A por los últimos Fondos europeos
Una de las prioridades que se ha fijado el
presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos
pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se
acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones
en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas,
algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el
Parlamento. Por eso, ha aprobado un cambio
de estrategia, para agilizar la gestión
de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando
a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte
de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el
Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar
las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello,
porque los Fondos europeos han sido uno
de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar
para no perderlos.
España fue el primer país europeo en aprobar un
Plan de Recuperación, el
27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del
Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente
adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en
créditos con bajo interés), con 4
objetivos básicos: la transición energética, la
digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la
reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno
Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el
16 de junio de 2021 lo
aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado),
siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de
2021, “con la máxima calificación”.
A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar
y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el
Tesoro español recibió la
primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”.
A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas
de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que
España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e
inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…
El primer
desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27
de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras
confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas,
entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan
de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la
igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y
firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos
europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su
buen funcionamiento.
España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el
27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un 2º desembolso oficial a España: otros
12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40
hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las
pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica
marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las
medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia
Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena
Alimentaria.
Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea
autorizó el
tercer desembolso condicionado para España: 6.000
millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España
había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley
Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de
autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la
luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la
Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para
cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una
herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.
Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España
recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras
confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la
transformación digital, la transición energética, pensiones, educación,
tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación
internacional.
Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000
millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total
adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de
Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a
bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a
cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron
pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo
hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo
público y la digitalización de las entidades locales.
La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años
ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de
2025, este era el
balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y
convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7%
del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037
adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs
(15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido
por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018
millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084),
Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251
millones).
Ahora, quedan
todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco
tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar
aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de
paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes
de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio
pasado, aprobando una Comunicación (”Next
Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar
sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos
europeos”, porque el
proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo
perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos;
y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.
A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha
trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos
europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”,
dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que
exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el
Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas
con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que
agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos
son los objetivos de la “Adenda
de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el
Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.
Por un lado, la
Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y
ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia.
Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas,
fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la
descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas
las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos
adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos,
se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España
se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece
Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y
la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que
afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno
aprobar en el Parlamento.
Pero hay más
cambios. El principal, que
se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos
pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230
hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen
ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con
la Comisión Europea. El objetivo está claro, en
palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro”
de las subvenciones europeas pendientes.
El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de
subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones
de créditos pendientes (menos imprescindibles), en
tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación
de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y
otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria,
Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento,
el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional
en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies,
la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios
fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.
De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.
Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba
nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no
recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800
millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó
a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la
amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que
se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana
con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos
25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos
cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas
elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos
Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas
exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.
El panorama es muy difícil, pero conseguir esos
últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para
mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás
no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del
crecimiento español desde 2022 a 2024: han
aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años
(12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias
a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se
estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.
Así que nos jugamos mucho como país en recibir
estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de
los 103.000
millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene
que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema
es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y
con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para
acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los
políticos lo entiendan.
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