Guerra comercial: el chantaje de Trump

Trump ha declarado una guerra comercial a 185 paises del mundo, algo inédito. Lo justifica porque han “estafado” a EEUU, provocando déficits comerciales y hundiendo su economía, obviando que son ellos quienes han perdido competitividad y se han lanzado a fabricar en  medio mundo. Europa se debate entre negociar y defenderse con nuevos aranceles, como ha hecho China. Pero Trump no dará marcha atrás: ha lanzado un “chantaje” y pretende conseguir dinero (hasta 600.000 millones) y contrapartidas para sus tecnológicas, para bajar impuestos en USA y consolidar su revolución de extrema derecha. Si Putin se saltó hace 3 años todas las reglas al invadir Ucrania, ahora Trump (otro autócrata) se salta todas las reglas económicas para imponer al mundo unos aranceles que nos van a empobrecer a todos. Como frente a Putin, hay que aliarse frente a Trump, porque lo que está en juego no son las ventas de coches, aceite o vino, sino la ruptura de las reglas de juego y el futuro de Europa. Ya sabemos por la historia que no se detiene a un dictador negociando.

             Trump "justifica" con mentiras sus aranceles a 185 paises

El anuncio de aranceles de Trump, el 3 de abril, fue un “reality show” para consumo interno en EEUU, para sus 77 millones de votantes, aunque el resto del mundo lo siguiera conteniendo la respiración. Sus argumentos fueron tan simples como su populismo: el mundo se ha aprovechado de EEUU, “nos han timado”, invadiéndonos con sus productos, que han hundido a las empresas y al campo norteamericano, con pérdida de riqueza y empleo. Y ha llegado la hora de responder, “el día de la liberación”: les vamos a imponer aranceles, para recuperar parte de lo que nos han “robado”. Una explicación “simplista” y “falsa”: EEUU ya no es la potencia económica que era hace tres décadas porque su economía ha perdido competitividad y porque muchas empresas norteamericanas han preferido fabricar en China, Vietnam o México para ahorrarse costes y ganar más. EEUU compra más fuera porque los norteamericanos apuestan por coches coreanos o teléfonos fabricados en China.

Pero claro, esa no puede ser la explicación de un presidente “nacionalista”, que prefiere recurrir al viejo tópico del “enemigo exterior” para “hacer a America grande de nuevo”, en lugar de explicarles que han de reconvertir a fondo su economía para competir en un mundo globalizado. Y como buen “populista”, Trump apuesta por “soluciones simples”: seremos un país grande de nuevo si ponemos “aranceles”, impuestos a los productos extranjeros” (una medida del siglo XIX, sin sentido hoy) y obligamos a las empresas (las norteamericanas y las extranjeras) a instalarse en Estados Unidos. Es el cuento de la lechera: “así vamos a ingresar millones de dólares y a recuperar empresas y empleos”.

Y para poner en marcha esta estrategia unilateral frente al mundo, se inventa una fórmula que es otra mentira: vamos a imponer unos “aranceles recíprocos”, para responder a los aranceles que otros paises imponen ahora a EEUU. Y como somos “buenos”, en lugar de responder con el arancel que ellos nos imponen, les impondremos un arancel más bajo. Todo mentira. La fórmula (verla al lado), una ecuación teóricamente “sesuda” (incluso con letras griegas) es un invento (otro): refleja solo una cosa, el déficit comercial que tiene cada país con EEUU, que es el criterio para imponerles ahora los aranceles. Veamos el caso de Europa. El arancel a imponer a la UE-27 sale de dividir el déficit comercial (235.600 millones) entre las importaciones USA (605.800): da 39%. Nada que ver con el arancel real que aplica Europa a los productos USA, que ronda el 3%. Y como “somos buenos”, añade Trump, divido ese 39% por la mitad y, redondeando, me sale ponerles un 20% de arancel…

Y así con todos los paises que venden a EEUU más de lo que les compran, 185 paises del mundo, incluidas dos islas autónomas australianas (Heard y McDonald) donde sólo viven pingüinos y excluyendo a Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. … No hay “formulas” que valgan: los aranceles se imponen unilateralmente contra todos los paises (un 10% de entrada), pero se agravan contra los paises con los que EEUU tiene más déficit comercial. En 2024, ese déficit comercial (importaciones-exportaciones) alcanzó la cifra récord de -1.212.000 millones de dólares (1,2 billones), más que en 2013 (1,06 billones) y 2023 (1,17 billones). La cuarta parte del déficit total USA fue por China (-295.400 millones $), seguida de la Unión Europea (-235.571 millones $), México (-171.189 millones $), Vietnam (-123.436 millones), Taiwán (-73.900 millones), Japón (-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones).

Y estos son, justamente, los paises a los que Trump ha aplicado sus aranceles más altos, no porque estos paises les apliquen a ellos aranceles (apenas tienen) sino porque son quienes les venden más que les compran, bien porque tienen productos más competitivos o bien porque en ellos fabrican muchas multinacionales USA (coches Tesla o iPhone de Apple en China o zapatillas Nike en Vietnam). Así, el mayor arancel se impone a China (39% ahora, que se suma al 20% de aranceles impuestos en enero y febrero: 54%), seguida de Lesoto (50%: allí se fabrican los Levi´s), Camboya (49%), Vietnam (46%),Sri Lanka (44%), Bangladés (37%), Tailandia (36%), Taiwán e Indonesia (32%), India (26%), Suiza (31%), Sudáfrica (30%),Corea del Sur (25%), Japón y Malasia (24%) y Europa (22%), con un 10% para Reino Unido (ver listado de aranceles por paises).

Estos nuevos aranceles entraron en vigor el 5 de abril (para los 117 paises a los que “sólo” les aplica un 10%) y desde este miércoles el 9 de abril para los 40 paises con aranceles más altos, entre ellos los paises europeos. Pero estos son “los nuevos” aranceles, porque hay otros aranceles USA que ya se están aplicando. Recapitulemos. El 4 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a México y Canadá (al 50% de los productos, los que están excluidos del Tratado de Libre Comercio). El 12 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a todas las importaciones extranjeras de aluminio y acero. El 3 de abril se empezaron a cobrar los aranceles del 25% a los coches extranjeros (las piezas lo pagarán desde el 2 de mayo). Y también están en vigor los aranceles que se impondrán a los paises que compren petróleo a Venezuela (España entre ellos). Y además, el 2 de mayo entra en vigor la extensión de aranceles (54%) a los productos chinos que lleguen en pequeños paquetes (por importe inferior a 800 euros), que hasta entonces no pagan aranceles.

Hasta aquí el “órdago” de Trump, el “chantaje” de Trump al mundo, que ya es un hecho. Ahora, está sentado a la espera de que el mundo “negocie”, le ofrezca algo (“tiene que ser fenomenal”, ha dicho) para rebajar estos aranceles que, insisto, ya están en marcha. En el caso de Reino Unido, ya ha anticipado que podría ser una rebaja de impuestos y controles a los grandes de Internet (sus financiadores y socios), algo que también va a pedir a la Unión Europea. Y por si acaso el mundo no cede, dice que estudia futuros aranceles específicos al vino y bebidas alcohólicas, cobre, los productos farmacéuticos, la madera, los minerales críticos y la energía (petróleo y gas).

De momento, China, el país más afectado, se queja ante “una intimidación unilateral” y ha respondido anunciando nuevos aranceles a EEUU del 34% (como los últimos de Trump) a partir del 10 de abril. Ya había respondido antes a los aranceles USA  que sufre desde enero (10%) y febrero (otro 10%), imponiendo aranceles del 10 al 15% a muchos productos norteamericanos, desde alimentos a productos manufacturados y energía (por un valor global de 35.000 millones de euros). Ahora la respuesta es más contundente, porque los últimos aranceles USA afectan a 440.000 millones de exportaciones chinas. Pekín ha anunciado otras medidas, como penalizar exportaciones a 27 empresas USA (que se suman a otras 15 penalizadas antes) y restringir la venta de minerales estratégicos a empresas norteamericanas, además de abrir una investigación antimonopolio a Google y denunciar a EEUU ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Y ¿cómo reacciona Europa? En principio, con muchas palabras y pocos hechos. La presidenta Von der Leyen dijo que estos aranceles serán “nefastos para millones de personas en el Planeta”, pero mantiene abiertas todas las puertas para negociar con Trump antes de aprobar aranceles a los productos made in USA. El viernes ya hubo contactos (telemáticos) y la Comisión mantiene las puertas abiertas a negociar con Trump antes de contraatacar. De hecho, hasta el 9 de abril no se votarán en Bruselas los aranceles europeos de respuesta (a la soja, algunos wiskis y motos) a los aranceles impuestos ya al aluminio y acero (25% desde el 12 de marzo), que entrarían en vigor el 15 de abril. Y todavía no han cerrado una 2ª lista de aranceles europeos para responder a los aranceles al automóvil (25% desde el 3 de abril) y a los aranceles adicionales del 20% impuestos el 3 de abril. Cada país tiene su lista y no resulta fácil pactar la respuesta, que sería para el 15 de mayo. 

La gran "baza negociadora" de Europa es presionar con más controles normativos (evaden todas las normas de libre competencia)  e impuestos (apenas pagan)  a los gigantes de Internet USA (Google, Meta, Amazon, X, Microsoft ..), que tienen en Europa un gran negocio online (publicidad, búsquedas, ventas online, redes sociales, centros de datos...), con un superávit a favor de EEUU frente a Europa del que no habla Trump: +109.000 millones de euros en 2023, según la Comisión Europea. 

El mayor error que puede cometer Europa es retrasar su respuesta o dar señales de debilidad ante EEUU. Porque Trump, como Putin, sólo valora a los “enemigos” fuertes, se agranda frente a los débiles (como “los abusones” del patio de colegio…). Y si no ven una actitud dura y firme en Europa, no van a ceder sino que amenazarán con nuevos aranceles. Hay que dar una respuesta firme y rápida a Trump por tres razones. Una, porque se ha saltado toda la legalidad internacional, al imponer unilateralmente aranceles, al margen de la OMC. Otra, porque Europa es la primera potencia comercial del mundo (450 millones de consumidores) y tiene que aparecer como “un faro” para el resto del mundo, liderar la respuesta a Trump y no intentar “librarse en lo posible” cediendo. Y la tercera, porque estos aranceles van a hundir la economía europea, que apenas crece, en otra recesión.

Esto es lo que el mundo debería entender y contraatacar: los aranceles de Trump van a dañar a todos los paises y a la mayoría de empresas y consumidores (incluidos los de EEUU). Por un lado, imponer aranceles conduce a encarecer todos los productos importados un 20 o un 25%, lo que hará subir la inflación, en Europa y en todo el mundo. Por otro, muchos paises podrán exportar menos y eso llevará a hundir sus ventas, su crecimiento y sus empleos. En el caso de Europa, se estima un daño de 750.000 millones de euros en 4 años (200.000 sólo en Alemania, el país más afectado junto a Irlanda, Italia y Francia), según el Instituto de Economía alemán. Y la Comisión cree que están en riesgo una cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU, nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de 531.600 millones de euros). Es un tema muy serio, con muchas empresas y empleos en juego. En el caso de España, el daño será menor: están en riesgo 4.500 millones de los 18.179 millones exportados en 2024.

Y además de los aranceles, Trump está jugado otra “carta secreta”, que ya intentó EEUU el siglo pasado: depreciar el dólar, otra medida que también “empobrece” al resto del mundo, como los aranceles. Con una moneda más débil, EEUU tiene más fácil exportar sus bienes y servicios (desde el petróleo a la tecnología), porque son más baratos. Y el resto del mundo ve como se encarecen sus productos y venden menos en USA, no sólo por los aranceles. Los datos indican que el dólar se ha depreciado un -7,76% frente al euro desde la llegada de Trump a la Casa Blanca (el euro cotizaba el viernes  a 1,1035 dólares, frente a 1,024 el 13 de enero), con lo que los productos europeos son un 7,76% más caros.

Con los aranceles actuales y futuros y la debilidad del dólar, el daño económico de Trump al resto del mundo es muy preocupante. ¿Qué pretende Trump? . No está loco, tiene una estrategia de la que apenas se habla. Con estos aranceles pretende ingresar muchos millones del resto del mundo (hasta 600.000 millones de dólares anuales, 81.000 de Europa) para financiar con ellos, y con lo que se ahorre cuando Musk acabe de desmantelar la Administración y el gasto público USA (otros 400.000 millones), tener una “hucha” de 1 billón de dólares para poner en marcha su revolución conservadora: bajar drásticamente los impuestos (más a los ricos, pero también a la mayoría de norteamericanos) y promover un mayor poder de las grandes empresas tecnológicas, para defender sus valores de extrema derecha no sólo en EEUU sino en el resto del mundo, en especial en Europa. Sabe que ahora pueden caer las Bolsas, subir la inflación en EEUU y crecer menos a corto plazo, pero confía en que la bajada de impuestos y el tirón empresarial le lleven a asentarse en el poder, incluso a cambiar la Constitución para un tercer mandato (o para Vance y sus seguidores).

Así que lo que está en juego no es sólo si Europa vende menos coches en EEUU o si los españoles venden menos aceite o vino ni que comprar cualquier producto extranjero (electrónica, teléfonos, ropa y zapatillas, medicamentos) sea más caro. Lo que está en juego son unas relaciones económicas internacionales sin control, donde un autócrata sin contrapesos impone su Ley, la del más fuerte, empobreciendo al resto del mundo para financiar su modelo político de extrema derecha, intentando desmantelar el modelo europeo. Ya lo hizo Putin en 2014, con la invasión de Crimea, y como nadie reaccionó, lo repitió en Ucrania. Ahora, Trump declara al mundo esta “guerra comercial”, frente a la que no valen medias tintas. Ya sabemos por la historia qué pasa cuando no se hace frente a un dictador. Urge que Europa busque aliados y medidas eficaces (como controlar más a los gigantes de Internet) para frenar a Trump. No podemos perder esta guerra.

Justicia: arranca una reforma histórica

Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025,  los Juzgados de jueces unipersonales se integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán sus trámites judiciales los ciudadanos. Y  además, se obliga a quien presente un litigio, que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma, bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal, digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces. Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a nuestra economía.

                             Enrique Ortega

El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.

La Comisión Europea lleva años presionando a España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The 2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes, frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es que los ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.

Este complejo panorama justifica la insistencia de Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026. En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31 de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el 19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la sacó  la adelante por 177 votos a favor y 170 en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día siguiente (20 diciembre) pidió a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.

Esta Ley Orgánica 1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarse entre julio y diciembre de 2025, supone 3 grandes cambios. El primer cambio supone la reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800), vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia (431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración, especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias “orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.

El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos se incluyen en las Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una especie de ventanillas públicas judiciales, como una ventanilla única que facilite trámites.

La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante) es promover la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan algunas “costas procesales”.

Con esta tercera medida se trata de reducir los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7 millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”): delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se ampliarán con más jueces, algunos magistrados han advertido que “colapsarán”.

Otro cambio importante se dará en los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas (documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico. Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio, buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y para abrir una vía a las Comunidades de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo votan el 60% de los vecinos…

El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”. Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación,  más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no parece fácil aprobar unos para 2026.

Otro problema que preocupa a muchos expertos es que la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden). Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una solución consensuada (ver casuística).

Con todo, muchos expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como ejemplo, este dato: la tasa de resolución (asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por eficacia, no el “café para todos”.

Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas de jueces, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio (difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).

La reforma tiene 4 patas: igualdad de oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces “sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años), reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido prestigio). Además, la reforma incluye cambios en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.

En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP.  Ahora falta ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización y presupuesto. Y sobre todo, la implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.  Un país moderno y eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia más ágil en una década. Amén.