Obsolescencia: fabricar para que se rompa

Hace años que algunos denuncian que muchas empresas fabrican productos para que se rompan al cabo de unos años y así poder vendernos otros nuevos. Es lo que se llama “obsolescencia programada”. Pero a la mayoría no le ha preocupado mucho, hasta que ha afectado a los “sacrosantos” móviles, cuando se ha detectado que Apple reduce adrede la potencia de sus iPhone con el paso del tiempo. Entonces ha saltado la denuncia en Francia y la Comisión Europea promete investigar, aunque hasta ahora no ha querido aprobar una Directiva contra la obsolescencia, que nos cuesta 60.000 euros a cada consumidor y multiplica los residuos, sobre todo de artículos electrónicos. Es hora de aprobar normas para prohibir esta mala práctica, que es “un engaño organizado” y nos hace consumir más. Hay que fomentar la reparación de aparatos frente a las modas de “ir a la última” y “cambiar por cambiar”. Alarguemos la vida de las cosas. No a la cultura del “usar y tirar”.
 

enrique ortega

La “obsolescencia programada” es una estrategia empresarial por la que el fabricante de un producto o una máquina planifica su vida útil, fabricándola de tal manera que tenga fecha de caducidad, que no dure más de un tiempo o unos usos determinados, gracias a un chip o un software que se instala para ello. Y al cabo de ese tiempo, que a veces coincide con la garantía (2-5 años), el aparato se estropea. Y si el consumidor intenta arreglarlo, se encuentra con que no hay ya piezas o que resulta casi más costoso repararlo que comprar uno nuevo. Y en consecuencia, el aparato va a la basura y compramos otro, muchas veces peor y más caro.

El origen de esta “práctica empresarial” se remonta a 1924, cuando los fabricantes de bombillas de EEUU y Europa (entre ellos General Electric y Phillips) alcanzaron un acuerdo para que ninguna bombilla durara más de 1.000 horas, frente a las 2.500 horas que solían tener de vida. Además de este “cartel” (llamado Phoebus), otros sectores empresariales (electrodomésticos, electrónica de consumo…) pactaron acuerdos similares y en los años 30, esta política, que favorecía el consumo, se vio como “una receta contra la Gran Depresión”. Ya en los años 50 y 60, el auge de la publicidad trajo consigo otro tipo de obsolescencia, la llamada “obsolescencia percibida”: fomentar en el consumidor un deseo de “poseer cosas nuevas”, de “comprar lo último”, desde ropa a electrodomésticos o coches, empujados por los fabricantes, dedicados a lanzar cada año “novedades” con mínimos cambios.

Hay múltiples ejemplos y pruebas de esta “obsolescencia programada”, como puede verse en el interesante documental  “Comprar, tirar, comprar”. Una “mala práctica” empresarial que tiene 3 graves consecuencias. La primera y más evidente, que nos hace gastar más, porque la lavadora, la impresora o el móvil duran menos de lo que deberían. En total, cada consumidor gasta a lo largo de su vida 60.000 euros de más por la obsolescencia programada, según estima la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss). La segunda, que dispara el consumo de energía y materias primas, en España y en el mundo, agotando progresivamente los recursos disponibles (finitos) y favoreciendo el Cambio Climático. Y la tercera, que la “obsolescencia programada” aumenta los residuos, sobre todo la “basura electrónica”, estimada ya en 65,4 millones de toneladas, según un estudio de UNU, la Universidad de la ONU. Y además, el 75% de esta basura electrónica generada por Occidente acaba en los vertederos de África y Asia: Ghana, por ejemplo, recibe 400.000 monitores de ordenador cada mes. Y no sólo crecen los vertederos sino la contaminación: un móvil tiene hasta 40 elementos contaminantes al desecharlo. Y un microondas contamina la atmósfera cientos de años.

Así que la “obsolescencia programada” es culpable de que gastemos más innecesariamente, de que agotemos y contaminemos el Planeta y de que lo sufra más el Tercer Mundo, no sólo porque trabajan mucho y mal pagado para fabricar nuestros móviles o TV sino que encima se los enviamos como basura peligrosa cuando ya no nos sirven.

¿Dónde se utiliza más la obsolescencia programada? Hay 10 aparatos vinculados a nuestra vida cotidiana que son los más afectados por estas “triquiñuelas empresariales”, según un estudio de Feniss: los móviles (la edad media de las baterías es de 20 meses, según un estudio del Centro Europeo del Consumidor), la lavadora (la duración media son 10 años o 2.500 lavados: el 80% incorporan cubetas de plástico que no duran más), el microondas (duran como máximo 9 años), el frigorífico (13 años de vida media), el horno (hasta 15 años, pero normalmente menos), los radiadores eléctricos (11 años de vida útil), el lavavajillas (entre 11 y 13 años de vida útil, menos si cuenta con un panel electrónico, porque suelen sufrir un cortocircuito), reproductor musical mp3 o iPod (funcionan entre 3 y 4 años), impresoras (las de tinta funcionan 3 años y las láser 10 años o más: utilizan un chip contador de copias y al llegar a un determinado número, dejan de funcionar…) y el ordenador personal (a los 3 años, la batería, el disco duro o las aplicaciones se han quedado obsoletas). Y no olvidemos la televisión (los actuales aparatos de plasma no duran más de 10 años, mientras los antiguos TV, con tubos catódicos, podían duran 15 años).

En todos los casos, cuando el aparato falla e intentamos repararlo, la respuesta es doble: o bien no hay ya piezas de repuesto o si las hay, hay que cambiar una buena parte del aparato (no hay despiece) y entre el material y la mano de obra del servicio de asistencia (oficial, el único que puede hacerlo) nos sale muy caro. “Le compensa más comprar uno nuevo”. Y así, llamamos para que el aparato vaya al desguace y compramos otro, más caro que el que teníamos y probablemente peor (“ya no se hacen estas lavadoras”, me comentaba hace poco un técnico). Y así, la obsolescencia programada tira del consumo y de la economía, pero también de nuestros bolsillos, de  los recursos escasos y de los residuos contaminantes.

Lo grave es que los consumidores estamos “indefensos” en manos de las marcas. Según un estudio de Greenpeace e iFixit sobre 17 grandes marcas, Apple, Samsung y Microsoft, tan presentes en nuestras vidas, son las empresas con artículos electrónicos que tienen un “índice de reparabilidad” más bajo en sus móviles, tabletas y portátiles. El escándalo ha saltado ahora con Apple, que en diciembre 2017 se vio obligada a reconocer que reduce adrede la potencia de sus iPhone con el paso del tiempo: sus terminales iPhone 6,6s, SE y 7 tienen instalado un algoritmo que ralentiza su rendimiento cuando el procesador alcanza picos de potencia para evitar que el teléfono se apague de manera repentina. Y, según Feniss, todos los fabricantes de móviles practican la “obsolescencia programada”.

A raíz de este problema, se ha abierto una investigación en Francia, mientras la Comisión Europea “se apunta al tema”, aunque recuerda que son los países los que deben vigilar estas prácticas. Ya antes, en septiembre de 2017, se produjo en Francia la primera denuncia por “obsolescencia programada”, presentada por la asociación HOP (siglas de “alto a la obsolescencia programada”, en francés) contra las multinacionales HP, Canon, Brother y Epson, sobre la base de un informe que demostraba dos fraudes: uno, que al cabo de determinado número de copias (controladas por un chip instalado), las impresoras dejan de funcionar; y el otro, que las máquinas envían información errónea señalando que se ha acabado el cartucho (y la impresora deja de funcionar), cuando en realidad todavía queda tinta (más cara que el Chanel nº 5: a más de 2.000 euros el litro de tinta). Y encima, los fabricantes instalan un software para que no se puedan usar más cartuchos que los de la marca.

En Francia se han podido presentar estas denuncias, ahora contra Apple por el iPhone y antes contra los fabricantes de impresoras, porque es el único país europeo que ha aprobado una Ley contra la obsolescencia programada, la Ley Hamon de 17 de marzo de 2014. Quienes infrinjan esta Ley pueden ser castigados con 2 años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros, más sanciones de hasta un 3% de las ventas. Pero otros países no han seguido el ejemplo francés, aunque el Parlamento europeo aprobó por abrumadora mayoría (662 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones), en julio de 2017, un informe que pedía a la Comisión Europea un nuevo marco normativo donde se definiera “un periodo razonable de uso” para los productos. Pero Bruselas no ha aprobado ninguna normativa contra la “obsolescencia programada”, salvo preparar un Plan para promover la "economía circular" donde defiende “el reciclado y la reparación”. Pero no se atreve contra las “artimañas” de las poderosas multinacionales, claramente demostradas en impresoras y móviles.

En España, la Comisión del Congreso para el Estudio del Cambio Climático aprobó por unanimidad, en marzo de 2017, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a “poner en marcha acciones contra la obsolescencia programada  en el marco de la normativa europea” (aún inexistente). Y planteaba la necesidad de prohibirla, alargar garantías, favorecer la compra pública responsable y medidas efectivas para reducir los residuos, planteando la necesidad de apoyar a las empresas de reparación, reutilización y reciclaje de vehículos. Es un buen punto de partida pero hoy, un año después, no hay ninguna Ley y el proyecto está parado en la montaña de reformas paralizadas en el Parlamento.

Mientras, la “obsolescencia programada” sigue inutilizando aparatos cada día, a costa de nuestro bolsillo y el medio ambiente. Urge tomar medidas y la Fundación Feniss plantea en su web algunas de las más necesarias: aumentar los periodos de garantía (de 2 a 5 años), acabar con el monopolio de reparaciones por marcas (apoyando a los reparadores independientes), aumentar la disponibilidad de piezas de recambio a precios asequibles, bajar el IVA de las reparaciones (del 21% actual al 10%: para ello, la ONG "Amigos de la Tierra" ha lanzado la campaña “#semerecenUn10”) y crear una etiqueta europea para “artículos fáciles de reparar”. De momento, Feniss se ha anticipado y ofrece el sello ISOOP (innovación sostenible sin obsolescencia programada) a las empresas que tengan un comportamiento responsable. De momento, sólo le han concedido este sello sostenible a 15 empresas (ver listado), ninguna importante salvo Casio.

En paralelo, la Fundación Feniss hace varias recomendaciones a los consumidores, para que luchemos contra el “fraude de la obsolescencia programada” mientras los políticos aprueban alguna norma: no tirar y reparar lo que se estropea (la ONG Amigos de laTierra difunde un listado de tiendas de reparación multimarcas y Feniss da consejos online para aprender a reparar uno mismo), practicar un consumo responsable, comprar más artículos de segunda mano, reciclar lo que se pueda y compartir información sobre la “obsolescencia programada”, para que más gente esté informada cada día (difunda este blog).

Vivimos en un mundo de consumo imparable que se aproxima al colapso por falta de energía y materias primas a medio plazo y por el deterioro del medio ambiente. Por eso, cada vez se habla más de un “crecimiento sostenible”, un objetivo que pasa por acabar con prácticas fraudulentas como la “obsolescencia programada”, que ahora ha saltado con los móviles pero que rodea toda nuestra vida desde hace décadas. Hay que acabar con ella. Se puede y se debe fabricar y consumir de otra manera. No a la cultura de “usar y tirar”.