Pelea por la alimentación, del campo al súper

Cuando vamos al súper, no sabemos la pelea que hay detrás de los alimentos que compramos, entre los agricultores y ganaderos que los producen, las industrias que los transforman y los supermercados que nos los venden. Cada uno busca su margen, en una cadena que nos pone el carro de la compra por las nubes. Pero en esa pelea, los que venden al final son los que se llevan la mejor parte, porque son muy poderosos: cinco grandes supermercados controlan el 64% del mercado de los alimentos, un 27% sólo uno, Mercadona. Y con esa fuerza, imponen sus condiciones, marcas blancas y precios. Ahora, el Gobierno ha aprobado una Ley para evitar abusos, aplaudida por el campo y las industrias. Falta ver que no acabe subiéndonos más los precios a los consumidores, después que en 2012, con la recesión, haya caído el consumo de alimentos, por primera vez en dos décadas.

enrique ortega

Los españoles nos gastamos unos 60.000 millones de euros al año en comer y beber, unos 4.100 euros por hogar (7 de cada 100 euros del gasto familiar). Un pastel por el que se pelean cada día tres sectores: los que producen los alimentos, los que los fabrican y los que los venden. Una cadena con una fuerza muy desigual: frente a un millón de agricultores y ganaderos muy dispersos (en realidad sólo 330.000 producen efectivamente alimentos para vender) hay 30.000 industrias (la mitad pequeñas, con menos de 2 trabajadores, y sólo una decena venden más de 2.000 millones) y una docena de grandes distribuidores (híper y grandes supermercados) que les compran a ambos y controlan la venta final a los consumidores: qué se vende, con qué calidad y a qué precio. Son los que mandan.

El problema de esta cadena alimentaria es que al final se produce un embudo: los alimentos han de pasar por el control de los distribuidores, que son los que los venden. Y son pocos y con mucho poder. Cinco de ellos controlan el 64 % de la distribución (2011), según un estudio de The Battle Group: Mercadona (27%), Carrefour (12,2%), grupo Eroski (9,6%), Día (9,4%) y grupo Auchan-Alcampo (5,8%). Y ese poder les ha llevado a imponer sus condiciones de compra a agricultores, ganaderos e industrias alimentarias. Incluso fijando condiciones abusivas, según denunció la Comisión de Defensa de la Competencia (CNC): pagos y condiciones especiales por vender productos, retraso en los pagos, publicidad ilícita y gestión desigual de marcas… Y han utilizado técnicas de vender a pérdidas “productos gancho”(leche, aceite, conejo), tirando precios y hundiendo a agricultores y ganaderos.

Con todo, el gran cambio ha sido el lanzamiento de las marcas blancas de estos distribuidores, convertidos así en “juez y parte”: venden artículos de marca de productores e industrias y venden a la vez sus marcas blancas. Y ayudan a sus marcas con prácticas que se consideran abusivas y que desvela un informe de The Battle Group: les cargan menores márgenes que a las marcas de fabricantes (entre 2 y 28 veces menos), les colocan mejor en sus estanterías y les dan un mejor trato en compras y pagos. El resultado ha sido el boom de las marcas blancas, apoyado en su bajo precio y alta calidad: ya suponen el 36,7 % de la cesta de la compra (eran el 22% en 2004), según Nielsen. En alimentación, las marcas blancas acaparan ya el 43,5% del mercado, en bebidas el 20%, en droguería y limpieza el 50,8% y en perfumería e higiene el 22,4% de las ventas.

Las marcas blancas se han consolidado en nuestras compras (España es el cuarto país donde tienen más peso en Europa), pero eso ha dado una fuerza tremenda a los cinco grandes distribuidores, en especial a Mercadona, la que más crece. Y están pasando tres cosas. Una, que las marcas blancas están hundiendo a muchas industrias y marcas de fabricante, expulsando competidores. Y con ello, han podido subir los precios de sus marcas blancas,  como demuestra el estudio de The Battle Group. Y la tercera, que su política de compras (y ventas a pérdida, con “precios escaparate”) está hundiendo el campo.

Por ello, agricultores, ganaderos e industrias llevan años pidiendo medidas al Gobierno, acusando a los grandes distribuidores de oligopolio, sobre todo en algunas autonomías (Mercadona controla el 41,6% de las ventas alimentarias en la Comunidad Valenciana y el 32,4% en Andalucía, mientras Eroski controla el 46,3% de las ventas en Euskadi, donde va a entrar ahora Mercadona, con 25 nuevos supermercados). El Gobierno Zapatero sacó una Ley de la cadena alimentaria en julio de 2011, pero no pudo aprobarse por el adelanto electoral. Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado una nueva versión, muy similar, que está en el Congreso y podría salir en julio, unos meses antes de que Bruselas apruebe una normativa comunitaria para dar transparencia al mercado alimentario.

La Ley que se debate en el Parlamento obliga a productores, industria y distribuidores a hacer contratos por escrito en la compra de alimentos y productos, prohibiendo las ventas a pérdida y las prácticas comerciales abusivas, así como la gestión ilícita de marcas. Y establece multas de 3.000 a 1 millón de euros. Además del palo de la Ley, habrá la zanahoria de “Códigos de buenas prácticas” en los contratos alimentarios, todo ello supervisado por una Agencia de Control Alimentario y un Observatorio que vigilará conductas y precios. Una Ley aplaudida por las organizaciones agrarias y la industria alimentaria, porque traerá más control y transparencia, aunque el gran poder de las distribuidoras está ahí. Y como ahora tendrán más complicado imponerlo, puede que las nuevas normas (criticadas por la CNC) se acaben traduciendo, para los consumidores, en futuras subidas de precios de los alimentos.

Pero algo había que hacer, porque las marcas blancas y los grandes supermercados están cambiando nuestros hábitos de consumo. Con el gancho de comprar más barato, tenemos menos donde elegir y hay menos innovación en los alimentos (son las marcas de fabricantes las que lanzan el 80% de los nuevos productos, según un estudio de ESADE). Además, han desaparecido las tiendas tradicionales (28% ventas) y han caído incluso los híper (16%), que se han dejado juntos un tercio del negocio en beneficio de los grandes supermercados (47% ventas), por  el tirón de las marcas blancas.

Quizás sea ir contra corriente poner orden en el mercado alimentario, pero si no apoyamos al campo, cada vez habrá menos agricultores y ganaderos dispuestos a producir alimentos (no les compensa y cierran, como han hecho 40.000 de los 60.000 productores de leche que había hace una década). Hay que ayudarles a que se organicen y monten cooperativas fuertes, que puedan negociar con los grandes distribuidores (hoy, las 4.000 cooperativas españolas venden casi lo mismo que las cuatro grandes cooperativas de Holanda). Hay que ayudar a la industria alimentaria española, para que compita con transparencia, innove y exporte, porque es algo con lo que podemos competir fuera. Y todo ello, simplificando y haciendo transparente la distribución, porque no es de recibo que los alimentos tripliquen y cuadrupliquen su precio del campo al súper, según demuestra cada mes el Observatorio de precios.

Precisamente, los precios altos y la recesión han dado la puntilla al consumo de alimentos, que ha caído en 2012, según Nielsen, por primera vez en varias décadas. Hay que cambiar el modelo, aprovechando la nueva Ley. Sin reglas claras y precios transparentes en la alimentación, sufriremos todos, menos los grandes distribuidores. Y con la comida no se juega.