jueves, 19 de noviembre de 2026

Financia Europa, la nueva cuenta de ahorro

Mucha gente no sabe que en el Decreto de medidas urgentes para la vivienda, convalidado el 12 de noviembre, se incluía también la normativa para crear una nueva Cuenta de ahorro e inversión europea (CAIFE), impulsada por la Comisión Europea, Francia, Alemania y España para conseguir que el ahorro de los europeos invierta en empresas europeas. Ahora, el 80% de ese ahorro,10 billones de euros, “duermen” en cuentas y depósitos con mínima rentabilidad, un gran negocio para la banca pero malísimo para Europa, que necesita invertir 800.000 millones al año para acortar la brecha con EEUU y China. Esta Cuenta europea, que tardará varios meses en estar operativa, permitirá invertir hasta 150.000 euros en acciones y Fondos de activos europeos, con beneficios fiscales. Su éxito dependerá de que sea simple y se divulgue por la banca, que perderá depósitos. Si hasta ahora las familias ahorraban en España para tener una casa (o varias), ahora se busca dirigir el ahorro a la inversión y al empleo.

                          Enrique Ortega

Europa y España tienen un problema: ahorran mucho pero invierten poco. Los europeos ahorramos más del doble que los norteamericanos: el 14,2% de la renta disponible en la zona euro (en España menos, el 11,3%), frente al 5,3% los norteamericanos. Eso supone que los europeos ahorramos 1,4 billones de euros al año, frente a unos 600.000 millones ahorrados en EEUU. Pero el problema es que la mayor parte de este ahorro europeo está “paralizado” en cuentas corrientes y depósitos con bajísima rentabilidad, es un ahorro “perezoso”, según les dijo la presidenta Von der Leyen a los empresarios franceses: el 34% del ahorro europeo se dirige a cuentas corrientes y depósitos, mientras en EEUU sólo dirigen el 12% a cuentas y depósitos, destinando el 65% del ahorro a invertir en Bolsa, frente a sólo un 20% en Bolsa que tienen los ahorradores europeos. Más ahorro UE, pero muy conservador y poco inversor.

El problema es que hay 10 billones de euros de ahorro europeo “paralizados” en cuentas corrientes y depósitos, a un interés entre el 0,2 y el 2%, que no está disponible para que las empresas europeas inviertan. Y cuando los ahorradores europeos invierten, lo hacen en  gran medida en EEUU, en acciones de empresas tecnológicas y en deuda USA, que ofrece más rentabilidad que los bonos europeos (5,13% el bono USA, frente a 3,36% el bund alemán y 3,95% el bono español). De hecho, el informe Letta (2024) ya reveló que los europeos invierten 300.000 millones de euros cada año en EEUU…

En España, el problema del ahorro “paralizado” es similar al de toda Europa. Los hogares españoles mantienen cerca de 1,11 billones de euros (1.109.775 millones) entre cuentas corrientes a la vista (941.609 millones, que cobran un interés medio del 0,16%) y depósitos (168.166 millones, con una rentabilidad media del 1,63%). Y los españoles son los europeos que guardan más dinero en cuentas y depósitos sin casi remuneración: sólo nos gana Alemania (con 1,9 billones), pero tienen menos ahorro “casi improductivo” Italia (897.708 millones), Francia (602.351 millones) y Paises Bajos (112.830 millones). En conjunto, los hogares españoles pierden cada año 35.000 millones de euros por tener este dinero “ni-ni” (ni trabaja ni renta), lo que facilita que año tras año la banca española tenga unos beneficios crecientes (29.253 millones los 6 grandes, hasta septiembre).

Los europeos ahorramos mucho, pero invertimos mal, destinando demasiado a cuentas y depósitos sin casi rentabilidad y poco a otras inversiones más rentables, aunque con riesgo. De media, los europeos invierten en Bolsa y otros activos el 20% de su ahorro, frente al 65% que invierten los norteamericanos. Cada adulto europeo tiene invertido en Bolsa y activos (Fondos, bonos, seguros de vida y Planes de pensiones) una media de 48.290 euros, cinco veces menos que la inversión media de los norteamericanos (253.000 euros) y también mucho menos que los británicos (71.000 euros por adulto) y los australianos (121.000 euros), según el último informe “Capital Markets Union”(noviembre 2026).

España, que ahorra menos que la media europea, también invierte menos: 31.030 euros por adulto en Bolsa y otros activos, lo que nos coloca en el puesto 12º del ranking de paises europeos más inversores, encabezado por los paises nórdicos (116.334 euros de inversión en Dinamarca y 114.028 en Suecia, por el mayor peso de los Fondos de pensiones privados), por debajo de Alemania  (62.038 euros de inversión media), Italia (54.727), Francia (48.475 euros) o Austria (39.964 euros) y cerca de Finlandia (32.661 euros). Pero además, las inversiones de los españoles son distintas a las de los europeos: aquí la mayor parte se invierte en Fondos (el 47,9%) y Planes de pensiones y seguros (31,3%), pero sólo un 18,1% en Bolsa y otro 2,7% en deuda pública, según INVERCO,  mientras en Europa (UE-27), la mayoría de la inversión se dirige a Planes de pensiones y seguros (59%), Fondos (24%), Bolsa (11%) y bonos/deuda (6%). Y en EEUU, el 48,2% de la inversión de los adultos se dirige a la Bolsa (4 veces más que en Europa).

Esta situación de alto nivel de ahorro y poca inversión en Europa choca con un problema estructural del continente: se invierte poco y cuando las empresas o paises lo hacen es buscando inversores fuera de Europa. El informe Draghi, presentado en septiembre de 2024 por encargo de la Comisión Europea, aportó una cifra impactante: Europa necesitaba invertir entre 750.000 y 800.000 millones anuales hasta 2030 (2025-2030) para relanzar y modernizar su economía, apostando por la digitalización, la tecnología, la Inteligencia Artificial y la descarbonización para reducir la brecha con EEUU y China. Una cifra enorme, que contrasta con los 10 billones de euros que tienen “estancados” los europeos en cuentas y depósitos. Un ingente ahorro desperdiciado en una Europa que necesita invertir.

Con este panorama, la Comisión Europea aprobó el 19 de marzo de 2025 una Comunicación sobre la necesaria “Unión de Ahorros e Inversiones”, una hoja de ruta para movilizar una gran parte del ahorro europeo a las necesarias inversiones. El objetivo era movilizar al menos 8 de los 10 billones ahora paralizados en cuentas y depósitos a la inversión productiva, a la Bolsa, Fondos y deuda, para financiar el salto tecnológico y económico de la UE. Se trataba de canalizar al menos 350.000 millones anuales del ahorro a la inversión en Europa.

Y para lograrlo, un grupo de paises (Francia, Alemania, España, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal y Estonia) acordaron, el 5 de junio de 2025, poner en marcha una Cuenta de Ahorro e Inversión europea “Finance Europe”, estableciendo conceder ayudas fiscales a las inversiones que se hicieran en inversiones europeas, en acciones y Fondos que tengan al menos un 70% de activos de empresas y sociedades del Espacio Económico Europeo (los 27 paises de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein). Gracias a este acuerdo previo, la Comisión Europea aprobó una Recomendación, el 30 de septiembre de 2025, para que los paises europeos pusieran en marcha esta Cuenta de Ahorro e Inversión “Finance Europe” (CAIFE), para canalizar buena parte del ahorro europeo a la inversión del continente.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha sido uno de los ministros europeos que más ha defendido la urgencia de esta Cuenta europea. Por eso, la incluyó en el primer Decreto de medidas sobre la vivienda, aprobado el 6 de octubre y que fue rechazado por el Congreso. Y volvió a incluirla en el nuevo Decreto, convalidado por la Diputación Permanente el 12 de noviembre. Ahora, aunque haya elecciones, la Cuenta está en marcha, pendiente de 2 medidas: una Orden Ministerial de Hacienda que establezca cómo deben informar las entidades de esta Cuenta “Financia Europa” a la Agencia Tributaria y la creación de un registro de los Fondos de inversión que podrán ofrecerse (el 70% tienen que incluir activos europeos, 50% acciones, de ellas 35% europeas), registro que debe elaborar la CNMV en 4 meses. Y a partir de ahí, los bancos y entidades financieras podrán ofrecer esta nueva Cuenta europea a sus clientes, salvo que llegue a la Moncloa un Gobierno PP-Vox que la anule, algo poco esperable ya que es una iniciativa clave de Bruselas, que están preparando también otros paises UE.

¿En qué consiste esta Cuenta “Financia Europa”?  La clave es que permite a los europeos invertir hasta 150.000 euros en acciones y Fondos europeos con una importante ventaja fiscal: los beneficios obtenidos (plusvalías) no tributan hasta que se vendan los activos. Y si se mantienen 5 años, al venderlos y recoger beneficios, los primeros 10.000 euros no tributan nada y el resto tributa sólo el 80% de lo ganado (ahora, los primeros 6.000 euros ganados por una inversión tributan al 19% y el resto paga un 21% hasta los 50.000 euros).

El mecanismo de esta Cuenta europea (CAIFE) parece complicado pero es sencillo (ver Ficha). El ahorrador tendrá que abrir 2 cuentas, una cuenta operativa desde la que hará sus compras y ventas (enviando dinero desde la tercera cuenta, la de su banco habitual) y una cuenta de valores donde tendrá depositados los valores y Fondos que haya comprado. El ahorrador puede comprar y vender en su cuenta operativa (donde deberá tener un mínimo de 1.500 euros), sin tributar por las plusvalías, siempre que reinvierta lo vendido en nuevas compras de valores y Fondos incluidos en la lista de valores europeos, con un máximo de 150.000 euros invertidos (si vende, puede comprar de nuevo hasta los 150.000 euros). Y cuando quiera disponer del dinero, lo transfiere de la cuenta operativa a la cuenta de origen de su banco y es entonces cuando paga impuestos por las plusvalías: no tributan los primeros 10.000 euros de beneficios (si han pasado 5 años desde la compra) y el resto de plusvalías solo tributan el 80%, al tipo del 21%, lo que supone un importante ahorro fiscal (ahora tributaría todo lo ganado).

Habrá que esperar a la aprobación de la Orden Ministerial de Hacienda y el listado de la CNMV, pero los bancos y entidades financieras ya se están preparando para ofrecer a sus clientes esta Cuenta “Financia Europa” en la primavera de 2027. De momento, los más interesados son los bancos online y los “neobancos” (N26, Trade Republic, Revolut, My Investor, Invert Me), que tratarán de “robar clientes” a los bancos tradicionales, donde los ahorradores tienen ahora esas cuentas y depósitos sin casi rentabilidad. Pero también están interesados los bancos, porque aunque perderán parte de un ahorro que les sale casi gratis, podrán ingresar comisiones por esta nueva Cuenta europea (por las compraventas y por la tenencia de valores). El futuro Gobierno deberá vigilar, para evitar abusos y lograr la máxima transparencia.

Esta nueva Cuenta “Financia Europa” será la mayor revolución en la tributación de la inversión desde 2002, cuando el Gobierno Aznar permitió realizar traspasos entre Fondos de inversión sin coste fiscal. Ahora, además de las ventajas fiscales, la nueva Cuenta europea apuesta por un gran cambio en la mentalidad de los ahorradores europeos: de tener el dinero paralizado en cuentas y depósitos sin interés (y sin riesgo) se les plantea que inviertan en acciones y Fondos que inviertan mayoritariamente en empresas europeas, con más rentabilidad pero también con más riesgo. Un cambio que exige un trabajo de información y transparencia, de las instituciones y los bancos, para dar confianza y seguridad. Harán falta anuncios y campañas para trasvasar el dinero del ahorro a la inversión.

Las ventajas de esta nueva Cuenta europea son claras: más rentabilidad para los ahorradores y más dinero europeo para las empresas y proyectos europeos, ahora medio abandonados y que deben financiarse fuera de Europa: las tecnológicas y empresas emergentes europeas sólo acceden a 426.000 millones de euros, la mayoría de inversores USA, mientras el mercado norteamericano moviliza 1,31 billones anuales. De momento, los dirigentes europeos confían mucho en esta nueva Cuenta, a la vista del éxito que han tenido iniciativas similares. En el Reino Unido, las Cuentas ISA alcanzaron los 9,3 millones de usuarios el primer año y ahora las tienen 22 millones de británicos. En Suecia, las Cuentas ISK las tienen ahora la tercera parte de los suecos, 3,85 millones de clientes. Y en Francia, la Cuenta PEA la tenían el año pasado 7,29 millones de personas (el 10,5% de la población). De alcanzar esas cifras en España, la Cuenta “Financia Europa” podrían tenerla en unos años 5 millones de españoles. Además, aumentará la recaudación fiscal, por más inversión y más plusvalías.

Europa se la juega con esta Cuenta “Financia Europa”, que debería servir para financiar el salto tecnológico y modernizador que necesita la economía europea para recuperar la competitividad perdida con EEUU y China. Por eso, es una iniciativa importante, que todos necesitamos que salga bien. Para conseguirlo, hace falta que el Gobierno, las instituciones y sobre todo los bancos se vuelquen en ella, con anuncios, campañas de información y mucha pedagogía. Y con activos que sean rentables y atractivos para el inversor medio, que debe huir de los depósitos hacia esta Cuenta europea. Se trata de ayudar a los ahorradores a cambiar de mentalidad, sobre todo en España: de destinar el ahorro a la compra de vivienda, ahora se trata de aprobar medidas para que la vivienda no se coma todos los ahorros y destinar el resto a inversiones rentables que relancen Europa. La vivienda no debería ser una inversión, sólo un gasto para vivir, y cuando ya se tiene un techo, el ahorro debería dirigirse a la Bolsa y los Fondos, para crecer y crear riqueza y empleo.

lunes, 16 de noviembre de 2026

Fiebre por invertir en el campo

Los inversores y Fondos extranjeros no sólo se han lanzado a comprar pisos, oficinas, hoteles o Centros comerciales en España, también han dirigido su fiebre inversora al campo, comprando fincas rústicas: 1,4 millones han cambiado de manos en los últimos 10 años, invirtiendo 1.200 millones de euros sólo en 2025, en fincas de Aragón, Andalucía, las dos Castillas y Comunidad Valenciana. Buscan fincas grandes, de regadío, para implantar cultivos “industriales” de olivos, almendros, pistachos, aguacates y cítricos, más rentables y exportables, en sustitución de cereales y cultivos tradicionales. Y los agricultores familiares no pueden competir con ellos:  muchos venden (en vísperas de jubilarse, sin relevo generacional) o alquilan sus tierras. Es lo que se llama “uberización del campo”. Esta fiebre por las fincas rústicas, de empresas, apellidos conocidos y Fondos extranjeros, está cambiando el panorama del campo, disparando los precios, con mucha maquinaria y poco empleo, echando a los agricultores tradicionales. Es una estrategia similar a lo que ha pasado con la vivienda. 

                                Compraventa de 1,4 millones de fincas rústicas en los últimos 10 años

Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.

Este año, de enero a agosto, se han registrado 112.612 compraventas de fincas rústicas en España, según el último dato del INE, +1,2% que en ese periodo de 2025. Y en todo el año 2025 cambiaron de manos 167.253 fincas rústicas, +18,6% que antes de la pandemia (141.036 compraventas en 2019). Y este año 2026 se espera cerrar con unas 172.000 compraventas de fincas rústicas, la cifra más alta desde 2007. Unas compras que ya movieron en 2025 una inversión de 1.200 millones de euros en España y Portugal, un 50% más que en 2024, según la consultora norteamericana CBRE. Y prevén que esta inversión en “agribusiness”  crezca este año 2026 entre un +5 y un +20%, dependiendo de los Fondos extranjeros. Actualmente, la compraventa de tierras se concentra en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla León  y Extremadura. Y, según CBRE, más de la mitad del capital invertido (5.300 millones entre 2022 y 2025) en fincas procede de inversores institucionales (Fondos de inversión, bancos, aseguradoras, Fondos de pensiones, Fondos “buitre” y grandes gestoras).

Hay dos tipos de inversores en el campo. Unos, los menos, son familias ricas con grandes patrimonios que compran fincas para recreo, caza o como inversión a medio plazo. El otro inversor, mayoritario, es un inversor “profesional”, que buscan fincas rústicas para instalar grandes explotaciones agrícolas (y ganaderas), con intención de conseguir una alta rentabilidad a medio plazo, vendiéndolas después. Según datos de COAG, hay más de 900 Fondos de inversión que poseen tierras en España y Portugal, valoradas en más de 100.000 millones de euros. Y hay un tercer grupo de compradores, los que buscan tierras para poner instalaciones solares o eólicas.

En los últimos años, junto a los Fondos de inversión y las empresas, hay una serie de “apellidos españoles ilustres” que se han lanzada a comprar tierras rústicas, según una investigación de Público. Es el caso de la familia Entrecanales (dueña de Acciona), que tiene 5 sociedades con cultivos de almendra en 6 localidades (3.965 hectáreas). O de María y Joaquín del Pino (hermanos del presidente de Ferrovial), que llegaron a tener el 46% de Innoliva, ahora propiedad del Fondo canadiense Fiera Comox. Javier Botín, hermano de la presidenta del Santander, ha negociado la entrada en Arofa, empresa navarra dedicada al cultivo de almendra en Huesca. Marc Rahola, sobrino del balear Abel Matutes ha creado una empresa, Almond SL, que cultiva 1.000 hras. de almendros en Huesca y Lérida. Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig (Mercadona) está asociado con Sovena, el proveedor portugués de aceite de Mercadona y va a crear una empresa de capital riesgo para invertir 500 millones en “agronegocios”, junto al banco Santander y grandes fortunas. También hay futbolistas y famosos comprando fincas e incluso una iglesia mormona USA ha comprado fincas en Portugal.

¿Por qué hay esta fiebre por comprar fincas rústicas? Hay varias razones. La primera, que las fincas rústicas en la Península son baratas, cuestan menos que en la mayoría de Europa. En 2025, el precio medio por hectárea era de 10.367 euros/ha, según el Ministerio de Agricultura, aunque el precio varía mucho por regiones y si la tierra dispone de agua o no. Así, el suelo rústico más caro se encuentra en Canarias (157.126 euros/ha, por la falta de suelo y la demanda para plataneras), seguida de lejos por Murcia (33.808 euros/ha) y Baleares (22.588 euros/ha), mientras el suelo rústico es mucho más barato en La Rioja (19.942 euros/ha) y Comunidad Valenciana (19.541 euros/ha) y, sobre todo, en Castilla y León (5.237 euros/ha) y Castilla la Mancha (5.254 euros/ha), lo que ha disparado el interés por comprar tierras en estas tres regiones más baratas (las dos Castilla y Levante).

También juegan a favor de las compras rústicas el clima español y la disponibilidad de agua en algunas zonas (Aragón, Murcia y parte de Andalucía). Pero la clave es la alta rentabilidad que empresas y Fondos obtienen de los “agronegocios”: entre el 10 y el 12% anual, según la consultora CBRE, aunque algunas inversiones, como la del Fondo de capital riesgo Beka Bolschare Iberian Agribusiness, que explota tierras de olivar y almendros en Castilla la Mancha y olivares en el Alentejo portugués, alcanzaron el 21% de rentabilidad en 2021, gracias a los precios disparados del aceite.  Otra gestora de las mayores del mundo, la norteamericana Nuveen Natural Capital, reconoce que el agronegocio supone un 25% de su cartera. Y eso porque consideran que la tierra es “un activo defensivo”, seguro y rentable.

La rentabilidad que buscan inversores, empresas y Fondos lo consiguen porque compran (o alquilan) grandes fincas rústicas para instalar cultivos “industriales” (o granjas de animales), muy mecanizados, con poca mano de obra, y con cultivos muy rentables a corto y medio plazo. Estos “agronegocios” buscan fincas de olivos y cítricos o donde puedan plantar almendras, pistachos o aguacates, sus tres cultivos favoritos, porque pueden obtener una alta rentabilidad, sobre todo al exportar las cosechas. Veamos por qué.

El cultivo de almendros se ha disparado en España, que ya es el país del mundo con más superficie plantada (32% del total mundial) y el tercer productor mundial de almendra (tras USA y Australia, a la que espera superar pronto) y su precio se dispara (+69% en 2025), lo que ha impulsado la producción nacional (453.000 Tm en 2025, +23%). El pistacho ha aumentado mucho más su producción en España (34.000 Tm, +41%) y la fiebre por este cultivo es tal que el 86% del pistacho producido en Europa se cultiva en España, empujado por un aumento de precios del +28% en los últimos 4 años. A pesar de que son 2 cultivos que necesitan años para conseguir una producción óptima (de 4 a 5 años el almendro y entre 7 y 10 años el pistacho), eso no asusta a empresas, inversores y Fondos, que tienen dinero para esperar y saben que su consumo mundial se ha disparado. De hecho, España es el tercer exportador mundial de almendras a China y ha disparado también sus exportaciones de pistachos y aguacates a EEUU, resto de Europa y China.

Las consecuencias de esta creciente presencia de empresas y Fondos en el campo español son constantemente denunciadas por las organizaciones agrarias. La primera, que esta fiebre compradora de fincas está disparando los precios, revalorizando las fincas un +15% de media desde 2020. Pero en realidad, denuncian, las compras de los Fondos de inversión en Aragón, por ejemplo (más de 6.000 hectáreas han cambiado de manos en los últimos tres años) se han hecho pagando el doble y el triple del precio de la tierra y los arrendamientos, unos precios imposibles para los agricultores locales (hasta 25.000 y 30.000 euros/ha por fincas de regadío en el Alto Aragón, el triple del precio habitual). Y muchos venden porque son agricultores mayores (en España, el 41% de los agricultores familiares tienen 65 años o más)  y no tienen hijos que tomen el relevo. Eso está provocando, en muchas regiones, el abandono de agricultores (y de cultivos tradicionales, como el cereal), reduciendo el empleo, porque son explotaciones “industriales” muy mecanizadas.

Las organizaciones agrarias llevan años denunciando esta “invasión” de empresas, inversores y Fondos en el campo español, porque están transformando el modelo agrícola tradicional, provocando una “brutal reconversión” que sustituye pequeñas y medianas explotaciones agrarias por grandes explotaciones industriales, que consiguen los mejores terrenos y consumen mucha agua y fertilizantes pero poco empleo, con el consiguiente abandono de cultivos y tierras de secano. Y dan algunos ejemplos de cómo consiguen un “monopolio” de producción y comercialización en algunos cultivos, como señala un estudio de COAG. Uno de ellos es el cultivo de uva de mesa en Murcia, donde 3 grandes empresas (con Fondos de inversión detrás) controlan ya el 85% de la producción y comercialización. Lo mismo pasa con las macrogranjas de animales, el sector porcino o incluso el cultivo hortícola: el grupo alimentario Citrus (GAC), empresa valenciana participada por la multinacional norteamericana Taylor Farms y creada en el año 2.000 para abastecer a Mercadona de ensaladas, verduras y hortalizas, acapara 5.000 hectáreas de cultivo en 7 provincias. Y ha comprado la mayoría de la empresa murciana Agroalimentaria.

Ya en 2019, la organización agraria COAG utilizó por primera vez un concepto para definir esta penetración de empresas e inversores en el campo español: la “uberización” del campo. Se trata de un fenómeno socioeconómico por el que las grandes corporaciones alimentarias, los fondos de inversión y los mercados financieros “acaparan tierras agrarias, transformando el modelo tradicional de agricultura familiar en un sistema industrializado y corporativo”. El proceso parte de la entrada de fondos e inversores que compran miles de hectáreas, las mejores, buscando la alta rentabilidad de algunos cultivos (olivar, cítricos, almendra, aguacates y pistachos), amparados en los bajos precios de las fincas en España respecto a otros paises y al enorme potencial del consumo alimenticio, en España, en Europa (España es “la despensa de Europa”) y en el mundo (donde hay déficit de alimentos).

Otro factor que ha animado la fiebre por la tierra y el “agronegocio” es que consiguen además importantísimas subvenciones europeas, de la política agraria común (la PAC). En 2024, el campo español recibió 7.755 millones en ayudas de la PAC y los grandes propietarios agrarios se llevaron la mejor parte, según un estudio de Greenpeace: 484 (el 0,1% de los beneficiarios) se llevaron 675 millones (el 9,3% de las ayudas) y 6.800 (el 1% de los beneficiarios) se llevaron el 24% de las ayudas. En conjunto, el estudio revela que las grandes empresas, el sector agroalimentario y los grandes propietarios se llevaron el 79% de las ayudas de la PAC, mientras la gran mayoría de agricultores sólo recibieron el 21% restante…

Las consecuencias del “agronegocio” son un aumento constante de los precios de la tierra, que expulsan a muchos agricultores o les transforman en arrendatarios (“uberización”), un cambio del modelo agrícola (con la “industrialización” del campo), un cambio de cultivos que degrada los suelos y reducen la biodiversidad, un agotamiento del agua y los acuíferos, una mayor generación de emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor despoblamiento rural (menos agricultores y menos asalariados en unas explotaciones muy mecanizadas), además de un mayor riesgo en el abastecimiento alimentario, porque se cultiva sobre todo para exportar, lo que aumenta el precio interno de los alimentos.

El resultado de esta “agroindustralización” del campo lo refleja este dato del Ministerio de Agricultura: en España hay 1 millón de explotaciones agrarias, de las que el 93,4% corresponden a personas físicas, unos 345.000 agricultores familiares, y el 6,6% son de empresas, que obtienen el 42% de la producción agraria… Para evitar que los agricultores pequeños y medianos se lleven sólo la mitad del “pastel agrario”, los sindicatos agrarios  proponen distintas medidas: reordenar las ayudas europeas de la PAC (dirigirlas a los agricultores profesionales y poner topes máximos por explotación), aprobar un Estatuto de la Agricultura Familiar para blindarles ante los oligopolios, evitar abusos en los precios de la cadena alimentaria, controlar el dominio de los grandes grupos agroalimentarios y Fondos sobre semillas, fertilizantes, el agua y la producción final, crear bancos públicos de tierras para incorporar a agricultores jóvenes y establecer límites a la compra masiva de tierras agrarias por sociedades y Fondos de inversión, con una mayor fiscalidad.

Y una reflexión final. En los últimos años, los españoles hemos visto las consecuencias de que la vivienda se haya convertido en una “inversión especulativa” que atrae a inversores y Fondos, lo que ha disparado sus precios en perjuicio de los que no pueden comprarla o alquilarla. Algo similar y menos conocido está pasando también en el campo: inversores, Fondos y grandes fortunas se están dedicando a comprar fincas rústicas para negocio, ocio y especulación, disparando el precio de las tierras y echando a los pequeños agricultores familiares, obligados a vender o a alquilar su tierra y su trabajo. Un grave problema que pone en peligro no sólo la agricultura tradicional y las zonas rurales sino también nuestra autonomía alimentaria (priorizan las exportaciones) y dispara los precios de los alimentos. Como con la vivienda, hay que controlar la actividad de estos Fondos, inversores y empresas dedicados al “agronegocio” y limitar con normas e impuestos su crecimiento. Antes de que sea demasiado tarde.

jueves, 12 de noviembre de 2026

Zonas de Bajas Emisiones: "toque" a los Aytos

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto para obligar a los 153 Ayuntamientos con más de 50.000 habitantes a implantar eficazmente las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso al centro a los vehículos más contaminantes. Las ZBE deberían estar en marcha desde enero de 2023, pero la mayoría de Ayuntamientos afectados (sobre todo los gobernados por PP y Vox) las han retrasado y las aplican en zonas pequeñas o no multan a los vehículos infractores. El Gobierno les da ahora un plazo de 1 mes, hasta el 26 de diciembre, para que remitan información sobre las ZBE y las multas aplicadas. Pero el Decreto será papel mojado si llegan al Gobierno PP y Vox, que han boicoteado en varias ciudades la aplicación de estas restricciones, suprimiendo también los carriles bici. Mientras, dos tercios de la población española respira un aire contaminado, según los futuros topes de la UE para 2030, lo que provoca múltiples enfermedades y 22.000 muertes al año. Urge evitarlo.

                               Enrique Ortega

La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)  estima que el 95% de los europeos que viven en las ciudades están expuestos a una contaminación que supera los topes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una contaminación que causa múltiples enfermedades (pulmonares, cardiovasculares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños) y afecta especialmente a los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Y cifra en 279.000 las muertes prematuras por contaminación en Europa (2023), de ellas 22.000 muertes anuales en España (más 62.000 ingresos hospitalarios, según el Instituto de Salud Carlos III).

La elevada contaminación de las ciudades está provocada, básicamente, por el tráfico de vehículos, las calefacciones y las industrias, según los expertos. El contaminante más peligroso (causa 13.300 muertes anuales en España) son las partículas PM 2,5 (de menos de 2,5 micras), procedentes de los motores (sobre todo de los vehículos diesel), las calefacciones, las centrales térmicas y las emisiones de fábricas e industrias. Le sigue el ozono troposférico (6.600 muertes en España), el O3, generado por las reacciones químicas entre los contaminantes emitidos por el hombre y las olas de calor o los incendios, un contaminante que se ha disparado en los últimos años. En tercer lugar de peligrosidad (4.100 muertos anuales) está el N02 (dióxido de nitrógeno), emitido por la quema de combustibles fósiles en el transporte (el 75%), las industrias y los edificios. Y queda la contaminación por partículas PM 10, emitidas por fuentes naturales (erosión suelo, polvo desierto y polen), el tráfico, obras de construcción, industrias y manipulación de cemento y áridos.

En España, son 9.113.680 habitantes (el 18,6%, 1 de cada 6 censados), que viven en ciudades, los que superan los límites de partículas, ozono y NO2 que establece la normativa europea (Directiva 2008/50/UE) y española (Real Decreto 102/2011), que están en vigor desde el 6 de enero de 2011, según el último estudio de Ecologistas en Acción, correspondiente a 2025, tras analizar los registros de 780 estaciones de medición en 132 zonas de España. Eso afecta a una superficie de 83.000 kilómetros cuadrados, el 16,6% de todo el territorio español. Pero si aplicamos los nuevos topes de contaminación, aprobados por la UE para 2030 (Directiva 2024/2881, pendiente de trasponer por España), serían 32,5 millones de españoles (2 de cada 3 habitantes)  los que viven en lugares que superan esos futuros topes europeos de contaminación (la mitad de los actuales). Y si España aplicara los topes que recomienda la OMS (la cuarta parte de los vigentes), prácticamente todos los españoles (49,01 millones, el 99,8%) respiran un aire que los supera.

Ante este preocupante panorama de contaminación (vea en este Visor la contaminación hoy en 53 ciudades españolas), que causa en España 22.000 muertes anuales (12 veces más que los accidentes de tráfico) y unos costes económicos y sanitarios de 32.000 millones anuales (el 2,4% del PIB), el Gobierno Sánchez aprobó en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, aunque no fue aprobada por el Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta para reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta contaminación) estaban obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a esas zonas (generalmente el centro de las ciudades) de los vehículos más contaminantes (sin etiqueta). Y les daba una fecha para que esas zonas restringidas al tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de 2023 (casi 2 años después).

El problema fue que la gran mayoría de consistorios (gobernados por PP y Vox) han “remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de 2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se habían sumado 8 ciudades más, con lo que eran 57 las ciudades grandes (53 de más de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000 habitantes) que habían implantado una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así que de las 153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a instalar zonas de acceso restringido, 100 ciudades no las aplicaban más de 3 años después del plazo fijado: 90 estaban en proceso de instalarlas (muy despacio: no tienen prisa) y otras 10 ciudades no han iniciado el proceso, se han declarado “en rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).

En los últimos meses, se ha agravado incluso la rebeldía de distintos Ayuntamientos, tras el avance de PP y Vox en las últimas elecciones autonómicas y los sondeos favorables. Y esta oposición de ambos partidos a las ZBE es clave, porque el PP gobierna (solo o con Vox) 80 de las 153 localidades con más de 50.000 habitantes (entre ellas 32 capitales). Ya en noviembre de 2025, Vox presentó en la Comisión Mixta Congreso-Senado para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) una proposición no de Ley para que se derogaran las ZBE, propuesta que se rechazó en junio de 2026 por 32 votos en contra (incluidos los del PP) y 2 a favor (los de Vox). Y hace unos días, el 4 de noviembre, PP y Vox pactaron en el Ayuntamiento de Zaragoza modificar la Ordenanza municipal para desactivar en la práctica la ZBE, multando sólo en días de especial contaminación. Y lo mismo han hecho este año (paralizar su aplicación práctica) en Málaga, Elche, Gijón, Palma, Valladolid, Castellón, Lorca, Majadahonda o Santa Cruz de Tenerife… Y el Ayuntamiento de Madrid decidió este año (marzo 2026) prorrogar indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y que aparquen en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su titular esté empadronado en la capital.

En paralelo, varios municipios gobernados por PP y Vox, han anunciado que van a modificar o eliminar los carriles bici. Es el caso de Elche, Gijón, Palma, Valladolid o Logroño, ciudad donde el Ayuntamiento (PP) mandó demoler varios tramos de carril bici, a pesar de que habían recibido 4,4 millones de ayudas europeas para hacerlo. Precisamente, el Ministerio de Transición Ecológica ha advertido  a varios Ayuntamientos “rebeldes” que si no implantan las ZBE o los carriles bici, tendrán que devolver las ayudas europeas que se les concedieron en su día para ponerlas en marcha (y no modificarlas en 5 años).

En definitiva, la realidad es que casi 4 años después de que entrara en vigor la obligación de crear Zonas de Bajas Emisiones en 153 ciudades españoles, en la mayoría de los casos no se aplica la Ley como debería: en unos casos, porque se ha paralizado la puesta en marcha y en la mayoría porque está en vigor, pero con 2 “trucos”: afectan a zonas muy pequeñas del centro de las ciudades y además no se multa a los vehículos infractores (o se les multan, pero no se cobran las multas). La propia Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo han pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción ha llevado a los Tribunales a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander y Alicante) mientras preparan otros recursos (contra Valencia y Arganda) por “inacción, fraude o falta de ambición” en la creación de Zonas de Bajas Emisiones.

El Gobierno Sánchez se ha hartado de enviar requerimientos y que les respondan con más medidas para anular en la práctica las ZBE. Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado, el pasado 3 de noviembre, un Real Decreto (956/2026) para modificar el anterior Decreto de creación de las ZBE (1052/2022, de 27 de diciembre) y exigir algunas obligaciones a los 153 Ayuntamientos obligados a implantar esas ZBE. Por un lado, deberán acreditar documentalmente la entrada en vigor de esas ZBE, así como la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento. Y por otro, el Real Decreto exige que las Ordenanzas municipales contemplen y apliquen el régimen sancionador previsto (multas), “sin recurrir a sistemas transitorios” (el truco de aplicar “moratorias”: el Ayuntamiento de Ciudad Real aprobó en septiembre una moratoria de 3 meses en la aplicación de multas). Y les da a los Ayuntamientos un plazo de un mes desde la entrada en vigor del Decreto (26 noviembre, porque no debe ser convalidado por la Diputación Permanente, al ser un Decreto ordinario, no un Decreto Ley). O sea, hasta el 26 de diciembre.

Los 153 Ayuntamientos afectados, la mayoría gobernados por PP (y Vox) tendrán que cumplir con el Decreto y enviar la documentación a un Gobierno que estará en funciones, tras las elecciones del 29-N. Y si el PP acaba gobernando con Vox, la mayoría de estos Ayuntamientos seguirán sin cumplir con la Ley de Cambio Climático y las ZBE, que Feijóo ha prometido “revisar”, por sus posiciones cada vez más “negacionistas” y presionado por Vox, que defiende abiertamente suprimir las ZBE. Así que el futuro de la contaminación de las grandes ciudades (con su secuela de enfermedades y muertes), va a depender del resultado de las próximas elecciones. Otro tema clave a considerar al votar el 29-N.

lunes, 9 de noviembre de 2026

Huelga 11-N: no sólo por la vivienda

Es una huelga “rara”. La propuso el Sindicato de Inquilinos, tras el desalojo y muerte de Maricarmen, pero la relanzaron los sindicatos: hartos de que la patronal no se haya sentado a  negociar la subida salarial de 2026 y hasta 2028, vieron en la movilización por la vivienda una oportunidad para protestar contra los bajos salarios, que se come la inflación, y la precariedad laboral. Así, la huelga se convoca con 3 palabras: salarios, vivienda, precios, por este orden. Salarios y precios porque la alta inflación (4,9%) se come la menor subida de convenios (+3,05%), mientras crecen los márgenes y beneficios empresariales. Y vivienda, porque los alquileres e hipotecas se llevan entre un tercio y la mitad de los salarios, más bajos que en Europa. Además, muchas pymes no pueden pagar los alquileres de locales. Así que la huelga intenta presionar a la patronal para que negocie y al futuro Gobierno para que tome medidas sobre la vivienda. Pero la clave estará en el voto de los españoles el 29-N.

            Huelga 11 noviembre: salarios, vivienda y precios, los tres motivos de la convocatoria

Las dos ultimas huelgas generales se convocaron en España en 2012: el 29 de marzo, contra la reforma laboral de Rajoy, y el 14 de noviembre, siguiendo una huelga europea contra los recortes impuestos por la Comisión Europea. Ahora, esta huelga del 11 de noviembre se ha gestado de una forma “rara”: la propuso inicialmente el Sindicato de Inquilinos, tras el desalojo y la muerte de Maricarmen, pero la convocatoria no fraguó hasta que se sumaron los sindicatos UGT y CCOO, que son quienes suelen convocar huelgas. Y lo han hecho porque han visto en la movilización por la vivienda una oportunidad para presionar a la patronal (cada vez más ligada al PP) a que se siente a negociar salarios y condiciones laborales, a lo que se han negado todo este año, por lo que no se ha firmado el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2026-28, tras los 5 Acuerdos trianuales firmados en 2012 (enero), 2015 (junio), 2018 (julio) y 2023 (mayo). Y además, por la vivienda, que “se come” (alquileres e hipotecas) gran parte de los salarios de los trabajadores.

Así que la convocatoria de la huelga del 11-N no es sólo por la vivienda. De hecho, en el manifiesto de convocatoria se utilizan 3 palabras: salarios, vivienda, precios, por este orden. Y se habla también de reducir la jornada laboral a 37,5 horas (los sindicatos la pactaron con el Gobierno en 2024, pero se tumbó en el Congreso en septiembre de 2025, con los votos en contra de Junts, PP, Vox y UPN), de reducir la precariedad laboral (hay casi 3 millones de trabajadores a tiempo parcial, 2,13 millones mujeres) y mejorar la salud laboral (hay un exceso de bajas laborales por las listas de espera en la sanidad pública y el aumento de problemas de salud mental). Además, la huelga exige una mejora de los servicios públicos, para garantizar la salud, la educación y el cuidado de los trabajadores, que cada vez gastan más en pagarse servicios privados. En definitiva, la huelga va “contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas”.

El primer punto de la convocatoria son los salarios. En realidad se pretende desbloquear la negociación colectiva, dado que la patronal CEOE no ha querido sentarse con los sindicatos en todo el año para negociar el VI Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2026-2028 (el V AENC 2023-2025 se firmó en mayo de 2023). Los sindicatos UGT y CCOO llevan todo el año defendiendo unas subidas salariales del 4% para 2026, 2027 y 2028 (en el V Acuerdo se pactó una subida del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, que se han cumplido), más una cláusula de revisión del 1,5% si la inflación sube más de lo esperado (ojo: sólo 4 de cada 10 trabajadores con convenio tienen cláusula de garantía salarial por si se dispara la inflación). Y que el salario mínimo interprofesional suba el +7% en 2027, más de lo que va a subirlo el Gobierno (+5,3%, hasta los 1.286 euros al mes, 550 euros más que en 2017 con Rajoy), otra vez sin el apoyo de la patronal (sólo apoyó una, la de 2020, de las últimas 8 subidas  anuales del SMI).

La patronal ni siquiera ha hecho una propuesta de subida salarial para 2026-2028 y en los convenios que ha negociado este año, la subida media es del +3,05%, con lo que su idea es retrasar las negociaciones del VI AENC y poner como tope de subida el 3%, aunque la mayoría de los trabajadores están sin convenio o no lo han firmado: hasta septiembre, sólo 923.000 empresas y 9.325.061 trabajadores tienen convenios y subidas acordadas, menos de la mitad de los 19.675.400 asalariados. Y por supuesto, no quieren oír hablar de reducir la jornada laboral (PP y Vox, con Junts, ya lo bloquearon por ellos) ni de erradicar la precariedad de muchos contratos (jóvenes, mujeres e inmigrantes) o mejorar la salud física y mental de los trabajadores, mientras la mayoría de las empresas reclaman dejar de pagar las bajas laborales y dar su control a las Mutuas para reducir el absentismo, según una encuesta de las Cámaras de Comercio, propuestas que la patronal CEOE confía aprueben el PP y Vox si llegan al Gobierno y sobre lo que alertan ahora los sindicatos.

La convocatoria de huelga reitera, con su 3ª palabra clave, precios, el otro problema clave de los trabajadores en España: los altos precios, una inflación que ya está en el 4,9% anual y que “se come” sus salarios (que crecen el 3,05% en convenio y menos o nada en muchas empresas). De momento, la pérdida de poder adquisitivo es del -1,9% este año. Y se suma a la pérdida de poder adquisitivo acumulada entre 2020 y 2025: -6,85% (la inflación creció el 23,5% y los salarios de convenio subieron +16,65% en esos 6 años). Y eso contrasta, según los sindicatos, con la mejora de los márgenes empresariales y los beneficios estos años. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia recurrente desde el año 2.000: los beneficios netos de las empresas se han multiplicado por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones, +170%), según este estudio de Funcas. También es clarificador lo sucedido en 2025: el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.

Los sindicatos exigen en su convocatoria de huelga del 11-N que el Gobierno controle y frene la subida de precios (y márgenes) en muchos sectores, porque quien más lo pagan son las familias y los trabajadores, que tienen muy difícil llegar a fin de mes con las subidas de alquileres e hipotecas, carburantes, luz y alimentos (han subido +37,7% entre 2020 y 2025), además de las subidas en los transportes y los costes privados en la sanidad, educación y los cuidados a la dependencia. De hecho, en 2025, la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) reveló que casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tienen dificultades para llegar a fin de mes: un 8,5% tienen “mucha” dificultad, otro 12,1 % dificultad y un 25,3% más tienen “cierta” dificultad, un panorama que ha mejorado poco desde 2019 (el 49,3% tenían algún tipo de dificultad).

Así que un fuerte componente de esta huelga del 11-N son las peticiones para que mejore la situación económica de muchos trabajadores, sobre todo los que tienen sueldos bajos, que sufren más la inflación. El problema de fondo es que España está creciendo y compitiendo en el mundo gracias a unos sueldos más bajos (somos “la China de Europa”): el salario hora en España está en 19,5 euros/hora frente a 26,2 euros de media en la UE-27, 36,3 en Paises Bajos, 34,5 en Alemania o 30 €/hora en Francia. Y dos tercios de los trabajadores españoles (12,5 millones de asalariados) ganan menos de 1.711 euros netos al mes (14 pagas), según el INE. Por eso, porque el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, los sindicatos exigen subir más del 4% (hasta el 7%) a los que menos ganan.

Y vamos a la tercera palabra clave de esta huelga, vivienda, un problema que afecta a muchos españoles, pero especialmente a los que viven de un sueldo, porque el coste de una hipoteca o un alquiler se come entre el 30% y el 50% de los sueldos hoy, dado que la vivienda ha subido mucho más que los salarios. Así, el precio medio de la vivienda para comprar estaba en octubre en 2.995 euros/m2, según Idealista, un +67.13% más cara que al comenzar 2020 (1.792 €/m2): una subida que triplica la de los salarios (+19,62% estos 7 años). Y si miramos los alquileres, que cuestan una media de 15,1 euros/m2 (23,4 euros en Madrid y 20,5 en Barcelona), han subido un +39,8% desde 2020 (10,8 euros), el doble que los salarios. Eso dificulta mucho a inquilinos e hipotecados para llegar a fin de mes. E incluso, ha provocado que 770.000 trabajadores con empleo se sumen a la cifra de trabajadores pobres: 3 millones de personas con empleo son “pobres” (ganan menos del 60% que la media: 12.200 euros netos si están solteros y 25.660 las familias con 2 hijos).

Pero el problema de la vivienda no sólo afecta gravemente a los jóvenes y a los trabajadores. También afecta a muchas empresas, aunque la patronal diga que “esta huelga no tiene sentido”. Por un lado, hay muchos sectores, como el turismo, la hostelería o la construcción, donde las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores en muchos lugares (Madrid, Barcelona, Palma, Málaga y la costa española) porque los altos alquileres disuaden a los que podrían trabajar allí. Algo que también dificulta encontrar médicos, profesores y empleados públicos. Además, los disparados alquileres están provocando graves problemas a muchas pymes y autónomos que no pueden pagar las subidas que les plantean de locales comerciales (bares, tiendas o librerías) y naves industriales. De hecho, el Banco de España ha dicho en su Informe Anual 2025 que “el problema de la vivienda ha escalado y ya es una seria amenaza para el crecimiento y la productividad de la economía”.

Así que la vivienda no sólo preocupa a los que pagan un alquiler o una hipoteca, sino que está frenando la instalación de nuevas empresas y la movilidad de los trabajadores, siendo ya “un embudo” para el crecimiento y el empleo. Por eso, todo el mundo debería apoyar un Pacto nacional por la vivienda, un gran acuerdo entre políticos, el Estado, las autonomías y Ayuntamientos, promotores, constructores y bancos para conseguir más suelo urbanizable (hay suelo, pero lo acaparan los especuladores y exige invertir para hacerlo urbanizable o agilizar su tramitación), más financiación pública y privada (los bancos, con beneficios millonarios, deberían volcarse en financiar promociones), más promociones públicas y privadas (también con ayudas a las cooperativas) y más construcción, resolviendo los problemas de falta de mano de obra formada y aumentando la industrialización del sector, para que se tarde menos en construir (hasta 5 años y más, entre papeleo y obras).

Lo que está claro es que el origen  del grave problema de la vivienda es la falta de oferta (en 2025 se construyeron sólo 93.650 viviendas, con una media de 93.000 esta década y otras 99.000 en la década de 2010, sobre 540.000 anuales entre 2000 y 2010) frente a una demanda que crece, por el aumento de población (+3 millones de habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada año. Con ello, tenemos un déficit de 750.000 viviendas, que será de 1 millón en 2028, según el Banco de España. El problema es que construir esas 750.000 viviendas costaría entre 189.680 y 236.000 millones de euros, el 12% del PIB, un tremendo esfuerzo inversor público y privado, que contrasta con la escasa inversión actual (39.000 millones el sector privado y 11.000 millones las instituciones públicas), entre 4,8 y 6,1 veces menos de lo necesario.

Pero la solución al problema de la vivienda no pasa sólo por construir más. Muchos expertos coinciden en que eso podría engordar la actual “burbuja especulativa”, alimentada por considerar a la vivienda como “un activo para invertir” y no una necesidad y un derecho. El temor de muchos es que si el PP y Vox llegan al Gobierno, aprueben una Ley del Suelo que permita construir en cualquier lugar, acelerando la ola especulativa (como hizo Aznar con su Ley del suelo de 1998). Por eso, además de construir más, hay que limitar las compras especulativas, como ha propuesto el president Illa en Cataluña: se trataría de penalizar fiscalmente la compra especulativa de viviendas, ayudando en paralelo a los que compran su primera vivienda. Y además, hay que aumentar el parque público de vivienda para alquiler, con más promociones y compras de viviendas. Si no, podemos encontrarnos con que se construyen 200.000 viviendas y muchas familias y jóvenes no pueden comprar ni alquilar.

Además, es urgente actuar sobre los actuales alquileres, tratando de contener su subida, no con topes de precios (apenas bajan: un -2,2% en dos años en Cataluña, a costa de menos oferta) sino con acuerdos con los propietarios no especuladores y poniendo límites a los grandes tenedores, tanto empresas (tienen 1 millón de alquileres) como a los caseros con más de 2  viviendas (tienen la mitad de los alquileres). Y a los “caseros no especuladores” hay que ofrecerles seguridad y garantías, creando empresas públicas autonómicas y municipales que les garanticen la gestión y el cobro seguro del alquiler, como Bizigune en Euskadi. Y además, actuar fiscalmente, apoyando a los caseros que alquilen a precios “razonables” y penalizando (en el IRPF y en el IBI) a los que disparen sus alquileres. Sin olvidar frenar el desvío de alquileres "normales"  a alquileres turísticos, de temporada o por habitaciones (sin regulación).

Algunas de estas medidas se incluyen en el Decreto que aprobará el Congreso este 12 de noviembre, gracias a que no está Junts en la Diputación Permanente. Pero puede ser “papel mojado” si PP y Vox ganan las elecciones y aplican otras medidas, razón por la que se oponen a esta huelga del 11-N, al considerarla “una huelga contra la oposición”. Ojo, a lo mejor tienen razón: las competencias de vivienda (y las soluciones) son de las autonomías y 11 están gobernadas por el PP (4 con Vox), que apenas han hecho nada (sobre todo en Madrid). Y será más su competencia  si PP y Vox llegan al Gobierno y aplican planes que aumenten la especulación de la vivienda y no limiten los abusos actuales. Por eso, más importante que esta huelga será el voto el 29-N.  

jueves, 5 de noviembre de 2026

El recibo de la luz se dispara

En octubre ha vuelto a subir el recibo de la luz, a 92 euros un recibo medio, 25 euros más que en junio. El precio mayorista de la luz no ha parado de subir desde este verano, por el aumento de la demanda (olas de calor) y el mayor uso de las centrales de gas, cuyo precio se ha duplicado por la guerra en Irán. Y los impuestos a la luz, que habían bajado de marzo a mayo, han vuelto a subir desde junio. Con todo, la ayuda de las renovables (generan el 56% de la luz) consiguen que España tenga el precio mayorista de la luz más bajo de Europa. Ahora, se espera que la luz siga subiendo en otoño e invierno, para bajar la próxima primavera y en 2028. La clave es seguir apostando por las renovables, mejorar la red y, sobre todo, instalar baterías en las centrales solares y eólicas: hoy, la cuarta parte de la energía renovable se pierde porque no se puede almacenar.

                                Enrique Ortega

El precio de la luz en origen, en el mercado mayorista (donde acuden los que generan y compran la electricidad) se ha disparado desde junio: de costar 69,59 euros/MWh en junio se saltó a 104,75 euros de media en julio, 118,25 euros en agosto, 143,26 euros en septiembre y 166,66 euros/MWh en octubre, más del doble que en junio y el precio mayorista más caro desde octubre de 2022 (8 meses después de la invasión de Ucrania). Este precio en origen duplica también al de octubre de 2025 (75,78 euros/MWh) y a la media del precio en octubre de los últimos 5 años (119,46 euros/MWh). Y tomando el precio medio de estos 10 meses (enero a octubre), 82,96 euros/MWh, es mayor al precio medio del mercado mayorista en todo 2025 (65,28 euros) y 2024 (62,96 euros), algo menor que en 2023 (87,10 euros) y mucho menor al precio mayorista de la electricidad en 2022 (167,62 euros), el peor de los últimos años.

¿Por qué se ha disparado el precio de la luz en origen desde el verano? La primera razón es que ha aumentado la demanda todos estos meses, incluso en octubre (+7,1% sobre octubre de 2025, y hasta un +17,7% en las horas de más consumo), por las olas de calor (aire acondicionado), el turismo, el aumento de la población y el crecimiento económico. Pero la clave ha estado en el gas natural, que se ha consumido mucho más en las centrales térmicas para atender la demanda fuera de las horas de sol y por la menor aportación de las energías eólica e hidroeléctrica, sobre todo en septiembre y octubre. Sólo nos ha salvado la energía solar, que ha crecido en otubre (22,4% de la luz generada) y el resto del año (24,5% entre enero y octubre), consiguiendo que el precio mayorista de la electricidad bajara a 82,88 euros de las 10 a las 18 horas, costando 208 euros de media en octubre por la tarde/noche (de 18 horas al día siguiente).

En paralelo, ha crecido la electricidad generada por las centrales de gas, tanto en octubre (21,6% del total) como en los 10 primeros meses del año (17,2%, cerca del 19,4% aportado por la eólica, el 19% de la nuclear y el 11% de la electricidad hidráulica). El problema es que el precio del gas que las alimenta se ha disparado tras los ataques a Irán (28 de febrero): de costar 32,47 euros/MWh en febrero saltó a 58,40 euros en marzo, 63,03 euros en julio, 100,72 euros el 28 de octubre y un récord de 103,19 euros/MWh el 30 de octubre, el doble que antes del verano y el triple que hace sólo 8 meses.

Con todo, el alto porcentaje de electricidad generada por fuentes renovables (solar, eólica e hidráulica), un 50,4% de la luz generada en octubre y el 58,6% entre enero y octubre, han permitido que el precio mayorista de la electricidad sea en España el más barato de Europa, según el informe del grupo ASE. En octubre, los 166,66 euros/MW de España es similar al de Francia (165,83 euros) y menor al de Alemania (169,27 euros) e Italia (233,49 euros/MWh). Y si miramos el precio mayorista medio de 2026 (enero a mayo), España queda como el país más barato: 82,90 euros/MWh frente a 89,58 euros en Francia, 113,38 euros en Alemania y 152,50 euros en Italia. Algo que lleva años pasando y que mejora la competitividad de las empresas y productos españoles.

Hasta ahora me he referido al precio mayorista de la luz, en origen, no al del recibo. A este precio (166,66 euros/MWh en octubre) hay que sumar los extracostes que cobra Red Eléctrica (REE), gestora de la red, para reforzar la seguridad del sistema tras el apagón de abril de 2025. Por un lado, el tener disponibles centrales de gas, aunque no se usen, para garantizar que se pueden utilizar si hacen falta (y eso hay que pagarlo: las compañías con centrales de gas han ingresado ya 3.906 millones este año), además de pagar a algunas empresas por poderles cortar la luz si hiciera falta para asegurar el suministro (se ha hecho 10 veces este año), una indemnización que costará 434 millones este año (y que pagan los consumidores). Los expertos estiman que estas medidas “de operación reforzada” para evitar apagones han sumado 22,41 euros/MWh en octubre al precio mayorista (166.66 euros/MWh), con lo que el precio total en origen en octubre ha sido de 189,07 euros/MWh.

Los consumidores que tienen la tarifa regulada (8,3 millones) sufren el efecto inmediato de esta subida en origen: su recibo tiene en cuenta el 40% del precio mayorista de cada mes y el 60% del precio futuro (los futuros de la electricidad para los próximos meses también suben). Por ello, la OCU estima que el recibo de estos abonados a la tarifa regulada ha sido de 92,44 euros en octubre de media (con 4,6 kW de potencia y 292 KWh de consumo), una subida de más de 25 euros sobre el recibo de junio (66,63 euros) y bastante más de lo que pagaron en julio (77,84 euros), agosto (79,75 euros) y septiembre (86,22 euros). El resto de consumidores (la mayoría, 22,2 millones de clientes), los que tienen un contrato “libre” con su compañía, que actualizan cada año (o cada 6 meses) sufrirán esta fuerte subida de la luz mayorista en la próxima revisión de su contrato.

Unos y otros consumidores sufrimos no sólo la subida de la luz en origen (por la mayor demanda y dispararse el precio del gas) sino que también sufrimos los mayores impuestos que pagamos desde el 1 de junio. El 22 de marzo, el Gobierno aprobó una bajada de impuestos a la luz hasta finales de mayo, tanto del IVA (del 21 al 10%) como del impuesto especial de la electricidad (del 5,11% al 0,5%). Pero el 1 de junio volvieron a subir el IVA (al 21%) y el impuesto especial (al 5,11%), afectando ya al recibo que nos llegó en julio y los posteriores. El decreto establecía que los impuestos volverían a bajar si el IPC de la electricidad subía más del 15%, pero no ha pasado: en septiembre, el último dato completo del INE, subió el 11,4%, con lo que el recibo de octubre, que nos llegará en noviembre, seguirá pagando altos impuestos (unos 14 euros extras de los 92,44 euros del recibo).

Ahora, todo apunta a que los recibos de la luz de noviembre y diciembre serán más altos, por encima de los 100 euros, porque en otoño e invierno sube la demanda y el precio del gas sigue elevado (por la mayor demanda y las reservas de gas bajas en Europa: el 74,68% de su capacidad en la UE,27 y el 61% en Alemania, aunque suben al 82% en España). Sólo podría ayudarnos algo que el IPC de la electricidad subiera más del 15% en octubre (lo sabremos a mediados de noviembre), lo que podría rebajar los impuestos  (unos 14 euros) en la factura de la luz de noviembre y diciembre, aunque será más alta.

De hecho, los futuros de la electricidad auguran precios altos en el mercado mayorista (de origen), en España y más en el resto de Europa. Para el 4º trimestre, los precios mayoristas oscilan entre 179 y 240 euros/MWh, muy por encima del precio en octubre (166,66). Y para el primer trimestre de 2027, el precio mayorista de los futuros alcanza los 176,75 euros en España y los 220,59 en Alemania (con el gas costando 101 euros/MWh). El precio bajaría en primavera (97 euros/MWh en España) y subiría el verano próximo (a 132,50 euros/MWh) y el otoño (132,28 euros/MWh), para cerrar 2027 con un precio medio mayorista de 134,50 euros/MWh en España (frente a 82,96 en lo que llevamos de 2026). Y bajaría por fin en 2028, con un precio medio anual de 77,75 euros, según el mercado de futuros.

En definitiva, que todavía pagaremos cara la luz este año y el que viene, a menos que la derrota de Trump en las elecciones de medio mandato ponga fin a la guerra en Oriente Medio y el petróleo y el gas vuelvan a los antiguos precios. Pero mientras se aclara el panorama geopolítico, que sufrimos con los carburantes y la luz más caros, la clave es seguir apostando por las renovables, algo que puede estar en peligro si gobierna el PP con Vox (que defiende la energía nuclear y térmica y ha puesto restricciones a los macroparques solares y eólicos). Hasta ahora, la Ley del Clima del Gobierno Sánchez (aprobada el 13 de mayo de 2021) ha conseguido aumentar el peso de las renovables (del 33,7% en 2017 al 58,6% actual) y que el menor coste de la electricidad sea una ventaja competitiva para nuestras empresas y atraiga inversiones extranjeras. Y su objetivo es que las renovables aporten el 81% de la electricidad en 2030.

Ahora, los expertos plantean que hay que reforzar el crecimiento de las energías renovables, invirtiendo en conseguir que sean más seguras para el sistema eléctrico, implementando soluciones de estabilización técnica (instalando compensadores síncronos e instalando servicios de control de tensión) almacenamiento y flexibilidad en la demanda, con una reforma de la red y las interconexiones, que exige fuertes inversiones. Eso ayudaría a reducir la dependencia actual de las centrales de gas, imprescindibles a las horas en que no hay sol o viento, sobre todo con los pantanos al 56,1% de su capacidad (sigue la sequía, que también nos encarece la luz).

El punto clave para rentabilizar mejor las renovables (y bajar el precio de la luz) es avanzar en el almacenamiento de su energía, en instalar más baterías, hoy escasas, en los parques solares y eólicos, para no desperdiciar parte de la energía que producen y que no puede volcarse a la red y se pierde. Ojo al dato: actualmente, el 25% de la energía renovable se pierde, porque no se puede verter en la red ni tampoco almacenarse, por falta de baterías. Otros estudios señalan que la electricidad renovable que no se utiliza crece año tras año, como la potencia instalada: era de 1,7 Teravatios en 2024, pasó a 3,6 Teravatios en 2025 y alcanzó los 6 Teravatios en octubre de 2026, el consumo de 2 millones de hogares… Así que, mientras no se instalen más baterías, más energía renovable es más energía perdida.

Si se gestionara mejor la energía renovable, invirtiendo al máximo en tecnología de control de potencia y en baterías, el coste de la electricidad bajaría y nos ahorraríamos una parte del recibo, además de poder exportar más electricidad a Europa (seguimos siendo una “isla”, por culpa de las reticencias francesas a las interconexiones en marcha). También hay otro factor que preocupa: el aumento de solicitudes para instalar Centros de Datos en España, para “alimentar” la Inteligencia Artificial. Estos Data Center consumen mucha energía (y agua), por lo que si no se les exige que utilicen básicamente energía renovable (como hace un Real Decreto del Gobierno, que no se ha podido aprobar), pueden disparar la demanda de electricidad y encarecer en 2.000 millones/año el coste de la electricidad, a costa de encarecer nuestro recibo de la luz y aumentar las emisiones de CO2.

En resumen, que el conflicto de Oriente Medio no sólo nos ha encarecido los carburantes sino que ha disparado el recibo de la luz desde este verano, por culpa del precio disparado del gas, y a pesar del aumento de las renovables. Y todavía pagaremos un recibo caro hasta la próxima primavera. Por eso, urge avanzar más con las renovables y sobre todo invertir en tecnología y baterías (almacenamiento), para que sea una energía segura y que se pueda volcar al sistema las 24 horas, no sólo cuando hay sol o viento. El riesgo es que Vox llegue al Gobierno con el PP, porque hablan de frenar los grandes parques eólicos y solares y crear un” impuesto al sol”, como han hecho en Castilla y León. Piense en ello y en su recibo de la luz cuando vote el 29-N.