Justicia: arranca una reforma histórica

Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025,  los Juzgados de jueces unipersonales se integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán sus trámites judiciales los ciudadanos. Y  además, se obliga a quien presente un litigio, que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma, bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal, digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces. Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a nuestra economía.

                             Enrique Ortega

El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.

La Comisión Europea lleva años presionando a España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The 2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes, frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es que los ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.

Este complejo panorama justifica la insistencia de Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026. En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31 de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el 19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la sacó  la adelante por 177 votos a favor y 170 en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día siguiente (20 diciembre) pidió a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.

Esta Ley Orgánica 1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarse entre julio y diciembre de 2025, supone 3 grandes cambios. El primer cambio supone la reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800), vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia (431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración, especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias “orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.

El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos se incluyen en las Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una especie de ventanillas públicas judiciales, como una ventanilla única que facilite trámites.

La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante) es promover la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan algunas “costas procesales”.

Con esta tercera medida se trata de reducir los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7 millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”): delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se ampliarán con más jueces, algunos magistrados han advertido que “colapsarán”.

Otro cambio importante se dará en los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas (documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico. Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio, buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y para abrir una vía a las Comunidades de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo votan el 60% de los vecinos…

El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”. Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación,  más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no parece fácil aprobar unos para 2026.

Otro problema que preocupa a muchos expertos es que la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden). Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una solución consensuada (ver casuística).

Con todo, muchos expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como ejemplo, este dato: la tasa de resolución (asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por eficacia, no el “café para todos”.

Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas de jueces, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio (difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).

La reforma tiene 4 patas: igualdad de oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces “sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años), reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido prestigio). Además, la reforma incluye cambios en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.

En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP.  Ahora falta ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización y presupuesto. Y sobre todo, la implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.  Un país moderno y eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia más ágil en una década. Amén.

Estirar la vida laboral: jubilarse y trabajar

Mañana 1 de abril entra en vigor la 3ª fase de la reforma de las pensiones, iniciada por el Gobierno en 2021 y continuada en 2023. Los cambios, pactados con sindicatos y patronal el verano pasado (y apoyados por el PP en el Congreso), incentivan retrasar la jubilación y facilitar que un jubilado trabaje o se jubile parcialmente y siga trabajando. Se busca reducir los  nuevos jubilados (368.000 en 2024), para frenar el gasto en pensiones, que en 2024 superó los 200.000 millones (73% para pagar jubilaciones). De momento, las medidas tomadas para penalizar las jubilaciones anticipadas y retrasar la jubilación han dado frutos: 34.273 trabajadores retrasaron su jubilación en 2024, el 9,3% del total y el doble que en 2021. Con todo, cada año aumentan los jubilados, con pensiones más altas, y preocupa que las reformas consigan sostener a medio plazo las cuentas. Hoy, la AIReF publicará un balance, impuesto por Bruselas, para ver si las reformas funcionan o si hay que tomar nuevas medidas.

                            Enrique Ortega

El gasto en pensiones en España sigue batiendo todos los récords. En marzo de 2025, la Seguridad Social pagó 10,31 millones de pensiones, por un importe histórico de 13.492 millones de euros (+50% que los 8.946 de marzo 2018). Ya en 2024, el gasto en pensiones batió todos los récord: 200.000 millones de euros, +38% que en 2019 (144.834 millones). Y casi dos tercios de esta factura (el 73%) se destina a pagar pensiones de jubilación: 6.558.073 jubilaciones en 2024, que cobraron 6.450.903 jubilados el año pasado (3,82 millones hombres y 2,61 millones mujeres), con una pensión media de jubilación de 1.450 euros mensuales (1.143 en 2019).

El problema de la factura de las pensiones es doble. Por un lado, cada vez hay más españoles en edad de jubilarse, por el envejecimiento de la población. Así, el número de pensiones de jubilación ha saltado de 5.994.755 pensiones en diciembre de 2018 a 6.562.698 pensiones de jubilación en febrero de 2025 (+9,5%). Y por otro, estos nuevos jubilados (368.234 en 2024) cobran más, porque han tenido mejores carreras profesionales, han cotizado más años y por sueldos crecientes, con lo que se jubilan con pensiones mucho más altas. Así, los que se jubilaron en febrero pasado lo hicieron cobrando 1.650 euros de media, un 11% más de los que se jubilaron en 2019. Y además, aunque también hay bajas, los nuevos jubilados cobran un 20% más de lo que cobraban los que se han muerto.

Esta es la endiablada “trampa de las pensiones”: cada año hay más jubilados (en 2024 se jubilaron 64.671 trabajadores más que en 2019) y se jubilan cobrando más, porque han cotizado más años y por sueldos más altos. Y esto va a empeorar a medio plazo: a partir de 2025, el coste de las jubilaciones va a aumentar más (hasta 2044), porque se jubila la generación del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1977). Y además, como van a vivir más (la esperanza de vida subirá de 83,5 años a 86,5 a mediados de siglo), cobrarán las futuras pensiones (más altas) durante más años (casi 20).

Para afrontar este panorama y conseguir que las pensiones sean “sostenibles”, en España se han hecho varias reformas en las últimas décadas. La primera reforma la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la aprobó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación (el 27 de octubre) de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que suponía un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos del sistema de pensiones a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siguiera recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que el Gobierno contempló aprobar una 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas.

Al final, el 16 de marzo de 2023, el Gobierno Sánchez aprobó una 2ª fase de la reforma de pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos pero rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Esa nueva reforma se centraba en aumentar los ingresos (15.000 millones anuales hasta 2050), que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo a los sueldos más altos. Y además, se subieron los años de cómputo para calcular la pensión, de 25 a 27 años, con dos “cautelas” para suavizar el ajuste: que los futuros pensionistas podrán “elegir” (hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 quitando los dos peores  y que el nuevo sistema se implantará de forma progresiva hasta 2038.

Tras esta 2ª fase, quedaban unos “flecos” a la reforma de pensiones, que se pactaron entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno en julio de 2024, firmándose en La Moncloa el 18 de septiembre de 2024 y trasladándose a un Real decreto Ley aprobado por el Gobierno en diciembre de 2024 y convalidado en el Congreso el 22 de enero pasado (con el voto favorable del PP y los votos en contra de Vox, Bildu, Podemos y BNG). Esta normativa, que cierra las reformas de las pensiones de 2021,2022 y 2023, pretende hacer compatible la jubilación con un empleo, que la opción de un trabajador no sea trabajar o jubilarse sino que pueda seguir trabajando después de los 65 años (o de los 66 años y 8 meses ahora, si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) e incluso compatibilizar pensión y trabajo (jubilación activa o parcial), como se permite en muchos paises. Objetivo: reducir el número de jubilados y frenar el aumento de la factura de las pensiones.

La nueva normativa pactada, que entra en vigor este 1 de abril, se centra en 3 tipos de jubilaciones. Una, la jubilación demorada: se aumentan los incentivos para que un trabajador retrase su jubilación después de los 65 años (o 66 años y 8 meses en 2025 y 67 años en 2027). Ya había un incentivo, aprobado en 2022, para aumentar un 4% cada año la pensión de quien la retrase. Ahora, se mejora este incentivo: se cobrará el extra por cada 6 meses de demora, sin esperar al año. Así, alguien que retrase su jubilación 2 años y 7 meses, cobrará un extra en su pensión del 4% por año y del 2% por los 6 meses de retraso (+10% en total).

El 2º cambio afecta a la jubilación activa, a los que compatibilizan durante un tiempo pensión y trabajo. Esto ya se podía hacer, pero ahora se introduce una mejora clave: se elimina el requisito de tener una carrera cotizada completa (38 años y 3 meses) y se permite compatibilizar pensión y trabajo a los que hayan cotizado 15 años. Esto beneficiará a los trabajadores con carreras cortas e intermitentes, especialmente a las mujeres. El acceso a poder trabajar de nuevo se permite 1 año después de la jubilación y el jubilado podrá cobrar el 50% de la pensión (si es autónomo con al menos 1 empleado, cobrará el 100%) y el sueldo que le paguen por su trabajo (a jornada completa o parcial). Otra novedad importante es que esta jubilación activa permitirá cobrar también los incentivos a la jubilación demorada señalados antes. Así que cada año que demore la jubilación y tenga una jubilación activa, aumentará el porcentaje que cobra de pensión (si es 5 años o más cobrará el 100%).

El tercer cambio afecta a la jubilación parcial, que permite compatibilizar la jubilación anticipada (a los 63 años si ha cotizado suficiente) con un trabajo por cuenta ajena con reducción de jornada: ahora se permite una reducción del 25 al 50% de la jornada, pero con el cambio puede llegar al 75% de reducción si se contrata a un joven como relevo (y además, en este caso, se permite la jubilación parcial a los 62 años). La pensión que cobrará el jubilado parcialmente será en función de lo que recorte su jornada como trabajador. El objetivo es incentivar a los trabajadores en sus últimos años de vida laboral (62 o 63) a que trabajen menos horas para dejar hueco a un joven (que debe tener contrato indefinido, para evitar fraudes), pudiendo cobrar una parte de su pensión según la jornada que haga.

Una variante que también cambia es la jubilación anticipada en la industria manufacturera, prorrogando el marco actual hasta 2029 (incluido), rebajando sus cotizaciones al 80%, permitiendo una organización más flexible de las empresas y mejorando la situación de los jóvenes “relevistas” (el que sustituye a un mayor que se jubila parcialmente). Estas mejoras son claves para muchas industrias, como las del automóvil, que han presionado al Gobierno y a los sindicatos a facilitarles la renovación de sus plantillas en España.

Otro cambio que incluye la nueva normativa es la mejora del acceso a la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos, que sólo trabajan unos meses (o días) y el resto cobran el paro, una figura muy usual en hostelería, turismo, campo o construcción. Se mantiene el beneficio del coeficiente multiplicador (1,5) al calcular sus cotizaciones para jubilarse: 6 meses cotizados equivaldrán a 9 meses. Y por último, el Real Decreto aprovecha para incluir otro cambio: a partir de ahora, los médicos de familia podrán “derivar” a las Mutuas las pruebas y la rehabilitación de los trabajadores con bajas por problemas musculoesqueléticos, siempre que el trabajador quiera (el médico es quien seguirá dando las altas y bajas).

Todos estos cambios, la 3ª fase de la reforma de las pensiones, deberán ser evaluados por el Gobierno y la SS a finales de 2028, para ver si han funcionado y aceleran el retraso de las jubilaciones y las jubilaciones activas. De momento, las reformas de 2021 han reducido las jubilaciones anticipadas: de 123.498 en 2021 (el 39% del total) han bajado a 108.968 en 2024 (el 29,60%), por lo que mucho que se pierde ahora al jubilarse anticipadamente (del 3,26 al 21%: ver cuadro). Y en paralelo, los incentivos a retrasar la jubilación han hecho que lo hagan muchos más trabajadores: 34.273 en 2024 (el 9,31%), el doble que en 2021 (15.250, el 4,8%), según los datos de la Seguridad Social.

Con todo, no se puede cantar victoria, porque cada mes hay más jubilados y más gasto. Y aumentará más con la jubilación de los “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1977). Por eso, la Comisión Europea nos vigila de cerca, porque “no quiere sustos” y que el gasto en pensiones rompa la extraordinaria bajada del déficit público (del 9,9% del PIB en 2020 al 2,8% en 2024) . Y ha encargado un informe a la Autoridad Fiscal española (AIReF) para que haga un balance del gasto en pensiones 2022-2024, tras las reformas. Informe que se conocerá hoy, 31 de marzo. Si hay un desfase entre ingresos y gastos (se habla de 12.000 millones), Bruselas podría forzar a España a nuevas reformas en los próximos meses. En realidad, la reforma de las pensiones es “una reforma permanente”, con cambios periódicos para asegurar su futuro. Así que la reforma que entra en vigor mañana será “la penúltima”. Atentos a las noticias.

La economía mundial, "patas arriba" por Trump

No lo hemos votado, pero ya sufrimos el desgobierno de Trump. No sólo porque ponga en peligro la seguridad, la democracia y el Estado del bienestar en Europa, con su apoyo a la extrema derecha y a Putin, sino porque nos afecta al bolsillo: el mundo crecerá menos este año y tendrá más inflación, por el proteccionismo y los aranceles de Trump, según alerta la OCDE. Y Europa seguirá estancada, con más inflación y sin poder bajar más los tipos, según el BCE. El daño dependerá de los aranceles que finalmente aplique Trump al resto del mundo (automóviles y otros), el  2 de abril. España los sufrirá (desde  el aceite y el vino a la maquinaria),  aunque menos que Alemania, Irlanda, Italia o Francia. Es urgente que Europa reaccione con más firmeza ante esta “epidemia Trump”, con más inversiones y proyectos para afianzar la competitividad, la industria, la tecnología y la descarbonización, para reanimar la economía y el empleo y asegurarnos la autosuficiencia, la seguridad  y la democracia.

               Trump concretará aranceles a Europa el 2 de abril

Hoy se cumplen 67 días desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EEUU y parece que ha pasado un año, a juzgar por el tsunami que han provocado sus medidas (dictatoriales, contradictorias y nefastas) en EEUU y en el resto del mundo. No sólo está desmontando las bases políticas de la democracia más antigua del Planeta (249 años) sino que se ha dedicado a desmantelar la cooperación multilateral (OMS, ONU, Acuerdo del Clima …) y retornar al gobierno de la fuerza de las grandes potencias (EEUU, Rusia y China), relegando y desprotegiendo a Europa (que se ve obligada a gastar más en Defensa y Seguridad) , con ataques a su democracia liberal y su Estado del Bienestar, apoyando a la extrema derecha del continente, que defiende “menos Europa”, más nacionalismos, menos inmigrantes y no seguir luchando contra el Cambio Climático. Pero el desgobierno de Trump no sólo afecta a nuestra democracia y a nuestros derechos sociales, también a nuestro bolsillo.

La alerta la acaba de lanzar la OCDE, el organismo que agrupa a los 35 grandes paises de Occidente: la economía mundial va a crecer menos este año 2025, por las políticas proteccionistas de Trump y la incertidumbre geopolítica: el mundo crecerá el 2,2% en 2025 (-0,2% menos de lo previsto en diciembre) y el 1,6% en 2026 (-0,5% de lo que preveían hace sólo tres meses). El crecimiento será este año menor al esperado en EEUU (2,1%, -0,2%), la eurozona (1%, una rebaja del -0,3%), Alemania (0,4%, -0,3% que en diciembre), Francia (0,8%, -0.1 sobre lo previsto), Italia (0,7%, -0,2% frente a lo previsto antes) y Reino Unido (1,4%, -0,3% de rebaja), aunque España será el único país que crecerá más de lo previsto en diciembre (2,6%, +0,3%), junto con China (4,8%, +01% de lo previsto). México entrará en recesión (-1,3%) y Canadá apenas crecerá (0,7%, -1,3% que antes).

La otra consecuencia negativa de la incertidumbre económica desatada por Trump y sus aranceles es que subirá la inflación en el mundo: aumentará un 0.3% adicional en los próximos 3 años, según la OCDE, que estima una inflación mundial del 3,8% en 2025, un 2,2% en la zona euro (+0,1% que antes), 2,4% en Alemania (+0,4%) y un 2,8% en EEUU (+0,7% más de lo previsto en diciembre), mientras subirá al 2,5% en España (+0,4% sobre la previsión anterior), el 1,5% en Francia (-0,1%) y el 1,7% en Italia (-0,4%), disparándose la inflación en Canadá (3,1%, +1,1% que en diciembre) y México (4,4%, +1,1%).

En el caso específico de Europa, el BCE acaba de lanzar otra alerta: si Trump ejecuta su amenaza de aranceles a los productos europeos, la zona euro se estancará, creciendo sólo un 0,4% en 2025 (frente al 0,9% que esperaban creciera hace unos meses). Y además, subirá más la inflación, al encarecerse los productos importados de EEUU, del 2,3% que antes se esperaba al 2,8% en 2025. Y eso, advierte el BCE, les dificultará nuevas bajadas de los tipos de interés, que están en el 2,5% tras las 6 bajadas hechas en los últimos 9 meses. De hecho, el Euribor , que marca la revisión de las hipotecas, ha frenado sus bajadas y lleva una media mensual de 2,414%, superior al Euribor de febrero (2,407%).

Así que las medidas de Trump y la incertidumbre geopolítica que ha desatado supondrán un menor crecimiento de la mayoría de paises, que afectará a España (exportaremos menos y los turistas tendrán menos dinero para visitarnos y gastar, retrayendo además las inversiones extranjeras hacia España), nos subirá la inflación (por el encarecimiento de las importaciones, entre ellas la energía) y evitará que nos bajen más las hipotecas, lo que acabará frenando el consumo, la inversión y el empleo, con el riesgo de que el mayor gasto en Defensa y Seguridad que nos exigirá Europa obligue a relegar otras inversiones y gastos sociales. Demasiadas consecuencias como para no preocuparse.

Y todas estas previsiones negativas se han hecho sin que aún sepamos realmente los aranceles (impuestos a los productos extranjeros)  que va a imponer Trump al resto del mundo, porque en las últimas semanas se ha dedicado a amenazar y luego desdecirse, con lo que resulta difícil seguirle. Las decisiones que sí ha tomado han sido subir un 10% los aranceles a China el 4 de febrero y otro 10% adicional (20% en total) el 4 de marzo. Y decretar una subida de aranceles al acero y al aluminio del resto del mundo, desde el 12 de marzo. A partir de aquí, el resto de las subidas de aranceles  las anunciará el próximo miércoles 2 de abril , que Trump ha bautizado como “el día de la liberación”, asegurando a los norteamericanos que va a recaudar “miles de millones de dólares”… Eso sí, como "aperitivo", ayer Trump anticipó que subirá los aranceles un 25% a todos los coches extranjeros (Europa vende 750.000 coches al año a EEUU...).

¿Qué otros aranceles va a aplicar Trump el 2 de abril ? En un principio, su Administración ha hablado de gravar con aranceles los productos extranjeros de algunos sectores, como los automóviles, microprocesadores, productos farmacéuticos y alimentos y bebidas (vino, aceite). Pero ahora, parece que los futuros aranceles no serán tanto sectoriales como “recíprocos”:  se centrarán en los paises con los que EEUU tiene más déficit comercial, además de los aranceles del 25% a sus vecinos Canadá y México (aprobados ya, pero con 2 prórrogas sobre su entrada en vigor). Eso significaría que los aranceles serían mayores con las regiones y paises con los que EEUU tiene un mayor déficit comercial.

Veamos cuáles son. En 2024, el “agujero” comercial de EEUU (déficit, la diferencia entre lo que importa y lo que exporta) fue de 1,212 billones de dólares (1.212.000.000 millones $), mayor que en 2013 (1,062 billones) y en 2022 (1,173 billones), un déficit alentado por el fuerte consumo de los estadounidenses estos años y la pérdida de competitividad de algunas industrias y sectores, que han aupado a Trump. La cuarta parte de este déficit comercial USA es con China (-295.400 millones de dólares en 2024, menor que entre 2012 y 2022), seguido del déficit comercial con la Unión Europea (-235.571 millones de dólares), México (-171.189 millones $), Vietnam (-132.500 millones $), Taiwán (-73.900 millones $), Japón (-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones $). Así que, lo probable es que Trump aumente más los aranceles a China, la UE, México, Vietnam, Taiwán, Japón y Canadá.

Después de China, la UE es la bestia negra de Trump, no sólo por el déficit comercial sino también porque su Gobierno está apoyado por “la tecnocracia de Internet” (Meta, Google, Amazon, X…), que han tenido y tienen serios “encontronazos regulatorios” (expedientes y multas) con la Comisión Europea, que les impone normas y Leyes. Además, el modelo político y social de la UE es “enemigo político” de Trump y su ultraderecha, que defienden recortes en la Administración, obligando a los norteamericanos a pagarse (aún más) la sanidad, la educación o recortando los gastos sociales. Son “dos modelos sociales” enfrentados y la Administración Trump pretende debilitar a Europa recortando su papel en la OTAN (que obliga a un mayor gasto europeo en Defensa y Seguridad y apoyando a la extrema derecha europea, para exportar su “modelo” (antisocial, antinmigración y anti verde).

Pero los aranceles de Trump pretenden, sobre todo, debilitar a la economía europea y forzar más compras de productos “made in USA” (sobre todo energía) y la instalación en suelo norteamericano de más empresas extranjeras. Por eso, los grandes objetivos de Trump en Europa son las economías que más les venden, las que tienen un mayor superávit comercial con EEUU. En 2024, el superávit comercial de la UE-27 con EEUU fue de +198.200 millones de euros (+26% sobre 2023), según Eurostat, un superávit para Europa que ha ido en aumento, incluso durante el primer mandato de Trump (en 2018 era de +136.382 millones de euros y subió a +152.723 millones en 2020).

La mayor parte de este superávit europeo ( o del déficit comercial de EEUU frente a Europa) se concentra en 5 paises que serán los que más “sufran” ahora los aranceles de Trump: Alemania (+92.247 millones de superávit comercial con USA en 2024), Irlanda (+50.828 millones), Italia (+38.870 millones), Austria (+11.415 millones) y Suecia (+9.299 millones). Francia apenas tiene superávit comercial con EEUU (+2.989 millones euros) y sólo hay 2 paises de la UE que tengan déficit comercial con EEUU: Paises Bajos (-24.758 millones) y España (-5.981 millones de déficit comercial con EEUU en 2024).

Con estas cifras, lo “esperable” (con Trump es mucho decir) sería que los paises más afectados por los esperados aranceles USA a Europa sean Alemania e Italia, también Francia (son los 3 que más les venden), y menos Irlanda, porque allí hay instaladas muchas multinacionales USA. España podría verse menos afectada, porque tenemos déficit con EEUU y les vendemos poco (18.971 millones de euros en 2024), además de que estas ventas representan menos porcentaje del total exportaciones no europeas (el 12,3%) que en el caso de Irlanda (el 53,7% de sus exportaciones no UE van a EEUU), Austria (25,7%), Portugal (23,3%), Finlandia (23%) y Alemania (el 22,7% de las exportaciones no europeas van a EEUU). Pero eso no quita para que haya preocupación en algunos sectores españoles, “amenazados” por posibles aranceles de Trump: aceite de oliva, vino, piezas de automóvil, medicamentos, cerámica y motores/aparatos eléctricos.

La Comisión Europea (y no los paises) es quien tiene la competencia sobre comercio exterior y la que tiene que responder a los aranceles de Trump. Inicialmente, Bruselas elaboró una lista de productos made in USA a los que aplicar aranceles (impuestos) el 2 de abril: barcos de recreo, motos Harley Davison y ropa Levis, más productos agrícolas (soja) y bourbon, una lista de productos agrícolas e industriales que está pactando con los paises. Pero, finalmente, la Comisión ha decidido “posponer” 2 semanas, hasta el 16 de abril, la lista y la entrada en vigor de estos aranceles europeos que responden a las amenazas de Trump. Es una manera de “ganar tiempo”, para conocer la lista USA del 2 de abril y posibles negociaciones.

Al final, habrá que esperar al 2 de abril para ver hasta donde llegan los aranceles de Trump y la respuesta europea. Pero mientras, hay varias cuestiones claras. Una, que parte del daño está hecho, por el aumento de la incertidumbre económica, que está hundiendo el crecimiento y avivando la inflación. Dos, que los aranceles no benefician a nadie, tampoco a Europa, aunque Trump sólo entiende las respuestas enérgicas y habrá que responderle con aranceles que dañarán, no sólo a los norteamericanos sino también a los europeos. Y tres, que Europa está ante otro “momento crítico”, como cuando llegó la pandemia o Rusia invadió Ucrania. Y como en estas dos crisis, ha de reaccionar unida y tomando medidas contundentes.

Si el desgobierno de Trump y el avance de las autocracias parece imparable, Europa tiene que reforzarse, no sólo políticamente (reforzando la integración europea y consiguiendo una mayor autonomía en Defensa y Seguridad) sino sobre todo económicamente. Si la epidemia del COVID dio lugar al Plan de Recuperación, la “epidemia Trump” debe obligar a poner en marcha otro Plan ambicioso, que permita invertir en modernizar la economía europea, con más tecnología, innovación , digitalización y descarbonización, que permita remontar los daños de los aranceles y mejorar el crecimiento y la competitividad europea en el mundo, buscando nuevos socios e inversores (Canadá, Latinoamérica, Australia, Asia) al margen de EEUU. Urge poner en marcha el Plan Draghi para asegurar el futuro de Europa.

No parece que Europa, con la crisis política en Alemania, Francia e Italia, haya optado por esta vía y de momento sólo avanza en la mejora de la seguridad, “asustada” por Rusia. Pero urge poner en marcha un 2º Plan de Recuperación europeo, avanzando en un tema clave: Europa necesita más recursos públicos (el Presupuesto europeo es ridículo: el 1% del PIB, mientras el Presupuesto Federal USA  asciende al 38,5% de su PIB ) y más inversión privada (urge la reforma de los mercados de capitales y promover multinacionales europeas) para financiar este “saldo adelante” que necesitamos. Y sobre todo, avanzar en una Europa más unida, frente al avance de la ultraderecha nacionalista. No son tareas fáciles.

Buscando minerales y "tierras raras" en España

No sólo Ucrania tiene “tierras raras” y minerales estratégicos. España es, desde los romanos, uno de los paises con más diversidad minera y tenemos yacimientos de litio, wolframio, cobre, cobalto, bismuto, estroncio y “tierras raras”, claves para la descarbonización y digitalización de la economía. Por eso, el Gobierno acaba de aprobar un Plan para detectar los yacimientos y promover su explotación, siguiendo la Estrategia europea, que aprobó en 2024 un Reglamento para fomentar el autoabastecimiento de minerales estratégicos y reducir la dependencia de China y paises emergentes. La minería vuelve a estar “de moda”, con proyectos en Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla y León, para buscar y explotar minerales estratégicos. Una estrategia que choca con dos problemas: los inversores son por ahora multinacionales no europeas y hay protestas de ecologistas y pueblos afectados, por los residuos y el daño al medio ambiente. Pero hay que resolverlos y avanzar en proyectos mineros sostenibles, porque necesitamos ser más autosuficientes, en España y en Europa.

                Proyecto mina de litio en Valdeflores (Cáceres) de New Energies (filial de Infinity Lithium)

Todos los paises del mundo están a la búsqueda de minerales estratégicos y “tierras raras”, que son la base de las nuevas tecnologías en energías renovables, digitalización e Inteligencia artificial, aeronáutica y Defensa. Estos materiales tienen unas excepcionales propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas y por eso son imprescindibles para construir móviles y aparatos electrónicos, chips, baterías de coches y paneles solares o aerogeneradores, y en la industria aeronáutica o espacial, Defensa, agroalimentación y salud: antimonio, baryte, bauxita, berilio, bismuto, borato, cobalto, carbón de coque, escandio, estroncio,  fluorita, fosforo, galio, germanio, hafnio, litio, indio, magnesio, grafito natural, caucho natural, niobio, platino, roca fosfatada, silicio, tántalo, titanio, tierras raras (ligeras y pesadas), tungsteno y vanadio (ver aquí lista, utilización y paises productores).

El problema grave para Europa es que necesita estos minerales estratégicos pero no tiene  apenas yacimientos ni plantas de tratamiento, por lo que depende del suministro de terceros paises, en especial China y paises emergentes (algunos muy inestables y con minas controladas por China). De hecho, China suministra el 98% de las “tierras raras”, el 97% del magnesio (motores y aviones) o el 80% del galio (paneles solares), Turquía el 98% del borato (aerogeneradores), Sudáfrica el 92% del iridio (semiconductores y motores), el 84% del rodio (catalizadores y química) y el 93% del rutenio (chips), el Congo produce el 63 % del cobalto (baterías), Chile, Argentina y Bolivia tienen el mayor yacimiento del mundo de litio (panelas solares, baterías y smartphones), Indonesia produce el 30% del estaño (pantallas, ordenadores y circuitos) y Mongolia controla el terbio e iterbio (almacenamiento de datos)… 

Ante esta dependencia exterior de minerales estratégicos y “tierras raras”, Europa ha querido aprender la lección de la COVID-19 en 2020 (que dejó clara la enorme dependencia sanitaria y farmacéutica de China) y de la crisis energética desatada por la invasión de Ucrania, en febrero de 2022 (que obligó a buscar alternativas al gas ruso). Así, ya en septiembre de 2020, la Comisión Europea  envió una Comunicación al Parlamento Europeo donde advertía de la existencia de 30 materias primas fundamentales para el funcionamiento de la economía y donde China es el principal suministrador para Europa de 20 de ellas, junto a otros paises de África, Latinoamérica y Asia, muchos de ellos “autocracias”.

En mayo de 2021, otra Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo trató de evaluar  la dependencia de Europa de las materias primas, señalando que de los 5.200 productos que importa la UE hay 137 que son “sensibles”, por su importancia económica y la dependencia exterior. Y señaló 6 áreas estratégicas sobre las que había que actuar, para evitar la vulnerabilidad que ya se vio con la pandemia: principios activos farmacéuticos, baterías, semiconductores (“chips”), hidrógeno, tecnologías en la nube y materias primas críticas (la lista anterior de 30 minerales básicos).

Avanzando en esta alerta, la Comisión Europea aprobó, el 16 de marzo de 2023, una Ley europea de materias primas fundamentales, que finalmente se traduce en el Reglamento 2024/1252, aprobado por el Parlamento europeo y la Comisión el 11 de abril de 2024. Este Reglamento es “la hoja” de ruta europea para “garantizar el acceso de la UE a un suministro seguro, diversificado, asequible y sostenible de materias primas fundamentales”, que son indispensables para la descarbonización de la economía, la industria digital, el sector aeroespacial y la Defensa. El Reglamento fija como objetivo conseguir una mayor autonomía estratégica de Europa en 2030, buscando que el 10% de la extracción de estos minerales estratégicos se haga en Europa, también el 40% de la transformación y el 15% del reciclado, para que no más del 65% del consumo de cada mineral estratégico proceda de un solo  país de fuera de la Unión Europea.

Para conseguir esta menor dependencia (del 95-100% actual el 65%), la Comisión europea plantea a los paises que desarrollen programas nacionales de diversificación y mayor autonomía de suministros, invirtiendo en investigación y exploración, en yacimientos propios y en desaladoras (de la salmuera se puede obtener magnesio, litio y tierras raras), además de apostar por el reciclaje, una estrategia básica (si Europa no tiene minerales estratégicos o tierras raras, sí puede reciclar el litio, cobalto o los minerales que usa, para reutilizarlos: es lo que se trata de hacer con los aerogeneradores o las baterías, cuando acaba su vida útil). En paralelo, la Comisión Europea buscará acuerdos con terceros paises para asegurar las cadenas de suministros de las materias primas estratégicas, invirtiendo 300.000 millones de euros en el proyecto Global Gateway, para asegurar la presencia europea en infraestructuras y  cadenas de suministro de energía, medicamentos, materias primas y digitalización.

En este Reglamento europeo de 2024 se incluyó la lista de 23 minerales “estratégicos” para Europa: 17 minerales (bauxita, bismuto, boro, cobalto, cobre, galio, germanio, litio, magnesio, manganeso, grafito, níquel, platino, silicio, titanio y wolframio) y 7 tierras raras (neodimio, praseodimio, terbio, disprosio, gadolinio, samario y cerio). Además, se incluyó una 2ª lista de 32 materias primas “estratégicas”, donde se unen a los 13 de los minerales anteriores otros 19 minerales más (antimonio, arsénico, barita, berilio, bismuto, carbón coque, cobre, feldespato, fluorita, hafnio, níquel, niobio, fosforita, fósforo, escandio, estroncio, tántalo y vanadio) y 2 grupos de “tierras raras” (pesadas y ligeras). 

Ahora, la tarea de la Comisión Europe es buscar por el mundo paises “amigos y seguros” (sic) donde asegurarnos el suministro de estos minerales estratégicos y, en paralelo, movilizar a los 27 paises de la UE a que busquen estos minerales y tierras raras en su suelo. Para empezar, la Comisión Europea anunciará este martes 25 de marzo los primeros proyectos europeos de extracción y tratamiento de minerales estratégicos que contarán con ayudas europeas, seleccionados entre los 173 presentados, varios de ellos proyectos españoles.

España se acaba de sumar a esta tarea europea, al aprobar el Gobierno, el pasado 11 de marzo, el Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2025-2029, un programa estatal para explorar y explotar yacimientos de minerales y tierras raras en España. Por un lado, se destinan 400 millones de euros a actuar en las 1.000 balsas y escombreras de minas que existen en España, en un intento doble: restaurar minas cerradas, con residuos que dañan el medio ambiente, y buscar en esas escombreras (de minerales “clásicos”) si hay indicios de los minerales estratégicos que ahora necesitamos. Y, en paralelo, se pondrá en marcha un Plan nacional de exploración minera 2025-29, para realizar estudios que identifiquen zonas donde puede haber minerales estratégicos, una tarea que en parte está hecha, gracias a las bases de datos hechas durante décadas por el Instituto Geológico y Minero.

Los expertos son bastante optimistas, porque España es uno de los paises con más diversidad minera de Europa, ya desde la dominación romana, con importantes yacimientos de múltiples minerales (pizarra, mármoles, granito, estroncio, sepiolita, fluorita y yeso, cobre, magnesio, sales potásicas…). El problema es que, hasta ahora, la minería en España se ha centrado en el carbón y en producir materiales para la construcción. Y en la última década, con la crisis del carbón (era más barato importarlo y demasiado contaminante) y la construcción, la mitad de las minas han cerrado, lo que ha llevado a la minería a ser una industria marginal, aunque tenemos 2.600 explotaciones y mantienen 30.000 empleos. 

Ahora se trata de detectar dónde hay minerales estratégicos y apoyar proyectos mineros para extraerlos y tratarlos. De entrada, parece que los materiales estratégicos que ahora nos interesan son relativamente abundantes en la mitad oeste de España, en las provincias que bordean la frontera con Portugal, desde Galicia a Andalucía, pasando por Castilla y León y Extremadura, donde hay detectados yacimientos (ver mapa) de litio, cobre, cobalto, coltán, fluorita, bismuto, estroncio, magnetita, níquel, tantalio, uranio, wolframio y algunas “tierras raras”. El Plan aprobado por el Gobierno dispondrá de recursos y financiación no sólo para promover la investigación y sondeos sino también para promover la explotación de yacimientos (antiguos y nuevos), con la colaboración público-privada (proyectos mixtos). Y en paralelo, para instalar plantas de tratamiento de residuos de materiales que contengan minerales estratégicos y tierras raras (reciclaje de móviles, baterías, aerogeneradores…).

La estrategia de buscar y producir en España minerales estratégicos y “tierras raras” es buena, pero choca con dos problemas. El primero, que los proyectos en marcha están impulsados por multinacionales extranjeras, la mayoría de fuera de la UE-27 (de EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia o China), mientras apenas hay interés entre inversores españoles. Así, en Extremadura hay hasta 150 permisos de exploración (litio y antimonio) , con la presencia de multinacionales como W Resources (británica) o Infinity Lithium (australiana), mientras hay también bastantes proyectos en Andalucía (antimonio, cobre y zinc), con presencia de la canadiense Emérita Resources (Aznarcollar y Huelva) y la británica Atalaya Mining, en Castilla y León (con la reapertura de la mina de wolframio de Salamanca por la española Saloro) o en Galicia (minas de estaño y wolframio más la reapertura de una antigua mina de tántalo en Orense, por la multinacional canadiense Strategic Minerals).

El segundo problema es que muchos de estos proyectos en marcha han chocado con las autorizaciones de las autonomías implicadas, por problemas medioambientales, o han provocado protestas de organizaciones ecologistas y de vecinos de los pueblos afectados, que denuncian daños al medio ambiento y riesgo de residuos. De hecho, uno de los graves problemas que tienen muchos minerales estratégicos y “tierras raras” es que exigen ser tratados (para separarlos) con productos químicos y mucha agua, como detalla el libro “Esclavos del algoritmo”, de Laura G. de Rivera. Por ejemplo, producir una tonelada de litio requiere 2 millones de litros de agua y productos químicos muy tóxicos. Y extraer 1 Tm de “tierras raras” genera 2.000 TM de residuos y 12.000 m3 de gases ricos en acido sulfúrico, dióxido de azufre, acido fluorhídrico y residuos radiactivos…

El Reglamento europeo obliga a los paises a vigilar muy de cerca los residuos de los futuros yacimientos de minerales estratégicos que se promuevan en la UE. Y de hecho, hay tecnología para tratar estos residuos con menos riesgos, como las “bacterias” que filtran metales, según demuestra un estudio de la Universidad de Harvard. Pero es una tecnología más cara, que no se usa apenas ni en China ni en los paises emergentes. Parece evidente que Europa y España deben ser rigurosos con el tratamiento de residuos en  las minas y también en el reciclaje de materiales. Pero hay que buscar una vía para conseguir proyectos sostenibles medioambientalmente, porque no podemos seguir dependiendo casi al 100% de compras exteriores, que además ya están destrozando los ecosistemas (Congo, Chile o China).

En resumen, que si queremos seguir adelante con los móviles, los ordenadores, las energías verdes, las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, tenemos que preocuparnos de buscar en Europa los minerales estratégicos y “tierras raras” que los alimentan, so pena de que en unos años tengamos otro “susto”, como con la COVID o el gas ruso. Estas materias primas son el petróleo del futuro y estamos a tiempo de buscarlas y extraerlas en Europa y en España, donde parece que tenemos bastantes, aunque hay que asegurar que no destrozan ni contaminan los pueblos donde se detecten. Hace falta un Plan,  financiación y medios e implicar a inversores españoles, con coordinación entre el Gobierno y las autonomías. Y con mucha transparencia. Hay que apostar por una “nueva minería”, que apoye la digitalización y descarbonización de nuestra economía.

Alcohol y menores: una Ley urgente

La semana pasada, el Gobierno aprobó una Ley para prevenir el consumo de alcohol en menores, el 4º intento en este siglo. Los datos son escalofriantes: el 56,6% de los menores han bebido en el último mes. Incluso 1 de cada 3 niños de 12 a 14 años han bebido alguna vez. El alcohol, una “droga” según la OMS, nos hace daño a todos (15.000 muertes anuales), pero mucho más a los jóvenes: daña su cerebro, que no se acaba de formar hasta los 23 años. Y más porque muchos jóvenes combinan el alcohol con tabaco, marihuana y cocaína. Hasta ahora, las autonomías controlan (poco) el consumo y los botellones (generalizados). Ahora, esta Ley estatal prohibirá el consumo a los menores, la venta y publicidad y creará programas de prevención y rehabilitación. Si la aprueba el Parlamento, será un gran avance. Pero faltan campañas globales contra el alcohol (socialmente aceptado) y duplicar sus impuestos, los más bajos de Europa. No podemos seguir siendo “la reserva alcohólica” de Occidente.

               Botellones de jóvenes en toda España

El consumo de alcohol es “una epidemia silenciosa” en todo el mundo, donde hay más de 2.000 millones de personas que lo consumen habitualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para quien el alcohol es “una droga” adictiva que causa numerosas enfermedades ( más de 200) y 2,6 millones de muertes anuales (15.000 en España). Del total de bebedores en el mundo, 400.000 personas (el 7% de la población mayor de 15 años) viven con trastornos graves de salud por consumo excesivo de alcohol. Y, según la OMS, el consumo afecta de forma más preocupante a los jóvenes de entre 20 y 39 años, que integran el grupo con más muertes por consumo excesivo de alcohol (el 13% del total).

Europa es el continente con mayor consumo de alcohol, según los datos (2019) de la OMS: el 62% de los europeos consumieron alcohol en el último año (frente al 43,8% de media en el mundo, el 60% en América, el 28% en el sudeste asiático, el 29% en Africa y el 4% en oriente Medio). Y los europeos consumimos 14,7 litros de alcohol al año por persona, por delante de América (12,5 litros). En cabeza del consumo per cápita están Rumania (17 litros por habitante), Georgia (14,3), República Checa (13,3), Letonia (13,1) y Alemania (12,2), seguidas a cierta distancia por Irlanda (11,7 litros), Polonia (11,6), Francia (11,3) y España (10,9 litros por habitante), que ocupa el lugar 16º en el ranking de consumo. Pero, en cambio, España ocupa el 2º lugar en el ranking europeo de adultos que consumen alcohol diariamente: lo hacen el 13,5%, sólo por detrás del 21,4% en Portugal y por encima de Italia (12,4%), Francia (10,4%) o Alemania (7,8%), según Eurostat.

En 2024, dos de cada tres españoles adultos (15 a 64 años) habían bebido alcohol en el último mes (un 63,5%), un porcentaje similar al de los que bebían en 1997 (64%), según el Estudio EDADES que elabora Sanidad. Y un 10,5% reconocen que beben alcohol diariamente (15,4% de los hombres y 5,7% de las mujeres). El mayor problema ya no es sólo que el consumo de alcohol sea habitual, sino que es elevado entre los jóvenes, que cada vez empiezan antes a beber alcohol: ahora se inician a los 16,4 años  (15,9 los chicos y 16,9 las chicas), cuando era a los 16,8 años en 1997. El estudio EDADES refleja que dos de cada tres jóvenes (el 63,5%) habían bebido alcohol en el último mes.

Y lo peor: un 9% de los más jóvenes (15-24 años) se ha emborrachado en el último mes (y el 7,5% de los que tienen entre 25 y 34 años), sobre todo en la mitad norte de España, Murcia y las islas. Y se han dado “un atracón” de alcohol (más de 5 bebidas en 2 horas, la mayoría cerveza y combinados de botellón) el 18% de los jóvenes de 15 a 19 años y el 24% de los jóvenes de 20 a 24 años (el 27% de los chicos de esa edad y el 20% de las chicas). Y un tercio de los jóvenes de 15 a 24 años hacen “botellón”. Cuando se les pregunta a los jóvenes por qué beben alcohol, el 52,8% contesta que “porque es divertido y anima las fiestas”, el 35,1% porque “les gusta cómo se sienten después de beber “, el 14% porque creen que “es saludable” y otro 13,6% “para no sentirse excluido y encajar mejor”.

Pero si este consumo de alcohol entre los jóvenes es preocupante, lo son más los datos de consumo entre los menores de edad, reflejados en Estudes 2023: 3 de cada 4 menores (de 14 a 18 años) han bebido alcohol en el último año, el 56,6% lo han bebido en el último mes y un 28% lo han hecho en modo “atracón” (5 bebidas en 2 horas). Y todavía peor: 1 de cada 3 niños de 12 y 13 años han bebido alguna vez alcohol, según Estudes 2023. Los médicos ya han alertado que cada vez hay más ingresos en urgencias de menores y jóvenes, por intoxicación etílica. De hecho, en Castilla y León ingresaron 110 jóvenes en urgencias por alcohol en 2022 y de ellos, 20 eran menores de 14 años. Y en Madrid, ingresaron en urgencias por alcohol 1.936 jóvenes en 2023, el 8,3% de ellos menores de edad…

El alcohol es un grave problema de salud pública en Occidente, según la OMS, para quien el  consumo excesivo de alcohol está detrás de más de 200 enfermedades y de muchos accidentes y traumatismos. Consideran probado que el consumo excesivo causa o agrava muchas enfermedades hepáticas, otras infecciosas (tuberculosis y VIH), enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer (hígado, mama, esófago, colorrectal, cabeza y cuello), trastornos de salud mental y comportamiento (depresión, ansiedad, trastornos alimentarios), así como accidentes de tráfico (en un tercio de muertes hay alcohol por medio) y problemas laborales, sociales y económicos. En España, se tratan unos 25.000 pacientes al año por alcoholismo, pero algún experto asegura que el problema es mucho más grave y que “hay 1 millón de españoles que abusan del alcohol”.

Pero si el alcohol es “una droga” social, que provoca enfermedades y muertes entre los que lo consumen en exceso, es aún más peligroso para los menores y los jóvenes. La razón, según los médicos, es que la formación del sistema nervioso central tarda tiempo en los humanos y el cerebro de un joven no se termina de formar hasta los 21 o 23 años:  el alcohol en edades tempranas afecta a su “córtex cervical” y deteriora sus neuronas y su capacidad cognitiva, dañando sus capacidades (son “más torpes”). Además, les afecta también más al corazón, generando “cardiopatías” en edades tempranas. Y este daño mental y físico se agrava si los jóvenes consumen también drogas junto al alcohol, en especial marihuana, cocaína o éxtasis. De hecho, el consumo del alcohol “desinhibe” y “normaliza” el uso de otras drogas (y también tabaco), dañando más la salud de los jóvenes. Una cuestión preocupante porque un tercio de los jóvenes reconocen “policonsumo” de 2 o 3 sustancias (alcohol, marihuana y cocaína) en el último mes.

Cada cierto tiempo, el elevado consumo de alcohol entre los jóvenes salta a la actualidad y el Gobierno de turno se plantea “tomar medidas”. En este siglo, ha habido 3 intentos “fallidos”. El primero, en 2002, con el Gobierno Aznar, cuando su ministro Rajoy (Interior) presentó un proyecto de Ley para frenar el consumo de alcohol entre los jóvenes, Se aprobó, pero la normativa concreta, vigilancia y control quedó en manos de las autonomías (17 estrategias diferentes y poco eficaces). La segunda, en 2007, cuando el Gobierno Zapatero retiró una Ley para reducir el consumo de alcohol “para evitar que fuera un instrumento de confrontación electoral”. Y la tercera, en 2018, cuando la moción de censura y la caída del Gobierno Rajoy impidieron aprobar una Ley ya pactada contra el botellón y el consumo de alcohol entre los jóvenes. Ahora, el Gobierno Sánchez hace el 4º intento, con la aprobación (Consejo de ministros 13 marzo) de la Ley de prevención del consumo de alcohol en menores.

Esta Ley, presentada tras 7 meses de consultas y alegaciones, tiene tres puntos básicos. Uno, que prohíbe el consumo de alcohol a menores de 18 años, algo que ahora sólo está regulado en la mitad de autonomías (es ilegal su venta, pero no su consumo). Significa que ahora habrá (si se aprueba la Ley en el Parlamento) una prohibición estatal al consumo, con fuertes multas a los infractores y que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer controles para hacer cumplir esta prohibición. El 2º cambio es que no se podrá vender alcohol (ni a adultos) en centros educativos (salvo Universidades) o de ocio que tengan como público mayoritario a menores de edad. Y el 3º, que se restringe aún más la publicidad del alcohol: prohibida en la vía pública y en locales (terrazas, mesas, toldos…) próximos (150 metros) a colegios y lugares donde haya menores, así como la publicidad y el patrocino de las bebidas “00 alcohol” (Tanqueray 00 ha sido patrocinador del Atlético de Madrid…), salvo la cerveza y el vino 00.

Otra novedad de la Ley es que incluye programas de prevención y rehabilitación para los menores que consumen alcohol (y sus familias), incluyendo un protocolo para los hospitales que detecten intoxicación etílica en menores (tendrán que informar de ello y podría incluirse en la historia clínica del menor), algo que ahora no se hace. Y también contempla la Ley programas de concienciación sobre los peligros del alcohol para incluirlos en el sistema educativo, desde el colegio hasta la Universidad. Pero hay una pega: la Ley no contempla recursos ni inversiones para poner en marcha estas medidas, que se tendrán que aplicar “sin aumentar el gasto sanitario y educativo”, para no enfrentarse a las autonomías…

Los médicos y expertos ven un gran avance en esta Ley, si finalmente se consigue aprobar en el Parlamento, algo que el Gobierno Sánchez espera, porque está basada en un informe aprobado por unanimidad de todos los partidos en abril de 2018, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, informe que era la base de la Ley de 2018 que cayó por la moción de censura (pero ojo: la polarización podría bloquear ahora la Ley). Pero critican que se ha quedado corta en varios puntos. Por un lado, mantiene lo del “consumo responsable”, que es una falacia (se mantiene por exigencia de las normas europeas), y no se obliga a incluir mensajes de advertencia claros sobre los daños a la salud en las botellas (como se hace con el tabaco). Además, no queda claro cómo se controlará la publicidad en Internet y los influencers (algunos de ellos reiteran las “ventajas” del alcohol). Y, sobre todo, no se suben los impuestos al alcohol, la medida básica propuesta por la OMS.

Y la realidad es que España tiene los impuestos al alcohol más bajos de Europa, lo que es un gran aliciente para el consumo. En el caso de bebidas con 40% alcohol, el impuesto medio en la UE-28 era (en 2021) de 5,13 euros por botella (700 ml), el doble que en España (2,69 euros por botella), el 6º país por la cola en impuestos al alcohol (sólo menos que Chipre, Hungría, Croacia, Rumanía y Bulgaria), la quinta o sexta parte del impuesto que paga el alcohol en Finlandia (14,10 euros por botella), Suecia (13,80), Irlanda (11,92), Reino Unido (9,05). Y muy por debajo también del impuesto en Bélgica (8,38 euros por botella), Grecia (6,86), Francia (5,05), Paises Bajos (4,72), Portugal (3,88),  Alemania (3,65) e Italia (2,90). En el caso de la cerveza , la media europea son 0,14 euros de impuestos (por botella 330 ml) y en España son 0,03 euros (como Alemania), lejos de los o,63 euros de Finlandia y los 0,13 de Francia. Y también en el vino, España cobra el mínimo impuesto europeo permitido.

Los expertos que asesoraron a Hacienda para elaborar una reforma fiscal (pendiente) ya apostaron por subir el impuesto al alcohol, la cerveza y el vino, no sólo para frenar el consumo sino para aumentar la recaudación: España recaudaría 1.000 millones de euros más al año si gravara el alcohol con la media de impuestos que tiene en Europa. Un dinero que permitiría gastar más en prevención y tratamientos, porque apenas hay unidades de tratamiento del alcoholismo en los hospitales públicos. Y esta “adicción” apenas se trata en los Centros de Salud, porque faltan protocolos y porque la mayoría de pacientes afectados no reconocen que beben demasiado, porque supone “un estigma social”.

En resumen, que tenemos un problema de salud pública, el consumo excesivo de alcohol, algo que está “normalizado” socialmente y que provoca o agrava numerosas enfermedades y muertes. Pero el problema más grave lo tenemos con los jóvenes, que beben cada vez antes y de forma acelerada, con miles de botellones en toda España y cada vez más accidentes o visitas a urgencias. Urge aprobar cuanto antes la Ley para que haya una misma regulación en toda España, pero hay que ser firme en aplicarla y dotar de recursos a las autonomías para que hagan políticas de prevención y rehabilitación, sin dejarse presionar por la industria de las bebidas, los hosteleros y los publicitarios. Y tenemos que subir los impuestos al alcohol, para que España no siga siendo el destino turístico preferido de los bebedores europeos. También necesitamos campañas públicas para que los jóvenes y el resto entendamos que se puede disfrutar sin emborracharse.