Tasas judiciales: la Justicia tiene un precio (alto)

Desde el 17 de diciembre, la Justicia es sólo gratuita para los pobres y el resto tiene que pagar por pleitear, entre 100 y 350 euros para empezar, subiendo luego (según los recursos) hasta pagar 2.300 euros, más un porcentaje sobre lo reclamado. Este “tasazo” ha provocado duras críticas del mundo judicial, desde jueces y fiscales a abogados, mientras el Gobierno argumenta que servirá para reducir el exceso de litigios (y recaudar 306 millones de euros). También ultima privatizar una parte de la Justicia, el Registro Civil, matrimonios y divorcios, que en 2014 llevarán los registradores y notarios (cobrando). Y estudia reducir los partidos judiciales a la mitad, concentrando juzgados. O sea, una justicia más cara y más lejos. Pero no más ágil: los juzgados siguen atascados, con poco personal y un 17,4 % menos de Presupuesto  que en 2010. Un colapso que perjudica a la economía y los ciudadanos.

enrique ortega

Ahora, al pensar en poner un pleito laboral, civil o contra la Administración, antes hay que echar cuentas de lo que va a costarnos: a la minuta del abogado y procurador (más perito, documentos y aranceles), hay que sumar el pago de las tasas judiciales, que antes sólo pagaban bancos y grandes empresas (desde 2002). Las tasas se pagan por cualquier demanda civil (pleitos entre particulares y contra empresas), contra la Administración (contencioso) y demandas laborales (cuando se recurre), no en pleitos penales. La tasa tiene una parte fija, cuyo importe se ha duplicado: oscila entre 100 y 1.200 euros según el pleito y las veces que se recurra: 200 euros una multa de tráfico, 300 un divorcio, 100-1.200 por una deuda, 500-700 por recurrir un despido…  Y luego hay una tasa variable añadida, por la que se paga  un 0,5% del valor de los bienes que se reclaman.

Al final, una demanda civil (300€), con recurso de apelación (800 €) y casación (1.200 €) sale ahora por 2.300 euros de tasas, más la parte variable y los gastos de letrado y procurador. Y hay que pagar antes para seguir pleiteando. Unas tasas que todo el mundo judicial, incluido el Fiscal general del Estado y el CGPJ, consideran excesivas, ya que a la víctima de una presunta negligencia médica, por ejemplo, puede acabar costándole el pleito 11.300 euros. De hecho, las asociaciones de consumidores denuncian que los más beneficiados son los bancos, aseguradoras y grandes empresas (eléctricas, telecos…), que van a tener ahora menos demandas de clientes, por su alto coste. Y también habrá menos demandas laborales (sobre todo reclamaciones de cantidad), se quejan los sindicatos.

El Gobierno justifica el tasazo en que servirá para reducir el exceso de litigios: más de 9 millones en España, frente a 4 millones en Francia o 7,5 millones en Italia. Y cree que se evitará el abuso de los que pleitean sólo para ganar tiempo: el 75% de los recursos los pierde el recurrente y el 80% de los casos que llegan al Supremo. También sugieren que si en España hay más pleitos es porque tenemos el doble de abogados que en Europa (125.208 abogados: 272 por 10.000 habitantes, frente a 127 en la UE). Además de “frenar el abuso” de los tribunales, argumentan, las tasas recaudarán 306 millones de euros (un 20% del Presupuesto del Ministerio) para financiar la justicia gratuita de los más pobres, las familias con ingresos brutos inferiores a 15.000 euros (los mileuristas).

A estas nuevas tasas en toda España hay que sumar las tasas judiciales que se cobran en Cataluña desde mayo de 2011 y que el Tribunal Constitucional ha suspendido esta semana, tras el recurso presentado por el Gobierno en diciembre: se pagaban entre 60 y 120 euros por pleitos civiles y entre 90 y 120 € en lo contencioso, tasas por las que la Generalitat recaudaba 25 millones anuales.

Pero la Justicia no se ha encarecido ahora. El octubre de 2011 entró en vigor la Ley de Medidas de Agilidad Procesal, pactada entre PSOE y PP, con dos cambios importantes. Uno, limitar las apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros ni ir al Contencioso  o al Supremo para cuantías inferiores a 800.000 euros. Lo que algunos abogados critican como “dejar la justicia para los ricos”. Otro cambio: ahora paga las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez) y se amplía el pago de costas al contencioso administrativo. Esto ya está retrayendo a los particulares a presentar menos recursos, sobre todo contra la Administración, que gana tres de cada cuatro pleitos. O sea, estamos más indefensos, salvo que nos arriesguemos a pagar si perdemos.

Cara al futuro, se anuncia una privatización de parte de la Justicia, los servicios que prestan  las 8.700 oficinas del Registro Civil: nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, cambio de apellidos, nacionalidades (1,4 millones  de trámites al año). Gallardón se lo ha ofrecido a los 1.000 Registradores de la Propiedad, que prestarían este servicio en 2014: gratis sólo el registro de nacimientos y defunciones y cobrando el resto, con tarifas de 20 a 40 euros. En paralelo, también “pillarán” los  3.000 notarios, a los que el Gobierno permitirá realizar matrimonios civiles (hay 100.000 al año), separaciones de mutuo acuerdo (70.000) y otras tareas que ahora hacen los jueces (declaraciones de herederos, adopciones, conflictos de lindes, convocatoria de Juntas…). Cobrándonos ,claro, por estos servicios.  

Además de más cara, a muchos la Justicia les va a quedar más lejos, porque en 2013 debe aprobarse la nueva reordenación judicial, que reducirá a la mitad los partidos judiciales (de 431 a 199), lo que supondrá cerrar y concentrar juzgados: si antes había 50.000 habitantes por demarcación (y 15 kilómetros) ahora habrá 100.000 (y una hora de viaje). Como antes pasó con escuelas, ambulatorios o trenes, ahora habrá pueblos que se quedarán sin Juzgado.

Al final, una justicia más cara y más lejana, pero no mejor: siguen los atascos, con 3 millones de litigios sin resolver al final de cada año y una larga lista de espera para las sentencias: 8,6 meses en pleitos civiles, de 8-10 meses en penal, 9,6 meses en lo social, 12,9 meses en lo contencioso y 25,9 meses en Tribunales superiores. Un caos (3.177 casos al año por Juzgado en Madrid), agravado por la crisis económica, según el CGPJ: desde 2007 hay un  millón de pleitos más al año, sobre todo pleitos civiles (+54%, por dispararse concursos de acreedores, monitorios y ejecuciones hipotecarias) y pleitos laborales (+50%, sobre todo por despidos, que se han duplicado).

Más trabajo y pocos recursos: faltan jueces (hay 5.171, 10,2 por 10.000 habitantes, frente a 21,3 en Europa), falta personal (un 20% interino, ahora en peligro), faltan medios y Juzgados (sólo en Madrid, el TSJM pide 39 juzgados y 32 jueces) y falta tecnología (hay 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles), imposibilitando la justicia electrónica sin papeles (e-expediente). Y sobre todo, faltan recursos: el Presupuesto de Justicia (Estado central más 12 autonomías con competencias) ha caído 500 millones, un 17,4% desde 2010.

En conclusión, la Justicia  sigue siendo un servicio público caótico, suspendido por los usuarios y ahora más caro. Hace falta dedicar más recursos a la Justicia (como a  Sanidad y Educación), poner orden y gastarlos mejor, agilizando procesos no poniendo un filtro con tasas a las clases medias. Es urgente poner en marcha un Pacto de Estado por la Justicia, tantas veces reclamado, quitando privilegios y ganando eficacia y agilidad, para que poner un pleito no sea un drama costoso y eterno sino un derecho accesible y eficaz. Justicia para todos.