Tercer paquete de ayudas contra la inflación

Hoy 1 de octubre entra en vigor el tercer paquete de ayudas para compensar las subidas de carburantes, gas y electricidad provocadas por el conflicto en Oriente Medio: otro descuento de 20 céntimos a los carburantes, bajada impuestos a la luz y topes al gas y al butano. El Gobierno gastará 12.000 millones entre estas ayudas y las aprobadas en marzo y junio, asegurando que han evitado que la inflación suba el doble. Pero  el IPC sube ya +4,9% anual, la mayor inflación desde hace 3 años y medio. El problema es que el conflicto desatado por Trump se ha estancado y no se espera que los precios energéticos mejoren. Y se teme que acaben contagiando a toda la economía, incluidos los alimentos, que suben un +5,8%. Por eso, aunque la economía española sigue creciendo y creando empleo, el riesgo es que el conflicto dañe más a Europa y al mundo. De momento, las familias, con sueldos estancados, tienen mucho más difícil llegar a fin de mes.

            Los carburantes, culpables de casi la mitad de la subida del IPC (+4,9%)

La guerra contra Irán, desatada por Trump e Israel el 28 de febrero y que ha contagiado a todo Oriente Medio y a las rutas del petróleo y el gas, la estamos pagando los consumidores de todo el mundo, desde Europa y Asia a los propios ciudadanos de EEUU, que pagan mucho más por los carburantes, el gas, la electricidad y muchas materias primas y alimentos. Y el problema es que el conflicto se ha enquistado y no se ve salida, por lo que seguiremos con la energía cara y la inflación disparada. De momento, también en España, donde el IPC anual subió un +4,9% en septiembre, según el INE, la mayor subida anual desde febrero de 2023 (+6% de inflación, un año después de la invasión de Ucrania). De esos 4,9% de subida, casi la mitad (+2%) ha sido sólo por la subida de los carburantes, que se han encarecido incluso más que el petróleo en estos 7 meses de guerra en Oriente Medio.

El petróleo ha disparado su cotización, por los ataques a pozos, refinerías y barcos, más el bloqueo del estrecho de Ormuz (por donde pasaba el 20% del crudo y gas): costaba 76,06 dólares/barril el 23 de febrero, antes del ataque a Irán, y saltó a 112,53 el 16 de marzo y a 109,58 dólares el 11 de mayo, para bajar en junio a 71,47 dólares (cuando se esperaba un  acuerdo) y rondar los 100 dólares en julio, agosto y septiembre, costando hoy 99,94 dólares/barril, una subida del +31,4% sobre antes de esta guerra. Pero los carburantes han subido mucho más, en especial el gasóleo: su cotización internacional ha subido +120%, cuatro veces más que el crudo, pasando de 690 dólares/Tm a finales de febrero a 1.046 dólares/Tm en mayo, 1.176 dólares/Tm en julio y 1.520 dólares/Tm a finales de septiembre.

¿Por qué sube 4 veces más el gasoil que el petróleo? Hay varias razones. Unas estructurales: Europa, Latinoamérica y muchos paises han reducido en los últimos años su capacidad de refino, optando por importar carburantes (sobre todo gasóleo) de Rusia, Oriente Medio, China y Asia. Pero además, la guerra en Irán ha dañado muchas refinerías en Oriente Medio, reduciendo la oferta y subiendo su precio. Y por si fuera poco, Rusia ha cortado sus exportaciones de gasóleo, para no tener que restringir las ventas internas tras los ataques ucranianos a sus refinerías, mientras China también ha frenado sus exportaciones ante los recortes en la oferta mundial. Y para dar la puntilla, Trump anunció hace unos días que cortaba sus exportaciones de gasóleo, para intentar frenar su precio en USA, que marca un máximo histórico en vísperas de las elecciones de noviembre: 6,5 dólares por galón, 1,02 euros/litro… menos de la mitad de lo que cuesta el gasóleo en Europa, unos 2,24 euros/litro.

Además de caro, el gasóleo empieza a faltar en el mercado internacional, sobre todo en algunos paises europeos, como Francia, que importan mucho. Globalmente, Europa refina el 75% del gasóleo que consume, pero importa el 25% (la mitad de EEUU en agosto). Pero hay diferencias entre paises: Francia importa el 50% del gasóleo que consume (por eso hay gasolineras sin suministro), Reino Unido importa el 55%,  Alemania importa entre el 20 y el 25%, mientras Italia y España refinan prácticamente el 100% del gasóleo que consumen (apenas importamos e incluso exportamos algo, gracias a que tenemos 8 refinerías volcadas en producir gasóleo). Y lo mismo con las gasolinas y el keroseno de aviación.

A pesar de este autoabastecimiento, España y las refinerías españolas no pueden sustraerse a la situación internacional de desabastecimiento, por lo que también aquí se ha disparado el precio de los carburantes muy por encima de la subida del petróleo. La gasolina súper costaba este martes una media de 1,939 euros/litro, según el Boletín Petrolero Europeo, una subida del +31,8% sobre el precio anterior al ataque a Irán (1.4712 euros/litro el 23-F). Y la subida es mucho mayor para el gasóleo, porque hay mucha más demanda (se vende 4 veces más que gasolina) y menos oferta: costaba 1,4232 en febrero (menos que la gasolina) y ha subido hasta una media de 1,934 euros/litro este martes (+36%). Eso sí, gracias a las ayudas del Gobierno y a que pagamos menos impuestos, los carburantes son más baratos que en Europa: las gasolinas cuestan allí de media 2,103 euros por litro (+16 céntimos que en España) y el gasóleo 2,237 euros (+30 céntimos).

Además de los carburantes, el conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio de la luz, porque necesitamos producir una parte de la electricidad (casi el 20% del total este verano, por el calor) con centrales térmicas de gas natural, cuyo precio se ha disparado más que el del petróleo: costaba 31,62 euros/MWh antes del ataque a Irán y llegó a cotizar a 79,35 euros el 7 de septiembre (+151%), costando hoy 72,35 euros, más del doble que en febrero. Por culpa del gas y la gran demanda de energía (por el turismo y el aire acondicionado), el coste de la electricidad en el mercado mayorista se ha disparado: de 16,41 euros/MWh en febrero a 69,59 euros/MWh en junio, 104.75 euros en julio, 118,25 euros en agosto y 143,72 euros/MWh en septiembre, más del doble que el año pasado (61,04 en septiembre 2025). Este elevado precio en origen se traslada a los consumidores, tanto a los que tienen contratada la luz en el mercado libre (22,2 millones con contratos de revisión semestral o anual) como a los que tienen la tarifa regulada (8,3 millones), cuya tarifa se revisa cada mes: de 66,63 euros que pagaron de media en el recibo de junio a 88,81 euros que pagaron en agosto y los 107,8 euros que pagarán en septiembre.

El tercer culpable de la elevada inflación actual (+4,9% anual) es la subida de los precios turísticos (paquetes, hoteles, bares y restaurantes), algo que no tiene que ver con la guerra en Oriente Medio (salvo porque han venido más turistas). Y el resto de los servicios ha subido menos (+3,9%). Eso sí, preocupa que los altos precios de la energía han provocado ya una fuerte subida de los alimentos no elaborados: +5,8% en septiembre, subida que tiene que ver con el aumento de costes al campo (energía y fertilizantes) pero también con el cambio climático y los daños a muchas cosechas por las lluvias (primavera), granizo y sequía.

Frente a estas subidas por la crisis de Oriente Medio, que ya llevamos 7 meses sufriendo, el Gobierno ha aprobado este martes el tercer paquete de ayudas (por 5.200 millones de euros), que se suman a los que aprobó el 20 de marzo (antes que la mayoría de Gobiernos europeos, por una cuantía de 5.000 millones) y el 29 de junio (sólo por 1.825 millones, porque se esperaba un acuerdo). Ahora, el paquete durará hasta el 31 de diciembre y es mayor que los anteriores, porque todos los expertos creen que la crisis va para largo.

El primer grupo de ayudas aprobadas se dirigen a subvencionar de nuevo los carburantes, desde hoy: una subvención de 20 céntimos en septiembre por litro de gasolina y gasóleo, que se reducirá a 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, salvo que los carburantes suban más del 15% en septiembre (en cuyo caso volverá la ayuda de 20 céntimos). Esta ayuda se extiende a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, y se amplía al transporte de mercancías por tren (15.000 euros de ayuda por locomotora) y al transporte marítimo, mientras se mantienen las ayudas a la compra de fertilizantes (600 millones) y la prohibición de despedir por esta crisis a las empresas que reciben ayudas.

Un segundo bloque de ayudas son para rebajar la factura de la luz: en lo que queda de año (si el IPC de la electricidad sube un 15% en septiembre respecto a un año antes), se rebaja del 21 al 10% el IVA de la electricidad y del 5,1 al 0,5% el impuesto especial de la electricidad, que ya se rebajaron desde el 22 de marzo al 31 de mayo (primer paquete de ayudas), así como el IVA del gas natural y de la madera para leña. Además, se mantienen los descuentos extras vigentes desde marzo en el bono social eléctrico y el bono social térmico (50 euros), así como la prohibición de cortar el agua, la luz y el gas a los hogares vulnerables.

El tercer bloque de ayudas son nuevas, para los usuarios de gas natural y butano. Por un lado, se limita la subida del gas natural un 15% en octubre (si no se hiciera, se encarecería un 45%), lo mismo que en enero y después, medida que beneficiará a 3 millones de hogares que tienen tarifa de último recurso (TUR), muchos de ellos pertenecientes a comunidades de propietarios que tienen calefacción con caldera de gas y cuya factura les subirá un máximo del 15% este invierno, aunque el precio del gas se dispare. Y los 7 millones que utilizan la bombona de butano pagarán un máximo de 19,55 euros hasta junio de 2027 (desde los 18,84 euros que cuesta ahora).

Estas ayudas y las aplicadas desde marzo cuestan 12.000 millones de euros, lo que sitúa a España como el país europeo que más ha gastado en medidas contra la inflación energética. El Gobierno pide a Bruselas que no tenga en cuenta este gasto (por culpa de Trump) para el tope del déficit público como ya se hace con el gasto extra en Defensa aprobado en toda Europa. Y también propone España que si la crisis sigue y se mantienen altos los precios del petróleo, el gas y la electricidad, la Comisión Europea apruebe otro Plan de ayudas y medidas extraordinarias (incluido el tope al gas) como aprobó tras la invasión de Ucrania.

Mientras, el vicepresidente económico indicó el martes, tras el Consejo de Ministros, que los dos paquetes anteriores de ayudas (marzo y junio) han evitado una inflación mayor, que han reducido a la mitad la subida de los precios (o sea que el IPC habría subido al 10%, como lo tuvimos entre junio y agosto de 2022). Y que, a pesar de esta crisis energética, España sigue creciendo y creando empleo, más que el resto de Europa: la OCDE acaba de subir un 0,4% la previsión de crecimiento de España para 2026, hasta el +2,6%, muy por encima del crecimiento esperado para Europa (+1%), Alemania (+1,1%), Italia (+0,9%) o Francia (+0,4%).

La contrapartida a crecer más es que tendremos también más inflación: +3,7% en 2026, por delante de la inflación en la eurozona, Francia o Italia (+3%) y Alemania (+2,9%). La preocupación del Gobierno y de muchos expertos es que la subida de precios energéticos (petróleo, carburantes, gas y electricidad) se acabe trasladando a los precios de los alimentos, dañando aún más los presupuestos de las familias. De momento, los precios de los alimentos no elaborados (“frescos”) suben un +5,8%, pero lo preocupante es que llueve sobre mojado, porque los alimentos se han encarecido un +35% en los últimos 5 años (agosto 2021-agosto 2026), según el INE  (y un +84% los huevos, 60% el vacuno, +53,7% el cordero, +53% la leche, +46% el café, +40% las patatas…), mientras los sueldos subieron un +16,43%. Y el temor es que, si la guerra de Oriente Medio sigue, suban más los precios de los alimentos, sobre todo los elaborados, porque un estudio de CaixaBank (citado por el vicepresidente Cuerpo) demuestra que, en la anterior crisis tras la invasión de Ucrania, la subida de los alimentos tardó en aparecer de 6 a 9 meses…O sea, este 4º trimestre.

El Gobierno Sánchez ha aprobado este tercer paquete de ayudas contra la inflación porque sabe que los aumentos de precios es lo que más daña políticamente a un Gobierno, a cualquier Gobierno. Por eso deberían hacer lo mismo en Europa, aprobar un paquete de ayudas y medidas de choque, como hicieron tras la pandemia y la invasión de Ucrania, porque crece el descontento social  ante las subidas energéticas (en Francia vuelven a la calle los chalecos amarillos…), la subida de la vivienda y la dificultad para llegar a fin de mes, que alimentan el crecimiento de la ultraderecha, en vísperas de elecciones (en 2027) en Francia, Italia, España, Polonia, Finlandia, Grecia, Estonia y Eslovaquia…

Mientras, en España, urge tomar más medidas frente a la inflación, vigilando que algunos sectores y empresas no disparen márgenes y beneficios (como las petroleras y las eléctricas), que las ayudas públicas se trasladan a los consumidores (carburantes, gas y electricidad) y que los intermediarios, las industrias alimentarias y los supermercados no aprovechan las subidas de la energía para subir sus precios y márgenes. Lo que no puede hacer el Gobierno ni Bruselas es impedir que Trump y Netanyahu mantengan el conflicto en Oriente Medio, que estamos pagando el resto del mundo. Pero sí podrían presionarles para que se imponga la paz. Y, sobre todo, seguir tomando medidas para que los precios (alquileres y vivienda incluidos) no alimenten la desesperación de muchas familias y a la extrema derecha. Está bien crecer más que nadie, pero hay que repartir mejor el crecimiento y conseguir que muchas más familias lleguen sin tantos problemas a fin de mes.

Universidades: otro Curso con pocos recursos

Por primera vez en España, este Curso 2026-27 habrá 1,9 millones de universitarios estudiando un Grado, un Master o un Doctorado, tras años aumentando los alumnos. Pero quienes crecen son los estudiantes de las Universidades privadas (47, una más este Curso), mientras se estancan o bajan en las públicas (50 desde 1999), por falta de medios y oferta, que les obligan a subir las notas de corte y desviar alumnos a las privadas. Este nuevo Curso universitario, los rectores intentan reducir la precariedad de sus profesores (el 46% tienen contratos temporales) y buscan acuerdos de financiación a medio plazo con sus autonomías, que aportan el 80% de la financiación pública pero apuestan (las del PP) por las privadas. Mientras, España gasta menos que otros paises en financiar la Universidad, con grandes diferencias entre autonomías, lo que obliga a alumnos y familias a pagar las matrículas más altas de Europa. Y además de recursos, urge mejorar la enseñanza para que los universitarios trabajen más (no “sobrecualificados”) y haya menos parados.

                                       Enrique Ortega

España es uno de los paises occidentales con más jóvenes estudiando en la Universidad: están matriculados en la Universidad o en la FP Superior el 20% de los jóvenes de 15 a 19 años, casi el doble que en los paises de la UE o la OCDE (el 11%), según las estadísticas oficiales. Este mayor interés por la Universidad y el aumento de los jóvenes de esta edad ha llevado a que crezcan los alumnos que cursan en España estudios universitarios: de 1.498.369 alumnos matriculados en el curso 2015-16 a 1.875.010 alumnos matriculados en el curso 2025-2026, el último con datos oficiales. Este curso 2026-2027 serán más, porque acceden a la Universidad parte de los jóvenes nacidos en el año 2008, que fueron 519.779, 27.000 nacimientos más que en 2007 (492.527 nacimientos). Así que se esperan superar los 1.900.000 universitarios.

De esos 1,9 millones de jóvenes que estudiarán este Curso en las Universidades españolas, la mayoría (el 76,5 % del total, 1.435.757 alumnos el curso pasado) estudiarán un Grado universitario (generalmente de 4 años), mientras otro 17,7% estudiarán un Máster universitario (332.713 alumnos el curso pasado) y los restantes ( el 5,6% del total, 106.540 alumnos) estudiarán un Doctorado universitario, según los últimos datos del Ministerio de Educación. Los estudios de Grado han crecido poco la última década (+8,6% desde los 1.321.698 alumnos del curso 2015-2016) y el gran salto de alumnos se ha dado en los estudios de Master (se han casi duplicado: de 171.043 alumnos a 332.713) y en los estudios de Doctorado (de 55.628 alumnos a 106.540).

Con todo, el gran cambio en la enseñanza universitaria en la última década ha sido que el aumento total de alumnos se debe a las Universidades privadas, que han duplicado sus alumnos desde el curso 2015-16 (de 236.543 a 541.483 el curso pasado), mientras las Universidades públicas estancaban sus alumnos (han pasado de 1.311.826 en 2015-16 a 1.333.527 el curso pasado), bajando los estudiantes de Grado (de 1.143.223 en 2015-16 a 1.084.117 matriculados el curso pasado). Mientras, las Universidades privadas han aumentado sus estudiantes en Grado (de 178.475 a 351.640 alumnos) y han triplicado los de Master (de 55.634 a 182.043 alumnos) y de Doctorado (de 2.434 a 7.800 alumnos).

¿Qué está pasando? Las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año suben la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,05 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 20 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible… Y cada año más alumnos no pueden entrar en una Universidad pública y se ven obligados a pagar una Universidad privada.

El resultado es que sigue habiendo las mismas Universidades públicas (50, la última abierta, la Politécnica de Cartagena, en 1998) y aumentan cada año las privadas: este curso 2026-27 habrá ya 47 Universidades privadas (había 28 privadas en 2009), tras aprobarse la última, IE Universidad Madrid, en diciembre de 2025.  Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías españolas (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT compró en 2024 la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

Hace unos días, el presidente Sánchez señaló en un acto universitario las tres razones por las que las Universidades públicas ganan terreno (sus alumnos han crecido un +128% en la última década, frente al +3% en las públicas). La primera, la escasa financiación de las Universidades públicas por sus autonomías (que aportan el 80% del gasto público universitario, según la Fundación CYD), sobre todo en Madrid, Andalucía y Castilla y León, lo que reduce su oferta y desvía a los alumnos a la Universidad privada. Mientras, la financiación estatal a la Universidad ha aumentado un 78% desde 2018, se las han transferido 600 millones para investigación y otros 150 millones para contratar profesores, más 1.300 millones para becas (+45% que en 2018). La 2ª razón, como consecuencia, es que las Universidades públicas, infrafinanciadas, no pueden atender la demanda: en el curso 2024-25, recibieron 500.000 solicitudes para 245.000 plazas, lo que fuerza a muchos jóvenes a irse a una privada (“una elección forzada”). Y en tercer lugar, Sánchez cree que la proliferación de privadas lleva al aumento de ofertas universitarias de baja calidad.

Para frenar lo que llaman “chiringuitos educativos” (estudios universitarios de baja calidad, sobre todo cursos online), el Gobierno ha actuado dos veces y pronto lo hará una tercera. Primero, en octubre de 2025, aprobó un Real Decreto para endurecer los criterios para el reconocimiento de nuevas Universidades, decreto que la Comunidad de Madrid ha recurrido al Supremo. Segundo, el Gobierno ultima un real Decreto para regular los centros de FP privada (1.417 hoy, muchos promovidos por inversores y Fondos). Y el 18 de septiembre, el presidente Sánchez anunció que negociará con rectores y estudiantes un nuevo Real Decreto con más requisitos (profesores, docencia, investigación) para garantizar la calidad de los títulos universitarios, porque “no pueden ser una franquicia expendedora de títulos”.

El problema clave de las 50 Universidades públicas españolas es que están infrafinanciadas, sobre todo después de los recortes aplicados por Rajoy en 2012 (unos 1.000 millones), de los que no se han recuperado todavía, porque las autonomías les han aumentado su financiación un +4,9% desde 2009 (la inflación ha subido un +26,3%, con lo que reciben realmente menos), por lo que han tenido que reducir plantillas (no se sustituyen jubilaciones) y servicios. Eso ha llevado a que España financie menos la Universidad que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 11.741 dólares en 2022 (último dato de la OCDE, teniendo en cuenta la inflación), frente a 15.102 dólares en la OCDE y 15.830 dólares en la UE-27, un 25,8% más (24.044 dólares/universitario en Suecia, 19.500 en Alemania, 14.238  en Francia y 8.992 en Italia).Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades aporta en España el 65,9% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 75,8% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y con ello, el 31,8% del gasto universitario es privado en España, frente al 28,6% en la OCDE y el 19,5% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la hacen alumnos y familias, pagando elevadas matrículas y tasas en las Universidades públicas: entre 1.061 y 2.052 euros anuales.

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan el 80%% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas  menos que la media (8.626 euros/universitario en 2023-24) : Madrid (6.975 euros por universitario), Extremadura (8.069 euros), Cataluña (8.362 euros), Murcia (8.460) y Castilla y León (8.534 euros), según el Informe CYD 2025. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan Cantabria  (11.680 euros/universitario), La Rioja (11.283 euros), País Vasco (10.767 euros), Navarra (10.588 euros) y Comunidad Valenciana (10.075 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (2.052 euros/alumno, 432 euros más que la media), Cataluña (1.856) y Navarra (1.851) y Comunidad Valenciana (1.792 euros). Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas: Galicia (1.061 euros), Baleares (1.130), Asturias (1.155) y País Vasco (1.261).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir  aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades  de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuánto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta en el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 4.214 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2025).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, algunas Universidades públicas han logrado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con sus Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas. En Andalucía, la Junta firmó en 2023 un acuerdo para 2022-2026 y ahora anuncian que aumentarán la aportación para 2027. En Madrid, Ayuso ha firmado un acuerdo para destinar 14.800 millones a las 6 Universidades públicas hasta 2031, pero tiene “truco”: incluye los ingresos que aportan los alumnos... En la Comunidad Valenciana hay un Plan financiero 2026-29, con un pequeño aumento (también de tasas). Y en el País Vasco se prepara un Plan 2027-30, mientras Castilla la Mancha promete un Plan a 5 años. En las demás, la pelea financiera de las universidades es anual, Presupuesto a presupuesto. Y para el siguiente Curso 2027-28, todo va a depender del resultado de las elecciones de mayo en 12 de las 17 autonomías.

Además de más dinero, las Universidades públicas españolas necesitan reformas y cambios, según refleja el último informe CYD: reducir la tasa de abandono (el 24,6% de los universitarios abandonan sus estudios, sobre todo en los 2 primeros cursos y con el trabajo de fin de Grado: somos el 4º país UE con más abandono universitario), aumentar los alumnos que estudian Ciencias (sólo el 24% se matriculan en carreras STEM) porque tienen más salidas profesionales, mayor autonomía universitaria (ligada a auditorias externas), mayor internacionalización y una mejor gestión de personal, con más profesores de fuera. Y mejorar la inclusión social, aunque es mayor que en Europa: el 14,6% de los universitarios procede de familias donde los padres sólo tienen estudios obligatorios (el 7,2% en Europa) y el 29,8% tienen padres con estudios universitarios (el 50% en Europa).

También es clave reformar los Planes de estudio y colaborar más con las empresas privadas, multinacionales e instituciones públicas, tanto para el contenido de los Grados como para los Master, para conseguir así elevar la empleabilidad de los universitarios y reducir su paro: la tasa de empleo de los jóvenes entre 25 y 34 años (el 52% con estudios universitarios) es del 82%, frente al 87% en la OCDE y UE (donde sólo el 45,4% de jóvenes tienen estudios universitarios). Y la tasa de paro de jóvenes universitarios es del 9% en España frente al 5% en la OCDE y la UE, el 3% en Alemania, el 6% en Francia o el 7% en Italia. Y bajar el porcentaje de universitarios que están sobrecualificados para los trabajos que hacen: el 34% de los que trabajan aquí, frente al 21,3% de los que trabajan en Europa.

Y además, urge ayudar a los estudiantes a buscar una vivienda donde alojarse mientras estudian, al haberse disparado los alquileres. Choca que sólo el 4.1% vivan en una residencia universitaria cuando ahí residen el 14,6% de los universitarios en Europa. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha destinado 45 millones a financiar 1.525 alojamientos en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana, un avance insuficiente, porque el 51,2% universitarios viven con sus padres y otro 21,7% comparten piso, con serios problemas para llegar a fin de mes. Por eso, hay un alto porcentaje de universitarios que no encajan y se sienten agobiados y menos felices, según un reciente informe de CYD. Y sus profesores y rectores también tienen serios problemas, por su alta precariedad y la falta de recursos y medios. Es hora de apoyar seriamente a las Universidades públicas, como a la sanidad pública o al resto de la enseñanza. En este caso, además, nos jugamos el futuro de la élite que debe impulsar España este siglo.

España, el primer destino inmobiliario de Europa

España es ahora el país europeo con más inversiones inmobiliarias, saltando desde el puesto 7º en 2022 al 4º en 2024 y al 2º en 2025. Y se espera batir un récord histórico en inversiones inmobiliarias, desde la compra de viviendas y oficinas a hoteles, residencias de estudiantes y ancianos, hospitales, centros de datos, centros comerciales, industrias y centros logísticos. La mitad de esta inversión inmobiliaria récord es de inversores extranjeros, que valoran las oportunidades de negocio en un país que crece más que el resto y donde hay gran demanda y escasa oferta inmobiliaria, lo que asegura una alta rentabilidad. Problema: esta “fiebre por el ladrillo” en España alimenta la subida de precios de viviendas e inmuebles, en máximos históricos, lo que impide que familias y jóvenes compren piso. Así se crea una “dualidad” en el mercado inmobiliario: inversores que compran lo que sea, al precio que cueste y pagando al contado, y ciudadanos que no pueden comprar (ni alquilar) o que les desahucian. Cataluña ha aprobado una Ley para evitarlo. Algo habrá que hacer.

                           Madrid es la 2ª ciudad europea con más inversión inmobiliaria, tras Londres

La inversión inmobiliaria en España fue elevada a principios de este siglo, pero sobre todo de españoles que se lanzaban a comprar pisos y segundas viviendas, alimentando una “burbuja inmobiliaria” donde hubo poca presencia de inversores extranjeros. Así, la inversión inmobiliaria se mantuvo en torno a los 500 millones de euros anuales en los años 70, 80, final de siglo XX e inicios de este siglo XXI. Tras la crisis de 2008 y el desplome de precios, la inversión inmobiliaria se reanimó, ya con mayor participación de inversores extranjeros. Así, saltó de 4.700 millones en 2013 a un máximo de 20.383 millones en 2018, para estabilizarse en 12.250 millones en 2019, según datos de la consultora norteamericana CBRE. Pero en 2020, con la pandemia, la inversión inmobiliaria se desplomó, como todo, a 9.000 millones , recuperándose con mucha fuerza después: 17.625 millones invertidos en 2022. Y con la siguiente crisis (la guerra de Ucrania y la inflación disparada) y la subida de tipos del BCE, cayó un 35% en 2023 (11.613 millones), para recuperarse después en 2024 (14.000 millones) y aún más en 2025, que cerró con 18.400 millones de inversión inmobiliaria en España.

El pasado año 2025, la inversión inmobiliaria creció en España un +31% (hasta 18.400 millones), más de lo esperado y el triple que en Europa (+10%), empujada por los inversores extranjeros, que protagonizaron algo más del 50% del total invertido, sobre todo norteamericanos (15%) y británicos (8%). La inversión inmobiliaria se concentró sobre todo en Madrid y Barcelona (58% del total), siendo importante en la Comunidad Valenciana (11%), Andalucía (10%) y Canarias (6%).

Por sectores, domina la inversión residencial (“living”) supuso el 29% del total (5.415 millones), destacando la inversión en viviendas para compra y alquiler pero también en residencias de estudiantes y multiviviendas con servicios para mayores, cada vez más ofertadas. El segundo destino fue la inversión en hoteles (4.228 millones, el 23% del total), donde la preferencia inversora se dirigió a los hoteles de 4 y 5 estrellas, también al segmento de hoteles más económicos, con un 58% de la inversión dirigida a los hoteles vacacionales, siendo los principales destinos Canarias, Barcelona y Baleares (50% de la inversión hotelera total). El tercer destino inversor fue al comercio (“retail”), destacando las inversiones crecientes en Centros Comerciales y en locales de calles céntricas (+26%). Les siguen las inversiones en oficinas (12% del total), industrias y logística (6,9%) y otras inversiones (1.121 millones, el 6%), desde hospitales y clínicas, complejos deportivos o aparcamientos.

En 2026, ha seguido la “fiebre inmobiliaria” por España. Así, los datos del primer semestre de la consultora CBRE señalan una inversión de 12.034 millones de euros entre enero y junio, +59% que el año pasado y el mejor resultado en medio año de toda la serie histórica. El motor de este aumento, mayor del esperado, han sido 7 grandes operaciones inmobiliarias (más de 300 millones cada una) en residencias de estudiantes, centros de salud, aparcamientos, oficinas y Centros comerciales. Algo más de la mitad de esta inversión ha sido extranjera (17% canadiense y 10% USA) y casi una cuarta parte procede de inversores  institucionales (Fondos, Planes de pensiones, aseguradoras y bancos), otro 20% de SOCIMIS (sociedades de inversión inmobiliaria que cotizan en Bolsa) y otro 17% de gestores de activos.

Más de la mitad se ha invertido este año en Madrid (56%) y otro 13% en Barcelona, mucho menos en Andalucía (8% del total), Comunidad Valenciana y Baleares (5%) o Canarias (3%). Destaca este año el fuerte crecimiento de la inversión en vivienda y mercado residencial (4.580 millones hasta junio, +156%, con un gran salto en residencias de estudiantes e inmuebles con servicios para mayores), a la que sigue la inversión en hoteles (2.090 millones, +17%), comercio (1.630 millones,+14%), oficinas (1.621 millones,+14%), inversiones alternativas (salud, aparcamientos, complejos deportivos, centros de datos: 1.400 millones, +11,2%) e inmuebles industriales y logísticos (690 millones, +6%).

Para el 2º semestre de 2026, los expertos de CBRE han mejorado su previsión inicial , a la vista del récord del primer semestre, por lo que suben su previsión de inversiones para todo 2026: si antes estimaban un crecimiento del 5 al 10% sobre 2025, ahora apuestan por una subida del +15%, para cerrar el año con 21.100 millones de inversiones inmobiliarias en España, un récord histórico (superaría los 20.383 millones de 2028). Y eso gracias a un entorno de enorme liquidez (hay mucho dinero buscando rentabilidad) y estabilidad monetaria, con tipos bajos a pesar de las subidas (2,5% ahora y el 3% a finales de año), lo que resalta aún más la alta rentabilidad de la inversión inmobiliaria en España: +11% en oficinas, +9,9% en locales y +6,7% en viviendas, según un reciente estudio de Idealista.

Con ello, la previsión de la consultora CBRE es que España lidere la inversión inmobiliaria en Europa en 2026, adelantando a Reino Unido (que lleva años en el primer puesto del ranking) y por delante de Alemania, Polonia, Francia, Italia o Portugal. Y esto será un gran hito porque supone un gran salto en el ranking inversor: de no estar en el Top Ten hasta 2021, cuando entramos en el puesto 7º, a subir al 4º puesto en 2024, subir al 2º el año pasado (tras Reino Unido) y ser el país líder ahora. Y además, la previsión de CBRE es que España coloque en 2026, por 2º año consecutivo, a 2 ciudades entre las 5 ciudades europeas más atractivas para los inversores inmobiliarios internacionales: Madrid, que consolida su 2º puesto tras Londres, y Barcelona, en 4º lugar, tras Londres, Madrid y París, por delante de Varsovia (5ª), Viena (6ª), Berlín (7ª), Lisboa (8ª), Copenhague (9º) y Milán (10ª).

¿Por qué España se ha convertido en el país europeo más atractivo para la inversión inmobiliaria? Los expertos aportan tres razones básicas. Una, porque sigue siendo el país de Europa cuya economía crece más y que además ha tenido y tiene un fuerte aumento de la población (+2,36 millones entre 2019 y 2026), lo que aumenta la demanda inmobiliaria, además de los récords de turistas (hoteles). Dos, porque España sufre un gran déficit inmobiliario en muchos segmentos de mercado, sobre todo de viviendas (se estima un déficit de 750.000 viviendas), lo que asegura unos precios altos y una elevada rentabilidad a la inversión. Y la tercera, que hay una tremenda liquidez, en el mundo, en Europa y en España, con lo que los inversores están prestos a invertir en destinos rentables, con una gran competencia por los activos más apetecibles (inmuebles, hoteles, residencias estudiantes, aparcamientos, clínicas o inmuebles con servicios para mayores).

Los expertos creen que España seguirá de moda para los inversores internacionales, que “han venido para quedarse”, al menos mientras la economía crezca y siga habiendo un alto déficit de inmuebles. Apuestan porque sigan creciendo mucho las inversiones residenciales, no sólo en viviendas para vender o alquilar sino también en residencias de estudiantes y ofertas con servicios para mayores y para internautas, así como las inversiones en hoteles, que se disparan cada año. Además, creen que 2026 “darán la sorpresa” las inversiones en oficinas y en comercio (sobre todo en Centros Comerciales, que no dejan de abrirse). Pero también creen que tienen mucho futuro las inversiones inmobiliarias “alternativas” : inmuebles para la salud, aparcamientos, centros deportivos, plazas de garaje, centros de datos…

El problema de esta “fiebre por el ladrillo” en España, que atrae a inversores de medio mundo y a inversores españoles, es que ha disparado los precios de los inmuebles, en especial de las viviendas para comprar (y con ello, los alquileres). Cuantos más inversores pujen por inmuebles y viviendas en España, más suben, a la vista de que la construcción crece lentamente y el déficit de viviendas sigue elevadísimo. El último dato de Vivienda es muy explícito: el precio medio de la vivienda era, en el 2º trimestre, de 2.355 euros/m2, lo que encadena 15 trimestres consecutivos de subida de precios (desde octubre de 2022, cuando el precio era 1.740 euros/m2, un 35% menos). Incluso ahora, el precio medio de la vivienda (2.355 euros/m2) es mayor que en plena “burbuja inmobiliaria” (2.095 euros/m2 en el 2º trimestre de 2008). Y ese es el precio “medio”, que se supera con creces en Madrid (4.089,9 €/m2), Baleares (3.980,8 /m2), País Vasco (3.102 €/m2) y Cataluña (2.752 €/m2).

Además, muchos inversores compran para alquilar, lo que ha disparado los alquileres, para justificar la inversión: el alquiler medio está ya (agosto 2026) en 15,1 euros/m2 (1359 euros por 90 m2), según Idealista, más que en plena burbuja inmobiliaria (9,3 euros/m2 en junio 2008) y el doble de lo que costaba alquilar a comienzos de 2014 (7,3 euros/m2), cuando empezaron a subir los alquileres en España (+106% en los últimos 12 años y medio), en paralelo a la subida de las inversiones inmobiliarias. Y esa es la media, porque el alquiler real cuesta mucho más en Madrid (23,3 €/m2: 2.097 euros por 90m2), Barcelona (20,2 €/m2), Palma (19,3 €/m2), San Sebastián (18,1 €/m2), Málaga (16,5 €/m2) y Valencia (16,3 €/m2). Y muchos de estos altos precios se explican porque los Fondos y sociedades controlan el 15% de los alquileres (con gran poder de fijación de precios en algunas zonas y pisos) y porque muchos inversores (con 2 o más viviendas en alquiler) controlan otro 60% del mercado.

Al final, lo que sucede es que los altos precios de las viviendas y alquileres “atraen” más a los inversores, que “pujan” cada mes más por comprar inmuebles, sin preocuparles mucho cómo pagarlos: un tercio de los inmuebles que se compran en España se compran sin hipoteca (el 345%), al contado, según el INE, el triple que en 2020 (sólo el 18,5% se compraban al contado), lo que demuestra que muchos compradores lo hacen para invertir (otros por cambio de casa), con la perspectiva de lograr una rentabilidad más alta que en Bolsa o deuda. Y eso alimenta una burbuja de los precios inmobiliarios (de venta y alquileres), buena para los inversores y su rentabilidad pero muy mala para las familias y jóvenes que necesitan una vivienda. Una siniestra dualidad del mercado inmobiliario: tan rentable para unos, tan imposible para otros, que no pueden acceder ni con la mitad de su sueldo.

Algunos expertos y paises europeos se han planteado “frenar” o “penalizar” las compras especulativas de viviendas para frenar la subida disparatada de pisos y alquileres. En España, se espera que el Parlamento de Cataluña apruebe definitivamente en octubre una Ley de Vivienda para permitir a los Ayuntamientos “limitar la compra especulativa de viviendas en las zonas tensionadas” (271 municipios donde viven el 90% de los catalanes), con el apoyo del PSC,ERC, Comunes y CUP. El objetivo es que los inmuebles solo puedan adquirirse para destinarlos a residencia habitual o al alquiler permanente dentro de los límites de precio establecidos por la normativa. Eso reduciría prácticas como la compra de inmuebles por parte de grandes fondos de inversión para poner fin a los contratos de sus actuales ocupantes  y reemplazándolos por alquileres de habitaciones o bien para revenderlos para obtener una plusvalía elevada. El problema es que la Ley catalana va a ser recurrida por el sector inmobiliario, que la considera “inconstitucional”.

Sea este tipo de Ley o bien otras medidas (como penalizaciones fiscales a las compras especulativas), algo habrá que hacer para frenar la especulación de la vivienda, que dispara los precios en un país donde tanta gente no puede acceder a la compra o el alquiler. Lo que está claro es que los inversores y Fondos no resuelven el grave problema de la vivienda en España, sino que lo agravan. Ya hay demasiados ejemplos de fondos que se dedican a comprar edificios para echar a los inquilinos y luego disparar los alquileres(como el reciente y triste caso de Maricarmen, la anciana de Madrid desahuciada con 87 años). Y lo que es seguro es que la fuerte demanda de inmuebles (y solares) por parte de inversores y Fondos extranjeros (para luego vender y alquilar) está disparando aún más los precios de venta y alquiler de la vivienda, que suben más que en la mayoría de Europa. Por eso, habría que regular el papel de estos inversores y Fondos, para que no “enturbien” más el mercado y contribuyan a aumentar la oferta y ofrecer pisos y alquileres razonables. Pero está claro que esto no es lo que buscan cuando invierten en España. Ojo a ser su “objetivo europeo”.

Menos envases y más reciclables

El 12 de agosto echó a andar el nuevo Reglamento europeo de envases y residuos, norma que pretende reducir para 2030 los envases que utilizamos, que sean más reciclables y muchos puedan reutilizarse. Europa tiene un exceso de envases, que generan el 36% de toda la basura que tiramos. Y muchos no se reciclan, sobre todo los envases de plástico (sólo el 46% en España), lo que contamina tierras y aguas. Ahora, se obliga a las empresas a fabricar nuevos envases, más fácilmente reciclables y con etiquetas para los contenedores. Y se fuerza a supermercados y tiendas a que nos vendan a granel (con nuestros envases) y a que instalen máquinas para recoger botellas y envases, pagándonos por devolverlos. También las cajas de nuestras compras por Internet o en el transporte serán más pequeñas. Un gran esfuerzo para los fabricantes de envases, empresas de alimentación, tiendas y supermercados, que tendrán que innovar e invertir, aunque amenazan con subirnos precios por ello. Pero los consumidores saldremos ganando, aunque paguemos algo más.

                     Los envases suponen el 36% de la basura generada en Europa

Los envases dominan nuestra vida, desde las compras en el supermercado a los pequeños electrodomésticos o los pedidos por Internet. Sólo en Europa, los fabricantes de envases facturan cada año 160.000 millones de euros. Es una invasión de cajas, plásticos, cartones, vidrios y maderas que ya suponen el 36% de toda la basura que tiramos los europeos, según la Comisión Europea. Un consumo de envases que supera los 80 millones de toneladas al año en la UE-27 (79,7 millones Tm en 2023, según Eurostat) y que supone un consumo medio de 177,8 kilogramos por europeo al año (último dato, de 2023), siendo España el 7º país que más envases genera por habitante (179,2 kg), por detrás de Irlanda (223,1 kg/habitante), Alemania (215,2), Luxemburgo (204,5), Dinamarca (192,4) y Portugal (183,8 kg/habitante).

En Europa, sólo dos tercios de todos los envases (67,5%) se reciclan, según Eurostat (dato 2023), aunque hay 7 paises que reciclan más del 70% de sus envases: Bélgica (79,7%), Paises Bajos (75,8%), Italia (75,6%), Chequia (74,8%), Eslovenia (71%), Eslovaquia (71%) y España (recicla el 70,5% de todos los envases). La mayor parte de todos los envases son cartón y papel (el 40,4% del total), los embalajes que más se reciclan, pero los segundos envases más utilizados son los plásticos (19,88% del total  en Europa, el 21% en España), que son los embalajes que menos se reciclan, según Eurostat: sólo un 42,1% en la UE-27 y un 46,15% en España, por detrás de Alemania (52,2%) e Italia (49%) y por delante de Suecia (28,6% envases de plástico se reciclan), Dinamarca (27,8%) y Francia (25,7%). Este bajo reciclaje de los envases de plástico es lo que más preocupa a la Comisión Europea, porque mucho plástico acaba en vertederos y exportado a terceros paises, contaminando tierras y aguas.

Ahora, la Comisión Europea quiere elevar al 70% para 2030 el reciclaje de todos los envases, un objetivo accesible en los de papel y cartón (ya se alcanza en 7 paises), pero difícil en vidrio, metal, madera y sobre todo en envases de plástico. Por eso, la Comisión y el Parlamento Europeo aprobaron el 19 de diciembre de 2024 el Reglamento 2025/40 de Envases y Residuos (PPWR), publicado en enero de 2025 y que ha entrado en vigor en toda la UE-27 el pasado 12 de agosto. Esta nueva norma sustituye a la Directiva 94/62 y el gran cambio es que ya no se permiten normativas nacionales sobre envases y reciclaje: los 27 paises tendrán que cumplir las mismas normas, sin excepciones, de aquí a 2030.

El nuevo Reglamento pretende un cambio de modelo en la política de envases y reciclaje: no se trata ahora de aumentar el porcentaje de envases que se reciclan sino de modificar el proceso desde el principio, reduciendo los envases que se utilizan (“el mejor residuo es el que no se crea”, insisten) y renovando esta industria, para que innoven y fabriquen envases más pequeños y más fácilmente reciclables, así como envases reutilizables. Todo ello, con 3 objetivos claros: evitar envases innecesarios y promover la reutilización, el rellenado y el reciclado, armonizar las medidas nacionales para evitar obstáculos comerciales y distorsión de la competencia en Europa y contribuir a “la economía circular” (extender la vida de los productos) y ayudar a conseguir cero emisiones netas en 2050.

Lo que ha arrancado el 12 de agosto, con el nuevo Reglamento de Envases y residuos (PPWR), es un proceso, con una serie de medidas y cambios que se introducirán obligatoriamente entre 2026 y 2030, el año final. Lo primero que ya está en vigor, desde el 12 de agosto, es que cualquier empresa fabricante de envases o envasadora tiene la obligación legal de estar inscrita en un registro oficial para poder seguir funcionando, a la vez que los distribuidores y supermercados adquieren la responsabilidad de vigilar que sus proveedores cumplan las nuevas normas. Además, se amplía “el marco de responsabilidad ampliada del productor”, un mecanismo que obliga a las empresas a asumir el coste total de la recogida y tratamiento de “sus” residuos, mediante tasas variables según el coste de tratamiento.

Otra novedad que ya está en marcha, desde el 12 de agosto, es que se prohíbe la fabricación y comercialización de envases con sustancias PFAS (perfluoroalquilados y polifluroalquilados), sustancias químicas que se utilizan para que los recipientes resistan a la grasa o al agua y que son habituales en envases de comida rápida y alimentos preparados (cajas de pizzas) y que se acumulan en el medio ambiente.

Veamos otras novedades futuras. A partir del 12 de febrero de 2027, las tiendas y super deberán permitir a los consumidores llevar su propio recipiente para comprar comida o bebida. Y los establecimientos der comida rápida deberán ofrecer también envases reutilizables, que deberán devolverse al establecimiento. En esa fecha, deberán ser “compostables” (descomponerse de forma biológica) las bolsitas de te y las etiquetas que llevan las frutas y hortalizas. El 1 de enero de 2030, los envases no deben incluir más del 50% de vacío (aire), lo que modificará algunas bolsas de aperitivos, los estuches de perfumes o los paquetes que nos llegan de las compras por Internet. En esa fecha, los supermercados no podrán vender frutas y verduras de menos de 1,5 kilos envasadas en plásticos ni agrupar con plásticos “pack” de productos (cervezas o Coca-Colas). Y desaparecerán los sobres individuales para condimentos (sal, aceite, kétchup…) en bares y restaurantes (deberán ofrecerse en envases rellenables), los pequeños botes de champú o los geles y cremas en dosis de los hoteles…

Una novedad destacada es que las tiendas y super tendrán que instalar un sistema de depósito para recoger botellas de plástico de un solo uso y latas de hasta 3 litros: el comprador pagará algo por estos envases (se habla de 10 céntimos) y si lo devuelve, la máquina o el establecimiento le devolverá lo pagado (lo que se llamaba “llevar los cascos” cuando yo era niño). Es el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), que el Reglamento europeo introduce para enero de 2029 pero que en España podría implantarse este año, en noviembre de 2026, dado que está previsto en un real Decreto de envases que el Gobierno español aprobó a finales de 2022, con acuerdo previo de Bruselas. El sistema preocupa a muchas tiendas y súper, que se quejan de que “no tienen sitio”, aunque ha tenido ya mucho éxito en 50 paises, donde se recuperan el 90% de los envases de bebidas.

Las tiendas y supermercados también van a tener que “hacer hueco” para otra exigencia de este Reglamento de envases: a partir de 2030, tendrán que destinar el 10% de su espacio de venta a “estaciones de rellenado” de productos, donde los compradores irán con sus propios envases y allí echarán parte de los alimentos y bebidas que compren. Un cambio de costumbre pero que ya se ha generalizado en las botellas rellenables de agua que muchos llevan hoy.

Otra novedad importante del Reglamento europeo es que obliga también a un cambio en el etiquetado de los envases, a partir del 12 de agosto de 2028: los futuros envases deberán llevar una “etiqueta europea armonizada”, que informe de los materiales que contiene y facilite su separación y reciclaje al incluir una etiqueta de colores, que facilite al consumidor una información precisa del contenedor donde debe arrojarse (se modificará también la información externa de los contenedores para facilitar “el emparejamiento”…).

El objetivo de todos estos cambios es revolucionar el actual sistema de envases y reciclado, desde el inicio (innovando los envases, con nuevos materiales y diseños) a la distribución y venta (asumiendo nuevas tareas en la cadena de suministro, desde envases reutilizables a venta directa), los bares, restaurantes y hoteles, también el transporte (el 40% de determinados embalajes que transporten deberán ser reutilizables y el resto, más pequeños y más reciclables), las industrias (entre ellas y con sus proveedores). Va a ser una revolución, que supondrá cambios a todos y una fuerte inversión a algunos. En España se estima que hay unas 28.000 empresas afectadas por este nueva normativa, un 80% pymes, que tendrán que invertir y ser más competitivas para afrontar estas nuevas exigencias.

Por todo ello, muchas empresas de alimentación, distribuidores y supermercados se quejan de este Reglamento, asegurando que las distintas obligaciones aumentarán sus costes, en un mal momento (encarecimiento de la energía, el transporte y los alimentos). Pero algunos expertos creen que las empresas que inviertan en menos envases y más reciclables lo acabarán recuperando, al tener que pagar menos tasas por reciclar. Con todo, podría haber un aumento de precios generalizado, por efecto de los nuevos costes, por lo que las asociaciones de consumidores piden al Gobierno que vigilen la aplicación concreta de las normas, para que su coste no recaiga solamente en los consumidores. Pero la OCU cree que los consumidores “saldremos ganando”: menos envases innecesarios, más envases reciclables, menos sustancias “problemáticas” en los envases, más posibilidades de reutilización y de uso de envases propios y unas etiquetas con información más clara.

Por su parte, Greenpeace valora positivamente que se prohíban ciertos plásticos y que se implante el sistema de recogida de envases SDDR, pero denuncia que la normativa europea ha sucumbido a las presiones del lobby del plástico, dado que fija reducciones de uso insuficientes (-5% para 2030 y -15% para 2040). Y reitera que la tasa real de reciclaje de los plásticos no es el 80% que dice Ecoembes, sino realmente por debajo del 30%, con lo que la mayoría de los residuos plásticos acaban en vertederos, incineradoras, en paises pobres o vertidos a tierras,  ríos y océanos. De hecho, WWF denuncia que  España es el 2º país que más plástico vierte al Mediterráneo después de Turquía y el cuarto país de la UE que más plástico consume.

En resumen, tenemos unos años por delante en que vamos a ver muchos cambios en los envases que vemos todos los días, desde los alimentos a las compras por Internet, y estaremos obligados a algunos cambios de hábitos, tanto al encargar comida como al comprar botellas o ir a comprar al súper con nuestros envases. Actitudes novedosas, que chocan hoy pero que pueden generalizarse mañana. Y las empresas, sobre todo, tendrán que estrujarse la cabeza y el bolsillo para inventar envases nuevos y más reciclables. Todo sea por reducir la basura que nos come y mejorar el medio ambiente. Poca broma.

Más incentivos a retrasar la jubilación

Desde el 26 de agosto hay más incentivos para que un empleado retrase su jubilación y siga trabajando (jubilación demorada) y también para que un jubilado decida volver a trabajar y compagine sueldo y pensión (jubilación flexible). Son medidas que pactaron en 2024 el Gobierno, sindicatos y patronal, para frenar el gasto en pensiones, que superará los 200.000 millones de euros en 2026. Además, se mantienen otras medidas para penalizar la jubilación anticipada y facilitar la jubilación activa (cobrar parte de pensión mientras se trabaja). Gracias a esto, han bajado las jubilaciones anticipadas (el 31,4%) y se demoran muchas jubilaciones (el 11,8%), aunque todavía son pocos los jubilados que compatibilizan pensión y trabajo: 79.475, de 6,5 millones de jubilados. Los expertos piden reducir las exigencias para facilitar que muchos jubilados trabajen y campañas de información para divulgarlo. Es importante porque a partir de 2027 se jubila el grueso de la generación del baby boom (1958-1977) y en 2050 habrá 15,6 millones de pensiones, frente a 10,4 millones ahora.

                        Enrique Ortega

Asegurar el pago de las pensiones futuras es uno de los mayores retos de todos los paises occidentales, donde aumenta la esperanza de vida y el envejecimiento de la población mientras  cae la población joven que trabaja. El problema es mayor en España, uno de los paises más envejecidos del mundo y donde sigue cayendo la natalidad, con un déficit de activos que cubren los inmigrantes. Eso ha disparado la factura de las pensiones, que era de 40.000 millones de euros el año 2.000 y superará los 200.000 millones en 2026. Y hemos pasado de 7,6 millones de pensiones a principios de siglo (4,6 millones de jubilación) a 10,4 millones de pensiones este año (6,6 millones de jubilación), que se dispararán a 15,6 millones de pensiones en 2050, con un gasto (16,8% del PIB) que será el mayor de Europa, según la OCDE y la UE.

Para afrontar este reto estructural, que se agravará en los próximos años, los distintos Gobiernos han aprobado varias reformas del sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno Zapatero aprobó una primera reforma, con el apoyo de sindicatos y patronal, para frenar el crecimiento del gasto en pensiones, aumentando la edad de jubilación (hasta los 67 años en 2027: este año son 66 años y 10 meses) y endureciendo los requisitos sobre años cotizados para acceder al 100% de pensión. En 2013, el Gobierno Rajoy aprobó una 2ª reforma, en solitario (sin el apoyo de las fuerzas sociales), que apenas revalorizó las pensiones y estableció un mecanismo para reducir las nuevas pensiones futuras (que se retiró en 2018). La 3ª reforma se pactó en noviembre de 2020, en el Pacto de Toledo, entre sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (sólo Vox votó en contra), con un abanico de 20 medidas: pago por el Presupuesto de las pensiones no contributivas, subida anual del IPC, creación Fondo de Reserva (“hucha”), revisión cotizaciones y periodos exigidos, así como medidas para penalizar las jubilaciones anticipadas y promover la compatibilidad entre trabajo y pensión.

En 2019, un 40% de los jubilados se retiraban anticipadamente. Con las penalizaciones aprobadas a partir de 2020, esta tendencia se ha frenado, porque la jubilación sólo se puede anticipar 2 años  y se recorta la pensión entre el -3,26% (si se anticipa 1 mes) y el -21% si se anticipa 24 meses (el recorte es menor para los que han cotizado más de 38 años y 6 meses: un máximo del -19%). El efecto de este cambio ha sido eficaz en poco tiempo: en 2025 hubo 104.655 jubilaciones anticipadas, un 27,9% del total de jubilaciones (375.324 altas), bastante menos que en 2019 (40% altas).Y en 2026, hasta agosto, son el 31,4% de las jubilaciones.

La otra medida aprobada en los últimos años, favorecer el retraso en la jubilación (“jubilación demorada”) también ha dado sus frutos, gracias a los incentivos aplicados: aumento del 4% en la pensión futura por cada año de retraso en la jubilación o pago único de un cheque de 4.400 euros a 13.800 por cada año de retraso o un incentivo mixto cuando se retrasa más de 2 años . En 2025 hubo 40.952 jubilaciones demoradas, un 11,1% de las altas de jubilación, más del doble que en 2019 (4,8% de altas demoradas, apenas 14.000). Y este año, hasta agosto, son 25.762 altas demoradas, el 11,8% del total de jubilaciones.

Como consecuencia de ambas medidas (penalizar la jubilación anticipada y favorecer el retraso de la jubilación), se ha conseguido aumentar la edad efectiva de jubilación, a 65,3 años de media en 2025 y a 65,4 años en 2026, un año más tarde que en 2019 (64,4 años). Y todo apunta a que esta tendencia seguirá en el futuro, frenando algo el gasto en pensiones.

Hasta esta última reforma de las pensiones, a partir de 2021, la casi totalidad de los trabajadores se jubilaba a la edad que les tocaba (65 años si ha cotizado 38 años y 6 meses y a los 66 años y 10 meses en 2026 si ha cotizado menos). Ahora, los trabajadores pueden elegir entre 4 tipos de jubilación. La primera, la jubilación parcial: a partir de los 60-62 años, permite reducir la jornada y el salario antes de la jubilación cobrando la parte proporcional de la pensión, cotizando a tiempo parcial hasta la jubilación total. Y se cobra de pensión el porcentaje de jornada que se reduce, muchas veces vinculada a la contratación de un joven (contrato “de relevo”). La segunda es la jubilación demorada: el trabajador retrasa su jubilación y sigue trabajando y cotizando, con vistas a cobrar una bonificación en su pensión cuando finalmente se jubile. La tercera, la jubilación activa: permite seguir trabajando (tras llegar a la edad legal de jubilación), a jornada completa o parcial, mientras se cobra una parte de la pensión (el 50%, que llega al 100% si es un autónomo con un empleado). Y la cuarta opción, la jubilación flexible: permite a la persona jubilada volver a trabajar, cobrando una pensión proporcional a su jornada de trabajo (del 50 al 75% de la jornada) y recuperando su pensión total cuando deje de trabajar.

De momento, estas nuevas modalidades de jubilación son minoritarias, menos usadas en España que en el resto de Europa. Así, en julio de 2026, eran 79.475 los trabajadores que compatibilizaban salario y pensión, a través de la jubilación activa y flexible, lo que supone sólo el 1,22% de todos los jubilados (6,5 millones pensionistas cobran una jubilación), aunque hace unos años la cifra era ínfima. Pero para impulsar estas jubilaciones compatibles con trabajar, que ayudan al sistema de pensiones (reducen la factura de las pensiones y aumentan las cotizaciones), el Gobierno aprobó el 26 de mayo dos cambios, pactados en 2024 con los sindicatos y la patronal, para incentivarlas, cambios en vigor desde el 26 de agosto.

El primer cambio mejora la jubilación flexible. Por un lado, se permite que puedan solicitarla también los jubilados que vuelvan a trabajar como autónomos, cuando hasta ahora sólo podían beneficiarse los que volvían a un trabajo asalariado a tiempo parcial. Y además, se amplía la jornada en la que pueden trabajar, entre el 33 y el 80% de la jornada habitual (ahora era del 25 al 75%), aumentando la pensión entre un 15 y un 25% según jornada.

El segundo cambio que ha entrado en vigor el 26 de agosto mejora además la jubilación demorada. Por una parte, se mejora el incentivo, ya que ahora computará por los semestres que se retrase la jubilación, no por años como hasta ahora. Y para las carreras más largas, los que demoren la jubilación 9 o 10 años, se establece un sistema fijo de incentivos: cobrarán un 4% más de pensión anual durante 5 años y otro 2% adicional cada 6 meses.

Las medidas adoptadas para que los mayores sigan trabajando y compatibilizando pensión y salario han provocado, junto a la mayor actividad de las mujeres y el aumento de la esperanza de vida, que aumenten los trabajadores mayores en España, según un estudio de Funcas. En 2025, el 53% de los que tenían entre 60 y 64 años trabajaban, la tasa más alta desde los años 80. El salto se ha dado en las mujeres (de trabajar el 10% con esa edad en 1970 se ha pasado al 48% en 2025), mientras baja entre los hombres mayores (del 70% en 1970 han bajado al 58% trabajando en 2025). A pesar de este aumento, España tiene una tasa de empleo entre 60 y 64 años inferior a la mayoría de Europa (donde hay 7 paises, Alemania entre ellos, donde trabajan más del 70%, con un 45% en Francia y un 60% en Italia).

También han crecido los españoles que trabajan con 65 a 69 años: trabajan el 14%, la tasa más alta desde 1981, cuando en el año 2.000 trabajaban sólo el 2,5% de estos mayores. Y en esta edad, son más los hombres que trabajan (el 13,5%) que las mujeres (11%). En este caso, España también está a la cola de Europa en trabajadores de 65 a 69 años, sólo por detrás de Rumania, Croacia, Francia (10%) y Bélgica, lejos de Alemania (el 28% de las personas de 65 a 69 años trabajan) e Italia (trabajan el 23%), según Funcas.

Así que todavía hay margen en España para aumentar el trabajo de los mayores, tanto de los que tienen entre 60 y 64 años (que no pueden jubilarse y no encuentran empleo) como los de 65 a 69 años (retrasando su jubilación o compatibilizándola con el trabajo). Eso aumentaría la tasa de empleo (tenemos 1 millón largo de ocupados menos que la media europea) y frenaría el crecimiento de los pensionistas y del gasto en pensiones. El problema es resolver el salto de la actividad a la inactividad, que en Europa es más progresivo y en España es más brusco: a los 60 años trabajan el 71% de los hombres y el 55,5% de las mujeres, pero el porcentaje cae a la mitad a los 64 años (trabajan el 37,5% de los hombres y el 31,6% de las mujeres) y el trabajo es “testimonial” a los 69 años (trabajan el 5,5% de los hombres y el 2,8% de las mujeres), según el estudio de Funcas.

Ahora, con las 4 modalidades de jubilación y las recientes mejoras en la jubilación flexible y demorada, se espera conseguir que más trabajadores alarguen su vida laboral (retrasen su jubilación) y que una parte creciente de los jubilados vuelvan a trabajar. Para conseguirlo, la OCDE recomendó a finales de 2025 a España que “suprima los obstáculos que todavía persisten para que los trabajadores de más edad se mantengan en su empleo”, señalando que hay problemas de burocracia y exigencias administrativas, además de una falta de información a los mayores y jubilados sobre las ventajas de seguir trabajando. Otro estudio, de Santa Lucía, propone que se unifiquen criterios y requisitos, que ahora crean confusión, para facilitar que más mayores sigan trabajando. Sobre todo en actividades de baja carga física y trabajos “intelectuales” como educación, sanidad, consultoría o distintos profesionales.

Es importante que esta parte de la reforma de pensiones (retrasar voluntariamente jubilación y compatibilizarla con el trabajo) funcione y se utilice más, porque vienen unos años donde se disparará el gasto en pensiones, al jubilarse a partir de 2027 el grueso de la generación del baby boom, los nacidos entre 1957 y 1.978 : más de 600.000 nacidos cada año en esos 22 años, frente a los 321.164 nacidos en 2025 y los 350.000 que nacerán hasta 2075. El pico de estas jubilaciones se dará entre 2040 y 2045, disparando el gasto en pensiones. Y como aumenta el envejecimiento y la esperanza de vida (de 84 años ahora a 87 años en 2050), aumentarán drásticamente las pensiones, de los 10,4 millones actuales (6,5 millones de jubilación) a 15,6 millones de pensiones en 2050.

Se podrán pagar, pero eso exigirá aumentar ingresos y cotizaciones, así como frenar el número de pensionistas alargando los años de trabajo, porque mucha gente puede trabajar después de los 67 años. Claro que eso exige un cambio de actitud de las empresas (que no quieren “trabajadores mayores”) y compatibilizar esta demora de la vida laboral con más trabajo para los jóvenes. Un reto difícil que obligará a más acuerdos sobre el futuro de las pensiones.