Gasto sanitario muy desigual por autonomías

En los últimos meses, se han multiplicado en media España las manifestaciones y protestas  de sanitarios y pacientes en defensa de la sanidad pública, cada día más deteriorada y con crecientes listas de espera (9,1 días para ver al médico de cabecera). El último Barómetro de Sanidad y el CIS refleja que casi la mitad de los españoles creen que la sanidad funciona mal o necesita cambios. Y  la peor valoración se da en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. La clave de los problemas sanitarios es la escasa financiación, menor que en Europa, con varias autonomías con un gasto sanitario por habitante por debajo de la media: Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, mientras los que gastan más en salud son País Vasco, Asturias , Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Los expertos piden más gasto público en sanidad, sobre todo en atención primaria, y contratar 100.000 enfermeras y 6.000 médicos. Gastar más y mejor repartido, para que la atención sanitaria no dependa de dónde vivamos.

                        Los hospitales se llevan el 62% del gasto sanitario público

La mayoría de españoles ven claro el deterioro de la sanidad pública, agravado tras la pandemia, aunque son una amplia mayoría los que prefieren que les atienda la sanidad pública antes que la privada si tienen un problema grave. El último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por Sanidad y el CIS, refleja una nueva pérdida de confianza de los españoles en la sanidad pública: el 20,2% de los encuestados opina que funciona “mal” (en 2009 eran sólo el 4,1%) y el 27,1% creen que necesita cambios (23,3% en 2009), aunque todavía el 51,7% señalan que “funciona bien” (eran el 72,1% en 2009). A la hora de valorar la sanidad pública, la nota media que dan es 6,02 sobre 10, muy por debajo de los 6,74 puntos que daban en 2019. Eso sí, la nota varía mucho por autonomías. Es mucho más baja en Andalucía (5,37), Ceuta (5,39) Melilla (5,56), Canarias (5,77), Castilla la Mancha (5,99) y la Comunidad Valencia (5,99 sobre 10). Y dan la mejor nota a la sanidad pública de Cantabria (6,68 puntos), País Vasco (6,54), Castilla y León(6,40), Murcia (6,38), Rioja y Baleares (6,35 sobre 10).

Uno de los servicios peor valorado de la sanidad pública es la Atención Primaria, muy tensionada por el aumento de población (más envejecida) y la falta de recursos y sanitarios: la nota que dan los encuestados es 6,27 sobre 10 (era 7,13 en 2019). Y la queja más frecuente es la creciente espera para ser atendido por el médico de familia: 9,15 días de media, el doble que antes de la pandemia (4,7 días de espera en 2019). Una espera que es mucho mayor en Andalucía (11,16 días de media para ser atendido), Cataluña (10,59 días), Madrid (9,60 días) y Comunidad Valenciana (9,34 días), bajando a la mitad en País Vasco (4,91 días de espera media) y siendo baja en Asturias (5,45), Cantabria (5,90) y Ceuta (5,95 días).

La atención de los especialistas es el servicio peor valorado (5,74 sobre 10), debido a la enorme espera que supone conseguir una cita con el especialista (128,9 días, más de 4 meses de media). El ingreso y la atención en hospitales es mejor valorado (7,02 sobre 10), especialmente en Cantabria (7,64), Asturias (7,55), País Vasco (7,53) y Castilla y León (7,52), bajando la valoración de los hospitales en Ceuta (5,92), Melilla (6,18), Canarias (6,62) y Comunidad Valenciana (6,72 sobre 10). El servicio mejor valorado es el 061/112, con un 7,26 sobre 10, seguido de las urgencias hospitalarias, con una nota de 7,26 puntos, que sube en País Vasco y Cantabria (6,71 puntos) y baja en Ceuta (5,05%), con un tiempo medio de espera de 2,5 horas y Madrid liderando su uso: acude el 68,5% de la población, frente al 41% de españoles que acuden a las urgencias hospitalarias, una cifra altísima, consecuencia de los largos tiempos de espera en atención primaria y especialistas.

A pesar de estas valoraciones a la baja de todos los servicios, el 74,6% de los españoles indica que prefiere la sanidad pública para ingresos hospitalarios y casos complejos frente a la opción privada. Pero debido a las abultadas listas de espera, hay 12,8 millones de españoles que han contratado un seguro médico privado, aunque el  65,6% de ellos prefiere ser atendido en la sanidad pública si enfrenta un problema de salud importante, según el Barómetro Sanitario. Y el 74% de estos pacientes con seguro privado prefiere ir a las urgencias de los hospitales públicos si tiene un problema grave de salud.

La clave de esta valoración a la baja de la sanidad pública está en el creciente deterioro de los servicios, en especial la Atención Primaria y las consultas de los especialistas, lo que colapsa las urgencias y los hospitales. Un deterioro que tiene tres explicaciones básicas: hay más población en España (somos 49, 68 millones de habitantes, 9 millones más que en el año 2000 y 2,75 millones más que en 2019), somos una población más envejecida y con más enfermedades crónicas (el porcentaje de mayores de 65 años ha pasado del 16,5% en el año 2000 al 21,1% en 2026) y el gasto sanitario público es escaso y crece poco.

El gasto sanitario público en España fue de 101.739 millones de euros en 2024 (último dato publicado por Sanidad), un 6,4% del PIB. Y lo primero que llama la atención es que este gasto público sanitario es menor, en porcentaje de nuestra riqueza, del que gastábamos en 2020: 83.634 millones, el 7,4% del PIB. Lo que sí ha aumentado es el gasto sanitario privado, lo que gastan los españoles en seguros médicos, medicinas sin receta y consultas privadas (desde el dentista al oculista o el fisioterapeuta): suponía un 2,5% del PIB en 2024 (39.857 millones de euros). Tanto en el conjunto del gasto sanitario (8,9% del PIB) como en el gasto sanitario público, España está por debajo del gasto sanitario que se hace en la mayoría de Europa. Y además, el porcentaje de gasto público (el 74% del gasto total) es inferior al que hacen Alemania, Suecia o Noruega (el 86% del total).

Una peculiaridad de España respecto a muchos paises es que las autonomías gestionan la sanidad pública y son responsables del 93,6% del gasto sanitario, con enormes diferencias entre lo que gastan entre ellas. Así, en 2024, el gasto sanitario por habitante fue de 2.084 euros, pero había autonomías que gastaban mucho menos, según los datos de Sanidad: Andalucía (1.658 euros/habitante) y Madrid (1.779 euros) sobre todo, también la Comunidad Valenciana (1.867 euros), la Rioja (1.878) , Baleares (1.956) y Castilla la Mancha (1.957 euros/habitante). Y destacan por su mayor gasto el País Vasco (2.332 euros por habitante), Asturias (2.322, Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242 euros). Y si miramos los que gastan porcentualmente menos de su riqueza (PIB) en sanidad pública, Madrid lidera la lista (gasta el 4% de su PIB), junto a Baleares (5,4%),Cataluña y Navarra (gastan 5,5% PIB). Y los que hacen más esfuerzo en financiar su sanidad son Extremadura (gasta 8,9% PIB), Murcia (8%), Canarias (7,9%) y Asturias (7,8%).

Estas enormes diferencias en el gasto sanitario público por autonomías responden a tres factores, según un reciente estudio del Foro Económico de Galicia : diferencias en la estructura de población (tamaño, escala de población y más o menos envejecimiento), los recursos que destinan las autonomías (tras recibir las transferencias del Estado) y las preferencias políticas sobre el gasto de los gobiernos autonómicos. Y a su vez, también hay enormes diferencias en el destino del gasto sanitario, que cada año se dirige más a financiar los hospitales, las urgencias y sus medicamentos (62% del gasto) y menos a la atención primaria (se lleva el 28,8% del gasto público, pero la mitad se destina al pago de las recetas financiadas, con lo que se lleva realmente el 14,37%). Los expertos coinciden en que la Atención Primaria está “infra financiada”, que debería llevarse el 25% del presupuesto, la media recomendada. Y Madrid es la que menos gasta en atención primaria, el 10,9%.

El gasto sanitario es pues bajo en España, más en algunas autonomías (donde hay más protestas) que en otras, pero el déficit se va a agravar en los próximos años, porque va a seguir aumentando la población, que estará cada año más envejecida (los mayores de 65 años pasarán del 21,1% actual al 30% en 2050) y con más enfermedades crónicas, mientras aumentará además el gasto sanitario por las nuevas tecnologías y medicamentos. Así que si ahora tenemos un déficit  de financiación, personal y medios, iremos a peor.

Los expertos que denuncian la infra financiación de la sanidad resaltan otro problema: cada vez hay más fondos públicos que se destinan a la sanidad privada, en perjuicio de la pública. Según los datos de Sanidad, en 2024 se destinaron 10.143 millones a conciertos con la sanidad privada (el 9,96% del gasto sanitario total), una cifra que en 2020 eran 8.383 millones. La mayor parte de estos conciertos con dinero público los paga Cataluña (6.838 millones en 2024), seguida de Madrid (1.209 millones), Comunidad Valenciana (982 millones) y Andalucía (413 millones). Según un estudio de la Federación en Defensa Sanidad Pública (FADSP), las autonomías con mayor velocidad de privatización sanitaria son, por este orden, Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, siendo las menos “privatizadoras” Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra y Asturias.

Con todo este panorama sanitario, la FADSP, ha publicado un balance de la sanidad pública en 2025 donde destaca 5 puntos: aceleración de la asistencia hospitalaria y desmantelamiento de la Atención Primaria (sobre todo en Madrid y Andalucía), aumento de las listas de espera (con cifras que consideran cada vez más “maquilladas”), deficiente gobernanza (una gestión sin planificación a medio plazo y muy politizada), enfrentamientos dentro del sector sanitario (entre médicos y otros profesionales y el Ministerio), aumento de los problemas y escándalos (“cribados” en Andalucía o las denuncias en el hospital madrileño de Torrejón). Y destacan como señal del descontento, de profesionales sanitarios y pacientes, las numerosas protestas y movilizaciones de la “marea blanca” en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla y León, reflejo de una sanidad con múltiples problemas.

Lo preocupante ya no es sólo que la sanidad pública, “la joya del Estado del Bienestar”, ofrezca una atención muy mejorable y con enormes ineficacias sino que el gasto, la atención prestada y los servicios son muy desiguales por autonomías, desde los profesionales disponibles a las camas que se ofrecen o los tratamientos (la Asociación contra el cáncer ha denunciado muchas veces la desigualdad en los tratamientos y cribados por autonomías). La FADSP analiza un listado de 35 variables y da una nota a la sanidad de las 17 autonomías. En 2024, destacaba 4 autonomías con los mejores servicios sanitarios, por este orden: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). Tienen una sanidad “regular” Aragón, Cantabria y la Rioja (91 puntos cada una), Extremadura (90) y Galicia (82). Tienen una sanidad “deficiente” Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (79 puntos cada una). Y “la peor sanidad” se la adjudican a la Comunidad Valenciana (62 puntos), Andalucía (66), Baleares (77) y Murcia (78).

Cara al futuro, la clave para mejorar la sanidad es aumentar el gasto, en toda España y especialmente en las autonomías que menos gastan por habitante (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), según el informe del Foro Económico de Galicia. Lo que proponen los expertos es aumentar el gasto público del 6,4% sobre el PIB (2024) al 8% que gastan de media los paises europeos. Eso supondría gastar 27.000 millones más al año, que podría ser un objetivo de aquí a 2030.Un mayor gasto, mejor repartido, que debería destinarse a potenciar la Atención Primaria y a reforzar las plantillas sanitarias: el Ministerio de Sanidad estima que hacen falta 100.000 enfermeras más (para equipararnos con Europa) y 6.000 médicos adicionales, tres de cada cuatro para reforzar la Atención Primaria.

Pero además, una parte mayor del gasto sanitario debería dirigirse a prevención, porque es la inversión sanitaria más rentable. El estudio gallego señala, con simulaciones de la OCDE,  que si España redujera a los niveles de los mejores paises los principales factores de riesgo sanitario (obesidad, tabaquismo, dietas poco saludables y contaminación atmosférica), tendríamos un ahorro anual de 4.278 millones de dólares (3.733 millones de euros), además de evitarse 2.473 muertes anuales. El gasto en prevención ayudaría a reducir drásticamente el gasto sanitario en una década, pero para ello debe subir del mínimo 3% actual.

Más gasto, más sanitarios, más Atención Primaria y más prevención parecen las medidas urgentes para recomponer la sanidad pública, así como frenar la privatización de servicios. Pero no basta con eso: urge un profundo cambio en la gestión, desde las políticas de horarios e incompatibilidades hasta las incompatibilidades: no es de recibo que los quirófanos y maquinas sofisticadas estén paralizados muchas horas del día ni que se tarde meses en acudir a una consulta del pediatra público porque tiene consulta privada… Hay que sentarse y pactar una organización más eficiente de los medios y el personal de la sanidad pública, para optimizar recursos antes de aumentar medios y personal, que también hace falta. Y además, hay que homogeneizar la atención sanitaria y los tratamientos, con un catálogo mínimo en toda España, lo que exige una coordinación Sanidad-autonomías que no existe.

En resumen, la sanidad pública ha protagonizado los últimos meses múltiples protestas en media España que son sólo un síntoma de un sistema que funciona peor, con pocos medios y demandas crecientes, que disparan las listas de espera y la desatención, en beneficio de los seguros médicos y la sanidad privada. Pero los españoles apuestan por la sanidad pública y piden en las protestas que se refuerce con más medios y más gasto. Algo que sólo es posible con dos medidas: un pacto para articular una nueva financiación autonómica (con más transferencias a las autonomías con más población mayor y dispersa) y un pacto sanitario para aumentar el gasto y distribuirlo mejor entre autonomías. Hoy por hoy, los dos pactos políticos parecen imposibles. Así que nuestra sanidad pública irá a peor.

Más dinero para impulsar la Dependencia

Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503 dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación (muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera  y mejorar ayudas y servicios. Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda.

                              Enrique Ortega

Este 2026 se cumplen 20 años de aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007 para garantizar ayudas y servicios a los dependientes, en su mayoría mayores. Es la 4ª pata del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), pero ha resultado una “pata coja”: ha atendido a 4 millones de personas dependientes, pero otro millón más de dependientes se han muerto sin recibir ninguna ayuda, por una falta de financiación y un exceso de burocracia, que mantiene unas altísimas listas de espera: a finales de mayo, 265.503 dependientes estaban “desatendidos” (+7.293 más que a finales de 2025), a la espera de ser valorados (110.108) o de recibir una ayuda o servicio que tienen legalmente reconocido (otros 155.352 dependientes “en el limbo”). Y este año, hasta mayo, 13.503 de estos dependientes han fallecido esperando…

Los problemas de la Dependencia tienen su origen  en la escasa financiación con que nació la Ley y su falta de recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho” (ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para reforzar la Dependencia (+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto estatal de 1.347 millones en 2018 a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los mayores dependientes.

En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734 millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758 millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976 millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos (sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado atender a los dependientes con tres “trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender” a más con poco.

La primera medida o “truco” es implantar unos trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110 días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.

Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”: retrasar la concesión efectiva de esas ayudas a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen más de 80 años, muchos se mueren antes.

El tercer “truco” de las autonomías para atender con recursos escasos a más dependientes es buscar ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785 dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares del dependiente (4 de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”, con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día (ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros, de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el “copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una ayuda  para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los dependientes) son los Centros de día y noche, costosos y escasos.

Como se ve, las ayudas son escasas y además son incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos (copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las familias en la sanidad y la educación.

Ante este panorama (escasa financiación, listas de espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para “hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron 11 autonomías en 2021, 9 en 2022 y 6 en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre autonomías. Así, la inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España, pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía (7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900). Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384 euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684), Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y  la Rioja (10.282 euros).

Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan de choque para gastar  6.200 millones más en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513 millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia en 2027, como pedían las autonomías.

El Plan de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el 1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno es aumentar “el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes dependientes”), la ayuda actual  subirá de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia severa”), la ayuda  pasará de los 130 euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.

Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021, cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el “nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19 millones en 2024,2025 y 2026, la misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de este “nivel acordado”: es lo que les pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).

La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a medias) es el “nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una prioridad, como puede verse en su inversión en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco (479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias (366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178 euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid (251) y Aragón (255).

El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en la Dependencia tiene 3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además de ser una exigencia social, el Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas (cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.

Los Directores de Servicios Sociales creen que la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios: procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus familias”.

Al final, la Dependencia nos afecta a todos, porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en 2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.

Lecciones tras la última crisis energética

Tras la firma del Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán, el mundo espera que bajen los precios del petróleo, gas y carburantes, que han costado millones a los consumidores. Pero no será rápido: falta desminar Ormuz, restablecer el tráfico marítimo y reparar las instalaciones dañadas, más reponer las reservas de crudo. Los expertos creen que el mercado energético no se normalizará hasta fin de año, aunque en 2027 podría haber exceso de crudo y menores  precios. A España le ha afectado menos esta crisis que a otros paises, gracias al aumento de las renovables, que han permitido tener la luz a la mitad de precio que en Europa. Pero seguimos con un problema grave: el 68,4% de la energía consumida viene de fuera, somos los más dependientes de Europa (58,4%). Por eso, urge electrificar la economía, “huir del petróleo” en vehículos (electrificarlos), viviendas (calefacción por bombas de calor), industrias y transportes (aviación, barcos y trenes). Sólo así seremos más independientes frente a la próxima crisis energética (que llegará, seguro).

                     Los precios de los carburantes seguirán altos hasta fin de año y podrían bajar en 2027

El principio de Acuerdo firmado el miércoles entre EEUU e Irán pone un final provisional a la última crisis energética, que estalló el 28 de febrero, con los ataques de EEUU e Israel a Irán, disparando los precios del petróleo brent de 72,48 dólares/barril  (27 febrero) a 118,35 dólares (31 marzo), para bajar algo en abril (108,23 el día 27), mantenerse en mayo (107,77 el día 12) y bajar en junio (78,48 dólares/barril el 18 de junio, tras el pre-Acuerdo, aunque repuntó por encima de los 80 dólares el viernes, tras los nuevos ataques israelíes al Líbano. Pero los expertos insisten en que la crisis no se resolverá en unos días, que la normalidad en los mercados energéticos tardará tiempo: hay que “desminar” el estrecho de Ormuz, hay que agilizar el tapón de buques en la zona y agilizar el tráfico marítimo y hay que reparar las instalaciones energéticas dañadas en Irán y los paises del Golfo (el 80% afectadas). Y además, los paises más afectados por esta crisis (China, India, Japón y el sudeste asiático) tienen que reponer sus reservas, que están al mínimo, como también las europeas.

Todo este proceso de “normalización” puede durar entre 4 y 5 meses, según ha alertado la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que precisa que habrá déficit de petróleo en lo que queda de año (más demanda para cubrir reservas y el mayor gasto en verano, mientras la producción crecerá a menor ritmo), con lo que auguran precios altos (sobre los 75 dólares barril) hasta fin de año. Después, la AIE confía en que haya un superávit de petróleo en 2027, lo que podría hacer bajar los precios, entre 65 y 70 dólares el año que viene. Pero claro, estas previsiones saltarían por los aires si el conflicto con Irán se reproduce, si EEUU e Irán no llegan a un alto el fuego definitivo en estos 60 días que se han dado para negociar los aspectos más complejos de un acuerdo de paz definitivo, con Israel complicándolo.

Mientras parece que ha pasado lo peor de esta crisis energética (la 5ª de las últimas décadas, tras las crisis de 1973,1979, 2000-2008 y la de 2022-2023), es un buen momento para sacar lecciones y enseñanzas para el futuro. En el caso de Europa, esta crisis ha sido menos dañina que la crisis energética que sufrimos tras la invasión de Ucrania (24 febrero 2022), porque entonces Europa dependía en exceso del petróleo y sobre todo del gas, que disparó su precio mucho más que ahora : pasó de 74 euros/MWH el día 22 a 107 euros el 24 y 337 euros en agosto de 2022, mientras ahora ha subido sólo de 30,6 euros/MWh en enero a 67,50 euros en mayo 2026. Y además, la mayor parte de los paises tomaron medidas y aprobaron ayudas (en España, la “excepción ibérica”, poniendo un tope al precio del gas que salvó el recibo de la luz). Además, aquella crisis energética duró casi dos años, mientras que el conflicto de Oriente Medio ha durado menos de 4 meses.

España ha sido uno de los paises europeos menos afectados por esta 5ª crisis energética, por varias razones. La primera, que sólo el 10% de todo el petróleo que importamos procede del Golfo Pérsico (Arabia Saudí e Irak) y el 2% del gas importado (de Catar), lo que ha limitado el impacto directo en el aprovisionamiento, aunque no el impacto de las subidas globales (petróleo, gas y carburantes)  y la incertidumbre del mercado. Otro factor que nos ha ayudado es que ha mejorado la “eficiencia energética” de la economía española: ahora consumimos un tercio menos de energía para producir que hace 20 años (100 de intensidad energética frente a 150 en 2014, según CaixaBank Research). Eso nos hace más competitivos y reduce los costes energéticos, junto al ahorro energético, a las menores compras hechas al inicio de 2026, por temor al estallido del conflicto. La consecuencia ha sido muy evidente: en el primer trimestre de 2026, España ha reducido un -22,5% su déficit energético, el recibo por las compra-ventas de petróleo, gas y carbón importado: 7.377 millones pagados (enero-marzo 2026), frente a los 9.529 millones pagados en el primer trimestre de 2025, según Comercio.

Pero la mayor ayuda frente a esta crisis energética la ha tenido España con las renovables. El creciente peso de las energías renovables (eólica, solar, hidráulica) en la generación de electricidad (han aportado el 60,3% de la electricidad producida de enero a mayo, frente al 42,8% que aportaron en 2022) ha permitido contener el precio mayorista de la electricidad y con ello, el precio final del recibo. Así, el precio mayorista de la electricidad fue de 41,77 euros/MWh en marzo, 42,44 euros en abril y 54,23 euros en marzo, frente a 71,67 euros en enero y 16,41 euros/MWh en febrero. Y lo más importante, España ha conseguido producir una electricidad de las más baratas de Europa: ese precio mayorista de 54,23 euros/MWh en mayo era similar al de Francia (52,2 euros, por su elevado parque nuclear), casi la mitad del precio de Alemania (98,29 euros/MWh) y menos que la mitad de Italia (119,51 euros/MWh). Y lo mismo pasaba el jueves 18 de junio: España tenía un precio mayorista de 94,90 euros/MWh, frente a 98,32 euros Francia, 117,63 euros Alemania y 132,22 euros/MWh Italia… 

Veamos en detalle por qué pasa esto, comparándonos con Alemania. En mayo, ellos tenían un 65% de la electricidad renovable frente al 60,5% de España (aunque parezca mentira, Alemania apostó antes por el sol, el aire y el agua). Pero produjeron un 34,1% de la electricidad con gas y carbón, mientras en España estas energías fósiles sólo generaron un 18,8% de la electricidad (gracias también al 17,1% nuclear, energía que no aporta nada en Alemania). Resultado: como el gas casi duplicó su precio (de 31 euros/MWh en febrero a 50 en mayo), la generación de electricidad costó casi el doble en Alemania que en España.

La apuesta española por las renovables (que han pasado de generar el 47,2% de la electricidad en 2021 al 60,3% este año) ha servido para proteger a los consumidores (particulares y empresas), que hemos pagado de media 10 euros menos al mes en nuestro recibo de lo que hubiéramos pagado en esta crisis sin tantas renovables, según un estudio de la consultora Ember. Y eso que desde el apagón (abril 2025), los usuarios pagamos un extra en la factura para que REE mantenga disponibles centrales de gas e hidroeléctrica, lo que supone un coste adicional en el recibo de unos 5,5 euros mensuales, según el grupo ASE.

A pesar de estas ventajas ante la última crisis energética, España tiene un gran punto débil, su enorme dependencia energética frente al exterior: importamos casi el 70% de toda la energía que consumimos, todo el petróleo (50% de la energía consumida) y todo el gas (19%) y carbón (1%), mientras las renovables (autoabastecimiento) suponen sólo el 19,5% de la energía total que consumimos y la nuclear otro 10,5% (autoabastecimiento a medias, porque el uranio y el combustible enriquecido se importan). Una dependencia energética de España (68,4% en 2024) muy superior a la media europea (UE-27 importa el 58,4% de la energía que consume), siendo el 63,7% en Alemania, el 44,4% en Francia y el 73,4% en Italia.

Esta alta dependencia de España de los combustibles fósiles (petróleo y gas, básicamente) se debe a que los principales sectores económicos están “enganchados” a los hidrocarburos, lo que les hace muy vulnerables cuando hay una crisis energética y se disparan los precios. Es cierto que España lidera la producción de electricidad renovable, pero está muy retrasada en la sustitución de hidrocarburos por energías limpias. Por ejemplo, en la movilidad y el transporte, donde seguimos dependiendo del petróleo: el 90,3% de los vehículos que circulan por España son diesel (18,4 millones, el 58,9% del total) o de gasolina (10,5 millones, el 33,8% del parque) y sólo el 21,4% de los coches que se venden son electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). En las viviendas, donde el 95% de los hogares tienen calefacción de gasoil o gas (sólo el 5% tienen bombas de calor, con electricidad). En las industrias, donde el 75% utilizan todavía fuel o gas. Y en el transporte ferroviario (sólo el 65% de la red está electrificada) aéreo o marítimo, donde apenas han penetrado los combustibles alternativos.

Así que el gran reto de España (y de Europa) es “huir” de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y “electrificar la economía, generando electricidad con energías renovables que son 100% nacionales y aseguran la autosuficiencia energética. En Europa, sólo el 23% de las necesidades energéticas se abastecen con electricidad, según Eurostat, y en España ese porcentaje es del 24%, con lo que queda mucho por hacer. Un ejemplo de lo que se puede conseguir lo ofrece Noruega: el 47% del consumo final de energía lo aporta la electricidad, desde los coches eléctricos (98% de todos los que se venden) a su uso en la industria, las viviendas o los transportes. Y además, el 98% de esa electricidad que se consume en Noruega procede de fuentes renovables (allí, principalmente, plantas hidroeléctricas). Si España igualase a Noruega en esta electrificación, algunos estudios calculan que podríamos ahorrar un tercio de las importaciones anuales de petróleo y gas (nos gastamos 40.000 millones de euros en 2025…).

Por todo ello, la gran enseñanza de esta nueva crisis energética es que Europa y España deben acelerar la electrificación de las economías, con incentivos a los conductores, las viviendas, las industrias y los transportes para que “huyan” del petróleo y se pasen a consumir electricidad (en redes o baterías). Y no sólo para no depender tanto del petróleo y del gas, que se produce en el extranjero (en paises en muchos casos “conflictivos”),  para verse menos afectados por las crisis energéticas, sino también para lograr una mayor autonomía energética y lograr importantes ahorros de divisas en importar menos energía. Unos ahorros que justifican los incentivos y ayudas públicas a conductores, viviendas, empresas y transportes para ayudarles a “huir” de los combustibles fósiles.

Eso debería obligar a España y al resto de paises europeos a invertir más en energías renovables, en baterías para almacenar esta energía y en fortalecer las redes eléctricas, para que puedan hacer frente a la mayor “electrificación” de la economía sin apagones… Todos estos son los objetivos del Plan del Clima PINIEC 2023-2030, cuyo propósito es “electrificar” un 35% de la economía para 2030 (ahora es el 24%) y que el 81 % de esa electricidad se genere con fuentes renovables (hoy es el 60,3%). Ahora, tras esta nueva crisis energética por la guerra en Irán, el Gobierno Sánchez está pensando en acelerar aún más esa electrificación de la economía, con más ayudas para vehículos, viviendas, industrias y transportes.

En paralelo, la Comisión Europea presentará hoy (22 de junio) un paquete de medidas para acelerar el abandono del petróleo, el gas y el carbón en Europa, con un Plan de acción para fomentar la electrificación de las economías europeas. La principal medida que propone Bruselas a los paises es reducir los impuestos que paga la electricidad, hoy muy elevados (hasta el 51% de la factura media de los hogares europeos son impuestos y cargos fijados por los Gobiernos, lo mismo que el 37% de la factura eléctrica de las empresas), para que sean muy inferiores a los impuestos y tasas que pagan los combustibles fósiles. Esto debería llevar, por ejemplo, a bajar los impuestos a la luz (21% de IVA y 5,15% del impuesto especial de la electricidad, más otro impuesto del 7% a la producción que acaban pagando los consumidores) y subir los impuestos al gasóleo y la gasolina, medidas impopulares reiteradamente exigidas por Bruselas y que Podemos, el PP y Vox han vetado en el Congreso…

En resumen, que estamos a la espera de si el Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán se convierte en 60 días en una verdadero acuerdo de paz, mientras los mercados energéticos intentan normalizarse, un proceso que durará meses (eso si no vuelven las hostilidades). Pero deberíamos aprovechar esta nueva crisis energética para que España (y Europa) reduzcan su elevada dependencia energética del exterior, para que la próxima crisis (que llegará) nos dañe menos, a los consumidores y a la economía. Y eso obliga a acelerar la electrificación de las economías, a huir del petróleo y el gas y sustituirlo por electricidad renovable en los vehículos, las calefacciones, las industrias y los transportes. Una verdadera reconversión energética que nos haga más autosuficientes y menos vulnerables ante futuras crisis energéticas. Aprendamos de una vez.

El curso escolar acaba con protestas

Este viernes acaba el curso escolar en colegios e institutos, tras multiplicarse en los últimos meses las protestas de profesores en media España, desde Cataluña y la Comunidad Valenciana a Aragón y Madrid. Los docentes piden cosas para ellos (menos precariedad laboral, menos horas y más sueldos), pero sobre todo piden más medios y recursos para enseñar mejor: menos alumnos por clase, más clases y profesores de refuerzo para alumnos con problemas, menos horas lectivas y menos tareas burocráticas para mejorar su salud mental. Y reducir el desvío de fondos públicos a la enseñanza concertada, que concentra a casi  la mitad de los alumnos en el País Vasco y Madrid. Además, piden más financiación para la enseñanza pública, que gasta menos por alumno que en Europa y donde hay grandes diferencias de gasto por autonomías: 1.608 euros/alumno en País Vasco frente a 910 euros en Madrid. Son problemas que se traducen en una peor calidad de la enseñanza y que podrían llevar a una huelga de profesores en septiembre en toda España.

                  Protestas de profesores en media España y amenaza huelga en septiembre

En los últimos meses han estallado múltiples protestas de profesores en media España, tras años de problemas educativos enquistados y que ahora afloran. En Cataluña hubo una primera huelga de docentes el 11 de febrero, a la que han seguido 23 jornadas de protestas, que se cerraron el 14 de junio con una masiva manifestación de profesores, alumnos y familias, mientras la mayoría de docentes rechazaba un acuerdo firmado por varios sindicatos y la Generalitat para subir los sueldos 400 euros al mes en 4 años e incorporar 6.400 docentes, mejoras consideradas “insuficientes”. También han sido masivas las protestas de docentes en la Comunidad Valenciana, desde el 11 de mayo, con casi un mes de huelga y múltiples manifestaciones, con otro desacuerdo ante las mejoras que propone la Generalitat. También en Aragón se produjeron 2 huelgas de profesores (enero y mayo) más múltiples concentraciones y protestas, que se han producido también en Madrid, el epicentro de una huelga estatal de educadoras de educación infantil (0-3 años) que continúa desde abril.

¿Qué piden los profesores con estas huelgas y protestas? Básicamente, tienen dos grupos de reivindicaciones. Unas, relacionadas con ellos, con mejoras laborales y profesionales: contratos menos precarios, mejores sueldos y menos horas de trabajo efectivo, que en muchos casos les suponen problemas de ansiedad y mentales. Y otras, relacionadas con mejorar su trabajo en colegios e institutos: menos alumnos por clase (ratios), mejora de infraestructuras y aulas, más clases de refuerzo, más profesores de apoyo, menos burocracia y trabajo administrativo (exceso de informes y registros digitales). Y como telón de fondo, una mayor financiación para la enseñanza pública y dejar de desviar recursos públicos a la enseñanza concertada, que no deja de crecer a costa de la pública. Veámoslo.

Los profesores que trabajan en colegios e institutos eran 850.880 el curso 2024-25 (últimos datos de Educación), casi las tres cuartas partes en centros públicos (624.368 docentes), los que tienen más problemas laborales, aunque también empeora la situación de los casi 200.000 docentes que trabajan en la enseñanza concertada. El principal problema de los docentes públicos es su precariedad: el 31% tienen un contrato temporal y muchos ven como les despiden ahora en junio para volver a contratarlos en septiembre. Junto a esta inestabilidad laboral, que se une a muchos cambios de centros, están sus bajos salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros…

Al margen de sus problemas laborales, la principal queja de los profesores es el exceso de alumnos por clase, que les impide hacer bien su trabajo y les crea problemas de ansiedad y mentales. Actualmente, la ratio en Primaria es de 25 alumnos, en Secundaria de 30 y en Bachillerato y FP de más de 35 alumnos por clase, una ratio superior a las que tienen los docentes europeos y que además varía por autonomías. El 21 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley para bajar las ratios, de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria. Pero el proyecto estaba parado en el Congreso, porque Junts y el PNV presentaron una enmienda a la totalidad, aunque hoy 18 de junio se ha decidido que el proyecto siga debatiéndose, también con los votos favorables de PP y Vox. El objetivo de la medida es ir aplicando progresivamente las nuevas ratios, curso a curso, para alcanzar el objetivo en el curso 2031-32. Una medida que está en el aire y que tiene un coste de 28.180 millones en 10 años, para contratar más profesores y construir más aulas.

Otra queja de los profesores es que, con las ratios actuales, no pueden atender como necesitan a los alumnos retrasados o que tienen necesidades especiales, lo que obliga a “dejarles a su ritmo” y acabar perdiéndolos o a bajar el ritmo de toda la clase. Estos alumnos con más necesidades han crecido sobre todo en los colegios públicos, que son los que tienen más alumnos de familias vulnerables y más alumnos inmigrantes, dos tipos de alumnos que la enseñanza concertada “evita”. El problema es que estos alumnos (sobre todo los extranjeros) se concentran más en determinadas provincias de España y en los colegios públicos. Así, el mayor porcentaje de alumnos extranjeros (1.066.875 en toda España en colegios e institutos, el 12,2% del alumnado) se concentran en los centros públicos (17,3% en Primaria, frente al 11,7% en centros concertados y privados, 15,1% en la ESO) y sobre todo en 7 provincias: Alicante (29% de alumnos extranjeros de Primaria en la pública y 16,2% en los concertados), Lleida (27%), la Rioja (26,4%), Castellón (26,1%), Murcia (24,8% en los centros públicos y 8,3% en los privados), Girona (24,7%) y Teruel (24,6%).

Los docentes reiteran que estos alumnos “con más necesidades educativas” (unos porque proceden de familias desestructuradas o vulnerables, otros porque son inmigrantes y en muchos casos tienen la barrera del idioma) necesitan una atención especial, con “aulas de acogida” al principio y clases y profesores de refuerzo, que la mayoría de los centros no pueden ofrecer, lo que agrava “la impotencia” de los profesores. Y aún con pocos alumnos con necesidades especiales, el número de alumnos en cualquier clase es excesivo y dificulta seguir los programas y cumplir objetivos. Y además, obliga a los profesores a ampliar su jornada lectiva (ahora 23 horas lectivas en colegios y 18 horas en institutos), en la que dedican muchas horas a tareas burocráticas y no docentes.

Al final, todas las protestas de profesores inciden en el meollo del problema educativo: faltan medios, recursos y profesores porque hay poca financiación, menos que en la mayoría de los paises occidentales. En 2024, el gasto público en Educación fue de 71.348 millones de euros, el 4,48% del PIB, de los que 50.920 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria (infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y FP), el 3,19% del PIB español. Un porcentaje del gasto que es algo inferior al gasto en enseñanza universitaria en la OCDE (3,3% del PIB) y algo superior a la media UE-15 (gastan 3% PIB), aunque es inferior al gasto en Francia (3,7%), Reino Unido (4%) o EEUU (3,5% PIB ) y algo superior a Alemania (3,1% PIB). Al concretar este gasto no universitario por alumno, España gastó 10.924 dólares, frente a 11.905 dólares la UE-15, 12.438 dólares la OCDE, 14.503 dólares Alemania, 12.321 dólares Francia y 12.666 dólares por alumno en Italia, según los últimos datos de la OCDE.

Otro problema, junto al menor gasto, es que la gran mayoría del gasto educativo en colegios e institutos lo gestionan las autonomías (les correspondió el 84,3% del gasto en 2024) y hay una enorme disparidad de gasto educativo por regiones. Si la media de este gasto no universitario fue de 1.126 euros por alumno en 2024, hay 10 regiones que gastaron más, encabezadas por País Vasco (1.608 euros/alumno), Navarra (1.492), Extremadura y Murcia (1.264), según el ranking de los Directores de Servicios Sociales. Y otras 7 autonomías gastan mucho menos en educación: Madrid, el farolillo rojo (gasta 910 euros/alumno no universitario), Asturias (1.034), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069), Castilla la Mancha (1.076) y Baleares (1.109 euros/alumno).

Además de la falta de financiación, otro problema del que se quejan los profesores es que muchas autonomías (básicamente las gestionadas por el PP) llevan años desviando recursos públicos (no sólo dinero, también solares) a la educación concertada, en perjuicio de la pública. Son los famosos “conciertos”, el dinero público que se transfiere cada año a los centros privados, básicamente los concertados, para que acojan alumnos que no tienen ya hueco en la escuela pública (donde apenas se ha invertido las últimas décadas). El gasto en conciertos ha pasado de 5.768 millones en 2014 a 8.342 millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas autonomías que los apoyan más. Así, los 8.348.000 alumnos matriculados en infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el 66,9% acuden a centros públicos, pero un 24,4% acuden ya a centros concertados y un 8,8% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid (46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).

Mientras falta financiación para mejorar la enseñanza pública, las familias gastan más en la educación de sus hijos cada año, aunque sea oficialmente “gratuita” de los 6 a los 16 años (Primaria y ESO). El gasto familiar en educación se ha duplicado en los últimos 12 años, pasando de 13.217 millones en el cursos 2011-2012 a 27.806 millones en el curso 2023-24, según los últimos datos del INE. Y la cuarta parte de este gasto familiar, 6.115 millones anuales, se gasta en los hijos que estudian Primaria y Eso, los ciclos “gratuitos”. La estimación es que entre 5 y 9 años, las familias gastan 1.964 euros anuales por estudiante, que suben a 2.414 euros anuales entre 15 y 19 años. Un gasto que se va en actividades extraescolares, servicios complementarios (comedores, transporte y residencia), libros y uniformes y actos extraescolares fuera del centro. Eso sin contar el gasto creciente en academias y profesores particulares, que se ha disparado y alcanza otros 4.052 millones anuales.

Todos estos problemas estructurales de la educación (profesores con contratos precarios, bajos sueldos y “superados” por el trabajo, falta de medios y profesores para el refuerzo de alumnos, infraestructuras obsoletas con calor, frío y cortes de luz, falta de financiación y enorme disparidad de gasto por autonomías más un creciente gasto de las familias en la educación de sus hijos…) conducen a unos resultados educativos preocupantes, que les “duelen” especialmente a los profesores. Lo dejan claro los estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el abandono escolar temprano, el alto porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar el Bachillerato o la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la UE-25. Y el tercero, el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.

Y hay otro problema de nuestra educación más preocupante: cada vez hay más distancia educativa entre los alumnos de bajo nivel social y los de clase media y alta. Así, los 120.000 adolescentes de 15 años que viven en hogares más acomodados llevan hasta 4 años de ventaja en matemáticas a los 120.000 adolescentes de esa edad que viven en familias desfavorecidas, según refleja el último informe PISA. Eso confirma lo que señalan muchos expertos: cada vez hay más distancia entre la formación de los alumnos de familias medias y altas, que les ayudan y exigen más, gastan lo que haga falta en clases particulares y tienen más recursos para orientar su futuro. Eso viene a decir que la educación deja de ser “el ascensor social” y que los hijos de las familias más vulnerables salen peor formados y tendrán un peor futuro, básicamente porque la escuela actual  no corrige las desigualdades. 

¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en centros públicos. Pero no se trata sólo de gastar más sino de gastar “de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan, con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y su formación (con esa buena idea del MIR educativo, para los profesores que empiezan). Y reforzando los centros públicos, desde las infraestructuras a los equipos, con personal técnico y gestor que quite tareas no docentes a los profesores. Y con una mayor autonomía de los equipos docentes, a cambio de cumplir objetivos auditables.

Pero sobre todo, lo que piden a gritos nuestros colegios e institutos es que se abra un debate público sobre sus problemas y necesidades, que las autoridades educativas autonómicas colaboren con el Ministerio, los profesores y las asociaciones de padres para alcanzar un verdadero Pacto educativo, donde se acuerde una financiación suficiente y medidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, hoy con grandes necesidades sin cubrir. Pero no parece que estemos en ese camino de acuerdo y negociación, como demuestran el rosario de huelgas, manifestaciones y huelgas de estos meses. Tenemos la educación, sobre todo la pública, a punto de estallar, con una amenaza de huelga en toda España en septiembre. Hay que tomárselo en serio, sentarse y acordar soluciones para mejorar y homogeneizar la calidad de la enseñanza en España, para conseguir que la educación de nuestros hijos y nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos jugamos el futuro.

España: más millonarios y más pobres

Los dos datos juntos impresionan: en 2025 había en España 13.500 millonarios más (259.700 personas) y 59.000 “pobres” más (12,6 millones de personas). Crecemos mucho pero al repartir el pastel crece la desigualdad, aumentan los más ricos y los más pobres. Las transferencias y políticas sociales han frenado la pobreza, pero España no consigue que baje del 25% desde hace 15 años. Y somos líderes en Europa en pobreza infantil. Además, se espera tener más pobres en 2028. Tenemos dos problemas. Uno, que gastamos menos en protección social. Y el otro, que las políticas sociales son poco eficaces , porque benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, según alertan la OCDE y la Comisión Europea. Por eso, hay que gastar más y mejor contra la pobreza, centrándose en la vivienda y en los colectivos más vulnerables: madres solas y familias con niños, inmigrantes y discapacitados. Urge repartir mejor el crecimiento, porque una cuarta parte de españoles no lo notan.

                               Enrique Ortega

A pesar de las guerras y la incertidumbre, las economías crecen y los más ricos ganan más, con la Bolsa, los dividendos y la tecnología. En 2025 aumentaron los millonarios en el mundo (los que tienen un patrimonio que supera el millón de dólares, los 860.000 euros): fueron 25,3 millones de personas (el 0,003% de la población mundial), 2 millones más que en 2024 (+8,7%), que acumulan una riqueza conjunta de 98,3 billones de dólares (84,6 billones de euros), el 86% del PIB mundial, según el reciente Informe sobre la riqueza mundial elaborado por Capgemini. La mayor concentración de millonarios se da en EEUU (8,7 millones en 2025, +9,2% que en 2024), Asia-Pacífico (8,3 millones,+9,4% : 4 millones de millonarios en Japón y 1,6 millones en China) y Europa (6,1 millones de millonarios, +6,5%), mientras crecen poco en Latinoamérica (600.000 millonarios, +0,3%) y África (200.000 millonarios,+4,1%), bajando en Oriente Medio (900.000, -1,4%).

España alcanzó en 2025 los 259.700 millonarios (más de 1 millón de dólares de patrimonio, unos 860.000 euros), 13.500 más que en 2024 (+5,3%), que acumulaban una riqueza de 672.000 millones de euros (+6,7%), el 40% del PIB español. Con ello, ocupamos el puesto 14º en el ranking de los 25 paises con más “millonarios” (subimos un puesto en 2025). La causa principal de este aumento de millonarios en España, como en otros paises, ha sido la fuerte subida de la Bolsa (el IBEX-35 aumentó un +49,27% en 2025), el fuerte ingreso por dividendos (41.503 millones cobrados en 2025, el doble que en 2021), los fuertes beneficios de empresas y bancos ( por mejora de ventas y márgenes empresariales) y el fuerte tirón de los activos inmobiliarios, con importantes plusvalías y subida de alquileres, factores a los que se une el fuerte crecimiento de la economía española y la moderación de la inflación.

Mientras Capgemini publicaba estos datos sobre los millonarios, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) presentaba en el Congreso su XVI Informe sobre la pobreza en España, alertando sobre un grave problema del que poco se habla: en España hay 12.609.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 25,7% de la población total, según la tasa europea AROPE, que mide el porcentaje de europeos que sufren una de estas tres situaciones: pobreza monetaria (ingresan menos del 60% de la renta media de cada país), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos imprevistos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada, entre otras) o tener un bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). En la UE-27 había 92,7 millones de europeos que sufrían uno o varios de estos 3 problemas en 2025, que están “en riesgo de pobreza”, el 20,9% de la población. España ocupa el 5º lugar en el ranking europeo de pobreza (25.7% población), sólo por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%), más que Italia (22,6%), Alemania (21,2%) o Francia (20,8%).

La tasa AROPE de pobreza en España lleva 15 años sin bajar del 25% de la población: ha pasado del 28,7% en 2015 al 26,2% en 2019, el 27,8% en 2021, el 25,8% en 2024 y el 25,7% en 2025. Es una décima menos, pero como ha aumentado la población, había 59.000 habitantes más en riesgo de pobreza en 2025 (12.609.000) que en 2024. Y tampoco estamos cumpliendo la Agenda 2030, que pretendía bajar esta tasa AROPE  al 14,30% a finales de esta década: para cumplirlo, deberíamos tener una tasa del 19,1% en 2025 (y tenemos el 25,7%). Eso significa, según EAPN, que España tiene ahora 3,2 millones más de “pobres” de los que deberíamos para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.

La tasa de pobreza global AROPE (25,7%) se concentra en una serie de colectivos: parados (tasa pobreza 55,4%), inmigrantes extracomunitarios (53,5%), madres solas con niños (50,6% pobreza), los que viven en alquiler (43,6% “pobres”, frente al 19,5% con vivienda en propiedad), inactivos (37,4%), menores 18 años (33,8% pobres: España es el país europeo con más pobreza infantil AROPE, según Eurostat), familias con niños (27,4% pobres) y mujeres (26,8% pobres, frente al 24,5% los hombres). Y por autonomías, destaca la altísima tasa de pobreza AROPE en Melilla (43,7%) y Ceuta (40,8%), seguidas por 6 regiones del sur:  Andalucía (34,7% población en riesgo de pobreza), Castilla la Mancha (34%), Murcia (32,5%), Canarias (31,2%), Comunidad Valenciana (30,7%) y Extremadura (30,4%).

Dentro de los tres componentes de la tasa de pobreza AROPE (renta monetaria, carencia material y bajo empleo), el más importante es la pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60% de la mediana del país: en 2025, los solteros que ganaran menos de 12.220 euros anuales (872,85 euros en 14 pagas) y las familias con dos hijos que ganen menos de 25.662,84 euros anuales (1.833 euros en 14 pagas). Dados los bajos sueldos, la tasa de pobreza monetaria es muy elevada: afecta al 19,5% de la población, a 9.566.000 personas en 2025, según Eurostat. Ha bajado 2 décimas (19,7% en 2024), pero como hay más población, tenemos 1.000 pobres monetarios más que en 2024). Y aunque tenemos 709.000 pobres monetarios menos que en 2015, esta tasa de pobreza debería haber bajado mucho más (al 14,8% en 2025), por lo que incumplimos objetivos Agenda 2030.

España es también el 5º país europeo con más pobreza monetaria (19,5% población), sólo por detrás de Lituania (22,6%), Letonia (22%), Bulgaria (21,2%) y Grecia (19,6%), por encima de la media UE-27 (16,3% población en pobreza monetaria, que afecta a 72,29 millones de europeos) y de Italia (18,6%), Francia (16,6%) o Alemania (16,1%). Y destacamos sobre todo en la pobreza infantil, donde España es líder europeo: un 28,4% de los menores de 18 años (2,2 millones de niños y adolescentes) viven en hogares “pobres” (que ingresan menos del 60% de la media), por delante de Bulgaria (27% de pobreza infantil), Rumanía (23,6%), Italia (23,2%), Francia (22,8%) y de la media de la UE (19,6%), según Eurostat.

La pobreza monetaria (ese 19,5% de población que ingresa menos del 60% de la media) se concentra no sólo entre las familias con menores (28,4%), también entre las madres solas con niños (43,4% son “pobres”), los inmigrantes extracomunitarios (44,5% pobres) , los parados (38,7% son pobres) y también los que trabajan (el 11,6%, 2,5 millones de trabajadores son “pobres”), los que viven de alquiler (el 32,6% son pobres monetarios, frente a sólo el 14,5% de los que viven en propiedad) y los que tienen un bajo nivel de estudios (el 27,3% de los que sólo tienen primaria y un 23,3% de los que tienen 1ª fase secundaria). Y por autonomías, la mayor “pobreza monetaria” la tienen otra vez las regiones del sur: Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunidad Valenciana (26%), Castilla la Mancha (25,9%), Canarias (22,9%) y Castilla y León (19,8%).

Dentro de los que están en pobreza monetaria, 2 de cada 5 están aún peor, en “pobreza extrema”: son los que ingresan menos del 40% de la media del país (679 euros al mes en 12 pagas los solteros y 1.426 euros mensuales las familias con dos hijos), un 8% de la población total en 2025 (3.920.000 personas en pobreza severa, los más vulnerables). Una tasa de pobreza severa que es la que más ha bajado (afectaba al 11,2% de la población en 2015), aunque España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza severa, sólo por detrás de Letonia (9,8%), Croacia (8,3%) y Bulgaria (8,1%), y muy por delante de la media europea (5,3% población en pobreza severa: 23,5 millones de europeos) y de la tasa de pobreza severa que hay en Italia (6,9%), Francia (4,8%) y Alemania (4,7%).

La pobreza severa (8% población) se concentra, en España más entre las mujeres (8,3% frente al 7,7% en los hombres), en las mujeres solas con niños (22,5% en pobreza severa), los inmigrantes (21,7% los extracomunitarios y 15,1% los de UE), los desempleados (20,2% en pobreza severa, pero también el 4% de los que trabajan), los que están de alquiler (15,1%, frente al 5,4% los que tienen vivienda propia), los menores (12,5% en pobreza severa) y los que tienen menos estudios (9,6% de los que tienen sólo primaria y 7,3% de los que tienen 1ª fase secundaria). Y, otra vez, la pobreza severa se concentra en el sur: Melilla (25% población), Ceuta (14,5%), Comunidad Valenciana (11,8%), Andalucía (11,4%), Murcia (11,2%), Extremadura (9,9%), Castilla y León (9,8%), Asturias y Castilla la Mancha (8,8%).

Detalladas las cifras de pobreza AROPE y de pobreza monetaria y severa, se ve claro que tenemos un problema: somos la 4ª mayor economía de Europa, la que más crece en los últimos 5 años, pero también somos la 5ª economía con más pobreza y el país líder en pobreza infantil, algo que debería avergonzarnos a todos. El estudio de EAPN, presentado a principios de junio en el Congreso, alerta de un hecho: las políticas actuales no logran reducir apenas la pobreza, que mejora muy lentamente (recordemos: la tasa AROPE no baja del 25% desde hace 15 años). Y lo más preocupante es que el Gobierno, en su último escenario macro, contempla bajar la pobreza monetaria en porcentaje (del 19,5% en 2025 al 19,1% en 2028), pero como aumenta la población cada año (por los inmigrantes), aumentarán los españoles pobres: 9.747.484 en 2028, +181.484 pobres en tres años…

El informe de EAPN reconoce que las políticas públicas (transferencias, ayudas y medidas fiscales) han servido para contener la pobreza estos años: reconocen que han evitado que 11 millones de españoles hayan caído en la pobreza en los últimos 15 años (8,1 millones gracias a las pensiones y 2,9 millones por las prestaciones sociales). Pero a la vez señalan que las herramientas actuales contra la pobreza han alcanzado un límite y ahora logran reducciones poco significativas (incluso subieron los “pobres” en 2025). En su informe destacan que a los problemas de paro, bajos salarios y precariedad laboral se ha sumado un grave problema: la vivienda, que se ha convertido en un potente “motor” de la pobreza. Recuerdan que los que viven de alquiler tienen más del doble de tasa AROPE de pobreza que los propietarios (43,6% frente al 19,5%), más del doble de pobreza monetaria (32,6% frente al 14,5%) y el triple de pobreza severa (15,1% frente al 5,4%).

Los expertos reiteran que España debe tomar 2 medidas clave para reducir la pobreza “a niveles europeos”. La primera, gastar más: España invierte en protección social (infancia y prestaciones familiares) la mitad que Europa: el 1,4% del PIB frente al 2,4% en la UE-27, el 2,5% de Francia y el 3,7% de Alemania. Y también invierte la mitad en políticas de vivienda. La segunda medida es invertir mejor en la lucha contra la pobreza, porque somos menos eficientes: el informa EAPN señala que la pobreza monetaria en España antes de las políticas públicas (ayudas y transferencias) es muy parecida (25,4%) a la de Francia (26,5%), Irlanda (26,8%), Suecia (25,3%) o Alemania (24,4%), pero luego ellos tienen más éxito con sus políticas, porque tras ellas la bajan mucho más que España (al 19,5% en 2025), bajando en Francia al 16,3%, en Irlanda al 13%, en Suecia al 15,6% y en Alemania al 16,1%...

En conclusión, la pobreza inicial es similar a la europea, pero se reduce menos en España porque las políticas públicas aquí son menos eficaces, se gastan peor, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: las ayudas públicas benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”). La Comisión Europea alertó, en diciembre de 2024, de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Ahora, en su último informe de junio, pide medidas para atajar la elevada pobreza infantil (aumentando los gastos para niños y jóvenes) y mejorar el diseño de las políticas sociales, porque hoy están poco coordinadas entre las instituciones y exigen una excesiva burocracia.

Al final, tenemos un grave problema de pobreza y gastamos poco y mal en protección social, sin coordinación entre las ayudas del Estado, autonomías y Ayuntamientos (el ingreso mínimo vital (IMV) llega ya a 2,58 millones de beneficiarios pero hay muchas autonomías que han recortado sus rentas mínimas). Y, sobre todo, hay que atajar la pobreza infantil, lo que exige aprobar una ayuda universal por hijo, como ya tienen 20 paises europeos y que en España sólo aplica el País Vasco, porque la propuesta del Gobierno para implantarla no tiene los apoyos suficientes en el Congreso. También es clave para reducir la pobreza invertir más en viviendas sociales, en un parque de alquileres asequibles. Al final, la pobreza es un grave problema que exige un Pacto político y social, imposible con la actual polarización. Mientras, crecen los millonarios y también los pobres.