La matriculación de coches “electrificados”
(eléctricos puros más enchufables) se ha duplicado en España, creciendo
cuatro veces más que en Europa (+26,5%). Pero el porcentaje de coches “electrificados”
es mucho menor que en la mayoría de paises y sólo circulan 575.395, el
1,6% del parque de turismos (y 16.000 furgonetas o 1.000 camiones “electrificados”).
El problema es que estos coches son más caros, reciben ayudas que tardan años
en cobrarse y apenas hay puntos de recarga (sólo en 3.000 se recarga en menos
de media hora), razones por las que se compran el doble de coches “híbridos”
(con motor de gasolina y baterías, para conseguir la etiqueta ECO) que
“electrificados”. En diciembre, el Gobierno presentará un Plan para
cambiar las ayudas y promover el coche eléctrico. Pero el riesgo
es que Europa, con el auge del negacionismo climático de la
derecha y ultraderecha, está a punto de prorrogar la prohibición de
vender coches de combustión a partir de 2035. Y eso frenará el
coche eléctrico, clave contra la emergencia climática. Atentos.
En todo el mundo, la venta de coches electrificables se
complica este año 2025, por los aranceles
de Trump a la importación de coches fabricados
en el extranjero, que los encarece entre un 15% y un 100% más, según
paises. En Europa, la venta interna de coches eléctricos
se complica por la
enorme competencia de China, que vende coches muy competitivos
gracias a las fuertes subvenciones de su Estado y a que lleva años
desarrollando tecnología y baterías, por lo que consigue producir coches
eléctricos pequeños y medianos con un precio muy competitivo y bastantes
prestaciones. Esta competencia china, considerada “desleal”
por la Comisión Europea, la llevó a aplicar aranceles a los coches
importados de China, que entraron
en vigor el 30 de octubre de 2024: al 10% de arancel existente, la
UE añadió un arancel adicional del 17% al 35,3%, según marcas
(17% adicional para BYD, 18,8% para Geely y 35,3% para SAIC, por ejemplo).
Pero los coches
eléctricos chinos siguen llegando a Europa y más después de que Trump
les subiera los aranceles para venderlos en EEUU: suponían un 5,7% de las
ventas de coches eléctricos en Europa en junio de 2025, gracias a que han
acertado con modelos urbanos, de tamaño medio y un software integrado
bastante completo, que permite una autonomía razonable por precios inferiores a
25.000 euros. Este atractivo producto se complementa con dos
estrategias de China para “burlar” los aranceles impuestos por Bruselas:
producir algunos coches eléctricos en fábricas instaladas en Europa y vender
modelos “cuadriciclos” (que empezarán
a producir en Italia en diciembre de 2025), que no pagan aranceles
(vehículos de menos de 2,60 metros, que alcanzan una velocidad de 45 a 90 km/h
y autonomía de 120 a 180 km, que se venden por menos de 8.000 euros).
China, el mayor productor
de coches eléctricos del mundo (12,4 millones en 2024) y el mayor exportador
(casi 2 millones) se está concentrando en producir parte de sus coches eléctricos
en Europa, para burlar los aranceles de Bruselas y ganar cuota en
el 2º mayor mercado de vehículos “electrificables”
del mundo. BYD,
el mayor fabricante chino de eléctricos (que intenta arrebatar el liderazgo
mundial a Tesla), tiene una fábrica en Hungría desde 2017 que fabrica
autobuses y camiones eléctricos, pero está construyendo otra que va a fabricar
turismos “electrificables” para finales de 2025 y planea construir otra fábrica
en Turquía que fabricará 150.000 vehículos “electrificables” al año
desde finales de 2026. Pero ahora se
le ha adelantado otra marca china, Xpeng, que ha empezado a ensamblar
sus modelos “electrificados” más populares en la factoría de Magna en Austria.
Y pretende construir otra factoría para 2026 en Turquía, país muy
atractivo para China porque está fuera de los aranceles UE. Y la china Dongfeng
negocia instalar una planta de vehículos electrificables en Italia,
mientras Chery, que tiene una fábrica en España, negocia abrir otra en Turquía.
Precisamente, Chery se convirtió en la primera
empresa china en ensamblar sus vehículos en España, al comprar (abril
2024) la factoría que tenía en Barcelona (y cerró) la japonesa
Nissan. Ahí se van a ensamblar, a principios de 2026, los coches electrificados
Omoda 5, Jaecoo 5 y Ebro S900 (ya
desde este mes de noviembre). Otra automovilística china, Leapmotor, ha llegado a un acuerdo con Stellantis
para montar sus coches electrificados en la factoría Opel de Figueruelas
(Zaragoza), primero montando los kits que vienen de China y luego
avanzando en una producción tradicional. Y también Leapmotor estudia abrir una segunda
factoría en Europa, para la que se habla de Tarragona. Otro gigante
chino del motor, MG, también baraja abrir una factoría en España.
La
queja de las autoridades europeas y de
los fabricantes es que los chinos “no fabrican en Europa, sólo ensamblan”
(“kits de vehículos” que importan) y no aportan tecnología ni casi empleo.
El Gobierno Sánchez ha buscado atraer empresas automovilísticas
extranjeras a España con fondos públicos (la mayoría Fondos UE) incluidos
en el PERTE
del vehículo eléctrico y conectado (aprobado en julio de 2021), para convertir
a España en un nudo mundial del coche electrificado, con 24.000 millones de
inversión (4.000 públicos). El objetivo es facilitar la producción de estos
vehículos en las factorías actuales o en otras nuevas, aportando además ayudas
para construir plantas de fabricación de baterías para los coches
electrificados. De momento, hay
4 proyectos en marcha: una planta en Sagunto
(Valencia), promovida por Volkswagen que producirá a partir de julio de 2026, otra
promovida por la china Envisión en
Navalmoral de la Mata (Cáceres) y que producirá en 2028, la
gigafactoría de Figueruelas (Zaragoza), promovida por Stellantis y la
china CATL y que empezará a fabricar a
finales de 2026, y la factoría de la eslovaca InoBat, que fabricará baterías eléctricas en Valladolid para la primavera de 2027.
Este interés de China por el mercado eléctrico
europeo se debe al constante aumento de las ventas de coches
electrificados en el continente. En 2025 (hasta septiembre), se han vendido
en toda Europa (UE, Reino Unido y otros paises EFTA) un total de 9,92
millones de vehículos, sólo +1,5% que el año pasado, según la
patronal ACEA. Pero más de la cuarta parte de estos vehículos
vendidos (el 27,34%) han sido coches electrificables (eléctricos
puros e híbridos enchufables: 2,71 millones), cuyas ventas crecen mucho (+27,5%).
Y otro tercio de las ventas (3,45 millones, el 34,8%) son coches “híbridos”
(con 2 motores, uno de combustión y otro eléctrico que se recarga al frenar
o reducir la velocidad), que no son considerados “electrificables”, pero que
son la antesala y contaminan menos (etiqueta ECO). Así que dos tercios
(62,1%) de los coches que se venden en Europa no son de combustión.
En la UE-27, la venta de coches “electrificados”
ha sido de 2.023.102 vehículos (enero-septiembre), un 25,10% del
total (16,10% eléctricos puros y 9% híbridos enchufables), según
ACEA. En cabeza de ventas de coches electrificados en la UE están Dinamarca
(68,72% de todas las ventas), Suecia (62%), Paises Bajos (55,15%)
y Bélgica (42,67%), aunque les supera Noruega (96,82% coches que
compran son electrificados). Les siguen Portugal (35,92%) y Alemania
(28,42%), superados por Reino Unido (33%). Y en el grupo de cola se
sitúa España (18,5% de coches electrificados vendidos hasta septiembre),
seguida de lejos por Italia (11,12%), Polonia (11,05%) y la mayor parte de
paises del Este. En conjunto, un gran salto, ya que en 2019 sólo
se vendían un 3% de coches electrificados en la UE. Pero todavía se
venden casi 3 millones de coches de combustión contaminantes (2,2 millones
de gasolina y 745.986 de gasóleo), el 37% de las ventas totales. Y 2,8
millones de “híbridos” (el 34,6% de las ventas), que son un
avance sobre los coches de combustión, pero también contaminan.
En España, los coches “electrificados”
(eléctricos puros e híbridos enchufables) han dado un salto tremendo de
ventas en 2025: hasta octubre se han vendido 180.428 turismos
electrificados, según
ANFAC, el doble que en ese periodo de 2024, un crecimiento que
cuadruplica estas ventas en la UE-27 (+26,5% hasta septiembre, el último dato
de ACEA). Y supone un enorme salto, porque en 2019, esos coches
representaban el 6,7% de las ventas (la tercera parte) y ahora
suponen ya el 18,96% de las ventas. Pero todavía, los coches más
vendidos en España son los “híbridos” (2 motores y etiqueta ECO,
aunque “contaminan”), 396.509
turismos matriculados en 10 meses (el 41,67%) y los de combustión
(el 34,27% de las ventas: 273.267 turismos vendidos de gasolina y 52.803
de gasóleo), siendo el resto (48.508 coches, el 3,22% de las ventas)
turismos de GLP y gas natural.
Con estos datos, el balance es agridulce: el
vehículo electrificado crece en España (se triplica el
porcentaje de ventas sobre 2019) pero los coches que más se venden son los “híbridos”
(ecológicos “a medias”) y los coches de combustión de siempre (gasolina
y gasóleo), aunque ahora contaminan mucho menos que los viejos. Y además, la
mejoría de ventas de coches electrificados se restringe a los
turismos, porque apenas se venden furgonetas comerciales con esta
motorización (el
90% de las vendidas este año son de gasoil) y mucho menos camiones (sólo se han vendido 88 “electrificados”
hasta junio de 2025). Con ello, en España sólo
circulan hoy 575.395 turismos electrificados (el 1,6% del parque),
16.000 vehículos comerciales “electrificados y menos de 1.000 camiones…frente a
un parque de 34,3 millones de vehículos ( el 40% con más de 15 años de vida). Desolador
para el medio ambiente…
¿Por
qué los españoles no compramos más coches electrificados? Hay varias
razones. La primera, porque son
más caros que los de combustión, aunque el aumento de oferta y la
competencia de coches chinos ha reducido la diferencia, que oscila entre 5.000
y 10.000 euros, según modelos. Y hay expertos que señalan que no sólo hay que
tener en cuenta el precio de coste, sino también el menor coste de impuestos
(matriculación) , del combustible (470 euros frente a 1.145 en 10.000
kilómetros, según
la OCU) y del mantenimiento, aunque otros señalan los retrasos para
conseguir repuestos y el mayor coste de los seguros.
Otro problema al comprar un coche electrificado es que las
ayudas públicas (hasta 7.000 euros si se achatarra y 4.500 si no) se
retrasan mucho, hasta 1 o 2 años en algunas autonomías. Pero el
problema que más retrae a la compra es que apenas hay puntos de
recarga: en septiembre había censados 52.107
puntos de acceso público (más otros 14.643 que no funcionan), sólo
13.382 más que el año pasado porque hay
mucha burocracia de Ayuntamientos, comunidades y eléctricas para
instalarlos. Pero además, la mayoría son muy lentos: el 69% necesitan 3 horas
para recargar, otro 4,1% de 1,20 a 3 horas, otro 16,6% de 1,20 a 27 minutos ,
un 5,8% entre 15 y 27 minutos y sólo
el 4% restante (2.080 postes)
permiten recargar entre 5 y 10 minutos,
lo que es crucial para un viaje. Así que faltan postes de recarga (somos
uno de los países que menos tienen) y más rápidos. Si no, no compraremos coches
“electrificados” y seguirán las ventas de híbridos y gasolina.
Para tratar de dar otro impulso al coche
electrificado en España, el Gobierno va a aprobar antes de final de año
el
Plan Auto 2030, que viene preparando con el sector desde hace un año y
que contempla ayudas específicas para atraer a España la producción de
coches electrificados y baterías, incentivos a la investigación
(I+D+i), búsqueda de precios energéticos competitivos y cambios en la
fiscalidad del automóvil que permitan autofinanciar mayores ayudas a la compra
de vehículos electrificados. Ayudas que se van a relanzar el 1 de enero
(las
del Plan Moves III de 2015 se han agotado en la mayoría de España) y que
ahora
no van a gestionar las autonomías sino el Estado (como piden industrias
y concesionarios), para evitar los actuales retrasos y desigualdades.
Este Plan español, que busca aumentar la producción y
venta de coches no contaminantes puede chocar con los aires
“involucionistas” que vienen del resto de Europa, donde avanzan las
posiciones negacionistas de la derecha (PPE europeo) y la ultraderecha: el
último ejemplo, el voto en contra, en el Europarlamento europeo
de ambos (rompiendo así el control sanitario a la ultraderecha que hasta ahora
defendía la derecha europea) de una Directiva europea de simplificación,
defendiendo
una reducción drástica de las normas sobre medio ambiente (y derechos
humanos) que se exigía a las empresas europeas. A partir de ahí, muchos esperan
que la Comisión Europea de marcha atrás en la prohibición (aprobada
en 2023) de vender coches de combustión (gasolina y diesel) a partir de
2035, retrasándola
(quizás a 2040), como presionan Alemania, Italia y Polonia, con toda la
industria europea del automóvil detrás.
Si
finalmente se retrasa hasta 2040 la prohibición de vender los coches
más contaminantes, la medida será negativa para el coche “electrificado”,
porque tendrá menos inversiones y se frenará la competencia,
el aumento de modelos y la mejoría de precios que estamos viendo en los últimos
años. En perjuicio de los compradores y del medio ambiente,
precisamente cuando la emergencia
climática (oleadas de calor, incendios e inundaciones) y la
contaminación en las ciudades más se ceban sobre España y el resto de Europa.
Atentos.
Las tres grandes eléctricas han pedido la prórroga
por casi 3 años de Almaraz, la nuclear que debe cerrar en 2027 y 2028.
Sería la 2ª prórroga, porque las eléctricas consiguieron en
2019 una prórroga de 7,4 a 10 años en sus 7 centrales nucleares, a cambio de cerrarlas entre 2027 y 2035. Ahora cambian,
apuntándose a la “ola nuclear” que recorre el mundo y
aprovechando los temores por el gran apagón (aunque reconocen que
las nucleares no lo evitan). El Gobierno tiene hasta marzo para decidir,
entre presiones de las eléctricas y el PP, con la oposición de Sumar. Los
datos demuestran que las nucleares (20% de la electricidad) pueden
ser sustituidas por las renovables (2 de las muchas plantas solares de
Extremadura generan lo que Almaraz I), cuya luz cuesta la mitad y es más
segura y más limpia (los residuos nucleares son costosos, porque duran milenios).
Lo razonable sería no prorrogar Almaraz, para no frenar las
inversiones en renovables, que aportarán el 81% de la electricidad en
2030. Y decidir sobre el resto cuando toque.
¿Por qué las eléctricas deciden cerrar voluntariamente
sus 7 nucleares en 2019? Primero, por estas ventajas
(importantes) que habían logrado. Segundo, porque la entrada
creciente de las renovables en el mercado eléctrico (aportaron el
38,1% en 2018, frente al 20,4% las nucleares) estaba bajando el coste del
mercado eléctrico y producir kilovatios nucleares era menos rentable. Y
tercero, porque así “hacían hueco” a sus centrales térmicas de gas,
una
“burbuja energética” a punto de estallar: habían invertido más de
15.000 millones en decenas de centrales (67
hoy), dando un salto de potencia instalada de cero a 27.000 MWH en 7 años
(de 2002 a 2009), pero aportando
el 10% de la electricidad (estas “centrales de ciclo combinado” son “la
reserva” del sistema, complementan el suministro cuando no hay sol, aire o
agua suficiente).
Y así, las eléctricas estaban contentas con su
cierre de las nucleares hasta 2022. La invasión de Ucrania y la
subida disparada del precio del gas provocaron que muchos paises quisieran “recuperar”
las olvidadas nucleares. La Cumbre
del Clima de Dubai (diciembre 2023) hace un llamamiento para “acelerar
la energía nuclear, junto a otras fuentes bajas en CO2”. Antes, en
enero de 2022, la Comisión Europea propuso que la energía nuclear y
el gas “tengan un papel clave en la transición energética”, con la oposición de
varios paises. Y el 1 de abril de 2024, empresas, inversores, líderes mundiales
y la plana mayor de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas en “la
primera Cumbre nuclear de la historia”.
En paralelo y después, paises
y empresas empiezan a promover proyectos nucleares, desde EEUU (con
Trump) a China, India, Rusia y paises en desarrollo, también
en Europa, donde la energía nuclear se abandonó en los años 80,
por la gran
contestación popular tras 3
grandes accidentes en las centrales de Three Island (1979, USA), Chernóbil
(1986, Ucrania) y Fukushima (2011, Japón). De hecho, Alemania
cerró en 2023 las tres últimas centrales nucleares, tras el cierre de
14 más a partir de 2011. Y lo mismo hizo Italia, que cerró en 1990 sus
dos últimas centrales nucleares (tenía 4), tras un referéndum en 2019. Con todo
ello, la energía
nuclear tiene poco peso en el mundo (genera el 10% de la
electricidad), en EEUU (18,2%), China (5%), India (3,1%) y Rusia (18,6%) y algo
más en Europa (22%, por el 68% en Francia). Pero la tendencia
es, tras la crisis energética por Ucrania, volver a invertir en nucleares,
con propuestas de aperturas en Alemania e Italia (no concretadas) y en muchos
paises de Europa y el mundo. Por eso, la
Comisión Europea estimaba este verano que los proyectos nucleares en
ejecución en el continente (para ampliar la vida útil de centrales o para abrir
nuevas) requerirán 241.000 millones de inversión hasta 2050.
En medio de esta nueva “ola nuclear”, las eléctricas
españolas llevan un año de “lobby”, relanzando en los medios y entre
expertos “la recuperación de las nucleares” (que ellos acordaron
cerrar). Y el 28 de abril se produce el histórico
apagón en España: las eléctricas lo ven como la gran ocasión
para reivindicar las centrales nucleares, como “garantía de
abastecimiento” y un “seguro contra apagones”. Dos mentiras.
Por un lado, Almaraz I produce 1.049 megavatios (MW), frente a los 7.300 megavatios
que aportan ellas solas las plantas renovables inauguradas sólo en 2024
(son como 7 centrales de Almaraz). Y
por otro, las propias eléctricas han
reconocido, por carta enviada al Ministerio de Transición Ecológica el 24
de octubre, que las centrales nucleares “no están preparadas para
realizar un control dinámico de tensión”, una de las exigencias
exigidas por Red Eléctrica (REE) para contribuir a la estabilidad del sistema y
evitar apagones.
Aprovechando la “ola nuclear” y el apagón, las tres
eléctricas propietarias de Almaraz (52,7% Iberdrola, 26% Endesa y 11,3%
Naturgy) solicitaron el 30 de octubre, la
ampliación de la vida útil de los dos grupos de Almaraz: 2 años y 8
meses más para Almaraz I (que cierre en junio de 2030) y 1 año y 8 meses más
para Almaraz II (posponer su cierre a mayo de 2030). Y piden
además que el Gobierno les quite la tasa de generación eléctrica
(7%) y rebaje la tasa nuclear de las centrales (otra vez, como en 2019),
una tasa por la que sólo pagaron 290 millones en 2024. Curiosamente, los
dos impuestos los implantó Rajoy en 2024, concretamente su
secretario de Estado de Energía, Alberto
Nadal, hoy vicesecretario de Economía del PP, el partido que
pide la prórroga de Almaraz con las eléctricas y bajarles ahora impuestos.
Los “argumentos” de las eléctricas para
prorrogar Almaraz (y luego, supongo, el resto de nucleares), son
básicamente que la electricidad que generan nos hace falta para evitar otro
apagón y conseguir “un colchón de tiempo” hasta que se consoliden las
renovables, además de que evitarán apagones (recordemos: ellas
mismas han reconocido que no). La realidad de las cifras contradice sus
razones. Por un lado, las 6 centrales nucleares producen 7.300 MW, el
19,4% de la electricidad generada este año
(enero-septiembre), según REE, mientras las renovables generan ya el 56,7%
de la electricidad. Y sólo en 2024, las renovables que se sumaron al
sistema eléctrico aportaron 7.300 MW, según
REE, lo que las 6 nucleares. Y todas las centrales
fotovoltaicas aportan 32.350 MW de potencia (más de 4 veces lo que todas
las nucleares), cuatro veces más que en 2019 (8.913 MW).
Otro argumento es que Almaraz es clave para Extremadura.
Sí aporta muchos empleos (4.000), pero precisamente Extremadura es la
región española con más cuota de energía solar
instalada (el 59,8% de la potencia) y líder en renovables (suponen el 84,6% del parque eléctrico). Y
sólo en 2024, Extremadura puso en servicio 1.422 MW de potencia solar, más que
Almaraz I (1049 MW). Los extremeños deben saber que tienen 24 centrales
fotovoltaicas operativas (2.842 MW) y otras 14 en proyecto (aportarán 3.800
MW más). Y que la central
fotovoltaica Francisco Pizarro (Cáceres)
produce 590 MW (más de la mitad que Almaraz I) y “suministra energía
limpia a 334.000 hogares”, según
nota de Iberdrola, su dueña…
Frente a estas dudosas “ventajas", hay múltiples “desventajas”.
La primera y fundamental, que no es una energía 100% segura (recordemos
los 3 accidentes graves en el mundo) y un potencial accidente podría ser
desastroso. El 2º problema grave es que generan
unos residuos (125 Tm cada año) que se mantienen radiactivos
durante miles de años y que son costosos (lo pagamos con el recibo
de la luz) y peligrosos
de almacenar: los de alta actividad se almacenan de forma temporal en
las centrales y los de baja y media actividad en el centro de El
Cabril (Córdoba). El tercer problema, la
dependencia de otros paises para el
suministro de uranio enriquecido (Rusia, Francia, Paises Bajos y
Reino Unido más China) y barras de combustible (EEUU, Rusia, Japón,
Francia, China Y Reino Unido, sólo el 3,2% se fabrica en España), así como la
tecnología de las centrales.
Estos problemas son estructurales, de fondo. Pero
ahora, la energía nuclear tiene dos problemas más en España. Uno, que el kilovatio
nuclear es más caro (el doble)
que el kilovatio renovable, que además se abarata a medida que se desarrolla.
Así que prorrogar las nucleares lo pagaríamos en el recibo de la luz.
Pero el problema fundamental es que no hace falta prorrogar las
nucleares, porque la demanda eléctrica está estancada y porque la
electricidad renovable crece de forma imparable y lo seguirá haciendo.
Veámoslos.
La demanda de energía eléctrica creció sólo un +0,9%
en 2024, tras caer desde 2018
(salvo en 2021, tras el fin del confinamiento). Y en contrapartida , hay
un exceso de potencia instalada, que cubre con creces la demanda
(el apagón de abril no fue por falta de potencia, sino por
descoordinación entre las centrales y REE) . De hecho, en
2024, la potencia instalada creció +4,6% en 2024, cuatro veces más que la
demanda, empujada por el salto de potencia renovable: de 55.247MW
(2019)
a 85.144 MW renovables en
2024, un salto protagonizado por la energía solar fotovoltaica (32.250 MW),
la solar térmica (2.302) y la energía eólica (32.104 MW), más la hidráulica
(17.097 MW), energías frente a las que la nuclear (7.177 MW) es poco
importante. Y la previsión es que sea menos en el futuro, porque el
Plan del Clima prevé que el 81% de la electricidad sea renovable para
2030 (año en que tendremos 4 nucleares abiertas, la última,
Trillo, hasta mayo de 2035).
Evidentemente, el debate nuclear no se plantea
hoy en términos de si es “necesaria” o no (en 2027 se va a
inaugurar la central
fotovoltaica Erasmo, en Ciudad Real, con más potencia, 1.200 MW, que
Almaraz I ) y si tiene el mejor precio para nuestros bolsillos, sino “en
términos ideológicos”: la energía nuclear se ha convertido en la
bandera de la derecha negacionista del mundo y España: el PP presentó en el Congreso una proposición
para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó y Cofrentes, apoyada por
Vox y UPN, que el jueves fue rechazada por el resto de partidos
(y la
abstención de Junts). Este voto en contra de ERC y Junts (a los que la
patronal catalana “responsabiliza de un posible apagón en Cataluña en 2030”…)
tiene explicación: Naturgy (Caixa y Fondos) y EDP,
no tienen claro prorrogar otras nucleares, porque podría frenar las
inversiones en renovables.
Ahora, la pelota para prorrogar o no Almaraz está en
el tejado del Gobierno, que ha enviado la petición al CSN, como
es preceptivo, y tiene que decidirlo antes de marzo de 2026, porque el
cierre el 1 de noviembre de 2027 requiere múltiples operaciones previas. El
presidente Sánchez dice que no
está en contra de la prórroga solicitada, aunque
pide que se cumplan antes 3 condiciones: que la prórroga sea segura, que
no tenga un coste adicional para los consumidores y contribuyentes y que sea conveniente
para garantizar la seguridad del suministro. Y el presidente sabe, como la
mayoría de expertos, que las dos últimas condiciones no se van a cumplir,
mientras Sumar
le presiona a no ceder y las
eléctricas hacen “lobby” con patronales, expertos, medios de
comunicación y políticos (incluso el ahora "pronuclear" Felipe
González, quien aprobó en 1984 la “moratoria nuclear”, la suspensión de la construcción de 5 nucleares, un verdadero “rescate” a las eléctricas que hemos pagado en nuestro recibo, desde 1996 a
2015, y que nos
ha costado 5.717 millones extras…).
Lo razonable sería no prorrogar Almaraz I y II
, porque no las necesitamos para asegurar la demanda prevista a
medio plazo y porque siguen adelante los proyectos renovables, una
energía que nos suministra luz más barata (España
tiene la tercera electricidad más barata
de Europa, tras Finlandia y Suecia y empatados con Portugal, Europa,
según Eurostat: ver
cuadro de precios 2025), más segura y más limpia (sin residuos
radioactivos). Y una energía que depende del sol y el aire (que nos
sobran) y del agua. Y respecto a las demás nucleares, lo razonable
es no hacer nada ahora y esperar a decidir en 2030 si se
prorrogan Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo, cuando ya tengamos la certeza del
comportamiento de la demanda y del comportamiento de las renovables.
La primera consecuencia prorrogar Almaraz entre 2 y 3
años más es que ayudaríamos a las eléctricas propietarias a “hacer caja”,
a seguir ingresando por sus kilovatios sin casi costes, porque las dos centrales
(como la 5 restantes) están
más que amortizadas (si cierran en 2027 y 2028 habrán tenido 46
y 44 años de vida), pagaríamos de más por unos kilovatios que no
necesitamos a unas eléctricas que ganaron
11.249 millones en 2024…
Pero la consecuencia más grave es que la
prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también
las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un
cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías
renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio
mundo. Y un
sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos
(hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara,
además de invertir
más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el
control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables
en España. Mientras, el Gobierno
ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800
millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la
industria.
En resumen, que las eléctricas vuelven a pedir otra
prórroga de las nucleares (la 2ª tras la de 2019), para seguir
ordeñando la vaca de unas centrales que ya tienen más que amortizadas y que
nos ofrecen una electricidad más cara, con residuos radiactivos y
potencialmente peligrosa, que además no evita los apagones. Lo
sensato sería seguir
apostando por las renovables, que han mejorado la competitividad del
país. Pero en este debate juegan la ideología y los intereses,
oscuramente mezclados. Que no nos engañen.
El INE ha publicado este martes los censados en España: 49.442.844
habitantes. Somos casi 50 millones, el doble que en 1940 y 10
millones más habitantes que a comienzos del siglo. Y la
previsión es rondar los 55 millones de habitantes en 2050, a pesar de la
caída de la natalidad, a la mitad (de 2,77 hijos por mujer en
1975 a 1,12 en 2024). Este “milagro demográfico” es posible
gracias a los inmigrantes: 1 de cada 5 censados hoy en
España han nacido fuera, son 9,8 millones de habitantes. Y estos inmigrantes (2,7
millones ya nacionalizados españoles) van a aumentar, hasta ser 17,5
millones habitantes nacidos fuera de España en 2050, 1 de cada 3, según
las proyecciones del INE. La población seguirá creciendo gracias a
los inmigrantes, porque los nacidos en España seguirán cayendo
(como pasa desde 2015) hasta 2050: serán 2,3 millones menos que ahora.
Eso obliga a integrarlos en la economía y la sociedad, porque los
necesitamos, no convertirlos en un arma política de la
derecha y ultraderecha. 
Este año 2025 la población de España ha seguido aumentando y
el Censo publicado este
martes por el INE registra ya 49.442.844 habitantes, 345.967 más que
a finales de 2024. Y retrata el perfil de los que vivimos en España ahora:
39.617.578 hemos nacido aquí y otros 9.825.266 residentes han nacido fuera de
España (aunque 2,7 millones están nacionalizados españoles: los considerados “extranjeros”
son 7.132.324 habitantes). Esta es una tendencia de las últimas décadas: la
población en España crece porque crecen los inmigrantes que vienen y viven
aquí: los residentes nacidos fuera de España eran 2,33 millones
en 2002, se duplicaron hasta los 5,2 millones en 2007, pasaron a ser 6,68
millones en 2012 y ahora (1 octubre) son ya 9,85 millones. A lo claro, que 1
de cada 18 censados en 2002 (el 5,6%) habían nacido fuera de España y ahora
son 1 de cada 5 habitantes (el 19,87%).
Este fuerte aumento de inmigrantes ha permitido compensar
estos años el relativo estancamiento de la población nacida en España
primero (de 38,7 millones en 2002 a 39,58 en 2007 y 40,13 millones en 2012) y,
después, la caída de esa población nacida en España desde 2015: éramos
40.541.831 habitantes nacidos aquí en enero de 2015 y somos 39.617.578 el 1 de
octubre pasado. Casi 1 millón de habitantes menos nacidos en España
(-924.253) debido a la caída de la natalidad en estos años y los
anteriores: si nacían 2,77 niños por mujer en 1975, cayeron a 1,26 en el año
2.000 y a 1,12 en 2024, lo que explica el bajo crecimiento de la población
nacida en España y la caída a partir de 2015.
Esta preocupante situación de la demografía en España
(nacen pocos niños, porque las mujeres españolas tienen menos niños y a edades
más tardías, mientras el 31,3% de todos los niños que nacieron en 2024 fueron
de madres extranjeras) va a continuar en los próximos años, según las
últimas proyecciones
de población del INE hasta 2074. Ahí estiman que la población nacida en
España seguirá cayendo, hasta los 37.331.032 habitantes en 2049, 2,28
millones menos que ahora. Y que caerá después, hasta los 33,3 millones de
habitantes nacidos
en España en 2074: serán 6.307.920 habitantes autóctonos menos
que hoy. Y eso porque la tasa de natalidad seguirá baja, aunque algo más
alta que hoy (el INE estima que será de 1,4 hijos por mujer en 2050, todavía
muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer que hacen falta para que no caíga la
población nativa).
Este “apocalíptico” panorama demográfico, pasar de 39,6
millones de nacidos en España hoy a 33,3 en 2074, no será tan grave, porque
esta pérdida de población se va a compensar con creces con la entrada de
extranjeros: el
INE prevé que los 9.825.266 habitantes actuales nacidos fuera de España (insisto: 2,7
millones ya nacionalizados españoles) suban a 17.503.600 millones en 2049
(el 32% de la población total) y a 21.278.537 millones en 2074 (el 39%
de la población total). A lo claro: que la población residente nacida
fuera de España pase de ser 1 de cada 5 hoy a ser la tercera parte
en 2050 y 1 de cada 2,5 habitantes en 2074.
Este aluvión de inmigrantes permitirá, según el INE, que la
población censada en España siga creciendo en las próximas décadas. En 2026
alcanzaremos los 50 millones de habitantes y la previsión es llegar a 2049
con 54.834.632 habitantes censados. Y que en la segunda mitad de este
siglo, la población en España crezca ligeramente hasta un máximo histórico de 54.969.675
habitantes en 2054 (+5,52 millones que hoy), para caer ligeramente después
(por la menor entrada de inmigrantes), hasta los 54,74 millones de habitantes
en 2069 y los 54.588.195 habitantes esperados por el INE para
2074 (+5,14 millones más que hoy).
La revolución demográfica que viene ya no es
sólo que aumentará la población (y por tanto las necesidades económicas y
sociales del país), sino que esa población española será diferente,
con más viejos y menos jóvenes. Los mayores de 65 años
pasarán de ser el 20,4% de la población en 2024 al 30,5% en 2055,
según el INE, lo
que disparará el gasto en pensiones, sanidad, Dependencia y servicios sociales.
Pero además, en paralelo, se reducirá el porcentaje de jóvenes en edad de
trabajar (de 20 a 64 años), pasando del 60,9% de la población total al 53,7%
en 2051 (aunque se recuperarán hasta el 54,2% para 2074). Eso supone menos
población para trabajar, pagar impuestos y cotizar para sostener las pensiones.
El dato es muy preocupante: si en 2023 teníamos una “tasa
de dependencia” del 53,4% (proporción de mayores de 64 años y
menores de 16 sobre los activos), en 2053 será del 75,3%. A lo claro: si ahora
tenemos dos personas en edad de trabajar por cada niño o mayor, en 2054
habrá 4 activos por cada 3 pasivos (que necesitan la aportación de los
que están en edad de trabajar). O sea que habrá menos para crear riqueza y
más para consumirla.
Por eso resulta clave que la población total siga
creciendo, algo que sólo puede suceder por dos vías: o
las familias tienen más hijos (algo que no se espera a medio
plazo y menos si no hay políticas agresivas de fomento de la natalidad) o
necesitamos más inmigrantes. La previsión del INE
es que la inmigración neta (los que entran menos los que salen),
que lleva desde 2022 aumentando por encima de los 700.000 inmigrantes netos
anuales (+ 787.195 en 2024), continúe otros 2 años más creciendo a ese nivel
(+775.198 en 2025 y +723.055 en 2026), para continuar otros dos años aumentando
por encima del medio millón al año (+652.597 en 2027 y
+578.003 en 2028), para bajar después (+407.477 inmigrantes netos
anuales entre 2029 y 2033) y reducirse a unas entradas netas inferiores a las 300.000
anuales (menos de la mitad que ahora) a partir de 2034 y hasta 2074.
Como se ve, son “flujos” netos de inmigrantes muy
importantes, sobre todo hasta 2028. Por eso urge
una política de inmigración a medio plazo, no sólo para regular
estas entradas y tratar de “redirigirlas” hacia los empleos, sectores y
zonas que más interesen, sino sobre todo para “integrar” de verdad a estos “nuevos
españoles”, porque vamos a ser un país más diverso: no
tiene nada que ver la España de 2002, con 1 de cada 18 habitantes
nacidos fuera, con la España de hoy (con 1 de cada 5 habitantes
foráneos) y menos aún con la España de 2049 (con un tercio
de la población nacida en el extranjero). Eso pasa por políticas activas
de “integración”, para incorporar mejor a esta población, desde
las políticas de empleo y vivienda a la enseñanza, la sanidad, los servicios
sociales o las pensiones.
Y en paralelo, ser un país con 50 millones de habitantes
debería llevar al Gobierno y a nuestros políticos, autoridades locales y
autonómicas a repensar las políticas de ordenación del territorio y los
servicios públicos y sociales, porque no es lo mismo atender a esos 50
millones que a los 35,8 millones que vivían en España a la muerte de Franco. “Hay
que tomar medidas para que la demografía no nos aplaste”, alerta
el economista Daniel Manzano. Y es que detrás de la crisis de la
sanidad, de la educación, de la vivienda y de los servicios sociales está
el hecho de que en España vivimos casi 15 millones de personas más que
hace medio siglo y, sin embargo, ni los servicios públicos ni la vivienda ni
las infraestructuras han invertido medios y recursos suficientes para
afrontar ese aluvión de población.
Además, tenemos que prepararnos para un
futuro donde habrá todavía más población, mucho más envejecida y
con más peso de habitantes nacidos fuera de España. Esto debería tenerse
en cuenta para casi todo, para articular
una estrategia demográfica que tenga en cuenta otro tipo de
hogares (con menos personas y más mayores: 2 de cada 3 hogares estarán
integrados en 2050 por una o dos personas, cuando ahora son la mitad), la
mayor proporción de personas mayores (casi un tercio) y la enorme
importancia de los inmigrantes (un tercio de la población en 2050, aunque
muchos consigan la nacionalidad española). Cambios demográficos
que exigen cambios económicos, territoriales, sociales y culturales.
Y sobre todo, vamos hacia una sociedad “mucho más
diversa” (ya lo es), que exige un comportamiento político y
social “más plural”, más tolerancia y diálogo para asegurar una
convivencia que impone la demografía y la economía. Las cifras son
tozudas y el futuro las afianza: la España de hoy no tiene nada que ver con
la de hace 50 años y basta con salir a la calle en cualquier pueblo o
ciudad para comprobarlo. El gran reto de este siglo XXI, junto al
clima y la tecnología, es la
demografía. Y todos los paises y Gobiernos deben aprender a “gestionar
la diversidad”, mientras los ciudadanos cambiamos nuestra mentalidad ante
el
gran Cambio Demográfico. Habría que abrir un gran debate político,
económico y social sobre la población y los cambios demográficos, para
aprovechar al máximo su potencial económico, social o cultural y minimizar sus efectos
adversos.
Necesitamos otro Pacto nacional por la demografía y la inmigración,
como el alcanzado por las pensiones o la violencia de género y el solicitado contra
la Emergencia Climática. No podemos dejar que esta nueva realidad
demográfica y migratoria sea sólo un
arma política de la derecha y la ultraderecha. Hay que adaptarse a
los cambios y sacarlos partido para mejorar el futuro. Menos demagogia y
mentiras, más debate y medidas eficaces.
Hoy 10 de noviembre se inicia en Brasil otra Cumbre
del Clima (la COP 30), con pocas esperanzas de que los 197 paises
tomen medidas eficaces contra el Cambio Climático, que es ya una “emergencia”
climática. El pesimismo deriva de que Trump sacó a EEUU
del Acuerdo de París, China, India y paises en desarrollo apenas
recortarán emisiones (siguen consumiendo carbón, petróleo y gas) y Europa suaviza
sus ambiciones climáticas, por el auge del negacionismo climático y el
“pragmatismo”, forzados por la
derecha y extrema derecha europeas (el PP español ha sido el único partido popular europeo, junto al polaco, que ha votado en contra (junto a la ultraderecha europea) del recorte al 90% aprobado por la Comisión. Mientras, las emisiones siguen aumentando y provocan “emergencias”
como los incendios y olas de calor del verano o la DANA
de Valencia. Por eso, el gobierno Sánchez propone un Pacto de Estado para
acordar medidas y frenar los daños climáticos (20.000 muertos directos en 5 años). Pacto rechazado por el PP y
sus autonomías antes de conocerlo. Algo grave, porque afrontar la
emergencia climática no es una cuestión de ideología, sino de pura
supervivencia.
La consecuencia
inmediata es el aumento de la temperatura de la atmósfera, que ya
superó en 2024 los +1,55 grados sobre la temperatura de los niveles preindustriales
(1850-1900). Y a este ritmo, ese aumento será habitual en la próxima década de
los años 30 y la Tierra sufriría un aumento de la temperatura de
2,3 a 2,5 grados para el año 2100, según la
ONU, lo que sería una catástrofe para el clima y la vida
en el Planeta. De hecho, el calentamiento actual ya ha provocado una “emergencia climática”,
en palabras de la ONU, emergencia que provoca “fenómenos climatológicos
extremos” que puede ver cualquiera: olas de calor, sequías,
incendios virulentos (este verano en España), lluvias e inundaciones
(DANA de Valencia), huracanes y tifones más frecuentes y virulentos… Y
una pérdida de los glaciares que ha provocado una subida
del nivel del mar (entre 20 y 23 centímetros desde 1980), que podría
superar los 30 cm a finales de siglo), poniendo en riesgo muchas zonas del
Planeta. Y todo ello provoca además una pérdida de especies y biodiversidad,
migraciones climáticas y unas pérdidas humanas (546.000 muertes
anuales entre 2012 y 2021, según el 9º
Informe Lancet Countdown) y económicas
(inconmensurables).
A pesar de este negro panorama que demuestran
los científicos y la ONU, los paises siguen sin afrontar de verdad la “emergencia
climática”. Algo especialmente grave porque el 76% de las emisiones
globales que están destrozando el clima y el Planeta son
culpa del hombre, de sus actividades (energía y transporte,
industria, agricultura, ganadería, vivienda y residuos). El secretario
general de la ONU ha
sido claro en la Cumbre de Brasil: “demasiados líderes mundiales
están cautivos de los combustibles fósiles” (petróleo, carbón y gas).
Los datos de la ONU lo corroboran: los
Gobiernos gastaron 956.000 millones de dólares en
ayudas públicas (subvenciones, minoración de impuestos, inversiones) a
los combustibles fósiles sólo en 2023, tras la crisis energética por la
invasión de Ucrania. Sólo España gastó 6.810 millones en subvenciones y
ayudas(al gasóleo, la gasolina y la luz…). Y 17 de los 20 paises más
destacados planean aumentar la producción de al menos 1 combustible
fósil (algunos gas, otros carbón y otros petróleo) para 2030, según
un estudio reciente.
Pero además, las petroleras y multinacionales energéticas
llevan todos estos años invirtiendo
en combustibles fósiles (que matan), lo que les ha permitido multiplicar
sus beneficios a costa del clima: un
reciente estudio demuestra que las grandes petroleras (Shell, BP, Exxon
Mobil y Chevron) han “pausado, retrasado o retirado” en 2025
sus compromisos climáticos anteriores. Y que las 100
principales empresas productoras de petróleo y gas tienen estrategias de
producción que las llevarán a superar las cuotas de producción asignadas para
poder reducir el calentamiento global en 1,5 grados máximo para 2100. En
paralelo, la banca mundial, que presume cada vez más de “verde”, aumentó
un 29% sus préstamos a las empresas de combustibles fósiles en 2024 (hasta
611.000 millones de dólares), superando en un 15% a los préstamos que conceden
al sector verde mundial.
A lo claro: los paises, las empresas
energéticas y la banca echan ayudas y dinero al fuego de la emergencia
climática. Y miran para otro lado cuando la ONU y sus organismos
técnicos les piden tomar medidas y recortar emisiones, como se comprometieron
hace 10 años en la Cumbre de París. La actitud de los paises,
poco conocida, es escandalosa: tenían que haber entregado a la
ONU sus Planes de recortes de emisiones para 2035 en febrero de 2025,
según lo acordado en París. Pues bien, sólo
10 paises cumplieron, con lo que la ONU les amplió el plazo hasta el 30
de septiembre, coincidiendo con una Cumbre paralela a la Cumbre anual de la
ONU en Nueva York. Y resulta que para ese 2º plazo, sólo
64 paises de los 197 firmantes del Acuerdo de París presentaron su Planes,
incumpliendo EEUU (Trump sacó al país del Acuerdo en enero), China
(anunció su intención por videoconferencia) e incluso la Unión Europea
(aprobó su Plan el 4 de noviembre)…
Pero lo peor no es que la mayoría de paises hayan retrasado
sus Planes de recorte de emisiones para 2035, sino que los paises que lo han
presentado (antes y estos días) proponen unos recortes de CO2 ridículos,
un 11% de media, según
los expertos de la ONU. Y el recorte debería ser mucho mayor: habría que
reducir las emisiones un 35% para 2035 (sobre las de 1990) para no
superar los 2 grados a finales de siglo. Y eso ya sería mucho y con efectos
peligrosos para el clima, por lo que defienden un recorte de las emisiones
del -55% hasta 2035 para garantizar que la temperatura no sube más del 1,5%
en que ya estamos (2023,2024 y 2025 han sido los
años más calientes de la historia).
En definitiva, que vísperas de esta Cumbre del Clima de
Brasil, la mayoría de los paises “no habían hecho sus deberes” y
los que prometen recortes, sólo proponen reducir sus emisiones la quinta
parte de lo que hace falta. Ese desinterés ante la emergencia climática
se ha visualizado en las importantes ausencias a esta Cumbre
de Brasil, a la que no
asisten los líderes de 4 de los 5 países que más contaminan: China (29,2%
de las emisiones mundiales de CO2), Estados Unidos (11,1% emisiones), India
(8,2% ) y Rusia (4,8%. Sí asisten los líderes de la UE (el 4º mayor
emisor de CO2 del mundo, con un 5,95% del total), con la presidenta Von der
Leyen, Macron, Metz y Sánchez (más el británico Stamer), pero con una política
medioambiental más “suavizada” por la presión de la derecha y la
extrema derecha.
China es clave para los recortes de emisiones, que han
prometido menores y dilatados en el tiempo (a
partir de 2035 y 2040, para no truncar su crecimiento actual, basado todavía
en el carbón, el petróleo y el gas, aunque son líderes mundiales en energías
renovables. Lo mismo pasa con la India, Brasil y otros paises en desarrollo,
que además piden ayudas de los paises ricos (que llevamos medio siglo
contaminando al máximo) para reconvertir energéticamente sus economías (falta
por aportar al Fondo de 100.000 millones de dólares previsto). Rusia aumentara sus emisiones para 2035, por su apuesta por el gas. Y Estados
Unidos, el otro país clave, se ha lanzado con Trump a la producción
y consumo de petróleo y gas (“perfora,
niño, perfora”, es su lema), apostando incluso de nuevo por el carbón, lo
que aumentará sus emisiones, no las reducirá.
Y la Unión Europea, que era (y todavía es) el
paladín de la lucha contra el Cambio Climático ha
frenado sus impulsos reformadores, forzada por las posiciones “negacionistas”
de una buena parte de la derecha (PPE) y de la extrema derecha, que ataca en
todos los paises (y en España, en las autonomías) el Pacto
Verde Europeo. Eso ha llevado al Consejo y a la Comisión Europea a
retrasar su ley del Clima y los nuevos Planes de recortes de emisiones
(el NDC), que no
aprobaron hasta el martes pasado, tras una reunión maratoniana (1 día y
toda la noche siguiente) de los ministros de Medio Ambiente. Al final, han
acordado un recorte de emisiones del 90% para 2040 (sobre las de 1999).
Pero este objetivo tiene “truco”: Francia, Alemania y los
paises del Este han
forzado una cláusula para que un 5% de ese recorte se pueda “comprar”
en el mercado internacional (hay una “Bolsa” de derechos de emisiones de
CO2) con dinero de los Fondos europeos y otro 5% con dinero de los
propios paises que lo necesiten para cumplir…A lo claro: pagar a otro país que emite de menos por lo que un país emite de más. Y además, reconocen el papel en la
transición energética de los combustibles de bajas emisiones en el transporte y
retrasan un año las exigencias de emisiones que se piden al transporte por
carretera y a los edificios.
Europa está ahora dividida
en la lucha contra la emergencia climática, con paises que
quieren ir más despacio, argumentando que las políticas
climáticas “no pueden poner en peligro la industria y la competitividad
europea” (los
más duros, Hungría, Polonia y República Checa, apoyados ahora por Suecia,
Francia, Alemania e Italia) y otros paises que defienden que “no hay futuro
para Europa si no se descarboniza la economía” y que puede ser “una oportunidad”
para crear nuevas industrias y empleos (grupo
encabezado por España y en el que están otros 13 paises más, entre
ellos Portugal, Finlandia, Paises Bajos, Austria e Irlanda. Y esta división
interna (y dentro de cada país, por el auge del “negacionismo”
y la extrema derecha) es más preocupante porque Europa es uno de los continentes más vulnerables
ante la emergencia climática, especialmente los paises del sur, como se
ha visto estos años en Grecia, Italia, Francia, Portugal y España.
Precisamente, la DANA de Valencia y los incendios de
este verano hicieron que al comienzo de este curso político, el
1 de septiembre, el presidente Sánchez propusiera a las fuerzas políticas y
sociales, administraciones, científicos, entidades y ciudadanos, un Pacto de
Estado frente a la Emergencia Climática, similar al que se consiguió con
las pensiones (Pacto de Toledo) y contra la violencia de género.
Al día siguiente, el
Consejo de Ministros aprobó 10 medidas que proponen incorporar
a ese Pacto de Estado, entre ellas crear una Agencia de Protección Civil y
Emergencias, una Red Nacional de Refugios Climáticos en ciudades y
pueblos (para afrontar las olas de calor), reforestación y mejor gestión
forestal, nuevos Planes Hidrológicos, una reordenación del territorio
y las infraestructuras para hacer frente a inundaciones y sequías, más
ayudas al medio rural (el mejor aliado en las políticas medioambientales),
la creación de 2 Fondos públicos (uno para responder a fenómenos
extremos y otro para prevenirlos a nivel local y autonómico), dotar de más
medios a los bomberos y servicios de emergencias (creando un nuevo Cuerpo
técnico), formación en emergencias en centros educativos y Universidades
y la exigencia a Europa de que sea más ambiciosa en los objetivos
medioambientales y su financiación.
Parecen medidas “razonables” a la vista de los fenómenos
climáticos extremos que hemos sufrido, que se esperan sean cada vez
más frecuentes y graves. Pero el
PP dijo que no lo apoyaría el 31 de agosto,
incluso antes de conocer la propuesta: Feijoo se negó a apoyar este Pacto
de Estado, reiterando que el Gobierno Sánchez ha sido incapaz de gestionar los
incendios de este verano (sic) y que “se pone de perfil ante cualquier desgracia”
(sic). Así que aunque Sánchez y el Ministerio de Transición Ecológica ya han
celebrado Jornadas públicas (con expertos y ciudadanos (la
primera en Ponferrada en octubre) para explicar el Pacto, no han asistido ni
alcaldes ni políticos del PP (ni por supuesto de Vox).
Así que los ciudadanos de a pie, que sufrimos las
olas de calor (3.644 muertes entre junio y agosto) las sequías (y las enormes
pérdidas para el campo, junto a subidas extras de los alimentos), las
inundaciones y la contaminación (que causa en España 10.000 muertes al año, según Sanidad)
y las pérdidas económicas por el clima y sus destrozos (12.200 millones de
pérdidas solo este verano, el país líder por pérdidas climáticas en Europa, según
un estudio de la Universidad de Mannheim) asistimos impotentes a una
Cumbre del Clima donde los paises que más contaminan no se comprometen apenas
a recortar emisiones y permiten que las empresas energéticas (y los bancos)
ganan millones a costa del clima, del Planeta y de nuestras pérdidas y muertes
(20.000 directas en España los últimos 5 años, según
dijo Sánchez en Brasil). Y en España, cuando el Gobierno propone un
Pacto de Estado para afrontar un problema que ha destrozado medio país
(incendios y DANAs), el PP rechaza hablar y Vox niega el cambio
climático (¿qué puede pasarle a las políticas climáticas si un día Gobiernan juntos?).
De hecho, el PP español ha sido el único partido popular europeo (junto al PP de Polonia) que votó este lunes 10 de noviembre junto a la ultraderecha europea (en una Comisión del Europarlamento) en contra del recorte de emisiones del 90% propuesto por la Comisión (y que salió adelante en la Comisión del Parlamento Europeo por 55 frente a 32 votos).
Es hora de que los ciudadanos salgan a las calles y
presionen a sus Gobiernos en todo el mundo para que se den cuenta de que
estamos ante una “emergencia climática”, de la que nos han venido
advirtiendo los científicos y que ahora sufrimos todos. “El
mundo se dirige a la ruina si no se actúa. Es un fracaso moral y una
negligencia mortal”, acaba
de decir el secretario general de la ONU en la Cumbre de Brasil. Pero predica
en el desierto. El problema para el mundo es que se acaba el tiempo para actuar.
Ojo: la lucha contra la emergencia climática no es una cuestión
política, sino de pura supervivencia.
