domingo, 28 de abril de 2013

La "receta" Rajoy: más recortes y más parados


Un día después de que España superara con creces los 6 millones de parados, el Gobierno aprobaba otro "ajuste"(recortes y subida de impuestos), el quinto de Rajoy , olvidando que la “receta” de tres años de austeridad (compartida con Bruselas y Zapatero) es culpable de la recesión y de 1,6 millones de parados (casi un millón son “de Rajoy”). Y para contentar a Bruselas, añade algunas reformas, que no ayudarán a reanimar la economía: es como hacer un lifting a un enfermo de cáncer. La economía está estancada, no hay consumo, no hay inversión, no hay crédito y se pierden 3.581 empleos al día. Y más de la mitad de los 6,2 millones de parados no recibe ningún subsidio, lleva más de un año en paro y carece de formación para encontrar trabajo (que no hay). Bruselas y el FMI temen que sigamos en recesión en 2014. Y el propio Gobierno acepta que no se creará empleo hasta 2015 y que habrá más paro al terminar la Legislatura que cuando Rajoy llegó al poder. Hay que cambiar de política ya, en Europa y en España, para reanimar la economía y crear empleo. El país no aguanta más.
enrique ortega

El Gobierno Rajoy repite cada día que”lo peor de la crisis ha pasado”, pero la realidad es que la economía sigue en recesión: volvió a caer un -0,5% en el primer trimestre, según el Banco de España, algo menos que el cuarto trimestre (-0,8%), pero más que hace un año (-0,4%), lo que da un -2% de caída el último año (-1,4% en 2012). El Gobierno revisó este viernes sus previsiones para 2013, del -0,5% anterior al -1,3%. Y es que la economía sigue estancada: no hay consumo, las familias no pueden gastar (bajan los salarios, suben precios e impuestos), no se invierte, no hay crédito (pese a la costosa reforma financiera) y lo que iba bien, el turismo y las exportaciones, han pinchado por la recesión en Europa.

La consecuencia más grave es que España sigue perdiendo empleo, por sexto año consecutivo: 3.581 empleos perdidos cada día en 2013, según la EPA, que acaba de superar con  creces la barrera de los 6 millones de parados: 6.202.700 (27,16% de los activos), 4,43 millones más que antes de la crisis (había 1.760.000 parados en el verano de 2007).

Una cifra tremenda, que esconde cinco datos muy preocupantes. Uno, que media España tiene un paro que ronda o supera el 30%, con grandes diferencias entre sur (41,62% paro en Cádiz) y norte (13,27% Guipúzcoa): Andalucía (36,87%), Extremadura (35,56%), Canarias (34,27%), CLM (31,51%), Ceuta (38,43%), Melilla (31,76%) y C. Valenciana (29,19%). Dos, que un 57,2% de los jóvenes menores de 25 años están en paro.Tres, que más de la mitad de los parados (el 56,3%, casi 3,5 millones) llevan más de un año en paro. Cuatro, que más de la mitad de los parados EPA no cobran ningún subsidio: son 3.167.834 los parados sin ayudas (51,08%), situación más grave en Ceuta (70% no cobran nada), Murcia (61,25%), Melilla (59,7%), Canarias (57,08%) y C. Valenciana (55,6%). Sin olvidar que hay 1.906.100 hogares con todos en paro. Y cinco, crecen los desanimados, los que ya ni buscan trabajo: 600.000, el triple que antes de la crisis.

Y lo peor es que el paro va a seguir creciendo este año, donde Bruselas augura que España pierda otros 500.000 empleos. Y tanto la Comisión Europea como el FMI temen que los recortes lleven a España a prolongar la recesión en 2014 y no crecer hasta 2015. En cualquier caso, auguran un crecimiento mínimo, del 0,7 al 1,6% hasta 2018, demasiado pequeño para dar esperanzas a los 6,5 millones de parados que habrá a finales de 2013. De hecho, el propio Gobierno Rajoy espera que se destruya empleo en 2013 (-565.000 empleos) y también en 2014 (-68.000 ocupados). Y que el paro siga altísimo, en el 25,8% al final de la Legislatura (2015), un 3% más que cuando Rajoy llegó al poder (22,85% de paro).

Un negro panorama frente al que el Gobierno Rajoy, empujado por Bruselas, ofrece la misma receta: ajustes y reformas. Por un lado, subirá en breve algunos impuestos indirectos (tabaco, alcohol, electricidad, medio ambientales y sobre depósitos bancarios) y el impuesto de sociedades, además de prorrogar a 2014 la subida del IRPF. Por otro, reducirá otra vez el gasto, rebajando las transferencias del Estado a las autonomías, que se verán obligadas a recortar más sus servicios a los ciudadanos. Quinto ajuste de Rajoy, que se suma a los 50.000 millones "ajustados" (recortes+subidas impuestos) en 2011 (diciembre), 2012 (abril y julio) y 2013, que nos han traído la recesión actual y 6,2 millones de parados (929.100 son “de Rajoy”). 

Y además, se aprueba un paquete de reformas, para contentar a Bruselas: ley de Emprendedores (para que parados se hagan empresarios), fórmulas no bancarias para financiar a las pymes (en lugar de forzar el crédito en las Cajas nacionalizadas con ayudas públicas), reforma energética (la sexta, mientras pagamos la luz más cara de Europa) y de las telecomunicaciones, más reformas de la Administración (obligarán a los Ayuntamientos a dejar de prestar servicios para ahorrar otros 8.000 millones) y liberalización de los servicios. Y la más importante:  una próxima reforma de las pensiones, para recortar las actuales y las futuras. Reformas postergadas que pueden estar algunas bien, pero que no surten efecto a corto plazo en medio de una recesión: son como hacer un lifting a un enfermo de cáncer.

Rajoy impone otro nuevo sacrificio a los españoles (y más paro) en aras de la austeridad y para rebajar el déficit. Pero es que además, apenas lo rebaja. De hecho, en 2012, tras intentar hacer trampas a Bruselas (retrasando devoluciones de Hacienda), el déficit se ha quedado en el 7% (10,6% contando las ayudas a la banca), el más alto de Europa. Y el déficit del Estado (con la SS) lo han recortado sólo -0,12% (del 5,20 en 2011 al 5,08% en 2012), menos que Zapatero, que lo rebajó -0,69% (del 5,89 en 2010 al 5,20% en 2011), a pesar de hacer el  triple de recortes. La verdadera rebaja del déficit la han hecho autonomías (-1,55%) y  Ayuntamientos (-0,30%), a costa de cargarse la sanidad, la educación, la Universidad y los servicios públicos y sociales.

Tanto sacrificio y encima apenas bajamos el déficit (al 7%), que seguirá por encima del 6% hasta 2017, según el FMI. Y eso porque los recortes provocan más recesión y menos recaudación y más déficit. Es la pescadilla que se muerde la cola. Una trampa endiablada que ha obligado al FMI a decir que hay que suavizar los ajustes y a Bruselas a reconocer que hay que dar más tiempo a España para rebajar el déficit, porque “se agrava la crisis social. Y así, se espera que el 29 de mayo, la Comisión permita a España dos años más, hasta 2016, para rebajar el déficit al 3%. Con ello, este año habría que bajarlo al 6,3%, no al 4,5% presupuestado. El problema es 2014: aún con este respiro, habría que bajar el déficit al 5,5%, algo imposible si no se hacen más recortes y se suben impuestos (IRPF e IVA, algo seguro). Y el temor entonces, advertido ya por el FMI y de la UE, es que estos nuevos ajustes lleven a España a no crecer tampoco en 2014, con lo que serían tres años de recesión, un paro camino de los 7 millones y un país en peligro de estallar socialmente.

La otra opción es crecer más, para recaudar más y reducir el déficit con menos sacrificios. Para ello, primero debe haber otra política en Europa, con Alemania y los países del norte gastando más para sacar a la UE de la recesión y tirar de la Europa del sur, algo impensable hasta después de las elecciones alemanas de septiembre. Y luego, en España debe hacerse otra política, tras un obligado pacto político que parece imposible. Otra política con cuatro patas: gastar más en políticas de empleo (formación y reciclaje de parados), relanzar el consumo (frenando la caída de salarios) y el crédito, apoyar la recuperación empresarial (en la industria, la tecnología, las exportaciones y el turismo) y recaudar más (en este blog he explicado cómo  conseguir 50.000 millones más de ingresos, sin que pague más la mayoría), para financiar estas políticas de reactivación y a la vez reducir paulatinamente el déficit.

Cualquier cosa menos seguir con la política de austeridad que ha llevado a la economía a la UVI y amenaza con matar al enfermo. Si tenían dudas, los 6,2 millones de parados deberían ser una poderosa razón para afrontar otra política de una vez por todas. No vale esperar a ver si esto mejora. Hay que hacer otra política, reanimar la economía, el consumo y la inversión para crear empleo, como han hecho con éxito EEUU, China, Brasil y ahora Japón. Hacer más recortes dolorosos y reformas ineficaces es perseverar en el suicidio.

miércoles, 24 de abril de 2013

Emprendedores: espejismo para jóvenes en paro


El Gobierno ha puesto en marcha un Plan de empleo juvenil cuya mayor apuesta es que los jóvenes desempleados se hagan “emprendedores”, cobrando el paro de una vez para montar una empresa con cotizaciones rebajadas. Un falso atajo para casi 2 millones de jóvenes parados, porque la mayoría acabarán cerrando su “chiringuito”, tras dejar sus estudios y comerse el paro: el 91% de estos negocios no sobreviven más de tres años y medio. Pero “emprender" se ha puesto de moda, en las autonomías y en el Gobierno, que aprobará este mes una Ley de Emprendedores, como “receta mágica” contra la crisis. La realidad es que crean poco empleo y empresas con poco futuro, sobre todo tiendas, bares y webs. Hay que fomentar nuevos negocios, pero con proyectos viables y no por la urgencia del autoempleo o para hacer marketing (demagogia política) a costa de los emprendedores. Y sobre todo, reanimar la economía y no hacer más recortes, como los de este viernes. Porque para emprender hay que vender.
 
enrique ortega

En España hay 1.860.000 jóvenes (menores de 30 años) sin trabajo, que sólo tienen por delante cuatro opciones: buscar trabajo sin conseguirlo, seguir estudiando, irse a otro país a buscar empleo o montar un negocio. El Gobierno, tras el tirón de orejas de Bruselas (tenemos el 52% de paro juvenil, el doble que la UE), ha puesto en marcha, con foto en Moncloa, un Plan de empleo juvenil con dos patas: incentivos (pocos) a la contratación de jóvenes y medidas para que se hagan “emprendedores”, para que cobren el paro de una vez y monten su negocio, pagando menos cotizaciones (50€ los 6 primeros meses).

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es un atajo para rebajar la cifra de parados jóvenes, animándoles a que se hagan empresarios. El primer problema, como siempre, es que se hace con poquísimos recursos: 1.700 millones en cuatro años para todo, 425 al año, de los que un tercio son para autoempleo (161 millones). El Gobierno estima crear 30.000 nuevos autónomos jóvenes en estos 4 años, frente a casi 2 millones de jóvenes en paro. El segundo problema es que muchos de ellos, angustiados por no trabajar, están ahora tentados a cobrar el paro de una vez y montar un negocio, sin un plan, sin medios y sin experiencia (el 26,8% de los emprendedores carecen de estudios). La mayoría montan una tienda, un bar, una franquicia o una web, que sólo les emplea a ellos. Y el riesgo es que dejen sus estudios y buscar un empleo acorde a su formación para acabar comiéndose el paro y cerrar. Eso sí, el Gobierno consigue que en ese tiempo desaparezcan de la lista del paro.

Está claro que España debe avanzar en el emprendimiento joven, porque sólo un 4% de los negocios (autónomos) los llevan menores de 30 años. Pero como una opción profesional más (“ser empresario”), no por la urgencia del autoempleo. Afrontar el grave problema del paro juvenil exige tomar otras medidas: educativas (conseguir que muchos jóvenes retomen los estudios que abandonaron, fomentar la Formación Profesional), formativas y de reciclaje (535.000 jóvenes en paro no han acabado la ESO y más de la mitad de los parados no hablan idiomas) y con contratos más incentivados que vinculen trabajo y aprendizaje. Y sobre todo, hace falta acabar con los recortes, que la economía crezca, que haya demanda, porque si las empresas no venden no contratan jóvenes (ni medio gratis como ahora).

Con todo, emprender se ha convertido en la receta mágica contra la crisis, en boca de  expertos y muchos políticos, junto a grandes empresas y bancos que hacen marketing (y demagogia) con su presunto (y ridículo) apoyo a emprendedores. De hecho, todas las autonomías tienen programas para emprendedores, con más asesores que nuevos empresarios. Y el Gobierno Rajoy lleva un año prometiendo una Ley de Emprendedores, que dice aprobará a finales de abril. La medida estrella es crear empresas por Internet con un euro de capital, en 24 horas y por 40 euros. Promete simplificar la burocracia, dar ayudas fiscales, reducir cotizaciones y conseguir vías de financiación (fondos, capital riesgo, microcréditos)  para que muchos españoles se hagan empresarios.

Está bien, no viene mal que haya más emprendedores, pero no deja de ser otro espejismo. Primero, porque hay mucha mortalidad en los nuevos negocios: sólo el 9% llegan a cumplir los tres años y medio, según el último estudio GEM. Y como uno de cada cuatro emprendedores está en paro, lo hacen con poca experiencia y formación, sin capital (5.000 euros es lo habitual), sin crédito y creando poco empleo (57% sólo el suyo y otro 36% con 1 a 5 empleados), en empresas poco innovadoras (90% con escasa tecnología), que no exportan (el 75%, nada). Mimbres que llevan a muchos negocios poco competitivos y sin futuro.

Además, los emprendedores se encuentran con un entorno hostil, que se ha llevado por delante a 571.000 autónomos desde 2007 (quedan unos 3 millones). Y eso porque están sufrido especialmente tres problemas: morosidad (2 de cada 3 autónomos no consiguen cobrar de empresas y Administraciones públicas, que les deben 4.811 millones), subida de impuestos (IVA, IRPF, aumento retenciones profesionales de 6 puntos desde enero y supresión de tributar por módulos a carpinteros, albañiles, cerrajeros, fontaneros y transportistas) y, sobre todo, falta de crédito: dos de cada tres autónomos ya ni lo piden y los que lo hacen se encuentran con que a la mitad no les dan nada y a otra cuarta parte menos de lo que necesitan (y carísimo).

En definitiva, que los emprendedores en España lo tienen bastante crudo con la crisis como para animar a más a intentarlo. Y sobre todo, que la solución al empleo no pasa sólo por crear más pymes, porque en España hay demasiadas (aunque no sea “políticamente correcto” decirlo): un 95% de empresas tienen menos de 10 empleados y sólo tenemos 3.305 empresas con más de 250 trabajadores (0,1%), cuando en Alemania hay 8.995 (0,5%). Y este raquitismo empresarial tiene negativas consecuencias, porque los estudios demuestran que las grandes empresas son más productivas, más innovadoras, más exportadoras y con un empleo más estable. Por eso, el Gobierno debería fomentar la fusión de empresas, junto a la reindustrialización, porque la industria es el sector que asegura más empleo y competitividad.

Eso no quiere decir que haya que abandonar a las pymes ni a los autónomos. Cada uno tiene su papel y las grandes empresas tiran de las pequeñas. Y está claro que debe haber más jóvenes que apuesten por ser empresarios, como en el resto de Europa u EEUU. Pero no puede engañarse al personal haciendo creer que el emprendimiento es la panacea para el empleo, como critican los sindicatos. Ni para jóvenes ni para mayores. Hay que apoyar las nuevas iniciativas empresariales, pero las que se vean viables y sean innovadoras. El resto, la mayoría, deberemos buscar empleo, de nuestra profesión a ser posible, trabajando en una empresa bien gestionada y con futuro.

Para todo ello, para que  se creen nuevos empresarios y contraten las empresas actuales, hace falta que la economía crezca, que haya demanda, que se venda. En lugar de reanimar la economía (como han hecho EEUU, Japón, China o Brasil ), Bruselas sigue empeñada en la austeridad, en que España haga más reformas (recortes) y suba impuestos, con lo que nos hundiremos más en la recesión, este año y quizás también en 2014. Si Rajoy les hace caso y mete más la tijera este viernes , la economía se retraerá más y así no habrá empresas que salgan adelante, ni viejas ni nuevas. Porque para emprender hay que vender. Así de simple.

domingo, 21 de abril de 2013

Respiramos uno de los peores aires de Europa


Ahora que ha dejado de llover, volveremos a preocuparnos de la contaminación, que fue grave a principios de 2011 y 2012. La Agencia Europea de Medio Ambiente nos acaba de recordar que media España respira un aire que supera todos los límites fijados por Bruselas y que somos el único país europeo, con Luxemburgo, cuyo aire ha empeorado. Y esto provoca graves enfermedades y 20.000 muertes al año. El Gobierno acaba de aprobar un Plan Aire 2013-2016, que contempla limitar el acceso de coches a las ciudades y subir los impuestos a los más contaminantes. Pero es insuficiente. Hay que tomar medidas más drásticas, como subir los impuestos al gasóleo (que paga menos y contamina 6 veces más que la gasolina), dar más ayudas para cambiar de coche, no subir tanto el transporte público y conseguir unos carburantes y coches menos contaminantes. Nos jugamos la salud y nuestras ciudades.
enrique ortega

España es uno de los siete países que incumplen los límites a la contaminación impuestos por la Comisión Europea (Directiva 2001/81) para 2010, junto a Luxemburgo, Austria, Francia, Alemania y Bélgica. Y el único, con Luxemburgo, que ha empeorado sus emisiones de gases contaminantes (2011), según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

España rebasa los límites europeos en las emisiones a la atmósfera de cuatro gases  contaminantes muy nocivos para la salud: dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM10), ozono troposférico (03) y dióxido de azufre (SO2). Y de un quinto que afecta a las zonas rurales: el amoníaco (NH3), producido en la agricultura y ganadería por el uso de fertilizantes y la gestión del estiércol.

El mayor problema es el incumplimiento límites de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico que procede en un 80% de los vehículos y cuyo techo europeo se ha superado (2011) en 13 ciudades, con 12 millones de habitantes : Madrid (capital, zona sur y corredor del Henares), Barcelona, Vallés y Baix Llobregat, Sevilla, Granada y Palma, según los mapas del Ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, el incumplimiento más grave es la emisión de partículas (PM10), en un 35-50% también procedentes de los vehículos (el resto, de calefacciones, industrias y térmicas), porque son las más nocivas para la salud. Superan el límite europeo un abanico de ciudades de toda España, con 7,2 millones de habitantes: Barcelona, Vallés y Baix Llobregat, Plana de Vic, Terres de Ponent, La Rioja, Bilbao y bajo Nervión, Gijón y Asturias central, Granada y Bailén.

El incumplimiento más extendido es la superación de los topes de ozono troposférico (O3), el ozono “malo” (el “bueno”, el estratosférico, filtra la radiación solar), producido sobre todo en verano por la fotooxidación de NO2 y compuestos orgánicos volátiles (COVs), procedentes de vehículos, calefacciones, térmicas e industrias. Media España (Madrid, sur de Castilla y León, mitad sur de España, la Rioja, valle del Ebro y Cataluña) incumple los límites europeos de O3, afectando a 22,6 millones de habitantes, según Medio Ambiente. Y España es el país europeo que más veces rebasó los niveles saludables de este gas irritante.

Por último, dos zonas españolas superan los límites europeos de dióxido de azufre (SO2), producido por la industria (refinerías y químicas): la bahía de Algeciras y Santa Cruz de Tenerife, afectando a 580.000 personas.

Estas emisiones de gases son nocivas para la salud y para la tierra (acidifican el suelo y dañan los cultivos), no sólo en España, sino que “viajan” a grandes distancias, produciendo lluvia ácida. Está científicamente demostrado que la contaminación del aire produce enfermedades respiratorias (asma, bronquitis, enfisema), cardiovasculares, tumores, ictus, partos prematuros y hasta diabetes y obesidad, sobre todo en los grupos de riesgo: niños, ancianos y enfermos crónicos. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aumentado su alerta y pide a los Gobiernos rebajar más los límites (que ahora se incumplen), sobre todo de las partículas más pequeñas (PM2,5 micras), las más peligrosas y que muchas ciudades no miden.

Frente al aire contaminado, un grave problema en toda Europa (más del 80% de la población europea está expuesta a una contaminación que supera las recomendaciones de la OMS), las soluciones son dispares. Hay ciudades, como Londres, que pusieron en 2003 un peaje diario a los vehículos. Otras, como Milán, tienen desde 2007 un protocolo para cerrar el centro al tráfico cuando hay contaminación excesiva (lo han hecho tres veces). Y en Berlín, desde 2008 se  restringe el tráfico en el centro a los coches más contaminantes, medida que aplican ya más de 400 ciudades europeas. En España, se ha optado por la trampa de cambiar de sitio las estaciones de medida (Madrid o Zaragoza) o pedir una prórroga de cinco años a Bruselas para cumplir los límites (se la ha negado a Barcelona y está pendiente Madrid), sin tomar medidas decididas, a pesar de los graves problemas a principios de 2011 y 2012.

Ahora, el Gobierno Rajoy quiere tomar medidas, con el Plan Aire 2013-2016, que se está debatiendo con autonomías, Ayuntamientos e instituciones. Pretende crear un marco común para todas las ciudades (ahora cada Ayuntamiento va a su aire) y promover tres medidas concretas: limitar la velocidad de circulación, poner colores a los coches (según lo que contaminen) para limitar su acceso a las ciudades (no se atreven a imponerlo a los Ayuntamientos y lo estudiará un Grupo de trabajo para aplicarlo en 2015) y subir el impuesto de circulación a los coches que más contaminen (crean una comisión con Hacienda y los Ayuntamientos).

Es un paso, pero insuficiente. Porque España tiene un problema de contaminación más grave que el resto de Europa. Primero, porque tenemos demasiados coches: en 1980 había uno por cada cinco habitantes y en 2010 son dos, con lo que somos el cuarto país del mundo con más coches por habitante (480 por 1.000), tras Italia (600), Alemania (510) y Francia (495), por delante de EEUU (439) y Japón (450). Pero sobre todo, porque somos “un país diésel: el 60% de vehículos circula con gasóleo frente al 37% en Europa. Un carburante que emite seis veces más NO2 y partículas PM10 que la gasolina.

Por eso, es urgente tomar medidas valientes. La primera, subir el impuesto al gasóleo (compensando a los transportistas), como piden  Bruselas y el FMI, ya que paga menos que en Europa y menos que la gasolina. Para equipararlos, habría que subirlo 7 céntimos litro. La segunda, que paguen más impuestos los coches más contaminantes. La tercera, más rigor en el control de la ITV: un 20% de los coches con más de 10 años (los que más contaminan) no la pasan, según  un estudio de la Universidad Carlos III. Cuarta, aumentar las ayudas para cambiar de coche, porque en 2014 la mitad tendrán más de 10 años. Quinta, fomentar el transporte público de verdad, congelando tarifas (ha subido un 8,1% en 2013 y más del 30% con la crisis) y mejorando el servicio, con autobuses menos contaminantes. Y limitar de verdad el acceso al centro de las ciudades con problemas.

A medio plazo, hay que tomar dos medidas de fondo. Una, conseguir carburantes menos contaminantes, lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno este año penalizando doblemente los biocarburantes (bajando su porcentaje del 6,5 al 4,1% y quitándoles la exención fiscal). Un camino que acaba de seguir EEUU: Obama ha aprobado el Plan Tier 3 para reducir los óxidos de nitrógeno (-80%) y el azufre (-60%) en los carburantes para 2017. La otra, pactar con  la industria para fabricar automóviles menos contaminantes, a la vez que se apoyan de verdad (sólo 10 millones de ayudas, retrasadas) los coches híbridos y eléctricos (un fracaso: se venden 1,2 al día).Carburantes y coches más limpios aunque más caros.

Todo ello supone enfrentarse a grupos muy poderosos (petroleras, industria automovilística) y tomar medidas impopulares (penalizar el coche), además de gastar más, en medio de la crisis. Pero no podemos seguir respirando veneno, más en cuanto la economía crezca. La contaminación causa ya 20.000 muertos al año, según Ecologistas en Acción. Y provoca otros costes, sanitarios y medioambientales, por 20.000 millones al año, según el Observatorio de la Sostenibilidad. Hay que pararla antes que nos carguemos nuestras ciudades de forma irreversible.   

miércoles, 17 de abril de 2013

Vivienda: escasas ayudas alquiler y rehabilitación


El Gobierno acaba de aprobar el Plan de Vivienda 2013-2016, centrado en el alquiler y la rehabilitación, sólo quince meses después de haber recuperado las desgravaciones a la compra de vivienda, que suprimieron en enero de este año por exigencia del déficit y de Bruselas. Un cambio drástico, muy positivo, que esconde un problema: el Plan de Vivienda nace con pocos fondos, sólo 577 millones al año, la décima parte de lo que se gasta en Defensa o la mitad que en Justicia. Y con unas subvenciones al alquiler que son menos de la mitad de las que se llevan las autopistas y 250 veces menores que las últimas ayudas a las Cajas nacionalizadas. Una oportunidad perdida, porque el alquiler y la rehabilitación podrían ayudar a recuperar la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos) , reanimar la economía y dar una salida a los jóvenes, más de la mitad viviendo con sus padres.
enrique ortega

El Gobierno Rajoy entró, en su primer Consejo de diciembre de 2011, por el viejo camino de apoyar la compra de viviendas, recuperando para 2012 la desgravación fiscal que había quitado Zapatero en enero 2011 y manteniendo el IVA superreducido del 4%, dos medidas que habían criticado muchas veces la Comisión Europea y el FMI, porque alimentaron la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento. Luego, la presión de Bruselas y la exigencia de recortar gastos les llevaron a quitar ambas ayudas, con fecha 1 de enero 2013. Y ahora, el Gobierno ha hecho de la necesidad virtud, cambiando su política de vivienda y centrándola en el alquiler y la rehabilitación, no en la compra (sólo mantiene la subvención de intereses a 250.000 compradores de viviendas protegidas).

En principio, apoyar el alquiler y la rehabilitación suena bien, pero el Plan de Vivienda 2013-2016 tiene un problema en origen: le faltan fondos. Su dotación es 2.311 millones en cuatro años, 577 millones de euros al año para la política de vivienda, una cantidad ridícula si se la compara con los 6.000 millones que destinó Rajoy a ayudas para la compra de vivienda en 2012 (desgravaciones e IVA). Y una cifra insignificante si se compara con el Presupuesto de Defensa (5.786 millones), Justicia (1.542) o Cultura (721,7 millones), con las subvenciones al transporte (1.178 millones), a los aeropuertos (847,4), a las autopistas (400 millones), a las eléctricas (2.200) o el último rescate a las Cajas nacionalizadas (40.000 millones).

La mayor parte del escaso presupuesto del Plan de Vivienda 2013-2016 se dedica a promover el alquiler :1.500 millones (375 al año), aunque se suprimen las ayudas a los promotores de alquileres sociales. Una cifra ridícula para superar el gran bache de España en alquiler, porque somos un país de propietarios: sólo un 17% de españoles viven en alquiler (83% en propiedad) frente al 38% en Europa (47% en Alemania). Con un país en recesión y 6 millones de parados, el alquiler es la única salida para muchas familias, que no pueden pagar ni la entrada de un piso (25%, con los gastos) ni una hipoteca (cada vez más difícil y costosa). Pero para eso hacen falta dos cosas: un parque de viviendas públicas en alquiler (que no hay) y ayudas para las familias con menos recursos.

El Plan contempla dos medidas. Una, promover  un parque público de viviendas en alquiler, con ayudas hasta el 30% del coste de edificación para organismos públicos, ONGs y empresas privadas que construyan para alquilar en suelo público. Pero el Plan sólo cuenta con 65 millones al año para subvencionar la construcción de viviendas en alquiler, con lo que sólo se podrán subvencionar 2.000 viviendas al año. Poco para un país donde tenemos sólo  un 2% de vivienda pública en alquiler (VPO), cuando en Francia o Reino Unido alcanza al 15%.

La otra medida del Plan de Vivienda 2013-2016 es ayudar a jóvenes y familias sin recursos a pagar sus alquileres. Aquí, el Gobierno Rajoy ha endurecido las condiciones y recortado las ayudas. El tope de ayuda baja a 200 euros al mes por alquiler (antes era 266,66), no se permite subvencionar alquileres de más de 600 euros (en Madrid o Barcelona, la media de alquiler de un piso de 90 metros supera los 800 euros) y ahora se mira el número de personas de la familia y lo que ingresan (para recibir ayuda, han de ganar menos de 532,57 € si es un soltero, 798,86 para una pareja, 1.118,36 € un matrimonio con dos hijos y un máximo de 1.597,53 € para cualquier familia, que era el único tope antes). Con ello, el Gobierno pretende repartir menos ayuda entre más personas, unas 133.000 al año, mientras se quedarán fuera incluso muchos mileuristas. Y eso en un país donde el 54,4% de los jóvenes viven con sus padres (46% en Europa) porque no pueden pagarse un piso o un alquiler.

La otra pata del Plan de Vivienda 2013-2016 es apoyar la rehabilitación, aunque con sólo 647 millones (161 al año). La idea es mejorar nuestro parque de viviendas (26 millones), donde más de la mitad (15 millones) tiene más de 30 años y 2 millones están en mal estado. Viviendas además con malos accesos (4 millones sin ascensor) y que gastan demasiada energía (luz y calefacción). Rehabilitar mata tres pájaros de un tiro: reanima el maltrecho sector de la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos con la crisis), reduce el consumo de energía (las viviendas consumen el 17% de la factura energética de España, 125 millones al día) y evita tener que cambiar de vivienda y construir otras nuevas.

El Plan contempla una ayuda a las comunidades de vecinos, de hasta 6.000 euros por piso (que puede llegar a 11.000 si se hacen obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad). Una idea que está bien, pero tiene dos problemas. Uno, que 161 millones al año sólo dan  para rehabilitar entre 14.000 y 26.000 viviendas año, cuando hay 2 millones con graves problemas. Y la otra, que como el tope de ayudas es el 35% de la rehabilitación, los vecinos han de poner el 65% del presupuesto y no están las cosas para gastar. Y menos si el crédito oficial (ICO) sólo destina 250 millones año en créditos para rehabilitación. La esperanza del Gobierno es que empresas e inmobiliarias se dediquen a rehabilitar edificios y para ello les dan el “caramelo” de modificarles la Ley del Suelo, dejándoles que construyan más o cambien incluso el uso de los edificios.

La propia patronal CEOE había pedido al Gobierno medidas para apoyar la rehabilitación, pero con más ambición: rehabilitar 250.000 viviendas al año (diez veces más que el Plan), calculando que así se crearían 135.000 empleos año. Con el Plan cicatero del Gobierno sólo se crearán, entre rehabilitación y alquiler, 105.000 empleos en cuatro años. Y encima, se pone “un nuevo impuesto” a todos los propietarios de vivienda, por exigencia de Bruselas: el que quiera vender o alquilar su piso, a partir del 1 de junio de 2013 tendrá que entregar al comprador o inquilino un certificado energético de su vivienda (para ver la letra que le corresponde, de la A a la G, como la lavadora o el frigorífico), que le hará un técnico y que costará unos 250 euros (y renovarlo, porque sólo le vale por 10 años).

Al final, el Gobierno Rajoy, acuciado por recortar el déficit, ha perdido otra oportunidad de oro para reanimar la economía y el empleo: destinar muchos más fondos al Plan de vivienda, al alquiler y a  la rehabilitación. Una inversión pública  no excesiva (bastarían 2.000 millones al año) que dinamizaría la actividad de muchísimas empresas privadas y que en su mayor parte se recuperaría vía más ingresos fiscales, más cotizaciones, menos desempleo y menos gasto en energía. Así, y no con recortes, es como saldríamos de la crisis.