Los precios despegan
otra vez. Llevan ya un año subiendo
y la inflación alcanza el 1,8%
(según el IPC conocido ayer), un 0,2% más
que en la zona euro. Los culpables son los carburantes y la luz,
junto a los alimentos, por la fuerte
demanda turística (el sector subió
precios) y las malas cosechas (por la sequía y heladas). Ahora, se espera
cerrar 2017 con una inflación del 2%, frente a una bajada de precios en los tres años
anteriores. Con ello, trabajadores,
funcionarios y pensionistas perderán este año poder
adquisitivo, porque la inflación se comerá sus pequeñas subidas. Eso va
a reducir el consumo, las ventas y el empleo, mientras tener más inflación que
Europa nos restará exportaciones y turistas. Es importante subir más los
salarios y las pensiones, para alimentar la recuperación, a la vez que se toman
medidas para frenar subidas de precios en sectores
monopolistas y reducir los intermediarios en la alimentación. Atajar
la inflación, que perjudica a los más débiles.
enrique ortega
En septiembre se
ha cumplido un año de subidas continuadas de precios en España, tras tres años anteriores (2014 a
2016) en que los precios bajaron
(algo que no es habitual), por la crisis
(las empresas se veían forzadas a bajar precios para poder vender) y, sobre
todo, por la bajada del petróleo, el
euro y los tipos de interés, tres
grandes “regalos” exteriores para nuestra economía (no por la política de
Rajoy). Pero en septiembre de 2016 comenzó
la subida de precios (+0,2%), que ha seguido mes
tras mes, hasta situar la inflación anual en el 3% (enero y febrero 2017). Luego, los precios subieron menos, hasta
bajar la inflación al 1,5% en junio
y julio. Pero en agosto, la inflación volvió a subir (al 1,6%) y en septiembre
ha subido dos décimas más, hasta el 1,8%,
según el IPC publicado ayer por el INE. Una inflación superior al 1,5% que tenía a finales de septiembre la zona euro, según Eurostat.
En lo que va de año, los precios suben en España por la energía, el turismo y
los alimentos. La subida del petróleo
(que tocó el mínimo del año el 21 de junio, con 44,82 dólares/barril, para
subir luego hasta casi los 60 euros y estar hoy en 56,70 dólares) ha encarecido
los carburantes,
sobre todo tras la vuelta de vacaciones: la gasolina ha subido un 1,4% desde el
28 de agosto y el gasóleo otro 3,9%. Y eso ha encarecido el transporte personal (+3,1%) y el transporte público interurbano (+4,3%, según el INE).
Además, la sequía (y las heladas de abril) han provocado un deterioro de las cosechas, forzando subidas de muchos alimentos, sobre todo las carnes, el pescado, el aceite y
las legumbres, según el IPC, junto a la subida del tabaco a principios de año.
Y esa misma sequía ha encarecido la factura de la luz, un 4,5% en el último año, por el menor uso de la
energía hidráulica (embalses), más barata. Y para rematar, el récord de turistas ha tirado al alza de
los precios, sobre todo de hoteles, bares y restaurantes, que han subido un
2,3% en el IPC hasta septiembre. También han pesado la fuerte subida de los alquileres y de las telecos (teléfono e internet).
Ahora, los expertos creen que la inflación va a seguir alta hasta finales de año, con el petróleo cerca de los 60 dólares (podría
subir si en noviembre, la OPEP y Rusia amplían su recorte de producción y si se
complica la situación en Irak) y la persistencia de la sequía, que
provocaría una mayor subida de la luz ante la entrada del invierno. Un factor
clave será ver lo que hace el euro,
ya que si sigue a la baja (está en 1,17 dólares, tras rozar los 1,20 en
septiembre), provocará tener que pagar
más (de momento un +2,5%) por el petróleo, reforzando la inflación. Con
todo, la previsión de la Comisión
Europea y del informe del FMI de este martes es que 2017
acabe con una inflación del +2%, que
contrasta mucho con la inflación negativa que tuvimos en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%).
Vuelve la inflación y eso afecta mucho a la vida de los españoles, que nos habíamos acostumbrado a las
bajadas de precios y a las tarifas “low cost”. Pero, sobre todo, la inflación
es muy negativa para las rentas más bajas,
que son los que más la van a notar. No en vano se dice que la inflación es "el peor impuesto",
porque las subidas no afectan por igual a todos, sino que quitan más poder
adquisitivo a los que menos tienen, en especial a los trabajadores asalariados,
los funcionarios y los pensionistas.
Empezando por los
trabajadores asalariados (15,7 millones), 2017 será el primer año en que volverán a perder poder adquisitivo, tras ganarlo en 2014, 2015 y 2016
(tuvieron subidas de sueldos mínimas, pero les compensó la inflación negativa).
Los datos hablan de que los costes salariales sólo suben un 0,1% este año y hasta septiembre, la subida
en los convenios (que sólo han firmado poco más de 4,2 millones de
trabajadores), es del 1,4%, según Empleo. Con una subida media que ronda el 1%, si la
inflación acaba el año en el 2%, los asalariados perderán este año un 1% de
poder adquisitivo, que se sumaría al 8,6% de poder adquisitivo perdido
antes, con la crisis (2008-2015), según el Índice de precios del trabajo
recién publicado por el INE.
Los 2,5 millones de funcionarios públicos también perderán este
año poder adquisitivo: el sueldo les ha subido este año un 1% y frente al 2% de
inflación prevista supone un 1% perdido,
que se suma al 14% de poder adquisitivo perdido por
los funcionarios entre 2010 y 2015 y
el 0,8% ganado en 2016. Ahora, el Gobierno Rajoy les promete una subida
de sueldos del 1,75% para 2018 (1,5%
fija y 0,25% adicional si se crece lo previsto), algo superior al 1,4% que se
espera suba la inflación el año próximo, una ganancia mínima que no sirve para
recuperar ese 13.85% de poder
adquisitivo perdido desde 2010.
Y luego están los 8,66 millones de pensionistas, que perderán poder adquisitivo en 2017: el
Gobierno les ha subido la pensión un 0,25% y si los precios suben un 2%, perderán un 1,75% de poder adquisitivo,
tras ganarlo (poco) entre 2014 y 2016 (por la inflación negativa), aunque ya lo
habían perdido antes (entre 2011 y 2013). Si la mitad de los pensionistas ganan menos de 700 euros, eso
significa que perderán 12 euros al mes. Y también perderán poder adquisitivo (-1,15%) en 2018: 0,25% de subida
frente a 1,4% de inflación esperada. Y lo mismo hasta al menos 2022, en que la
situación de la Seguridad Social sólo permitirá subirles un 0,25% anual, según la norma aprobada en 2013 por el Gobierno Rajoy. Con ello, los pensionistas
españoles perderán otro 7% de poder adquisitivo hasta 2022, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).
Toda esta pérdida de poder adquisitivo, que afectará más a esos casi 27 millones de
españoles (asalariados, funcionarios
y pensionistas), se va a traducir en un menor consumo, tanto en 2017 como en 2018. Y también resta ingresos
a los ahorradores, porque la inflación se comerá lo poco que les rentan los depósitos (775.000 millones de euros por los que solo obtienen un 0,1% de rentabilidad
media). Por todo ello, las empresas venderán menos, se crecerá menos y
se crearán menos empleos: 425.000 nuevos empleos este año 2017, 100.000 empleos menos que en 2016,
según las previsiones de primavera de la Comisión Europea. Y este menos crecimiento y empleo no
será solo porque los españoles consumamos
menos (al subir los precios más que los ingresos) sino porque la inflación ataca de lleno a los otros dos
motores del crecimiento y el empleo: las exportaciones y el turismo.
España lleva todo este año teniendo más inflación que Europa (en 2016 tenía menos) y en septiembre, la inflación
española (+1,8%) superaba en 2 décimas a la de la zona euro (+1,5%). Y si
cerramos el año con el 2% de inflación, España será el 6º país con precios más altos
de la zona euro, solo por detrás de Estonia (3,3%), Lituania (2,8%),
Luxemburgo (2,4%), Bélgica y Letonia (2,2%). Eso significa que si los precios
suben más en España, las empresas que exportan tendrán más difícil competir y vender fuera. Y otro efecto
negativo de eso será que tratarán de compensar los mayores precios forzando a la baja a los salarios, poniendo más resistencia a que suban en
España. Otro efecto negativo de la mayor inflación es que retrae a los turistas (otra base
del crecimiento y el empleo español), que podrían buscar destinos más baratos
ahora que los hoteles y los precios
han subido mucho en España.
Como se ve, el repunte de la inflación es
preocupante y puede ser un lastre para
la recuperación. Y no puede echarse
sólo la culpa al petróleo y a la sequía. En España hay otros“culpables”, como los sectores que funcionan como monopolios, controlando el mercado y los
precios: las petroleras (las 4 grandes controlan el 62% de las
gasolineras), las eléctricas
(las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos
(Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los
accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan ya la mitad de los créditos y
depósitos). Y este enorme poder no sólo les permite “acordar” condiciones y precios
(algo prohibido) sino que los suben reiteradamente, sin ningún control del
Gobierno. Y aunque la Comisión de la
Competencia (CNMC) ha abierto más de 80 expedientes por pactar precios (a petroleras,
telecos, cementeras, concesionarios coches, basuras y hasta funerarias),
tiene pocos medios, escasos apoyos políticos y sus multas han chocado con las sentencias pro-monopolios de los tribunales.
Tras 4 años de existencia, la CNMC no funciona bien.
La consecuencia
de su enorme poder es que los españoles pagamos la 4º gasolina más cara de Europa y el 5º gasóleo más caro (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas
hipotecas más caras de la zona euro. Y no son sólo los monopolios. Hay muchas empresas
españolas poco eficientes, por su pequeño tamaño, su menor tecnología y
digitalización o su organización y
capacidad comercial, que “necesitan”
vender más caro para sobrevivir y ganar dinero. Muchas empresas y sectores que
trasladan su ineficacia a los clientes, en forma de mayores precios.
Sobre todo las que tienen menos competencia.
Y luego hay otro problema que también pagamos los
consumidores con mayores precios: las largas
cadenas de comercialización, los numerosos intermediarios
que encarecen los productos en el camino
del productor al consumidor, sobre todo en sectores donde no hay oferta online
potente y con medios logísticos. Es el caso de los alimentos, que están subiendo no sólo por las malas cosechas sino también porque los intermediarios aprovechan para
subirlos por el camino. Así, las frutas y verduras multiplican su precio por 4,38 (por más
de 8 las patatas o melocotones) entre el agricultor y el súper. Y las carnes, leche y huevos triplican sus precios, según el índice
IPOD (ver aquí lo que sube cada producto por el camino). Eso cuando los súper no vender la leche o el aceite por
debajo del precio en el campo, como “gancho”.
El Gobierno Rajoy tomó medidas
contra la inflación en febrero de 2017, aprobando un decreto para desarrollar la Ley de Indexación de 2015, pero sólo sirve para tratar de controlar tarifas públicas y no todas (no se incluye la luz, el gas o el
butano). Pero no hace nada para
controlar los precios de las empresas privadas (“economía libre de mercado”,
salvo cuando hay que rescatar bancos o autopistas
privadas). Y tampoco pone medios suficientes para que la CNMC vigile que
haya competencia o para mejorar la distribución de productos y servicios,
facilitando el comercio online y la digitalización de empresas. En paralelo, no se facilita una subida de sueldos y pensiones, para contrarrestar la mayor inflación.
Las empresas llevan ya tres años con beneficios y es hora de subir los salarios,
para mejorar el consumo y la productividad (claves para garantizar la recuperación). Y hay que subir las pensiones, dentro de una
reforma del sistema (que no llega) que asegure más ingresos estables, vía
impuestos (se puede y se debe ingresar más, reduciendo el fraude fiscal) y
cotizaciones.
La crisis nos
trajo una economía sin inflación, como síntoma de que la actividad no tiraba.
Y ahora que se mantiene la recuperación,
despunta la inflación, como uno de nuestros viejos males, síntoma de una
economía poco eficiente y de unos sectores poderosos que disparan precios, como
explican los Nobel Akerlof y Shiller
en su libro
“La economía de la manipulación”.
Es hora de que los consumidores exijamos a los políticos que actúen y vigilen los precios, para que no se beneficien unos
pocos en perjuicio de la mayoría. No se puede esperar que nos salve el
petróleo, el euro o la lluvia, que los precios “bajen solos”. Defiendan nuestro dinero.
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