Alerta de los dueños de la Inteligencia Artificial

Mucho se ha hablado de los peligros de la Inteligencia Artificial (IA), desde la posible manipulación a la pérdida de empleos. Ahora hay una alerta nueva: la de los dueños de la IA, los millonarios que la promueven y que acaban de decir en la ONU que esta tecnología “puede ser peligrosa para la humanidad”, mientras se conocen entradas ilegales en Australia y su utilización para armas físicas y biológicas. Los grandes de la IA en USA piden “frenar los desarrollos”, quizás como estrategia de marketing y para frenar a la competencia (en USA y China). Pero siguen buscando financiación (billones) y con planes de salida a Bolsa, lo que alimenta además la preocupación por el estallido de la  burbuja de la IA (como las punto.com en el 2000). Con todo, la clave ahora es forzar una regulación mundial de la IA (como tiene Europa) y controlar su desarrollo. Porque lo peligroso no es la IA sino los tecno millonarios que están detrás con un poder absoluto. Ellos sí dan miedo.

Esta última historia empezó el 9 de septiembre, cuando un joven investigador de Anthropic (la 2ª mayor empresa USA de IA, creada en 2021) dimitió de su puesto y publicó un tuit en X donde alertó que la Inteligencia Artificial puede acabar con la civilización. “Puede matarnos a todos antes de 2030”, vaticinó. Tres días después, el 12 de septiembre, su jefe, el consejero delegado de Anthropic (que comercializa “Claude” desde marzo de 2023) , Darío Amondi, publicó un artículo (“We Must Pace the Frontier”: debemos marcar el ritmo de la frontera) donde alertaba que la IA avanza más rápido de lo que la humanidad puede comprender y controlar y proponía “desacelerar el avance a las capacidades de la IA para dar tiempo a que la seguridad y la alineación alcancen el mismo nivel”. Y siguiendo la senda, al día siguiente es Sam Altman, consejero delegado de OpenAI (la empresa pionera de la IA, que lanzó ChatGPT en 2022) anunció que retrasaba la salida a Bolsa de la empresa (a 2027) por “la inquietud sobre los riesgos de la IA”. Y ese mismo día, Demis Hassabis, líder de la IA de Google (“Gemini”) llama también a “ralentizar el desarrollo de la IA, por prudencia”.

Un movimiento “coordinado” de los dueños y promotores de la IA para frenar y ralentizar su desarrollo. Y para que se viera que no sólo eran tuis y artículos, los “tecno oligarcas” USA de la IA ya habían incluido sus advertencias en los folletos de salida a Bolsa. Por un lado, OpenAI señaló que retrasaban su nueva IA (Chat GPT.6.1.Astra) porque sus ingenieros “se han dado cuenta de que no cumple con los requisitos de seguridad”. Y en el folleto de Anthropic “se advierte a los potenciales inversores que la IA avanzada podría plantear riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”… Además, los “tecno oligarcas” USA que promueven la IA se sentaron en la mesa circular del Consejo de Seguridad de la ONU, el 23 de septiembre, en una sesión extraordinaria dedicada a “la gobernanza de la IA”. Y allí pidieron “la colaboración internacional para controlar una tecnología” que ellos están desarrollando y que “consideran que puede ser peligrosa para la humanidad”… Alucinante.

¿Qué hay detrás de esta alerta de los dueños de la IA? Varias razones posibles, según los expertos. Una, “curarse en salud”, ponerse la venda antes de una grave herida y de posibles reclamaciones millonarias de inversores y afectados. De hecho, la IA ya se ha desmandado, actuando “por libre” y provocando miles de  incidentes que se conocen ahora. El primero y más concreto, la entrada “por su cuenta y sin supervisión humana” en la página de la Sanidad pública de Australia, como denunció su primer ministro en la ONU el 24 de septiembre, tres meses después de producirse y sin que OpenAI, la responsable, les informara en su momento (sólo con un correo a una dirección genérica 3 meses después). Y ahora se sabe que OpenAI y Anthropic investigan decenas de miles de ataques de agentes descontrolados de la IA, que lo mismo han bombardeado una página de la ONU que han sido utilizados para usos peligrosos (por parte de mafias, terroristas o políticos), como ciberataques, utilización de armas convencionales o biológicas y operaciones para influir en la opinión pública.

Otra razón de que ahora hablen de “frenar el desarrollo de la IA” es intentar frenar a la competencia, tanto en EEUU (donde OpenAI y Anthropic llevan meses de adelanto sobre otros competidores) como a la competencia china (DeepSeek o Moonshot AI), también retrasada. Si la ONU o los paises aprueban una ralentización de los desarrollos, mejor para los que van liderando el proceso y quieren hacerse con el mercado (OpenAI y Anthropic). De hecho, China reaccionó a las alertas USA, el mismo 14 de septiembre, denunciando que era una “agenda oculta” de EEUU para estrangular la IA y que estaban “usando el manual de la guerra fría para frenar los desarrollos chinos de la IA”. Como respuesta, el presidente Trump reunió en la Casa Blanca, el 29 de septiembre,  a los líderes USA de la IA y a las grandes tecnológicas para decirles que “de frenar la IA nada”, porque “tenemos una ventaja enorme sobre China y quiero que siga así”… Y frente a los expertos que piden “una regulación mundial de la IA”, Trump sólo quiere oír hablar de “autorregulación”, que se controlen ellos (?).

La tercera razón de que ahora los dueños de la IA hablen de ralentizarla puede ser también de simple “marketing”, para que se hable mucho de la IA ahora que van a salir a Bolsa…La exageración de que la IA puede acabar con la humanidad puede ser un mensaje para crear expectación y para decir “somos tan geniales que podrían volverse peligrosos: hay que dejarnos vuestro dinero”, señala un experto. Porque, a pesar de todos los peros, los grandes de la IA siguen buscando financiación y preparan salidas a Bolsa. No dejan de invertir.

Los millones captados ya por la IA son espectaculares y explican el fuerte tirón de las Bolsas y parte del crecimiento económico USA, a pesar de las guerras en Ucrania e Irán. En 2025, las inversiones captadas por las empresas desarrolladoras de la IA superaron los 200.000 millones de dólares: 122.000 millones OpenAI, 30.000 Anthropic, 20.000 xAI (la empresa de Elon Musk) y 16.000 Waymo (automóvil autónomo de Google). Y a eso hay que sumar las inversiones de  las grandes tecnológicas (Meta, Alphabet, Amazon o Microsoft), otros 646.000 millones este año para la compra de chips (la norteamericana Nvidia es ahora la empresa que más vale en Bolsa del mundo, 5,75 billones de dólares y la taiwanesa TSM vale 2,01 billones), nuevos Centros de Datos y desarrollos de IA. En total, se estima que desde 2013, estas 4 grandes tecnológicas han invertido más de 1 billón de dólares en IA. Y espera unas inversiones totales en la IA de 6 billones de dólares hasta 2030.

Las grandes desarrolladoras de la IA, mientras alertan sobre su peligro, no paran sus salidas a Bolsa, aunque alguna la retrase. Anthropic va a salir a Bolsa en noviembre de este año, con una valoración de 2 billones de dólares. Y OpenAI negocia con Black Rock (el mayor fondo del mundo, Emiratos e inversores asiáticos para captar 30.000 millones de dólares, mientras prepara su salida a Bolsa para 2027 (iba a ser en 2026, pero prefiere ofrecer nuevos desarrollos antes). Y xAI, integrada dentro de SpaceX de Elon Musk (que salió a Bolsa en junio de 2026 y vale ahora 2,28 billones de dólares), quiere captar otros 40.000 millones de inversores para comprar chips de Nvidia (uno de sus accionistas). Mientras, en China, las empresas líderes de la IA también buscan inversión. DeepSeek busca hasta 15.000 millones antes de su salida a Bolsa, prevista para 2027. Y Moonshot AI ha completado su última ronda de financiación privada y quiere salir a la Bolsa de Hong Kong a principios de 2027.

Precisamente, estos billones de inversión captada por la IA y su elevadísimas valoraciones en Bolsa (futuras y actuales: Nvidia ha multiplicado su cotización por 10 desde 2023, TSM por 4, lo mismo que Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft) provocan otro gran miedo de la IA: que estalle su burbuja en Bolsa, que un día se desplomen estos valores porque los retornos (beneficios) no justifiquen las inversiones hechas y no puedan atender su elevada deuda. Muchos expertos llevan meses advirtiéndolo y creen que si hay que ralentizar el ritmo de la IA es más para atemperar las inversiones y evitar un gran susto, como la debacle en Bolsa de las punto.com, las grandes de Internet en marzo del 2000 (Terra en España).

En cualquier caso, la alerta de los dueños de la AI debería servir para reforzar una idea: hay que controlar más y mejor los desarrollos de la Inteligencia Artificial, porque está demostrado que las máquinas siguen desarrollos propios que no se supervisan y que pueden crear graves problemas. Por un lado, urge una regulación mundial de la IA, en la que intervengan los organismos internacionales y los Gobiernos, dado que los millonarios (“tecnooligarcas”) que la están promocionando no parece que quieran autorregularse ni les gusten los controles democráticos, buscando un control oligopolista del mercado.

Europa ha sido pionera, aprobando la primera normativa “supranacional”, la Ley de la IA (“IA Act”), que entró en vigor en agosto de 2024, aunque en julio pasado se ha aprobado una simplificación del Reglamento para facilitar su avance, suavizando algunas prohibiciones y alargando los plazos de distintas prohibiciones. La UE está muy atrasada en la IA frente a USA y China, pero prevé abrir 15 factorías en Europa entre 2025 y 2026 para avanzar, dos de ellas ya aprobadas y abiertas en España: el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS) y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), abierto en Santiago de Compostela. La Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida: su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, y contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones clave: la penetración de la IA en las empresas medianas y pequeñas, así como un enorme esfuerzo en formación, de gestores y trabajadores. Porque si no, el riesgo de perder empleos con la IA es enorme: 2 millones en 10 años, según Funcas.

Además de una normativa mundial sobre la IA, los desarrollos de Inteligencia Artificial tienen dos problemas distintos, como señala el Nobel de Economía Daron Acemoglu. Uno es que la IA actúe por su cuenta, fuera de control, debido a que está creciendo con demasiada prisa (en meses) y eso distorsiona los resultados. Y el otro, asegurar que la IA actúa en beneficio de la humanidad, no de una minoría de billonarios que sólo buscan ganar más.

Frente al primer problema, hay expertos que aportan soluciones técnicas, como “poner bridas” a los desarrollos e implantar más sistemas de control externos, para frenar los mecanismos de aprendizaje intuitivos que son imprevisibles y pueden “liarla parda”… Otros expertos aseguran que las empresas podrían utilizar herramientas para anticipar los "malos comportamientos" de la IA. Pero, para conseguir una mayor seguridad y que la IA beneficie a la humanidad, el verdadero problema, otros expertos proponen “un cambio de rumbo”, pasar de desarrollar un modelo único de IA para todo a diversificar modelos, buscando soluciones para cada problema, más eficientes y sostenibles y sobre todo más fáciles de vigilar y más seguros. Se trataría de desarrollar no un gran modelo de IA (tipo ChatGPT o Claude) sino muchos modelos de IA, diversificados, que no necesitarían tanta investigación ni tanta inversión. Ir hacia una IA que no esté concentrada en dos o tres multinacionales superpoderosas sino en miles de desarrollos diversificados. Y sobre todo, que la IA pague impuestos y no manipule a los menores. 

En cualquier caso, la clave de la IA es para qué se utiliza, qué se busca, si pretende mejorar el mundo sin destruir el empleo o maximizar el beneficio de unos pocos. Y eso exige control de los desarrollos, de los avances, de las empresas, algo hoy impensable. Porque lo peligroso no son las máquinas (que sólo siguen instrucciones humanas) sino quien está detrás, quiénes son los humanos que las programan y alimentan, muchos de ellos poco fiables, billonarios sin control y a los que molesta la democracia. Ese es el miedo que nos debe dar la IA, no que los ordenadores destruyan el mundo. No se trata de frenar la IA sino de controlarla.

Sobrepeso y doble negocio: engordar y adelgazar

España y el resto de Europa han aumentado su sobrepeso y el porcentaje de obesos, una pandemia mundial que dispara las enfermedades, las muertes y el gasto sanitario. Y preocupa que haya más niños y adolescentes con sobrepeso, los obesos del futuro. La OMS culpa del sobrepeso al auge de la comida ultraprocesada, que está cambiando los hábitos en favor de la comida basura, cuyo consumo se ha triplicado este siglo en España. Lo llamativo es que el sobrepeso y la obesidad generan un doble negocio. Por un lado, el negocio de las multinacionales y empresas de alimentos ultraprocesados, más todas las cadenas de “comida rápida”, que crecen imparables, también en España. Y por otro, el nuevo negocio de algunas empresas farmacéuticas, que han lanzado fármacos para adelgazar que se venden por millones y escasean incluso. La solución al sobrepeso no pasa por la farmacia sino por cambiar los hábitos alimenticios y comer dietas más saludables, que evitan enfermedades y muertes. Urgen campañas públicas contra la pandemia del sobrepeso.

                Anuncio de la farmacéutica Lilly para promocionar su inyectable contra la obesidad             

El mundo asiste impasible a una silenciosa pandemia: el auge del sobrepeso y la obesidad. En 2025, según el Atlas Mundial de Obesidad, casi 3.000 millones de personas en el mundo (el 36,5% de la población) tenían sobrepeso: un índice de masa corporal, IMC (que se obtiene dividiendo el peso por el cuadrado de la altura, en metros: kg/m2) de 25 a 30. Y de ellos, 1.100 millones de personas (el 13,3% de la población total) tienen obesidad: un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, según los estándares de la OMS. Y lo más preocupante: 1 de cada 5 niños en edad escolar (5 a 19 años), 376 millones, tienen ya sobrepeso (y serán 507millones en 2040), mientras la mitad (1 de cada 10, 188 millones) padece obesidad), siendo ya más los niños obesos en el mundo que los que tienen un bajo peso.

Hasta ahora, el sobrepeso y la obesidad eran males de paises ricos, pero en los últimos años, el problema se ha extendido también a paises en desarrollo e incluso pobres, donde también se ha trastocado la dieta y se consuma demasiada “comida basura”. EEUU es el paraíso de las personas con sobrepeso (el 70% de la población adulta lo padece) y obesidad (36,4% de la población, en torno al 20% de los niños y adolescentes), también Reino Unido (65% de la población con sobrepeso y 28% con obesidad). Entre tanto, la pandemia es menos grave en Europa, pero se ha estancado e incluso crecido en los últimos años. Así, en 2025, más de la mitad de los europeos (51,7%) tenían sobrepeso (51,1% en 2014), según el último dato de Eurostat, mientras el 16,3% de los europeos son obesos (15,4% en 2014).

España es el 5º país europeo con menos sobrepeso (el 51,2% de los adultos), por delante  de Italia (38,3%), Francia (48,1%), Paises Bajos (48,6%) y Luxemburgo (49,9% sobrepeso), algo menos que la media (51,7% UE-27) y bastante menos población con sobrepeso que Malta (62,3%), Finlandia (61,7%), Portugal (55,2%) o Alemania (53,6%), según Eurostat. Y a la vez, somos el 4º país europeo con menos obesidad (14,9% de los adultos), por delante de Italia (7% población), Grecia (12,8%) y Rumanía (12,9%), pero por detrás de la media europea (16,3% población adulta son obesos, 17,4% los hombres y 15,3% las mujeres) y de paises como Paises Bajos (15% obesos), Francia (16,3%), Portugal (17%), Suecia (17,5%), Dinamarca (20,5%), Alemania (20,8%) o Malta (26,6% obesos).

Aunque los españoles estamos mejor en sobrepeso y obesidad que la mayoría de los europeos, la gran preocupación son los niños y adolescentes: tenemos un 20,2% de niños (6 a 9 años) con sobrepeso frente al 25% en la UE-27, pero tenemos más niños obesos, un 15,9% en España frente al 11% de media en Europa. El último estudio Aladino (2024) reveló que el 21,2% de los niños españoles de 12 años tienen sobrepeso y el 22,6% de las niñas, mientras a los 14 años lo tienen el 20,10% en niños y el 19,8% en niñas. Y tienen obesidad el 8,1% de niños y el 8,7% de niñas de 12 años, manteniéndose a los 14 años el 8,4% de niños y el 6,8% de niñas. Incluso tienen obesidad severa el 1,75% de niños y niñas de 12 años.

El sobrepeso y la obesidad es un grave problema sanitario y económico. Los expertos alertan de los 12 riesgos para la salud que comporta el sobrepeso, en especial enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia, enfermedades coronarias y cerebro-vasculares, enfermedades renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y hasta depresión, según un estudio publicado en The Lancet. Y todo apunta a que el sobrepeso está detrás de un tercio de las muertes en Europa. Además, un estudio de la OCDE (en 2019) sobre los costes de la obesidad en 52 paises reveló los costes para España: supone una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto sanitario, reduce la productividad laboral (el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del -2,9%% (48.800 millones de euros en 2025). Y añadían que para cubrir estos costes de la obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a estos altos costes , la OCDE proponía tomar medidas porque es algo muy rentable: por cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…

El “motor” del sobrepeso y la obesidad en el mundo son los alimentos ultraprocesados, que dañan gravemente la salud, según denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos alimentos ultraprocesados (“comida basura”) son “aquellos que han pasado un proceso de transformación industrial muy intensivo donde se añaden conservantes, colorantes, saborizantes, edulcorantes, emulsionantes y otros compuestos para mejorar su aspecto y hacerlos más atractivos al paladar, más fáciles de consumir o para alargar su vida útil”, según la Academia Española de Nutrición. A menudo, estos alimentos tienen un alto contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas o grasas trans, “los 3 jinetes del Apocalipsis” relacionados con la obesidad, la diabetes 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Cada vez que vamos a la compra, cargamos el carrito con más alimentos ultraprocesados, que llenan las estanterías de los supermercados: cereales de desayuno azucarados o chocolatados, bollería industrial, snacks fritos, productos cárnicos envasados (salchichas o hamburguesas), salsas industriales (kétchup), bebidas refrescantes, yogures y leches fermentadas, muchos platos preparados y bebidas alcohólicas. Sólo en España, el consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en los últimos 30 años y ya suponen casi un tercio de la ingesta diaria de calorías de los españoles, con el consiguiente abuso de grasas, azúcares y sales a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años.

Lo más grave es que estos alimentos ultraprocesados y procesados suponen ya el 40% de los ingresos totales de la industria alimenticia mundial, un gran negocio que en los paises desarrollados representa hasta el 70% de las ventas de los supermercados (en EEUU y en Reino Unido) y más de la mitad de la ingesta de la población en Occidente. En los paises en desarrollo, su peso es menor, pero es la comida que más crece, desplazando a la comida tradicional. Y como muchos de estos alimentos los producen y comercializan multinacionales, el comercio mundial de ultraprocesados se ha triplicado en las últimas décadas y los paises desarrollados destinan el 48% de su gasto alimenticio a importarlos.

El negocio mundial de los alimentos ultraprocesados mueve 8,2 billones de dólares anuales en el mundo, sin que nadie proteste por los daños que provoca impunemente, como pasó durante años con la industria del tabaco. El negocio se basa en la producción y comercialización masiva de alimentos ultraprocesados diseñados para generar un consumo repetitivo y muy rentable a través de estrategias científicas y de marketing. Una producción muy rentable porque tiene costes de producción bajos (se utilizan ingredientes de menor calidad, producción en cadena y que se pueden almacenar mucho tiempo, facilitando el transporte), porque las empresas calculan exactamente en laboratorios la combinación exacta de sal, azúcar y grasas para maximizar su atractivo para el consumidor y porque el uso de aditivos y potenciadores de sabor enmascaran la baja calidad de los ingredientes y los hacen atractivos al paladar.

Se estima que el negocio de los ultraprocesados y la comida basura mueven más de 3 billones de dólares anuales, repartiéndose entre los ultraprocesados (que mueven entre 2,18 y 2,20 billones de dólares anuales), controlados por multinacionales como Nestlé, PepsiCo (Lays, Doritos Cheetos, Pepsi), Coca-Cola, Mondelez Internacional (Oreo, Milka, Tobletone, galletas, confitería), Mars Inc. ( M&M´s, Snickers, barras de chocolate…) Kraft Heinz o Unilever, y las cadenas y restaurantes de comida rápida, que mueven un negocio anual de 800.000 a 940.000 millones de dólares anuales y que está controlado por multinacionales y franquicias como McDonalds, Yuml Brands (KFC, Pizza Hurt, Taco Bell), Brands International (Burger King y Popeyes), Dominós Pizza, Pizza Hut o Subway.

En España, la industria ha conseguido que los consumidores apuestan cada vez por los ultraprocesados: se estima que el 23% de todos los alimentos son ultraprocesados y en las últimas décadas, el consumo de ultraprocesados ha pasado de representar el 11% al 32% del aporte calórico diario, según un estudio de 43 expertos publicado en The Lancet. Y este tipo de “alimentos” está desplazando cada vez más a la comida tradicional, mientras los españoles apuestan también por la comida rápida, tanto la preparada que venden los súper como la que consumen o se llevan de los restaurantes y tiendas de comida rápida. En España, además de las grandes multinacionales, el mercado de ultraprocesados lo controlan empresas como El Pozo, Campofrío, Corporación Alimentaria Guissona (BonÁrea) o Mondelez Internacional. Y la comida rápida movió en España 6.100 millones de euros en 2025, con 6.000 establecimientos, controlados por McDonalds (2.000 millones de facturación), Burger King (1.520 millones), KFC (408 millones) Dominós (294 millones)  y Telepizza(150 millones).

Como se ve, fabricar y proveer al mundo de alimentos ultraprocesados es un gran negocio y va a ir a más, dado que los expertos estiman que habrá 4.000 millones de personas con sobrepeso en el mundo en 2035 (el 45% de todos los habitantes). Pero en los últimos años, el sobrepeso y la obesidad están alimentando otro negocio, el farmacéutico: en 2024, la venta de medicamentos para adelgazar supuso unos ingresos de 15.000 millones de dólares, pero se doblaron en 2025 y para 2035 podría suponer ya 150.000 millones de dólares de ventas, según Morgan Stanley. La multinacional danesa Novo Nordisk  se ha hecho con una parte de este mercado con sus inyecciones Ozempic, que han estado 3 años en falta en España, por la alta demanda para adelgazar aunque sea un medicamento para los enfermos de diabetes 2. La norteamericana Eli Lilly ha seguido sus pasos y otros laboratorios van a la zaga, en un negocio que ha movido ya 61.800 millones de dólares en compras e inversiones.

Los “productos milagro” para adelgazar son el penúltimo descubrimiento de negocio de la industria farmacéutica, que aprovecha el auge del sobrepeso y la obesidad. En España hay múltiples ofertas en las farmacias, aunque sólo un producto está financiado por la sanidad pública, las inyecciones de Ozempic (ojo: con receta y visado, teóricamente sólo para enfermos de diabetes 2), pero se puede comprar (con receta) si se encuentra (177,89 a 204,83 euros). El mismo laboratorio, Novo Nordisk vende Wegovy (inyecciones con receta y no financiado: 179 a 223 euros) o Saxenda (inyecciones, con receta y no financiado: 170 a 190 euros), mientras Eli Lilly comercializa Mounjaro (inyecciones con receta y no financiado: 207 a 446 euros) y otros laboratorios comercializan Xenical (Orlistat), unas cápsulas  que inhiben la absorción de la grasa intestinal (con receta y no financiadas: de 50 a 75 euros) o Rybelsus, otras pastillas de Novo Nordisk (con receta, no financiadas salvo para diabetes 2 y con un precio de 123 euros). Actualmente, todos estos medicamentos “se venden mucho”, según algunos farmacéuticos, sobre todo para pacientes entre 35 y 60 años que buscan adelgazar.

El auge de los medicamentos para adelgazar dibuja, según la revista Science, un futuro distópico, dominado por los intereses cruzados de dos poderosas industrias: la alimenticia, que dispara sus beneficios con los alimentos ultraprocesados y la comida basura, y la industria farmacéutica, que nos vende la posibilidad de adelgazar si engordamos demasiado, un parche individual para atajar una enfermedad compleja y peligrosa, el sobrepeso, el “atajo” de picharse frente a llevar una dieta sana y hacer ejercicio.

La solución al sobrepeso y la obesidad que asola el mundo no está en las farmacias sino en los supermercados, en dejar de comprar productos ultraprocesados y comida basura (que nos crea “dependencia” y apostar más por los alimentos frescos y naturales, aunque sean más caros. La receta de la OMS y los expertos es clara: mejorar nuestra dieta con un consumo adecuado de proteínas y fibra, sustituyendo los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas por alimentos y bebidas naturales (sobre todo a los niños y adolescentes), además de aumentar la actividad física, reducir el estrés y mejorar el sueño (problemas que aumentan la comida compulsiva). Y además, piden a los Gobiernos políticas públicas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, regulando el etiquetaje y la publicidad de la “comida basura” (sobre todo entre los menores) y facilitando el ejercicio físico.

España ya aprobó en 2022 un Plan nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad infantil, con el objetivo de reducir el sobrepeso de los menores un 25% para 2030. Es un Plan con 200 medidas, que van desde la enseñanza de nutrición en la escuela al aumento de zonas deportivas o la reducción del uso de “pantallas” (que favorecen el sobrepeso). En 2021, el Gobierno subió el IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21% y en 2026 aprobó la prohibición de bebidas azucaradas y bollería en comedores escolares, ampliando después la prohibición a desayunos y meriendas escolares, así como la venta de ultraprocesados en hospitales y residencias de ancianos.

Son avances, pero la gravedad del problema exigiría un gran acuerdo con la industria alimentaria para reducir el peso de los alimentos ultraprocesados y la comida basura en las tiendas, además de exigir un etiquetado más estricto, que señale claramente los productos que más engordan. Y nosotros, que ya los sabemos, deberíamos cambiar de hábitos de compra, sobre todo por los niños y jóvenes. Porque estamos alimentando una epidemia peligrosa y costosa, el sobrepeso y la obesidad. Hagamos algo.

Decreto de vivienda: las derechas se retratan

Finalmente, Junts se sumó al PP y Vox para rechazar el primer Decreto de vivienda, un “parche” de mínimos que pretendía resolver los dos problemas más urgentes de los inquilinos: frenar desahucios y ampliar dos años los alquileres que terminan en 2027 y 2028. Las distintas derechas han boicoteado las 12 medidas del Decreto, mostrando a quien apoyan: a los 2,8 millones de caseros y miles de inmobiliarias y Fondos buitre, que buscan ganar más,  frente a 5,2 millones de inquilinos, que piden más protección. Realmente, la estrategia de Junts es cargarse la Legislatura para buscar futuros acuerdos con PP y Vox. En el fondo, la vivienda les da igual a todos: las autonomías del PP (con la gestión de la vivienda) no han hecho nada y  han boicoteado todas las medidas del Gobierno, incluido el último Plan de Vivienda. Ahora, con elecciones cerca, las derechas apuestan por seguir con la inacción y la especulación inmobiliaria, mientras millones de jóvenes y familias siguen sin techo. Decidirá  el voto.

      Junts, PP y Vox han antepuesto tumbar al Gobierno a resolver problemas urgentes de los inquilinos

Todo lo que está pasando con la vivienda en España es la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. En los años 90 y a principios de este siglo, se produjo un “boom inmobiliario”, alimentado por la banca y el Gobierno Aznar, que multiplicó las grúas y el número de españoles propietarios: en 2007 hubo 829.283 compraventas, sólo un 7% de extranjeros. Pero en 2008, estalló la crisis de las hipotecas basura y se desplomaron las construcciones y las compraventas: 299.383 en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, con precios de saldo (la vivienda cayó un -51% entre 2008 y 2013), la vivienda empezó a recuperarse, de la mano de bancos, inversores y Fondos de inversión, que aprovecharon los precios de saldo. Y en 2025 ya se compraron 746.944 viviendas (casi como el año récord de 2007), el 17% (1 de cada 5,5) compradas por extranjeros. Y en 2026, España es el país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, “el Dorado del ladrillo”.

Mientras, este salto de la burbuja a la crisis y luego a la recuperación se ha traducido en unos precios disparados, tanto de la vivienda (el precio de compra ha subido un +80% entre 2015 y 2025) como del alquiler (+87% de subida estos 11 años). La causa está en el enorme déficit de viviendas para comprar o alquilar. Por un lado, se ha disparado la demanda, debido al aumento de población (+3 millones de habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada año. Y por otro, apenas se han construido viviendas estos años: sólo 93.650 viviendas construidas en 2025 (de ellas, sólo 11.104 viviendas protegidas), con una media de 93.000 viviendas nuevas totales al año en esta década y otras 99.000 en la década de 2010 (con un mínimo de 44.630 viviendas construidas en 2016), cuando se habían construido 540.000 viviendas de media anual entre 2000 y 2010 (con un máximo de 658.510  construidas en 2006).

El resultado de esta fuerte demanda y la escasa oferta es que se han disparado los precios de las viviendas (2.355 euros/m2, +35% desde 2022, aunque son 4.089 euros/m2 en Madrid, 3.980 €/m2 en Baleares, 3.102 €/m2 en País Vasco o 2.752 €/m2 en Cataluña, según el INE) y los alquileres (15,1 €/m2, +104% de subida sobre 2025, que sube a 23,4 €/m2 en Madrid, 19,6 €/m2 en Palma, 18,4 €/m2 en San Sebastián o 16,5 €/m2 en Málaga, según Idealista). La consecuencia es que caseros, inversores y Fondos se lanzan a especular con sus viviendas (escasas), subiendo precios cada mes, mientras las familias y los jóvenes no pueden comprar un piso (con las hipotecas subiendo) ni alquilarlo (se lleva del 30 al 50% de un sueldo), porque apenas hay oferta (41 inquilinos por cada nuevo alquiler) y les “seleccionan”. Eso explica que el 69% de los jóvenes de 18 a 34 años sigan viviendo con sus padres, mientras sólo lo hacen el 50% de los jóvenes europeos (y el 32% de los alemanes).

Ante este panorama, que se ha agravado con el rebrote de la demanda tras la pandemia, poco se ha hecho desde el Gobierno y menos desde las autonomías y Ayuntamientos. Hasta el 1 de febrero de 2022, el Gobierno no aprobó una Ley de Vivienda, cuya entrada en vigor se retrasó hasta el 26 de mayo de 2023. Una Ley muy intervencionista, forzada por Podemos y Sumar, que apostaba por imponer controles a los alquileres (topes en precios y revisiones), en lugar de intentar conciliar los intereses de caseros, inquilinos, promotores y constructores para resolver el problema de fondo: construir más viviendas, al menos 225.000 al año.

El primer resultado de esta Ley de Vivienda largamente anunciada (25 meses desde aprobarse en Consejo hasta la publicación de los índices de referencia para los topes de alquileres, el 15 de marzo de 2024) fue que hubo caseros que retiraron sus pisos del alquiler: unos prefirieron vender y aprovechar las enormes plusvalías, otros mantener sus casas vacías y la mayoría desviar sus pisos en alquiler a dos nuevos destinos, que evitaban los posibles controles de precios: convertirlos en pisos turísticos o en pisos de alquiler de temporada (por meses o periodos inferiores a un año). O partirlos y alquilarlos por habitaciones. Actualmente, el INE informa que hay 341.000 pisos turísticos, la mayoría concentrados en Málaga (45.000 pisos que no se pueden ya alquilar…), Alicante, Las Palmas, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Y en paralelo, el 45% de los alquileres que se anuncian en Idealista son ya alquileres de temporada o por habitaciones (425 euros al mes, hasta 600 en Barcelona), un total de 1.15.000 pisos que también se escapan del alquiler “normal”.

Ante este panorama, cada vez son más los inversores, inmobiliarias y Fondos de inversión que aprovechan los altísimos precios para comprar pisos con objeto de echar a los inquilinos y luego subir el alquiler a los nuevos, algo que también buscan muchos caseros al final del alquiler de sus actuales inquilinos. Precisamente, casi 2 millones de alquileres hechos tras la pandemia tenían que renovarse este año 2027 y en 2028, lo que aprovecharán muchos caseros e inmobiliarias para subirlos. Eso alimenta la preocupación de los 5,2 millones de hogares que viven en alquiler y que cada vez pagan más. Eso está alimentando los desahucios, que han bajado a la mitad (desde el récord de 41.359 en 2021 a 20.059 en 2023 , 27.564 en 2024 y 24.510 en 2025), pero que han cambiado: ahora hay más desahucios por impago de alquileres (el 75%, frente al 53% hace una década) y menos por hipotecas.

Frente a esta situación, el Gobierno Sánchez, presionado por Sumar, intentó pactar en julio un Decreto que resolviera los problemas más urgentes de los alquileres, básicamente prorrogando los alquileres que vencen en 2027 y 2028 y limitando los desahucios. Intentó negociarlo con Junts y PNV y con Podemos, sin cuyo apoyo no podía aprobarse. Y como no parecía posible, lo dejaron para septiembre, cuando también se veía difícil conseguirlo. Pero sucedió algo imprevisto: el 23 de septiembre, Maricarmen, una anciana de 87 años fue desahuciada por la empresa Urbagestión de la casa donde vivía de alquiler desde hacía 71 años. Su imagen saliendo en camilla al hospital conmocionó al país, con movilizaciones en media España. Y parecía que iba a conseguir que Junts y Podemos apoyaran los cambios que rechazaron en julio, con un Decreto de mínimos aprobado el martes 29 de septiembre.

El Decreto, publicado en el BOE del 30 de septiembre, incorpora 12 medidas que buscan resolver los problemas más graves de los inquilinos, sin apenas perjudicar a los caseros. La primera medida estrella es prohibir los desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 (ya anuló desahucios el jueves y el viernes), con la salvaguarda (introducida por Junts…) de que las autonomías tienen que compensar al pequeño casero afectado. Y la segunda, prorrogar hasta 2 años más los 1,9 millones de alquileres que vencen este año y en 2028, para evitar que los caseros aprovechen para subirles el alquiler a los disparatados precios actuales (no podrán subirlos más del 2%).

Otra medida importante es que se aprueba una deducción fiscal del 10% para todos los inquilinos (puede ser de  512 euros de media) y mantiene la deducción fiscal del 50% para los caseros, que sube al 100% de deducción si acepta reducir la renta un 15% (y baja al 15% si n la sube un 20%). Otra medida importante del Decreto es que limita los alquileres de temporada, al obligar a demostrar la causa que lo justifica, y los alquileres por habitaciones, al poner un tope: el ingreso por todas las habitaciones no podrá superar al de un alquiler de todo el piso (algo difícil de controlar). Y se obliga a los pisos turísticos a pagar un IVA del 10% (ahora no pagan nada), que no es del 21% para “contentar” a Junts (y al PNV). También es importante en el Decreto la creación de un nuevo préstamo público (ICO) para facilitar la compra de vivienda habitual: préstamos del 20% del valor de la vivienda (con un máximo de 50.000 euros), al 0% de interés y que pueden empezar a devolverse hasta a los 30 años (cuando se acabe de pagar la hipoteca por el 80% que haya concedido un banco).  Además, el ICO facilitará avales públicos, hasta 2.000 millones de euros, para facilitar la financiación de viviendas sociales, para alquiler o venta a precios asequibles. Y toda la vivienda protegida que se construya con dinero público pagará un IVA del 4% y será siempre VPO (75 años).

Por último, el Decreto aprobado por el Gobierno el martes pasado incluía dos medidas “de cara a la galería”, por presión de Sumar y el Sindicato de Inquilinos. Una, frenar la compra de viviendas por “Fondos buitre” a un precio inferior al de mercado (tasación) hasta el 31 de diciembre de 2028, aunque no parece fácil de implantar. Y la otra, más aplicable, la subida fiscal del 15 al 25% a los beneficios que tienen las SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria que han proliferado en los últimos años, especulando con la vivienda (las 157 SOCIMIS que cotizan en Bolsa aumentaron su valor un 18,3% en 2025).

Hasta aquí el contenido básico de este primer Decreto (el otro, la prórroga indefinida de los contratos, forzado por Sumar, se sabía que no iba a convalidarse) para resolver los problemas más acuciantes de la vivienda, aprovechando el clamor social desatado por el desahucio de Maricarmen. Pero la sorpresa la ha dado Junts, al votar en contra de este Decreto el viernes en el Congreso, aunque lo había negociado hasta última hora. Y junto a Junts, el voto en contra también de PP, Vox y UPN, una mayoría que rechaza las medidas, asegurando que no van a resolver el problema de la vivienda y que reducirán aún más los alquileres.

El rechazo del PP no sorprende tanto como el de Junts porque nunca ha tenido una política clara de vivienda, aunque gobiernan en 12 autonomías, que son las que legalmente gestionan la vivienda en España. Pero apenas promueven la construcción y las ayudas a los inquilinos que conceden (tarde) son con fondos estatales. Primero, rechazaron en 2023 la Ley de Vivienda y sus autonomías se negaron a aplicar los topes de alquileres en zonas tensionadas (sólo los aplican 302 municipios en Cataluña, 18 en país Vasco, 21 en Navarra, 5 núcleos en pueblos asturianos y A Coruña y Santiago en Galicia), topes que han conseguido frenar los alquileres (poco), aunque a costa de reducir la oferta. Y ante el reciente Plan de Vivienda 2026-30, con más dinero para promover viviendas, las autonomías del PP lo han rechazado, aunque han aceptado el primer plazo de entrega del Plan (que contempla transferir a las autonomías 4.200 millones del Estado a cambio de que ellas pongan otros 2.800).

Parece claro que Junts ha votado en contra del Decreto de vivienda no tanto para “defender a sus caseros” (también) como para “cargarse esta Legislatura”, para forzar elecciones, pensando que si las ganan el PP y Vox, ellos podrán sacar más ventajas para Cataluña que con Sánchez. Y al final, se trata del “cerrar el frente de las derechas”, en defensa de la propiedad y contra “las locas pretensiones” de los inquilinos y la izquierda”. El problema de fondo es si un Gobierno de derechas tendrá una política de vivienda que resuelva los graves problemas actuales o favorecerá la especulación y la subida de viviendas y alquileres.

El problema de fondo de la vivienda, pendiente de resolver en España, es construir mucho más para reducir el déficit de vivienda y hacer bajar los precios: el Banco de España ha señalado que tendremos un déficit de 1 millón de viviendas en 2028. Así que urge construir, construir y construir. Pero para ello urge un gran Pacto político por la vivienda, que aborde varios frentes. Uno, la falta de suelo: hay mucho suelo, pero poco suelo urbanizable (hay que invertir más para conseguirlo). Y además, hay un exceso de burocracia y demasiados Planes parados en los Juzgados, para los que el Gobierno propuso una reforma de la Ley del suelo (que tumbaron Junts y PP, con Podemos). El segundo frente es conseguir más financiación para la promoción pública y privada de vivienda, con un mayor gasto público del Estado, autonomías y Ayuntamientos, más créditos de los bancos y el ICO. Y el tercero es implicar a promotores y constructores en construir más de 200.000 viviendas al año, facilitando su trabajo. Y en paralelo, pactar con caseros e inmobiliarias para que pongan más viviendas en alquiler para familias y jóvenes, con ayudas y beneficios fiscales, no con topes y controles.

Estamos ante una “emergencia nacional” en la vivienda, que hay que resolver innovando y negociando entre los actores implicados (lean lo que está haciendo Illa en Cataluña), no con prejuicios políticos que busquen favorecer a los caseros (2,8 millones de propietarios, el 15% son Fondos y otro 60% son particulares con 2 o más viviendas en alquiler) frente a los inquilinos (5,2 millones de hogares en alquiler) ni viceversa. El problema de la vivienda sólo se puede resolver con financiación, suelo, acuerdos y ayudas, no con ideología ni politiqueo. Eso es lo que pide el clamor social que se desató en España tras el desahucio de Maricarmen. Pero se ha frustrado al rechazarse el Decreto, un sinsentido social. Ahora habrá que votar (en generales y autonómicas) y decidir quien lo resuelve o lo obvia en unos meses. No se ve otro camino. 

Tercer paquete de ayudas contra la inflación

Hoy 1 de octubre entra en vigor el tercer paquete de ayudas para compensar las subidas de carburantes, gas y electricidad provocadas por el conflicto en Oriente Medio: otro descuento de 20 céntimos a los carburantes, bajada impuestos a la luz y topes al gas y al butano. El Gobierno gastará 12.000 millones entre estas ayudas y las aprobadas en marzo y junio, asegurando que han evitado que la inflación suba el doble. Pero  el IPC sube ya +4,9% anual, la mayor inflación desde hace 3 años y medio. El problema es que el conflicto desatado por Trump se ha estancado y no se espera que los precios energéticos mejoren. Y se teme que acaben contagiando a toda la economía, incluidos los alimentos, que suben un +5,8%. Por eso, aunque la economía española sigue creciendo y creando empleo, el riesgo es que el conflicto dañe más a Europa y al mundo. De momento, las familias, con sueldos estancados, tienen mucho más difícil llegar a fin de mes.

            Los carburantes, culpables de casi la mitad de la subida del IPC (+4,9%)

La guerra contra Irán, desatada por Trump e Israel el 28 de febrero y que ha contagiado a todo Oriente Medio y a las rutas del petróleo y el gas, la estamos pagando los consumidores de todo el mundo, desde Europa y Asia a los propios ciudadanos de EEUU, que pagan mucho más por los carburantes, el gas, la electricidad y muchas materias primas y alimentos. Y el problema es que el conflicto se ha enquistado y no se ve salida, por lo que seguiremos con la energía cara y la inflación disparada. De momento, también en España, donde el IPC anual subió un +4,9% en septiembre, según el INE, la mayor subida anual desde febrero de 2023 (+6% de inflación, un año después de la invasión de Ucrania). De esos 4,9% de subida, casi la mitad (+2%) ha sido sólo por la subida de los carburantes, que se han encarecido incluso más que el petróleo en estos 7 meses de guerra en Oriente Medio.

El petróleo ha disparado su cotización, por los ataques a pozos, refinerías y barcos, más el bloqueo del estrecho de Ormuz (por donde pasaba el 20% del crudo y gas): costaba 76,06 dólares/barril el 23 de febrero, antes del ataque a Irán, y saltó a 112,53 el 16 de marzo y a 109,58 dólares el 11 de mayo, para bajar en junio a 71,47 dólares (cuando se esperaba un  acuerdo) y rondar los 100 dólares en julio, agosto y septiembre, costando hoy 99,94 dólares/barril, una subida del +31,4% sobre antes de esta guerra. Pero los carburantes han subido mucho más, en especial el gasóleo: su cotización internacional ha subido +120%, cuatro veces más que el crudo, pasando de 690 dólares/Tm a finales de febrero a 1.046 dólares/Tm en mayo, 1.176 dólares/Tm en julio y 1.520 dólares/Tm a finales de septiembre.

¿Por qué sube 4 veces más el gasoil que el petróleo? Hay varias razones. Unas estructurales: Europa, Latinoamérica y muchos paises han reducido en los últimos años su capacidad de refino, optando por importar carburantes (sobre todo gasóleo) de Rusia, Oriente Medio, China y Asia. Pero además, la guerra en Irán ha dañado muchas refinerías en Oriente Medio, reduciendo la oferta y subiendo su precio. Y por si fuera poco, Rusia ha cortado sus exportaciones de gasóleo, para no tener que restringir las ventas internas tras los ataques ucranianos a sus refinerías, mientras China también ha frenado sus exportaciones ante los recortes en la oferta mundial. Y para dar la puntilla, Trump anunció hace unos días que cortaba sus exportaciones de gasóleo, para intentar frenar su precio en USA, que marca un máximo histórico en vísperas de las elecciones de noviembre: 6,50 dólares por galón, 1,51 euros/litro…, dos tercios de lo que cuesta el gasóleo en Europa, unos 2,24 euros/litro.

Además de caro, el gasóleo empieza a faltar en el mercado internacional, sobre todo en algunos paises europeos, como Francia, que importan mucho. Globalmente, Europa refina el 75% del gasóleo que consume, pero importa el 25% (la mitad de EEUU en agosto). Pero hay diferencias entre paises: Francia importa el 50% del gasóleo que consume (por eso hay gasolineras sin suministro), Reino Unido importa el 55%,  Alemania importa entre el 20 y el 25%, mientras Italia y España refinan prácticamente el 100% del gasóleo que consumen (apenas importamos e incluso exportamos algo, gracias a que tenemos 8 refinerías volcadas en producir gasóleo). Y lo mismo con las gasolinas y el keroseno de aviación.

A pesar de este autoabastecimiento, España y las refinerías españolas no pueden sustraerse a la situación internacional de desabastecimiento, por lo que también aquí se ha disparado el precio de los carburantes muy por encima de la subida del petróleo. La gasolina súper costaba este martes una media de 1,939 euros/litro, según el Boletín Petrolero Europeo, una subida del +31,8% sobre el precio anterior al ataque a Irán (1.4712 euros/litro el 23-F). Y la subida es mucho mayor para el gasóleo, porque hay mucha más demanda (se vende 4 veces más que gasolina) y menos oferta: costaba 1,4232 en febrero (menos que la gasolina) y ha subido hasta una media de 1,934 euros/litro este martes (+36%). Eso sí, gracias a las ayudas del Gobierno y a que pagamos menos impuestos, los carburantes son más baratos que en Europa: las gasolinas cuestan allí de media 2,103 euros por litro (+16 céntimos que en España) y el gasóleo 2,237 euros (+30 céntimos).

Además de los carburantes, el conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio de la luz, porque necesitamos producir una parte de la electricidad (casi el 20% del total este verano, por el calor) con centrales térmicas de gas natural, cuyo precio se ha disparado más que el del petróleo: costaba 31,62 euros/MWh antes del ataque a Irán y llegó a cotizar a 79,35 euros el 7 de septiembre (+151%), costando hoy 72,35 euros, más del doble que en febrero. Por culpa del gas y la gran demanda de energía (por el turismo y el aire acondicionado), el coste de la electricidad en el mercado mayorista se ha disparado: de 16,41 euros/MWh en febrero a 69,59 euros/MWh en junio, 104.75 euros en julio, 118,25 euros en agosto y 143,72 euros/MWh en septiembre, más del doble que el año pasado (61,04 en septiembre 2025). Este elevado precio en origen se traslada a los consumidores, tanto a los que tienen contratada la luz en el mercado libre (22,2 millones con contratos de revisión semestral o anual) como a los que tienen la tarifa regulada (8,3 millones), cuya tarifa se revisa cada mes: de 66,63 euros que pagaron de media en el recibo de junio a 88,81 euros que pagaron en agosto y los 107,8 euros que pagarán en septiembre.

El tercer culpable de la elevada inflación actual (+4,9% anual) es la subida de los precios turísticos (paquetes, hoteles, bares y restaurantes), algo que no tiene que ver con la guerra en Oriente Medio (salvo porque han venido más turistas). Y el resto de los servicios ha subido menos (+3,9%). Eso sí, preocupa que los altos precios de la energía han provocado ya una fuerte subida de los alimentos no elaborados: +5,8% en septiembre, subida que tiene que ver con el aumento de costes al campo (energía y fertilizantes) pero también con el cambio climático y los daños a muchas cosechas por las lluvias (primavera), granizo y sequía.

Frente a estas subidas por la crisis de Oriente Medio, que ya llevamos 7 meses sufriendo, el Gobierno ha aprobado este martes el tercer paquete de ayudas (por 5.200 millones de euros), que se suman a los que aprobó el 20 de marzo (antes que la mayoría de Gobiernos europeos, por una cuantía de 5.000 millones) y el 29 de junio (sólo por 1.825 millones, porque se esperaba un acuerdo). Ahora, el paquete durará hasta el 31 de diciembre y es mayor que los anteriores, porque todos los expertos creen que la crisis va para largo.

El primer grupo de ayudas aprobadas se dirigen a subvencionar de nuevo los carburantes, desde hoy: una subvención de 20 céntimos en septiembre por litro de gasolina y gasóleo, que se reducirá a 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, salvo que los carburantes suban más del 15% en septiembre (en cuyo caso volverá la ayuda de 20 céntimos). Esta ayuda se extiende a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, y se amplía al transporte de mercancías por tren (15.000 euros de ayuda por locomotora) y al transporte marítimo, mientras se mantienen las ayudas a la compra de fertilizantes (600 millones) y la prohibición de despedir por esta crisis a las empresas que reciben ayudas.

Un segundo bloque de ayudas son para rebajar la factura de la luz: en lo que queda de año (si el IPC de la electricidad sube un 15% en septiembre respecto a un año antes), se rebaja del 21 al 10% el IVA de la electricidad y del 5,1 al 0,5% el impuesto especial de la electricidad, que ya se rebajaron desde el 22 de marzo al 31 de mayo (primer paquete de ayudas), así como el IVA del gas natural y de la madera para leña. Además, se mantienen los descuentos extras vigentes desde marzo en el bono social eléctrico y el bono social térmico (50 euros), así como la prohibición de cortar el agua, la luz y el gas a los hogares vulnerables.

El tercer bloque de ayudas son nuevas, para los usuarios de gas natural y butano. Por un lado, se limita la subida del gas natural un 15% en octubre (si no se hiciera, se encarecería un 45%), lo mismo que en enero y después, medida que beneficiará a 3 millones de hogares que tienen tarifa de último recurso (TUR), muchos de ellos pertenecientes a comunidades de propietarios que tienen calefacción con caldera de gas y cuya factura les subirá un máximo del 15% este invierno, aunque el precio del gas se dispare. Y los 7 millones que utilizan la bombona de butano pagarán un máximo de 19,55 euros hasta junio de 2027 (desde los 18,84 euros que cuesta ahora).

Estas ayudas y las aplicadas desde marzo cuestan 12.000 millones de euros, lo que sitúa a España como el país europeo que más ha gastado en medidas contra la inflación energética. El Gobierno pide a Bruselas que no tenga en cuenta este gasto (por culpa de Trump) para el tope del déficit público como ya se hace con el gasto extra en Defensa aprobado en toda Europa. Y también propone España que si la crisis sigue y se mantienen altos los precios del petróleo, el gas y la electricidad, la Comisión Europea apruebe otro Plan de ayudas y medidas extraordinarias (incluido el tope al gas) como aprobó tras la invasión de Ucrania.

Mientras, el vicepresidente económico indicó el martes, tras el Consejo de Ministros, que los dos paquetes anteriores de ayudas (marzo y junio) han evitado una inflación mayor, que han reducido a la mitad la subida de los precios (o sea que el IPC habría subido al 10%, como lo tuvimos entre junio y agosto de 2022). Y que, a pesar de esta crisis energética, España sigue creciendo y creando empleo, más que el resto de Europa: la OCDE acaba de subir un 0,4% la previsión de crecimiento de España para 2026, hasta el +2,6%, muy por encima del crecimiento esperado para Europa (+1%), Alemania (+1,1%), Italia (+0,9%) o Francia (+0,4%).

La contrapartida a crecer más es que tendremos también más inflación: +3,7% en 2026, por delante de la inflación en la eurozona, Francia o Italia (+3%) y Alemania (+2,9%). La preocupación del Gobierno y de muchos expertos es que la subida de precios energéticos (petróleo, carburantes, gas y electricidad) se acabe trasladando a los precios de los alimentos, dañando aún más los presupuestos de las familias. De momento, los precios de los alimentos no elaborados (“frescos”) suben un +5,8%, pero lo preocupante es que llueve sobre mojado, porque los alimentos se han encarecido un +35% en los últimos 5 años (agosto 2021-agosto 2026), según el INE  (y un +84% los huevos, 60% el vacuno, +53,7% el cordero, +53% la leche, +46% el café, +40% las patatas…), mientras los sueldos subieron un +16,43%. Y el temor es que, si la guerra de Oriente Medio sigue, suban más los precios de los alimentos, sobre todo los elaborados, porque un estudio de CaixaBank (citado por el vicepresidente Cuerpo) demuestra que, en la anterior crisis tras la invasión de Ucrania, la subida de los alimentos tardó en aparecer de 6 a 9 meses…O sea, este 4º trimestre.

El Gobierno Sánchez ha aprobado este tercer paquete de ayudas contra la inflación porque sabe que los aumentos de precios es lo que más daña políticamente a un Gobierno, a cualquier Gobierno. Por eso deberían hacer lo mismo en Europa, aprobar un paquete de ayudas y medidas de choque, como hicieron tras la pandemia y la invasión de Ucrania, porque crece el descontento social  ante las subidas energéticas (en Francia vuelven a la calle los chalecos amarillos…), la subida de la vivienda y la dificultad para llegar a fin de mes, que alimentan el crecimiento de la ultraderecha, en vísperas de elecciones (en 2027) en Francia, Italia, España, Polonia, Finlandia, Grecia, Estonia y Eslovaquia…

Mientras, en España, urge tomar más medidas frente a la inflación, vigilando que algunos sectores y empresas no disparen márgenes y beneficios (como las petroleras y las eléctricas), que las ayudas públicas se trasladan a los consumidores (carburantes, gas y electricidad) y que los intermediarios, las industrias alimentarias y los supermercados no aprovechan las subidas de la energía para subir sus precios y márgenes. Lo que no puede hacer el Gobierno ni Bruselas es impedir que Trump y Netanyahu mantengan el conflicto en Oriente Medio, que estamos pagando el resto del mundo. Pero sí podrían presionarles para que se imponga la paz. Y, sobre todo, seguir tomando medidas para que los precios (alquileres y vivienda incluidos) no alimenten la desesperación de muchas familias y a la extrema derecha. Está bien crecer más que nadie, pero hay que repartir mejor el crecimiento y conseguir que muchas más familias lleguen sin tantos problemas a fin de mes.

Universidades: otro Curso con pocos recursos

Por primera vez en España, este Curso 2026-27 habrá 1,9 millones de universitarios estudiando un Grado, un Master o un Doctorado, tras años aumentando los alumnos. Pero quienes crecen son los estudiantes de las Universidades privadas (47, una más este Curso), mientras se estancan o bajan en las públicas (50 desde 1999), por falta de medios y oferta, que les obligan a subir las notas de corte y desviar alumnos a las privadas. Este nuevo Curso universitario, los rectores intentan reducir la precariedad de sus profesores (el 46% tienen contratos temporales) y buscan acuerdos de financiación a medio plazo con sus autonomías, que aportan el 80% de la financiación pública pero apuestan (las del PP) por las privadas. Mientras, España gasta menos que otros paises en financiar la Universidad, con grandes diferencias entre autonomías, lo que obliga a alumnos y familias a pagar las matrículas más altas de Europa. Y además de recursos, urge mejorar la enseñanza para que los universitarios trabajen más (no “sobrecualificados”) y haya menos parados.

                                       Enrique Ortega

España es uno de los paises occidentales con más jóvenes estudiando en la Universidad: están matriculados en la Universidad o en la FP Superior el 20% de los jóvenes de 15 a 19 años, casi el doble que en los paises de la UE o la OCDE (el 11%), según las estadísticas oficiales. Este mayor interés por la Universidad y el aumento de los jóvenes de esta edad ha llevado a que crezcan los alumnos que cursan en España estudios universitarios: de 1.498.369 alumnos matriculados en el curso 2015-16 a 1.875.010 alumnos matriculados en el curso 2025-2026, el último con datos oficiales. Este curso 2026-2027 serán más, porque acceden a la Universidad parte de los jóvenes nacidos en el año 2008, que fueron 519.779, 27.000 nacimientos más que en 2007 (492.527 nacimientos). Así que se esperan superar los 1.900.000 universitarios.

De esos 1,9 millones de jóvenes que estudiarán este Curso en las Universidades españolas, la mayoría (el 76,5 % del total, 1.435.757 alumnos el curso pasado) estudiarán un Grado universitario (generalmente de 4 años), mientras otro 17,7% estudiarán un Máster universitario (332.713 alumnos el curso pasado) y los restantes ( el 5,6% del total, 106.540 alumnos) estudiarán un Doctorado universitario, según los últimos datos del Ministerio de Educación. Los estudios de Grado han crecido poco la última década (+8,6% desde los 1.321.698 alumnos del curso 2015-2016) y el gran salto de alumnos se ha dado en los estudios de Master (se han casi duplicado: de 171.043 alumnos a 332.713) y en los estudios de Doctorado (de 55.628 alumnos a 106.540).

Con todo, el gran cambio en la enseñanza universitaria en la última década ha sido que el aumento total de alumnos se debe a las Universidades privadas, que han duplicado sus alumnos desde el curso 2015-16 (de 236.543 a 541.483 el curso pasado), mientras las Universidades públicas estancaban sus alumnos (han pasado de 1.311.826 en 2015-16 a 1.333.527 el curso pasado), bajando los estudiantes de Grado (de 1.143.223 en 2015-16 a 1.084.117 matriculados el curso pasado). Mientras, las Universidades privadas han aumentado sus estudiantes en Grado (de 178.475 a 351.640 alumnos) y han triplicado los de Master (de 55.634 a 182.043 alumnos) y de Doctorado (de 2.434 a 7.800 alumnos).

¿Qué está pasando? Las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año suben la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,05 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 20 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible… Y cada año más alumnos no pueden entrar en una Universidad pública y se ven obligados a pagar una Universidad privada.

El resultado es que sigue habiendo las mismas Universidades públicas (50, la última abierta, la Politécnica de Cartagena, en 1998) y aumentan cada año las privadas: este curso 2026-27 habrá ya 47 Universidades privadas (había 28 privadas en 2009), tras aprobarse la última, IE Universidad Madrid, en diciembre de 2025.  Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías españolas (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT compró en 2024 la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

Hace unos días, el presidente Sánchez señaló en un acto universitario las tres razones por las que las Universidades públicas ganan terreno (sus alumnos han crecido un +128% en la última década, frente al +3% en las públicas). La primera, la escasa financiación de las Universidades públicas por sus autonomías (que aportan el 80% del gasto público universitario, según la Fundación CYD), sobre todo en Madrid, Andalucía y Castilla y León, lo que reduce su oferta y desvía a los alumnos a la Universidad privada. Mientras, la financiación estatal a la Universidad ha aumentado un 78% desde 2018, se las han transferido 600 millones para investigación y otros 150 millones para contratar profesores, más 1.300 millones para becas (+45% que en 2018). La 2ª razón, como consecuencia, es que las Universidades públicas, infrafinanciadas, no pueden atender la demanda: en el curso 2024-25, recibieron 500.000 solicitudes para 245.000 plazas, lo que fuerza a muchos jóvenes a irse a una privada (“una elección forzada”). Y en tercer lugar, Sánchez cree que la proliferación de privadas lleva al aumento de ofertas universitarias de baja calidad.

Para frenar lo que llaman “chiringuitos educativos” (estudios universitarios de baja calidad, sobre todo cursos online), el Gobierno ha actuado dos veces y pronto lo hará una tercera. Primero, en octubre de 2025, aprobó un Real Decreto para endurecer los criterios para el reconocimiento de nuevas Universidades, decreto que la Comunidad de Madrid ha recurrido al Supremo. Segundo, el Gobierno ultima un real Decreto para regular los centros de FP privada (1.417 hoy, muchos promovidos por inversores y Fondos). Y el 18 de septiembre, el presidente Sánchez anunció que negociará con rectores y estudiantes un nuevo Real Decreto con más requisitos (profesores, docencia, investigación) para garantizar la calidad de los títulos universitarios, porque “no pueden ser una franquicia expendedora de títulos”.

El problema clave de las 50 Universidades públicas españolas es que están infrafinanciadas, sobre todo después de los recortes aplicados por Rajoy en 2012 (unos 1.000 millones), de los que no se han recuperado todavía, porque las autonomías les han aumentado su financiación un +4,9% desde 2009 (la inflación ha subido un +26,3%, con lo que reciben realmente menos), por lo que han tenido que reducir plantillas (no se sustituyen jubilaciones) y servicios. Eso ha llevado a que España financie menos la Universidad que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 11.741 dólares en 2022 (último dato de la OCDE, teniendo en cuenta la inflación), frente a 15.102 dólares en la OCDE y 15.830 dólares en la UE-27, un 25,8% más (24.044 dólares/universitario en Suecia, 19.500 en Alemania, 14.238  en Francia y 8.992 en Italia).Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades aporta en España el 65,9% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 75,8% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y con ello, el 31,8% del gasto universitario es privado en España, frente al 28,6% en la OCDE y el 19,5% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la hacen alumnos y familias, pagando elevadas matrículas y tasas en las Universidades públicas: entre 1.061 y 2.052 euros anuales.

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan el 80%% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas  menos que la media (8.626 euros/universitario en 2023-24) : Madrid (6.975 euros por universitario), Extremadura (8.069 euros), Cataluña (8.362 euros), Murcia (8.460) y Castilla y León (8.534 euros), según el Informe CYD 2025. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan Cantabria  (11.680 euros/universitario), La Rioja (11.283 euros), País Vasco (10.767 euros), Navarra (10.588 euros) y Comunidad Valenciana (10.075 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (2.052 euros/alumno, 432 euros más que la media), Cataluña (1.856) y Navarra (1.851) y Comunidad Valenciana (1.792 euros). Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas: Galicia (1.061 euros), Baleares (1.130), Asturias (1.155) y País Vasco (1.261).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir  aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades  de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuánto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta en el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 4.214 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2025).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, algunas Universidades públicas han logrado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con sus Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas. En Andalucía, la Junta firmó en 2023 un acuerdo para 2022-2026 y ahora anuncian que aumentarán la aportación para 2027. En Madrid, Ayuso ha firmado un acuerdo para destinar 14.800 millones a las 6 Universidades públicas hasta 2031, pero tiene “truco”: incluye los ingresos que aportan los alumnos... En la Comunidad Valenciana hay un Plan financiero 2026-29, con un pequeño aumento (también de tasas). Y en el País Vasco se prepara un Plan 2027-30, mientras Castilla la Mancha promete un Plan a 5 años. En las demás, la pelea financiera de las universidades es anual, Presupuesto a presupuesto. Y para el siguiente Curso 2027-28, todo va a depender del resultado de las elecciones de mayo en 12 de las 17 autonomías.

Además de más dinero, las Universidades públicas españolas necesitan reformas y cambios, según refleja el último informe CYD: reducir la tasa de abandono (el 24,6% de los universitarios abandonan sus estudios, sobre todo en los 2 primeros cursos y con el trabajo de fin de Grado: somos el 4º país UE con más abandono universitario), aumentar los alumnos que estudian Ciencias (sólo el 24% se matriculan en carreras STEM) porque tienen más salidas profesionales, mayor autonomía universitaria (ligada a auditorias externas), mayor internacionalización y una mejor gestión de personal, con más profesores de fuera. Y mejorar la inclusión social, aunque es mayor que en Europa: el 14,6% de los universitarios procede de familias donde los padres sólo tienen estudios obligatorios (el 7,2% en Europa) y el 29,8% tienen padres con estudios universitarios (el 50% en Europa).

También es clave reformar los Planes de estudio y colaborar más con las empresas privadas, multinacionales e instituciones públicas, tanto para el contenido de los Grados como para los Master, para conseguir así elevar la empleabilidad de los universitarios y reducir su paro: la tasa de empleo de los jóvenes entre 25 y 34 años (el 52% con estudios universitarios) es del 82%, frente al 87% en la OCDE y UE (donde sólo el 45,4% de jóvenes tienen estudios universitarios). Y la tasa de paro de jóvenes universitarios es del 9% en España frente al 5% en la OCDE y la UE, el 3% en Alemania, el 6% en Francia o el 7% en Italia. Y bajar el porcentaje de universitarios que están sobrecualificados para los trabajos que hacen: el 34% de los que trabajan aquí, frente al 21,3% de los que trabajan en Europa.

Y además, urge ayudar a los estudiantes a buscar una vivienda donde alojarse mientras estudian, al haberse disparado los alquileres. Choca que sólo el 4.1% vivan en una residencia universitaria cuando ahí residen el 14,6% de los universitarios en Europa. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha destinado 45 millones a financiar 1.525 alojamientos en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana, un avance insuficiente, porque el 51,2% universitarios viven con sus padres y otro 21,7% comparten piso, con serios problemas para llegar a fin de mes. Por eso, hay un alto porcentaje de universitarios que no encajan y se sienten agobiados y menos felices, según un reciente informe de CYD. Y sus profesores y rectores también tienen serios problemas, por su alta precariedad y la falta de recursos y medios. Es hora de apoyar seriamente a las Universidades públicas, como a la sanidad pública o al resto de la enseñanza. En este caso, además, nos jugamos el futuro de la élite que debe impulsar España este siglo.