la
OCDE, que era quien fijaba la
“lista oficial”, ha sacado de ella a países que son verdaderos “paraísos” por
haber firmado “acuerdos de transparencia”
que no evitan la opacidad y la elusión de impuestos. Es el caso de Suiza, Luxemburgo, Holanda, Irlanda,
Delaware, Andorra, islas del Canal, Bermudas o islas Caimán, que no están ya en la “lista negra” de la OCDE.
En el caso de España, Hacienda publicó en 1991 una lista
de 48 “paraísos fiscales”, donde no estaba Suiza ni Delaware. Y en 2013 publicó la lista
actual, con 33 países, en la que ya no
figuran como “paraísos fiscales”
Andorra, Luxemburgo, Holanda (tres países clave para la “elusión
fiscal” de los españoles), Bahamas, Barbados, Bermudas, Trinidad Tobago,
Jamaica, Barbados, Panamá, Mónaco, San Marino, Hong-Kong, Malta, Gibraltar ni
las islas del Canal (Jersey, Guernesey, isla de Man)…
Con la crisis,
los líderes mundiales vieron la necesidad
de conseguir más ingresos fiscales y ya en 2009 plantearon una revisión
de la fiscalidad internacional. En la Cumbre del G-20 en México (junio
2012), se encargó a la OCDE medidas
contra los paraísos fiscales y la elusión de impuestos de las multinacionales.
En febrero y julio de 2013 se perfiló el
proyecto
BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting), con 15
medidas para asegurar que los países informaran de las cuentas opacas y
que bancos y grandes empresas sean más transparentes en su operativa
multinacional. Siete de estas medidas se aprobaron en el G-20 de San
Petersburgo (septiembre 2013) y el resto deben aprobarse en el G-20 en Turquía
(noviembre 2015), para entrar en vigor
en 2016. Es
un gran avance, pero si no se cambia al final, la exigencia de transparencia internacional solo obligará a las empresas que facturen más de 750 millones
de euros anuales: afectaría a multinacionales, bancos y empresas del IBEX35,
pero sólo a 183 de las 24.000 grandes
empresas que declaran en España, según
Intermon Oxfam.
En paralelo, La Comisión
Europea aprobó en 2013 una Directiva que exige a los bancos comunitarios a que informen de sus actividades país por país (hoy sólo lo
hacen los franceses), aunque la obligación no
entrará en vigor hasta 2017. Y a partir de 2016, Bruselas obligará a los países europeos a hacer públicos sus acuerdos fiscales con las multinacionales (como el de Luxemburgo, el escándalo Luxleaks), pero no los limita ni prohíbe. A nivel mundial, en 2017, la mayoría de los países estarán obligados a informar de las cuentas
bancarias, valores e inmuebles que tengan los ciudadanos extranjeros, tras
el acuerdo
firmado en Berlín, en octubre de 2014, por el G-20, la OCDE y 53 países,
entre ellos Luxemburgo, Holanda, Gibraltar, islas del Canal, islas Vírgenes,
islas Caimán, Bermudas, Andorra y Suiza
(esta última dará información a partir
de 2018). Con ello, Hacienda y las autoridades fiscales de los demás países
recibirán, desde 2017,
un listado anual de todas las cuentas de extranjeros abiertas a finales
de 2015 y las que se abran después, con saldos e importes recibidos.
Es un gran salto adelante en la
transparencia, aunque todavía queden dos años de opacidad. Pero habrá que ver si además de saber qué personas, bancos y empresas tienen cuentas y
filiales fuera de España, se consigue que
paguen más impuestos. Porque ahí está el problema: la mayoría del fraude
fiscal, estimado en España en 60.000
millones de euros anuales, corresponde a las mayores fortunas, bancos y grandes
empresas, según
Gestha, que pagan menos impuestos, muchas veces “legalmente”. Basta ver los
datos de Hacienda: en 2013, el tipo efectivo que pagaron al Fisco las
grandes empresas fue del 5,3% sobre
sus beneficios, mientras las pymes
pagaron un 16% (Informe Intermon Oxfam, página 32). Y todo gracias a las exenciones y
desgravaciones fiscales en el impuesto de Sociedades, muchas veces gracias a
filiales y operaciones en paraísos fiscales. Una
vergüenza.
La crisis ha arrasado las arcas públicas de todo el
mundo, mientras las grandes fortunas, bancos, grandes empresas y
multinacionales ganan más y pagan menos
impuestos. Por eso proliferan las peticiones de una reforma a fondo de la
fiscalidad internacional, para que la globalidad no suponga eludir impuestos.
Intermon Oxfam va más allá y pide
una Cumbre Fiscal Mundial, en
julio de 2015, que cree incluso un cuerpo
de vigilancia fiscal internacional (como el FMI o la OMC, que vigila el
comercio mundial). Y en España, piden
a todos los partidos que pacten una
Ley contra la evasión fiscal, que vigile estrechamente las cuentas e
inversiones en el exterior. Además, hacen
falta más medios. Hacienda creó
en 2013 la Oficina
de Fiscalidad Internacional, con sólo 50 personas, que poco pueden
hacer frente a los grandes bufetes que asesoran a bancos, grandes empresas y
multinacionales. Y en España sólo hay 1
inspector fiscal por cada 1928 contribuyentes, frente a 1x860 en Francia,
1x729 en Alemania o 1x900 de media en la
OCDE. Y lo peor: sólo el 20% del
trabajo de inspección de Hacienda está centrado en los más ricos, grandes empresas
y bancos, donde está la mayoría del fraude, según los técnicos de Hacienda (Gestha). El propio presidente de los inspectores acaba de reconocer que Hacienda centra sus investigaciones en los asalariados. Así
nos va.
En resumen:
sabemos que multinacionales, empresas,
bancos y grandes fortunas utilizan los
paraísos fiscales para pagar menos impuestos y que por eso hay déficit público, recortes y
pagamos más impuestos de lo que deberíamos. Teóricamente, unas nuevas normas internacionales les van a
poner más difícil ocultar ingresos fuera
y eludir impuestos desde 2017. Pero ya estarán buscando otras vías
para pagar menos. Por eso, la única garantía de justicia fiscal es tener nuevas leyes y más recursos contra el fraude,
vigilar mejor a los que tienen medios para defraudar más, no a la mayoría de
contribuyentes. Así de fácil.
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