La cuesta de enero: subidas y ayudas

Tras la resaca de compras de estas Navidades, llega la dura realidad de afrontarlos, de hacer frente a tarjetas y pagos. En un mes, enero, donde muchas empresas aprovechan para subirnos casi todo: teléfono e Internet, luz, agua, basuras, billetes de avión, autopistas, taxis, alquileres, tabaco, paquetes y sellos de Correos, seguros…Así que este enero será más difícil llegar a fin de mes. La contrapartida es que también suben los ingresos de casi 10 millones de pensionistas (más los que menos cobran), 3 millones de funcionarios, 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y las ayudas del ingreso mínimo vital (IMV) que cobran 785.000 hogares, pensiones, sueldos y ayudas públicas que se revalorizan desde el 1 de enero. Y también aumentan las ayudas al transporte, manteniendo las actuales y creando una tarifa plana que permite viajar barato. Ahora, la clave es ver lo que suben los sueldos este año, porque los precios de los alimentos, la vivienda y la energía seguirán altos en 2026.

                            Enrique Ortega

Enero es el mes elegido por muchas empresas para subir sus tarifas y precios, con el argumento de la subida de costes y del aumento del IPC. Y este año, la lista de subidas es muy amplia. Empezando por la subida de las tarifas del teléfono e Internet, que suelen subir dos veces al año. Esta vez, suben con pocos días de diferencia: el 8 de enero las sube Vodafone (+3,9% de media, entre 1 y 5 euros al mes), el 12 de enero Orange (+3,8%, de 1 a 6 euros al mes) y el 13 de enero Movistar (+4%), mientras Digi no las sube. En los últimos años, las telecos justificaban sus subidas en la previsión de aumento del IPC, pero este año suben mucho más (el IPC puede subir un 2,1%) y lo justifican en que les han subido los costes, sobre todo los productos audiovisuales que ofrecen (fútbol y plataformas).

Otra subida que notaremos será la del próximo recibo de la luz, que será diferente según el contrato que tengamos. Los que tienen un contrato de luz en el mercado “libre” (20 millones de clientes) tendrán subidas del 4 al 7% cuando les toque la revisión anual de su contrato, subidas que ya han anunciado Iberdrola, Endesa o las filiales de Repsol, argumentando que a ellos les ha subido la luz en 2025 (y ahora) porque Red Eléctrica obliga a mantener centrales de gas de guardia (más costosas) para evitar un nuevo apagón como el de abril pasado. El resto de clientes, los que están en el mercado regulado (8,4 millones) ya han sufrido en 2025 esta subida y la seguirán pagando en 2026. Y todos pagarán más este año por la subida de los peajes (un tercio del recibo) que fija la Administración: los peajes de acceso subirán un +4,1% y habrá que pagar en el recibo los demás cargos, que también suben.

Si sube la luz, también subirá la factura del agua que pagamos. En Madrid, el Canal de Isabel II ya anunció una subida de la factura del agua del 3% anual hasta 2030, debido a que lleva años sin subirse y tienen que acometer nuevas inversiones. Aigües de Barcelona también ha anunciado una subida del +2,9% para 2026, mientras otros municipios de su área metropolitana también subirán el agua, hasta el 5,8%. Y Aguas de Bizkaia ha anunciado subida de tarifas del 4% en 2026, lo mismo que muchas ciudades de media España.

También subirán en 2026 las tasas de basuras de la mayoría de municipios, que ya han aplicado en 2025 sus nuevas tarifas, mucho más altas que los anteriores, que volverán a subir este año, para ajustarlas paulatinamente a las nuevas exigencias de recogida de residuos.

Y también pagaremos más al viajar en avión, porque las aerolíneas nos cargarán en los billetes la subida del canon aeroportuario que les ha hecho AENA el 1 de enero, un aumento del +6,44% para afrontar las inversiones en los aeropuertos españoles. También será más caro viajar en coche por autopista: los peajes subirán este año un +2,61% al menos, aunque en las autopistas rescatadas por el Estado subirán menos, un +2%. También podría subir este año el impuesto que paga el gasóleo, porque la Comisión Europea obliga a igualarlo con el de la gasolina, aunque el Gobierno no logró aprobar en 2024 el Decreto que los equipara, por el rechazo del PP, Vox, UPN y Podemos. Pero es una reforma exigida para recibir 460 millones de Fondos europeos, por lo que el Gobierno se ha comprometido a intentar aprobar la equiparación antes de finales de marzo. De conseguirlo, el gasóleo subiría 7 céntimos por litro.

El tabaco ya ha subido el 1 de enero, con nuevos precios para los paquetes de cigarrillos, cigarros y picadura (ver nuevo listado de precios por marcas), aunque todavía fumar es más barato en España que en la mayoría de Europa. Y también han subido ya las tarifas de Correos, tanto los sellos (+7,9%: el franqueo ordinario cuesta 96 céntimos, el doble que en 2015), los certificados y los paquetes (+5,5%). Y han subido también los taxis en la mayoría de España, desde Madrid (+2,36%) y Barcelona (+2,3%) a Sevilla, Málaga, Valladolid, Ferrol o Salamanca, lo que se trasladará también a los vehículos VTC.

Con todo, lo más preocupante volverá a ser la subida de la vivienda, tanto para alquiler como para compra. Se espera otra subida de los alquileres del +10% en 2026, que se sumaría a las fuertes subidas de los años anteriores: +40,3% han subido los alquileres de media en España desde 2019 (+50% en Madrid y +46,15% en Barcelona, según Idealista).. Además, muchos contratos de alquiler (por 5 años) se terminan en 2026, con lo que los propietarios intentarán revisar bastante al alza los nuevos alquileres, con lo que se espera “un aluvión de subidas”. Y en cuanto a los precios de compraventa, están ya en niveles prohibitivos: 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid. Y podrían subir otro 15% más este año, según Idealista.

Lo que también subirá en 2026 serán las nuevas hipotecas, no sólo porque hay que pedir un mayor importe (el 80% del precio de venta) para afrontar los altos precios, sino porque el Euribor lleva 5 meses consecutivos subiendo (del 2,079% en julio al 2,267% en diciembre), con lo que los bancos cobrarán este año tipos más altos, en torno al 3,5%. Eso sí, los 4 millones de familias que están pagando una vieja hipoteca no tendrán un susto en la próxima revisión anual, porque el Euribor esperado para 2026 (por debajo del 2,5%) será todavía inferior al de 2025.

Y luego hay dos subidas aseguradas para 2026, aunque todavía no podamos decir cuánto. Una es la subida de los seguros, desde el seguro del automóvil y del hogar al seguro de salud, que llevan años subiendo mucho y que volverán  a subir bastante este año, justificándose en el aumento de costes de los talleres y reparaciones, los siniestros en casa y el aumento de los costes médicos en los hospitales privados. Y también están “cantadas” nuevas subidas de los alimentos: frutas y verduras (muy afectadas por el cambio climático y las cosechas), las carnes, los huevos, el café y el chocolate, más la bollería y las bebidas.

En cambio, hay otro gasto importante, el transporte público, que se modera o baja en 2026, por las ayudas que ha prorrogado o ampliado el Gobierno. Por un lado se prorrogan los actuales descuentos al transporte en tren y autobús, manteniendo los descuentos actuales en Cercanías, corta y media distancia y autobús, a los que se añaden un nuevo abono trimestral y un abono de 10 viajes para Cercanías, manteniéndose la gratuidad de todos los viajes para los menores de 14 años (para educar a los menores en el transporte público). Por otro lado, se crea un nuevo bono transporte de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajes ilimitados en Cercanías y media distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobuses. Un bono que convive con el resto de ayudas al transporte.

Estas ayudas van a permitir que millones de personas gasten hasta un 75% menos en transporte público en 2026, ahorrándose este año 1.371 millones de euros (el coste de las ayudas). Unas ayudas públicas al transporte que han sido claves estos años, desde 2018 a finales de 2025, en que el Gobierno ha destinado más de 11.000 millones de euros (7.200 millones desde 2022)  a subvencionar los billetes de Cercanías, trenes de media distancia y Avant y los autobuses de líneas estatales, según datos de Transportes.

Un ahorro en transportes que no compensa el rosario de las otras subidas de precios, unas anunciadas y otras silenciosas, que afectarán a nuestros bolsillos en este año 2026. Menos mal que hay colectivos que van a tener también un aumento de ingresos para afrontarlas, básicamente pensionistas, funcionarios y los más desfavorecidos que reciben ayudas públicas, que también se han revalorizado el 1 de enero.

Empecemos por los pensionistas, 9,42 millones de personas que cobrarán algo más por sus pensiones (10,42 millones) ya desde este mes de enero. La subida media de las pensiones es del +2,7% (la subida de la inflación anual de noviembre 2024 a noviembre 2025), lo que supondrá cobrar unos 40 euros más al mes (una jubilación media de 1.512 euros en 2025). Pero los 2,12 millones de pensionistas que cobran pensiones muy bajas, con complementos de mínimos, tendrán una subida mayor: +11,4% para los pensionistas con cargas familiares (y las viudas) y +7% para los que no las tienen. Y para los 471.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (dos tercios son mujeres), la subida es del +11,4%.

Los 3 millones de personas que trabajan para la Administración Pública cobrarán un +2,5% de subida retroactiva por 2025 y otro +2% de subida salarial en 2026, más otro +4,5% en 2027 y un 2% de subida en 2028, según el acuerdo pactado por el Gobierno, que supone una subida acumulada (por el efecto arrastre) del +11,4% entre 2025 y 2028, un aumento superior a la inflación esperada estos años, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

También volverá a subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI), que cobran unos 2,4 millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes que trabajan en el campo. De momento, en enero se ha prorrogado el salario mínimo actual (1.184 euros en 14 pagas), a la espera de que el Gobierno apruebe este mes la nueva subida, que se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de enero: los expertos consultados han propuesto que suba entre 37 y 56 euros al mes, mientras la patronal propone una subida de 18 euros (+1,5%) y los sindicatos piden subir 89 euros (+7,5%).

Y también sube el importe del ingreso mínimo vital (IMV) que reciben las familias más vulnerables, actualmente 785.722 hogares (beneficiando a 2,4 millones de personas). En 2025 cobraban entre 658,81 euros un adulto solo y 1.449 euros mensuales las familias numerosas, importes que han subido un 11,4% el 1 de enero, entre 75 y 170 euros más al mes. El problema es que esta ayuda (IMV) sólo llega a la mitad de las personas que están en pobreza severa (4,3 millones, según Cáritas). Y que muchas autonomías han aprovechado el IMV para suprimir o reducir su ayuda, las rentas mínimas de inserción: en los últimos 3 años se han reducido  más de 170.000 beneficiarios y 13 autonomías (Madrid y Aragón en cabeza, un -95%, seguidas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, la Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Galicia, Cataluña y Navarra) han reducido su gasto en estas ayudas autonómicas, que sólo llegan a 532.700 personas, el 6,1% de quienes viven en el umbral de la pobreza, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora, la clave para afrontar las nuevas subidas de precios va a estar en los salarios, en la subida que se pacte para 2026. Todo indica que la patronal no ofrecerá una subida por encima del 2% (la inflación subirá el 2,1%, según el Gobierno) y que los sindicatos pedirán una subida mínima del 3,5%, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años (los sueldos han subido un 13,45% entre 2022 y 2025 y la inflación un 15,4%). Y, sobre todo, pedirán que suban más los sueldos más bajos, porque el 30% de trabajadores ganan menos de 1.582 euros brutos al mes (y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos), según el Decil de salarios de la EPA 2024. Estos bajos salarios explican que casi la mitad de españoles (el 47,4% de los hogares, según el INE) lleguen con dificultad a fin de mes. Y más ahora, con la oleada de subidas de enero.

En definitiva, volvemos a sufrir subidas de precios en múltiples servicios y gastos, sin que tengamos claro lo que van a subir nuestros ingresos este año, lo que explica que muchos españoles no vean bien su economía (según el CIS) aunque España crezca más que la mayoría de paises occidentales. Eso debería obligar a tomar medidas para “repartir mejor el crecimiento”, controlando las subidas más impopulares (alimentación, energía, servicios públicos) y aumentando las ayudas a los más vulnerables, con medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y menos los que menos ingresan y viven de un sueldo. Y promover una negociación colectiva que suba más los sueldos más bajos, ahora que muchas empresas pueden hacerlo, porque llevan 5 años mejorando ventas y beneficios. Esas son las claves para que el crecimiento lo noten la mayoría de españoles.

2026, otro año de mayor crecimiento

2025 ha sido mejor de lo esperado hace meses, cuando se temía una recesión mundial por los aranceles de Trump y los conflictos geopolíticos. A final, el mundo ha crecido casi como en 2024 y Europa languidece, mientras España crece casi el doble que la UE, por 5º año consecutivo. Y todo apunta a que en 2026, la economía mundial crecerá como en 2025, sin sobresaltos, salvo la incertidumbre por las guerras y conflictos o el temor a una crisis bursátil por la burbuja de la Inteligencia Artificial. España volverá a crecer más que el resto de Europa, empujada por el aumento de la población (inmigrantes) y el empleo, que tirarán del consumo, junto a las mayores inversiones por los Fondos europeos (que se acaban).Pero este fuerte crecimiento no puede hacernos olvidar los problemas pendientes: subida de alimentos, alquileres por las nubes, sueldos bajos, jóvenes sin horizonte, deterioro de los servicios públicos (sobre todo la sanidad) y demasiada pobreza y desigualdad. Hay que repartir el crecimiento.

¡Feliz 2026¡

El año 2025 se ha cerrado con la sensación de que ha sido mejor de lo esperado, como ya pasó en 2023 y 2024, sin que los aranceles de Trump o los conflictos geopolíticos nos hayan sumido en una recesión, como algunos temían en primavera. El crecimiento mundial habrá sido del +3,2%, según el FMI, parecido al de 2024 (+3,3%), aunque con diferencias entre Europa (+1,3%), EEUU (+2%) y Asia (+4,5%). Al final, la economía internacional no ha caído en recesión porque los aranceles se han retrasado y suavizado sobre la amenaza inicial, por la capacidad de paises y empresas para reaccionar y adaptarse, por las bajadas de tipos (que reanimaron la inversión y el consumo) y por el alivio de la energía, con precios bajos del petróleo y el gas tras los sustos de años anteriores. Eso sí, en 2025 vimos un mundo más fragmentado, de bloques comerciales y políticamente dividido.

Este año 2026 se presenta bastante parecido, con un cierto dinamismo en la economía mundial, que podría crecer casi lo mismo (+3,1% prevé el FMI), con un crecimiento similar al de 2025 en EEUU (+2,1%), Europa (+1,4%) y China (+4,2%). Por un lado, se notarán más este año los aranceles de Trump, pero también avanzará la búsqueda de nuevos mercados por parte del resto del mundo. Y se esperan tipos bajos y energía barata, con el petróleo rozando los 62 dólares por barril, el precio más bajo desde febrero de 2021. Y se espera además que la inversión siga fuerte, empujada por la Inteligencia Artificial (IA), que movilizó 1,5 billones de dólares en 2025. Precisamente, el auge de la IA es un factor que puede contribuir a un salto de la productividad y el crecimiento, sobre todo en EEUU y China, pero también es un factor de incertidumbre: muchos expertos temen que la burbuja de la IA estalle en 2026 y provoque una debacle de las Bolsas, que han batido todos los récords en 2025.

Pero hay otras incertidumbres en el panorama internacional para 2026, en especial los conflictos geopolíticos (a Ucrania y Gaza de podría sumar Venezuela), la guerra comercial entre USA y China, el aumento de la deuda en EEUU y en todo el mundo (que podría llevar a recortes de gasto y a subidas de tipos), el gasto en Defensa (que impide otros gastos sociales), el progresivo envejecimiento de la población en Occidente y la emergencia climática, que no se afronta con decisión por el auge del negacionismo climático y causará nuevas y costosas emergencias (inundaciones, huracanes, incendios, sequías…).

En Europa, el año 2026 se presenta algo mejor, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea: se espera un crecimiento del +1,4% en la UE-27, el mismo que en 2025, pero con una cierta recuperación en Alemania, el motor del continente (espera crecer +1,2%, tras crecer sólo un +0,2% en 2025 y caer un -0,5% en 2024). Francia también crecerá algo más (+0,9% frente a +0,7% en 2025) e Italia (+0,8%, el doble que en 2025), aunque eso se contrapone con un elevado déficit público en los tres paises para 2026 (-4,0% del PIB Alemania, -4,9% Francia y -2,8% Italia), que dificultará reanimar más estas economías, máxime con el estancamiento político en Francia y los enfrentamientos en Italia.

Pero este ligero crecimiento de la UE y de sus tres mayores economías es muy importante para España, porque son nuestros mayores clientes (allí van el 33% de todas nuestras exportaciones) y los europeos que más vienen como turistas (el 31,6% vienen de estos 3 paises europeos). Esto nos ayudará más a crecer en 2026, un año en que la Comisión augura un crecimiento para España del +2,3%, casi el doble que el de la UE-27 (1,4%) y Alemania (1,2%). Con ello, será el 6º año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crecerá más que la media europea: hemos crecido +11,1% entre 2021 y 2025, más del doble de lo que han crecido estos años la UE-27 (+5,2%). Y eso gracias al mayor aumento de la población y del empleo, al turismo, a las exportaciones y a las inversiones promovidas por los Fondos UE.

Este año 2026, el mayor crecimiento español se asentará en dos motores, según las previsiones del Gobierno. Uno, el consumo de las familias, que ha crecido ya en 2025, por el aumento de la población (+475.000 habitantes, por la inmigración) y del empleo (se habrán creado unos 600.000 empleos el año pasado), que han gastado más (y ahorrado menos), también porque los sueldos han subido algo más (+3,49%) que la inflación media esperada (+2,8%) y porque la bajada de tipos ha ayudado a los que tienen una hipoteca o un préstamo. El otro motor del crecimiento, en 2025 y 2026, será la inversión (pública y sobre todo privada), que crece gracias a la inyección de los fondos europeos y a la renovación tecnológica de las empresas, ayudada por la bajada de tipos.

El fuerte consumo de los hogares y la inversión empresarial no sólo tiran del crecimiento sino que reflejan la confianza de empresas y familias en la economía española, reforzadas por una enorme confianza en España de los inversores internacionales, que se demuestra en el aluvión de inversiones en el sector inmobiliario o energético (renovables), pero también en hoteles, turismo, empresas, tecnología y centros de datos. Una confianza que se traduce en que la prima de riesgo, lo que tenemos que pagar de más como país para financiarnos (deuda a 10 años) respecto a Alemania es menor en España (+0,44%) que el extra que tienen que pagar Francia (+0,72%) o Italia (+0,67%).

Todo apunta a que 2026 será el 6º año consecutivo en que España crecerá por encima de su potencial (+1,6%), gracias a una serie de factores que aportan un crecimiento extra, según el análisis de CaixaBank Research: los fondos UE (+0,6% adicional), el aumento de población (+0,5%), los bajos tipos de interés (+0,3%), el alivio de los precios energéticos (+0,1%), el mayor consumo privado (+0,1%) y la mayor inversión en vivienda (+0,1% adicional). Y hay otros factores que restarán crecimiento este año 2026: el menor crecimiento de las exportaciones (restará -0,4% al PIB), el efecto negativo de los aranceles USA (-0,1%), la incertidumbre geopolítica mundial (-0,3%) y la política fiscal contractiva para seguir bajando el déficit público (-0,2%) y otros factores (-0,1%). Ayudas y frenos que se suman al crecimiento “normal” para conseguir ese +2,1% de crecimiento previsto para 2026.

Un crecimiento que no sólo es destacable por superar al de la mayoría de paises sino porque es “más sano” que el fuerte crecimiento de España en los años 90 o al principios de este siglo. Porque España crece con una inflación moderada (3%), creando mucho empleo (+600.000 en 2025), recortando el déficit público (-2,1% en 2026 frente al -3,2% en 2024) y dejándolo por debajo del déficit de Alemania, Francia o Italia, con menos deuda pública (que paga tipos muy bajos) y, sobre todo, con un superávit con el exterior (gracias a los ingresos por turismo, a las exportaciones y a las inversiones extranjeras), algo inédito en el último siglo.

Pero este crecimiento, alto y más sano, no puede esconder los problemas económicos de España que siguen pendientes en 2026. El primero, la sensación que tienen muchos españoles de que “no notan este crecimiento”, porque la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes (el 47,4% de los hogares, según el INE), debido a que las subidas de precios se han comido sus sueldos y pensiones. El  problema es que arrastramos la alta inflación de los años pasados (+15,4% subió el IPC entre 2022,2023, 2024 y hasta noviembre de 2025), que ha superado la subida de los salarios (+13,45% en estos 4 años), con lo que los españoles han perdido poder adquisitivo. Y han perdido más los que menos ganan y gastan más en alimentos (subieron +29% estos 4 años), vestido, calzado y vivienda.

Precisamente, la vivienda es otro de los grandes problemas para 2026, porque tiene unos precios prohibitivos tanto para comprar ( 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid) como para alquilar: 14,6 euros/m2 de media (1.314 euros por un piso de 90m2), una subida del 40,38% desde 2022, pero 24 euros/m2 en Barcelona (2.160 euros de alquiler) y 22,8 euros/m2 en Madrid (2.052 euros). Esto deja fuera a muchos jóvenes y familias o las obliga a dedicar la mitad de sus ingresos o más al pago de un techo, mientras las autonomías y el Gobierno son incapaces de pactar unas medidas para promover la construcción de muchas más viviendas para alquiler y venta.

Otro gran reto para 2026 es el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, transportes), que suponen serios problemas para la mayoría y un gasto creciente, que también les dificulta llegar a fin de mes, ya sea en un seguro privado, en la cuota de las guarderías privadas y los colegios concertados, en las Universidades privadas (porque no han conseguido plaza en las públicas, también con matrículas caras), en contratar a una persona para cuidar de los mayores o en pagarles una residencia, en el bono transporte o en los carburantes, los peajes y los seguros.

El mayor problema sigue siendo la sanidad, cada vez más deteriorada por falta de profesionales y recursos, lo que se traduce en que la demora media para ir al médico de cabecera son casi 10 días (9,78), según el último Barómetro del CIS, y una lista de espera de 128 días para el especialista y 118 días para operarse (donde esperan 832.278 pacientes, según Sanidad). Un deterioro que exige más gasto en Sanidad de las autonomías, sobre todo de las que menos gastan por habitante: Murcia (1.511 euros), Cataluña (1.516 euros), Comunidad de Madrid (1.537 euros), Andalucía (1.871 euros), Castilla la Mancha (1908 euros) y Baleares (1.981 euros) , las 6 por debajo del gasto medio en España (2.013 euros/habitante), según los Presupuestos autonómicos para 2026.

Otro gran problema para 2026 es ejecutar los Fondos europeos recibidos y conseguir las subvenciones y créditos pendientes: son 25.000 millones de ayudas a fondo perdido y otros 6.800 millones en créditos, cuya recepción está condicionada a que España apruebe 230 hitos y reformas este año, porque el 31 de agosto se acaban los Fondos europeos. Y no lo vamos a tener fácil, porque al Gobierno Sánchez le faltan apoyos para aprobar en el Parlamento muchas de esas reformas. Y si no se aprueban, no hay Fondos europeos, que han sido y son uno de los factores claves para el crecimiento y el empleo logrados por España.

Otro problema a afrontar en 2026 es reducir la desigualdad y la pobreza, que en 2024 afectó a 9,6 millones de españoles, los que ingresaron menos del 60% de la media (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Son el 19,7% de la población y el objetivo del Gobierno es que este porcentaje baje al 19,4% en 2026 (serían más “pobres”, porque sube la población). Y es especialmente preocupante la pobreza “severa” (los que ingresan menos del 40% de la media), que afecta a 4,3 millones de españoles, en especial mujeres solas con niños (hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children), jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Y seguimos teniendo el reto del paro, que es el más elevado de Europa, tanto el global (10,5% frente al 6% en la UE-27 y el 3,8% en Alemania) como el paro juvenil (25,3% en España y 15,2% en Europa). Un problema que exige Planes de empleo específicos para jóvenes y mujeres, así como para mayores de 45 años (1.061.100 están parados, el 40,6% de todos los parados, y muchos no van a encontrar ya trabajo nunca). Y también urge reformar de una vez las oficinas de empleo autonómicas (SEPE), que no utilizan las empresas para contratar (acuden a ETTS y conocidos) y tampoco ayudan a los parados a encontrar empleo.

En resumen, 2026 puede ser otro año con una economía internacional que mantenga su crecimiento en medio de la incertidumbre, una economía europea que salga del túnel (débilmente) y una economía española que siga creciendo más que el resto, lo que permitirá llagar a los 23 millones de empleos. Pero hay que resolver los problemas de los precios de los alimentos y la vivienda (alquileres y venta), mejorando los sueldos de una gran mayoría que los tiene bajos y se los come la inflación. Y además, hay que mejorar los servicios públicos, que afectan a la mayoría y a su bolsillo. Pero sobre todo, hay que repartir mejor el crecimiento, que no nota mucha gente, porque existe todavía una gran desigualdad, que sólo pueden corregir los impuestos, las ayudas y las políticas públicas. Pero eso resulta difícil con el actual enfrentamiento político, que impide acuerdos para mejorar la vida de la gente. Algo que se complica mucho más en un año electoral, donde las tensiones políticas podrían afectar negativamente a la recuperación de la economía. Al final, ese es nuestro mayor riesgo. Con todo, que tengan un buen año. ¡Feliz 2026¡  

España no pierde el tren de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) avanza imparable, con 1,5 billones de inversión, sobre todo en USA y China, alimentando una “burbuja” bursátil que se teme estalle en 2026. Europa está muy rezagada en tecnología e inversiones, pero 1 de cada 3 europeos utilizan ya las herramientas de IA, que aplican en sus negocios 1 de cada 5 empresas europeas. España no ha perdido este tren tecnológico e incluso usan la IA más empresas que en Francia, Italia o Irlanda, más las grandes empresas y poco las pymes. Y somos uno de los tres paises europeos, con Alemania y Polonia, con 2 centros de supercomputación para desarrollar la IA, al amparo de una Estrategia Nacional que gasta fondos europeos. El temor es la pérdida de empleos que acarrea la IA, como se ha visto en Microsoft, Amazon y Telefónica. Por eso, los sindicatos piden negociar su aplicación en las empresas y que la IA pague impuestos para compensar cotizaciones e ingresos perdidos. Y más formación, para no quedarse fuera.

La Inteligencia Artificial (IA) sacude los mercados y es un imán para los inversores, llevando al máximo a las Bolsas. Este año 2025, el gasto mundial en IA supondrá ya 1,5 billones de dólares, según la consultora Gartner, frente a los 987.904 millones invertidos en 2024. Y apuestan por que se superarán los 2 billones de dólares de inversión en 2026, sobre todo en EEUU y en China, impulsada por la integración de esta tecnología en dispositivos como teléfonos inteligentes, ordenadores y tablets, así como en la necesaria infraestructura de Centros de Datos (CPDs). Sólo las grandes tecnológicas USA tienen previsto invertir en partidas relacionadas con la IA cerca de 3 billones de dólares hasta 2030, nada menos que el 10% del PIB estadounidense. Una cifra que marea y que está creando una “burbuja inversora” que podría estallar si los beneficios no llegan pronto.

Europa está retrasada en esta carrera por la IA, tanto en tecnología como en inversiones, pero los europeos y las empresas se están subiendo al tren de la IA, aunque lo conduzcan los gigantes estadounidenses y chinos. Así, en 2025, 1 de cada 3 europeos de 16 a 74 años (el 32,7%) utilizó herramientas de IA generativa, según los datos recientes de Eurostat. La mayoría los utilizó para fines personales (el 25,1%), aunque también para trabajar (15,1%) y para formarse (el 9,4% para su educación). El mayor uso de la IA se dio en los paises nórdicos y centro Europa (56,3% en Noruega, 48,4% en Dinamarca, 47% en Suiza, 46,6% en Estonia, 46,3% en Finlandia,44,9% en Irlanda, 44,7% en Paises Bajos, 42% en Suecia y Bélgica). España se sitúa en el puesto 16º, con un 37,9% de adultos que la han utilizado, por delante de Francia (37,5%), Alemania (32,3%) e Italia (19,9%).

En cuanto a las empresas, 1 de cada 5 empresas europeas (20%) con más de 10 empleados utilizaron tecnologías de IA para sus negocios en 2025, según Eurostat, lo que supone un gran salto: en 2021 utilizaban esta tecnología el 7,7$, el 8,1% en 2023 y el 13,5% en 2024. Otra vez, los paises con más empresas utilizando la IA son los nórdicos y centro Europa: Dinamarca (42% de las empresas), Finlandia (37,8%), Suecia (35%), Bélgica (34,5%), Luxemburgo (33,61%), Paises Bajos (33,21%), Austria (29,95%), Noruega (28,89%) y Alemania (25,97%). España (con el 20,7% de empresas utilizando la IA) ocupa el puesto 13º en este ranking empresarial, por delante de Irlanda (19,64%), Francia (18,16%) e Italia (16,40%).

El uso empresarial más común de la IA es para analizar el lenguaje escrito (11,8% empresas), seguido de su utilización para generar imágenes y vídeos (9,5%), para generar lenguaje escrito o hablado (8,8%) y para convertir el lenguaje hablado en formato legible para una máquina (7,2%), según Eurostat. Los sectores que más lo están utilizando son las empresas de información y comunicación y los servicios profesionales y científicos, sobre todo en las empresas europeas grandes (el 55,3% utilizan la IA) y menos en las medianas (el 30,6%) y en las pequeñas (usan la IA sólo el 17%). Y su utilización es básicamente para tareas de marketing y ventas (34,7%) y para organización de procesos o gestión (31,05%), destinándose sólo un 6,08% para tareas logísticas.

En España, la utilización de Inteligencia Artificial (IA) ha dado un enorme salto en 2025, sobre todo en las grandes empresas, como Amadeus, Indra, Telefónica o Grifols, que están desplegando la IA en procesos críticos. De momento, la IA afecta ya a 2 de cada 10 empleos en España (entre el 18 y el 22%), según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Su mayor o menor utilización depende de sectores y territorios: se utiliza más en servicios avanzados, comercio, educación, sanidad e información y comunicación, especialmente en Madrid y Barcelona (21,5%), siendo baja la exposición en Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón, por el mayor peso de la agricultura, la construcción y la industria tradicional. Y están más “expuestos” a la IA los empleos femeninos, porque se concentran en sectores con más uso de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio y actividades sociales).

El estudio revela que la IA puede aumentar la productividad de las empresas, mejorar los servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, aunque también reconoce que puede intensificar las desigualdades entre trabajadores y empresas. Y, sobre todo, el gran temor que acarrea la IA es que suponga pérdida de empleos, como se ha visto recientemente en Microsoft, Amazon y Telefónica (el ERE se ha justificado por la IA). De hecho, un estudio del FMI (2024) revelaba que el 40% de los empleos del mundo (1.320 millones) se verán afectados por la IA, perdiéndose algunos y modificándose otros. Y otro estudio de 2025, del World Economic Forum, vaticina que se perderán 92 millones de empleos en esta década por la IA, aunque también se crearán 170 millones de empleos, lo que dará un aumento del empleo neto de 78 millones para 2030.

La pérdida o ganancia de empleo va a depender del tipo de empresas y empleos que tenga cada país y de las políticas de formación y reciclaje que se apliquen. En España, un estudio de Randstad (febrero 2024) estimó el coste laboral de la IA en una década (2023-2033): se perderán 2 millones de empleos (casi el 10%) y se crearán 1,61 millones de empleos nuevos, con un saldo neto de 390.000 empleos perdidos.  Profundizando más, el informe de Randstad refleja que el 9,8% de los empleos actuales (2 millones) corren el riesgo de ser automatizados, mientras otro 15,9% de empleos (3,25 millones) se mantendrán (aumentando su productividad,) y la mayoría (el 74,3% restante, 15,19 millones de empleos) no tendrán cambios significativos por la aplicación de la IA.

El informe concreta los sectores que se verán más afectados negativamente por la IA: el comercio (perderá 158.415 empleos netos), las actividades administrativas (-147.915 empleos netos), hostelería (-112.770) y transporte y almacenamiento (-47.490), teniendo un menor impacto negativo la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción.  Y los sectores más beneficiados por la IA en España, que ganarán empleo neto, serán la programación y consultoría (+76.364 empleos netos), actividades científicas y técnicas (+48.816), telecomunicaciones (+8.995), medios y publicaciones (+3.576) . Mientras, la IA aumentará la productividad del 15,9% de empleos, sobre todo en programación y consultoría (mejorará el rendimiento del 40% de los empleos), los seguros (37% empleos) y finanzas (36%), medios y publicaciones (33%), actividades científicas y técnicas (27%) y telecos (subirá productividad 25% empleos).

El problema es que la IA va muy rápido y los trabajadores tienen menos tiempo para adaptarse que en las revoluciones tecnológicas anteriores, según otro estudio de la consultora Oliver Wyman. Lo que parece claro, añaden, es que la Inteligencia Artificial (IA) “cambiará el papel de los trabajadores”: serán “un complemento” de los ordenadores y robots en la gestión de equipos, transmisión de mensajes y gestión de las emociones, desempeñando un papel más “humano y asistencial”. Parece claro que las máquinas necesitarán al hombre para ser “inteligentes” y que el trabajador seguirá siendo clave en las empresas, pero en muchos casos su papel cambiará radicalmente y en otros serán suplantados por la IA.

De momento, los ajustes laborales en España por la IA van despacio: el 89,66% de las empresas confirman que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación de nuevos trabajadores ni en el despido de los actuales, según un reciente informe de Adecco e Infoempleo. Pero revela dos cuestiones preocupantes. Una, que el 67,19% de las empresas encuestadas reconocen “no estar preparadas para la IA” (aunque el 53,1% “están en ello”). Y la otra, que 9 de cada 10 trabajadores dicen “no han recibido formación sobre el uso de la IA” (aunque al 69,32% “les gustaría”). Y sólo 1 de cada 4 parados reconoce que ha utilizado la IA para buscar trabajo. En general, las empresas españolas que utilizan la IA lo hacen para automatizar tareas administrativas (47,8%), para automatizar la atención al cliente (34,7%), para analizar datos (34,7%), automatizar procesos productivos (28,2%), hacer control de calidad (10,8%) y para selección de personal (el 2,17%).

Aunque las empresas y los europeos usan cada vez más la IA, queda mucho por hacer para no perder el tren de EEUU y China. De hecho, la Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). Un salto enorme que exigirá inversiones en tecnología, aplicaciones y formación, cuestiones incluidas en las ayudas del Fondo de Recuperación “Next Generation”.

En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles. España ha sido el primer país en crear una oficina para garantizar el uso ético de la IA (en septiembre de 2023, en A Coruña), además de dedicar 10 millones de euros a la creación de un modelo de IA en español, catalán, vasco, gallego, así como la creación de un “chatbot” interno para la Agencia Tributaria (para automatizar la atención al cliente) y un sistema de consulta en el Sistema Nacional de Salud para el diagnóstico precoz de insuficiencias cardiacas. Y somos uno de los 3 paises europeos (con Alemania y Polonia) en contar con dos grandes Centros de Supercomputación: el MareNostrum de Barcelona (uno de los 15 centros europeos elegidos por la Comisión Europea para el desarrollo de la IA) y la Factoría de IA que acogerá Santiago para la innovación en salud.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida, debido a su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, además de contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones básicas: la penetración de la IA en las pymes y realizar un gran esfuerzo en formación de gestores y trabajadores.

Pero el reto merece la pena porque España es un país de servicios, un sector donde la aplicación de la IA supondrá una mejora de productividad, que debería traducirse en un mayor crecimiento y mejores salarios. Pero la IA tiene dos consecuencias negativas que hay que anticipar y minimizar: su coste medioambiental (los CPDs, que se van a multiplicar, consumen mucha electricidad y agua) y su coste laboral: es evidente que muchos de los empleos actuales van a desaparecer por culpa de la IA, aunque se creen otros. Y eso obliga a contemplar políticas de reciclaje y ayudas públicas a los futuros parados.

Por eso, los sindicatos piden participar en el proceso de integración de la Inteligencia Artificial en las empresas, para que se tenga en cuenta su coste laboral y social, por lo que exigen que su introducción se negocie en las empresas. La propia Confederación Internacional de Sindicatos (CSI) acaba de denunciar que la IA se está aplicando sin consultar a los trabajadores y socavando derechos laborales (horarios, salarios y despidos), exagerando en muchos casos las ganancias de productividad y creando tremendas desigualdades entre trabajadores y paises. En España, los sindicatos reclaman participar en la introducción de la IA en las empresas a través de la negociación colectiva, en los convenios.

Otros expertos alertan de que la IA va a exigir un alto volumen de ayudas a los que se queden fuera (incluso se habla de un ingreso mínimo vital para compensarles) y un enorme gasto en formación y reciclaje, que los Estados van a tener que abordar. Y además, si se reduce el empleo por máquinas, se reducirán también los ingresos por cotizaciones e impuestos, mientras aumenta el gasto público en ayudas y formación. Por eso proponen cobrar impuestos a la IA, a través de un aumento de los impuestos al capital, reducidos en las últimas décadas: el impuesto de sociedades ha pasado en la OCDE del 33% (año 2000) al 25% actual, mientras la fiscalidad sobre el trabajo (cotizaciones más IRPF) apenas bajó (del 36,2% al 34,9%). A lo claro: se ha incentivado a las empresas para que inviertan más en automatización que en empleo. Y con la IA, se agudiza esta tendencia.

En resumen, la Inteligencia Artificial es la nueva panacea de la economía y muchos apuestan por su futuro, invirtiendo cifras billonarias que hacen temer otra crisis bursátil. Pero la IA ha venido para quedarse y puede suponer un salto económico para el mundo, como lo fue la electricidad , los ordenadores o Internet. Pero una innovación así, además de mejorar la productividad, tiene también costes, en particular el empleo de mucha gente que puede quedar fuera. España no puede perder este tren de la IA, como tampoco Europa, pero aplicándola de una forma proporcionada, sostenible y justa.

Navidad 2025: más ocupados, más consumo

Estamos otra vez en Navidad, la fiesta por excelencia del consumo. Y este año, vuelve a crecer el gasto de las familias, en regalos, comida y viajes, un gasto que empezó con el Black Friday y seguirá hasta las rebajas de enero. En total, gastaremos un 6,2% más, porque hay más población, 600.000 personas más trabajando que las Navidades pasadas y los sueldos han subido algo más que los precios, aunque siguen disparados los alimentos, la vivienda, los hoteles y la hostelería. Pero recordemos que hay varias Navidades, según el nivel de vida de las familias: casi 10 millones de españoles (1 de cada 5) están en situación de “pobreza monetaria” (ganan  menos del 60% de la media) y les cuesta mucho llegar a fin de mes como para derrochar en Navidad. Por eso, Cáritas y otras ONGs piden que miremos alrededor estos días y ayudemos a los que lo necesitan. Celebremos estas fiestas con familia y amigos, pero sin olvidarles y apoyándoles. 

¡ Feliz Navidad ¡

            Gran Vía de Madrid: pobres junto a luces y compras de Navidad

El gasto de las familias españolas crece especialmente estos días, pero en realidad lleva creciendo desde el inicio del verano. Así, en el tercer trimestre, el consumo familiar creció un +1.2%, el mayor aumento en el último año (había crecido un +05% y un 0,7% en los dos trimestres anteriores), según el INE, lo que impulsó la economía, junto al turismo y la inversión, tras “pinchar” las exportaciones (por los aranceles y el estancamiento europeo). Y ahora, en este 4º trimestre, todo apunta a que el consumo habrá crecido algo más, empujado por el Black Friday (aprovechado para comprar anticipadamente los regalos de Navidad y Reyes) y por el mayor gasto previo a estas fiestas navideñas.

CaixaBank Research ha detectado que el 25% de todo el gasto anual con tarjeta (presencial y online) se concentra entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre. Y este año ha vuelto a repetirse, con un aumento del gasto del 24% sobre el resto del año y un +6,2% sobre el que hicimos en estas fechas de 2024. El mayor aumento de este gasto “prenavideño” se ha dado en electrodomésticos y tecnología (+76%), moda (+77%) y muebles (+48%), sobre todo entre los mayores de 65 años (+30%) y en Madrid, Canarias, Cataluña y Andalucía, donde el gasto ha crecido en esas dos semanas más de un 25% sobre el resto del año.

¿Por qué ha vuelto a subir el consumo antes de Navidad? Hay varias razones. La primera, porque ha aumentado la población que vive en España, sobre todo por la llegada de inmigrantes: éramos 49.442.844 habitantes a 1 de octubre, +345.967 habitantes más que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de población esperado para el 4º trimestre (128.500 el año pasado), podríamos acabar este año con 475.000 habitantes más que en 2024. Pero además de ser más a gastar, hay más personas con empleo, la 2ª razón que explica el aumento de gasto: a finales de septiembre había 22.387.100 personas ocupadas, +529.200 que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de empleo esperado para este 4º trimestre, cerraremos el año con 600.000 personas más trabajando que en 2024.

Además, estos trabajadores récord tienen contratos más estables (el 85% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido), que les permiten gastar con menos “miedo”, y su sueldo ha subido este año (+3,49% hasta noviembre, según los convenios) algo más que los precios (+3% ha subido la inflación anual hasta noviembre, según el INE), aunque la mayoría siguen preocupados por las mayores subidas de los alimentos sin elaborar (+6,6%), la vivienda (+5,7%) y los hoteles y restaurantes (+4,55). Y también ayuda a gastar algo más el ahorro en el pago de las hipotecas de 4 millones de familias, al haber bajado el tipo de interés oficial (el BCE lo bajó del 3% en las Navidades pasadas al 2% ahora) y con ello, el Euribor (que ha bajado del 2,43% en diciembre de 2024 al 2,21% en noviembre de 2025).

Todo esto explica que las familias españolas hayan gastado más este Black Friday y en el puente de diciembre y augura un mayor gasto en Navidad y Reyes, empujado por un crecimiento de la economía que duplica con creces el europeo (+2,9% esperado este año, frente al +1,3% la UE-27). De hecho, España será uno de los paises europeos donde más aumentará el gasto estas Navidades, un +4,8%, sólo superado por Hungría (+5,2%) y Polonia (+5%), por delante del gasto esperado en Paises Bajos y Reino Unido (+3,5%), la UE-27 (+3,1%), Alemania (+2,9%), Italia (+2,1%) y Francia (+1,7%), según la encuesta realizada por MasterCard en 9 paises europeos. Un gasto navideño europeo que se destinará a belleza y cosmética, ropa, “experiencias en vivo”, restaurantes y viajes.

Ya en España, la previsión de gasto navideño es de 795 euros por persona, según el sondeo de la OCU, con un 68% de españoles gastando igual que el año pasado, un 17% gastando más y otro 15% menos. Casi la mitad de este gasto navideño se destinará a comprar regalos (370 euros), otros 132 euros por persona a comidas y cenas, 117 euros a viajes o vacaciones, 73 euros a fiestas y cotillones, 73 euros a Lotería (la media de gasto este año ha sido de 76 euros, desde 121 en Castilla y León a 47 en Canarias) y los 31 euros restantes se gastarán en decoración. Otro estudio, de Cetelem, baja el gasto navideño a 580 euros por persona y refleja las 5 mayores compras: perfumes (47%), moda (43%, juguetes (35%), calzado y complementos (35%) y libros (32%).

Otro gasto típico de esta Navidad serán los viajes: 1 de cada 4 españoles piensan viajar, la mayoría dentro de España, especialmente a Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias: las reservas para estas fechas han crecido un +4% sobre el año pasado, según Destinia, con 10 millones de viajes esperados, la mejor cifra de la última década. Los que viajen gastarán una media de 803 euros por persona, según Jetcost, y la mayor parte viajará un máximo de 3 días (el 43%) o entre 3 y 5 días (otro 27%), básicamente en coche (48%), avión (24%) y  tren) (10), en su mayoría en familia (48%).

Este mayor gasto de las familias, desde finales de noviembre a mediados de enero, se ha traducido ya en un aumento de la contratación: la campaña navideña (desde Black Friday a las rebajas de enero) ha supuesto la firma de 452.950 contratos de trabajo temporales (+4,7% sobre el año pasado), según Randstad, concentrados en la hostelería (174.190, +12,1% sobre el año pasado), transporte y logística (160.000, -6,8%) y comercio (119.000 contratos, +12,1%). Y repartidos sobre todo en Andalucía (78.100 contratos,+6%) y Cataluña (69.670, +2,5%), aunque donde más aumenta la contratación es en Extremadura (+7,5%, 7.710 contratos) y Navarra (+6,9%, 6.040 contratos). Pero los empleados de la gran distribución se quejan porque la Navidad será un récord de ventas pero faltan trabajadores (han crecido sólo un 2% desde 2018, frente a un aumento de ventas del +23%), lo que les obliga a largas jornadas con sueldos bajos (17.285 euros, ligeramente por encima del salario mínimo).

Con todo, este gasto navideño será muy desigual, según la situación económica de las familias españolas. Porque hay muchas que tienen ahora más gente trabajando y pueden gastar algo más, pero muchas otras no pueden y hay demasiadas en una situación vulnerable, pensando en cómo sobrevivir y llegar a fin de mes, aunque sea Navidad. Así que no hay una Navidad, sino tres tipos de Navidades, según los ingresos de las familias.

Recordemos que casi la mitad de las familias españolas tienen un problema, que se les agrava en Navidad: les cuesta llegar a fin de mes. Les pasa al 47,4% de las familias (un 1% más que las Navidades pasadas), según el INE: un 9,1% llega a fin de mes “con mucha dificultad”, otro 12,7% “con dificultad” y un 25,6% más “con cierta dificultad”. Estas familias tienen dos opciones en Navidad: restringir gastos (en comidas, regalos y viajes) o endeudarse, “tirar de tarjeta” o pedir un crédito. Y a pesar de la bajada de tipos, esto tiene un alto coste. Los créditos personales apenas han bajado (al 6,79%, del 6,97% que costaban la Navidad pasada), según el Banco de España. Y si optan por la tarjeta de crédito, el último tipo era del 18,34% en octubre, similar al 18,54% que costaban en diciembre de 2024. Y si piden una tarjeta “revolving” (un crédito que se devuelve con una cuota fija mensual), el tipo supera el 20% (y en ocasiones tipos abusivos del 25 al 30%).

El otro grupo de familias, las más vulnerables, lo tienen aún peor; su problema no es restringir gastos en Navidad o endeudarse sino simplemente “sobrevivir”. Y son muchos, En 2024, nada menos que 9.653.000 españoles estaban en situación de “pobreza monetaria”, según las estadísticas europeas, porque ingresaban menos del 60% de la media del país (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Eso significa que un 19,7% (1 de cada 5 personas) está en situación de pobreza en España, el 6º país con más pobreza de Europa, según Eurostat, sólo por detrás de Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Lituania (21,5%), Estonia (20,6%) y Croacia (20,3%) y por encima de Italia (18,9%), Alemania (15,5%) y Francia (15,5%).

Y dentro de este grupo de “españoles pobres”, casi la mitad (4,3 millones de personas) están  en una situación de “exclusión severa”, según un reciente estudio de Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos “españoles más pobres” son personas que trabajan en muchos casos o que estudian o buscan empleo, no son personas “tiradas en la calle” sino personas que pueden ser “vecinos nuestros”. Y que un 45% de ellos viven en alquiler, lo que en muchos casos los lleva a esa pobreza más extrema. Y no podemos olvidar que hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children, quien recuerda que somos el país europeo con más pobreza infantil (29,2%).

Para Cáritas y otras ONGs, el problema de la pobreza en España es que “se ha hecho estructural” y no sólo afecta a minorías marginadas sino a personas y familias que tienen un trabajo (2,5 millones de ocupados son “pobres”) y a españoles que antes tenían una situación saneada y ahora son especialmente vulnerables, sobre todo jóvenes, mujeres, inmigrantes y familias con hijos. Unos colectivos en los que las ONGs concentran sus ayudas estas Navidades, de comida, ropa y techo. Y unas personas a las que deberíamos tener presentes estas Navidades, ayudándoles en lo posible.

En resumen, que las luces y las fiestas nos llevan a gastar más en estos días, pero no deberíamos olvidar que a nuestro lado hay personas que tienen problemas (también estos días) para llegar a fin de mes y para simplemente sobrevivir, comer y pagar el alquiler. Así que celebremos estas fiestas con nuestra familia y amigos, pero sin gastar por gastar y teniendo presente que hay muchas personas que lo pasan mal y a los que podemos ayudar de muchas maneras. Es la mejor manera de celebrar esta Navidad y todas: que sea también una fiesta de la solidaridad con los que tenemos alrededor, con ayudas, atención y cariño.

¡Feliz Navidad¡

A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.