El Gobierno ha
informado a Bruselas que recortará más
el gasto público en sanidad, educación, pensiones, desempleo y
familia de aquí a 2020. Si
España era uno de los paises europeos con
menos gasto social antes de la crisis y más tras los drásticos recortes
2010-2014, Rajoy quiere ahora reducir
aún más el Estado del Bienestar, a pesar de la recuperación. Estos futuros
ajustes son especialmente preocupantes en
educación, clave para mejorar la competitividad y el empleo. También en sanidad, porque el envejecimiento,
la tecnología y los medicamentos
forzarán aumentos del gasto. Y en pensiones
(España gasta menos que Europa), parados
(más de la mitad no cobran) y familias
(cuando cae la natalidad y la población). Urge frenar estos futuros recortes,
por injustos
y antieconómicos. Y actuar por el otro lado, ingresando más, porque
España recauda mucho menos que Europa. Se puede, siempre que algunos paguen más
impuestos. Este nuevo ataque al Estado del Bienestar es una
cuestión ideológica, no económica. Hipoteca nuestro futuro.
enrique ortega
España siempre ha
sido un
país con menos gasto público que el resto de Europa. Ya con Franco,
que apenas nos cobraba impuestos a cambio de un mínimo gasto social paternalista. Con la democracia, crece la presión pública por gastar más en todo,
pero España sigue con menos gasto público que Europa: un 40% del PIB en 1997-2001
frente al 46% en la UE-28, según Eurostat. Sube algo más los primeros años de la crisis, con
Zapatero tratando de frenarla a base de gasto (poco útil): al 43,5% del PIB en 2007-2011 en España
frente al 45,7% en Europa. Pero
luego, llega el primer Gobierno Rajoy con las tijeras y el gasto público baja año tras año, hasta el 42,8% del PIB en 2016, muy por debajo
de la UE-28 (46,9% del PIB) y que los
19 paises del euro (48% del PIB
de gasto público). Y más lejos aún del gasto público que hacen Francia (56,5% de su PIB) o los paises
nórdicos (57,3% Finlandia o 54,8% Dinamarca), e incluso Alemania (44,1%) o
Italia (49,7%).
En definitiva, que si
antes de la crisis España gastaba menos que el resto de Europa, ahora ha aumentado la brecha del gasto público con la UE y los paises euro, gracias a los recortes
hechos por Zapatero y sobre todo por Rajoy, básicamente desde 2012 a 2015 : -9.878 millones recortados en
sanidad desde 2009 (1 de cada 7 euros), -7.613 millones recortados en educación (1 de cada 6 euros), -11.364 millones en ayudas al paro, -2.865 millones en ayudas a la Dependencia, -1.200 millones en ayudas a las familias…
Y gracias a estos recortes, España tiene
un Estado del Bienestar más reducido que Europa.
Así, en sanidad, España gastó en 2015
unos 66.000 millones de euros, el 6,2% del PIB, por detrás del 7,2%
que gastaron de media los 28 países UE y los 19 del euro (o sea,
gastamos 10.750 millones de euros menos), según los últimos datos de Eurostat. Y bastante menos que Dinamarca (8,6%), Francia (8,2%),
Reino Unido (7.6%), Alemania (7,2%) o Italia (7,1%), cinco de los 14 paises que
gastan más que España en sanidad. En educación,
España gastó en 2015 unos 44.000
millones de euros, el 4,1% del
PIB, también por debajo del 4,9% que gastó la UE-28 y del 4,7% que gastaron los países euro (o sea, que gastamos 6.500
millones menos al año. Y somos el 7º país europeo que menos gasta en
educación, según Eurostat, muy por debajo del 7% de Dinamarca, del 6,5% de Suecia, del 6,2%
de Finlandia, del 5,5% de Francia, del 5,1% de Reino Unido o del 4,2% de
Alemania y similar al 4% de Italia.
En protección social, la principal partida del gasto público, España gastó en 2015
unos 184.000 millones de euros, un 17,1%
del PIB, según Eurostat, también por debajo del 19,2% que gastó en protección social la
UE-28 y del 20,1% que gastaron los paises euro (a lo claro: gastamos 32.000 millones menos que ellos al
año). Desglosado, el mayor gasto social es en pensiones
y aquí también gastamos menos que los
europeos: un 9,2% en 2015,
frente al 10,3% de la UE-28 y 10,8%
de los paises euro, según Eurostat (17.500 millones menos al año). El gasto en la vejez es muy
inferior al de Francia (13,6% del PIB) o Italia (13,8%), similar al de Alemania
(9,2%) y superior al de Reino Unido (8,8%). En paro,
España gasta más que la media europea, pero tenemos el doble de paro y el
triple o cuádruple que muchos paises (por eso, aunque gastemos más en
subsidios, el 53,7% de los parados EPA, 2.285.137 parados, no cobraban nada en marzo). En 2015, España gastó en desempleo 21.500 millones
de euros, el 2% del PIB, frente al
1,4% de la UE-28 y el 1,7% de la zona euro. Y gastamos lo mismo en desempleo
que Francia (2% PIB), cuando ellos tienen menos de la mitad de paro (10,4% en
2015 frente a 22,1%) y sólo algo menos que Alemania (1,7% PIB, con 4,6% de
paro). En ayudas a la familia, España
gastó en 2015 unos 6.500 millones de euros, el 0,6% del PIB, casi la tercera
parte que Europa (1,7% del PIB en UE-28 y zona euro). Y hay paises con más
ayudas a las familias, como Francia (2,5% PIB), Dinamarca (4,6%) o Finlandia
(3,2%).
Como se ve, los
recortes no sólo han desmantelado parte del Estado del Bienestar sino que nos han alejado del gasto social que se
hace en Europa. Ahora, con la recuperación de la economía,
parece que era el momento de apuntalar
este gasto público, recuperando parte de lo perdido. Pero el Gobierno Rajoy apuesta por más recortes, aunque públicamente “venda” lo contrario. Así,
este año 2017, el ministro Montoro
insiste en que “aumenta mucho el gasto social”, en que suben las partidas para sanidad, educación y
prestaciones sociales. Y es verdad en
millones (se gastan más, pocos más), pero estos gastos crecen menos que la
economía. Y por tanto, el Estado
de Bienestar sigue perdiendo peso. Así, el porcentaje del gasto sanitario baja
en 2017, del 6,07 del PIB (2016)
al 5,95%, el nivel más bajo desde
2007. Lo mismo el gasto en educación, del 4,01% (2016) al 3,93% (2017), el gasto educativo más bajo de este siglo.
Y en protección social (pensiones,
paro y familia, sobre todo), el porcentaje de gasto público baja del 16,9% del
PIB al 16,58%. Esta es la verdad: se
destina menos porcentaje de ingresos a los gastos sociales que en 2016 y que en
2011.
Así que el Estado del
Bienestar sigue “cuesta abajo”. Y
lo peor es que el Gobierno Rajoy se
propone recortarlo aún más, de aquí
a 2020, según ha comunicado a Bruselas, dentro del Programa de Estabilidad 2017-2020. Las cifras, sus cifras, son muy evidentes: el gasto público total, que ya cayó
del 45,80% del PIB en 2011 al 42,20%
en 2016, volverá a caer, al 41,48% en 2017 y al 39,19% en 2020. Significa que si
España gastaba en 2011 casi 46 de cada 100 euros que producía, en 2020 gastará
sólo 39 euros. Montoro podrá intentar engañarnos con que son más millones (claro, porque la economía producirá más), pero comparativamente (porcentualmente), el Estado gastará mucho
menos en el Estado del Bienestar.
Y gastará mucho menos
en todo, en las 10 partidas que componen el gasto
público, según el Programa de Estabilidad 2017-2020 (ver Cuadro A.8b de la página 101). Pero sobre todo en las que tres donde más gasta
y que más nos afectan: protección social
(pensiones, paro y ayudas a la familia), que bajará del 16,89% del PIB (2016) al 15,91%, sanidad (del 6,07 en 2016 al 5,57% en
2020) y educación (del 4,01% del PIB
en 2016 al 3,67% en 2020). Su excusa para este nuevo recorte del
Estado de Bienestar es doble: que hay que rebajar el
déficit público y que aunque gasten porcentualmente menos “gastarán mejor”.
La realidad es que el Gobierno Rajoy apuesta por estos nuevos recortes para 2020 por
ideología, no por economía. Porque algunos de estos recortes, como los de educación, atentan contra la recuperación. Todos los expertos, como
señala este artículo de La Caixa, han demostrado que el gasto en educación favorece la competitividad y la productividad de la economía. Y más
en España, donde el nivel de formación de los adultos es muy bajo, según revela el informe “Panorama de la Educación 2014” (OCDE) :
el 45% de los adultos españoles (25-64
años) tienen un nivel educativo bajo
(sólo la ESO o ni siquiera), frente al 21%
en Europa (UE-21) o el 24% de la
OCDE (34 países), y muy lejos de Suecia (sólo 12% adultos poco formados),
Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia
(27%). En medio, también tenemos menos adultos con formación media (Bachillerato y FP Básica): un 22% en España frente
a un 48% en Europa y un 44% en la OCDE. Y sin embargo, por arriba, estamos en cabeza de universitarios: un 32% en
España frente al 29% en la UE-21 y en 33% en la OCDE. Y así, tenemos más difícil competir por el empleo.
Recortar el peso del
gasto educativo, como ha apostado Rajoy, es un suicidio económico y social,
razón por la que hasta la presidenta del Banco Santander, Ana
Patricia Botín, ha pedido “frenar los recortes en educación”, porque cree que necesitamos un
sistema educativo “mucho más robusto”, por lo que “deberíamos aumentar la financiación”. Lo mismo llevan años pidiendo
a España la OCDE, el FMI y la Comisión Europea. Pero nada. Y lo mismo
el gasto en Ciencia, en I+D+i: el Gobierno Rajoy apuesta porque suba sólo
del 1,23% en 2015 al 2% en 2020, cuando el objetivo europeo ese año es gastar el 3%
en Ciencia. Así, con esta racanería
presupuestaria, será difícil conseguir un Pacto educativo.
En sanidad,
gastar porcentualmente menos de aquí a 2020 es dar la puntilla a una sanidad pública agobiada por los recortes de gastos y plantillas (41.000 médicos y
enfermeras), las listas de espera,
instalaciones viejas y tecnología obsoleta. Porque el futuro augura un aumento inevitable del gasto, por cuatro
poderosas razones: envejecimiento de la población y más esperanza de vida,
aumento de las enfermedades crónicas, necesidad de renovación tecnológica y
nuevos medicamentos cada vez más caros. Si en vez de gastar más (11.000
millones extras al año para gastar “como los europeos”), se propone gastar
porcentualmente menos, el colapso está asegurado, en perjuicio de los más
débiles y en beneficio de la creciente
sanidad privada (11 millones de españoles tienen un seguro médico privado).
En protección social,
la mayor amenaza de estos futuros recortes es para las pensiones, donde España ya gasta hoy menos que la media de Europa (17.500
millones menos al año), pero donde habría que dedicar más recursos en el futuro
(no menos) por el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida,
así como por el lógico aumento de las nuevas pensiones. Si el Gobierno Rajoy
quiere rebajar este gasto, como promete a Bruselas, es porque piensa aprobar más
recortes en la reforma de las pensiones que se aprobará este año. Y lo mismo en
las ayudas al desempleo, donde ya más de la mitad de parados no cobran. Y en las ayudas a la familia, en un país que necesitaría promover con urgencia y
seriedad la natalidad, porque está
cayendo la población (hay 726.295 españoles menos que en 2012, según el INE) y habrá menos
adultos para trabajar: el INE estima que para 2029 caerá la
población activa en 1.736.300 personas.
Además, el gasto en protección social debería subir y no bajar porque España es uno de
los paises europeos con más pobreza (13.180.000
españoles, un 28,6% de la población frente al 23,7% en la UE-28, según Eurostat) y con más desigualdad: España
es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de renta, según el FMI (el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza y el 1% el 20,3%, según datos del Banco de España). Y esto debería llevar a reforzar las ayudas contra la
pobreza (sobre todo, contra la pobreza infantil) y aprobar medidas para
paliar la situación de los 3,3 millones
de españoles que están en pobreza extrema, según Cáritas. Y
sobre todo, las 648.300 familias sin ningún ingreso (EPA).
Vayamos al fondo de la
cuestión: España tiene menos gasto
público que Europa porque también recaudamos menos que los demás paises. Eso ya pasaba antes de la crisis, se agravó
con ella y sigue pasando ahora: en 2016,
España ingresó (total ingresos
públicos) el 38% de su PIB, por
debajo de la media UE-28 (44,9%) y sobre todo de la zona euro (46,2%), según datos de la Comisión Europea. Traducido, esto quiere decir que si recaudáramos como los demás paises euro,
España habría ingresado 90.200 millones de euros más en 2016. No habríamos
tenido déficit público (47.630 millones)
y aún nos habría dado para gastar más en sanidad, educación y prestaciones
sociales. Así de claro.
Así que la otra vía de salida, que el
Gobierno Rajoy desoye sistemáticamente, es conseguir recaudar más, para lo que la Comisión Europea nos ha marcado el camino:
subir el IVA, subir los impuestos al alcohol, tabaco, carburantes y otros
impuestos medioambientales, reducir las deducciones de las empresas en
sociedades (las grandes empresas pagan sólo el 7,3% de sus beneficios), hacer que paguen más las multinacionales
y los más ricos, poniendo más personal y más medios en la lucha contra el fraude fiscal. Con una reforma fiscal de verdad,
para reducir el fraude y conseguir que paguen más los que pagan poco (grandes
empresas, multinacionales y fortunas), se podrían recaudar 40.000 millones más al año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA). Con esos recursos extras, se podrían
destinar 10.000 millones a rebajar el déficit y otros 30.000 a recomponer el
Estado del Bienestar, a recuperar lo perdido en sanidad, educación,
dependencia, pensiones y ayudas a parados y familias.
Las cuentas pueden
salir de otra manera, con más ingresos, no con menores gastos. Pero para ello, el Gobierno Rajoy
tendría que hacer pagar más impuestos no a la mayoría (que ya pagamos) sino a colectivos y sectores que pagan poco y a los
que no quiere enfrentarse, ni el PP ni su socio político Ciudadanos (que rechaza cualquier subida de impuestos): grandes empresas, petroleras, eléctricas, industria del automóvil, multinacionales
y los más ricos. Para no “tocar” su bolsillo, cuando las empresas ganan más que antes de la crisis, apuestan por “tocar” (recortar) el Estado del Bienestar. Y de paso, como “creen” más en
el mercado que en el Estado”, reducen el peso del sector público
en beneficio de los negocios privados (sanidad, educación y pensiones privadas
para el que pueda pagarlo). “No alimentar al monstruo del Estado, sino recortarlo”. Eso es lo que se
esconde detrás del Programa de
Estabilidad 2017-2020, recién enviado a Bruselas. Una apuesta ideológica, no
económica.
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