Montoro tiene
preparado “un regalo envenenado” a los
Gobiernos autonómicos que salgan de las elecciones del 24-M: prestarles
dinero sin interés para que financien
la sanidad a cambio de que recorten el gasto farmacéutico, poniéndole
un tope en otoño. Lo justifica porque
ha subido la factura farmacéutica en
2014, tras cuatro años cayendo y a pesar del copago implantado en
2012. El mayor gasto se debe al envejecimiento,
a que hay 120.000 nuevos mayores cada año que gastan más en medicinas, aunque paguen
8 ó 18 euros al mes. España ya gasta en
medicamentos menos que Europa y no se
debía recortar más ni rebajar drásticamente
el precio de las medicinas, de las
más baratas de Europa. Porque cuando los medicamentos cuestan lo que una
cerveza, los laboratorios no
investigan y se exportan (legal e ilegalmente) a otros países donde pagan más, faltando en España. Hay
que huir del recorte fácil y apostar
por una
medicación responsable, que evite el despilfarro.
enrique ortega |
Ha subido el gasto
farmacéutico, en 2014 y en 2015, tras cuatro años de fuertes recortes. En 2014, aumentaron un 1,05% las recetas prescritas (868,63 millones,
18,6 por español al año) y un 1,92% el
gasto en recetas, que fue de 9.359,97 millones
de euros, según
Sanidad. Los mayores aumentos del gasto farmacéutico se dieron en Melilla
(+8,96%), Extremadura (+5,96%), Madrid (+5,39%), Ceuta (+4,77%) y Navarra
(+4,10%), bajando solo en el País Vasco (-3,80%) y Galicia (-1,64%). Y en 2015 sigue aumentando la factura
farmacéutica en recetas: 2.374,8 millones entre enero y marzo, un 1,84 % más que en
2014. Además ha que sumar el gasto farmacéutico en hospitales públicos, que también subió un 1,2%, hasta los 4.658 millones, en 2014. Y Farmaindustria prevé que crezca otro 2,8% este año 2015 (más del triple que el gasto en recetas).
El aumento del gasto farmacéutico
se debe, sobre todo, al envejecimiento
de la población, a que aumenta el
número de españoles mayores de 65 años, que suelen gastar más en
medicamentos. Así, en enero de
2015 había 8.572.779 españoles mayores
de 65 años, 641.615 más que en
enero de 2010. Y no es sólo que haya 120.000
nuevos jubilados cada año, que “tiran” más de recetas. Es que casi un tercio de todos los jubilados son mayores
de 80 años (2.726.024 españoles), los que porcentualmente necesitan más
medicinas. Además, los nuevos medicamentos
(sobre todo hospitalarios) también son más costosos. Y, sobre todo, se ha difuminado el “efecto ahorro” inicial
del copago
implantado por el Gobierno Rajoy en julio de 2012: al principio, los
jubilados (y los activos) se “cortaron”
un poco de pedir recetas, al tener que pagar una parte, pero luego volvió a
aumentar el gasto (y el despilfarro en muchos casos), porque se habían “acostumbrado” a pagar (entre 8 y 18 euros al mes la mayoría de los
jubilados).
Con ello, se ha roto la rebaja del gasto farmacéutico,
la
mayor hecha en Europa (salvo Grecia), al reducirse la factura en recetas en 3.322,4 millones entre 2009 (el año récord
de gasto, con 12.505 millones) y 2013
(9.183,2 millones de gasto). Un ahorro del 27% en cuatro años,
forzado por varias
medidas tomadas primero por Zapatero
(imposición de rebajas de precios a laboratorios y descuentos a farmacias) y
luego por Rajoy: copago
a los pensionistas (10%) y a los activos (40-60%) y retirada de medicamentos
financiables por el SNS (el 1 de septiembre de 2012 salieron 412 fármacos de la
financiación pública, “el medicamentazo”). Además, el gasto por receta es también menor por
la creciente penetración de los
genéricos más baratos (47,9% de las medicinas en valor y 78,3% en
unidades dispensadas) y por las
sucesivas rebajas de precios impuestas a
los laboratorios, la última en septiembre
de 2014. Eso sí, mientras, el gasto farmacéutico en hospitales no ha dejado de crecer, pasando de 4.380 millones (2010) a 4.658 (en 2014).
Ahora, la subida
del gasto farmacéutico preocupa al Gobierno y sobre todo a las autonomías, porque muchas no están pagando las recetas a sus farmacias, a las que adeudan
varios meses por falta de liquidez. Es el caso de Cataluña, Murcia, Valencia, Baleares,
Canarias y Extremadura, donde han tenido que destinar 1.683 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)
concedido por Hacienda a pagar recetas. Ahora, el ministro Montoro promete
destinar más dinero (sin interés) en 2015 a un Fondo
para financiar la sanidad y los fármacos, pero con una condición: que
las autonomías pongan un tope al gasto farmacéutico, que
no podrá crecer más que la economía (+2/2,5% este año).
Y ya lo han aprobado,
vía una enmienda a las Leyes de financiación de las
comunidades, aprobada en solitario por el
PP el 9 de abril en el Congreso (con el voto en contra de todos los demás
partidos). Con ello, las autonomías tendrán que enviar antes del 30 de junio sus
datos de gasto farmacéutico (y
sanitario) entre enero y mayo de 2015. Y si ha crecido más que la economía,
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos les aprobará medidas
para recortar el gasto (farmacéutico y sanitario), que deberán aplicar
si no quieren perder dinero del futuro Fondo sanitario. Los partidos se han quejado de que es una injerencia “anticonstitucional” del
Gobierno en la gestión autonómica. Y los
médicos (OMC) han criticado
con dureza este tope al gasto farmacéutico, ligado a la
economía y no a la salud. Mientras, la
industria farmacéutica va a firmar (a finales de mayo) un pacto con Hacienda (no con Sanidad), aceptando este tope de gasto,
porque prefieren asegurarse un crecimiento a medio plazo (el de la
economía) que estar al albur de rebajas y recortes según vaya el gasto ( y además, les han prometido a cambio acelerarles el plazo de autorización de nuevos medicamentos, más caros).
Nadie está en contra en poner
orden en el gasto farmacéutico, donde hay todavía
despilfarro: muchos pensionistas
que “tiran de receta” (con la colaboración de algunos médicos y las consultas “a minuto”) y acumulan medicamentos sin usar o caducados. El problema es que Gobierno
y autonomías están utilizando el gasto farmacéutico (14,5%
del gasto sanitario) como la vía
fundamental para recortar el gasto sanitario: el
79% del ajuste sanitario se ha hecho en los medicamentos. Y al hacerlo, el Gobierno “se ha pasado de frenada”: si hasta 2010 había mucho
despilfarro, hoy España tiene un gasto en
recetas por debajo de la media europea (0,88% del PIB, inferior al 1% que
propone Bruselas). Y el gasto farmacéutico público total por
habitante era en España de 232 euros (2002), un 23% inferior a la eurozona (301 euros) y aún más bajo que el de
Francia (383,6 euros) y Alemania (384,7 euros), según Eurostat. Y en 2014 subió a 300 euros por habitante (recetas y hospitales), un gasto menor que en Europa y similar al de España 2005, según
Farmaindustria.
¿Cuál es el problema
de este drástico recorte del gasto farmacéutico? Los bajos
precios de los medicamentos, forzados por las sucesivas rebajas
impuestas a los laboratorios desde 2010. Con ello, el precio medio de las medicinas en España está un
15% por debajo de la media de la eurozona (y un 31% más bajo que en
Alemania), según
Farmaindustria. Y con los últimos precios
de referencia, implantados en septiembre de 2014, el Gobierno ha
obligado a los laboratorios a que apliquen el precio del país que lo tenga
más bajo en Europa. O sea que si ya teníamos los fármacos más baratos
tras Portugal, Eslovaquia y Estonia, ahora acabarán siendo los más baratos de
Europa. Algo que suena bien, pero tiene dos
problemas.
El primer problema es que si caen drásticamente los precios
de los medicamentos, los laboratorios tienen menos incentivos para investigar y descubrir otros nuevos. De
hecho, el gasto
en I+D+I de la industria farmacéutica (líder en investigación) ha caído
desde 2010. Y sólo 2
de cada 10 medicamentos autorizados son innovadores, lo que tiene mucho
que ver con que cada vez se venden medicamentos más baratos: un 51% cuestan
menos de 3,5 euros y sólo un 14% valen más de 20 euros, habiendo bajado
drásticamente la cuota de los medicamentos
innovadores (del 4,1% en 2010
al 2,8% en 2014).
El segundo problema es que si cae drásticamente el precio de
los medicamentos en España, los laboratorios tenderán a exportarlos
fuera, a países como Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y países
del Este, donde los precios están hasta un 30% más altos. Y también se exportan medicamentos ilegalmente, a través de redes
de farmacias (que “distraen” medicamentos y vacunas destinados a los
españoles) y almacenes
que exportan ilegalmente, con un 80-150% de beneficio: ya hay 80
imputados (entre boticarios y almacenes) y más de 200 farmacias investigadas, en distintas operaciones desde
2014. Ahora, la Agencia del Medicamento ha preparado un Plan
para cruzar datos de compras y ventas y reducir este fraude, que además
va a ser perseguido con más penas:
el 1 de julio entra en vigor el nuevo
Código Penal, que establece de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación
profesional para un delito que hasta ahora sólo tenía sanciones
administrativas.
La consecuencia de tener
medicamentos con precios muy bajos,
que cuestan lo que una cerveza, es que se
exportan más (legal e ilegalmente) y eso provoca
desabastecimientos de algunas medicinas en España, en
farmacias y en los hospitales, sobre todo algunas vacunas, anticancerígenos
y fármacos contra los efectos de la quimioterapia, los trasplantes, la
leucemia, la epilepsia y el Parkinson. Actualmente, existen 185 medicamentos “en falta”, según esta
lista que publica cada día
la Agencia Española del Medicamento. La mayoría se sustituyen por otros, pero
eso causa incertidumbre a muchos pacientes.
Otro efecto de esta carrera (inútil) por rebajar como sea
la factura farmacéutica es que se está cargando
muchas farmacias, cuyas cuentas
no les salen por el doble efecto de la caída
de ventas (más recetas con menos
gasto) y el aumento de los descuentos forzados, más la morosidad
de muchas autonomías. Con ello, la caída
de márgenes ha sido del 34% en los últimos cinco años y eso lleva a que
un 20% de las 21.559 farmacias españolas estén con problemas y un 5% (más de
1.000) en riesgo de cerrar, según
Cofares, poniendo en peligro un eslabón clave de la asistencia sanitaria en
España. Y en cuanto a los usuarios,
el recorte se está dando en los medicamentos
financiados, que son cada día menos. Y por el resto, los medicamentos “libres” (39% ventas, casi
la mitad de las unidades vendidas), cada vez pagamos
más. De hecho, la Cruz
Roja ha advertido que un tercio de las familias que les piden ayuda
es para comprar medicinas que no cubre la sanidad pública.
Hay que poner orden
en el gasto sanitario, eso es indudable. Pero no con un tope ligado a lo que
crezca la economía. Hace falta un
gran acuerdo
con los médicos para que
receten menos, lo imprescindible, porque se abusa de los medicamentos (sobre
todo de los antibióticos) y muchos de los nuevos fármacos que sacan los
laboratorios no
son innovadores (no aportan ventajas y si un mayor precio). Y hace falta
una campaña de mentalización a los pacientes, sobre todo a los
mayores, para evitar
el abuso y el despilfarro. Sin olvidar los hospitales, que tendrían que vigilar más su gasto farmacéutico, sin amenazar con copagos a los pacientes. Pero luego, habrá que pagar los medicamentos por lo que valen, sin racanear en el pago para rebajar el déficit a costa de que no
se investigue o se exporte y falten medicinas en España. Esto es muy serio y no
puede decidirse con criterios contables. La
salud no tiene precio.
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