El euro se ha fortalecido frente al dólar desde
que gobierna Trump, revalorizándose un +14%, más por la desconfianza
de los inversores en sus medidas que por la mejora de la economía europea, paralizada
(como sus líderes). Esta revalorización del euro (llegó a costar 1,20
dólares el 27 de febrero) tiene ventajas e inconvenientes para Europa.
Por un lado, abarata nuestras importaciones y la factura del petróleo y el gas,
rebajando la inflación. Pero un euro más fuerte encarece los
productos europeos, reduciendo las exportaciones y la competitividad de
nuestras empresas. Y encarece Europa a los turistas con
dólares. Pero la debilidad del dólar puede aprovecharse para aumentar el
uso del euro en el mundo, ahora que los inversores huyen del dólar y
los bonos USA. El BCE quiere lanzar el euro digital, para sustituir
el pago con tarjetas que controlan las norteamericanas VISA y Master
Card (gestionan 80% de nuestros pagos). También que Europa emita masivamente
eurobonos, para atraer la inversión mundial. Más protagonismo del
euro y de Europa.
Ahora, el euro cuesta algo menos (1,1871 dólares el viernes 13 de febrero), pero eso
supone una revalorización del 14% frente al dólar desde la llegada de Trump
a la Casa Blanca. Una revalorización del euro que no es mérito de
Europa sino demérito de EEUU, que está pagando así las
consecuencias de las locas políticas de Trump: los inversores
castigan sus polémicas medidas, sus ataques a la independencia
de la Reserva Federal (su Banco central) y también su abultado déficit
público (1,9 billones de dólares, el 5,8% del PIB, más del doble del
déficit español, del 2,5% del PIB) y su disparada
deuda (38,3 billones de dólares, el 101% de su PIB), que le obligan a
emitir demasiados bonos USA, depreciando los actuales. Todo ello, incertidumbre
y deuda, provocan que muchos inversores internacionales apuesten por reducir
su posición en dólares, vendiendo, lo que deprecia la moneda USA.
Además, muchos expertos creen que Trump
busca precisamente que el dólar se deprecie, para ayudar a las
empresas norteamericanas a exportar mejor sus productos y a vender mejor su
petróleo y su gas, aumentando el crecimiento USA, aunque sea a costa de más
inflación (porque la debilidad del dólar encarece los productos importados),
aunque todavía no se haya disparado la inflación, que cerró el año 2025
con una
subida anual del 2,7% (superior al objetivo del 2% y mayor que el
1,9% de inflación en Europa).
Ahora, se espera que
el dólar siga depreciándose en 2026 y llegue a cotizar a 1,25
dólares por euro, lo que supondría ya una caída del 20% desde que
gobierna Trump. A favor de nuevas caídas del dólar está la errática
política económica y comercial de Trump y la estimación de los expertos de que
el déficit público USA seguirá subiendo (por las rebajas de impuestos),
hasta los 3,1 billones de dólares en 2036 (el 6,7% del PIB) y también
la deuda USA (hasta el 120% de su PIB), niveles que preocupan mucho a
los inversores. Y en paralelo, aumentan los inversores que buscan
destinos alternativos a los bonos de deuda USA. Así, el
gobierno chino ha pedido a sus bancos, en febrero, que reduzcan su
exposición a los bonos USA, algo que llevan haciendo años: en 2025, China tenía
en cartera bonos USA por valor de 682.600 millones de dólares, el nivel más
bajo desde 2008. Y ahora son el tercer mayor inversor en bonos USA, tras Japón
(1,25 billones) y Reino Unido (885.000 millones), que también están reduciendo
sus inversiones en bonos USA, lo mismo que algunas de las grandes gestoras
de fondos norteamericanas, como Pimco o Amundi.
La depreciación del dólar y la consiguiente revalorización
del euro (+14% desde la llegada de Trump y hasta un posible +20% este año) preocupa
en Europa, porque tiene consecuencias positivas pero también
negativas .La principal ventaja de que el euro se revalorice es que se
abaratan las importaciones que se pagan en dólares, en particular la
energía (petróleo y gas) y todos los demás productos industriales y de consumo.
Esto ayuda especialmente a los paises como España, que importan más de
lo que exportan, pero no a Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Paises Bajos,
paises
que exportan más de lo que importan. Con todo, un euro fuerte reducirá
la inflación en Europa, algo en principio positivo, pero no tanto ahora,
porque la inflación ya es baja (1,7%
anual zona euro en enero 2026) y eso puede debilitar más el bajo
crecimiento europeo, obligando al BCE a bajar más los tipos de interés (ya
bajos, en el 2%).
Pero la revalorización del euro tiene un grave
inconveniente: encarece los productos europeos (un 14% ahora y puede que
hasta un 20% después) y eso frena
las exportaciones europeas, uno de los motores del crecimiento europeo
(débil: +1,5% en 2025), lo que reduce la
competitividad de los productos y servicios europeos en el mundo. Y además, reduce
la llegada de los turistas que pagan sus viajes en dólares,
viajes que ahora son más caros (+14%), lo que afecta especialmente a España (un
16% de los turistas no son europeos).
En cualquier caso, con la depreciación del dólar se ha
acabado una época, un siglo de hegemonía indiscutible del dólar
como moneda de reserva y de inversión en el mundo. Sigue siendo la moneda
dominante, pero menos: acapara el 57,8% de las reservas de divisas mundiales
(frente al 72% en 1999), el 65,4% de la deuda internacional, el 52,2% de los
préstamos internacionales y el 57,2% de los depósitos, aunque todavía acapara
el 88,45% de las operaciones en divisas. Y han avanzado en las últimas décadas
el euro, el yen, la libra y sobre todo el yuan chino, con unos inversores y
paises que ahora reaccionan a la ruptura de la geopolítica mundial
diversificando inversiones y monedas.
En esta nueva realidad, el euro tiene más
posibilidades de ampliar su presencia internacional.
Actualmente, el
euro es la moneda común de 21 paises europeos (Bulgaria se sumó el 1 de
enero), que utilizan a diario 350 millones de europeos. Y la 2ª moneda
mundial, tras el dólar, con 60 paises (y 175 millones de personas) que
tienen vinculada su moneda (directa o indirectamente al euro). Además,
están en euros el 19,8% de las reservas mundiales (por delante del 5,5%
del yen japonés, el 4,9% de la libra y el 10,7% del resto de monedas, sobre
todo el yuan chino). Además, está en euros el 22,5% de toda la deuda mundial,
el 26% de los préstamos internacionales y el 23,3% de los depósitos, así como el
30,5% de las operaciones diarias en divisas. Y se emiten en euros la mitad
de los “bonos verdes” del mundo.
Ya en enero de 2021, la Comisión Europea aprobó una Estrategia
para fortalecer el papel internacional del euro, como moneda de reserva
y de transacciones, proponiendo un abanico de medidas a medio
plazo: llegar a inversores de terceros paises, promover los bonos verdes de la
UE, desarrollar índices de referencia y centros de negociación en euros,
fomentar los derivados sobre materias primas en euros y mejorar los derechos de
emisión de CO2 de la UE. Eso puede ayudar a mejorar el peso internacional del
euro, pero todos los expertos creen que,
en
las próximas décadas, el dólar seguirá siendo el rey (como lo es desde
finales de la II Guerra Mundial), aunque ahora se haya depreciado frente al
euro. Sigue siendo “la moneda refugio” del mundo y más en las crisis, como
se vio tras la invasión de Ucrania. Y eso, a pesar de los intentos de China por
comer terreno al dólar en el mundo con su yuan.
En cualquier caso, la Comisión Europea y el BCE creen
ahora que la depreciación del dólar y la política errática y disparatada de
Trump pueden ayudar a fortalecer el euro en el mundo. Y una de las
medidas en que más confían es promover
el euro digital, para conseguir una independencia estratégica del
sistema de pagos europeos, ahora muy dependiente de EEUU. El hecho es que los
pagos con tarjeta suponen un 39% de las operaciones en Europa (un 52% se hacen
en metálico, un 6% son pagos con móviles y el 4% son con otros medios) y estos
pagos están monopolizados por dos multinacionales USA, Visa y Master Card
(que controlan el 80% de las operaciones con tarjeta que hacen los
europeos). También otros pagos online que se hacen a través de Pay-Pal,
Google Pay, Apple Pay o Samsung. El BCE cree que con el euro digital, la
mayoría de los pagos podrían pasar a plataformas europeas.
Por eso, el BCE envió una carta al Consejo Europeo,
de cara a su reunión informal del jueves pasado, para que aceleren la llegada
del euro digital y no le pongan problemas, ni en la Comisión ni en el
Parlamento europeo y en los paises europeos, aunque el proceso está siendo
lento y el euro digital no se espera que sea una realidad hasta 2029.
Otra medida que propone el BCE, para promover el euro y
mejorar la economía europea es promover
emisiones de deuda en euros,
los famosos eurobonos, un
activo que hasta ahora no era bien visto por Alemania (“Europa no
tendrá deuda compartida mientras yo viva”, dijo
Angela Merkel en junio de 2012), Holanda, Austria y paises nórdicos, porque
temían un fuerte endeudamiento europeo que compitiera con su propia deuda. Pero
con la pandemia y las últimas crisis, la Comisión Europea ha roto “el tabú
de los eurobonos”, emitiendo deuda europea en tres ocasiones:
para financiar el Plan de recuperación de 2020 (Fondos Next Generation),
para financiar los proyectos de seguridad y compra de armas (SAFE) y para
financiar los créditos para Ucrania en 2026 y 2027. Pero son eurobonos
extraordinarios, de poco volumen. Lo que propone ahora el BCE es emitir
eurobonos en cantidad, para ayudar a financiar la economía europea
y las urgentes inversiones en industria, tecnología, innovación e inteligencia
artificial, digitalización medio ambiente, Defensa y Seguridad.
España, a
través del ministro de Economía, acaba de apoyar esta propuesta de
que Europa emita eurobonos y compita con los bonos USA por el ahorro mundial.
Actualmente, el desequilibrio es escandaloso: hay 1 billón de euros en deuda
europea y 33 billones de euros en deuda USA. Si Europa se lanza a este
mercado y emite deuda, ayudaría a potenciar el papel internacional del euro
y podría captar esas inversiones que ahora buscan salirse de la deuda USA,
porque tiene un volumen peligroso y por la política insensata de Trump. Y el
BCE cree que el
euro digital sería otro elemento clave, mientras plantea la
necesidad de que Europa integre de verdad sus mercados de capitales, algo que
no existe hoy. Y todo ello, para dar un empujón a la economía europea,
para que pueda competir mejor en el futuro frente a EEUU y China, con más financiación
y una moneda fuerte.
En resumen, que la locura económica y política de Trump se
traduce en una depreciación del dólar, que beneficia a la competitividad de
EEUU pero perjudica a las empresas europeas y a las exportaciones y al turismo español.
Pero Europa puede aprovechar la coyuntura para fortalecer el
papel internacional del euro, como moneda de reserva y de pagos,
lo que exige avanzar más rápido en el euro digital y que Europa
emita deuda, eurobonos, para captar inversiones internacionales que nos
ayuden a dar un salto económico frente a USA y China. Es hora de tomar medidas
monetarias y financieras para aplicar
el Plan Draghi y asegurar el futuro económico, financiero de seguridad
de Europa, algo que han discutido la semana pasada los líderes europeos en
Alemania sin
lograr acuerdos concretos. Despierten y afronten que el mundo ha
cambiado y que los europeos debemos reaccionar y actuar.
España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi
la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1
de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística
del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay
más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”,
personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas.
Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más
pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas,
están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy
vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza
infantil ronda los 2 millones de menores. Urge
tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el
subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el
crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan. 
Veamos los tres
indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más
importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan
menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los
solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran
el 19,5% de la población española, dos
décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en
2025, el número de habitantes pobres es casi igual (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres”
se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo
en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el
2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la
pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta
(37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad
Valenciana (26%), según
el INE.
El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa,
las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden
irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16
millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos
cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar
su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la
población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus
gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un
coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta
carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente
4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).
El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo,
trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de
los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a
pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas
3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles
(700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos,
varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los
más vulnerables de los vulnerables.
Otro dato que revela la Encuesta del INE es el
nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20
indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el
20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en
2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini,
que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2
en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero
todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66
veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia
(ganan 5,53 veces más los más ricos), según
Eurostat.
Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha
publicado otro dato importante, en su Encuesta de
Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar
a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5%
de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad
para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la
pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de
mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7%
en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad”
(25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos,
casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para
llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%),
aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar
a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o
más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a
fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía
(11,3%) y Ceuta (10,5%).
A la vista de estos datos, queda claro que España
tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes,
aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los
últimos años se hayan disparado
las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia
y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para
paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de
la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los
alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como
mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más
vulnerables.
Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso
en marcha el Gobierno Sánchez en
junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de
requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba
ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647
beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay
menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha
provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas,
según
un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las
recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que
13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid
(-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%)
y Andalucía (-79,8%).
A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de
muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de
Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la
pobreza) suponen
el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en
la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse
poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según
nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las
familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas,
porque el grueso de las ayudas son desgravaciones
fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la
mayoría con rentas medias y altas, porque las
rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de
22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los
considerados “pobres”).
La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024,
sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen
menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y
cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de
acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre
este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de
los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de
Condiciones de Vida del INE. Y que España
es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores
pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria
(11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27
(8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o
Alemania (6,5%), según
Eurostat.
Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar
el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar
la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar
las ayudas públicas, creando
“una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con
menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los
Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a
las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por
otro, hay que destinar
más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el
doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza
infantil, como reitera Save the Children.
De hecho, en 17 paises europeos existe una
ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo
aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una
ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3
años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se
reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más
concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la
baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en
peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno
Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.
Para que haya menos pobres y más gente “note” el
crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios,
porque son
muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad
de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de
los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582
euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5
millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre
1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha
subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido
poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65%
entre 2.000 y 2025, según
Trabajo, mientras la inflación
ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.
Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres,
culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros.
El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1%
entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su
vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el
14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de
alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre
los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las
cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia
contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más
vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la
vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como
en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la
coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas
sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales,
sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza
es muy lenta. De hecho, el
escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al
19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán
9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51
millones de habitantes…
Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los
salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos
más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto,
es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y
empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin
perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos,
un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían
tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan
de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor.
Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo
imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar
impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras
persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay
que repartir mejor el crecimiento, para reducir la
desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.
La mayor parte de la gente no puede ahorrar,
porque muchos sueldos y pensiones son bajos y se los come la inflación. Pero los
que sí ahorran tienen otro problema: apenas sacan rentabilidad
a su dinero. Las familias españolas tienen 1,1 billones en cuentas
corrientes y depósitos que apenas les rentan, para beneficio de los grandes
bancos, que en 2025 ganaron 34.000 millones (+7%). Lo mismo pasa en
Europa, donde las familias tienen 10 billones en cuentas y depósitos
sin casi rentabilidad. Y además, los que invierten se llevan su dinero a
EEUU (300.000 millones al año). Por esto, la Comisión Europea ha recomendado
a los paises que lancen una nueva Cuenta de ahorro e inversión, para
fomentar que el ahorro se dirija a empresas y proyectos europeos innovadores.
El Gobierno español ha abierto consultas para perfilar esta
cuenta, pero la banca intenta “desinflarla”, para que no atraiga
dinero de depósitos, Fondos y Planes que les reportan altos beneficios. Atentos
a esta futura cuenta, donde Europa se juega financiar su futuro.
Dentro de Europa, el país con la mayor tasa de ahorro es Alemania
(ahorran el 19,4% de su renta), seguido por Francia (18,6%), Austria
(17,34%), Paises Bajos (14,77%) y Bélgica (14,02%), por
delante del ahorro en España (el 12,8% de la renta bruta disponible al
inicio de 2025), que supera en ahorro a Italia (12%) y Portugal (12,4%), según
Eurostat. La media de ahorro en Europa (UE-27) está en el 14,6%, la más
alta desde 2021 (17,69%).
En España, la tasa de ahorro de los hogares ha sido
tradicionalmente baja, con una
media de ahorro del 8,7% de la renta bruta disponible entre 1999
y 2019, básicamente porque los sueldos son más bajos que en el resto de
Europa, la inflación alta y muchas familias han optado por comprar una vivienda
antes que ahorrar. Pero en 2020, con la pandemia, se frenó el consumo y se
disparó el ahorro, hasta el 14,8% de la renta bruta disponible en 2020 (7,4%
en 2019). Posteriormente, el ahorro ha ido bajando, en 2021 (13,8%),
2022 (7,2%) y 2023 (11,7%), para subir algo en 2024 (13,6% de ahorro). Y volvió
a bajar en 2025, alcanzando un 12% de ahorro sobre la renta
bruta disponible el tercer trimestre de 2025, según el INE.
Esta mayor tasa de ahorro en España (12% frente al
8,7% de media entre 1999 y 2019) se
explica por varias razones: hay más gente trabajando
(casi 2,5 millones más que en 2019), con contratos más estables y algo mejor
pagados, que ahora han ganado algo poder adquisitivo por una inflación
más moderada (+3,5% subieron los salarios en 2025, frente a una inflación
media del 2,7%) y hemos tenido unos tipos de interés altos (por encima
del 4% una buena parte de 2023 y 2024), lo que anima al ahorro, junto a las
fuertes subidas de las Bolsas.
Pero ¿quién puede ahorrar en España? Sólo el 43,7%
de los españoles ahorran de forma habitual, mientras el 19,4% no ahorran nunca
y el 36,9% sólo algunos meses, según
un estudio de Triodos Bank. Y entre estos que ahorran algo, el 39,5% solo
consiguen ahorrar el 10% de su salario y sólo el 20,3% ahorran el 20% de sus
ingresos, el porcentaje que recomiendan los expertos y que pocos pueden cumplir,
básicamente porque la
mayoría tiene bajos salarios (el 70% de los asalariados gana menos de 2.659
euros brutos) y pensiones
(la mitad son inferiores al salario mínimo, menores de 1.184 euros mensuales),
mientras la inflación se ha disparado en los últimos años (+23,5%
entre 2020 y 2025), sobre todo los
alquileres (+35%).
Si ahorrar es difícil, el gran problema que tienen
los que lo consiguen es sacar una cierta rentabilidad a sus ahorros,
algo que la mayoría no consigue. Básicamente, porque un tercio del ahorro de
los españoles (el
32,81% en 2025, según INVERCO) está en cuentas corrientes y depósitos, que apenas
dan rentabilidad: en diciembre de 2015, según
el Banco de España, las familias tenían 1.094.300 millones metidos
en cuentas a la vista (con el 0,14% de rentabilidad) y depósitos a plazo
(1,64% de rentabilidad), una cifra de “ahorro conservador” que ha
aumentado tras la pandemia (había 853.200 millones en cuentas y depósitos en
2019). Eso significa que este
ahorro no renta nada (los escasos intereses se los come la
inflación). Y los ahorradores no los mueven a otro lado por miedo al
riesgo y porque no tienen “cultura financiera” (España es
el 4º país europeo con menos formación financiera).
Otra parte del ahorro (567.500 millones en 2025, el 17,06%
del total) lo tienen las familias en Fondos
de inversión, un producto que está siendo rentable estos años pero por
el que pagan altas comisiones anuales a las gestoras (bancos). Y otra parte del
ahorro (390.515 millones, el 11,74% del total) está en
Bolsa, en acciones, que estos años reportan altas plusvalías (el Ibex ha
subido un +49,27% en 2025), pero que es una inversión poco elegida por los
ahorradores, por miedo a otra debacle: sólo el 12% de los españoles invierte
en Bolsa, frente al 19% los europeos y el 55% los norteamericanos.
Y otra parte del ahorro va a contratar Planes
de pensiones y seguros de vida o de ahorro, donde había 255.329
millones de euros en 2025 (el 7,7% del total invertido). En conjunto, los
activos financieros de las familias, la inversión de su ahorro alcanzó
los 3.324.603 millones de euros en 2025 (3,3 billones), según Inverco, el
triple de lo que tenían a principios de siglo (1,03 billones) y un 31,8%
más del valor de sus activos en 2019. Pero el problema, insisto, en que la
mayor parte de este dinero renta poco a los ahorradores, salvo en Bolsa
(últimamente) y algunos Fondos (con altas comisiones).
Esta baja
rentabilidad de buena parte del ahorro le
viene muy bien a la banca, que apenas remunera las cuentas corrientes y
depósitos, no sólo ahora (donde lo más que ofrecen por un depósito a plazo, con
muchos condicionantes, es el 2%) sino
cuando el tipo oficial del dinero superaba el 4%. Gracias a eso y al aumento de
las comisiones (por Fondos, acciones y seguros, más tarjetas y cuentas), la
banca española lleva varios años con altísimos beneficios, en buena
parte gracias a los ahorradores: en 2021, los 6 grandes bancos (Santander,
BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganaron 20.003 millones, en 2022
otros 20.850 millones, en 2023 ganaron 26.088 millones (+26%), en 2024 otros 31.768
millones (+21,7%) y en
2025 han ganado 34.000 millones (+7%). Si sumamos, el beneficio
de los 6 grandes bancos ha sido de 132.709 millones en los últimos 5 años…
Pero esta baja rentabilidad del ahorro no es un problema
sólo de España. En Europa se estima que los ahorradores tienen
concentrados 10
billones de euros en depósitos con bajos rendimientos, lo que
supone un 31,2% del ahorro en inversiones con baja rentabilidad, un porcentaje
que es casi la tercera parte en EEUU (sólo tienen el 12% en cuentas y depósitos
con bajo interés). Pero además, Europa tiene otro problema:
ahorramos mucho, pero una buena parte de ese ahorro se va fuera,
sobre todo a las empresas tecnológicas y a las Bolsas de EEUU. El informe
Letta ya alertó hace un par de años que si los europeos ahorran 1,2
billones al año, la cuarta parte (300.000
millones anuales) se van a EEUU.
Así que el problema del ahorro en Europa es doble: un
34% está poco remunerado y la cuarta parte se fuga a USA,
mientras nuestro continente tiene un déficit de inversión, sobre todo en nuevas
tecnologías e innovación. Por eso, el 18 de marzo de 2025, la Comisión Europea
lanzó una iniciativa, la
Unión de Ahorro e Inversiones, “para canalizar cientos de miles
de millones de euros de nuevas inversiones hacia la economía europea”. El
objetivo es avanzar en la integración financiera de Europa (ahora hay 27
mercados diferentes), con una estrategia apoyada en 3 ejes: avanzar hacia un
mercado financiero único, ofrecer a los ahorradores unos activos financieros
más atractivos y dirigidos a Europa (con el sello “Finance Europe”)
y mejorar la educación financiera de los europeos (sólo el 18% tienen un alto
nivel).
Avanzando en esta Estrategia, la Comisión Europea
aprobó el 30 de septiembre de 2025 una Recomendación a los
paises miembros para “lanzar una cuenta de ahorro e inversión
en toda la UE”, para conseguir el traspaso de buena parte del dinero que
está colocado en cuentas y depósitos sin casi rentabilidad a los mercados de
capitales (Bolsas), con un segundo objetivo de que ese ahorro se quede en
Europa, para financiar las enormes inversiones necesarias en
reindustrialización, Defensa, tecnología, digitalización y energías renovables,
donde Europa necesita invertir 750.000 millones de euros anuales, según
el Informe Draghi.
Tras esta Recomendación, son los paises los
que tienen la competencia de crear esa nueva Cuenta de Ahorro e Inversión
con el sello “Finance Europe”. La Comisión sólo exige
tres condiciones a esa Cuenta: que la cartera de inversiones incluya al
menos un 70% para empresas europeas, que el horizonte de inversión contemplados
sea al menos de 5 años y que una parte sustancial de la Cuenta se invierta en
Bolsa.
El Gobierno español ha
abierto en enero un periodo de reflexión
sobre esta nueva Cuenta europea de ahorro e inversión, dirigido a las Bolsas,
los bancos e instituciones, también abierta a particulares. Y tras cerrar este
proceso el 30 de enero, el ministro de Economía estudia ahora una propuesta
para enviar a Bruselas, como los demás paises. El problema va a
estar en la banca (española y europea), porque esta Cuenta le
puede quitar mucho del ahorro que ahora está (improductivo) en cuentas
corrientes y depósitos, desviándolo a la renta fija (deuda) y a las Bolsas. Por
eso, ahora están
presionando para “desinflar” esta Cuenta, en España y en el resto
de Europa, y quitarle atractivos (uno de ellos será su fiscalidad, su
tributación, que Bruselas quiere sea baja y con incentivos al ahorro dirigido a
inversiones europeas).
Esta futura Cuenta de ahorro e inversión europea parece
“un tema técnico”, pero es clave para Europa y para España, porque puede
ayudar a conseguir dos objetivos claves: que los europeos
ahorren con más rentabilidad y que Europa cuente con la inversión de los
europeos, reteniendo
aquí el ahorro necesario
para modernizar la economía europea y conseguir competir
con USA y China. El ahorro es la gasolina de la inversión y
necesitamos que compense más ahorrar y que ese dinero no se fugue
y se quede en Europa. Por eso es clave que esta Cuenta europea sea atractiva,
sencilla y rentable. A ver qué pasa.
En 2025 se vendieron en España 48 millones menos de
cajetillas de tabaco, tras subir las ventas de 2021 a 2024. Pero las
tabaqueras aumentaron sus ingresos (+4,4%), por la subida de precios y la
mayor venta de tabaco de liar y cigarrillos electrónicos, disparando sus
beneficios, a costa de un consumo pernicioso, que provoca 50.000 muertes
al año en España y una factura sanitaria extra de 8.000 millones. El
consumo de tabaco ha bajado, pero todavía hay 12 millones de españoles que
fuman, 8,3 millones diariamente. Y ayuda que España sea uno de los
paises europeos con el tabaco más barato, mientras Bruselas estudia subir y
armonizar los impuestos al tabaco, muy diferentes por paises. Mientras, en el
Congreso espera una Ley contra el tabaquismo (difícil de aprobar) que
aumenta los espacios libres de humo (a terrazas de bares y playas) y pretende frenar el consumo de menores, aunque no aumenta impuestos ni obliga a un etiquetado
neutro, como piden los médicos. El tabaco mata: hay que
erradicarlo sin contemplaciones.
Pero aunque las ventas de cajetillas bajaron en 2025, los
ingresos de las tabaqueras aumentaron un +4,4%, hasta alcanzar unas
ventas récord de 13.711 millones de euros, casi 2.000
millones más que antes de la pandemia (11.865 millones en 2019). La venta de
cajetillas supuso el grueso del negocio, con 11.267 millones de
ingresos (+3,61%), el récord desde 2010, ventas concentradas en Madrid (1.537
millones de euros), Cataluña (2.989) y Andalucía (2.281 millones). Las 10
marcas más vendidas fueron Marlboro (17,34% de las ventas), Camel
(12,59%), Winston (8,97%) Lucky Strike (6,94%), Fortuna (6,93%),
Chesterfield (5,59%), Winston Classic (5,41%), West Brooklyn (5,14%), Nobel
(3,34%) y Ducados negro (2,39%), según el Mercado de Tabacos. Y sorprende que
crece más la venta de cigarros puros (552,6 millones, +5,32%), el tabaco
de liar (1.421 millones vendidos, +6,15%) y el tabaco de pipa
(470,88 millones, +19,55% de aumento).
Gracias a este aumento de ventas (más ingresos con menos
cajetillas), las grandes multinacionales del tabaco han seguido aumentando
sus beneficios en España, con sus importaciones de tabaco desde
donde lo producen (sólo Altadis tiene una fábrica en España, en Cantabria). En
2024, la tabaquera líder, la norteamericana Philip Morris (que vende
Marlboro y Chesterfield) rozó los 743 millones de ventas (+8%) en España y ganó 58,9 millones de euros
(+14,4%). La japonesa JTI (que vende Camel y Winston) ingresó 666
millones y tuvo unos beneficios de 14,2 millones (+6,8%). Y Altadis, la
antigua Tabacalera integrada en el grupo británico Imperial Brands (que vende
Fortuna, West Brooklyn, Nobel y Ducados), ingresó 511 millones y tuvo 112,1
millones de beneficios (+256%), unos beneficios que habrán aumentado en 2025.
Quien también se beneficia del tabaco es Hacienda,
que tuvo en 2024 una recaudación récord por los impuestos al tabaco (especiales
e IVA): 8.900
millones de euros. Una recaudación que ha aumentado en 2025,
porque subió en enero el impuesto especial sobre el tabaco (se
habían recaudado
6.696 millones hasta noviembre) y se estrenó en 2025 el nuevo impuesto
especial sobre los líquidos de los cigarrillos electrónicos (que recaudó
otros 370 millones hasta noviembre). Así que el tabaco podría reportar a
Hacienda unos 9.400 millones de ingresos, una recaudación que también
beneficia a las autonomías: se llevan el 58% de lo que paga el
tabaco por impuestos especiales y la mitad de los que paga por IVA.
También se benefician del tabaco las mafias
que lo importan ilegalmente o que lo producen en fábricas clandestinas. El contrabando
de tabaco preocupa cada vez más a las tabaqueras y a Hacienda, porque estiman
que supone el 10,2% del consumo, entre contrabando, comercio
ilícito y falsificaciones, lo que supone unas pérdidas fiscales de 934 millones
en 2025. La subida anual de los precios del tabaco y los nuevos canales de
venta (Internet y paquetería) han aumentado el contrabando (no sólo de
cajetillas, también de picadura para liar) y multiplicado las fábricas
ilegales: en
2025 hubo 110 operaciones relevantes contra el contrabando de tabaco (el
triple que en 2024) y se desarticularon 15 fábricas ilegales. Donde más
prolifera el contrabando de tabaco es en Andalucía (el 23,7% de las
cajetillas analizadas), donde están 9 de las 10 ciudades con más
contrabando de España (la 10ª es Badajoz, con el 26,7% de las
cajetillas detectadas como ilegales o de contrabando).
Vistas las ventas y el negocio del tabaco, analicemos el
consumo, que ha seguido bajando en España pero sigue siendo muy alto.
En 2024, el 36,8% de los españoles de 15 a 64 años habían fumado en los
últimos 12 meses, porcentaje que ha bajado del 46,8% en 1997 al 41,7% en 2007 y el 39,4% en 2019, según
la Encuesta Edades 2025, aunque en personas es una cifra muy elevada: 12
millones de españoles que han fumado en el último año. Y si miramos los
que fuman a diario, el porcentaje era en 2024 del 25,8% de las
personas entre 15 y 64 años, muchos menos que el 34,9% de 1977, el 29,6% de
2007 y el 31,3% de 2019. Pero ojo, son 8,3
millones de españoles que fuman a diario, un número muy elevado,
sobre todo en Extremadura (41,7% población 15-64 años fuma a
diario), Comunidad Valenciana (36,4%), Castilla la Mancha (30,7%)
y la Rioja (28,9%, siendo algo menos en Cataluña (24,3%) y Madrid (22,3%) y
bajo en Cantabria (18,5%) o Navarra (19,7%).
Y hay otros
datos preocupantes. La edad media para empezar a fumar sigue
en 16,6 años (como en 1997), aunque el mayor consumo diario se da entre
los 35 y 64 años (30,2%). El tabaco de liar ya supone el 16,1% del
consumo diario (otro 10,8% fuman cajetillas y tabaco de liar, mientras el 73,1%
fuma sólo cajetillas) y crece año tras año, más entre los jóvenes por su menor
precio. También crecen los cigarrillos electrónicos (dañinos para la
salud, según los médicos y expertos), que han probado el 19% de la población,
aunque sólo lo fuman a diario el 1,3%. Y lo
más llamativo de la Encuesta Edades: el 67,7% de los fumadores “se han
planteado dejar de fumar”, aunque sólo el 44% lo han intentado de verdad (más
mujeres que hombres).
España se encuentra a medio camino entre los
paises que más y menos fuman en Europa, el 2º continente que más fuma
(26% de la población, 29% de los jóvenes entre 15 y 24 años). Si contabilizamos
los mayores de 15 años que fuman cada día, la media europea está en el 18,4%,
según
Eurostat. En España son el 19,8% de los mayores de 15 años (8,3
millones), un porcentaje mayor que en Francia (17,8%), Italia (16,5%),
Portugal (11,5%) y paises nórdicos (6,4% en Suecia, 9,9% en Finlandia) y menor
que el porcentaje de fumadores en Alemania (21,9%), Grecia (23,6%) y la
mayoría de los paises del Este (28,7%
fuman a diario en Bulgaria, 18,7% en Rumania, 20,4% en Eslovaquia).
Este distinto consumo de tabaco entre los
distintos paises europeos tiene mucho que ver con las distintas políticas
antitabaco pero sobre todo está relacionado con el precio del
tabaco, muy diferente entre paises. La Directiva europea obliga a aplicar al
tabaco un impuesto especial (con 2 partes, una cantidad fija por
cigarrillo y un porcentaje sobre su valor), con un mínimo, y después, el
IVA de cada país. Pero estos dos impuestos son diferentes país a país. En el
conjunto de la UE-27, el precio medio de la cajetilla es de 6,47
euros, donde el precio base son 1,17 euros y los impuestos son 5,30 euros
(4,14 euros los especiales y 1,16% el IVA). Eso significa que el 82% del
precio final de la cajetilla son impuestos.
Pero esta media esconde grandes diferencias de impuestos por
paises, según
este cuadro de Tax Foundation Europe. Los paises con más impuestos
al tabaco son Irlanda (10,71 euros impuestos por cajetilla), Francia
(8,09 euros), Paises Bajos (7,77 euros) y los paises nórdicos,
mientras España está en el puesto 16º, con 3,13 euros de impuestos
por paquete (79% del precio), parecido a Portugal (3,09 euros), menos que
Italia (3,26 euros)o Alemania (3,80 euros) y un impuesto mayor que en Grecia
(2,74 euros) y la mayoría de paises del Este (sólo 2,03 euros de impuestos por
cajetilla en Bulgaria, 2,93 euros en Polonia o Hungría), que son precisamente
los paises con más porcentaje de fumadores.
Al final, estos mayores o menores impuestos explican las grandes
diferencias de precios del tabaco en Europa, aunque los fabrican las
mismas multinacionales. Así, en noviembre de 2025, un paquete de Marlboro
(la cajetilla más vendida) costaba 17,80 euros en Reino Unido, 15,60
euros en Irlanda, 12,50 euros en Francia, 13,90 euros en Noruega, 10,70
en Dinamarca y 10,30 en Finlandia, los paises más caros (ver cuadro). En España
costaba 5,30 euros, el 9º país más caro, parecido a Grecia (5,40),
Luxemburgo (5,80) y Portugal (6 euros), mientras los precios más bajos estaban en
Bulgaria (3,80 euros), Polonia (4,60), Rumania y República Checa
(4,70), Croacia y Lituania (4,80), Letonia y Eslovaquia (4,90).
El problema que plantean estas divergencias de precios
son las compras transfronterizas:
los franceses pasan la frontera para comprar tabaco en Girona, Italia o
Luxemburgo y los belgas y holandeses pasan a Alemania o a los paises del Este.
Y además, hay más contrabando y fábricas ilegales en los paises con el tabaco
más caro. Eso ha llevado a Francia y otros 15 paises europeos (España entre
ellos) a enviar una
carta a la Comisión Europea, en marzo de 2025, pidiendo una
homogeneización de impuestos y precios del tabaco en Europa. La
Comisión se plantea subir los impuestos, reforzar los controles
aduaneros y endurecer la lucha contra las mafias, lo que podría subir
en 2027 el precio final de las cajetillas unos 2 euros a los paises más
baratos, España entre ellos.
Pero además del precio, la Comisión Europea está preocupada
por el alto consumo de tabaco en Europa, porque provoca 700.000 muertes al
año (8 millones en todo el mundo) y que el 50% de los fumadores mueran
prematuramente, además de ser la primera causa de muchas enfermedades,
desde cardiovasculares y respiratorias a muchos tipos de cáncer (un 30% son por
fumar). En España, Sanidad considera al tabaco como la primera
causa de las muertes evitables y estima que provoca 50.000 muertes al
año (84% son hombres y 3.000 muertes son de fumadores “pasivos”), además de
estar asociado a 35 enfermedades. Y los expertos estiman que el tabaco provoca
un coste
sanitario extra de 8.000 millones de euros anuales (el 8,8% del
gasto total), además de un elevado coste por bajas laborales e invalideces.
Por todo este trágico coste, en vidas y gasto sanitario, la OMS lleva décadas intentando que los
paises luchen más activamente contra el tabaquismo. Ya en 2003, la Asamblea
mundial de la OMS aprobó por unanimidad el Convenio
Marco para el Control del Tabaco (CMCT), un abanico de medidas (reducción de la publicidad, recorte del consumo,
empaquetado genérico, regulación cigarrillo electrónico, protección menores…)
que la mayoría de paises no aplican. En España, la mayoría de
estas medidas promovidas por la OMS se incluyeron en el Plan
integral de Previsión y Control del Tabaquismo 2021-2025, redactado por el
Ministerio de Sanidad en octubre de 2021 y consensuado con los médicos y
asociaciones profesionales en diciembre de 2021. Pero el Plan antitabaco estuvo año y medio guardado en un cajón del Ministerio de Sanidad y no se aprobó hasta el
30 de abril de 2024.
El nuevo Plan
de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 pretende
equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos con el tabaco, ampliar
los espacios sin humo, mejorar la investigación sobre la nicotina y la
salud, incorporar medicamentos subvencionados para dejar de fumar y
cooperar con los Ayuntamientos en las ordenanzas sobre el tabaco. Para
desarrollar este Plan, el Gobierno aprobó el pasado 9 de septiembre una nueva
Ley
frente al tabaquismo, que amplía las medidas de la Ley aprobada por
Zapatero en 2005 y los cambios aprobados en 2010. La nueva Ley
prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso, regula más
la venta del resto, prohíbe expresamente fumar a los menores, limita más
la publicidad y el patrocinio del tabaco, amplia la información
obligatoria en las cajetillas y, sobre todo, amplía los espacios
donde no se puede fumar: terrazas de bares y restaurantes, playas,
vehículos con conductor, parques infantiles, paradas de autobús, instalaciones
deportivas, exteriores de hospitales, colegios y universidades…
La Ley está en el Congreso, pendiente de las
enmiendas y su aprobación, que no va a ser fácil, dado el rechazo de la
hostelería y una parte de la derecha, que defienden “la libertad” de fumar (y
envenenarse…). Con todo, médicos
y expertos se quejan de que la Ley no contempla dos medidas
claves para reducir el tabaquismo. Una, la
subida de impuestos, para que la cajetilla valga al menos 10
euros, encareciendo además el tabaco de liar y el vapeo, lo que reduciría
el consumo y las enfermedades/muertes. La otra, imponer un etiquetado
genérico neutro, menos atractivo y con más información explícita de
los graves daños de fumar. Además, muchos defienden una tercera medida, más
drástica: prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2010,
para crear “la primera generación sin tabaco”, como ya
ha hecho Nueva Zelanda (prohíbe la venta a los nacidos a partir de 2009) y quiere hacer Finlandia
(prohibiendo la venta a jóvenes a partir de 2030).
En resumen, se vende menos tabaco pero hay muchos
fumadores y demasiadas muertes porque
falta
voluntad política para acabar con el tabaco, una droga que mata y tiene
enormes costes sanitarios, económicos y sociales. Urge un
Pacto nacional contra el tabaco, entre Gobiernos, médicos,
profesionales y ciudadanos, para limitar al máximo su consumo y cercarlo sin
contemplaciones, porque fumar no tiene nada que ver con la libertad
sino con el suicidio. Hay que tomar las medidas que haga falta para que dentro de una o dos generaciones, casi
nadie fume. Un país sin humo.
En las próximas semanas, sindicatos y patronal van a negociar
las subidas salariales para 2026, 2027 y 2028, como han hecho
desde 2010. Pero este VI Acuerdo Salarial (AENC) no será fácil: los
empresarios defienden subidas inferiores al 3% y los sindicatos piden
un +4% anual, más un extra del 1 al 3% para los sueldos más bajos.
Esta negociación es clave porque los sueldos son entre un 15% y un 25% más
bajos que en Europa y han perdido poder adquisitivo tras la
pandemia (-6,85%), lo que explica que muchas familias no lleguen a fin de mes y
que tengamos 3 millones de trabajadores “pobres”. Es hora de acordar
mayores subidas de sueldos, sobre todo los más bajos, porque las empresas
llevan 5 años mejorando ventas y beneficios: en 2025, los márgenes empresariales
subieron un +13% y los salarios un +3,5%. Subir más los salarios es una
cuestión de justicia y de economía, para repartir el crecimiento
y mantener el consumo, el crecimiento y el empleo. Nos afecta a todos. Enrique Ortega
En enero ha habido un
rosario de subidas (teléfono e Internet, luz,
peajes, agua, basuras, alquileres, taxis, billetes de avión, tabaco, seguros…)
que han complicado más llegar a fin de mes. Pero el resto de 2026 tampoco será
fácil, porque los alquileres, alimentos y muchos servicios siguen subiendo, más
que los sueldos. De hecho, casi la mitad de los españoles tienen
problemas para llegar a fin de mes, según el INE: un 8,7% de
los hogares llegan con “mucha dificultad”, otro 12,4% con “dificultad” y el
24,3% con “cierta dificultad”. Y el problema no es sólo la inflación (ahora más
moderada, un 3% en 2025), sino en que muchas familias ingresan sueldos
muy bajos, que no les permiten afrontar gastos crecientes.
En España, el salario medio mensual es de 2.385
euros brutos (2.027 netos), según el decil de salarios
2024 publicado por el INE, un sueldo más bajo para las mujeres (2.163 euros
brutos) que para los hombres (2.593 euros brutos). Pero este sueldo es una
media, porque hay muchos trabajadores que ganan mucho menos. Así, el 30% de
los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582
euros brutos (1.345 euros netos), un sueldo tan bajo que complica llegar a
fin de mes. Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan
entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos), con lo
que también tienen problemas para afrontar los gastos esenciales. Y sólo el 30%
restante (5,6 millones de trabajadores) ganan más de 2.659 euros brutos (1.995
netos).
Unos sueldos que son mucho más bajos que la media de
sueldos en el resto de Europa. Si miramos el salario por hora en 2024 (ultimo
dato de Eurostat), en España se ganan 18,9 euros por hora, un 26,75%
menos que la media en Europa (25,8 euros en la UE-27) y aún menos que
Dinamarca (43,6 euros por hora), Bélgica (37,1 euros), Paises Bajos (34,3
euros), Alemania (33,3 euros), Austria (32,3), Francia (29,7 euros) o Suecia (27,5
euros), aunque superamos a Italia (22,3 euros/hora), Portugal (14,7), Grecia
(13,3 euros) y los paises del Este.
Además, el problema es que esta “brecha salarial”
de España con Europa se ha agravado, porque los sueldos han
crecido menos en los últimos 10 años: +26,2% en España (el 6º país UE donde
han crecido menos) frente al +35,5% que han subido en el conjunto UE. Con ello,
el salario medio bruto en 2024 de España (último
dato de Eurostat) era de 33.700 euros anuales, un 15% inferior
a la media europea (39.808 euros brutos) y muy por debajo del sueldo
medio de Dinamarca (71.575 euros brutos), Irlanda (61.051), Bélgica (59.632), Alemania (53.751), Francia (43.790), ocupando
el puesto 11º en el ranking salarial, sólo por delante de Italia (33.523 euros
brutos), Polonia (21.246) y los paises del Este.
Otro problema, que agrava estos salarios bajos, es que la
inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que
los asalariados han perdido poder adquisitivo. Los datos son claros. La subida
salarial de los convenios ha sido de +16,65% entre el año 2.000 y el
2025, según
Trabajo, mientras la inflación
ha subido un +23,5% entre 2000
y 2025, según el INE. Eso supone una pérdida
de poder adquisitivo del -6,85% en estos últimos 6 años. Y muchos
trabajadores sin convenio (sólo lo firman unos 11 millones de los 19 millones
de asalariados) han tenido incluso subidas salariales menores, con lo que han
perdido todavía más. La pérdida de poder adquisitivo se concentró sobre
todo en 2021 (+3,1% de inflación media y +1,45% de subida salarial) y
2022 (+8,4% de inflación y +3,02 de subida salarial), mientras los
salarios han crecido ligeramente más que los precios en 2023 (+3,61% frente
a 3,5%), 2024 (3,32% frente a 2,8%) y 2025 (los convenios han
subido un 3,53%, frente a una inflación media del 2,70%).
Pero además, hay gastos básicos de las familias que
han subido mucho más que los sueldos (+16,65%) en estos últimos 6 años (2020-2025).
Es el caso de los alimentos (han subido jun 37,7%, según
el INE), la vivienda (+24,5%), el vestido y calzado (+25,3%), los
hoteles y restaurantes (+28,3%) y, sobre todo, los alquileres: han
subido de media un 41,34% (de 10,4 euros/m2 a 14,7 euros/m2), según Idealista, y
algo más en el caso de Barcelona (+48,75% entre 2020 y 2025) y Madrid
(+48,75%).
Mientras, los márgenes
y beneficios empresariales han subido mucho más que los salarios en
estos años y en lo que va de siglo. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios
brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa
salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros
costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia que se viene dando
desde el año 2.000: los beneficios brutos de las empresas se han multiplicado
por 2,9 y los beneficios netos por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones), un aumento
del +170%, según
este estudio de Funcas. Y desde 2019, el beneficio de las empresas del
IBEX ha aumentado un +139%, mientras cuadruplicaban los dividendos que
repartían a sus accionistas. También es clarificador lo que ha pasado en 2025:
el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.
Así que los sueldos en España son muy bajos y crecen poco
mientras mejoran sensiblemente las ventas, márgenes y beneficios de las
empresas, que además reparten a sus accionistas dividendos
récord (42.671 millones repartieron las empresas cotizadas en 2025),
mucho más elevados que en Europa. Pero además de sueldos bajos, tenemos otro
problema: los sueldos son
muy desiguales. Ya no sólo entre hombres ( 2.593 euros brutos) y mujeres
(2.163 euros), sino por edades (1.372 euros brutos de 16 a 24 años y
2.131 de 25 a 34 años, frente a 2.591 de 45 a 54 años), por formación
(1.594 euros los trabajadores con poca formación y 2.982 los que tienen estudios
superiores), los que trabajan a tiempo parcial (el 87% ganan menos de
1.582 euros brutos) y en sectores peor pagados (en el servicio
doméstico, el campo, la hostelería, administrativos y auxiliares ganan entre 1.138 y 1.674 euros brutos), los empleados
en pymes (el 54% ganan menos de 1.582 euros) o los que trabajan en
autonomías más pobres (en Canarias ganan 2.051 euros brutos, en Murcia
2.120 y en Extremadura 2.127, frente a 2.809 euros de media en País Vasco o
2.761 en Madrid).
Y otro dato de desigualdad salarial que clama el cielo, las
diferencias entre el sueldo de los altos directivos y sus trabajadores:
en las 40 mayores empresas españolas, sus directivos cobran 111 veces más
que la nómina media de sus empleados, según
un reciente informe de Oxfam Intermón, que refleja que la media de ingresos
de estos directivos es de 4,4 millones anuales (una cantidad que sus
trabajadores sólo ganarían en un siglo). Una desigualdad que también
es mayor en España que en Europa: en la UE, el 10% de los
trabajadores con más ingresos ganan 7,5 veces más que el 10% con menos
ingresos, mientras en España esa proporción sube a 9,6 veces.
Con este panorama salarial (sueldos bajos y muy desiguales)
se inicia la negociación salarial para 2026-2028, dentro del VI
Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que se empezó a
negociar en 2010. El anterior, el
V AENC, pactó unas subidas salariales del +4% para 2023 y de +3% para 2024
y 2025, más una cláusula de revisión del 1%, subidas que han sido básicamente
respetadas en los convenios (han subido +10,46% en estos 3 años). Ahora, con
una perspectiva de menor inflación en 2026 (se prevé una subida media del +2,4%, frente al 2,7% en 2025), la
negociación se espera difícil, porque los empresarios no quieren
subir los sueldos más del +3% y los
sindicatos ya han pedido una subida anual del +4%, más una
subida adicional del 1 al 3% para los sueldos más bajos: +1%
para los que tienen un sueldo un 10% inferior a la media del país (son 10,4
millones de trabajadores), un +2% adicional para los que ganan un 20% menos que
la media (8,5 millones de trabajadores) y un +3% adicional para los que tienen
sueldos un 30% inferiores a la media (son 6 millones de trabajadores).
Además, los
sindicatos piden el mantenimiento de la cláusula de revisión salarial,
para que todos los salarios suban un 1,5% adicional si el IPC en diciembre es
superior a la subida pactada. Y además piden que las empresas estudien el pago
de complementos salariales en convenios de zonas afectadas por
una fuerte subida de alquileres o que se negocien soluciones para los
sectores más afectados por la falta de alquileres asequibles, lo que afecta
sobre todo a los trabajadores de la hostelería, el turismo y la
construcción.
Con estas peticiones sindicales, tan distanciadas de la patronal, se espera una negociación difícil y
conflictiva. La
tesis de los sindicatos es que “las empresas están ganando mucho
dinero y es hora de repartirlo”, según señalan UGT y CCOO. Y
recuerdan, además, que es hora de compensar a los trabajadores por la pérdida
de poder adquisitivo en los últimos años. Además, creen que es el momento, con
la economía creciendo mucho, de repartir el crecimiento y
aprovechar para subir más los sueldos más bajos, que condenan a muchos
trabajadores a la pobreza: son casi 3 millones, el 13,7% de los empleados
los que están en situación de pobreza (ganan menos del 60% de la
media), según
Oxfam Intermón, especialmente inmigrantes, mujeres y jóvenes, sobre todo
los que trabajan en el campo, el hogar y la hostelería o con contratos a tiempo
parcial.
Hay que estar atentos a esta negociación salarial
para 2026, 2027 y 2028, no sólo porque afecta a millones de trabajadores (11 millones de asalariados están cubiertos por convenios, aunque otros 8
millones quedan fuera) sino también porque afecta
decisivamente a la economía. Si los salarios no suben algo más que
la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los
motores del crecimiento y el empleo. Así que mejorar los salarios, para que
sean más “europeos”, no sólo es una cuestión de justicia (el 64%
de los trabajadores están por debajo del salario medio, según
los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar
los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Y
las empresas deben entender que si quieren mejorar sus ventas y mantener sus
beneficios, han de pagar más para que les compremos más.
España lleva décadas compitiendo en el mundo
gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar
de ser “la China de Europa” y empezar a competir más en innovación,
tecnología y bajando otros costes (la energía, por ejemplo, gracias a las
renovables), aumentando el peso de la industria y los sectores de futuro, que
conllevan más productividad y mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años
mejorando ventas y márgenes, aumentando sus beneficios, y es hora de que
también los trabajadores se beneficien de la recuperación, con mejores
sueldos, sobre todo los que menos ganan. Unos sueldos más decentes son
además la base de un mayor consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que
conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir
mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios
en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.
