Se ha puesto de moda entre la derecha, expertos neoliberales
y sus medios afines defender que los “boomers” (mayores 61 años) son
unos “privilegiados”, porque tienen vivienda, patrimonio y “buenas
pensiones”, en perjuicio de sus nietos (“Generación X”: 20-24 años) y
sus hijos (“Millenials”: 25-44 años), que viven peor que ellos.
Plantean un “conflicto generacional” y proponen recortar el
gasto en pensiones para ayudar a los jóvenes. Es un falso debate.
Primero, porque los mayores no somos unos “privilegiados”: muchos
están en paro, sin encontrar empleo a partir de los 50 y sin poder jubilarse,
con la mitad de las pensiones por debajo del salario mínimo y con una
larga vejez donde faltan ayudas a la Dependencia. Pero sobre todo, porque los
mayores han cotizado y ahorrado durante décadas para tener casa y pensión. Y la
grave situación de los jóvenes no se arregla recortando pensiones, sino
volcándose en su educación y formación, en políticas activas de empleo y en promover
viviendas. La “guerra generacional” entre jóvenes y mayores es una falsa solución.
De estos 13,38 millones de mayores (60 y más), la
mayoría están hoy “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo):
son 11.074.000 mayores inactivos, según
la EPA, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64
años son sólo 1,26 millones). Pero hay 2,5 millones de mayores que trabajan
o están en paro, sobre todo entre 60 y 70 años (con más de 70 años hay casi
70.000 mayores “ocupados”, según la EPA).
En total, hay 2.208.900 mayores
(60 y más) trabajando, algo menos del 10% (9,86%) del total de ocupados
en España: 1,780.600 trabajan con 60 a 64 años, 358.900 con 65 a 69 años y 69.400
trabajan con 70 años y más. Con todo, su tasa de empleo (ocupados/activos)
es baja: trabajan el 26,8% de los activos, la mitad que en el conjunto
del país (66,82% de tasa de empleo). Sin embargo, el empleo de los mayores
ha aumentado más tras la pandemia (+1.201.900 empleos creados desde 2019 entre
mayores de 55 años) que entre los menores de 30 años (+701.800 empleos para
jóvenes de 16 a 29 años), según la EPA,
debido a que los mayores se han lanzado más a buscar trabajo estos años, sobre
todo las mujeres.
Estos trabajadores “mayores” tienen salarios más
altos, salvo los que han encontrado trabajo en los últimos años (peor
pagados), porque cobran más de antigüedad y pluses varios que los jóvenes.
Trabajan sobre todo en los servicios
(3.716.500 mayores de 55 años) y la industria (576.100), menos en la
construcción (335.530) y la agricultura (198.400). Y son mayoritariamente asalariados
(72,7% de los trabajadores con 60 años y más), aunque hay bastantes autónomos
(24%).Su salario medio mensual era de 2.680 euros brutos en 2024, un 12,36%
más que la media (2.385,6 euros) y un 25% más que el sueldo medio de los
jóvenes de 25 a 34 años (2.131 euros), según el Decil
de salarios de la EPA (INE).
Un problema de tener salarios más altos es que los
trabajadores mayores suelen ser los primeros que pierden su empleo
cuando la empresa ajusta plantillas. Así, en las dos últimas décadas, más de 1
millón de trabajadores mayores (+55 años) han sido “prejubilados”
en múltiples EREs. En el último, de
Telefónica, se plantea “prejubilar” a 5.040 trabajadores mayores
de 55 años (de los 6.088 despidos que contempla el ERE). La estrategia
de las empresas estos años ha sido clara: despedir a los
trabajadores mayores y sustituirlos por jóvenes que cobran mucho menos. Eso
hace que los trabajadores mayores (esos 2,2 millones que trabajan con más de 60
años) se sientan “muy vulnerables”, tras décadas de trabajo,
aunque sus sueldos sean más altos que los de los jóvenes.
Y por eso, muchos mayores están en paro,
concretamente 232.700 parados con 60 años o más (209.600 entre 60 y 64 años y
23.100 entre 65 y 69 años), según la EPA del
tercer trimestre, aunque en realidad son 510.000 los parados con más de
55 años, una edad a la que ya resulta muy difícil encontrar trabajo. El
problema de los parados mayores es que muchos tienen poca formación (el
53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen acabada la ESO) y dificultades para
adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto
nivel de “edadismo”, de rechazo
a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo
que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que "ya no volverán nunca a trabajar”,
según
una Encuesta de Adecco.
Esto se traduce en que los parados mayores llevan años
en el paro, según
la EPA: el 61% de los parados de 60 a 64 años llevan más de un año en paro
(son 127.700 parados) y lo mismo el 55% de los parados de 65 a 69 años (son
12.700). Y eso supone que a la mayoría se les ha acabado el paro “contributivo”
(el que les corresponde por lo que han cotizado) y tienen
que malvivir con el paro “asistencial” para mayores de 52
años (480 euros al mes) hasta que se jubilen (si cumplen las
condiciones para cobrarlo). La consecuencia es que más de un tercio de
los parados que cobran subsidio asistencial (480 euros) son mayores de 60 años:
265.514
parados en octubre, el 34,5% del total. Estos mayores parados son el
grupo más numeroso que cobra este paro asistencial y se han duplicado
desde 2013 (entonces cobraban este subsidio la mitad de mayores en paro, 125.647).
Así que los mayores que están en paro cobran
esos 480 euros hasta que pueden jubilarse. Y eso se les ha puesto más difícil
en los últimos años, porque los distintos Gobiernos han penalizado la
jubilación anticipada (hasta un 21% menos de pensión si se adelanta dos
años: ver
cuadro) . En consecuencia, estos mayores parados han de esperar hasta los
65 años para jubilarse o hasta los 66 años y 8 meses (si han cotizado menos de
38 años y 3 meses).
Y cuando los mayores se jubilan, su pensión tampoco
es tan elevada, a pesar de que los defensores del “conflicto generacional” hacen
demagogia con que las nuevas
pensiones de jubilación son ya de 1.626 euros (media noviembre 2025),
casi tanto como el salario mediano (2.001,4 euros en 2024,según el INE)
y más que el salario medio bruto de los jóvenes menores de 24 años (1.372,8
euros brutos). Pero utilizar sólo este dato es hacer demagogia, porque la
mayoría de las pensiones son mucho más bajas. Veámoslo.
A 1 de noviembre, la Seguridad Social pagó 10.420.231
pensiones y la pensión media fue de 1.316,69 euros mensuales. Pero
casi la mitad de todas las pensiones (el 48,77%) fueron menores de
1.000 euros y el 58,52% fueron menores al salario mínimo (SMI: 1.184 euros
en 2025). En cuanto a las pensiones
de jubilación, el 38,83% fueron inferiores a los 1.000 euros y casi
la mitad (49,22%) fueron menores que el SMI. Y las pensiones de viudedad son mucho más bajas: un 66,5% de las que se pagan son menores de 1.000
euros y las tres cuartas partes (74,3%) están por debajo del SMI. Así que “pensiones
de lujo” nada…
Si hablamos de pensionistas
en vez de pensiones, hay 9.425.383 mayores que las cobran hoy (1 millón
más que hace 10 años), una media de 1.455,67 euros por pensionista
(1.633,04 euros los hombres y 1.275,05 las mujeres), según la Seguridad Social.
Y de nuevo, los datos son explícitos: la mitad de los pensionistas (el
50,51%) cobran menos del SMI (menos de 1.184 euros/mes) y otro 47,31%
cobran entre el SMI y la pensión máxima (3.267,60 euros/mes), que sólo cobran
hoy 207.045 pensionistas. Además, este porcentaje de bajas pensiones
aumenta entre las
mujeres (el 60,45% de las pensionistas cobran menos del SMI) y en
algunas regiones: Andalucía (61% pensionistas cobran menos del SMI), Canarias
(60,7%), Castilla la Mancha (60,6%) y Galicia (60,5%).
Con estas pensiones tan bajas (ojo: 1
millón de pensionistas cobran menos de 500 euros), no es extraño que muchos
mayores malvivan, sobre todo porque gastan porcentualmente
más en alimentación, sanidad y vivienda que la mayoría. De hecho, los hogares
unipersonales de mayores (la mayoría, viudas que viven solas)
tienen una de las tasas de pobreza más elevadas, el
25,8% (frente al 19,7% de tasa media de pobreza en España y el 16,9%
entre los mayores de 60 años). Y aunque la mayoría de mayores tienen la
vivienda en propiedad (el 88,6%, frente
al 30% los jóvenes de 18 a 34 años), fruto de haberla comprado hace décadas
con mejores precios y condiciones que ahora, hay un 7,5% de mayores que
viven de alquiler y muchos de ellos se ven forzados al desahucio
por las tremendas subidas que algunos propietarios y Fondos quieren aplicarles
a sus antiguos alquileres. Así que no todos los mayores tienen patrimonio,
ahorros e inversiones, que por otro lado son fruto de una vida de
trabajo y de unas condiciones laborales mejores que las actuales. Además, muchos
mayores utilizan sus ingresos y ahorros para ayudar a sus hijos a llegar
a fin de mes: lo hacen el
37% de los mayores en España y más
de la mitad en Madrid.
Pero los problemas de los mayores no terminan con su
jubilación, mayoritariamente escasa. A partir de los 70 años, empeora
su salud y eso aumenta sus gastos sanitarios, tanto en seguros médicos
privados como en medicinas que no cubre el sistema (la “pobreza
farmacéutica” afecta ya a 1.200.000 españoles que han tenido que dejar
de tomar algún medicamento, porque no pueden pagarlo, muchos de ellos mayores).
Y estos problemas de salud se agravan a partir de los 85 años, edad con la que
la mitad de los mayores tiene enfermedades crónicas (según
un informe de FEDEA) o no pueden valerse por sí mismos, son dependientes,
lo que implica un gasto adicional para ellos y sus familias.
Precisamente, la dependencia de muchos mayores
(el 10,9% presentan limitaciones graves para realizar sus actividades
cotidianas) choca con la falta
de recursos de la atención a la dependencia en España, que cumple 19 años en enero
de 2026, tras atender a unos 4 millones de dependientes. Actualmente hay 1.750.070
españoles en situación de dependencia reconocida (la gran
mayoría mayores), aunque sólo 1.595.451 reciben alguna prestación: la mayoría
una ayuda económica mínima (de 171 a 385 euros/mes), bastantes teleasistencia y ayuda a domicilio (ojo: 38 horas al mes) y pocas para
residencias (560 euros mes, un tercio de lo que cuestan). Y lo peor: hay
284.020 dependientes en lista de espera (para ser valorados o recibir ayudas) y como muchos dependientes tienen más de 80 años, bastantes
mueren antes de recibir la ayuda: 25.060 han muerto así
este año.
Tras este panorama, desde los mayores que trabajan o están
en paro a los que cobran una pensión o son dependientes, no creo que pueda
decirse que los mayores estén en una situación “privilegiada”. Y menos que
hay que recortarles pensiones o ayudas, como defienden “expertos” neoliberales
o la
propia OCDE. España va a ser cada vez un país más envejecido y en
2050, un
30% de la población tendrá más de 65 años, lo que aumentará el gasto en
sanidad, pensiones y dependencia, hoy escasas de medios y recursos.
Mientras, también es evidente es que los jóvenes
españoles pasan por una mala situación (ver
Blog lunes), tras sufrir tres crisis económicas consecutivas (la financiera
de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación de 2022-23 por la guerra de
Ucrania). Y a pesar de su mayor formación, tardan en trabajar y encuentran
empleos que son demasiado precarios y mal pagados, lo que dificulta su
emancipación y formar una familia, fomentando su desinterés por la política y
el debate social, lo que los lleva a posiciones antisistema y a
apoyar políticas de ultraderecha. Pero este triste panorama
no se resuelve con recortes a sus padres y abuelos, sino con políticas
que pongan a los jóvenes en su centro.
Y eso pasa primero por cambios en la educación, para
que se reduzca el abandono escolar y mejore la educación, orientando los
estudios hacia formaciones donde haya empleo, ahora y en el futuro. Y hace
falta un Pacto social para que las empresas no abusen de los jóvenes
y los integren en sus políticas laborales y de promoción, con contratos y
salarios dignos. Y hace falta avanzar en la conciliación laboral y
en políticas de ayuda a las familias con hijos, las que hoy sufren más para
llegar a fin de mes. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que
facilite alquileres asequibles a los jóvenes, sobre todo en las grandes
ciudades, algo que sólo puede asegurarse con una promoción urgente de
viviendas públicas. Y hace falta poner a los jóvenes entre los objetivos
prioritarios de todas las políticas públicas, integrándolos más en
la sociedad.
Los problemas que tenemos no
se resuelven con una “guerra entre generaciones”, con medidas
“fáciles” que busquen “desvestir a un santo para vestir a otro”. Hay
que repartir mejor el crecimiento y la mayor riqueza que tenemos. Y para
eso es clave recaudar más (que paguen más las multinacionales, empresas,
bancos y los ricos, que hoy pagan poco o evaden) y destinar esos mayores
recursos a los que más lo necesiten (jóvenes y mayores), para afianzar unos
servicios públicos deficitarios que no ayudan suficiente a los más
vulnerables. Crecer y repartir mejor la riqueza, no enfrentar a jóvenes y
mayores.
La subida disparatada de pisos y alquileres está
siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se
benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo
creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de
paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más
precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan
más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes
viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa
(Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de
apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de
empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la
ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como
solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers”
no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso
escribiré el próximo Blog. Enrique Ortega
Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España.
Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre,
según
este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen
ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de
siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19
años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España.
Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.
Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población
en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española.
Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de
las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que
había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el
53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también
trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni
estudian ni trabajan (son
“ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en
2015), aunque es superior al de Europa (11%).
El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos
tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e
inexperiencia) y tienen por ello una baja
tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años
(septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del
68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se
traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos
los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más
de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre
2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones)
en esta década. Y desde 2019,
tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido
en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65
millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del
empleo creado).
Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo
nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en
algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono
escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los
jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la
media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan)
tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes
ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.
Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo
hacen en
los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados),
seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600,
un 82,7% más que en 2015) y la
agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el
trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio
y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria
(375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales
y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900
jóvenes).
El gran problema del trabajo de los jóvenes es la
precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto
porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido
desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes
de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en
Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los
trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes
son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido.
Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos
a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto
de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con
trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de
forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.
Estos tres factores, la baja formación, el sector
donde trabajan y el tipo de contrato explican que los
jóvenes tengan unos bajos salarios, según
este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023) los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3%
menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039
euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las
mujeres: -6,9 adicional), según el INE.
Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes
en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según
Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es
muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble
de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%) y baja al 17,1% entre los de 16 a 29
años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de
paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los
jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes
con alta formación.
Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados
(el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la
precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos
casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7
de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres,
según
el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los
últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el
alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según
el portal Idealista, otro máximo
histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en
2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9%
anual, que se
suma al +81% que subieron los alquileres
entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de
1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o
Barcelona (2.000).
Los alquileres disparados han aumentado el
porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De
hecho, ya en
2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen
una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad:
1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del
60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos
de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5
millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria.
Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más:
2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según
el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza
37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e
integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión
social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.
Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social
son, para Cáritas y el informe Foessa, “los
grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que
se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un
tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una
cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que
proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas
funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e
hijos.
Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis
(la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de
Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay
una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza
de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han
bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%),
según
el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44
años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600
euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta
real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a
36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100
euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los
hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1%
entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).
Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en
pensiones (27.119
millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización
para 2026 (+2,7%
subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar
del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes.
Incluso la
OCDE ha presentado un informe
donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar
la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo
Rajoy) y destinar
una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra
vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los
problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus
padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.
Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar
medidas
en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones.
Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la
formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que
necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su
digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la
contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y
en mejorar las prácticas y becas (el
Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras
anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la
conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos.
Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a
los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.
Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las
prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene
pasando, quizás porque los
distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que
más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país,
hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que
han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de
vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y tecnológico que nos hagan más productivos
y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el
“contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas
a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los
jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.
Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra
entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”)
de la situación de los jóvenes, como parece
estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a
otro”. Y segundo, porque los mayores en España no
son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su
empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las
condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en
su salud y en su ancianidad, sobre todo
si son dependientes (27.217
mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la
Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los
“boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes,
de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.
Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el
periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la
realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque
les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el
40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que
cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos,
patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones
hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad
Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al
mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA
(patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado:
las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así
que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin
pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y
contribuyentes. Una demagogia injusta.
Esos 3.438.744
ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso,
según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad”
(2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades
(577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del
autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios
profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante
de “falsos
autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una
empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en
vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy
frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y
entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a
arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización
UPTA estima que hay
más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la
Inspección de Trabajo ha
detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.
Veamos el perfil de los autónomos en España, según los
datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y
un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros)
y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55
años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos
de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y
la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran
en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%),
las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura
(6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la
industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%),
la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los
autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid
(439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más
porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos
por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3)
y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.
Un problema tradicional de los autónomos es
que la
mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas
prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado
a cotizar más, el 82% de los
autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637
cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros
2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de
Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa
plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante
un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos
rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y
cotizaciones) por los que cotizan la mayoría
de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.
Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012
euros de jubilación media (octubre
2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados
(1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad
(683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos
si se cogen la
baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el
4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su
base). Y tienen más complicado cobrar
el paro (por “cese de actividad”).
Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril
1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se
concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la
patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron
una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo
las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos
cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus
prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS.
En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023,
2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de
este año.
En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo
una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17
euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de
rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos
con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los
autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000
euros (ver
cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la
patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta
era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas”
de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.
La consecuencia de toda esta presión ha sido que el
Gobierno ha rectificado y ha
congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de
la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando
así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es
vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide
“nuevas mejoras” (un contrasentido: piden más
gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de
actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas
condiciones que sólo
se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho
al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el
PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen
menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos
paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…
Mientras, los
sindicatos se quejan de
que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan
frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo
cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una
forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más
doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el
horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más
las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.
Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan
claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y
prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las
cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus
pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88%
de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus
pensiones, al ser tan bajas, han
de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de
media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos
(en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben
complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de
sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben
otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.
Con todo
ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones
en sus cuentas de 2024, con lo que sólo
cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79%
que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y
prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones,
pero porcentualmente mucho menor).
En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan
poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones,
un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un
ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros
(que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas)
cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque
la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”).
Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para
recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les
tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.
Otra reflexión que nadie hace, por parecer “políticamente incorrecta”: si un
autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente
ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en
que su
actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar
de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas
cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la
de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis
es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o
les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en
Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad
no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las
cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.
En resumen, que las
cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino
para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo
sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no
escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y
periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el
futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos
ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo
contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan
y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo
demás es populismo y engañar a los autónomos.
En abril parecía que los aranceles de Trump llevarían
al mundo a otra recesión. Pero se retrasó su aplicación y la
economía mundial aguanta: el FMI elevó en octubre el crecimiento mundial
y de España (+0,6% sobre abril). Y la Comisión Europea acaba de elevar el
crecimiento europeo y de España: creceremos el 2,9%, más del doble que la
UE-27, gracias al tirón del empleo, el consumo y las inversiones (por los
Fondos UE). Pero están fallando 2
motores del crecimiento: el turismo (apenas creció este verano) y
las exportaciones (estancadas, mientras el déficit con USA crece
+38,7%), por el parón europeo y la incertidumbre económica mundial. España
crece más que la mayoría, pero la gente no lo nota y casi la mitad llegan
mal a fin de mes, por la subida de la vivienda y los alimentos y por
la desigualdad, que lleva a tener 4,3 millones de personas en exclusión
severa (según Cáritas), principalmente jóvenes, mujeres e inmigrantes.
Urge repartir mejor el crecimiento, porque 2026 va a ser peor.
El pasado lunes, 17 de noviembre, la Comisión
Europea publicaba sus previsiones de otoño y se sumaba a la mejoría
vaticinada por el FMI: la economía europea crecerá este año 1,4% (+1,2%
la eurozona), tres décimas más de lo que esperaban en primavera,
aunque un crecimiento mucho más bajo que el del resto del mundo (+1,6% crecerán
las economías avanzadas y 2% EEUU, según el FMI). Bruselas
explica que esta mejora del crecimiento (muy bajo todavía: la UE creció
+1,9% en 2019) se explica por el retraso en los nuevos aranceles hasta el 1 de
agosto (aunque el superávit comercial de la UE-27 con EEUU ha bajado hasta +40.800 millones en el tercer trimestre, frente a +47.100 en el 2º y +81.200 en el 1º de 2025),
la diversificación de exportaciones, la fuerza del mercado laboral europeo y las mayores inversiones en muchos paises, por el Plan de Recuperación.
Eso sí, los
grandes paises UE crecerán mucho menos: +0,2% Alemania (-0,5% en
2024), +0,7% Francia (1,2% en 2024) y +0,4% Italia (+0,7% en
2024). La
excepción será España: crecerá +2,9% este año (+0,3% de lo
que Bruselas preveía en primavera), más del doble que la UE-27 (+1,4%) y
casi como el año pasado (+3,5%), básicamente porque tenemos poco comercio
con EEUU (4,1% de todas las exportaciones) y porque el empleo, el consumo y las
inversiones (por los Fondos UE) tiran con fuerza, aunque se han estancado las
exportaciones y el turismo, los otros motores del fuerte crecimiento español
tras la pandemia.
Al día siguiente de estas nuevas previsiones de Bruselas,
el
Gobierno español revisó también al alza (+0,2%) el
crecimiento que preveía hace unos meses, apuntándose al +2,9% que
esperan el FMI y la Comisión Europea. Y destacan que no sólo es el doble del
crecimiento europeo y 10 veces el de Alemania, sino que además es
un crecimiento “sano”, porque se está creando empleo a la
vez que mejora la productividad por hora trabajada y mejora la balanza
con el exterior (seguimos con superávit, algo inusual en el último
siglo) y se reduce el déficit público (cerraremos el año con un “agujero
fiscal” del -2,5% del PIB, inferior al -3,3% de déficit UE-27, al
-3,1% de Alemania, el -5,5% de Francia y el -3% de Italia).
Para el Gobierno, los
motores del crecimiento en 2025 (y en 2026, cuando España crecerá
menos, un +2,2%) serán el empleo (esperan que se creen 450.000 empleos
anuales en los próximos años, básicamente por la inmigración: el 68% de
los 2,42 millones de empleos creados desde 2020 han sido para trabajadores no
nacidos en España) y el consumo de las familias, junto a las inversiones
(promovidas por los Fondos UE, que se terminan en 2026). Eso sí, “pincharán”
las exportaciones, que restarán crecimiento al país en 2025 (-0.5%) y
2026 (-0,6%), debido al escaso crecimiento de la economía europea (nuestro
mayor “cliente” comercial), a los aranceles de Trump y al consiguiente retraimiento
de la economía y el comercio mundial (que crecerá sólo un 0,6% en 2026). Y junto
a este crecimiento previsto, mucho mayor que el del resto de Europa, el
Gobierno ha incluido 2 nuevos objetivos en su Cuadro macro, algo
nuevo en las previsiones : reducir la pobreza en España (del 19,4% de la
población al 19,1% en 2028) y la desigualdad (que los más ricos, que hoy
ingresan 5,5 veces más que los más pobres, ganen sólo 5 veces más en 2028).
España
está bandeando mejor la nueva crisis de los aranceles de
Trump, la incertidumbre internacional y el estancamiento europeo porque nos han
salvado el turismo, el mayor empleo creado (por el aumento de mano de obra
disponible y barata) y el consiguiente mayor consumo, las exportaciones y las
fuertes inversiones en todos los sectores derivadas de varios años de Fondos
Europeos. Pero en los últimos meses ya han aparecido datos
preocupantes que indican un menor empuje en dos motores claves: el
turismo y las exportaciones.
El turismo, ese gran motor que nos ha permitido
crecer mucho más que el resto de Europa, está
frenando su crecimiento: entre enero y septiembre han llegado
76,5 millones de turistas extranjeros, todo un récord pero suponen un
crecimiento igual al de 2024 (+3,5%).Y en verano la llegada ha crecido menos,
tanto en julio (+1,6% este año frente al 7,3% en 2024), como en agosto (+2,9%
frente a +7,3%) y más en septiembre (+0,8% de turistas frente a +9,1% en 2024),
según el INE. Y este año, han caído los turistas
franceses (-0,1% hasta septiembre frente a 2024), y belgas (-2,8%), creciendo
muy poco los alemanes (+1,4%), nórdicos (+1,9%), británicos (+4%),
italianos (+4,5%), holandeses (+3,4%) y norteamericanos (+3,1%). Un frenazo en
el turismo derivado del estancamiento europeo, la incertidumbre económica
internacional y la fuerte subida de precios turísticos en España.
El otro motor del crecimiento en estos años, las
exportaciones, se han estancado también: han
crecido sólo un +0,5% este año (enero-septiembre), menos que las
europeas (+2,4% han crecido en la UE-27, +1,2% en Francia y +3,5% en Italia,
aunque sólo +0,3% en Alemania), según los últimos datos de Comercio, debido
también al estancamiento europeo (el 62% de nuestras exportaciones ven a la
UE-27 y el 74% a toda Europa) y a la incertidumbre mundial. Y los
aranceles han disparado el déficit comercial que tenemos con EEUU
(importamos más de lo que exportamos): -10.785 millones de euros hasta
septiembre, +38,7% que en 2024. Y además, la fortaleza del euro (se ha
revalorizado +11,2% frente al dólar este año) no ayuda, porque los
productos españoles (y europeos) son ahora un 11,2% más caros a los paises que
pagan sus compras (o sus viajes) en dólares.
Otro problema en el horizonte económico es que los aranceles
y la incertidumbre internacional han frenado la tendencia a la bajada de
tipos, tan necesaria para reanimar las economías y el bolsillo de los
hipotecados: el
BCE decidió en octubre (por tercera reunión consecutiva) mantener
los tipos oficiales en el 2%, ante el panorama económico mundial y los
aranceles, que pueden relanzar la inflación europea (en el 2,5% en octubre,
peor que el 2,2% de mayo). Eso ha provocado que el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos) lleve
4 meses subiendo (del 2,081 en julio al 2,220 previsto para
noviembre), lo que encarece las futuras hipotecas (ya mucho más caras porque se
ha disparado el precio de los pisos).
En definitiva, España crece (+2,9%) más que el
resto de Europa (+1,4%), pero hay problemas que frenarán ese crecimiento en
2026 (+2,2%). Y sobre todo, hay
muchos españoles que no notan este crecimiento, por distintas causas.
La primera, por la fuerte subida de los alimentos, (que suponen el 15,8%
del presupuesto de las familias) : hasta octubre suben un +2,4% anual, pero el
problema es que llueve sobre mojado y ya se han encarecido un +36,24% entre
2020 y 2025, según el INE.
Una subida acumulada que crea problemas a la
mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, porque los
salarios han crecido en estos años menos de la mitad (+16,6% entre 2020 y
2025,
según la estadística de convenios). El otro punto negro del crecimiento son los
gastos de la vivienda (alquileres, agua, luz, calefacción, tasas e
impuestos), que crecen un +7,5% este año y un +32,4% desde principios de 2020.
Y además, la vivienda es la primera preocupación de
los españoles, según
el CIS, porque se han disparado los precios de compra y los
alquileres. El precio de las casas subió a 2.153 euros/m2 en
septiembre de 2025, según
el Ministerio de la Vivienda, superando el precio que tenía en plena
burbuja (2.101 euros en 2008). Y los alquileres están ya en 14,5 euros
de media por metro cuadrado (1.305 euros un piso de 90m2), según
el portal Idealista, pero se disparan hasta los 24,3 euros en Barcelona
(2.187 euros mensuales) o 23 euros en Madrid (2.070 euros). Una subida del
46,5% sólo en los últimos 7 años, que impide emanciparse a los jóvenes y que
hunde en la pobreza a las familias que necesitan alquilar.
La combinación de sueldos bajos (el
30% de los asalariados ganan menos de 1.582 euros mensuales brutos y otro 40%
ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos) y alta
inflación acumulada más los alquileres disparados provocan que casi
la mitad de las familias (el 47,4%) tengan problemas para llegar a
fin de mes, a pesar del alto crecimiento de España: el 9,1% llegan a
fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), según el INE, otro 12,7%
llegan a fin de mes “con dificultad” y el 25,6% restante “con cierta
dificultad”. Y además, son muchos los españoles que sufren “carencias
materiales”, según el INE: casi un
tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos
imprevistos”, el 6,1% no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días, un
17,6% no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y otro 13,6%
de habitantes han tenido “retrasos” en el pago de recibos y gastos de su
vivienda.
Pero lo más preocupante, a pesar del alto crecimiento y del
fuerte aumento del empleo (menos precario tras la reforma laboral) es que España
tiene todavía muchos “pobres” (personas que ingresan menos del 60% de
la media del país): somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7%
de la población en 2024), tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%)
y Lituania (20,6%), según
Eurostat, muy por encima de la media europea (16,2% de pobreza) y de
Alemania (15,5%), Francia (15,9%) e Italia (18,9%). Esa tasa de pobreza ha
bajado desde 2018 (era del 21,5%), cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pero como
ha aumentado la población, todavía hoy
tenemos 9.653.000 españoles en situación de “pobreza monetaria”
(ganan menos del 60% que la media), sólo 409.000 “pobres" menos que en 2018. Y
la previsión del Gobierno es que la pobreza baje al 19,1% de la población en
2028, un preocupante objetivo, porque al aumentar la población, habrá más
pobres en tres años.
Una pobreza que se concentra en las familias jóvenes
con hijos (más las que encabezan mujeres solas), los
jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y con dos datos
preocupantes: hay 4,3 millones de españoles en situación de exclusión
severa, según
el reciente estudio Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja
que estos pobres más graves trabajan en muchos casos y en otros estudian
o buscan empleo. Y que el 45% viven en alquiler, destacando la pobreza
severa entre jóvenes, mujeres y familias con niños. Precisamente, en España hay
2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, según
Save the Children, quien recuerda que somos el 2º país europeo con más
pobreza infantil.
En resumen, que la economía española va muy
bien, pero la
economía de muchos españoles va regular o mal (mientras la de
otros va mucho mejor). Es urgente repartir
mejor el crecimiento, para que mejore la vida de la mayoría de
españoles y sobre todo de los más vulnerables. Hay que actuar en dos
frentes. Uno, aprobar un Plan urgente contra la pobreza, en
especial contra la pobreza infantil, aprobando una ayuda
universal por hijo (como tienen 19 de los 27 paises de la UE), que
está pendiente de la nueva Ley
de Familia, paralizada en el Congreso. Y otro, habría que pactar una
nueva política salarial, que además de seguir aumentando el salario
mínimo (ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2024), revise al
alza´(con mayores subidas que el resto) los salarios más bajos, ahora que las empresas llevan años subiendo márgenes y beneficios.
Pero además, hay que revisar toda la estrategia de ayudas sociales, muy dispersa y mal planteada, porque tanto la
Comisión Europea como la OCDE reiteran que las ayudas públicas (directas y
fiscales) ayudan comparativamente más a los que más tienen que a los más
pobres. Y en paralelo, urge fortalecer los servicios públicos,
porque la saturación de la sanidad, la educación y la Dependencia obliga
a muchas familias a gastar parte de su sueldo en un seguro privado, en colegios
concertados, comedores y transporte escolar o en contratar a alguien para
cuidar a mayores y discapacitados, dificultándoles llegar a fin de mes.
Pero, sobre todo, hay que resolver el grave problema de la vivienda,
que hunde todos los presupuestos (ya sea por el alquiler o la hipoteca) y tomar
medidas para mejorar la precariedad laboral (y salarial) de una
buena parte de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y vigilar los
precios de los alimentos, para que intermediarios y super no se forren a
costa de nuestro bolsillo.
En definitiva, no basta con crecer, hay que
conseguir que este crecimiento mejore la vida de la mayoría de españoles y no
deje atrás a las familias más vulnerables. Para eso necesitamos gastar
más desde las Administraciones públicas, lo que exige recaudar
más, no pagando más impuestos la mayoría sino los que hoy pagan menos
(empresas, bancos y los más ricos). Hace falta una reforma fiscal y una
mejora de las ayudas y servicios públicos para que la mayoría de
españoles confíen en el sistema y no crezca el desencanto (y la extrema
derecha). Pero todo esto exige acuerdos y un Presupuesto. Algo imposible
ahora. Así nos va.
La matriculación de coches “electrificados”
(eléctricos puros más enchufables) se ha duplicado en España, creciendo
cuatro veces más que en Europa (+26,5%). Pero el porcentaje de coches “electrificados”
es mucho menor que en la mayoría de paises y sólo circulan 575.395, el
1,6% del parque de turismos (y 16.000 furgonetas o 1.000 camiones “electrificados”).
El problema es que estos coches son más caros, reciben ayudas que tardan años
en cobrarse y apenas hay puntos de recarga (sólo en 3.000 se recarga en menos
de media hora), razones por las que se compran el doble de coches “híbridos”
(con motor de gasolina y baterías, para conseguir la etiqueta ECO) que
“electrificados”. En diciembre, el Gobierno presentará un Plan para
cambiar las ayudas y promover el coche eléctrico. Pero el riesgo
es que Europa, con el auge del negacionismo climático de la
derecha y ultraderecha, está a punto de prorrogar la prohibición de
vender coches de combustión a partir de 2035. Y eso frenará el
coche eléctrico, clave contra la emergencia climática. Atentos.
En todo el mundo, la venta de coches electrificables se
complica este año 2025, por los aranceles
de Trump a la importación de coches fabricados
en el extranjero, que los encarece entre un 15% y un 100% más, según
paises. En Europa, la venta interna de coches eléctricos
se complica por la
enorme competencia de China, que vende coches muy competitivos
gracias a las fuertes subvenciones de su Estado y a que lleva años
desarrollando tecnología y baterías, por lo que consigue producir coches
eléctricos pequeños y medianos con un precio muy competitivo y bastantes
prestaciones. Esta competencia china, considerada “desleal”
por la Comisión Europea, la llevó a aplicar aranceles a los coches
importados de China, que entraron
en vigor el 30 de octubre de 2024: al 10% de arancel existente, la
UE añadió un arancel adicional del 17% al 35,3%, según marcas
(17% adicional para BYD, 18,8% para Geely y 35,3% para SAIC, por ejemplo).
Pero los coches
eléctricos chinos siguen llegando a Europa y más después de que Trump
les subiera los aranceles para venderlos en EEUU: suponían un 5,7% de las
ventas de coches eléctricos en Europa en junio de 2025, gracias a que han
acertado con modelos urbanos, de tamaño medio y un software integrado
bastante completo, que permite una autonomía razonable por precios inferiores a
25.000 euros. Este atractivo producto se complementa con dos
estrategias de China para “burlar” los aranceles impuestos por Bruselas:
producir algunos coches eléctricos en fábricas instaladas en Europa y vender
modelos “cuadriciclos” (que empezarán
a producir en Italia en diciembre de 2025), que no pagan aranceles
(vehículos de menos de 2,60 metros, que alcanzan una velocidad de 45 a 90 km/h
y autonomía de 120 a 180 km, que se venden por menos de 8.000 euros).
China, el mayor productor
de coches eléctricos del mundo (12,4 millones en 2024) y el mayor exportador
(casi 2 millones) se está concentrando en producir parte de sus coches eléctricos
en Europa, para burlar los aranceles de Bruselas y ganar cuota en
el 2º mayor mercado de vehículos “electrificables”
del mundo. BYD,
el mayor fabricante chino de eléctricos (que intenta arrebatar el liderazgo
mundial a Tesla), tiene una fábrica en Hungría desde 2017 que fabrica
autobuses y camiones eléctricos, pero está construyendo otra que va a fabricar
turismos “electrificables” para finales de 2025 y planea construir otra fábrica
en Turquía que fabricará 150.000 vehículos “electrificables” al año
desde finales de 2026. Pero ahora se
le ha adelantado otra marca china, Xpeng, que ha empezado a ensamblar
sus modelos “electrificados” más populares en la factoría de Magna en Austria.
Y pretende construir otra factoría para 2026 en Turquía, país muy
atractivo para China porque está fuera de los aranceles UE. Y la china Dongfeng
negocia instalar una planta de vehículos electrificables en Italia,
mientras Chery, que tiene una fábrica en España, negocia abrir otra en Turquía.
Precisamente, Chery se convirtió en la primera
empresa china en ensamblar sus vehículos en España, al comprar (abril
2024) la factoría que tenía en Barcelona (y cerró) la japonesa
Nissan. Ahí se van a ensamblar, a principios de 2026, los coches electrificados
Omoda 5, Jaecoo 5 y Ebro S900 (ya
desde este mes de noviembre). Otra automovilística china, Leapmotor, ha llegado a un acuerdo con Stellantis
para montar sus coches electrificados en la factoría Opel de Figueruelas
(Zaragoza), primero montando los kits que vienen de China y luego
avanzando en una producción tradicional. Y también Leapmotor estudia abrir una segunda
factoría en Europa, para la que se habla de Tarragona. Otro gigante
chino del motor, MG, también baraja abrir una factoría en España.
La
queja de las autoridades europeas y de
los fabricantes es que los chinos “no fabrican en Europa, sólo ensamblan”
(“kits de vehículos” que importan) y no aportan tecnología ni casi empleo.
El Gobierno Sánchez ha buscado atraer empresas automovilísticas
extranjeras a España con fondos públicos (la mayoría Fondos UE) incluidos
en el PERTE
del vehículo eléctrico y conectado (aprobado en julio de 2021), para convertir
a España en un nudo mundial del coche electrificado, con 24.000 millones de
inversión (4.000 públicos). El objetivo es facilitar la producción de estos
vehículos en las factorías actuales o en otras nuevas, aportando además ayudas
para construir plantas de fabricación de baterías para los coches
electrificados. De momento, hay
4 proyectos en marcha: una planta en Sagunto
(Valencia), promovida por Volkswagen que producirá a partir de julio de 2026, otra
promovida por la china Envisión en
Navalmoral de la Mata (Cáceres) y que producirá en 2028, la
gigafactoría de Figueruelas (Zaragoza), promovida por Stellantis y la
china CATL y que empezará a fabricar a
finales de 2026, y la factoría de la eslovaca InoBat, que fabricará baterías eléctricas en Valladolid para la primavera de 2027.
Este interés de China por el mercado eléctrico
europeo se debe al constante aumento de las ventas de coches
electrificados en el continente. En 2025 (hasta septiembre), se han vendido
en toda Europa (UE, Reino Unido y otros paises EFTA) un total de 9,92
millones de vehículos, sólo +1,5% que el año pasado, según la
patronal ACEA. Pero más de la cuarta parte de estos vehículos
vendidos (el 27,34%) han sido coches electrificables (eléctricos
puros e híbridos enchufables: 2,71 millones), cuyas ventas crecen mucho (+27,5%).
Y otro tercio de las ventas (3,45 millones, el 34,8%) son coches “híbridos”
(con 2 motores, uno de combustión y otro eléctrico que se recarga al frenar
o reducir la velocidad), que no son considerados “electrificables”, pero que
son la antesala y contaminan menos (etiqueta ECO). Así que dos tercios
(62,1%) de los coches que se venden en Europa no son de combustión.
En la UE-27, la venta de coches “electrificados”
ha sido de 2.023.102 vehículos (enero-septiembre), un 25,10% del
total (16,10% eléctricos puros y 9% híbridos enchufables), según
ACEA. En cabeza de ventas de coches electrificados en la UE están Dinamarca
(68,72% de todas las ventas), Suecia (62%), Paises Bajos (55,15%)
y Bélgica (42,67%), aunque les supera Noruega (96,82% coches que
compran son electrificados). Les siguen Portugal (35,92%) y Alemania
(28,42%), superados por Reino Unido (33%). Y en el grupo de cola se
sitúa España (18,5% de coches electrificados vendidos hasta septiembre),
seguida de lejos por Italia (11,12%), Polonia (11,05%) y la mayor parte de
paises del Este. En conjunto, un gran salto, ya que en 2019 sólo
se vendían un 3% de coches electrificados en la UE. Pero todavía se
venden casi 3 millones de coches de combustión contaminantes (2,2 millones
de gasolina y 745.986 de gasóleo), el 37% de las ventas totales. Y 2,8
millones de “híbridos” (el 34,6% de las ventas), que son un
avance sobre los coches de combustión, pero también contaminan.
En España, los coches “electrificados”
(eléctricos puros e híbridos enchufables) han dado un salto tremendo de
ventas en 2025: hasta octubre se han vendido 180.428 turismos
electrificados, según
ANFAC, el doble que en ese periodo de 2024, un crecimiento que
cuadruplica estas ventas en la UE-27 (+26,5% hasta septiembre, el último dato
de ACEA). Y supone un enorme salto, porque en 2019, esos coches
representaban el 6,7% de las ventas (la tercera parte) y ahora
suponen ya el 18,96% de las ventas. Pero todavía, los coches más
vendidos en España son los “híbridos” (2 motores y etiqueta ECO,
aunque “contaminan”), 396.509
turismos matriculados en 10 meses (el 41,67%) y los de combustión
(el 34,27% de las ventas: 273.267 turismos vendidos de gasolina y 52.803
de gasóleo), siendo el resto (48.508 coches, el 3,22% de las ventas)
turismos de GLP y gas natural.
Con estos datos, el balance es agridulce: el
vehículo electrificado crece en España (se triplica el
porcentaje de ventas sobre 2019) pero los coches que más se venden son los “híbridos”
(ecológicos “a medias”) y los coches de combustión de siempre (gasolina
y gasóleo), aunque ahora contaminan mucho menos que los viejos. Y además, la
mejoría de ventas de coches electrificados se restringe a los
turismos, porque apenas se venden furgonetas comerciales con esta
motorización (el
90% de las vendidas este año son de gasoil) y mucho menos camiones (sólo se han vendido 88 “electrificados”
hasta junio de 2025). Con ello, en España sólo
circulan hoy 575.395 turismos electrificados (el 1,6% del parque),
16.000 vehículos comerciales “electrificados y menos de 1.000 camiones…frente a
un parque de 34,3 millones de vehículos ( el 40% con más de 15 años de vida). Desolador
para el medio ambiente…
¿Por
qué los españoles no compramos más coches electrificados? Hay varias
razones. La primera, porque son
más caros que los de combustión, aunque el aumento de oferta y la
competencia de coches chinos ha reducido la diferencia, que oscila entre 5.000
y 10.000 euros, según modelos. Y hay expertos que señalan que no sólo hay que
tener en cuenta el precio de coste, sino también el menor coste de impuestos
(matriculación) , del combustible (470 euros frente a 1.145 en 10.000
kilómetros, según
la OCU) y del mantenimiento, aunque otros señalan los retrasos para
conseguir repuestos y el mayor coste de los seguros.
Otro problema al comprar un coche electrificado es que las
ayudas públicas (hasta 7.000 euros si se achatarra y 4.500 si no) se
retrasan mucho, hasta 1 o 2 años en algunas autonomías. Pero el
problema que más retrae a la compra es que apenas hay puntos de
recarga: en septiembre había censados 52.107
puntos de acceso público (más otros 14.643 que no funcionan), sólo
13.382 más que el año pasado porque hay
mucha burocracia de Ayuntamientos, comunidades y eléctricas para
instalarlos. Pero además, la mayoría son muy lentos: el 69% necesitan 3 horas
para recargar, otro 4,1% de 1,20 a 3 horas, otro 16,6% de 1,20 a 27 minutos ,
un 5,8% entre 15 y 27 minutos y sólo
el 4% restante (2.080 postes)
permiten recargar entre 5 y 10 minutos,
lo que es crucial para un viaje. Así que faltan postes de recarga (somos
uno de los países que menos tienen) y más rápidos. Si no, no compraremos coches
“electrificados” y seguirán las ventas de híbridos y gasolina.
Para tratar de dar otro impulso al coche
electrificado en España, el Gobierno va a aprobar antes de final de año
el
Plan Auto 2030, que viene preparando con el sector desde hace un año y
que contempla ayudas específicas para atraer a España la producción de
coches electrificados y baterías, incentivos a la investigación
(I+D+i), búsqueda de precios energéticos competitivos y cambios en la
fiscalidad del automóvil que permitan autofinanciar mayores ayudas a la compra
de vehículos electrificados. Ayudas que se van a relanzar el 1 de enero
(las
del Plan Moves III de 2015 se han agotado en la mayoría de España) y que
ahora
no van a gestionar las autonomías sino el Estado (como piden industrias
y concesionarios), para evitar los actuales retrasos y desigualdades.
Este Plan español, que busca aumentar la producción y
venta de coches no contaminantes puede chocar con los aires
“involucionistas” que vienen del resto de Europa, donde avanzan las
posiciones negacionistas de la derecha (PPE europeo) y la ultraderecha: el
último ejemplo, el voto en contra, en el Europarlamento europeo
de ambos (rompiendo así el control sanitario a la ultraderecha que hasta ahora
defendía la derecha europea) de una Directiva europea de simplificación,
defendiendo
una reducción drástica de las normas sobre medio ambiente (y derechos
humanos) que se exigía a las empresas europeas. A partir de ahí, muchos esperan
que la Comisión Europea de marcha atrás en la prohibición (aprobada
en 2023) de vender coches de combustión (gasolina y diesel) a partir de
2035, retrasándola
(quizás a 2040), como presionan Alemania, Italia y Polonia, con toda la
industria europea del automóvil detrás.
Si
finalmente se retrasa hasta 2040 la prohibición de vender los coches
más contaminantes, la medida será negativa para el coche “electrificado”,
porque tendrá menos inversiones y se frenará la competencia,
el aumento de modelos y la mejoría de precios que estamos viendo en los últimos
años. En perjuicio de los compradores y del medio ambiente,
precisamente cuando la emergencia
climática (oleadas de calor, incendios e inundaciones) y la
contaminación en las ciudades más se ceban sobre España y el resto de Europa.
Atentos.
