Luz: tarifas más "libres" y más caras

En octubre subió la luz, por sexto mes consecutivo, y seguirá subiendo, cerrando 2016 con un aumento del 5 %, tras subir un 10% la pasada Legislatura. El nuevo Gobierno intentará congelar en 2017 la parte regulada (la mitad del recibo), pero lo tiene difícil porque hay muchos costes pendientes de cargar, como compensaciones a renovables o el bono social. La otra mitad del recibo (coste de la luz) subirá por la meteorología, las compras de Francia (tiene nucleares cerradas) y el aumento de márgenes a la distribución. Además, las eléctricas nos cargarán 2 euros extras de refacturación. Mientras, ya hay más usuarios del mercado “libre” (eléctricas fijan tarifas) que del "protegido". Y pagamos la tercera luz más cara de Europa sin impuestos. Y la más sucia: España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015. Esto pasa porque pagamos costes de más con el recibo. Urge hacer una auditoría de costes y poner orden en el mercado eléctrico, para que la luz sea más barata y más limpia.
 

enrique ortega

Este año 2016, el Gobierno Rajoy (en funciones) decidió no subir la parte regulada de la luz (los “peajes”, la mitad del recibo). Pero poco pudo hacer para impedir que subiera la otra mitad del recibo, la que tiene que ver con los precios que alcanza la electricidad en el mercado eléctrico diario y donde cuenta mucho la meteorología, el tiempo que hace. En los cuatro primeros meses, con mucha lluvia y viento, el precio de la electricidad bajó un 20,6%. Pero en mayo cambió el tiempo: más calor, sequía y poco viento, con lo que se ha generado menos electricidad en las centrales hidroeléctricas y los molinos eólicos, la más barata. Y con ello, la luz ha subido 6 meses consecutivos, un 21,2% entre mayo y octubre. Y los contratos de futuros apuntan a nuevas subidas en noviembre y quizás diciembre, con lo que el año 2016 se podría cerrar con una subida del recibo de la luz del 5%, para una familia con dos hijos que tenga una potencia instalada de 4,4 kW y consuma 3.900 kilovatios. En la pasada Legislatura (2012-2015), el recibo de la luz subió una media del 9,88%.

Ahora, el nuevo Gobierno Rajoy trabaja ya en congelar de nuevo en 2017 la parte regulada del recibo de la luz (los “peajes”, la mitad de la factura). Pero lo tiene bastante difícil, porque hay una serie de costes que están esperando para ser cargados en el recibo del año que viene. El primero, la compensación a las renovables, por haberles pagado (entre 2013 y 2016) unos precios estimados más bajos de los que les correspondía (para intentar así bajar la luz). Eso supone que habrá que pagarles 525 millones en 20 años, unos 25 millones al año (empezando por 2017). Además, los peajes han de recoger también la compensación a las centrales de cogeneración que funcionan con “purines” (defecación de los cerdos), que ganaron un recurso al Supremo por el que hay que pagarles más por su electricidad: la nueva retribución supone pagarles 200 millones más en 2017, con nuestro recibo. Y el tercer concepto a pagar será el bono social, 200 millones anuales que antes pagaban las eléctricas y que ahora tendremos que pagar los consumidores en el recibo de la luz.

La “historia” de este bono social es como para enfadarse mucho. Lo pactó el ministro Sebastián (PSOE) con las eléctricas en 2009: a cambio de no exigirles 1.000 millones de euros que habían cobrado de más (por derechos de emisión de CO2 duplicados), acordaron que las eléctricas se harían cargo del bono social, un descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables. Pero fue un acuerdo “verbal” y a los pocos meses, Iberdrola se saltó el “pacto” y recurrió el pago del bono social al Supremo. En 2012, una primera sentencia estableció que el criterio de reparto (sólo entre las 5 grandes eléctricas) era “discriminatorio” y obligó a devolverles el dinero pagado por el bono entre 2009 y 2012 (dinero que cobraron a costa de cargárnoslo en el recibo). En noviembre de 2014, Industria reformó el pago del bono, repartiendo su pago entre todas las empresas que vendían electricidad (unas 20), pero siguió cargándoles el bono (a pesar de la sentencia), como una manera de “ganar tiempo” y evitar subir la luz a corto plazo (2015 era “año electoral”). Las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo ha vuelto a fallar a su favor (en octubre de 2016), con lo que hay que volver a indemnizar a las eléctricas y devolverles lo pagado en 2014, 2015 y diez primeros meses de 2016, más intereses. En total, 503,21 millones de euros, que saldrán ahora de nuestros recibos.

Y además, cara a 2017 y años siguientes, habrá que buscar una fórmula para pagar el bono social, que cuesta 200 millones al año y que saldrán de nuestro recibo, con cargo a los “peajes”, en lugar de pagarse con cargo a los Presupuestos, como una ayuda social más. Entre tanto, muchos expertos critican el bono social, porque lo consideran injusto. Hay 2.414.000 consumidores (mayo 2016) que se benefician de esta rebaja del 25%: son los jubilados con pensiones mínimas, familias con todos sus miembros en paro, los clientes con menos de 3kw de potencia y las familias numerosas, al margen de lo que ganen. Por eso, se estima que dos tercios de los beneficiarios de este bono social no debían disfrutarlo y sin embargo hay dos tercios de familias con problemas para pagar la luz que no tienen derecho al bono. Así que habría que reformarlo a fondo, además de ver cómo se paga.

Estos tres costes extras van a encarecer los peajes para 2017 (la mitad del recibo). Pero también hay motivos para que suba el año que viene la otra mitad del recibo, la que está ligada al precio de la electricidad en el mercado eléctrico. Por un lado, el Gobierno tiene que cumplir otra sentencia del Supremo y subir el margen que se paga a las eléctricas por comercializar la luz: se les estaba pagando 4 euros anuales por kW contratado y la Comisión de la Competencia (CNMC) lo ha fijado en 5,24 euros tras la sentencia. Eso supondrá una subida extra de la luz del 1 al 2% en 2017, además de una refacturación de todos los recibos desde abril de 2014. El Gobierno Rajoy en funciones la había parado, pero ahora tendrá que permitir que las eléctricas nos hagan una subida extra de unos 2 euros por cliente en 2017 para cumplir esa sentencia del Supremo (además de cobrarnos más por comercializar la luz en el futuro). Otro factor que hará subir el precio de la luz en el mercado eléctrico serán las compras de electricidad de Francia, que hasta ahora nos vendía (exportaba) luz: ahora ha empezado a comprárnosla, tirando hacia arriba de los precios, porque va a parar 21 de sus 58 centrales nucleares (ya desde octubre), para revisar un posible fallo en las vasijas de sus generadores de vapor. Un tercer motivo para que suba la luz es que está subiendo el precio del petróleo y con él el precio del fuel y el gas que utilizan las centrales térmicas para generar electricidad. Y luego, habrá que ver qué hace la meteorología: si en 2017 sigue “el tiempo loco” (hace calor, llueve poco y hay poco viento), la luz será más cara.

Un  problema adicional es que la mayoría de los consumidores ya no disfruta de precios protegidos, los denominados PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor), que pagan por la electricidad el precio que se fija (cada día y cada hora) en el mercado eléctrico. Antes, la mayoría disfrutaba de estos precios “protegidos” y “transparentes”, pero en los dos últimos años, las eléctricas han hecho campañas para desviar estos clientes hacia el mercado “libre”, donde las tarifas las fijan las eléctricas “libremente”, estableciendo tarifas anuales o tarifas planas que normalmente incluyen otros costes (por mantenimiento) y cláusulas de revisión en caso de superar determinados consumos. El resultado es que en junio de 2016, 13.648.696 consumidores de electricidad están en el mercado “libre” (sometidos a las tarifas que les apliquen las eléctricas) y 12.076.194 clientes están en el mercado “protegido” (sometidos al precio que tenga la luz cada día en el mercado). Así que cuando decimos que la luz sube en los últimos 6 meses, la estadística sólo afecta al mercado “protegido”. El resto de usuarios, más de la mitad de los consumidores, no sabemos si pagan más o menos por la luz con tarifa "libre" (pero mucho nos tememos que si las eléctricas gastan millones en publicidad para que nos cambiemos a las tarifas "libres", no es precisamente para que ellos cobren menos...).

Pero los consumidores sí lo saben y por eso un 20,9% se declara poco o nada satisfecho con el servicio de la electricidad, según la última encuesta de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y el principal motivo que alegan es que la luz “es cara”. De hecho, la luz en España ha subido un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y actualmente, los consumidores domésticos pagan la 5ª luz más cara de Europa (tras Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia): 0,237 euros por kWh, un 12,3% más que la media de la UE (0,211 euros por kWh). Pero si descontamos los impuestos, que en España son de los más bajos de Europa (un 21% frente al 33% de media en la UE o el 52% en Alemania y el 69% en Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz más cara de Europa (0,184 euros por kWh), sólo por detrás de Reino Unido e Irlanda (dos islas, donde producir luz siempre es más caro) y un 30,5% más cara que Europa (0,141 euros por kWh la UE-28), según los últimos datos de Eurostat (2015). Y en el caso de las industrias, también pagan la tercera luz más cara sin impuestos (0,092 euros por kWh), un 16,4% más cara que la media UE-28 (0,079 euros por kWh), según Eurostat.

¿Por qué pagamos la luz más cara que en Europa?  Básicamente, porque pagamos costes de más, por tres caminos. El primero, contratando más potencia de luz de la que necesitamos: seguimos con el miedo a que “nos salte el automático” y un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan, según un estudio de Mirubee. Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho la parte de potencia del recibo (el +92% a los consumidores domésticos y el +145% a los industriales), con lo que ahora pagamos más por la potencia contratada que por la luz que consumimos (es una forma de "garantizarles ingresos" a las eléctricas, al margen de que suba o no el consumo de electricidad). Y si no, mire su recibo: en el último mío (septiembre 2016), pago 38,54 euros por potencia y 24,35 euros por  la energía consumida…

El segundo camino por el que pagamos costes de más es el sistema de precios que rige en el mercado eléctrico desde 1997 (Ley eléctrica de Aznar) y que afecta a casi la mitad del recibo (un 37,48% del precio de la luz, otro 41,14% son los “peajes” regulados por el Gobierno y el 21,38% restante del recibo son impuestos, según la CNMC). El sistema establece un precio medio para las distintas centrales que no cubre todos los costes de las renovables (más baratas pero con más gastos fijos) ni de las térmicas de fuel y gas, pero que paga en exceso los costes (fijos y variables) de las centrales hidroeléctricas y nucleares. O sea: pagamos de más el kilovatio hidráulico y nuclear y de menos el renovable y térmico. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de ternera: los del pollo y cerdo se forraban. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas entre 2005 y 2015 por este sistema de precios, que prima a las centrales hidráulicas y nucleares, ya amortizadas.

Pero hay más extracostes. El tercer camino para pagarlos es la parte regulada del recibo (el 41,14% de los “peajes”), esos costes que el Gobierno carga al recibo cada año. Una parte pueden estar “justificados”, como el pago al transporte de la luz (2,96% del recibo) o a la distribución (10,04%), pero no otros extra costes que nos cargan: compensaciones a las renovables (17,22% del recibo, para compensarles por no pagarles la luz por los costes que tienen), compensación a las eléctricas por el mayor coste luz en Baleares y Canarias (4,14% del recibo), amortización de la deuda eléctrica acumulada (más de 30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo), pago del bono social (0,41%), pago por interrumpibilidad (0,94% para grandes industrias, por “compensarles” ante posibles cortes de suministro que nunca han sufrido), moratoria nuclear (0,89% del recibo por el “parón nuclear” de Felipe González) y otros gastos (1,60%), como la compensación a las centrales térmicas por estar disponibles. Como se ve, un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido sumando costes que pagamos en el recibo en lugar de cargarlos al Presupuesto (la mayoría) o suprimirlos.

Ya sabemos los tres caminos por los que pagamos costes de más y las razones de que paguemos la tercera luz más cara de Europa. Ahora, lo que debería hacer el nuevo Gobierno es lo que los expertos llevan dos décadas pidiendo: una auditoría de costes, para saber lo que cuesta de verdad producir electricidad y pagar cada kilowatio por lo que vale. Y lo que sean costes “externos”, como compensar a las islas o el bono social, pagarlo con impuestos, no en el recibo. Claro que eso supone recortar los ingresos de las eléctricas, un sector muy poderoso, con gran poder político y mediático, que además utiliza al Supremo para aumentar sus ingresos. De hecho, ni González ni ZP se atrevieron a clarificar sus cuentas y menos Aznar y Rajoy, que han aumentado sus ingresos y beneficios (5.009 millones de euros en 2015 sólo las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Gas Natural y Endesa).

Es hora de clarificar las cuentas y afrontar la transición eléctrica pendiente. Urge imponer esta auditoría de costes y reducir la factura de la luz, además de hacerla más limpia. Porque crece la luz generada con carbón, fuel y gas, lo que ha provocado que España sea de los pocos paises donde han crecido las emisiones de CO2, un 0,5 % en 2014 y un 3,2% en 2015, mientras bajan en Europa (-4,1% en 2015). Hay que bajar el coste de la luz, porque pagamos de más y porque hay 5 millones de hogares con problemas para calentar sus hogares y pagar el recibo de la luz, según el estudio de ACA. Y porque nuestras empresas tienen más difícil competir y crear empleo al tener que pagar más caro el recibo de la luz. Y porque además de cara, la luz es sucia y destroza el medio ambiente. Gobierno y oposición deben poner orden en el mercado eléctrico, uno de nuestros grandes retos como país. Pacten soluciones, con luz y taquígrafos.