Enero está siendo un mes muy frío en toda España y
eso aumentará los problemas de las familias que tienen dificultades para
calentar su vivienda: 8,5 millones de personas sufren “pobreza energética”
en España, un 17,5% de la población, casi el doble que la media europea y el
triple que en 2008 (5,9%). Aunque el Gobierno ha aumentado las ayudas
a estas familias, con el bono social eléctrico y térmico, sólo las reciben
1,7 millones de personas, la quinta parte de los que tienen problemas
para calentarse y pagar la luz. Este año, la luz seguirá cara y lo mismo la
calefacción, por lo que el Gobierno ha prorrogado estas ayudas a las
familias en situación de pobreza energética. Pero la medida, que se incluye
dentro del Decreto de revalorización de pensiones y prórroga del “escudo social”
está pendiente de convalidarse en el Congreso y tanto la
derecha como Junts amenazan con no aprobarla. Urge tomarse en serio este grave
problema, que tantas familias no puedan pagar la energía.
Ahora, en 2026, se espera otra subida del recibo de
la luz, aunque puede bajar en origen hasta un 12%, dado que los futuros prevén
un precio medio en el mercado mayorista de 56,70 euros MWh (que volvería a
bajar a 54,25 euros MWH en 2027), según estimaciones
de OMIP. Sin embargo, el recibo que pagamos podría subir este año.
A los que tienen tarifa reducida, por la subida de peajes (cargos
aprobados por el Gobierno) y, sobre todo, porque REE seguirá manteniendo “de
guardia” varias centrales de gas, para
evitar apagones, lo que supone un recargo
en la factura. Y los que tienen una tarifa “libre” (20
millones de consumidores) verán como en la revisión anual de tarifas le
suben, por estos cargos, al menos un 10%. Eso sí, la tarifa regulada del gas
para calefacción baja más del 5%.
En definitiva, pagar este año la luz y la calefacción será
caro, aunque puede haber algunos ahorros (ya también subidas si hay más
conflictos geopolíticos). Y como el invierno está siendo frío, todo apunta a
que la factura de la luz y la calefacción será un coste importante para
muchas familias, junto a los alquileres (o hipotecas), la alimentación
y el transporte. Por eso preocupa que aumenten las personas con problemas para
calentar su casa o pagar la luz: el pasado invierno (2024-2025), el 17,5%
de los españoles no pudieron calentar correctamente sus casas,
según
Eurostat. Eran más de 8,5 millones de personas con “pobreza
energética”, el
triple que en 2008 (entonces eran el 5,9% de la población).
España (con ese 17,5%) es el 4º país con más “pobreza
energética” de Europa, sólo por detrás de Bulgaria y Grecia (19% de
personas con pobreza energética) o Lituania (18%) y duplica la media europea
(9,2% de población con pobreza energética), según
Eurostat, quedando muy por delante de Alemania (6,3%), Francia
(11,8%), Italia (8,6%), Polonia (3,4%), Suecia (4,1%), Dinamarca
(4,4%) o Finlandia (2,7%), paises mucho más fríos que España. Además, 1
de cada 3 familias españolas tuvo que retrasar el pago de sus facturas
energéticas el invierno pasado, según otro Informe
sobre pobreza energética 2024. Y existe una “pobreza energética “oculta”:
un 15% de las familias tuvieron que recortar otros gastos básicos,
como la compra de alimentos, para pagar las facturas de calefacción.
Esta pobreza
energética en España es desigual, según
el estudio. Afecta mucho más a las familias que viven de alquiler (un 33%
sufren “pobreza energética”, casi el doble de la media española) que a los que
tienen su casa en propiedad (17,5% de pobreza energética). Y hay una gran
diferencia por autonomías: en Canarias y en las regiones más ricas
(Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, la Rioja, Cataluña y Baleares) baja la
tasa de pobreza energética (al 9%) y sube en las más pobres (al 23% en Extremadura,
el 14,3% en Andalucía o el 12,3% en Murcia). Y además, preocupa el alto
porcentaje de la pobreza
energética “ severa” : un 9,35% de las familias (4,5
millones de personas) que dedican un porcentaje excesivo de sus ingresos a las
facturas, incurren en retrasos severos de pago o no pueden mantener
temperaturas adecuadas (por debajo de 18°C-21°C).
Frente a este grave problema de la pobreza energética, el
Gobierno Zapatero creó en 2009 una ayuda, el bono social eléctrico,
que se reformó en 2017 y se amplió en octubre de 2018, con el Gobierno Sánchez,
que creó el bono social térmico. Dos formas de ayuda frente a la
pobreza energética que son un avance pero que sólo ayudan a 1.703.511
personas, 1 de cada 5 afectados por la pobreza energética (8,5 millones). Veámoslas
con detalle.
El bono
social eléctrico es un descuento en la factura de la luz que beneficia
a las familias más vulnerables, que tienen problemas serios para pagar el
recibo. El descuento varía según los ingresos del beneficiado: se rebajaba
un -42,5% la factura eléctrica (descuento vigente del 30 de junio al 31 de
diciembre de 2025) a los consumidores “vulnerables” (ingresan menos de
12.600 euros al año los solteros, 19.320 euros las parejas con un niño y menos de 23.500 euros
las familias con dos niños) y el descuento era del -57,5% para los consumidores
“vulnerables severos” (ingresan menos de 6.300 euros al año los
solteros, menos de 9.660 euros las parejas con 1 hijo, menos de 11.760 las
familias con dos hijos, menos de 16.800 euros anuales las familias numerosas y
menos de 16.800 euros los pensionistas). Además, hay un tercer grupo de
beneficiados, los consumidores “en exclusión social” (atendidos
por los servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías) que no tienen que
pagar nada de luz (ni se la pueden cortar) y a quien esas administraciones
pagan el 50% del recibo.
Este bono social eléctrico, esos descuentos en el recibo de
la luz, los solicitan los beneficiarios potenciales a su compañía eléctrica,
que se los aplicará si cumplen los requisitos, aunque realmente cargan
después este coste al resto de los consumidores (a través del concepto “financiación del
bono social” incluido en las facturas de la tarifa regulada, aunque los consumidores con contrato “libre” lo
acaban pagando también). En 2025 había 1.703.511
consumidores beneficiados por el bono social eléctrico,
medio millón más que antes de dispararse los precios de la energía por la invasión
de Ucrania (1.218.120 beneficiarios en 2021). Más de la mitad de estas ayudas
se concentran en Andalucía (348.435 beneficiarios), Comunidad Valenciana
(223.306), Cataluña (189.705) y Madrid (187.639).
El bono
social térmico, la otra ayuda complementaria disponible, es un
pago anual único para ayudar al pago de los gastos de calefacción,
agua caliente y cocina. Su cuantía depende de la zona climática donde vive
el beneficiario (más en Ávila que en Canarias), del grado de vulnerabilidad
(ingresos) y de lo que aporte opcionalmente la autonomía a esta ayuda, que se
financia con los Presupuestos del Estado (su coste fue de 312 millones en 2025,
frente a 75 millones abonados en 2019). En 2025, la ayuda del bono social
térmico variaba entre 40 y 373 euros anuales. Esta ayuda se abona en
cuenta entre enero y agosto a todos los que disfruten del bono social
eléctrico en diciembre del año anterior, pero este abono lo
gestionan las autonomías y eso supone una gran descoordinación y retraso
en las ayudas, por lo que algunos
dicen que existen “17 bonos sociales térmicos”. En 2025, los beneficiarios
del bono social térmico fueron 1.649.625
personas, medio millón más que en 2019.
Estas dos ayudas a los gastos energéticos se han ido
prorrogando en los últimos años, la última vez hasta el 31 de diciembre de
2025. Unos días antes de vencer el plazo, el 22 de diciembre pasado, El Gobierno
llegó a un pacto con EH Bildu para prorrogar estas dos ayudas
durante todo 2026. Y al día siguiente, en el Consejo de Ministros
del 23 de diciembre, el
Gobierno aprobó formalmente la prórroga, en un Real Decreto
que incluyó también la prohibición de desahucios y el mantenimiento del “escudo social” más la revalorización de las pensiones. Ahora, todas
estas medidas, incluida la prórroga de las ayudas a la pobreza energética, han
de ser convalidadas en el Congreso, algo problemático dado
que Junts asegura que no va a apoyar ningún Decreto del Gobierno, como PP y Vox.
Tenemos un antecedente de lo que puede pasar: hace
un año, el Gobierno llevó al Congreso un Decreto semejante, para
prorrogar el escudo social y revalorizar las pensiones y Junts lo tumbó, con
PP y Vox, para ratificarlo unos días más tarde con algunos cambios y la
partición del Decreto en dos (pensiones y otras ayudas). Ahora, PP, Vox, Junts
y PNV no confirman si apoyarán este Decreto y critican que el Gobierno haya
mezclado la revalorización de pensiones con la prórroga de ayudas contra la
pobreza energética, la prohibición de coste de suministros básicos (luz, gas o
agua) o la prohibición de los desahucios.
Mientras se concreta esta nueva “pelea política”
lo que está en el aire son la prórroga de las ayudas a 1.7 millones de personas
que tienen problemas para pagar la luz y calentar su casa, junto a la prohibición
de que les corten los suministros. El bono social eléctrico y térmico es una
ayuda importante para muchas familias, pero resulta
insuficiente a la vista de
los datos: 4 de cada 5 afectados por la pobreza
energética no reciben ninguna ayuda. Los expertos lo achacan al exceso
de requisitos y a la burocracia, que llevan a que muchos potenciales
beneficiarios de las ayudas ni siquiera las pidan. Y también hay
una gran descoordinación entre Administraciones, por lo que las
ONGs piden más implicación de los servicios sociales de los Ayuntamientos,
para atender mejor las necesidades energéticas.
En paralelo a las ayudas, la Comisión Europea ha pedido a
los paises otras medidas para paliar la pobreza energética, como
potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas, para que
estén mejor aisladas y las familias puedan gastar menos en luz y calefacción.
En este tema, España
está retrasada, a pesar de las importantes ayudas a la rehabilitación
energética con Fondos europeos: se rehabilitan energéticamente el 0,8% de
las viviendas, cuando la Comisión Europea considera que deberían
rehabilitarse el 2% cada año.
Ahora, el Gobierno debe aprobar finalmente la
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, cuyo borrador
presentó en septiembre de 2025. El Plan tiene 4 ejes de actuación
(caracterización de la pobreza energética y creación de un Observatorio,
protección de los consumidores, mejoras estructurales de las viviendas y mayor
coordinación de las distintas Administraciones), concretados en 12
medidas: aumento del bono social, mejora y ampliación del bono
social térmico (incluido en verano), concesión directa ayuda a los
beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, prohibición de cortes de suministro e
integrar medidas de descarbonización en la protección social energética.
Algunas organizaciones sociales y ONGs creen que habría que ser más ambiciosos
en esta nueva Estrategia, para cubrir a más personas energéticamente
vulnerables, en colaboración con Ayuntamientos, autonomías y las propias
compañías eléctricas. Y algunos
proponen crear un Banco de Energía, al estilo de los Bancos
de Alimentos, para canalizar donaciones (de energía o de dinero) a las familias
más vulnerables.
En resumen, el pago de la luz y la calefacción supone
cada vez un coste mayor para muchas familias, que no pueden afrontarlo,
con lo que no pueden calentar sus hogares o lo hacen a costa de reducir otros
gastos. Y España, al igual que en la pobreza general, es también líder en
Europa en esa pobreza energética, que afecta a casi 1 de cada 6
españoles (17,5%). Urge ayudarles este mes de enero, con la convalidación
en el Congreso de la prórroga del bono social eléctrico y térmico. Y
después, habría que acordar
un sistema de ayudas más eficaz, que llegara a la mayoría de los
afectados (ahora 4 de cada 5 están desatendidos), no sólo con descuentos y
ayudas en las facturas sino con medidas estructurales para rehabilitar las
viviendas y reducir el gasto energético. Un gasto que angustia cada invierno
a muchas familias.
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