Se dispara la pobreza energética

Enero está siendo un mes muy frío en toda España y eso aumentará los problemas de las familias que tienen dificultades para calentar su vivienda: 8,5 millones de personas sufren “pobreza energética” en España, un 17,5% de la población, casi el doble que la media europea y el triple que en 2008 (5,9%). Aunque el Gobierno ha aumentado las ayudas a estas familias, con el bono social eléctrico y térmico, sólo las reciben 1,7 millones de personas, la quinta parte de los que tienen problemas para calentarse y pagar la luz. Este año, la luz seguirá cara y lo mismo la calefacción, por lo que el Gobierno ha prorrogado estas ayudas a las familias en situación de pobreza energética. Pero la medida, que se incluye dentro del Decreto de revalorización de pensiones y prórroga del “escudo social” está pendiente de convalidarse en el Congreso y tanto la derecha como Junts amenazan con no aprobarla. Urge tomarse en serio este grave problema, que tantas familias no puedan pagar la energía.

                    8,5 millones de españoles sufren "pobreza energética"

En 2025 volvió a subir la luz, como en 2024 y 2023, aunque el recibo no dio los sustos de 2022, tras la invasión de Ucrania. En el mercado mayorista en origen, el precio medio ha sido 65,52 euros MWh, una subida del +4,2% sobre el precio medio de 2024 (62,90 euros MWh), por el aumento del precio del gas en la primera parte del año y la subida de los costes del CO2, aunque han evitado una mayor subida las lluvias de primavera y el aumento de la generación fotovoltaica. A partir de este precio en origen, el recibo de la luz que pagan los consumidores con tarifa regulada (8,5 millones) ha subido +12%, hasta una factura media de 69,34 euros mensuales (frente a 61,88 euros en 2024 y 60,34 euros de 2023, muy lejos ambas de los 105,48 euros que pagamos en 2022), según la OCU. Y en cuanto a la calefacción, la media del recibo subió un 13% en 2025 (a 640 euros anuales).

Ahora, en 2026, se espera otra subida del recibo de la luz, aunque puede bajar en origen hasta un 12%, dado que los futuros prevén un precio medio en el mercado mayorista de 56,70 euros MWh (que volvería a bajar a 54,25 euros MWH en 2027), según estimaciones de OMIP. Sin embargo, el recibo que pagamos podría subir este año. A los que tienen tarifa reducida, por la subida de peajes (cargos aprobados por el Gobierno) y, sobre todo, porque REE seguirá manteniendo “de guardia” varias centrales de gas, para evitar apagones, lo que supone un recargo en la factura. Y los que tienen una tarifa “libre” (20 millones de consumidores) verán como en la revisión anual de tarifas le suben, por estos cargos, al menos un 10%. Eso sí, la tarifa regulada del gas para calefacción baja más del 5%.

En definitiva, pagar este año la luz y la calefacción será caro, aunque puede haber algunos ahorros (ya también subidas si hay más conflictos geopolíticos). Y como el invierno está siendo frío, todo apunta a que la factura de la luz y la calefacción será un coste importante para muchas familias, junto a los alquileres (o hipotecas), la alimentación y el transporte. Por eso preocupa que aumenten las personas con problemas para calentar su casa o pagar la luz: el pasado invierno (2024-2025), el 17,5% de los españoles no pudieron calentar correctamente sus casas, según Eurostat. Eran más de 8,5 millones de personas con “pobreza energética”, el triple que en 2008 (entonces eran el 5,9% de la población).

España (con ese 17,5%) es el 4º país con  más “pobreza energética” de Europa, sólo por detrás de Bulgaria y Grecia (19% de personas con pobreza energética) o Lituania (18%) y duplica la media europea (9,2% de población con pobreza energética), según Eurostat, quedando muy por delante de Alemania (6,3%), Francia (11,8%), Italia (8,6%), Polonia (3,4%), Suecia (4,1%), Dinamarca (4,4%) o Finlandia (2,7%), paises mucho más fríos que España. Además, 1 de cada 3 familias españolas tuvo que retrasar el pago de sus facturas energéticas el invierno pasado, según otro Informe sobre pobreza energética 2024. Y existe una “pobreza energética “oculta”: un 15% de las familias tuvieron que recortar otros gastos básicos, como la compra de alimentos, para pagar las facturas de calefacción.

Esta pobreza energética en España es desigual, según el estudio. Afecta mucho más a las familias que viven de alquiler (un 33% sufren “pobreza energética”, casi el doble de la media española) que a los que tienen su casa en propiedad (17,5% de pobreza energética). Y hay una gran diferencia por autonomías: en Canarias y en las regiones más ricas (Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, la Rioja, Cataluña y Baleares) baja la tasa de pobreza energética (al 9%) y sube en las más pobres (al 23% en Extremadura, el 14,3% en Andalucía o el 12,3% en Murcia). Y además, preocupa el alto porcentaje de la pobreza energética “ severa” : un 9,35% de las familias (4,5 millones de personas) que dedican un porcentaje excesivo de sus ingresos a las facturas, incurren en retrasos severos de pago o no pueden mantener temperaturas adecuadas (por debajo de 18°C-21°C).

Frente a este grave problema de la pobreza energética, el Gobierno Zapatero creó en 2009 una ayuda, el bono social eléctrico, que se reformó en 2017 y se amplió en octubre de 2018, con el Gobierno Sánchez, que creó el bono social térmico. Dos formas de ayuda frente a la pobreza energética que son un avance pero que sólo ayudan a 1.703.511 personas, 1 de cada 5 afectados por la pobreza energética (8,5 millones). Veámoslas con detalle.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz que beneficia a las familias más vulnerables, que tienen problemas serios para pagar el recibo. El descuento varía según los ingresos del beneficiado: se rebajaba un -42,5% la factura eléctrica (descuento vigente del 30 de junio al 31 de diciembre de 2025) a los consumidores “vulnerables” (ingresan menos de 12.600 euros al año los solteros, 19.320 euros  las parejas con un niño y menos de 23.500 euros las familias con dos niños) y el descuento era del -57,5% para los consumidores “vulnerables severos” (ingresan menos de 6.300 euros al año los solteros, menos de 9.660 euros las parejas con 1 hijo, menos de 11.760 las familias con dos hijos, menos de 16.800 euros anuales las familias numerosas y menos de 16.800 euros los pensionistas). Además, hay un tercer grupo de beneficiados, los consumidores “en exclusión social” (atendidos por los servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías) que no tienen que pagar nada de luz (ni se la pueden cortar) y a quien esas administraciones pagan el 50% del recibo.

Este bono social eléctrico, esos descuentos en el recibo de la luz, los solicitan los beneficiarios potenciales a su compañía eléctrica, que se los aplicará si cumplen los requisitos, aunque realmente cargan después este coste al resto de los consumidores  (a través del concepto “financiación del bono social” incluido en las facturas de la tarifa regulada, aunque  los consumidores con contrato “libre” lo acaban pagando también). En 2025 había 1.703.511 consumidores beneficiados por el bono social eléctrico, medio millón más que antes de dispararse los precios de la energía por la invasión de Ucrania (1.218.120 beneficiarios en 2021). Más de la mitad de estas ayudas se concentran en Andalucía (348.435 beneficiarios), Comunidad Valenciana (223.306), Cataluña (189.705) y Madrid (187.639).

El bono social térmico, la otra ayuda complementaria disponible, es un pago anual único para ayudar al pago de los gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Su cuantía depende de la zona climática donde vive el beneficiario (más en Ávila que en Canarias), del grado de vulnerabilidad (ingresos) y de lo que aporte opcionalmente la autonomía a esta ayuda, que se financia con los Presupuestos del Estado (su coste fue de 312 millones en 2025, frente a 75 millones abonados en 2019). En 2025, la ayuda del bono social térmico variaba entre 40 y 373 euros anuales. Esta ayuda se abona en cuenta entre enero y agosto a todos los que disfruten del bono social eléctrico en diciembre del año anterior, pero este abono lo gestionan las autonomías y eso supone una gran descoordinación y retraso en las ayudas, por lo que algunos dicen que existen “17 bonos sociales térmicos”. En 2025, los beneficiarios del bono social térmico fueron 1.649.625 personas, medio millón más que en 2019.

Estas dos ayudas a los gastos energéticos se han ido prorrogando en los últimos años, la última vez hasta el 31 de diciembre de 2025. Unos días antes de vencer el plazo, el 22 de diciembre pasado, El Gobierno llegó a un pacto con EH Bildu para prorrogar estas dos ayudas durante todo 2026. Y al día siguiente, en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el Gobierno aprobó formalmente la prórroga, en un Real Decreto que incluyó también la prohibición de desahucios y el mantenimiento del “escudo social” más la revalorización de las pensiones. Ahora, todas estas medidas, incluida la prórroga de las ayudas a la pobreza energética, han de ser convalidadas en el Congreso, algo problemático dado que Junts asegura que no va a apoyar ningún Decreto del Gobierno, como PP y Vox.

Tenemos un antecedente de lo que puede pasar: hace un año, el Gobierno llevó al Congreso un Decreto semejante, para prorrogar el escudo social y revalorizar las pensiones y Junts lo tumbó, con PP y Vox, para ratificarlo unos días más tarde con algunos cambios y la partición del Decreto en dos (pensiones y otras ayudas). Ahora, PP, Vox, Junts y PNV no confirman si apoyarán este Decreto y critican que el Gobierno haya mezclado la revalorización de pensiones con la prórroga de ayudas contra la pobreza energética, la prohibición de coste de suministros básicos (luz, gas o agua) o la prohibición de los desahucios.

Mientras se concreta esta nueva “pelea política” lo que está en el aire son la prórroga de las ayudas a 1.7 millones de personas que tienen problemas para pagar la luz y calentar su casa, junto a la prohibición de que les corten los suministros. El bono social eléctrico y térmico es una ayuda importante para muchas familias, pero resulta insuficiente a la vista de los datos: 4 de cada 5 afectados por la pobreza energética no reciben ninguna ayuda. Los expertos lo achacan al exceso de requisitos y a la burocracia, que llevan a que muchos potenciales beneficiarios de las ayudas ni siquiera las pidan. Y también hay una gran descoordinación entre Administraciones, por lo que las ONGs  piden más implicación de los servicios sociales de los Ayuntamientos, para atender mejor las necesidades energéticas.

En paralelo a las ayudas, la Comisión Europea ha pedido a los paises otras medidas para paliar la pobreza energética, como potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas, para que estén mejor aisladas y las familias puedan gastar menos en luz y calefacción. En este tema, España está retrasada, a pesar de las importantes ayudas a la rehabilitación energética con Fondos europeos: se rehabilitan energéticamente el 0,8% de las viviendas, cuando la Comisión Europea considera que deberían rehabilitarse el 2% cada año.

Ahora, el Gobierno debe aprobar finalmente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, cuyo borrador presentó en septiembre de 2025. El Plan tiene 4 ejes de actuación (caracterización de la pobreza energética y creación de un Observatorio, protección de los consumidores, mejoras estructurales de las viviendas y mayor coordinación de las distintas Administraciones), concretados en 12 medidas: aumento del bono social, mejora y ampliación del bono social térmico (incluido en verano), concesión directa ayuda a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, prohibición de cortes de suministro e integrar medidas de descarbonización en la protección social energética. Algunas organizaciones sociales y ONGs creen que habría que ser más ambiciosos en esta nueva Estrategia, para cubrir a más personas energéticamente vulnerables, en colaboración con Ayuntamientos, autonomías y las propias compañías eléctricas. Y algunos proponen crear un Banco de Energía, al estilo de los Bancos de Alimentos, para canalizar donaciones (de energía o de dinero) a las familias más vulnerables.

En resumen, el pago de la luz y la calefacción supone cada vez un coste mayor para muchas familias, que no pueden afrontarlo, con lo que no pueden calentar sus hogares o lo hacen a costa de reducir otros gastos. Y España, al igual que en la pobreza general, es también líder en Europa en esa pobreza energética, que afecta a casi 1 de cada 6 españoles (17,5%). Urge ayudarles este mes de enero, con la convalidación en el Congreso de la prórroga del bono social eléctrico y térmico. Y después, habría que acordar un sistema de ayudas más eficaz, que llegara a la mayoría de los afectados (ahora 4 de cada 5 están desatendidos), no sólo con descuentos y ayudas en las facturas sino con medidas estructurales para rehabilitar las viviendas y reducir el gasto energético. Un gasto que angustia cada invierno a muchas familias.

Acuerdo UE-Mercosur: una gran oportunidad

Este sábado se firma en Asunción (Paraguay) el Acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, que se empezó a negociar en 1999. Se crea así la zona de libre comercio más grande del mundo, con 720 millones de consumidores y la cuarta parte del PIB mundial. Ahora, ambos bloques bajarán aranceles, con lo que los productos industriales europeos se venderán mejor en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y estos paises nos venderán mejor sus productos, sobre todo alimentos. “Vacas por coches”, resumen algunos, lo que ha provocado protestas de agricultores en toda Europa, que temen la invasión de carnes y alimentos latinoamericanos más baratos y de peor calidad. Pero el acuerdo tiene cupos de importación y cláusulas de salvaguarda. Los expertos creen que va a disparar el comercio y la inversión entre los dos lados del Atlántico, siendo España uno de los paises más beneficiados. Además, el Acuerdo permite a Europa sellar alianzas geopolíticas en un mundo que se reparten China y EEUU. Tiene más ventajas que inconvenientes.

             Protestas agricultores contra Acuerdo UE-Mercosur                                  EFE

Este Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) parecía que no iba a llegar nunca. Se empezó a negociar en el siglo pasado (en 1999) y hasta 2019 no hubo un principio de acuerdo, que no cristalizó en un texto firmado por Mercosur y la Comisión Europea hasta el 6 de diciembre de 2024. En principio, el brasileño Lula da Silva, el gran impulsor de este Acuerdo, pretendía firmarlo por todo lo alto en Iguazú (Brasil) el 20 de diciembre, pero unos días antes, la presidenta de la Comisión le anunció que no iba a ser posible y que había que dejarlo para enero. El problema: Francia e Italia, más Polonia, no estaban dispuestos a firmar el Acuerdo, por la presión de sus agricultores. Lula les hizo ver que “estaban hartos de esperar a Europa” y las negociaciones internas en la UE-27 se multiplicaron estas Navidades, hasta que el 9 de enero, un Consejo de la UE consiguió la luz verde, por mayoría cualificada: el apoyo de 15 de los 27 paises UE, la oposición de Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, más la abstención de Bélgica.

El Acuerdo ha sido finalmente posible por las concesiones hechas a Italia (mecanismo de protección para productos sensibles, creación de un Fondo de compensación ante posibles desequilibrios del mercado, refuerzo de los controles fitosanitarios en las fronteras a los alimentos de Mercosur y promesa de reorganizar los pagos de la política agraria, la PAC). Pero todavía hay dos obstáculos internos al Acuerdo en Europa. Uno, que la extrema derecha europea (grupo “Patriots”) ha prometido denunciar el Acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE (lo que podría retrasar su entrada en vigor). Y el otro, que el Acuerdo tiene que se ratificado por el Parlamento Europeo, donde se espera una votación ajustada. En cualquier caso, la Comisión sigue adelante y quiere dar una imagen de decisión política (tras su paralización ante las amenazas de Trump) firmando el Acuerdo este sábado en Asunción (Paraguay). En el otro lado, la incertidumbre está en el futuro papel del ultraderechista Milei en este Acuerdo.

La esencia de este Acuerdo comercial entre la UE y Mercosur es la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 paises de la UE y los 4 de Mercosur: un inmenso mercado con 720 millones de consumidores (270 millones latinoamericanos) y el 25% del PIB mundial. Para ello, ambas partes se comprometen a reducir drásticamente sus aranceles actuales, la mayoría en un plazo de 10 años: Mercosur liberalizará el 91% de sus importaciones de Europa y la UE el 92% de las suyas desde Mercosur. Eso supondrá que los productos de ambas zonas pagarán muchos menos aranceles (hasta quedarse en cero en unos años) por sus compras y ventas, lo que en el caso de Europa supondrá un ahorro de aranceles de 4.000 millones de euros anuales.

La reducción conjunta de aranceles varía, en porcentajes y plazos, según los productos. En el sector industrial, Mercosur eliminará progresivamente aranceles  (en 10 años la mayoría) al 92% de sus importaciones procedentes de la UE-27. Esto beneficiará la entrada en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay de productos europeos que hoy se venden allí con elevados aranceles : automóviles y componentes (35% de arancel), bienes de equipo y maquinaria (20%), productos químicos y plásticos (18% de aranceles) y productos farmacéuticos (14%), sobre todo. Además, también bajarán los aranceles que hoy pagan muchos alimentos elaborados europeos en estos paises de Mercosur: quesos (arancel del 28%), vino (27%), aceite, bebidas alcohólicas y lácteos.

A cambio, Europa liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias que vienen de los paises de Mercosur, rebajando los aranceles que ahora tienen en un plazo de 7 años: los que tienen un arancel inferior al 5% se eliminarán inicialmente, los que pagan entre 5,1 y 10% se reducirán en 4 años y los que pagan más del 10% se liberalizarán en 7 años, un plazo en el que entrarán casi libremente las frutas y hortalizas de Mercosur. También bajan los aranceles a las carnes de Mercosur, pero con varias “salvaguardias” para defender a los ganaderos europeos. Una, que se establece un límite máximo (cuotas) a la cantidad de carnes que se pueden importar desde Mercosur con bajos aranceles: 99.000 Tm de vacuno (el 1,5% de la producción total de la UE), 25.000 Tm de carne de cerdo (el 0,1% de la producción UE) y 180.000 Tm de aves de corral (el 1,3% de la producción UE). La segunda, que se vigilará el comercio de estos alimentos y si crece demasiado, se revisará el Acuerdo. Y tercera, que los alimentos que se importen de paises Mercosur deben cumplir con los estándares de seguridad alimentaria que exige la UE (se controlará aleatoriamente en las fronteras).

Hasta aquí, el Acuerdo parecería un intercambio de “coches por vacas”, como resumen las quejas de los agricultores, que protestan por toda Europa porque saben que en Mercosur hay explotaciones agrarias y ganaderas muy grandes, con menores salarios y costes, que utilizan productos fitosanitarios en exceso y podrían invadir Europa de carnes y alimentos más baratos, pero de baja calidad. La Comisión Europea insiste en que la rebaja de aranceles afecta sólo a cupos de carnes, que se va a vigilar el flujo de entradas (el Acuerdo contempla frenarlas si se disparan) y que estos alimentos tendrán la misma seguridad alimentaria que el resto. Y además, añaden que los agricultores europeos podrán vender en Mercosur los productos con denominación de origen (357 en toda Europa, 59 en España), manteniéndola allí, lo que les permitirá vender a precios más altos desde aceite y jamón español a quesos italianos o vino francés.

Pero el Acuerdo UE-Mercosur es mucho más que “coches por vacas”. El Acuerdo abre los paises de Mercosur a los servicios europeos, que ahora tienen problemas para operar allí, desde los servicios financieros y las telecomunicaciones, correo y mensajería, los transportes (incluido el transporte marítimo internacional), el comercio electrónico y todo el negocio relacionado con las nuevas energías y el medio ambiente. Y algo también muy importante: el Acuerdo abre los paises Mercosur a los mercados de contratación pública, que ahora discriminaban a las empresas extranjeras sobre las locales (para construir una linea de metro o una autopista, por ejemplo). En tercer lugar, el Acuerdo permite a Europa acceder a minerales y materias primas críticas (litio) de los paises de Mercosur, un sector estratégico que hasta ahora intenta copar China (y también Trump).

Y como colofón, dos cuestiones más de interés. Una, que el Acuerdo contempla cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París (con un compromiso contra las talas masivas y la deforestación). Dos, que se reducen la burocracia y los procedimientos aduaneros para el comercio entre los dos bloques, con ayudas para las pymes europeas, que deberían así aumentar su presencia en los paises de Mercosur.

Las manifestaciones de agricultores por toda Europa han hecho que la opinión pública dude de las ventajas del Acuerdo UE-Mercosur. Pero todos los estudios económicos señalan que el Acuerdo aumentará el comercio entre ambos bloques, con una mejora de las inversiones, el crecimiento y el empleo, en Europa y en Mercosur. De entrada, el Acuerdo es también una oportunidad para los agricultores europeos, porque se abrirá la posibilidad de que vendan más alimentos en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, paises que hoy están “cerrados”, por sus altos aranceles a los alimentos importados (entre el 10 y el 55%), lo que explica que los productos agroalimentarios sólo suponen el 5% de las exportaciones UE a Mercosur.

El ejemplo de España es claro: en 2024, sólo conseguimos exportar productos agroalimentarios a los paises de Mercosur por valor de 463 millones de euros, mientas las importaciones de Mercosur a España fueron casi 10 veces más (4.118 millones de euros), según Agricultura. Ahora, con el acuerdo, la industria agroalimentaria española espera vender allí más aceite, vino, quesos, frutas y hortalizas y porcino, aunque también nos llegarán de Mercosur más carnes y azúcar (Ojo: con cuotas), maíz, miel, frutas y zumos de frutas.

Lo que busca este Acuerdo UE-Mercosur es dinamizar el comercio y las inversiones entre los dos lados del Atlántico. El comercio entre ambas zonas podría aumentar en una tercera parte a largo plazo, según el Banco de España, mientras la Comisión estima que las exportaciones europeas podrían aumentar en 84.000 millones de euros y generar 756.000 empleos adicionales. Y otro estudio de Fedea señala que España será uno de los paises europeos que más gane con el Acuerdo: el aumento de los flujos comerciales España-Mercosur podría ser el doble que para toda la UE, por nuestra excelente posición como nexo entre ambos continentes. Además, se espera un impulso de las inversiones europeas en Mercosur (y viceversa): actualmente, la UE es ya el primer inversor extranjero en Mercosur, con 390.000 millones de euros invertidos hasta la fecha.

Con todo, hay un factor clave más de este Acuerdo UE-Mercosur: Europa reacciona y busca su hueco en la pelea geopolítica por el reparto del mundo entre EEUU, Rusia y China, sobre todo ahora que asistimos al furor imperialista de Trump en Latinoamérica. Es una oportunidad histórica para que Europa influya comercial y económicamente en esta zona del mundo donde ahora tiene poca presencia: Mercosur es el 10º socio comercial de la UE (con sólo 55.200 millones exportados allí en 2024), a pesar de que la UE es el 2º socio comercial de Mercosur (tras EEUU), con 56.000 millones importados de allí en 2024.

En el caso de España, el desequilibrio comercial con Mercosur es aun mayor : en 2024 exportamos a estos 4 paises productos por valor 4.405 millones de euros, lo que supone sólo el 1,14% de todas nuestras exportaciones (el 1,20% de enero a octubre de 2025), según los datos de Comercio. A lo claro: exportamos menos a Mercosur (1,2% del total) que a Suiza (1,5% del total), China (1,9%), Marruecos (3,3%) y EEUU (4,7% del total). Y aunque importamos de Mercosur más del doble (10.481 millones en 2024), esas compras suponen sólo el 2,46% de todas nuestras importaciones (2,25% de enero a octubre de 2025). O sea, que les compramos menos (2,25% del total) que a Bélgica (2,4% del total), Marruecos (2,3%), Reino Unido (2,4%), EEUU (6,6%) y China (10,6%).

En definitiva, que si todo va bien, nuestras exportaciones a Mercosur se pueden disparar y ser un mercado clave, no sólo para vender coches y alimentos sino para vender servicios y conseguir contratos públicos, aumentando la inversión española en la zona, aprovechando nuestro idioma y nuestra posición geográfica de “puente” con Europa. Por eso, España tiene mucho que ganar con este Acuerdo, aunque se entiende el recelo de algunos agricultores y ganaderos a que nos invadan las carnes, el azúcar y las frutas de Mercosur. De hecho, el estudio de Fedea señala que nuestra economía crecerá un +0,14% extra el primer año del acuerdo, un +0,17% el 5º año y un +0,23% extra el año 16º, no sólo por el aumento del comercio sino también por las inversiones y el acceso a los contratos públicos.

Y hay otra ventaja geopolítica: se abre una nueva zona económica internacional para que las empresas españolas (y europeas) completen su “cadena de producción”, instalando parte de sus procesos de aprovisionamiento y fabricación y diversificando riesgos al salir de las deslocalizaciones actuales en Asia y norte de África.

En resumen, que “el parto” del Acuerdo de Mercosur ha sido tardío y complejo y la criatura nace en medio de tractoradas por toda Europa. Pero hay que reconocer que es el primer movimiento de los dirigentes europeos para buscar una salida a su aislamiento económico y comercial en medio de la guerra entre EEUU y China. Y que tenemos mucho más que ganar que perder, sobre todo España, aunque hay que estar vigilantes para no dañar al campo europeo (y protegerlo y compensarlo por los efectos negativos). No se trata de un nuevo “Descubrimiento de América”, sino de buscar unos socios complementarios y fiables con quienes intercambiar productos, servicios e inversiones. “Descubrirnos” mutuamente.

Otra revisión masiva de alquileres

En 2025, más de medio millón de inquilinos tuvieron que revisar el precio de su alquiler, al cumplirse 5 años del contrato. Este año 2026, son todavía más los contratos a revisar: 632.369, 1 de cada 5 alquileres. Y como estos 5 años se han disparado los alquileres, los nuevos contratos subirán una media de 1.735 euros al año, según Consumo. Y en algunas autonomías mucho más (+2.042 euros en Madrid). Sumar ha propuesto congelar estos alquileres, pero el Gobierno no lo contempla, porque teme que fuera inconstitucional. El resto de alquileres tendrán su revisión anual, el IPC (+3%) o el nuevo índice IRAV (+2,29%), para los contratos firmados después de mayo de 2023. Los que buscan un alquiler tendrán más problemas en 2026, porque se ha reducido la oferta y se espera una nueva subida del +10%, que se suma al +41,34% que han subido los alquileres desde 2020, el doble que el IPC y el triple que los salarios. Urge tomar medidas en la vivienda, aunque lo impide el actual bloqueo político.

                            Enrique Ortega

Muchas personas que viven de alquiler están preocupadas porque haya llegado 2026, porque saben que les llamará su casero para decirles que tienen que firmar un nuevo contrato de alquiler, ya que han pasado 5 años del que firmaron en 2021. Ya pasó en 2025: se renovaron 568.500 contratos de alquiler firmados en 2020, en plena pandemia, según los datos del Ministerio de Consumo. Y prevé que este año serán más las revisiones de contrato: afectarán a 632.369 contratos, 1 de cada 5 alquileres que hay en España, lo que afectará a 1.600.000 personas, según sus estimaciones. Y la alerta de Consumo es porque estos nuevos contratos pueden disparar el alquiler, porque los precios han subido mucho desde 2021.

En concreto, un alquiler medio que estaba en 10,6 euros/m2 en enero de 2021 ha cerrado el año 2025 con un precio medio de 14,7 euros/m2, según el portal Idealista. Una subida media de +38,7%, que se traduce en 317 euros más al mes por un alquiler de 90 m2.Y esa es la subida media en España, porque en Madrid la subida del alquiler estos 5 años ha sido del +56,5% (de 14,5 a 22,7 euros/m2), lo que se traduce en 738 euros más al mes por un piso de 90 m2. Y en Barcelona, la subida del alquiler ha sido del +65,2% (de 14,4 a 23,8 euros(m2), lo que se traduce en 846 euros más de alquiler por un piso de 90 m2.

Con estos datos en la mano, el propietario de un piso en alquiler tratará de subir eso o algo menos a su inquilino al revisar el contrato que cumple 5 años en 2026. El estudio hecho por el Ministerio de Consumo señala que la subida de los nuevos alquileres puede ser en algunas zonas hasta +383 euros al mes (+4.596 euros al año), aunque cifran la media de subida en toda España en +1.735 euros anuales por vivienda (+144,5 euros al mes). Pero hay 6 autonomías donde la subida será mayor: Baleares (+4.615 euros anuales), Comunidad Valenciana (+2.386), Canarias (+2.267), Madrid (+2.042), Cantabria (+1.969) y Andalucía (+1.952 euros anuales). Y supondrá menos de 1.000 euros anuales la subida de los nuevos alquileres en Melilla (+329 euros), Ceuta (+784), Aragón (+832), Castilla y León (+902), Extremadura (+961) y Galicia (+980 euros anuales). En el caso de Cataluña, los nuevos contratos no podrán subir más del IPC en las zonas declaradas “tensionadas”, por la Ley de Vivienda. Y Navarra o el País Vasco quedan fuera de este estudio, por falta de estadísticas.

Esta importante revisión de contratos que se hará en 2026 se concentra en cuatro autonomías, según Consumo, que suponen dos tercios del total (632.369 alquileres): Madrid (145.881 contratos a revisar  este año), Cataluña (112.728 contratos), Andalucía (85.491 contratos) y Comunidad Valenciana (65.528 contratos a revisar). Y son muchos menos en el resto, destacando Canarias (39.974 contratos), Galicia (36.543) y Baleares (24.456 contratos). No se tienen en cuenta en estas cifras los contratos de alquiler hechos por empresas (inmobiliarias), que se renuevan cada 7 años (la primera gran revisión será en 2027).

Sumar, que dirige el Ministerio de Consumo, ha hecho público este informe sobre la importante revisión de alquileres que toca hacer este año para solicitar al Gobierno que aprobara, antes de finales de 2025, una congelación de estos alquileres, para que al renovarse no pudieran ponerse un nuevo precio y sólo subieran el IPC. Trasladaron formalmente esta petición al Ministerio de Vivienda (en manos del PSOE), que no ha dado una respuesta oficial, aunque oficiosamente han comentado que la medida (que además “no les gusta”) podría ser "inconstitucional", además de retraer aún más la oferta de nuevos alquileres.

Así que estos 632.369 inquilinos tendrán que negociar con su casero lo que les sube el nuevo alquiler que han de firmar en 2026. Y será una “negociación desigual”, porque si no llegan a un acuerdo, el propietario tendrá ese mismo día una cola de peticiones de nuevas personas que quieran alquilar su casa. Y el inquilino sabe que si no cede y acepta una subida “suficiente”, cuando busque un nuevo alquiler (si lo encuentra) será más caro que el que le ofrecen.

El resto de los alquileres (hay algo más de 3 millones de casas en alquiler) tendrán que hacer la revisión anual, que tiene 2 índices de revalorización, según la fecha del contrato. Por un lado, los contratos de alquiler firmados antes del 26 de mayo de 2023 (la fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda) subirán  este año lo que el IPC (generalmente el IPC anual de dos meses antes a la actualización), en torno al +3%, lo que supone una subida del alquiler medio de +27 euros al mes (+33,3 euros en Madrid y +41,6 euros en Barcelona). Pero los contratos más recientes, firmados después del 26 de mayo de 2023, se revisarán (salvo que en el contrato estén referenciados al IPC) según un nuevo índice, el IRAV (índice de referencia arrendamientos vivienda), que publica el INE y que suele estar por debajo del IPC: en noviembre era el +2,29%, lo que supone una subida del alquiler medio este año de +21 euros al mes (+30,52 euros al mes en Madrid y +38,15 euros mensuales en Barcelona).

Con esta doble subida, la de los alquileres que se revisan tras 5 años y los que se revisan anualmente, todos los inquilinos pagarán más este año 2026. Y eso agravará aún más la situación de muchos de ellos, que tienen que destinar el 40% y más de sus ingresos al alquiler. Con ello, aumentarán los desahucios por impagos de alquiler, tras una ligera bajada en los últimos años, por las medidas del Gobierno para cubrir a los más vulnerables. Entre enero y septiembre de 2025 hubo 19.347 desahucios, algunos menos (-6,3%) que en esos mismos 9 meses de 2024 (20.581). Pero el 75% de esos desahucios son por impago de alquileres, mientras bajan los desahucios por impago de hipotecas.

Este año 2026 se vuelven a prohibir los desahucios de vivienda por impagos de familias vulnerables, una medida acordada por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, tras acordarlo el día antes el Gobierno con EH Bildu. Sin embargo, esta medida ha de ser convalidada en el Congreso este mes de enero y queda ver si será vetada o no por Junts y Podemos, junto a las subidas de las pensiones y el resto del “escudo social”. De momento, UGT y distintas entidades sociales han contactado con Junts para que apoyen la prórroga de prohibición de desahucios a las familias vulnerables, porque evitará un grave problema social.

Otra medida, un Real decreto aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre, pretende mejorar la situación de los alquileres, aumentar su oferta y conseguir que muchos propietarios “pierdan el miedo a alquilar”: se garantiza con avales públicos que los propietarios cobren el alquiler en caso de impago de los inquilinos más jóvenes (menores de 35 años) y familias vulnerables. La medida, que será gestionada por las autonomías (un problema…) cubre al propietario los alquileres impagados, los suministros debidos y los daños sufridos hasta que vuelva a recuperar su vivienda, con dos condiciones más para el propietario: que tenga depositada la fianza legal y que el alquiler que cobre no supere en índice estatal de referencia. Es un avance para dar “tranquilidad” a los propietarios frente a posibles impagos, pero debería ampliarse a todos los inquilinos (no sólo a los jóvenes), como hace el País Vasco (“Programa Bizigune”). Y ahora falta que el Congreso no bloquee la medida.

Con todo, el problema no son los desahucios o los impagos. El gran problema de los alquileres es que no hay apenas oferta, que apenas salen alquileres al mercado y que cuando se ofrecen hace decenas de personas pujando, lo que produce dos efectos: el propietario sube el precio del alquiler y “selecciona” a los inquilinos, dejando fuera a los jóvenes precarios, los inmigrantes y hasta las familias con hijos, “elitizando” el alquiler. Y en las zonas tensionadas, donde se han controlado los precios (gran parte de Cataluña y municipios de Navarra y el País Vasco más A Coruña), bajan los precios algo pero sobre todo se reduce más la oferta, con lo que resulta aún más difícil encontrar un alquiler. Y también hay menos oferta porque siguen desviándose pisos del alquiler “normal” a los alojamiento turísticos y a los alquileres de temporada. Y recientemente, muchos propietarios optan por el alquiler por habitaciones, cobrando 500 euros y más por habitación, lo que dispara aún más los precios.

El alquiler seguirá subiendo este año 2026, en torno a otro +10%, según los expertos. Una subida que se suma al +41,34% que han subido los alquileres entre 2020 (10,4 euros/m2) y 2025 (14,7euros/m2 en diciembre), una subida que duplica la inflación en estos 6 años (+23,1%) y que triplica la subida de los sueldos en convenio (+15,18%).

El problema de fondo que explica estas subidas es la falta de alquileres, en unos casos porque se desvían a otros usos (turismo o alquiler de temporada), en otros porque hay miedo a alquilar y en otros porque no se rehabilitan casas viejas. Y sobre todo, porque no se construyen pisos nuevos, ni para alquilar ni para vender. El Banco de España estima que hay un déficit de 700.000 viviendas, un déficit que crece cada año porque se crean 330.000 familias anuales. Y sin embargo, apenas se construyen viviendas. Es más, en 2025 se han iniciado menos viviendas “libres” y protegidas (VPO) que en 2024: 58.824 viviendas “libres” entre enero y septiembre (frente a 61.910 en los primeros 9 meses de 2024)  y 11.567 viviendas protegidas (frente a 12.355 entre enero y septiembre de 2024), según datos del Ministerio de Vivienda. Así que la construcción de vivienda “pincha” cuando más falta hace, porque han desparecido promotoras, por los altos precios del suelo y la construcción, por la falta de mano de obra cualificada y por los bajos precios de los módulos de VPO.

Al final, el problema de los alquileres y la vivienda es político: el Gobierno central, la autonomías y los Ayuntamientos son incapaces de trabajar juntos para promover más vivienda, pública y privada, pactando la promoción de suelo y los planes urbanísticos, la financiación y la colaboración público privada, que permitiría duplicar las viviendas construidas (200.000 al año en vez de las 100.000 actuales). Y la mejor muestra de esta tremenda división política entre los que deben gestionar la política de vivienda es que el Gobierno ha presentado hace unos meses el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías gobernadas por el PP (11 de 17) dijeron de entrada, sin apenas conocerlo, que “no les gustaba…”. Así que el Plan nacerá muerto, aunque cuente con el triple de inversión (7.000 millones) que el Plan 2021-2025.

En resumen, el alquiler será un problema mayor este 2026 para 632.000 familias que tienen que revisar sus contratos tras haber pasado 5 años, con lo que tendrán fuertes subidas. Y también el resto tendrán revisiones en su alquiler, del 3 al 2,29%. Pero el mayor problema lo tendrán los jóvenes y nuevas familias que buscan un alquiler, porque hay pocos y cada vez más caros, teniendo que superar “el casting” de los propietarios. Y mientras, los políticos siguen enzarzados en sus peleas, con la derecha que gestiona las autonomías empeñada en desgastar y echar al Gobierno más que en resolver la grave situación de los alquileres y la vivienda, el problema que más preocupa a los españoles. Como si nada.

Más control de Bizum y tarjetas

Desde el 1 de enero, Hacienda obliga a los bancos a enviarle un listado mensual de los movimientos de Bizum que hagan profesionales y empresas (no los particulares), para controlar pagos que pretendan evadir al Fisco. Y también están obligados a informar de las tarjetas de crédito cuyos movimientos superen los 25.000 euros anuales, para cotejarlas con los ingresos que declaran sus propietarios. Se trata de medidas para controlar mejor los pagos que se hacen por Bizum y tarjetas, que se han multiplicado en los últimos años frente a los pagos en efectivo y las transferencias. Entre tanto, los bancos de España y otros 15 paises trabajan para crear un Bizum europeo que empezaría a funcionar entre verano y Navidad de este año 2026, revolucionando los pagos internacionales. Y el BCE trabaja en crear el “euro digital”, que será realidad a partir de 2029, mientras China opera con el yuan digital desde 2020 y USA apuesta por las criptomonedas. Entre tanto, los pagos en metálico pierden peso.

                               Enrique Ortega

La forma de comprar y pagar ha cambiado radicalmente, más en los últimos 5 años que en los 50 años anteriores, según VISA, con un mayor protagonismo de los pagos digitales (sin movimiento de efectivo), que se han duplicado desde 2022. Y la consultora PwC prevé que para 2030, los pagos electrónicos se tripliquen en el mundo, hasta superar los 3 millones de operaciones. En España, sólo el 57% de los consumidores siguen usando el dinero en efectivo para pagar sus compras, mientras un 27% utiliza sus tarjetas y un 15% paga con sus móviles, según un reciente informe del Banco de España e Ipsos. Y respecto a los pagos entre particulares, el 57% se hacen en efectivo, pero un 37% se hacen ya por Bizum, un 2% por transferencia bancaria y un 1% por otros medios de pago.

El uso de dinero en efectivo es cada vez menor entre los más jóvenes y es todavía mayoritario entre los mayores de 45 años, según el Banco de España. Así, los jóvenes de 18 a 24 años pagan mayoritariamente por móvil (39% compras), seguido del pago en efectivo (32%) y con tarjeta (28%), mientras los mayores de 45 años pagan mayoritariamente en efectivo (el 58% entre 45 y 54 años, el 66% entre 55 y 64 años y el 79% los mayores de 65 años), seguido de los pagos con tarjeta (del 32 al 19%) y con poco peso de los pagos por móvil (del 10 al 2%). Pagan más en efectivo los hombres (61% compras) que las mujeres (54%) y los que tienen menos estudios (77% de las compras entre los que tienen sólo estudios básicos, 53% con estudios medios y sólo el 39% de las compras quienes tienen estudios superiores).

Con todo, los españoles somos los europeos que más preferimos pagar con dinero en efectivo, un 26,40% (30,2% los jóvenes), frente al 21,90% de preferencia en todos los paises de la zona euro, aportando menos por los pagos con tarjeta (el 48,79% en España frente al 54,82% en la zona euro) y con un porcentaje similar entre los que no tienen preferencia por ninguno de estos dos sistemas de pago (23,51% en España frente al 22,85% en la zona euro), según el informe SPACE del BCE, que también revela que dos tercios de españoles (63%) y europeos consideran importante mantener el efectivo como medio de pago en el futuro.

La realidad es que se imponen los pagos digitales, sobre todo por tarjeta y móvil, mientras bajan los pagos en efectivo. Los datos revelan un salto tremendo en el número de tarjetas en circulación, que ya rondan los 100 millones en España. Las tarjetas de crédito han pasado de 16,06 millones en el año 2000 a 44,82 millones en 2008 y un máximo de 52,35 millones en 2017, para bajar después a 37,25 millones en 2019 y 43,10 millones en 2024, según el Banco de España. Y las tarjetas de débito han pasado de 29,74 millones en el año 2000 a 31,57 millones en 2008, 48,35 millones en 2019 y 51,42 millones en 2024. En conjunto, había 94,52 millones de tarjetas en 2024 y 95,43 millones en septiembre de 2025, casi 2 tarjetas por habitante (y casi 3 tarjetas por adulto).

En contrapartida, los españoles utilizamos menos el cajero y sacamos menos dinero en efectivo, según los datos del Banco de España: en el año 2002, se hicieron 899 millones de  operaciones en cajeros, por un importe de 82.024 millones de euros, un importe que marcó un máximo en 2019 (125.188 millones retirados en 908 millones de operaciones) para estancarse después en 127.485 millones retirados en 2024 (en 683 millones de operaciones). En contrapartida, los pagos con tarjeta en comercios (a través de TPV) se han disparado en este siglo, según el Banco de España: de los 46.828 millones pagados por TPV en 2002 (en 991 millones de operaciones) se pasó a 94.414 millones pagados en 2008, a 161.343 millones pagados en 2019 (en 4,536 millones de operaciones) y 271.528 millones pagados por TPV en 2024 (en 9.208 millones de operaciones). Así que los pagos por tarjeta (o móvil) se han triplicado desde 2008, mientras las operaciones se cuadruplicaron. Y este año 2025, ya se han pagado en TPV de comercios  210.700 millones de enero a septiembre, otro récord.

Y queda hablar de otro sistema de pago electrónico que bate todos los récords: el pago por Bizum: se lanzó en 2016 y ya tiene casi 30 millones de usuarios en España, que han realizado  4.210 millones de operaciones. Es el sistema de pago que más utilizan el 80% de los jóvenes y se puede pagar con Bizum en 90.000 comercios españoles.

El auge de los pagos digitales por tarjeta, móvil o Bizum preocupa a Hacienda, porque puede ser una vía de pagos que esconden ingresos y evaden impuestos, básicamente el IVA. Por eso, el Gobierno aprobó el 1 de abril de 2025 el Real Decreto 253/2025 (BOE 2 abril) por el que se modifican las obligaciones de información de los bancos sobre tarjetas y Bizum de sus clientes, un cambio que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026.

La nueva norma tiene dos partes. Una afecta a las operaciones hechas a través de Bizum: se obliga a los bancos a informar mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada  cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales. Así, en febrero, los bancos deberán informar ya de las operaciones realizadas este mes de enero de 2026, detallando el importe mensual facturado (no operación a operación) e identificando la cuenta bancaria a través de la que se efectuaron los pagos. Ante los bulos de que el Fisco iba a controlar todos los Bizum, Hacienda ha publicado una nota donde aclara que los bancos no deben informar de los Bizum entre particulares, sólo los de profesionales y empresas. Se pretende así evitar que un fontanero, por ejemplo, cobre un servicio por Bizum y trate así de esconder este ingreso (y el IVA).

La otra parte de la norma afecta a las tarjetas de crédito y débito: se obliga ahora a los bancos a informar anualmente a Hacienda sobre todas las tarjetas cuyos movimientos superen los 25.000 euros al año, ya sea en gasto total (suma de pagos en comercio o retirada de efectivo) o en abonos totales (dinero recibido en la tarjeta por devoluciones y cargos). Así, Hacienda controlará a los que gasten más de esos 25.000 euros al año, porque el banco estará obligado a informar de que es el titular de esa tarjeta y del gasto que ha realizado. El objetivo no es recaudar por este gasto, sino tener el dato para contrastarlo con los ingresos declarados. Así, si alguien gasta mucho más de lo que dice ingresar, el dato le salta a Hacienda y puede investigarlo fiscalmente.

Aunque el Decreto habla sólo de tarjetas y cobros profesionales a través de Bizum, hay que recordar que sigue vigente otro control, el de transferencias: los bancos deben reportar movimientos sospechosos o superiores a 10.000 euros y préstamos superiores a 6.000 euros (según el modificado artículo 38 del Decreto Ley). Esta es una vía para evitar fraudes, como que un padre haga una transferencia a su hijo para pagar un coche o la entrada de un piso, que deben formalizarse como donación o como crédito entre particulares para evitar una sanción de Hacienda.

En definitiva, Hacienda trata con estos cambios de controlar mejor los pagos por tarjeta o móvil, para reducir el fraude facilitado por las nuevas formas de pago, básicamente de empresas y profesionales, porque no afecta a los particulares (salvo que controlarán más a los que gasten en tarjetas más de lo que teóricamente ganan). Pero en el futuro, los pagos digitales irán en aumento y con ello las nuevas formas de fraude. En un futuro, ganarán peso las nuevas tarjetas sin banda magnética (gracias a la tokenización, un código aleatorio que sustituye al PIN y reduce el fraude), la autentificación biométrica, el monedero digital, las divisas digitales o el open banking (abrir los sistemas financieros a terceros).

Ahora, lo más inmediato va a ser la creación del Bizum europeo, un sistema de pago en todo el continente que están ultimando los grandes bancos europeos. El actual Bizum es un sistema de pago promovido por España, Andorra, Portugal e Italia, al que se han sumado en una segunda fase Grecia, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Y esta plataforma trabaja ahora con la iniciativa EPI, integrada por Francia, Alemania, Bélgica, Paises Bajos y Luxemburgo, para alumbrar un Bizum europeo, promovido por los bancos de estos 16 paises y que permitirá el pago por móvil a 390 millones de europeos. La idea es lanzarlo en el tercer trimestre de 2026, y si se retrasa, en las próximas Navidades. Primero para los pagos entre particulares y después para compras online (en 2027) y para pagar con el móvil en  comercios físicos (para 2028).

Este Bizum europeo será una revolución total para los pagos entre particulares y en comercios online y físicos, facilitando y disparando las operaciones en el continente. Y se adelanta al lanzamiento del euro digital, que va muy retrasado y que el BCE prevé lanzar “a partir de 2029”, con el objetivo de facilitar los pagos en la zona euro (a falta de una verdadera unión financiera, todavía pendiente), algo que permitirá una mayor autonomía estratégica de Europa frente a la dependencia actual de los medios de pago USA (Visa y MasterCard). Este euro digital (emitido por el BCE) debería reforzar la unidad financiera y económica de Europa, potenciando la competencia e innovación, aunque tiene también riesgos de ciberseguridad, privacidad  de las operaciones y estabilidad financiera.

Pero Europa también va retrasada en la digitalización del euro, porque hay ya 60 paises del resto del mundo que se encuentran muy avanzados en la digitalización de sus monedas, desde China, India o Japón a Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Brasil o Emiratos Árabes. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha prohibido el desarrollo del dólar digital para promover como alternativa las criptomonedas, el gran objetivo de los magnates tecnológicos y del nuevo poder en USA. Mientras, China está en cabeza de esta digitalización monetaria: ya en 2020 lanzó a prueba el “yuan digital”, respaldado por el Estado, y en 2025 ha creado en Shanghái un Centro de operaciones internacionales para los pagos digitales que ya realiza pagos con Singapur, Tailandia, Hong-Kong, Emiratos y Arabia Saudí. Un intento de que el “yuan digital” sea una verdadera alternativa al dólar en Asia.

En resumen, los pagos digitales tienen una gran peso en España y en el mundo y cobrarán más importancia en el futuro, donde será algo raro pagar con monedas y billetes. Eso facilitará las compras y transacciones, tanto dentro de Europa como en el resto del mundo, en beneficio de la economía, empresas y consumidores. Pero también hay riesgos, no sólo de ciberseguridad sino de evasión fiscal, de que muchos utilicen la tecnología para evadir impuestos (más de lo mucho que ya evaden). En España, Hacienda intenta ahora un mayor control de los pagos por tarjeta y Bizum, para evitar fraudes e impago de impuestos. A muchos no les gusta este mayor control, pero se hace para controlar a los que defraudan, no a los que hacen un Bizum a un hijo o a un amigo o a los que pagan con tarjetas sus compras. Más control no es más “vigilancia”, debería ser menos fraude y más recaudación.

La cuesta de enero: subidas y ayudas

Tras la resaca de compras de estas Navidades, llega la dura realidad de afrontarlos, de hacer frente a tarjetas y pagos. En un mes, enero, donde muchas empresas aprovechan para subirnos casi todo: teléfono e Internet, luz, agua, basuras, billetes de avión, autopistas, taxis, alquileres, tabaco, paquetes y sellos de Correos, seguros…Así que este enero será más difícil llegar a fin de mes. La contrapartida es que también suben los ingresos de casi 10 millones de pensionistas (más los que menos cobran), 3 millones de funcionarios, 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y las ayudas del ingreso mínimo vital (IMV) que cobran 785.000 hogares, pensiones, sueldos y ayudas públicas que se revalorizan desde el 1 de enero. Y también aumentan las ayudas al transporte, manteniendo las actuales y creando una tarifa plana que permite viajar barato. Ahora, la clave es ver lo que suben los sueldos este año, porque los precios de los alimentos, la vivienda y la energía seguirán altos en 2026.

                            Enrique Ortega

Enero es el mes elegido por muchas empresas para subir sus tarifas y precios, con el argumento de la subida de costes y del aumento del IPC. Y este año, la lista de subidas es muy amplia. Empezando por la subida de las tarifas del teléfono e Internet, que suelen subir dos veces al año. Esta vez, suben con pocos días de diferencia: el 8 de enero las sube Vodafone (+3,9% de media, entre 1 y 5 euros al mes), el 12 de enero Orange (+3,8%, de 1 a 6 euros al mes) y el 13 de enero Movistar (+4%), mientras Digi no las sube. En los últimos años, las telecos justificaban sus subidas en la previsión de aumento del IPC, pero este año suben mucho más (el IPC puede subir un 2,1%) y lo justifican en que les han subido los costes, sobre todo los productos audiovisuales que ofrecen (fútbol y plataformas).

Otra subida que notaremos será la del próximo recibo de la luz, que será diferente según el contrato que tengamos. Los que tienen un contrato de luz en el mercado “libre” (20 millones de clientes) tendrán subidas del 4 al 7% cuando les toque la revisión anual de su contrato, subidas que ya han anunciado Iberdrola, Endesa o las filiales de Repsol, argumentando que a ellos les ha subido la luz en 2025 (y ahora) porque Red Eléctrica obliga a mantener centrales de gas de guardia (más costosas) para evitar un nuevo apagón como el de abril pasado. El resto de clientes, los que están en el mercado regulado (8,4 millones) ya han sufrido en 2025 esta subida y la seguirán pagando en 2026. Y todos pagarán más este año por la subida de los peajes (un tercio del recibo) que fija la Administración: los peajes de acceso subirán un +4,1% y habrá que pagar en el recibo los demás cargos, que también suben.

Si sube la luz, también subirá la factura del agua que pagamos. En Madrid, el Canal de Isabel II ya anunció una subida de la factura del agua del 3% anual hasta 2030, debido a que lleva años sin subirse y tienen que acometer nuevas inversiones. Aigües de Barcelona también ha anunciado una subida del +2,9% para 2026, mientras otros municipios de su área metropolitana también subirán el agua, hasta el 5,8%. Y Aguas de Bizkaia ha anunciado subida de tarifas del 4% en 2026, lo mismo que muchas ciudades de media España.

También subirán en 2026 las tasas de basuras de la mayoría de municipios, que ya han aplicado en 2025 sus nuevas tarifas, mucho más altas que los anteriores, que volverán a subir este año, para ajustarlas paulatinamente a las nuevas exigencias de recogida de residuos.

Y también pagaremos más al viajar en avión, porque las aerolíneas nos cargarán en los billetes la subida del canon aeroportuario que les ha hecho AENA el 1 de enero, un aumento del +6,44% para afrontar las inversiones en los aeropuertos españoles. También será más caro viajar en coche por autopista: los peajes subirán este año un +2,61% al menos, aunque en las autopistas rescatadas por el Estado subirán menos, un +2%. También podría subir este año el impuesto que paga el gasóleo, porque la Comisión Europea obliga a igualarlo con el de la gasolina, aunque el Gobierno no logró aprobar en 2024 el Decreto que los equipara, por el rechazo del PP, Vox, UPN y Podemos. Pero es una reforma exigida para recibir 460 millones de Fondos europeos, por lo que el Gobierno se ha comprometido a intentar aprobar la equiparación antes de finales de marzo. De conseguirlo, el gasóleo subiría 7 céntimos por litro.

El tabaco ya ha subido el 1 de enero, con nuevos precios para los paquetes de cigarrillos, cigarros y picadura (ver nuevo listado de precios por marcas), aunque todavía fumar es más barato en España que en la mayoría de Europa. Y también han subido ya las tarifas de Correos, tanto los sellos (+7,9%: el franqueo ordinario cuesta 96 céntimos, el doble que en 2015), los certificados y los paquetes (+5,5%). Y han subido también los taxis en la mayoría de España, desde Madrid (+2,36%) y Barcelona (+2,3%) a Sevilla, Málaga, Valladolid, Ferrol o Salamanca, lo que se trasladará también a los vehículos VTC.

Con todo, lo más preocupante volverá a ser la subida de la vivienda, tanto para alquiler como para compra. Se espera otra subida de los alquileres del +10% en 2026, que se sumaría a las fuertes subidas de los años anteriores: +40,3% han subido los alquileres de media en España desde 2019 (+50% en Madrid y +46,15% en Barcelona, según Idealista).. Además, muchos contratos de alquiler (por 5 años) se terminan en 2026, con lo que los propietarios intentarán revisar bastante al alza los nuevos alquileres, con lo que se espera “un aluvión de subidas”. Y en cuanto a los precios de compraventa, están ya en niveles prohibitivos: 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid. Y podrían subir otro 15% más este año, según Idealista.

Lo que también subirá en 2026 serán las nuevas hipotecas, no sólo porque hay que pedir un mayor importe (el 80% del precio de venta) para afrontar los altos precios, sino porque el Euribor lleva 5 meses consecutivos subiendo (del 2,079% en julio al 2,267% en diciembre), con lo que los bancos cobrarán este año tipos más altos, en torno al 3,5%. Eso sí, los 4 millones de familias que están pagando una vieja hipoteca no tendrán un susto en la próxima revisión anual, porque el Euribor esperado para 2026 (por debajo del 2,5%) será todavía inferior al de 2025.

Y luego hay dos subidas aseguradas para 2026, aunque todavía no podamos decir cuánto. Una es la subida de los seguros, desde el seguro del automóvil y del hogar al seguro de salud, que llevan años subiendo mucho y que volverán  a subir bastante este año, justificándose en el aumento de costes de los talleres y reparaciones, los siniestros en casa y el aumento de los costes médicos en los hospitales privados. Y también están “cantadas” nuevas subidas de los alimentos: frutas y verduras (muy afectadas por el cambio climático y las cosechas), las carnes, los huevos, el café y el chocolate, más la bollería y las bebidas.

En cambio, hay otro gasto importante, el transporte público, que se modera o baja en 2026, por las ayudas que ha prorrogado o ampliado el Gobierno. Por un lado se prorrogan los actuales descuentos al transporte en tren y autobús, manteniendo los descuentos actuales en Cercanías, corta y media distancia y autobús, a los que se añaden un nuevo abono trimestral y un abono de 10 viajes para Cercanías, manteniéndose la gratuidad de todos los viajes para los menores de 14 años (para educar a los menores en el transporte público). Por otro lado, se crea un nuevo bono transporte de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajes ilimitados en Cercanías y media distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobuses. Un bono que convive con el resto de ayudas al transporte.

Estas ayudas van a permitir que millones de personas gasten hasta un 75% menos en transporte público en 2026, ahorrándose este año 1.371 millones de euros (el coste de las ayudas). Unas ayudas públicas al transporte que han sido claves estos años, desde 2018 a finales de 2025, en que el Gobierno ha destinado más de 11.000 millones de euros (7.200 millones desde 2022)  a subvencionar los billetes de Cercanías, trenes de media distancia y Avant y los autobuses de líneas estatales, según datos de Transportes.

Un ahorro en transportes que no compensa el rosario de las otras subidas de precios, unas anunciadas y otras silenciosas, que afectarán a nuestros bolsillos en este año 2026. Menos mal que hay colectivos que van a tener también un aumento de ingresos para afrontarlas, básicamente pensionistas, funcionarios y los más desfavorecidos que reciben ayudas públicas, que también se han revalorizado el 1 de enero.

Empecemos por los pensionistas, 9,42 millones de personas que cobrarán algo más por sus pensiones (10,42 millones) ya desde este mes de enero. La subida media de las pensiones es del +2,7% (la subida de la inflación anual de noviembre 2024 a noviembre 2025), lo que supondrá cobrar unos 40 euros más al mes (una jubilación media de 1.512 euros en 2025). Pero los 2,12 millones de pensionistas que cobran pensiones muy bajas, con complementos de mínimos, tendrán una subida mayor: +11,4% para los pensionistas con cargas familiares (y las viudas) y +7% para los que no las tienen. Y para los 471.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (dos tercios son mujeres), la subida es del +11,4%.

Los 3 millones de personas que trabajan para la Administración Pública cobrarán un +2,5% de subida retroactiva por 2025 y otro +2% de subida salarial en 2026, más otro +4,5% en 2027 y un 2% de subida en 2028, según el acuerdo pactado por el Gobierno, que supone una subida acumulada (por el efecto arrastre) del +11,4% entre 2025 y 2028, un aumento superior a la inflación esperada estos años, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

También volverá a subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI), que cobran unos 2,4 millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes que trabajan en el campo. De momento, en enero se ha prorrogado el salario mínimo actual (1.184 euros en 14 pagas), a la espera de que el Gobierno apruebe este mes la nueva subida, que se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de enero: los expertos consultados han propuesto que suba entre 37 y 56 euros al mes, mientras la patronal propone una subida de 18 euros (+1,5%) y los sindicatos piden subir 89 euros (+7,5%).

Y también sube el importe del ingreso mínimo vital (IMV) que reciben las familias más vulnerables, actualmente 785.722 hogares (beneficiando a 2,4 millones de personas). En 2025 cobraban entre 658,81 euros un adulto solo y 1.449 euros mensuales las familias numerosas, importes que han subido un 11,4% el 1 de enero, entre 75 y 170 euros más al mes. El problema es que esta ayuda (IMV) sólo llega a la mitad de las personas que están en pobreza severa (4,3 millones, según Cáritas). Y que muchas autonomías han aprovechado el IMV para suprimir o reducir su ayuda, las rentas mínimas de inserción: en los últimos 3 años se han reducido  más de 170.000 beneficiarios y 13 autonomías (Madrid y Aragón en cabeza, un -95%, seguidas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, la Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Galicia, Cataluña y Navarra) han reducido su gasto en estas ayudas autonómicas, que sólo llegan a 532.700 personas, el 6,1% de quienes viven en el umbral de la pobreza, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora, la clave para afrontar las nuevas subidas de precios va a estar en los salarios, en la subida que se pacte para 2026. Todo indica que la patronal no ofrecerá una subida por encima del 2% (la inflación subirá el 2,1%, según el Gobierno) y que los sindicatos pedirán una subida mínima del 3,5%, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años (los sueldos han subido un 13,45% entre 2022 y 2025 y la inflación un 15,4%). Y, sobre todo, pedirán que suban más los sueldos más bajos, porque el 30% de trabajadores ganan menos de 1.582 euros brutos al mes (y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos), según el Decil de salarios de la EPA 2024. Estos bajos salarios explican que casi la mitad de españoles (el 47,4% de los hogares, según el INE) lleguen con dificultad a fin de mes. Y más ahora, con la oleada de subidas de enero.

En definitiva, volvemos a sufrir subidas de precios en múltiples servicios y gastos, sin que tengamos claro lo que van a subir nuestros ingresos este año, lo que explica que muchos españoles no vean bien su economía (según el CIS) aunque España crezca más que la mayoría de paises occidentales. Eso debería obligar a tomar medidas para “repartir mejor el crecimiento”, controlando las subidas más impopulares (alimentación, energía, servicios públicos) y aumentando las ayudas a los más vulnerables, con medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y menos los que menos ingresan y viven de un sueldo. Y promover una negociación colectiva que suba más los sueldos más bajos, ahora que muchas empresas pueden hacerlo, porque llevan 5 años mejorando ventas y beneficios. Esas son las claves para que el crecimiento lo noten la mayoría de españoles.