Más pluriempleo (récord)

España tiene más gente que nunca trabajando (22,3 millones), pero también más gente pluriempleada, que trabaja en más de un sitio: son 611.600 personas, que trabajan unas 13 horas semanales en un 2º empleo, sobre todo en los servicios. Y la cifra real podría ser mayor, hasta 889.526 pluriempleados, según los datos de doble afiliación a la Seguridad Social. Es un dato récord, aunque la tasa de pluriempleo (el 2,5%) es de las más bajas de Europa (4,1% de media y hasta el 8,4% en Paises Bajos). Los sindicatos están preocupados por el aumento del pluriempleo, porque se concentra en sectores con contratos precarios y bajos sueldos, con jornadas a tiempo parcial, que buscan complementar sus ingresos para llegar a fin de mes: es el caso de limpiadoras, empleadas de hogar, cuidadoras y trabajadores de la hostelería y el comercio. Y está aumentando el pluriempleo de los asalariados que se hacen autónomos. Hay que diferenciar el pluriempleo voluntario y el forzado, ligado en muchos casos a la economía sumergida. Falta transparencia.

               Limpieza, empleadas hogar, cuidados, hostelería y comercio concentran mucho pluriempleo

En la EPA del primer trimestre de 2026 figura el dato de los trabajadores que reconocen trabajar en más de una empresa: son 611.600 trabajadores, el 2,7% de los ocupados, un récord histórico. El pluriempleo suele crecer cuando lo hace el empleo, por lo que alcanzó los 545.700 pluriempleados en 2007 (2,6%), en plena burbuja económica, para caer a partir de la crisis financiera y marcar un mínimo en 2012 (330.500 pluriempleados, el 2,1%). A partir de ahí, la cifra ha ido subiendo, hasta 442.400 en 2019 (2,5%) y 559.800 en 2025 (2,6%), hasta los 611.600 de marzo 2026 (el 2,7%), un 38% más que antes de la pandemia.

Los pluriempleados realizan una jornada media en su 2º trabajo (o en el 2º y 3º) de 13 horas semanales, siendo más en el sector de contenidos (20,2 horas), telecomunicaciones (17,2 horas) y hostelería (14,5 horas), según la EPA. La mayoría de los pluriempleados son hombres (316.500), aunque crecen más las mujeres (295.000 pluriempleadas). Y están más pluriempleados los jóvenes, sobre todo entre 16 y 24 años, aunque también entre 25 y 34 años. Por sectores, los que más tienen un 2º empleo son los trabajadores de los servicios (555.000 pluriempleados), destacando una serie de trabajos: limpieza, empleadas de hogar, cuidadoras, empleados de comercio, trabajadores de hostelería y turismo y transportes. Les siguen, de lejos, los pluriempleados en el campo (27.100), la industria (17.600) y la construcción (11.400).

Un dato llamativo es el repunte de pluriempleados que son asalariados y se hacen autónomos para realizar su segundo trabajo: la tasa de pluriempleo en actividades como autónomos (208.300, el 3,5%) ha crecido un 36% desde 2019, mientras el pluriempleo de los asalariados que realizan su 2º trabajo como asalariados (399.000, el 2,61%) ha crecido la mitad, un 16%. Todo indica que este aumento se debe a trabajadores con bajos sueldos (o jornadas parciales) que se hacen autónomos para realizar un 2º trabajo, sin dejar el primero.

Aunque el pluriempleo ha crecido en España tras la pandemia, todavía tenemos un porcentaje de pluriempleados mucho más bajo que en Europa, donde hay más tradición de pluriempleo, sobre todo entre los jóvenes. Según un estudio de Adecco, en Europa hay 8,8 millones de trabajadores pluriempleados, un 4,1% de los ocupados, según Eurostat. Los paises con más tasa de pluriempleo son Dinamarca (10,8%), Paises Bajos (8,4%) y Noruega (8,3%), seguidos de Finlandia (6,9%), Suecia (6,4%), Portugal (5,5%), Francia (5,4%, 1.326.000 pluriempleados), Alemania (5,3%, 2.055.000 pluriempleados), con sólo un 0,8% (178.300) en Italia. En general, el pluriempleo en Europa es mayor en los paises con los salarios más altos y el paro más bajo, aumentando más entre personas con más nivel educativo, características muy diferentes al pluriempleo en España (concentrado en los trabajadores más precarios).

Algunos expertos achacan esta menor tasa de pluriempleo en España a que muchos trabajadores no reconocen que tienen otro trabajo cuando les pregunta el INE para elaborar la EPA. Y creen que la cifra real de pluriempleados es mayor, porque algunos están “en la economía sumergida”, tienen otro trabajo no declarado. De hecho, los datos de afiliación a la Seguridad Social aportan una cifra mayor de pluriempleados, de trabajadores que cotizan por las horas que hacen en otra empresa. Así, los “afiliados en pluriactividad” eran 889.526 trabajadores en 2025, el 4,1% del total de afiliados, otro récord histórico, también con una fuerte subida desde 2008 (575.128 afiliados en pluriactividad”, el 2,8%) y desde 2019 (730.269 afiliados con pluriempleo, el 3,8%). En muchos casos, las empresas utilizan a trabajadores empleados en otros sitios para cubrir bajas laborales y otro tipo de ausencias. Precisamente, los sectores con más trabajadores “afiliados en pluriactividad” son la educación (12% del total de pluriempleados), las actividades sanitarias (10,8%), los servicios auxiliares (10,7%), la hostelería y el comercio (9,4% de los trabajadores pluriempleados), las 5 ramas que concentran más de la mitad de los “afiliados en pluriactividad”.

Aunque estos datos de afiliación a la Seguridad Social ya suben la cifra de pluriempleados (a 889.526 trabajadores, el 4,1% de los afiliados), otras encuestas elevan mucho más la cifra de pluriempleados. Un estudio de InfoJobs revela que el 85% de los trabajadores sólo trabaja en una empresa, pero que un 8% ha sido pluriempleado hace menos de un año aunque ahora no lo sea y otro 7% de los trabajadores sí es pluriempleado ahora. Y otros estudios revelan que el 40% de los que tienen 2 trabajos lo hacen porque ingresan entre 1.000 y 1500 euros al mes. Y en muchos casos (sobre todo mujeres) porque tienen trabajos a tiempo parcial (por horas o por días) que les deja tiempo para buscarse un 2º empleo, necesario para llegar a fin de mes.

Los sindicatos muestran su preocupación por el ascenso del desempleo, porque creen que refleja la precariedad de una parte del mercado laboral, sobre todo mujeres y jóvenes que tienen jornadas reducidas y bajos salarios, lo que les obliga a buscar un 2º empleo (o incluso un 3º) para complementar sus ingresos y atender sus gastos. Una necesidad que se agrava ahora, por la fuerte subida de los alquileres y muchos precios.

Por esto, los sindicatos alertan que el pluriempleo en España no es signo de unos trabajadores que quieren  “flexibilizar” su trabajo o compatibilizarlo con estudios o hijos, como en la Europa más rica, sino una salida desesperada para los trabajadores más pobres. Así, en España, el pluriempleo está fuertemente asociado a la precariedad: el 30% de las personas en situación de pobreza laboral tienen más de un empleo, según Intermón Oxfam. Y además, el pluriempleo “forzado” daña la salud (física y mental) de los trabajadores y dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar. Además, a los sindicatos les preocupa que una parte de este pluriempleo forzado sea “irregular”, forme parte de la economía sumergida, por lo que solicitan realizar Planes de vigilancia a la inspección de Trabajo.

En resumen, que vuelve a crecer el pluriempleo, no tanto como el que hacían nuestros padres en los años 60 y 70 pero más que en los buenos años de la burbuja inmobiliaria. Lo malo es que trabajar en más de un sitio no es para la mayoría una opción laboral sino una elección forzada porque con su trabajo habitual no llegan a fin de mes y necesitan trabajar en otro sitio para conseguir unos ingresos decentes. Por eso, los sindicatos reiteran que el pluriempleo es la otra cara de la precariedad laboral y los bajos salarios, del abuso de empresas que utilizan a pluriempleados para cubrir huecos y ausencias, muchas veces sin cotizar por ellos. Y piden que el crecimiento y la mejora de la economía (y de los beneficios empresariales) se traduzca en más empleos únicos de calidad. Ojo al pluriempleo.

España "low cost": crece con baja productividad

Se ha puesto de moda hablar de España como una economía de bajo coste (“low cost”), que compite y crece gracias a sus bajos salarios y energía barata más que por su innovación y productividad, de las más bajas de Europa. Este modelo de crecimiento, junto a la inmigración, ha permitido que España crezca los últimos 5 años más que Europa, pero esto esconde una realidad: en el PIB por habitante, lo que marca la competitividad de un país y su renta, ocupamos el puesto 15 en el ranking de la UE-27. A lo claro: hay 14 paises europeos más productivos y más ricos, algo que lleva pasando décadas. La culpable es esa baja productividad española, que impide mejorar salarios y rentas. Para converger con la mayoría de Europa, el Consejo de Productividad propone aumentar el tamaño de las empresas, gastar más en tecnología, aumentar la inversión privada, mejorar la formación y la organización de las empresas. Crecer sí, pero siendo más productivos para vivir mejor.

                             Enrique Ortega

La OCDE ha sido la última organización en pronosticar, este mes de junio, que España crecerá este año un +2,2%, casi el triple que la eurozona (+0,8%) y más incluso que Estados Unidos (+2%). De confirmarse, será el 6ª año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crece más que el resto de Europa, empujados por el turismo, el consumo privado, los inmigrantes y las exportaciones, sin olvidar los Fondos europeos. Pero lo importante para un país no es sólo lo que crezca su PIB (somos el 4º país con el PIB más alto, tras Alemania, Francia e Italia) sino lo que aumente su PIB por habitante, el indicativo de la productividad de un país y, en consecuencia, de su nivel de vida. Producimos mucho más cada año, pero con 3.326.100 trabajadores más que en 2019. Ahí está “el truco”. 

Y aquí, en el PIB por habitante, España ha vuelto a “pinchar” en 2025, según los datos de Eurostat: somos el país nº 15 en el ranking europeo de producción por habitante real (descontando la inflación), con 38.272 euros por habitante, el 92% del PIB por habitante real de la UE-27 (41.600 euros). Y estamos por detrás de la producción por habitante de Luxemburgo (239% del PIB per cápita europeo), Irlanda (238%), Paises Bajos (133%), Dinamarca (127%) o Austria (118% del PIB habitante europeo), paises mucho más pequeños que España pero más productivos y que por eso tienen más renta y mejores salarios. También estamos por detrás del PIB por habitante real de Alemania (115% de la media UE-27), Bélgica (114%), Suecia (111%), Malta (110%) o Finlandia (101%), que cierran la lista de los 10 paises europeos con un PIB por habitante superior a la media UE-27. Les siguen Francia y Chipre (98% del PIB por habitante europeo), Italia (96%) y Chequia (92%). Y a continuación, en el puesto 15º se encuentra España, con el 92% del PIB por habitante europeo. Un nivel y un puesto similar a los de 2023 (91%) y 2024 (92%), que cayó del 90% entre 2020 y 2022 por la pandemia y que está por debajo de la media desde 2010 (96%).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, en marzo de 2026, del 72,7%, frente al 76,3% en la UE-27, el 81,5% en Alemania y el 75,2% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,3% en Paises Bajos, al 79,4% en Irlanda, al 82,2% en Suecia o al 83,4% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 68%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1.026.000 personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB y nuestra renta, también el PIB por habitante). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,5 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitante) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

Recientemente, el nuevo Consejo de Productividad de España ha elaborado su primer informe, donde destaca que la baja productividad de España es un problema endémico, que arrastramos desde finales del siglo XIX. Así, entre 1890 y 1994, el PIB per cápita creció en España un +1,8% anual, frente al +2% que creció en Europa y el +2,2% en EEUU. Y entre 1995 y 2022, el PIB per cápita creció en España el +0,8% anual, también por debajo del +0,9% que aumentó en la UE-27 y el +1,3% que creció anualmente en EEUU. Eso sí, entre 2022 y 2025, la productividad por hora trabajada en España crece el doble (aunque poco: el +1% anual) que entre 2014 y 2019 (+0,5%), aunque los datos de Eurostat señalan que la productividad española crece entre un 10% y un 15% por debajo UE-27.

El informe del Consejo de Productividad señala dos problemas. Uno, la baja productividad española. Y el otro, que las mejoras de productividad están mal repartidas y los trabajadores se llevan (en sus sueldos) la menor parte. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora trabajada creció un 95% acumulado, pero la remuneración por hora (sueldo) sólo creció un 3%. Y entre 1999 y 2024, la productividad por hora trabajada ha crecido un 13%, mientras la remuneración por hora trabajada (sueldos) ha crecido un 11%. Resultado: el trozo de pastel de los salarios en el reparto de la productividad es hoy inferior al de 2019. Y lo más preocupante: los salarios reales (descontando la inflación) apenas han crecido en España en los últimos 25 años. Así que crecemos, pero la mayoría de los trabajadores no lo notan.

¿Por qué España sigue teniendo una baja productividad? El Consejo señala los dos factores que lo explican: la baja inversión en tecnología e innovación y una estructura productiva centrada en sectores poco productivos, como los servicios, el turismo, el comercio o la agricultura. Y señala otra debilidad de la economía española: la baja inversión, sobre todo privada, que ha crecido menos que en Europa (que a su vez invierte también menos que EEUU, lo que explica su menor productividad). Y también destacan otros factores que bajan la productividad : la escasez de mano de obra, la falta de competencia, el exceso de burocracia y las 17 normativas autonómicas, los impuestos y la normativa laboral.

Otros expertos señalan tres factores claves que explican nuestra baja productividad. El primero, el menor tamaño de nuestras empresas, el exceso de pymes. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay también un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque tienen más empresas medianas (el 0,93%) y casi idéntico porcentaje de pequeñas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

La 2ª causa que explica nuestra menor productividad es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Pero la mayor “brecha” con Europa se da en la inversión tecnológica de las empresas: en España invierten el 0,7% del PIB mientras en Europa invierten una proporción doble, el 1,48% del PIB. Además, esta imprescindible inversión empresarial en I+D+i se concentra en las grandes empresas, que suponen dos tercios de la inversión tecnológica privada. En definitiva, las pymes invierten poco en tecnología e innovación y eso frena su productividad, lo mismo que su menor internacionalización (pocas pymes exportan) y la mayor dificultad que tienen para financiarse.

El tercer factor clave que reduce nuestra productividad es la menor inversión en España. En los últimos años, la inversión total se ha estancado (14,8% del PIB en 2025, casi igual al 14,7% que invertíamos en 2019) y sigue por debajo de la inversión en Europa (16,1% del PIB) y en  Estados Unidos (17,4% del PIB), según Funcas, aunque debería haber repuntado mucho más por el aluvión de Fondos europeos. Esta baja inversión, en España y en Europa, explica en buena medida la menor competitividad frente a EEUU y China, según el informe Draghi, y “limita la capacidad del país para aumentar su productividad y cerrar la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la eurozona”, según BBVA Research.

Hay un 4º factor que explica también nuestra baja productividad: la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes aumenten de tamaño y superen los 50 trabajadores…

En definitiva, que hay muchos cambios estructurales que hacer para conseguir que no sólo crezcamos mucho sino que produzcamos más por trabajador, que seamos más eficientes y productivos, la verdadera clave para mejorar los salarios y nivel de vida, para acercarnos más a la Europa rica del centro y norte del continente. El Consejo de la Productividad propone maximizar los incentivos a la innovación tecnológica, apoyar la transformación digital y energética, mejorar la formación de los trabajadores y la inversión en educación, aumentar el tamaño de las empresas, aumentar la inversión y reducir barreras a las nuevas empresas. Y recuerdan: la mejora de la productividad es la base de un crecimiento que permite aumentar la renta per cápita y mejorar los salarios reales, estancados desde hace 30 años.

Ya sabemos lo que pasa, por qué España tiene los salarios más bajos de Europa y un nivel de vida inferior a 14 paises europeos, muchos de ellos más pequeños. Y tenemos una hoja de ruta para mejorar esta situación, con el gran objetivo de mejorar la productividad. No podemos seguir con una economía “low cost”, que compita en Europa y el mundo con bajos salarios y costes de la energía, con pequeñas empresas con poco capital y poca inversión. No podemos seguir compitiendo por precio, como la China de Europa: necesitamos dar un salto cualitativo y competir con productos de mayor valor añadido, con más tecnología e innovación, con empresas más grandes, más internacionalizadas y que inviertan más en el futuro. Hay que mirar no sólo que crezcamos más sino que crezcamos siendo más productivos. Sólo así mejorarán nuestros bajos salarios y aumentará nuestro nivel de vida. Ser más productivos debería ser el gran objetivo nacional a medio plazo. Para todos.

Gasto sanitario muy desigual por autonomías

En los últimos meses, se han multiplicado en media España las manifestaciones y protestas  de sanitarios y pacientes en defensa de la sanidad pública, cada día más deteriorada y con crecientes listas de espera (9,1 días para ver al médico de cabecera). El último Barómetro de Sanidad y el CIS refleja que casi la mitad de los españoles creen que la sanidad funciona mal o necesita cambios. Y  la peor valoración se da en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. La clave de los problemas sanitarios es la escasa financiación, menor que en Europa, con varias autonomías con un gasto sanitario por habitante por debajo de la media: Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, mientras los que gastan más en salud son País Vasco, Asturias , Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Los expertos piden más gasto público en sanidad, sobre todo en atención primaria, y contratar 100.000 enfermeras y 6.000 médicos. Gastar más y mejor repartido, para que la atención sanitaria no dependa de dónde vivamos.

                        Los hospitales se llevan el 62% del gasto sanitario público

La mayoría de españoles ven claro el deterioro de la sanidad pública, agravado tras la pandemia, aunque son una amplia mayoría los que prefieren que les atienda la sanidad pública antes que la privada si tienen un problema grave. El último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por Sanidad y el CIS, refleja una nueva pérdida de confianza de los españoles en la sanidad pública: el 20,2% de los encuestados opina que funciona “mal” (en 2009 eran sólo el 4,1%) y el 27,1% creen que necesita cambios (23,3% en 2009), aunque todavía el 51,7% señalan que “funciona bien” (eran el 72,1% en 2009). A la hora de valorar la sanidad pública, la nota media que dan es 6,02 sobre 10, muy por debajo de los 6,74 puntos que daban en 2019. Eso sí, la nota varía mucho por autonomías. Es mucho más baja en Andalucía (5,37), Ceuta (5,39) Melilla (5,56), Canarias (5,77), Castilla la Mancha (5,99) y la Comunidad Valencia (5,99 sobre 10). Y dan la mejor nota a la sanidad pública de Cantabria (6,68 puntos), País Vasco (6,54), Castilla y León(6,40), Murcia (6,38), Rioja y Baleares (6,35 sobre 10).

Uno de los servicios peor valorado de la sanidad pública es la Atención Primaria, muy tensionada por el aumento de población (más envejecida) y la falta de recursos y sanitarios: la nota que dan los encuestados es 6,27 sobre 10 (era 7,13 en 2019). Y la queja más frecuente es la creciente espera para ser atendido por el médico de familia: 9,15 días de media, el doble que antes de la pandemia (4,7 días de espera en 2019). Una espera que es mucho mayor en Andalucía (11,16 días de media para ser atendido), Cataluña (10,59 días), Madrid (9,60 días) y Comunidad Valenciana (9,34 días), bajando a la mitad en País Vasco (4,91 días de espera media) y siendo baja en Asturias (5,45), Cantabria (5,90) y Ceuta (5,95 días).

La atención de los especialistas es el servicio peor valorado (5,74 sobre 10), debido a la enorme espera que supone conseguir una cita con el especialista (128,9 días, más de 4 meses de media). El ingreso y la atención en hospitales es mejor valorado (7,02 sobre 10), especialmente en Cantabria (7,64), Asturias (7,55), País Vasco (7,53) y Castilla y León (7,52), bajando la valoración de los hospitales en Ceuta (5,92), Melilla (6,18), Canarias (6,62) y Comunidad Valenciana (6,72 sobre 10). El servicio mejor valorado es el 061/112, con un 7,26 sobre 10, seguido de las urgencias hospitalarias, con una nota de 7,26 puntos, que sube en País Vasco y Cantabria (6,71 puntos) y baja en Ceuta (5,05%), con un tiempo medio de espera de 2,5 horas y Madrid liderando su uso: acude el 68,5% de la población, frente al 41% de españoles que acuden a las urgencias hospitalarias, una cifra altísima, consecuencia de los largos tiempos de espera en atención primaria y especialistas.

A pesar de estas valoraciones a la baja de todos los servicios, el 74,6% de los españoles indica que prefiere la sanidad pública para ingresos hospitalarios y casos complejos frente a la opción privada. Pero debido a las abultadas listas de espera, hay 12,8 millones de españoles que han contratado un seguro médico privado, aunque el  65,6% de ellos prefiere ser atendido en la sanidad pública si enfrenta un problema de salud importante, según el Barómetro Sanitario. Y el 74% de estos pacientes con seguro privado prefiere ir a las urgencias de los hospitales públicos si tiene un problema grave de salud.

La clave de esta valoración a la baja de la sanidad pública está en el creciente deterioro de los servicios, en especial la Atención Primaria y las consultas de los especialistas, lo que colapsa las urgencias y los hospitales. Un deterioro que tiene tres explicaciones básicas: hay más población en España (somos 49, 68 millones de habitantes, 9 millones más que en el año 2000 y 2,75 millones más que en 2019), somos una población más envejecida y con más enfermedades crónicas (el porcentaje de mayores de 65 años ha pasado del 16,5% en el año 2000 al 21,1% en 2026) y el gasto sanitario público es escaso y crece poco.

El gasto sanitario público en España fue de 101.739 millones de euros en 2024 (último dato publicado por Sanidad), un 6,4% del PIB. Y lo primero que llama la atención es que este gasto público sanitario es menor, en porcentaje de nuestra riqueza, del que gastábamos en 2020: 83.634 millones, el 7,4% del PIB. Lo que sí ha aumentado es el gasto sanitario privado, lo que gastan los españoles en seguros médicos, medicinas sin receta y consultas privadas (desde el dentista al oculista o el fisioterapeuta): suponía un 2,5% del PIB en 2024 (39.857 millones de euros). Tanto en el conjunto del gasto sanitario (8,9% del PIB) como en el gasto sanitario público, España está por debajo del gasto sanitario que se hace en la mayoría de Europa. Y además, el porcentaje de gasto público (el 74% del gasto total) es inferior al que hacen Alemania, Suecia o Noruega (el 86% del total).

Una peculiaridad de España respecto a muchos paises es que las autonomías gestionan la sanidad pública y son responsables del 93,6% del gasto sanitario, con enormes diferencias entre lo que gastan entre ellas. Así, en 2024, el gasto sanitario por habitante fue de 2.084 euros, pero había autonomías que gastaban mucho menos, según los datos de Sanidad: Andalucía (1.658 euros/habitante) y Madrid (1.779 euros) sobre todo, también la Comunidad Valenciana (1.867 euros), la Rioja (1.878) , Baleares (1.956) y Castilla la Mancha (1.957 euros/habitante). Y destacan por su mayor gasto el País Vasco (2.332 euros por habitante), Asturias (2.322, Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242 euros). Y si miramos los que gastan porcentualmente menos de su riqueza (PIB) en sanidad pública, Madrid lidera la lista (gasta el 4% de su PIB), junto a Baleares (5,4%),Cataluña y Navarra (gastan 5,5% PIB). Y los que hacen más esfuerzo en financiar su sanidad son Extremadura (gasta 8,9% PIB), Murcia (8%), Canarias (7,9%) y Asturias (7,8%).

Estas enormes diferencias en el gasto sanitario público por autonomías responden a tres factores, según un reciente estudio del Foro Económico de Galicia : diferencias en la estructura de población (tamaño, escala de población y más o menos envejecimiento), los recursos que destinan las autonomías (tras recibir las transferencias del Estado) y las preferencias políticas sobre el gasto de los gobiernos autonómicos. Y a su vez, también hay enormes diferencias en el destino del gasto sanitario, que cada año se dirige más a financiar los hospitales, las urgencias y sus medicamentos (62% del gasto) y menos a la atención primaria (se lleva el 28,8% del gasto público, pero la mitad se destina al pago de las recetas financiadas, con lo que se lleva realmente el 14,37%). Los expertos coinciden en que la Atención Primaria está “infra financiada”, que debería llevarse el 25% del presupuesto, la media recomendada. Y Madrid es la que menos gasta en atención primaria, el 10,9%.

El gasto sanitario es pues bajo en España, más en algunas autonomías (donde hay más protestas) que en otras, pero el déficit se va a agravar en los próximos años, porque va a seguir aumentando la población, que estará cada año más envejecida (los mayores de 65 años pasarán del 21,1% actual al 30% en 2050) y con más enfermedades crónicas, mientras aumentará además el gasto sanitario por las nuevas tecnologías y medicamentos. Así que si ahora tenemos un déficit  de financiación, personal y medios, iremos a peor.

Los expertos que denuncian la infra financiación de la sanidad resaltan otro problema: cada vez hay más fondos públicos que se destinan a la sanidad privada, en perjuicio de la pública. Según los datos de Sanidad, en 2024 se destinaron 10.143 millones a conciertos con la sanidad privada (el 9,96% del gasto sanitario total), una cifra que en 2020 eran 8.383 millones. La mayor parte de estos conciertos con dinero público los paga Cataluña (6.838 millones en 2024), seguida de Madrid (1.209 millones), Comunidad Valenciana (982 millones) y Andalucía (413 millones). Según un estudio de la Federación en Defensa Sanidad Pública (FADSP), las autonomías con mayor velocidad de privatización sanitaria son, por este orden, Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, siendo las menos “privatizadoras” Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra y Asturias.

Con todo este panorama sanitario, la FADSP, ha publicado un balance de la sanidad pública en 2025 donde destaca 5 puntos: aceleración de la asistencia hospitalaria y desmantelamiento de la Atención Primaria (sobre todo en Madrid y Andalucía), aumento de las listas de espera (con cifras que consideran cada vez más “maquilladas”), deficiente gobernanza (una gestión sin planificación a medio plazo y muy politizada), enfrentamientos dentro del sector sanitario (entre médicos y otros profesionales y el Ministerio), aumento de los problemas y escándalos (“cribados” en Andalucía o las denuncias en el hospital madrileño de Torrejón). Y destacan como señal del descontento, de profesionales sanitarios y pacientes, las numerosas protestas y movilizaciones de la “marea blanca” en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla y León, reflejo de una sanidad con múltiples problemas.

Lo preocupante ya no es sólo que la sanidad pública, “la joya del Estado del Bienestar”, ofrezca una atención muy mejorable y con enormes ineficacias sino que el gasto, la atención prestada y los servicios son muy desiguales por autonomías, desde los profesionales disponibles a las camas que se ofrecen o los tratamientos (la Asociación contra el cáncer ha denunciado muchas veces la desigualdad en los tratamientos y cribados por autonomías). La FADSP analiza un listado de 35 variables y da una nota a la sanidad de las 17 autonomías. En 2024, destacaba 4 autonomías con los mejores servicios sanitarios, por este orden: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). Tienen una sanidad “regular” Aragón, Cantabria y la Rioja (91 puntos cada una), Extremadura (90) y Galicia (82). Tienen una sanidad “deficiente” Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (79 puntos cada una). Y “la peor sanidad” se la adjudican a la Comunidad Valenciana (62 puntos), Andalucía (66), Baleares (77) y Murcia (78).

Cara al futuro, la clave para mejorar la sanidad es aumentar el gasto, en toda España y especialmente en las autonomías que menos gastan por habitante (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), según el informe del Foro Económico de Galicia. Lo que proponen los expertos es aumentar el gasto público del 6,4% sobre el PIB (2024) al 8% que gastan de media los paises europeos. Eso supondría gastar 27.000 millones más al año, que podría ser un objetivo de aquí a 2030.Un mayor gasto, mejor repartido, que debería destinarse a potenciar la Atención Primaria y a reforzar las plantillas sanitarias: el Ministerio de Sanidad estima que hacen falta 100.000 enfermeras más (para equipararnos con Europa) y 6.000 médicos adicionales, tres de cada cuatro para reforzar la Atención Primaria.

Pero además, una parte mayor del gasto sanitario debería dirigirse a prevención, porque es la inversión sanitaria más rentable. El estudio gallego señala, con simulaciones de la OCDE,  que si España redujera a los niveles de los mejores paises los principales factores de riesgo sanitario (obesidad, tabaquismo, dietas poco saludables y contaminación atmosférica), tendríamos un ahorro anual de 4.278 millones de dólares (3.733 millones de euros), además de evitarse 2.473 muertes anuales. El gasto en prevención ayudaría a reducir drásticamente el gasto sanitario en una década, pero para ello debe subir del mínimo 3% actual.

Más gasto, más sanitarios, más Atención Primaria y más prevención parecen las medidas urgentes para recomponer la sanidad pública, así como frenar la privatización de servicios. Pero no basta con eso: urge un profundo cambio en la gestión, desde las políticas de horarios e incompatibilidades hasta las incompatibilidades: no es de recibo que los quirófanos y maquinas sofisticadas estén paralizados muchas horas del día ni que se tarde meses en acudir a una consulta del pediatra público porque tiene consulta privada… Hay que sentarse y pactar una organización más eficiente de los medios y el personal de la sanidad pública, para optimizar recursos antes de aumentar medios y personal, que también hace falta. Y además, hay que homogeneizar la atención sanitaria y los tratamientos, con un catálogo mínimo en toda España, lo que exige una coordinación Sanidad-autonomías que no existe.

En resumen, la sanidad pública ha protagonizado los últimos meses múltiples protestas en media España que son sólo un síntoma de un sistema que funciona peor, con pocos medios y demandas crecientes, que disparan las listas de espera y la desatención, en beneficio de los seguros médicos y la sanidad privada. Pero los españoles apuestan por la sanidad pública y piden en las protestas que se refuerce con más medios y más gasto. Algo que sólo es posible con dos medidas: un pacto para articular una nueva financiación autonómica (con más transferencias a las autonomías con más población mayor y dispersa) y un pacto sanitario para aumentar el gasto y distribuirlo mejor entre autonomías. Hoy por hoy, los dos pactos políticos parecen imposibles. Así que nuestra sanidad pública irá a peor.

Más dinero para impulsar la Dependencia

Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503 dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación (muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera  y mejorar ayudas y servicios. Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda.

                              Enrique Ortega

Este 2026 se cumplen 20 años de aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007 para garantizar ayudas y servicios a los dependientes, en su mayoría mayores. Es la 4ª pata del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), pero ha resultado una “pata coja”: ha atendido a 4 millones de personas dependientes, pero otro millón más de dependientes se han muerto sin recibir ninguna ayuda, por una falta de financiación y un exceso de burocracia, que mantiene unas altísimas listas de espera: a finales de mayo, 265.503 dependientes estaban “desatendidos” (+7.293 más que a finales de 2025), a la espera de ser valorados (110.108) o de recibir una ayuda o servicio que tienen legalmente reconocido (otros 155.352 dependientes “en el limbo”). Y este año, hasta mayo, 13.503 de estos dependientes han fallecido esperando…

Los problemas de la Dependencia tienen su origen  en la escasa financiación con que nació la Ley y su falta de recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho” (ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para reforzar la Dependencia (+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto estatal de 1.347 millones en 2018 a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los mayores dependientes.

En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734 millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758 millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976 millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos (sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado atender a los dependientes con tres “trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender” a más con poco.

La primera medida o “truco” es implantar unos trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110 días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.

Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”: retrasar la concesión efectiva de esas ayudas a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen más de 80 años, muchos se mueren antes.

El tercer “truco” de las autonomías para atender con recursos escasos a más dependientes es buscar ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785 dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares del dependiente (4 de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”, con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día (ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros, de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el “copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una ayuda  para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los dependientes) son los Centros de día y noche, costosos y escasos.

Como se ve, las ayudas son escasas y además son incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos (copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las familias en la sanidad y la educación.

Ante este panorama (escasa financiación, listas de espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para “hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron 11 autonomías en 2021, 9 en 2022 y 6 en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre autonomías. Así, la inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España, pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía (7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900). Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384 euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684), Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y  la Rioja (10.282 euros).

Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan de choque para gastar  6.200 millones más en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513 millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia en 2027, como pedían las autonomías.

El Plan de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el 1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno es aumentar “el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes dependientes”), la ayuda actual  subirá de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia severa”), la ayuda  pasará de los 130 euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.

Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021, cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el “nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19 millones en 2024,2025 y 2026, la misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de este “nivel acordado”: es lo que les pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).

La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a medias) es el “nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una prioridad, como puede verse en su inversión en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco (479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias (366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178 euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid (251) y Aragón (255).

El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en la Dependencia tiene 3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además de ser una exigencia social, el Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas (cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.

Los Directores de Servicios Sociales creen que la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios: procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus familias”.

Al final, la Dependencia nos afecta a todos, porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en 2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.

Lecciones tras la última crisis energética

Tras la firma del Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán, el mundo espera que bajen los precios del petróleo, gas y carburantes, que han costado millones a los consumidores. Pero no será rápido: falta desminar Ormuz, restablecer el tráfico marítimo y reparar las instalaciones dañadas, más reponer las reservas de crudo. Los expertos creen que el mercado energético no se normalizará hasta fin de año, aunque en 2027 podría haber exceso de crudo y menores  precios. A España le ha afectado menos esta crisis que a otros paises, gracias al aumento de las renovables, que han permitido tener la luz a la mitad de precio que en Europa. Pero seguimos con un problema grave: el 68,4% de la energía consumida viene de fuera, somos los más dependientes de Europa (58,4%). Por eso, urge electrificar la economía, “huir del petróleo” en vehículos (electrificarlos), viviendas (calefacción por bombas de calor), industrias y transportes (aviación, barcos y trenes). Sólo así seremos más independientes frente a la próxima crisis energética (que llegará, seguro).

                     Los precios de los carburantes seguirán altos hasta fin de año y podrían bajar en 2027

El principio de Acuerdo firmado el miércoles entre EEUU e Irán pone un final provisional a la última crisis energética, que estalló el 28 de febrero, con los ataques de EEUU e Israel a Irán, disparando los precios del petróleo brent de 72,48 dólares/barril  (27 febrero) a 118,35 dólares (31 marzo), para bajar algo en abril (108,23 el día 27), mantenerse en mayo (107,77 el día 12) y bajar en junio (78,48 dólares/barril el 18 de junio, tras el pre-Acuerdo, aunque repuntó por encima de los 80 dólares el viernes, tras los nuevos ataques israelíes al Líbano. Pero los expertos insisten en que la crisis no se resolverá en unos días, que la normalidad en los mercados energéticos tardará tiempo: hay que “desminar” el estrecho de Ormuz, hay que agilizar el tapón de buques en la zona y agilizar el tráfico marítimo y hay que reparar las instalaciones energéticas dañadas en Irán y los paises del Golfo (el 80% afectadas). Y además, los paises más afectados por esta crisis (China, India, Japón y el sudeste asiático) tienen que reponer sus reservas, que están al mínimo, como también las europeas.

Todo este proceso de “normalización” puede durar entre 4 y 5 meses, según ha alertado la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que precisa que habrá déficit de petróleo en lo que queda de año (más demanda para cubrir reservas y el mayor gasto en verano, mientras la producción crecerá a menor ritmo), con lo que auguran precios altos (sobre los 75 dólares barril) hasta fin de año. Después, la AIE confía en que haya un superávit de petróleo en 2027, lo que podría hacer bajar los precios, entre 65 y 70 dólares el año que viene. Pero claro, estas previsiones saltarían por los aires si el conflicto con Irán se reproduce, si EEUU e Irán no llegan a un alto el fuego definitivo en estos 60 días que se han dado para negociar los aspectos más complejos de un acuerdo de paz definitivo, con Israel complicándolo.

Mientras parece que ha pasado lo peor de esta crisis energética (la 5ª de las últimas décadas, tras las crisis de 1973,1979, 2000-2008 y la de 2022-2023), es un buen momento para sacar lecciones y enseñanzas para el futuro. En el caso de Europa, esta crisis ha sido menos dañina que la crisis energética que sufrimos tras la invasión de Ucrania (24 febrero 2022), porque entonces Europa dependía en exceso del petróleo y sobre todo del gas, que disparó su precio mucho más que ahora : pasó de 74 euros/MWH el día 22 a 107 euros el 24 y 337 euros en agosto de 2022, mientras ahora ha subido sólo de 30,6 euros/MWh en enero a 67,50 euros en mayo 2026. Y además, la mayor parte de los paises tomaron medidas y aprobaron ayudas (en España, la “excepción ibérica”, poniendo un tope al precio del gas que salvó el recibo de la luz). Además, aquella crisis energética duró casi dos años, mientras que el conflicto de Oriente Medio ha durado menos de 4 meses.

España ha sido uno de los paises europeos menos afectados por esta 5ª crisis energética, por varias razones. La primera, que sólo el 10% de todo el petróleo que importamos procede del Golfo Pérsico (Arabia Saudí e Irak) y el 2% del gas importado (de Catar), lo que ha limitado el impacto directo en el aprovisionamiento, aunque no el impacto de las subidas globales (petróleo, gas y carburantes)  y la incertidumbre del mercado. Otro factor que nos ha ayudado es que ha mejorado la “eficiencia energética” de la economía española: ahora consumimos un tercio menos de energía para producir que hace 20 años (100 de intensidad energética frente a 150 en 2014, según CaixaBank Research). Eso nos hace más competitivos y reduce los costes energéticos, junto al ahorro energético, a las menores compras hechas al inicio de 2026, por temor al estallido del conflicto. La consecuencia ha sido muy evidente: en el primer trimestre de 2026, España ha reducido un -22,5% su déficit energético, el recibo por las compra-ventas de petróleo, gas y carbón importado: 7.377 millones pagados (enero-marzo 2026), frente a los 9.529 millones pagados en el primer trimestre de 2025, según Comercio.

Pero la mayor ayuda frente a esta crisis energética la ha tenido España con las renovables. El creciente peso de las energías renovables (eólica, solar, hidráulica) en la generación de electricidad (han aportado el 60,3% de la electricidad producida de enero a mayo, frente al 42,8% que aportaron en 2022) ha permitido contener el precio mayorista de la electricidad y con ello, el precio final del recibo. Así, el precio mayorista de la electricidad fue de 41,77 euros/MWh en marzo, 42,44 euros en abril y 54,23 euros en marzo, frente a 71,67 euros en enero y 16,41 euros/MWh en febrero. Y lo más importante, España ha conseguido producir una electricidad de las más baratas de Europa: ese precio mayorista de 54,23 euros/MWh en mayo era similar al de Francia (52,2 euros, por su elevado parque nuclear), casi la mitad del precio de Alemania (98,29 euros/MWh) y menos que la mitad de Italia (119,51 euros/MWh). Y lo mismo pasaba el jueves 18 de junio: España tenía un precio mayorista de 94,90 euros/MWh, frente a 98,32 euros Francia, 117,63 euros Alemania y 132,22 euros/MWh Italia… 

Veamos en detalle por qué pasa esto, comparándonos con Alemania. En mayo, ellos tenían un 65% de la electricidad renovable frente al 60,5% de España (aunque parezca mentira, Alemania apostó antes por el sol, el aire y el agua). Pero produjeron un 34,1% de la electricidad con gas y carbón, mientras en España estas energías fósiles sólo generaron un 18,8% de la electricidad (gracias también al 17,1% nuclear, energía que no aporta nada en Alemania). Resultado: como el gas casi duplicó su precio (de 31 euros/MWh en febrero a 50 en mayo), la generación de electricidad costó casi el doble en Alemania que en España.

La apuesta española por las renovables (que han pasado de generar el 47,2% de la electricidad en 2021 al 60,3% este año) ha servido para proteger a los consumidores (particulares y empresas), que hemos pagado de media 10 euros menos al mes en nuestro recibo de lo que hubiéramos pagado en esta crisis sin tantas renovables, según un estudio de la consultora Ember. Y eso que desde el apagón (abril 2025), los usuarios pagamos un extra en la factura para que REE mantenga disponibles centrales de gas e hidroeléctrica, lo que supone un coste adicional en el recibo de unos 5,5 euros mensuales, según el grupo ASE.

A pesar de estas ventajas ante la última crisis energética, España tiene un gran punto débil, su enorme dependencia energética frente al exterior: importamos casi el 70% de toda la energía que consumimos, todo el petróleo (50% de la energía consumida) y todo el gas (19%) y carbón (1%), mientras las renovables (autoabastecimiento) suponen sólo el 19,5% de la energía total que consumimos y la nuclear otro 10,5% (autoabastecimiento a medias, porque el uranio y el combustible enriquecido se importan). Una dependencia energética de España (68,4% en 2024) muy superior a la media europea (UE-27 importa el 58,4% de la energía que consume), siendo el 63,7% en Alemania, el 44,4% en Francia y el 73,4% en Italia.

Esta alta dependencia de España de los combustibles fósiles (petróleo y gas, básicamente) se debe a que los principales sectores económicos están “enganchados” a los hidrocarburos, lo que les hace muy vulnerables cuando hay una crisis energética y se disparan los precios. Es cierto que España lidera la producción de electricidad renovable, pero está muy retrasada en la sustitución de hidrocarburos por energías limpias. Por ejemplo, en la movilidad y el transporte, donde seguimos dependiendo del petróleo: el 90,3% de los vehículos que circulan por España son diesel (18,4 millones, el 58,9% del total) o de gasolina (10,5 millones, el 33,8% del parque) y sólo el 21,4% de los coches que se venden son electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). En las viviendas, donde el 95% de los hogares tienen calefacción de gasoil o gas (sólo el 5% tienen bombas de calor, con electricidad). En las industrias, donde el 75% utilizan todavía fuel o gas. Y en el transporte ferroviario (sólo el 65% de la red está electrificada) aéreo o marítimo, donde apenas han penetrado los combustibles alternativos.

Así que el gran reto de España (y de Europa) es “huir” de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y “electrificar la economía, generando electricidad con energías renovables que son 100% nacionales y aseguran la autosuficiencia energética. En Europa, sólo el 23% de las necesidades energéticas se abastecen con electricidad, según Eurostat, y en España ese porcentaje es del 24%, con lo que queda mucho por hacer. Un ejemplo de lo que se puede conseguir lo ofrece Noruega: el 47% del consumo final de energía lo aporta la electricidad, desde los coches eléctricos (98% de todos los que se venden) a su uso en la industria, las viviendas o los transportes. Y además, el 98% de esa electricidad que se consume en Noruega procede de fuentes renovables (allí, principalmente, plantas hidroeléctricas). Si España igualase a Noruega en esta electrificación, algunos estudios calculan que podríamos ahorrar un tercio de las importaciones anuales de petróleo y gas (nos gastamos 40.000 millones de euros en 2025…).

Por todo ello, la gran enseñanza de esta nueva crisis energética es que Europa y España deben acelerar la electrificación de las economías, con incentivos a los conductores, las viviendas, las industrias y los transportes para que “huyan” del petróleo y se pasen a consumir electricidad (en redes o baterías). Y no sólo para no depender tanto del petróleo y del gas, que se produce en el extranjero (en paises en muchos casos “conflictivos”),  para verse menos afectados por las crisis energéticas, sino también para lograr una mayor autonomía energética y lograr importantes ahorros de divisas en importar menos energía. Unos ahorros que justifican los incentivos y ayudas públicas a conductores, viviendas, empresas y transportes para ayudarles a “huir” de los combustibles fósiles.

Eso debería obligar a España y al resto de paises europeos a invertir más en energías renovables, en baterías para almacenar esta energía y en fortalecer las redes eléctricas, para que puedan hacer frente a la mayor “electrificación” de la economía sin apagones… Todos estos son los objetivos del Plan del Clima PINIEC 2023-2030, cuyo propósito es “electrificar” un 35% de la economía para 2030 (ahora es el 24%) y que el 81 % de esa electricidad se genere con fuentes renovables (hoy es el 60,3%). Ahora, tras esta nueva crisis energética por la guerra en Irán, el Gobierno Sánchez está pensando en acelerar aún más esa electrificación de la economía, con más ayudas para vehículos, viviendas, industrias y transportes.

En paralelo, la Comisión Europea presentará hoy (22 de junio) un paquete de medidas para acelerar el abandono del petróleo, el gas y el carbón en Europa, con un Plan de acción para fomentar la electrificación de las economías europeas. La principal medida que propone Bruselas a los paises es reducir los impuestos que paga la electricidad, hoy muy elevados (hasta el 51% de la factura media de los hogares europeos son impuestos y cargos fijados por los Gobiernos, lo mismo que el 37% de la factura eléctrica de las empresas), para que sean muy inferiores a los impuestos y tasas que pagan los combustibles fósiles. Esto debería llevar, por ejemplo, a bajar los impuestos a la luz (21% de IVA y 5,15% del impuesto especial de la electricidad, más otro impuesto del 7% a la producción que acaban pagando los consumidores) y subir los impuestos al gasóleo y la gasolina, medidas impopulares reiteradamente exigidas por Bruselas y que Podemos, el PP y Vox han vetado en el Congreso…

En resumen, que estamos a la espera de si el Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán se convierte en 60 días en una verdadero acuerdo de paz, mientras los mercados energéticos intentan normalizarse, un proceso que durará meses (eso si no vuelven las hostilidades). Pero deberíamos aprovechar esta nueva crisis energética para que España (y Europa) reduzcan su elevada dependencia energética del exterior, para que la próxima crisis (que llegará) nos dañe menos, a los consumidores y a la economía. Y eso obliga a acelerar la electrificación de las economías, a huir del petróleo y el gas y sustituirlo por electricidad renovable en los vehículos, las calefacciones, las industrias y los transportes. Una verdadera reconversión energética que nos haga más autosuficientes y menos vulnerables ante futuras crisis energéticas. Aprendamos de una vez.