Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar
las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima
financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista
de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la
ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por
la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la
Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para
duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503
dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el
Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora
financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación
(muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro
Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas
autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir
la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera y mejorar ayudas y servicios.
Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda. 
Los problemas de la Dependencia tienen su origen en la
escasa financiación con que nació la Ley y su falta de
recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho”
(ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse
efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha
pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un
cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para
lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia
sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la
financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la
pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan
de choque para reforzar la Dependencia
(+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto de 1.347 millones en 2018
a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los
mayores dependientes.
En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734
millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758
millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho
menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga
a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976
millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos
(sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado
atender a los dependientes con tres
“trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su
dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y
servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones
de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender”
a más con poco.
La primera medida o “truco” es implantar unos
trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia
y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran
dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o
prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de
la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una
duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay
autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en
Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110
días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego
está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene
derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid
o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los
dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos
tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.
Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la
ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”:
retrasar
la concesión efectiva de esas ayudas
a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que
esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen
una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden
disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen
más de 80 años, muchos se mueren antes.
El tercer “truco” de las autonomías para atender con
recursos escasos a más dependientes es buscar
ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más
dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785
dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor
porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por
su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un
estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a
los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren
cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el
entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares
del dependiente (4
de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas
pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).
La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la
teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta
unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes
de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes
son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la
ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”,
con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día
(ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9
horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª
ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la
prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque”
que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es
una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros,
de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte
de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el
“copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente
se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.
Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se
conceden. El 5º es la
atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una
ayuda para que el dependiente vaya a una
residencia (si la encuentra: faltan
90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II)
y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real
de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los
dependientes) son los
Centros de día y noche, costosos y escasos.
Como se ve, las ayudas son escasas y además son
incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un
dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede
acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias
con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos
(copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona
con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según
CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias
pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de
la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las
familias en la sanidad y la educación.
Ante este panorama (escasa financiación, listas de
espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos
décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan
de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia
en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero
siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte
porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para
“hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron
11
autonomías en 2021, 9
en 2022 y 6
en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso
además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre
autonomías. Así, la
inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España,
pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía
(7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900).
Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384
euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684),
Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y la Rioja (10.282 euros).
Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia
contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez
se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan
de choque para gastar 6.200 millones más
en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para
mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el
Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513
millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que
duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica
por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto
extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia
en 2027, como pedían las autonomías.
El Plan
de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en
el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el
1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los
dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno
es aumentar
“el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el
Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes
dependientes”), la ayuda actual subirá
de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia
severa”), la ayuda pasará de los 130
euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia
moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado
III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.
Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen
las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021,
cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer
caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el
“nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para
la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro
tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19
millones en 2024,2025 y 2026, la
misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las
autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población
dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de
este “nivel acordado”: es lo que les
pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad
Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán
recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).
La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel
mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a
medias) es el
“nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia
cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del
futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan
de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el
otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una
prioridad, como puede verse en su inversión
en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco
(479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias
(366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178
euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid
(251) y Aragón (255).
El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en
la Dependencia tiene
3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera,
garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las
condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además
de ser una exigencia social, el
Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia
es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se
generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas
(cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.
Los Directores
de Servicios Sociales creen que
la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite
pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios:
procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora
de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las
prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir
varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares
y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les
preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que
este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus
familias”.
Al final, la Dependencia nos afecta a todos,
porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en
cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si
hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en
2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les
dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad
se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.
Tras la firma del Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán,
el mundo espera que bajen los precios del petróleo, gas y carburantes,
que han costado millones a los consumidores. Pero no será rápido:
falta desminar Ormuz, restablecer el tráfico marítimo y reparar las
instalaciones dañadas, más reponer las reservas de crudo. Los expertos creen
que el mercado energético no se normalizará hasta fin de año, aunque en
2027 podría haber exceso de crudo y menores precios. A España le ha afectado
menos esta crisis que a otros paises, gracias al aumento de las renovables,
que han permitido tener la luz a la mitad de precio que en Europa. Pero
seguimos con un problema grave: el 68,4% de la energía consumida
viene de fuera, somos los más dependientes de Europa (58,4%).
Por eso, urge electrificar la economía, “huir del petróleo”
en vehículos (electrificarlos), viviendas (calefacción por bombas
de calor), industrias y transportes (aviación, barcos y trenes). Sólo
así seremos más independientes frente a la próxima crisis energética
(que llegará, seguro).
Todo este proceso de “normalización” puede
durar entre 4 y 5 meses, según
ha alertado la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que precisa que habrá
déficit de petróleo en lo que queda de año (más demanda para cubrir reservas
y el mayor gasto en verano, mientras la producción crecerá a menor ritmo), con
lo que auguran precios altos (sobre los 75 dólares barril) hasta fin de año.
Después, la
AIE confía en que haya un superávit de petróleo en 2027, lo que
podría hacer bajar los precios, entre 65 y 70 dólares el año que viene. Pero
claro, estas previsiones saltarían por los aires si el conflicto con Irán
se reproduce, si EEUU e Irán no llegan a un alto el fuego definitivo en
estos 60 días que se han dado para negociar los aspectos más complejos de un
acuerdo de paz definitivo, con Israel complicándolo.
Mientras parece que ha pasado lo peor de esta crisis
energética (la 5ª de las últimas décadas, tras las crisis de 1973,1979,
2000-2008 y la de 2022-2023), es un buen momento para sacar lecciones y
enseñanzas para el futuro. En el caso de Europa, esta crisis ha sido menos
dañina que la crisis energética que sufrimos tras la invasión de Ucrania
(24 febrero 2022), porque entonces Europa dependía en exceso del petróleo y
sobre todo del gas, que disparó su precio mucho más que ahora : pasó de 74 euros/MWH el día 22 a 107 euros el 24 y 337 euros en agosto
de 2022, mientras ahora ha subido sólo de 30,6 euros/MWh en enero a 67,50
euros en mayo 2026. Y además, la mayor parte de los paises tomaron medidas
y aprobaron ayudas (en España, la
“excepción ibérica”, poniendo un tope al precio del gas que salvó el recibo
de la luz). Además, aquella crisis energética duró casi dos años,
mientras que el conflicto de Oriente Medio ha durado menos de 4 meses.
España ha sido uno de los paises europeos menos
afectados por esta 5ª crisis energética, por varias razones. La
primera, que sólo
el 10% de todo el petróleo que importamos procede del Golfo Pérsico (Arabia
Saudí e Irak) y el 2% del gas importado (de Catar), lo que ha limitado el
impacto directo en el aprovisionamiento, aunque no el impacto de las
subidas globales (petróleo, gas y carburantes) y la incertidumbre del mercado. Otro factor
que nos ha ayudado es que ha mejorado la “eficiencia energética” de la
economía española: ahora consumimos
un tercio menos de energía para producir que hace 20 años (100 de
intensidad energética frente a 150 en 2014, según
CaixaBank Research). Eso nos hace más competitivos y reduce los costes
energéticos, junto al ahorro energético, a las menores compras hechas al inicio
de 2026, por temor al estallido del conflicto. La consecuencia ha sido muy
evidente: en el primer trimestre de 2026, España
ha reducido un -22,5% su déficit energético, el recibo por las compra-ventas de petróleo, gas y carbón importado: 7.377 millones pagados (enero-marzo
2026), frente a los 9.529 millones pagados en el primer trimestre de 2025, según
Comercio.
Pero la mayor ayuda frente a esta crisis
energética la ha tenido España con las renovables. El creciente
peso de las energías renovables (eólica, solar, hidráulica) en la
generación de electricidad (han aportado el
60,3% de la electricidad producida de enero a
mayo, frente al 42,8% que aportaron en 2022) ha permitido contener
el precio mayorista de la electricidad y con ello, el precio final del
recibo. Así, el precio
mayorista de la electricidad fue de 41,77 euros/MWh en marzo, 42,44 euros
en abril y 54,23 euros en marzo, frente a 71,67 euros en enero y 16,41
euros/MWh en febrero. Y lo más importante, España ha conseguido producir una electricidad
de las más baratas de Europa: ese precio mayorista de 54,23 euros/MWh
en mayo era similar al de Francia (52,2 euros, por su elevado parque nuclear), casi
la mitad del precio de Alemania (98,29 euros/MWh) y menos que la mitad de
Italia (119,51 euros/MWh). Y lo mismo pasaba el jueves 18 de junio: España
tenía un precio mayorista de 94,90 euros/MWh, frente a 98,32 euros Francia,
117,63 euros Alemania y 132,22 euros/MWh Italia…
Veamos en detalle por qué pasa esto, comparándonos con
Alemania. En mayo, ellos tenían un 65% de la electricidad
renovable frente al 60,5%
de España (aunque parezca mentira, Alemania apostó antes por el sol, el
aire y el agua). Pero produjeron un 34,1% de la electricidad con gas y
carbón, mientras en España estas energías fósiles sólo generaron un
18,8% de la electricidad (gracias también al 17,1% nuclear, energía que
no aporta nada en Alemania). Resultado: como el gas casi duplicó su precio
(de 31 euros/MWh en febrero a 50 en mayo), la generación de electricidad costó
casi el doble en Alemania que en España.
A pesar de estas ventajas ante la última crisis energética, España
tiene un gran punto débil, su enorme dependencia energética frente al
exterior: importamos casi
el 70% de toda la energía que consumimos,
todo el petróleo (50% de la energía consumida) y todo el gas
(19%) y carbón (1%), mientras las renovables (autoabastecimiento)
suponen sólo el 19,5% de la energía total que consumimos y la nuclear otro
10,5% (autoabastecimiento a medias, porque el uranio y el combustible
enriquecido se importan). Una dependencia energética de España (68,4% en 2024) muy
superior a la media europea (UE-27 importa el 58,4% de la energía que
consume), siendo el 63,7% en Alemania, el 44,4% en Francia y el 73,4% en Italia.
Esta alta dependencia de España de los combustibles
fósiles (petróleo y gas, básicamente) se debe a que los principales
sectores económicos están “enganchados” a los hidrocarburos, lo que les
hace muy vulnerables cuando hay una crisis energética y se disparan los
precios. Es cierto que España lidera la producción de electricidad renovable,
pero está muy retrasada en la sustitución de hidrocarburos por energías
limpias. Por ejemplo, en la movilidad y el transporte, donde seguimos
dependiendo del petróleo: el
90,3% de los vehículos que circulan
por España son diesel (18,4 millones, el 58,9% del total) o de gasolina (10,5
millones, el 33,8% del parque) y sólo el
21,4% de los coches que se venden son electrificados (eléctricos e híbridos
enchufables). En las viviendas, donde el 95% de los hogares tienen calefacción
de gasoil o gas (sólo
el 5% tienen bombas de calor, con electricidad). En las industrias,
donde el 75% utilizan todavía fuel o gas. Y en el transporte ferroviario
(sólo el 65% de la red está electrificada) aéreo o marítimo, donde
apenas han penetrado los combustibles alternativos.
Así que el gran reto de España (y de Europa) es “huir” de
los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y “electrificar
la economía, generando electricidad con energías renovables que son
100% nacionales y aseguran la autosuficiencia energética. En Europa,
sólo el 23% de las necesidades energéticas se abastecen con electricidad,
según Eurostat, y en España ese porcentaje es del 24%, con lo
que queda mucho por hacer. Un
ejemplo de lo que se puede conseguir lo ofrece Noruega: el 47% del
consumo final de energía lo aporta la electricidad, desde los coches eléctricos
(98% de todos los que se venden) a su uso en la industria, las viviendas o los
transportes. Y además, el 98% de esa electricidad que se consume en Noruega
procede de fuentes renovables (allí, principalmente, plantas hidroeléctricas).
Si España igualase a Noruega en esta electrificación, algunos
estudios calculan que podríamos ahorrar un tercio de las
importaciones anuales de petróleo y gas (nos gastamos 40.000 millones de
euros en 2025…).
Por todo ello, la gran enseñanza de esta nueva crisis
energética es que Europa y España deben acelerar
la electrificación de las economías, con incentivos a los
conductores, las viviendas, las industrias y los transportes para que “huyan”
del petróleo y se pasen a consumir electricidad (en redes o baterías). Y no
sólo para no depender tanto del petróleo y del gas, que se produce en el
extranjero (en paises en muchos casos “conflictivos”), para verse menos
afectados por las crisis energéticas, sino también para
lograr una mayor autonomía energética y lograr importantes ahorros de divisas
en importar menos energía. Unos ahorros que justifican los incentivos y
ayudas públicas a conductores, viviendas, empresas y transportes para ayudarles
a “huir” de los combustibles fósiles.
Eso debería obligar a España y al resto de paises europeos a
invertir más en energías renovables, en baterías para
almacenar esta energía y en fortalecer las redes eléctricas, para
que puedan hacer frente a la mayor “electrificación” de la economía sin
apagones… Todos estos son los objetivos del Plan
del Clima PINIEC 2023-2030, cuyo propósito es “electrificar” un 35%
de la economía para 2030 (ahora es el 24%) y que el 81 % de esa
electricidad se genere con fuentes renovables (hoy es el 60,3%). Ahora, tras
esta nueva crisis energética por la guerra en Irán, el Gobierno Sánchez está
pensando en acelerar aún más esa electrificación de la economía, con más
ayudas para vehículos, viviendas, industrias y transportes.
En paralelo, la Comisión Europea presentará
hoy (22 de junio) un paquete de
medidas para acelerar el abandono del petróleo, el gas y el carbón
en Europa, con un Plan de acción para fomentar la electrificación de las
economías europeas. La principal medida que propone Bruselas a los
paises es reducir los impuestos que paga la electricidad, hoy muy
elevados (hasta el 51% de la factura media de los hogares europeos son
impuestos y cargos fijados por los Gobiernos, lo mismo que el 37% de la factura
eléctrica de las empresas), para que sean muy inferiores a los impuestos y
tasas que pagan los combustibles fósiles. Esto debería llevar, por ejemplo, a bajar
los
impuestos a la luz (21% de IVA y 5,15% del impuesto especial de la
electricidad, más otro impuesto del 7% a la producción que acaban pagando los
consumidores) y subir los impuestos al gasóleo y la gasolina, medidas
impopulares reiteradamente exigidas por Bruselas y que Podemos,
el PP y Vox han vetado en el Congreso…
En resumen, que estamos a la espera de si el Acuerdo
preliminar entre EEUU e Irán se convierte en 60 días en una verdadero acuerdo
de paz, mientras los mercados energéticos intentan normalizarse,
un proceso que durará meses (eso si no vuelven las hostilidades). Pero
deberíamos aprovechar esta nueva crisis energética para que España (y
Europa) reduzcan su elevada dependencia energética del exterior,
para que la próxima crisis (que llegará) nos dañe menos, a los consumidores y a
la economía. Y eso obliga a acelerar
la electrificación de las economías, a huir del petróleo y el
gas y sustituirlo por electricidad renovable en los vehículos, las calefacciones,
las industrias y los transportes. Una verdadera reconversión
energética que nos haga más autosuficientes y menos vulnerables ante
futuras crisis energéticas. Aprendamos de una vez.
Este viernes acaba el curso escolar en colegios e
institutos, tras multiplicarse en los últimos meses las protestas de profesores
en media España, desde Cataluña y la Comunidad Valenciana a Aragón
y Madrid. Los docentes piden cosas para ellos (menos
precariedad laboral, menos horas y más sueldos), pero sobre todo piden más
medios y recursos para enseñar mejor: menos alumnos por clase, más
clases y profesores de refuerzo para alumnos con problemas, menos horas lectivas
y menos tareas burocráticas para mejorar su salud mental. Y reducir el
desvío de fondos públicos a la enseñanza concertada, que concentra a casi la mitad de los alumnos en el País Vasco y
Madrid. Además, piden más financiación para la enseñanza pública, que
gasta menos por alumno que en Europa y donde hay grandes diferencias de
gasto por autonomías: 1.608 euros/alumno en País Vasco frente a 910 euros
en Madrid. Son problemas que se traducen en una peor calidad de la
enseñanza y que podrían llevar a una huelga de profesores en
septiembre en toda España.
¿Qué piden los profesores con estas huelgas y protestas? Básicamente,
tienen dos
grupos de reivindicaciones. Unas, relacionadas con ellos, con mejoras
laborales y profesionales: contratos menos precarios, mejores sueldos y
menos horas de trabajo efectivo, que en muchos casos les suponen problemas de
ansiedad y mentales. Y otras, relacionadas con mejorar su trabajo en
colegios e institutos: menos alumnos por clase (ratios), mejora de
infraestructuras y aulas, más clases de refuerzo, más profesores de apoyo,
menos burocracia y trabajo administrativo (exceso de informes y registros
digitales). Y como telón de fondo, una mayor financiación para la
enseñanza pública y dejar de desviar recursos públicos a la enseñanza
concertada, que no deja de crecer a costa de la pública. Veámoslo.
Los profesores que trabajan en colegios e institutos eran
850.880 el curso 2024-25 (últimos
datos de Educación), casi las tres cuartas partes en centros públicos
(624.368 docentes), los que tienen más problemas laborales, aunque también
empeora la situación de los casi 200.000 docentes que trabajan en la enseñanza
concertada. El principal problema de los docentes públicos es su
precariedad: el
31% tienen un contrato temporal y muchos ven como les despiden
ahora en junio para volver a contratarlos en septiembre. Junto a esta inestabilidad
laboral, que se une a muchos cambios de centros, están sus bajos
salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila
entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria
oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras
de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros…
Al margen de sus problemas laborales, la principal queja
de los profesores es el exceso de alumnos por clase, que les impide
hacer bien su trabajo y les crea problemas de ansiedad y mentales. Actualmente,
la
ratio en Primaria es de 25 alumnos, en Secundaria de 30 y en
Bachillerato y FP de más de 35 alumnos por clase, una ratio superior a las
que tienen los docentes europeos y que además varía por autonomías. El 21
de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó
un proyecto de Ley para bajar las ratios, de 25 a 22 en
Primaria y de 30 a 25 en Secundaria. Pero el proyecto estaba parado en el
Congreso, porque Junts y el PNV presentaron una enmienda a
la totalidad, aunque hoy 18 de junio se ha decidido que el proyecto siga debatiéndose, también con los votos favorables de PP y Vox. El objetivo de la medida
es ir aplicando progresivamente las nuevas ratios, curso a curso, para alcanzar
el objetivo en el curso 2031-32. Una medida que está en el aire y que tiene
un coste de 28.180 millones en 10 años, para contratar más profesores y
construir más aulas.
Otra queja de los profesores es que, con las ratios
actuales, no
pueden atender como necesitan a los alumnos retrasados o que tienen
necesidades especiales, lo que obliga a “dejarles a su ritmo” y
acabar perdiéndolos o a bajar el ritmo de toda la clase. Estos alumnos con
más necesidades han crecido sobre todo en los colegios públicos,
que son los que tienen más alumnos de familias vulnerables y más alumnos
inmigrantes, dos tipos de alumnos que la enseñanza concertada “evita”. El
problema es que estos alumnos (sobre todo los extranjeros) se concentran
más en determinadas provincias de España y en los colegios públicos.
Así, el
mayor porcentaje de alumnos extranjeros (1.066.875 en toda España en
colegios e institutos, el 12,2% del alumnado) se concentran en los centros
públicos (17,3% en Primaria, frente al 11,7% en centros concertados
y privados, 15,1% en la ESO) y sobre todo en 7 provincias: Alicante
(29% de alumnos extranjeros de Primaria en la pública y 16,2% en los
concertados), Lleida (27%), la Rioja (26,4%), Castellón
(26,1%), Murcia (24,8% en los centros públicos y 8,3% en los privados), Girona
(24,7%) y Teruel (24,6%).
Los docentes reiteran que estos alumnos “con más
necesidades educativas” (unos porque proceden de familias desestructuradas
o vulnerables, otros porque son inmigrantes y en muchos casos tienen la barrera
del idioma) necesitan
una atención especial, con “aulas de acogida” al principio y clases
y profesores de refuerzo, que la mayoría de los centros no pueden
ofrecer, lo que agrava “la impotencia” de los profesores. Y aún con pocos
alumnos con necesidades especiales, el número de alumnos en cualquier clase es
excesivo y dificulta seguir los programas y cumplir objetivos. Y además, obliga
a los profesores a ampliar su jornada lectiva (ahora 23 horas lectivas en
colegios y 18 horas en institutos), en la que dedican muchas horas a tareas
burocráticas y no docentes.
Al final, todas las protestas de profesores inciden en el
meollo del problema educativo: faltan medios, recursos y profesores
porque hay poca financiación, menos que en la mayoría de los paises
occidentales. En 2024, el
gasto público en Educación fue de 71.348 millones de euros, el 4,48% del
PIB, de los que 50.920 millones se destinaron a la enseñanza no
universitaria (infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y FP), el 3,19%
del PIB español. Un porcentaje del gasto que es algo inferior al gasto en
enseñanza universitaria en
la OCDE (3,3% del PIB) y algo superior a la media UE-15 (gastan
3% PIB), aunque es inferior al gasto en Francia (3,7%), Reino Unido (4%) o
EEUU (3,5% PIB ) y algo superior a Alemania (3,1% PIB). Al concretar este gasto
no universitario por alumno, España gastó 10.924 dólares, frente
a 11.905 dólares la UE-15, 12.438 dólares la OCDE, 14.503 dólares Alemania,
12.321 dólares Francia y 12.666 dólares por alumno en Italia, según
los últimos datos de la OCDE.
Otro problema, junto al menor gasto, es que la gran
mayoría del gasto educativo en colegios e institutos lo gestionan
las autonomías (les correspondió el 84,3% del gasto en 2024)
y hay una enorme disparidad de gasto educativo por regiones.
Si la media de este gasto no universitario fue de 1.126 euros por alumno
en 2024, hay 10 regiones que gastaron más, encabezadas por País Vasco
(1.608 euros/alumno), Navarra (1.492), Extremadura y Murcia (1.264), según
el ranking de los Directores de Servicios Sociales. Y otras 7 autonomías
gastan mucho menos en educación: Madrid, el farolillo rojo (gasta
910 euros/alumno no universitario), Asturias (1.034), Cataluña (1.042),
Galicia (1.055), Canarias (1.069), Castilla la Mancha (1.076) y Baleares (1.109
euros/alumno).
Además de la falta de financiación, otro problema del que se
quejan los profesores es que muchas autonomías (básicamente las
gestionadas por el PP) llevan años desviando recursos públicos (no sólo
dinero, también solares) a la educación concertada, en
perjuicio de la pública. Son los famosos “conciertos”, el dinero público
que se transfiere cada año a los centros privados, básicamente los concertados,
para que acojan alumnos que no tienen ya hueco en la escuela pública (donde
apenas se ha invertido las últimas décadas). El gasto en conciertos ha pasado
de 5.768 millones en 2014 a 8.342
millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso
provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas
autonomías que los apoyan más. Así, los 8.348.000 alumnos matriculados en
infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el
66,9% acuden a centros públicos, pero un 24,4% acuden ya a centros
concertados y un 8,8% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más
peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid
(46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).
Mientras falta financiación para mejorar la enseñanza
pública, las familias gastan más en la educación de sus hijos cada año, aunque
sea oficialmente “gratuita” de los 6 a los 16 años (Primaria y ESO). El
gasto familiar en educación se
ha duplicado en los últimos 12 años, pasando de 13.217 millones en el
cursos 2011-2012 a 27.806 millones en el curso 2023-24, según
los últimos datos del INE. Y la cuarta parte de este gasto familiar, 6.115
millones anuales, se gasta en los hijos que estudian Primaria y Eso, los ciclos
“gratuitos”. La estimación es que entre 5 y 9 años, las familias
gastan 1.964 euros anuales por estudiante, que suben a 2.414 euros
anuales entre 15 y 19 años. Un gasto que se va en actividades
extraescolares, servicios complementarios (comedores, transporte y
residencia), libros y uniformes y actos extraescolares fuera del centro.
Eso sin contar el
gasto creciente en academias y profesores particulares, que se ha disparado
y alcanza otros 4.052 millones anuales.
Todos estos problemas
estructurales de la educación (profesores con contratos precarios,
bajos sueldos y “superados” por el trabajo, falta de medios y profesores para
el refuerzo de alumnos, infraestructuras obsoletas con calor, frío y cortes de
luz, falta de financiación y enorme disparidad de gasto por autonomías más un creciente
gasto de las familias en la educación de sus hijos…) conducen a unos resultados
educativos preocupantes, que les “duelen” especialmente a los
profesores. Lo dejan claro los
estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y
comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores:
el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2%
en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el
abandono escolar temprano, el
alto porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar el Bachillerato o
la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la UE-25. Y el tercero, el elevado
porcentaje de jóvenes “ni-nis”
(ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.
Y hay otro problema de nuestra educación más preocupante:
cada vez hay más distancia educativa entre los alumnos de bajo nivel
social y los de clase media y alta. Así, los 120.000 adolescentes de 15
años que viven en hogares más acomodados llevan hasta 4 años de ventaja en
matemáticas a los 120.000 adolescentes de esa edad que viven en familias
desfavorecidas, según
refleja el último informe PISA. Eso confirma lo que señalan muchos
expertos: cada vez hay más distancia entre la formación de los alumnos de
familias medias y altas, que les ayudan y exigen más, gastan lo que haga falta
en clases particulares y tienen más recursos para orientar su futuro. Eso viene
a decir que la
educación deja de ser “el ascensor social” y que los hijos de
las familias más vulnerables salen peor formados y tendrán un peor futuro,
básicamente porque la escuela actual no corrige las desigualdades.
¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar
más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en centros
públicos. Pero no se trata sólo de gastar más sino de gastar
“de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y
ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y
más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan,
con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar
las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y
su formación (con esa buena idea del MIR
educativo, para los profesores que empiezan). Y reforzando
los centros públicos, desde las infraestructuras a los equipos, con
personal técnico y gestor que quite tareas no docentes a los profesores. Y con
una mayor autonomía de los equipos docentes, a cambio de cumplir
objetivos auditables.
Pero sobre todo, lo que piden a gritos nuestros colegios e
institutos es que se abra un debate público sobre sus problemas y
necesidades, que las autoridades educativas autonómicas colaboren con
el Ministerio, los profesores y las asociaciones de padres para alcanzar un
verdadero Pacto educativo, donde se acuerde una financiación
suficiente y medidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, hoy con
grandes necesidades sin cubrir. Pero no parece que estemos en ese camino
de acuerdo y negociación, como demuestran el rosario de huelgas,
manifestaciones y huelgas de estos meses. Tenemos la educación, sobre todo
la pública, a punto de estallar, con una amenaza
de huelga en toda España en septiembre. Hay que tomárselo en serio,
sentarse y acordar soluciones para mejorar y homogeneizar la calidad de la
enseñanza en España, para conseguir que la educación de nuestros hijos y
nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos
jugamos el futuro.
Los dos datos juntos impresionan: en 2025 había en
España 13.500 millonarios más (259.700 personas) y 59.000 “pobres”
más (12,6 millones de personas). Crecemos mucho pero al
repartir el pastel crece la desigualdad, aumentan los más ricos y
los más pobres. Las transferencias y políticas sociales han
frenado la pobreza, pero España no consigue que baje del 25% desde hace 15
años. Y somos líderes en Europa en pobreza infantil. Además,
se espera tener más pobres en 2028. Tenemos dos problemas. Uno, que gastamos
menos en protección social. Y el otro, que las políticas sociales
son poco eficaces , porque benefician más a las familias de rentas
medias y altas que a las familias con rentas bajas, según alertan la OCDE y la
Comisión Europea. Por eso, hay que gastar más y mejor contra la
pobreza, centrándose en la vivienda y en los colectivos más vulnerables:
madres solas y familias con niños, inmigrantes y discapacitados. Urge repartir
mejor el crecimiento, porque una cuarta parte de españoles no lo notan. 
España alcanzó en 2025 los 259.700
millonarios (más de 1 millón de dólares de patrimonio, unos 860.000
euros), 13.500 más que en 2024 (+5,3%), que acumulaban una riqueza
de 672.000 millones de euros (+6,7%), el 40% del PIB español. Con ello, ocupamos
el puesto 14º en el ranking de los 25 paises con más “millonarios” (subimos
un puesto en 2025). La causa principal de este aumento de millonarios en
España, como en otros paises, ha sido la fuerte subida de la Bolsa
(el IBEX-35 aumentó un +49,27% en 2025), el fuerte ingreso por dividendos
(41.503 millones cobrados en 2025, el doble que en 2021), los fuertes beneficios
de empresas y bancos ( por mejora de ventas y márgenes empresariales) y el
fuerte tirón de los activos inmobiliarios, con importantes plusvalías y
subida de alquileres, factores a los que se une el fuerte crecimiento de la
economía española y la moderación de la inflación.
Mientras Capgemini
publicaba estos datos sobre los millonarios, la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza (EAPN) presentaba en el Congreso su XVI
Informe sobre la pobreza en España, alertando sobre un grave problema
del que poco se habla: en España hay 12.609.000 personas en riesgo de
pobreza o exclusión social, el 25,7% de la población total, según
la tasa europea AROPE, que mide el porcentaje de europeos que sufren una de
estas tres situaciones: pobreza monetaria (ingresan menos del 60%
de la renta media de cada país), carencia material severa
(problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos imprevistos o mantener la
vivienda a una temperatura adecuada, entre otras) o tener un bajo nivel de
empleo (trabajar menos del 20% potencial). En la UE-27 había 92,7
millones de europeos que sufrían uno o varios de estos 3 problemas en 2025,
que están “en riesgo de pobreza”, el 20,9% de la población. España
ocupa el 5º lugar en el ranking europeo de pobreza (25.7% población),
sólo por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania
(26,3%), más que Italia (22,6%), Alemania (21,2%) o Francia (20,8%).
La tasa
AROPE de pobreza en España
lleva 15 años sin bajar del 25% de la población: ha pasado del 28,7% en 2015
al 26,2% en 2019, el 27,8% en 2021, el 25,8% en 2024 y el 25,7% en 2025.
Es una décima menos, pero como ha aumentado la población, había 59.000
habitantes más en riesgo de pobreza en 2025 (12.609.000) que en 2024. Y tampoco
estamos cumpliendo la Agenda 2030, que pretendía bajar esta tasa
AROPE al 14,30% a finales de esta
década: para cumplirlo, deberíamos tener una tasa del 19,1% en 2025 (y tenemos
el 25,7%). Eso significa, según
EAPN, que España tiene ahora 3,2 millones más de “pobres” de los que
deberíamos para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.
La tasa de pobreza global AROPE (25,7%) se
concentra en una serie de colectivos: parados (tasa pobreza 55,4%), inmigrantes
extracomunitarios (53,5%), madres solas con niños (50,6% pobreza), los
que viven en alquiler (43,6% “pobres”, frente al 19,5% con vivienda en
propiedad), inactivos (37,4%), menores 18 años (33,8% pobres: España
es el país europeo con más pobreza infantil AROPE, según
Eurostat), familias con niños (27,4% pobres) y mujeres (26,8%
pobres, frente al 24,5% los hombres). Y por autonomías, destaca la altísima
tasa de pobreza AROPE en Melilla (43,7%) y Ceuta (40,8%),
seguidas por 6 regiones del sur: Andalucía (34,7% población en riesgo de
pobreza), Castilla la Mancha (34%), Murcia (32,5%), Canarias (31,2%), Comunidad
Valenciana (30,7%) y Extremadura (30,4%).
Dentro de los tres componentes de la tasa de pobreza
AROPE (renta monetaria, carencia material y bajo empleo), el más importante
es
la pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60%
de la mediana del país: en 2025, los solteros que ganaran menos de 12.220
euros anuales (872,85 euros en 14 pagas) y las familias con dos hijos que
ganen menos de 25.662,84 euros anuales (1.833 euros en 14 pagas).
Dados los bajos sueldos, la tasa de pobreza monetaria es muy elevada:
afecta al 19,5% de la población, a 9.566.000 personas en 2025, según
Eurostat. Ha bajado 2 décimas (19,7% en 2024), pero como hay más población,
tenemos 1.000 pobres monetarios más que en 2024). Y aunque tenemos
709.000 pobres monetarios menos que en 2015, esta tasa de pobreza debería haber
bajado mucho más (al 14,8% en 2025), por lo que incumplimos objetivos Agenda
2030.
España es también el
5º país europeo con más pobreza monetaria (19,5% población), sólo por
detrás de Lituania (22,6%), Letonia (22%), Bulgaria (21,2%) y Grecia (19,6%),
por encima de la media UE-27 (16,3% población en pobreza monetaria, que afecta
a 72,29 millones de europeos) y de Italia (18,6%), Francia (16,6%) o
Alemania (16,1%). Y destacamos sobre todo en la pobreza infantil, donde
España es líder europeo: un 28,4% de los menores de 18 años (2,2
millones de niños y adolescentes) viven en hogares “pobres” (que
ingresan menos del 60% de la media), por delante de Bulgaria (27% de pobreza
infantil), Rumanía (23,6%), Italia (23,2%), Francia (22,8%) y de la media de la
UE (19,6%), según
Eurostat.
La pobreza monetaria (ese 19,5% de población que
ingresa menos del 60% de la media) se
concentra no sólo entre las familias con menores (28,4%), también
entre las madres solas con niños (43,4% son “pobres”), los
inmigrantes extracomunitarios (44,5% pobres) , los parados
(38,7% son pobres) y también los que trabajan (el 11,6%, 2,5 millones de
trabajadores son “pobres”), los que viven de alquiler (el 32,6% son
pobres monetarios, frente a sólo el 14,5% de los que viven en propiedad) y los
que tienen un bajo nivel de estudios (el 27,3% de los que sólo tienen
primaria y un 23,3% de los que tienen 1ª fase secundaria). Y por autonomías,
la mayor “pobreza monetaria” la tienen otra vez las regiones del sur: Melilla
(39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%),
Comunidad Valenciana (26%), Castilla la Mancha (25,9%), Canarias (22,9%) y
Castilla y León (19,8%).
Dentro de los que están en pobreza monetaria, 2 de cada 5
están aún peor, en “pobreza
extrema”: son los que ingresan menos del 40% de la media del
país (679 euros al mes en 12 pagas los solteros y 1.426 euros mensuales las
familias con dos hijos), un 8% de la población total en 2025 (3.920.000
personas en pobreza severa, los más vulnerables). Una tasa de pobreza
severa que es la que más ha bajado (afectaba al 11,2% de la
población en 2015), aunque España
sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza severa, sólo por detrás
de Letonia (9,8%), Croacia (8,3%) y Bulgaria (8,1%), y muy por delante de la
media europea (5,3% población en pobreza severa: 23,5 millones de europeos)
y de la tasa de pobreza severa que hay en Italia (6,9%), Francia (4,8%) y
Alemania (4,7%).
La pobreza severa (8% población) se
concentra, en España más entre las mujeres (8,3% frente al 7,7% en
los hombres), en las mujeres solas con niños (22,5% en pobreza severa),
los inmigrantes (21,7% los extracomunitarios y 15,1% los de UE), los desempleados
(20,2% en pobreza severa, pero también el 4% de los que trabajan), los que
están de alquiler (15,1%, frente al 5,4% los que tienen vivienda
propia), los menores (12,5% en pobreza severa) y los que tienen menos
estudios (9,6% de los que tienen sólo primaria y 7,3% de los que tienen 1ª
fase secundaria). Y, otra vez, la pobreza severa se concentra en
el sur: Melilla (25% población), Ceuta (14,5%), Comunidad Valenciana
(11,8%), Andalucía (11,4%), Murcia (11,2%), Extremadura (9,9%), Castilla y León
(9,8%), Asturias y Castilla la Mancha (8,8%).
Detalladas las cifras de pobreza AROPE y de pobreza
monetaria y severa, se ve claro que tenemos un problema: somos la 4ª
mayor economía de Europa, la que más crece en los últimos 5 años, pero también somos
la 5ª economía con más pobreza y el país líder en pobreza infantil, algo
que debería avergonzarnos a todos. El
estudio de EAPN, presentado a principios de junio en el Congreso, alerta de
un hecho: las políticas actuales no logran reducir apenas la pobreza, que
mejora muy lentamente (recordemos: la tasa AROPE no baja del 25% desde
hace 15 años). Y lo más preocupante es que el
Gobierno, en su último escenario macro, contempla bajar la pobreza
monetaria en porcentaje (del 19,5% en 2025 al 19,1% en 2028), pero como aumenta
la población cada año (por los inmigrantes), aumentarán los españoles
pobres: 9.747.484 en 2028, +181.484 pobres en tres años…
El informe
de EAPN reconoce que las políticas públicas (transferencias,
ayudas y medidas fiscales) han servido para contener la pobreza estos años:
reconocen que han evitado que 11 millones de españoles hayan caído en la
pobreza en los últimos 15 años (8,1 millones gracias a las pensiones y 2,9
millones por las prestaciones sociales). Pero a la vez señalan que las herramientas
actuales contra la pobreza han alcanzado un límite y ahora logran reducciones
poco significativas (incluso subieron los “pobres” en 2025). En su informe
destacan que a los problemas de paro, bajos salarios y precariedad
laboral se
ha sumado un grave problema: la vivienda, que se ha convertido en un
potente “motor” de la pobreza. Recuerdan que los que viven de alquiler
tienen más del doble de tasa AROPE de pobreza que los propietarios
(43,6% frente al 19,5%), más del doble de pobreza monetaria (32,6%
frente al 14,5%) y el triple de pobreza severa (15,1% frente al 5,4%).
Los expertos reiteran que España debe tomar 2 medidas
clave para reducir la pobreza “a niveles europeos”. La primera, gastar
más: España invierte en protección social (infancia y
prestaciones familiares) la mitad que Europa: el
1,4% del PIB frente al 2,4% en la UE-27, el 2,5% de Francia y el 3,7% de
Alemania. Y también invierte
la mitad en políticas de vivienda. La segunda medida es invertir
mejor en la lucha contra la pobreza, porque somos menos eficientes:
el
informa EAPN señala que la pobreza monetaria en España antes de las
políticas públicas (ayudas y transferencias) es muy parecida (25,4%) a
la de Francia (26,5%), Irlanda (26,8%), Suecia (25,3%) o Alemania (24,4%), pero
luego ellos tienen más éxito con sus políticas, porque tras ellas
la bajan mucho más que España (al 19,5% en 2025), bajando en Francia al 16,3%,
en Irlanda al 13%, en Suecia al 15,6% y en Alemania al 16,1%...
En conclusión, la pobreza inicial es similar a la europea,
pero se reduce menos en España porque las políticas públicas aquí son
menos eficaces, se gastan peor, según
nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: las ayudas públicas
benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las
familias con rentas bajas, porque el grueso de las ayudas son desgravaciones
fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría
con rentas medias y altas, porque las
rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de
22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los
considerados “pobres”). La Comisión Europea alertó,
en diciembre de 2024, de que las ayudas contra la pobreza en
España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los
problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las
disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente
pobreza en el trabajo”. Ahora, en
su último informe de junio, pide medidas para atajar la elevada
pobreza infantil (aumentando los gastos para niños y jóvenes) y mejorar
el diseño de las políticas sociales, porque hoy están poco coordinadas
entre las instituciones y exigen una excesiva burocracia.
Al final, tenemos un grave problema de pobreza y gastamos
poco y mal en protección social, sin coordinación entre las ayudas
del Estado, autonomías y Ayuntamientos (el ingreso mínimo vital (IMV)
llega ya a 2,58 millones de beneficiarios pero hay muchas autonomías que
han recortado sus rentas mínimas). Y, sobre todo, hay que atajar la pobreza
infantil, lo que exige aprobar una ayuda
universal por hijo, como ya
tienen 20 paises europeos y que en España sólo
aplica el País Vasco, porque la
propuesta del Gobierno para implantarla no tiene los apoyos
suficientes en el Congreso. También es clave para reducir la pobreza invertir
más en viviendas sociales, en un parque de alquileres asequibles. Al final,
la pobreza es un grave problema que exige un Pacto político y
social, imposible con la actual polarización. Mientras, crecen los
millonarios y también los pobres.
Hoy jueves, el Banco Central Europeo (BCE) volvió a
subir los tipos, tras bajarlos 8 veces entre 2024 y 2025
y subirlos antes otras 10 veces, entre 2022 y 2023. La “excusa”
para volver a subirlos es que la inflación lleva 4 meses subiendo
(hasta el 3,2%), por la energía y la guerra en Oriente Medio. Pero muchos expertos
critican esta subida, porque no sirve para bajar el precio del
petróleo ni abrir el estrecho de Ormuz, aunque sí dañará a la economía europea, que ya ha
caído en el primer trimestre (-0,2%). Y recuerdan que es la 3ª
vez que el BCE comete el mismo error : en 2011 primero y luego en
2022-23, subieron los tipos, no frenaron los precios y hundieron más a
Europa en una recesión. El camino de Europa no es subir los
tipos, dañando a familias (hipotecas), empresas (créditos e inversión) y a los Estados (más intereses deuda),
sino ayudar a buscar la paz y, mientras, aprobar más ayudas y medidas
para huir del petróleo. Enrique Ortega
El Banco Central Europeo (BCE) retomó hoy 11 de junio
un viejo camino: subir
los tipos de interés oficiales en la zona euro, del 2 al 2,25%
(+0,25%), tras un año sin tocar los tipos. Antes, había utilizado dos
caminos. El 21 de julio de 2022 inició
una senda de subida de tipos, para luchar contra la inflación (+8,7%
en junio), agravada por la invasión de Ucrania y la consiguiente crisis
energética, sobre todo en Europa. Entre 2022 y 2023, el BCE aprobó nada menos
que 10
subidas, disparando los tipos oficiales del 0% en que estaban
(desde 2016) hasta el 4,50% en que los colocó el 20 de septiembre
de 2023. Ahí los mantuvo 9 meses, hasta que el 6 de junio de 2024, el BCE
volvió a tomar otro camino, el de bajar
los tipos, para intentar reanimar una débil economía europea entonces
con menos inflación (+3,2% en mayo). Y los
bajó 8 veces entre 2024 y 2025, dejándolos en el 2% el 16 de junio de
2025, para no tocarlos hasta ahora, un año después.
El BCE se ha adelantado en la subida de tipos a los
demás bancos centrales, sobre todo a la Reserva Federal USA, que tendrá
que decidir esta semana si sube sus tipos (en el 3,50% desde diciembre de 2025),
ahora que la subida del petróleo ha
disparado su inflación al 4,2% en mayo y con Trump exigiendo desde
hace meses que bajen más los tipos. El BCE se ha adelantado esta vez porque tiene
“mala conciencia” de la última vez que subió tipos, porque cree (aunque
no lo reconoce) que lo
hizo tarde: subió los tipos el 21 de julio de 2022, casi 5 meses
después de la invasión rusa de Ucrania y con la inflación en el 8,7%,
muy por encima de su objetivo (+2%), muy superado desde septiembre de 2021
(+3,4%). Y una prueba de que “los subió tarde” es que el Banco de Inglaterra
empezó a subir tipos en diciembre de 2021 y la Reserva Federal USA lo
hizo cuatro meses antes, en marzo de 2022.
Ahora, el
BCE no quiere que nadie le critique por “retrasarse” y
quiere ser el más ortodoxo de los bancos centrales, aprobado la primera
subida antes de cumplirse 4 meses de los ataques a Irán (28 de febrero) y
cuando la inflación en la zona euro sólo ha subido al 3,2% en mayo (muy
por debajo de la inflación en la anterior crisis energética, donde los precios
europeos subieron más del 10% en octubre y noviembre de 2022, no bajando
del 6% hasta junio de 2023). Y frente a los que les critican por “precipitarse”,
el BCE se defiende diciendo que “es
mejor prevenir que lamentar”, que prefiere subir tipos ahora para
evitar que las subidas de la energía se contagien a toda la economía, algo
que todavía no ha pasado.
Muchos expertos reiteran que el
BCE vuelve a equivocarse subiendo tipos, porque la subida es ineficaz
cuando los precios suben por una “inflación de costes”, por una
subida de la energía, no porque la economía crezca demasiado y esté “recalentada”
(“inflación de demanda”, que es cuando la subida de tipos sí resulta
eficaz. Pero ahora, la subida de tipos no va a resolver el problema de las
infraestructuras petroleras dañadas o paradas ni servirá para reabrir el
estrecho de Ormuz, por lo que no servirá para bajar el precio del petróleo.
Tampoco sirvió en la anterior crisis energética, a raíz de la invasión
de Ucrania, cuando la inflación en la zona euro acabó bajando (del
10,6% en octubre de 2022 a menos del 3% en octubre de 2023) pero no por
las 10 subidas de tipos sino por las ayudas y medidas que aprobaron los
Gobiernos europeos, desde la excepción ibérica (clave para bajar la luz en
España) hasta las ayudas a familias o sectores y el aumento de las energías
renovables y la independencia energética europea. Ahora pasa lo mismo: si
la inflación no sube más, no será porque el BCE sube tipos sino por las medidas
que están tomando los paises (bajada impuestos) para luchar contra las
subidas energéticas.
El otro problema de esta subida de tipos del BCE es que, además
de ineficaz es perjudicial para la economía: los tipos
más altos no frenan la inflación pero sí deterioran
la economía de las familias, las empresas y los Estados, frenando
el crecimiento. Es como aplicar una sangría a un enfermo que está en la UVI.
Este error del BCE, promovido por los “fundamentalistas
monetarios”, ya lo cometió el Banco central europeo en 2011 y en
2022-2023. En 2011, el entonces presidente, Trichet, subió los tipos dos veces (en abril
y julio de 2011), lo que sirvió para agravar la incipiente recesión
europea: de crecer la zona euro un 0,2% en la primavera y verano de
2011, se pasó a una caída de la eurozona en los 6 siguientes trimestres (4º
de 2011, todo 2012 y primer trimestre de 2013), básicamente por la crisis de la
deuda y los rescates de los paises del sur pero también por “el ricino de la
subida de tipos”. La prueba del error es que, al llegar Draghi al
BCE (noviembre 2022), bajó 8 veces los
tipos de interés, hasta dejarlos en el 0% en 2016, ayudando a
reanimar la economía europea.
El error de Trichet en 2011 lo
repitió Christine Lagarde en 2022 y 2023, a raíz de la
inflación y la crisis desatada por la invasión de Ucrania. La primera
subida (+0,5%) se aprobó el 21 de julio de 2022 y tras ella, otras 9 subidas
más, hasta la última en junio de 2025 (dejando los tipos en el 4,50%, el nivel
más alto en 20 años). Y otra vez más, este “ricino monetario” agravó
la recesión de la economía de la eurozona: crecía el +0,9% en el 2º
trimestre de 2021 y cayó un -0,1% en el último trimestre, para no crecer apenas
en 2023 (entre un 0 y un 0,2% cada trimestre), con una resaca en 2024, en que la
eurozona sólo creció un -0,4%.
Ahora, la nueva subida de tipos del BCE es aún
más peligrosa, porque se produce cuando la
economía europea ya está cayendo, según Eurostat: en el primer
trimestre de 2026, el PIB de la eurozona ha caído un -0,2% (-0,1% la
UE-27), con Francia cayendo también (-0,1% PIB primer trimestre) como
Irlanda (-12,1%), Suecia (-0,2%) o Lituania (-0,3), y con Alemania
e Italia estancadas (+0,3%), salvándose sólo España (+0,6% crecimos
en el primer trimestre) y Polonia (+0,9%) entre los grandes. Una caída
que contrasta con lo que crecía la eurozona en 2011 (+1,7%) y en 2022
(+3,6%), las otras dos ocasiones en que el BCE aplicó su ineficaz subida de
tipos, que acabó en dos recesiones: ahora el BCE aplica su “medicina”
en una economía que decrece y con dos importantes paises que no crean
empleo (+0% Francia en el primer trimestre y -0,1% Alemania, según
Eurostat.
La subida de tipos frena el crecimiento porque afecta
negativamente a las familias y a las empresas, dos de los motores
claves del crecimiento, deteriorando además las cuentas públicas.
Antes de que el BCE subiera tipos el jueves pasado ya había subido
el Euribor, el precio al que se prestan los bancos europeos, porque se
esperaba esa subida de tipos tras la guerra en Irán y la subida de la energía.
Concretamente, el Euribor mensual
sube desde marzo y podría acabar en
junio en el 2,850%, +0,77% más alto que hace un año (2,081% Euribor junio
2025). Eso encarecerá las hipotecas a revisar en junio, en torno
a 69 euros al mes para una hipoteca media de 174.132 euros (+826,80 euros
anuales). Pero como además suben
sin parar las viviendas, los que pidan una hipoteca nueva tendrán
que pagar dos subidas: la del Euribor (ojo, antes de la
subida del BCE, pronto será más) y la de los pisos. Tomando el precio
medio de una vivienda en España (2.795
euros/m2, según Idealista), pedir ahora una hipoteca para comprar un piso
de 90m2 cuesta ya una cuota de 1.042 euros mensuales, 218 euros al mes
más que hace un año. Y pronto se espera el Euribor en
el 3%.
Los tipos de los préstamos personales, para
comprar un coche o hacer un viaje, también están subiendo este año, aún antes
de la subida del BCE: el tipo estaba en el 7,94% en 2024, bajó al 7,41% en 2025
y este año ha escalado hasta el 7,79% en abril, según
el Banco de España. Lo mismo les pasa a los créditos que piden las
empresas: las pymes, para créditos hasta 250.000 euros, pagaban el
4,79% en 2024, les bajó al 4,01% en 2025 y este año les ha subido hasta el 4,63%
en abril. Y lo mismo las grandes empresas, que piden créditos de más
de 1 millón de euros: pagaban un tipo del 4,35% en 2024, les bajó al 3,49% en
2025 y en abril de este año ya pagaban el 3,69%, según
el Banco de España. Además, con esta subida del BCE, todos los tipos
subirán más y los bancos restringirán más sus créditos e hipotecas.
Y el daño de la subida de tipos no se queda en
las familias y las empresas. También lo paga el Estado, porque la
Administración central, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán más
intereses por su deuda. Un termómetro es el coste de colocar la
deuda pública española a 10 años: tras pagar un máximo del 3,949% en
septiembre de 2023 (por la anterior subida de tipos, tras la invasión de Ucrania),
el
coste de la deuda española bajó al 2,787% en noviembre de 2024 y estaba en
3,213 al inicio de 2026, subiendo en junio a 3,5010, antes de la subida del
BCE. Esta subida de la deuda irá a más y el pago de intereses de nuestra
deuda (previsto en 43.300 millones de euros este año) subirá entre 6.000
y 9.000 millones por las subidas que se esperan tras la estrategia del
BCE. A lo claro: que tendremos entre 6.000 y 9.000 millones menos para
gastar en servicios públicos porque habrá que pagar más intereses.
Ahora, la incógnita es saber cuántas veces más subirá el
BCE sus tipos de interés oficiales: hay analistas que hablan de hasta
dos veces más, quizás en julio y en octubre o que espere para hacer
la tercera a diciembre. Pero todo apunta a tipos entre el 2,50 y el 3%,
según se comporte la inflación europea (que podría oscilar entre el 3,5 y el 4%
este año, tras cerrar 2025 en el 1,5% la UE-27). Y a su vez, el comportamiento
de la inflación va a depender de la evolución de la guerra en Oriente
Medio, cuyo futuro no se vislumbra. Pero incluso en el caso de un
acuerdo y de la reapertura de Ormuz, la economía internacional y los precios
tardarán meses en beneficiarse, por lo que el BCE “no bajará la guardia”.
Lo que sí está claro es que muchos expertos (incluido
el español Luis de Guindos, que acaba de dejar su puesto de vicepresidente del
BCE: “tenemos
que tener en cuenta el impacto sobre el crecimiento”) alertan sobre
el riesgo de que la subida de tipos agrave la recesión en Europa,
dado el estancamiento de Alemania y Francia. Y recuerdan los errores de
las subidas de 2011 y 2022-23. Y otros reiteran que la lucha contra la
inflación exige tomar medidas en dos frentes. Uno, volcarse política y
diplomáticamente en lograr una paz estable en Oriente Medio, un
conflicto en el que Europa sigue “ausente”. Y el otro, tomar medidas y
estrategias para contrarrestar la inflación (como las medidas fiscales y
en algunos sectores que ha tomado España) y acelerar
“la huida” de los combustibles fósiles, favoreciendo la electrificación
de la economía (con energías renovables) y la movilidad (facilitando
las ventas de coches eléctricos y los postes de recarga, ambas retrasadas en
Europa).
En resumen, que Europa está sufriendo en sus precios
los daños de la guerra en Oriente Medio, pero la solución no es agravar
aún más el actual estancamiento económico europeo subiendo los
tipos (lo que no sirve para bajar el precio del petróleo) sino
presionando con el resto del mundo a Israel, EEUU e Irán para que firmen la paz
y acelerando una política energética que apueste más por los combustibles
renovables y por consumir cada vez menos petróleo, para que estas crisis
energéticas (recurrentes) no nos hagan dado. El problema es que la
derecha europea (sobre todo el PPE) se ha dejado presionar por la
extrema derecha y están “devaluando”
las políticas medioambientales europeas, como demuestran los
ataques al Pacto Verde europeo y la
decisión aprobada por la Comisión en diciembre de suavizar la prohibición
de coches de combustión en 2035… Así nunca podremos evitar los
europeos los daños de la geopolítica y de las subidas del petróleo. Ni subiendo
tipos.
