Otra revisión masiva de alquileres

En 2025, más de medio millón de inquilinos tuvieron que revisar el precio de su alquiler, al cumplirse 5 años del contrato. Este año 2026, son todavía más los contratos a revisar: 632.369, 1 de cada 5 alquileres. Y como estos 5 años se han disparado los alquileres, los nuevos contratos subirán una media de 1.735 euros al año, según Consumo. Y en algunas autonomías mucho más (+2.042 euros en Madrid). Sumar ha propuesto congelar estos alquileres, pero el Gobierno no lo contempla, porque necesitaría un Decreto difícil de convalidar. El resto de alquileres tendrán su revisión anual, el IPC (+3%) o el nuevo índice IRAV (+2,29%), para los contratos firmados después de mayo de 2023. Los que buscan un alquiler tendrán más problemas en 2026, porque se ha reducido la oferta y se espera una nueva subida del +10%, que se suma al +41,34% que han subido los alquileres desde 2020, el doble que el IPC y el triple que los salarios. Urge tomar medidas en la vivienda, aunque lo impide el actual bloqueo político.

                            Enrique Ortega

Muchas personas que viven de alquiler están preocupadas porque haya llegado 2026, porque saben que les llamará su casero para decirles que tienen que firmar un nuevo contrato de alquiler, ya que han pasado 5 años del que firmaron en 2021. Ya pasó en 2025: se renovaron 568.500 contratos de alquiler firmados en 2020, en plena pandemia, según los datos del Ministerio de Consumo. Y prevé que este año serán más las revisiones de contrato: afectarán a 632.369 contratos, 1 de cada 5 alquileres que hay en España, lo que afectará a 1.600.000 personas, según sus estimaciones. Y la alerta de Consumo es porque estos nuevos contratos pueden disparar el alquiler, porque los precios han subido mucho desde 2021.

En concreto, un alquiler medio que estaba en 10,6 euros/m2 en enero de 2021 ha cerrado el año 2025 con un precio medio de 14,7 euros/m2, según el portal Idealista. Una subida media de +38,7%, que se traduce en 317 euros más al mes por un alquiler de 90 m2.Y esa es la subida media en España, porque en Madrid la subida del alquiler estos 5 años ha sido del +56,5% (de 14,5 a 22,7 euros/m2), lo que se traduce en 738 euros más al mes por un piso de 90 m2. Y en Barcelona, la subida del alquiler ha sido del +65,2% (de 14,4 a 23,8 euros(m2), lo que se traduce en 846 euros más de alquiler por un piso de 90 m2.

Con estos datos en la mano, el propietario de un piso en alquiler tratará de subir eso o algo menos a su inquilino al revisar el contrato que cumple 5 años en 2026. El estudio hecho por el Ministerio de Consumo señala que la subida de los nuevos alquileres puede ser en algunas zonas hasta +383 euros al mes (+4.596 euros al año), aunque cifran la media de subida en toda España en +1.735 euros anuales por vivienda (+144,5 euros al mes). Pero hay 6 autonomías donde la subida será mayor: Baleares (+4.615 euros anuales), Comunidad Valenciana (+2.386), Canarias (+2.267), Madrid (+2.042), Cantabria (+1.969) y Andalucía (+1.952 euros anuales). Y supondrá menos de 1.000 euros anuales la subida de los nuevos alquileres en Melilla (+329 euros), Ceuta (+784), Aragón (+832), Castilla y León (+902), Extremadura (+961) y Galicia (+980 euros anuales). En el caso de Cataluña, los nuevos contratos no podrán subir más del IPC en las zonas declaradas “tensionadas”, por la Ley de Vivienda. Y Navarra o el País Vasco quedan fuera de este estudio, por falta de estadísticas.

Esta importante revisión de contratos que se hará en 2026 se concentra en cuatro autonomías, según Consumo, que suponen dos tercios del total (632.369 alquileres): Madrid (145.881 contratos a revisar  este año), Cataluña (112.728 contratos), Andalucía (85.491 contratos) y Comunidad Valenciana (65.528 contratos a revisar). Y son muchos menos en el resto, destacando Canarias (39.974 contratos), Galicia (36.543) y Baleares (24.456 contratos). No se tienen en cuenta en estas cifras los contratos de alquiler hechos por empresas (inmobiliarias), que se renuevan cada 7 años (la primera gran revisión será en 2027).

Sumar, que dirige el Ministerio de Consumo, ha hecho público este informe sobre la importante revisión de alquileres que toca hacer este año para solicitar al Gobierno que aprobara, antes de finales de 2025, una congelación de estos alquileres, para que al renovarse no pudieran ponerse un nuevo precio y sólo subieran el IPC. Trasladaron formalmente esta petición al Ministerio de Vivienda (en manos del PSOE), que no ha dado una respuesta oficial, aunque oficiosamente han comentado que la medida (que además “no les gusta”) exigiría una convalidación posterior en el Parlamento, algo que consideran ahora imposible.

Así que estos 632.369 inquilinos tendrán que negociar con su casero lo que les sube el nuevo alquiler que han de firmar en 2026. Y será una “negociación desigual”, porque si no llegan a un acuerdo, el propietario tendrá ese mismo día una cola de peticiones de nuevas personas que quieran alquilar su casa. Y el inquilino sabe que si no cede y acepta una subida “suficiente”, cuando busque un nuevo alquiler (si lo encuentra) será más caro que el que le ofrecen.

El resto de los alquileres (hay algo más de 3 millones de casas en alquiler) tendrán que hacer la revisión anual, que tiene 2 índices de revalorización, según la fecha del contrato. Por un lado, los contratos de alquiler firmados antes del 26 de mayo de 2023 (la fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda) subirán  este año lo que el IPC (generalmente el IPC anual de dos meses antes a la actualización), en torno al +3%, lo que supone una subida del alquiler medio de +27 euros al mes (+33,3 euros en Madrid y +41,6 euros en Barcelona). Pero los contratos más recientes, firmados después del 26 de mayo de 2023, se revisarán (salvo que en el contrato estén referenciados al IPC) según un nuevo índice, el IRAV (índice de referencia arrendamientos vivienda), que publica el INE y que suele estar por debajo del IPC: en noviembre era el +2,29%, lo que supone una subida del alquiler medio este año de +21 euros al mes (+30,52 euros al mes en Madrid y +38,15 euros mensuales en Barcelona).

Con esta doble subida, la de los alquileres que se revisan tras 5 años y los que se revisan anualmente, todos los inquilinos pagarán más este año 2026. Y eso agravará aún más la situación de muchos de ellos, que tienen que destinar el 40% y más de sus ingresos al alquiler. Con ello, aumentarán los desahucios por impagos de alquiler, tras una ligera bajada en los últimos años, por las medidas del Gobierno para cubrir a los más vulnerables. Entre enero y septiembre de 2025 hubo 19.347 desahucios, algunos menos (-6,3%) que en esos mismos 9 meses de 2024 (20.581). Pero el 75% de esos desahucios son por impago de alquileres, mientras bajan los desahucios por impago de hipotecas.

Este año 2026 se vuelven a prohibir los desahucios de vivienda por impagos de familias vulnerables, una medida acordada por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, tras acordarlo el día antes el Gobierno con EH Bildu. Sin embargo, esta medida ha de ser convalidada en el Congreso este mes de enero y queda ver si será vetada o no por Junts y Podemos, junto a las subidas de las pensiones y el resto del “escudo social”. De momento, UGT y distintas entidades sociales han contactado con Junts para que apoyen la prórroga de prohibición de desahucios a las familias vulnerables, porque evitará un grave problema social.

Otra medida, un Real decreto aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre, pretende mejorar la situación de los alquileres, aumentar su oferta y conseguir que muchos propietarios “pierdan el miedo a alquilar”: se garantiza con avales públicos que los propietarios cobren el alquiler en caso de impago de los inquilinos más jóvenes (menores de 35 años) y familias vulnerables. La medida, que será gestionada por las autonomías (un problema…) cubre al propietario los alquileres impagados, los suministros debidos y los daños sufridos hasta que vuelva a recuperar su vivienda, con dos condiciones más para el propietario: que tenga depositada la fianza legal y que el alquiler que cobre no supere en índice estatal de referencia. Es un avance para dar “tranquilidad” a los propietarios frente a posibles impagos, pero debería ampliarse a todos los inquilinos (no sólo a los jóvenes), como hace el País Vasco (“Programa Bizigune”). Y ahora falta que el Congreso no bloquee la medida.

Con todo, el problema no son los desahucios o los impagos. El gran problema de los alquileres es que no hay apenas oferta, que apenas salen alquileres al mercado y que cuando se ofrecen hace decenas de personas pujando, lo que produce dos efectos: el propietario sube el precio del alquiler y “selecciona” a los inquilinos, dejando fuera a los jóvenes precarios, los inmigrantes y hasta las familias con hijos, “elitizando” el alquiler. Y en las zonas tensionadas, donde se han controlado los precios (gran parte de Cataluña y municipios de Navarra y el País Vasco más A Coruña), bajan los precios algo pero sobre todo se reduce más la oferta, con lo que resulta aún más difícil encontrar un alquiler. Y también hay menos oferta porque siguen desviándose pisos del alquiler “normal” a los alojamiento turísticos y a los alquileres de temporada. Y recientemente, muchos propietarios optan por el alquiler por habitaciones, cobrando 500 euros y más por habitación, lo que dispara aún más los precios.

El alquiler seguirá subiendo este año 2026, en torno a otro +10%, según los expertos. Una subida que se suma al +41,34% que han subido los alquileres entre 2020 (10,4 euros/m2) y 2025 (14,7euros/m2 en diciembre), una subida que duplica la inflación en estos 6 años (+23,1%) y que triplica la subida de los sueldos en convenio (+15,18%).

El problema de fondo que explica estas subidas es la falta de alquileres, en unos casos porque se desvían a otros usos (turismo o alquiler de temporada), en otros porque hay miedo a alquilar y en otros porque no se rehabilitan casas viejas. Y sobre todo, porque no se construyen pisos nuevos, ni para alquilar ni para vender. El Banco de España estima que hay un déficit de 700.000 viviendas, un déficit que crece cada año porque se crean 330.000 familias anuales. Y sin embargo, apenas se construyen viviendas. Es más, en 2025 se han iniciado menos viviendas “libres” y protegidas (VPO) que en 2024: 58.824 viviendas “libres” entre enero y septiembre (frente a 61.910 en los primeros 9 meses de 2024)  y 11.567 viviendas protegidas (frente a 12.355 entre enero y septiembre de 2024), según datos del Ministerio de Vivienda. Así que la construcción de vivienda “pincha” cuando más falta hace, porque han desparecido promotoras, por los altos precios del suelo y la construcción, por la falta de mano de obra cualificada y por los bajos precios de los módulos de VPO.

Al final, el problema de los alquileres y la vivienda es político: el Gobierno central, la autonomías y los Ayuntamientos son incapaces de trabajar juntos para promover más vivienda, pública y privada, pactando la promoción de suelo y los planes urbanísticos, la financiación y la colaboración público privada, que permitiría duplicar las viviendas construidas (200.000 al año en vez de las 100.000 actuales). Y la mejor muestra de esta tremenda división política entre los que deben gestionar la política de vivienda es que el Gobierno ha presentado hace unos meses el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías gobernadas por el PP (11 de 17) dijeron de entrada, sin apenas conocerlo, que “no les gustaba…”. Así que el Plan nacerá muerto, aunque cuente con el triple de inversión (7.000 millones) que el Plan 2021-2025.

En resumen, el alquiler será un problema mayor este 2026 para 632.000 familias que tienen que revisar sus contratos tras haber pasado 5 años, con lo que tendrán fuertes subidas. Y también el resto tendrán revisiones en su alquiler, del 3 al 2,29%. Pero el mayor problema lo tendrán los jóvenes y nuevas familias que buscan un alquiler, porque hay pocos y cada vez más caros, teniendo que superar “el casting” de los propietarios. Y mientras, los políticos siguen enzarzados en sus peleas, con la derecha que gestiona las autonomías empeñada en desgastar y echar al Gobierno más que en resolver la grave situación de los alquileres y la vivienda, el problema que más preocupa a los españoles. Como si nada.

Más control de Bizum y tarjetas

Desde el 1 de enero, Hacienda obliga a los bancos a enviarle un listado mensual de los movimientos de Bizum que hagan profesionales y empresas (no los particulares), para controlar pagos que pretendan evadir al Fisco. Y también están obligados a informar de las tarjetas de crédito cuyos movimientos superen los 25.000 euros anuales, para cotejarlas con los ingresos que declaran sus propietarios. Se trata de medidas para controlar mejor los pagos que se hacen por Bizum y tarjetas, que se han multiplicado en los últimos años frente a los pagos en efectivo y las transferencias. Entre tanto, los bancos de España y otros 15 paises trabajan para crear un Bizum europeo que empezaría a funcionar entre verano y Navidad de este año 2026, revolucionando los pagos internacionales. Y el BCE trabaja en crear el “euro digital”, que será realidad a partir de 2029, mientras China opera con el yuan digital desde 2020 y USA apuesta por las criptomonedas. Entre tanto, los pagos en metálico pierden peso.

                               Enrique Ortega

La forma de comprar y pagar ha cambiado radicalmente, más en los últimos 5 años que en los 50 años anteriores, según VISA, con un mayor protagonismo de los pagos digitales (sin movimiento de efectivo), que se han duplicado desde 2022. Y la consultora PwC prevé que para 2030, los pagos electrónicos se tripliquen en el mundo, hasta superar los 3 millones de operaciones. En España, sólo el 57% de los consumidores siguen usando el dinero en efectivo para pagar sus compras, mientras un 27% utiliza sus tarjetas y un 15% paga con sus móviles, según un reciente informe del Banco de España e Ipsos. Y respecto a los pagos entre particulares, el 57% se hacen en efectivo, pero un 37% se hacen ya por Bizum, un 2% por transferencia bancaria y un 1% por otros medios de pago.

El uso de dinero en efectivo es cada vez menor entre los más jóvenes y es todavía mayoritario entre los mayores de 45 años, según el Banco de España. Así, los jóvenes de 18 a 24 años pagan mayoritariamente por móvil (39% compras), seguido del pago en efectivo (32%) y con tarjeta (28%), mientras los mayores de 45 años pagan mayoritariamente en efectivo (el 58% entre 45 y 54 años, el 66% entre 55 y 64 años y el 79% los mayores de 65 años), seguido de los pagos con tarjeta (del 32 al 19%) y con poco peso de los pagos por móvil (del 10 al 2%). Pagan más en efectivo los hombres (61% compras) que las mujeres (54%) y los que tienen menos estudios (77% de las compras entre los que tienen sólo estudios básicos, 53% con estudios medios y sólo el 39% de las compras quienes tienen estudios superiores).

Con todo, los españoles somos los europeos que más preferimos pagar con dinero en efectivo, un 26,40% (30,2% los jóvenes), frente al 21,90% de preferencia en todos los paises de la zona euro, aportando menos por los pagos con tarjeta (el 48,79% en España frente al 54,82% en la zona euro) y con un porcentaje similar entre los que no tienen preferencia por ninguno de estos dos sistemas de pago (23,51% en España frente al 22,85% en la zona euro), según el informe SPACE del BCE, que también revela que dos tercios de españoles (63%) y europeos consideran importante mantener el efectivo como medio de pago en el futuro.

La realidad es que se imponen los pagos digitales, sobre todo por tarjeta y móvil, mientras bajan los pagos en efectivo. Los datos revelan un salto tremendo en el número de tarjetas en circulación, que ya rondan los 100 millones en España. Las tarjetas de crédito han pasado de 16,06 millones en el año 2000 a 44,82 millones en 2008 y un máximo de 52,35 millones en 2017, para bajar después a 37,25 millones en 2019 y 43,10 millones en 2024, según el Banco de España. Y las tarjetas de débito han pasado de 29,74 millones en el año 2000 a 31,57 millones en 2008, 48,35 millones en 2019 y 51,42 millones en 2024. En conjunto, había 94,52 millones de tarjetas en 2024 y 95,43 millones en septiembre de 2025, casi 2 tarjetas por habitante (y casi 3 tarjetas por adulto).

En contrapartida, los españoles utilizamos menos el cajero y sacamos menos dinero en efectivo, según los datos del Banco de España: en el año 2002, se hicieron 899 millones de  operaciones en cajeros, por un importe de 82.024 millones de euros, un importe que marcó un máximo en 2019 (125.188 millones retirados en 908 millones de operaciones) para estancarse después en 127.485 millones retirados en 2024 (en 683 millones de operaciones). En contrapartida, los pagos con tarjeta en comercios (a través de TPV) se han disparado en este siglo, según el Banco de España: de los 46.828 millones pagados por TPV en 2002 (en 991 millones de operaciones) se pasó a 94.414 millones pagados en 2008, a 161.343 millones pagados en 2019 (en 4,536 millones de operaciones) y 271.528 millones pagados por TPV en 2024 (en 9.208 millones de operaciones). Así que los pagos por tarjeta (o móvil) se han triplicado desde 2008, mientras las operaciones se cuadruplicaron. Y este año 2025, ya se han pagado en TPV de comercios  210.700 millones de enero a septiembre, otro récord.

Y queda hablar de otro sistema de pago electrónico que bate todos los récords: el pago por Bizum: se lanzó en 2016 y ya tiene casi 30 millones de usuarios en España, que han realizado  4.210 millones de operaciones. Es el sistema de pago que más utilizan el 80% de los jóvenes y se puede pagar con Bizum en 90.000 comercios españoles.

El auge de los pagos digitales por tarjeta, móvil o Bizum preocupa a Hacienda, porque puede ser una vía de pagos que esconden ingresos y evaden impuestos, básicamente el IVA. Por eso, el Gobierno aprobó el 1 de abril de 2025 el Real Decreto 253/2025 (BOE 2 abril) por el que se modifican las obligaciones de información de los bancos sobre tarjetas y Bizum de sus clientes, un cambio que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026.

La nueva norma tiene dos partes. Una afecta a las operaciones hechas a través de Bizum: se obliga a los bancos a informar mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada  cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales. Así, en febrero, los bancos deberán informar ya de las operaciones realizadas este mes de enero de 2026, detallando el importe mensual facturado (no operación a operación) e identificando la cuenta bancaria a través de la que se efectuaron los pagos. Ante los bulos de que el Fisco iba a controlar todos los Bizum, Hacienda ha publicado una nota donde aclara que los bancos no deben informar de los Bizum entre particulares, sólo los de profesionales y empresas. Se pretende así evitar que un fontanero, por ejemplo, cobre un servicio por Bizum y trate así de esconder este ingreso (y el IVA).

La otra parte de la norma afecta a las tarjetas de crédito y débito: se obliga ahora a los bancos a informar anualmente a Hacienda sobre todas las tarjetas cuyos movimientos superen los 25.000 euros al año, ya sea en gasto total (suma de pagos en comercio o retirada de efectivo) o en abonos totales (dinero recibido en la tarjeta por devoluciones y cargos). Así, Hacienda controlará a los que gasten más de esos 25.000 euros al año, porque el banco estará obligado a informar de que es el titular de esa tarjeta y del gasto que ha realizado. El objetivo no es recaudar por este gasto, sino tener el dato para contrastarlo con los ingresos declarados. Así, si alguien gasta mucho más de lo que dice ingresar, el dato le salta a Hacienda y puede investigarlo fiscalmente.

Aunque el Decreto habla sólo de tarjetas y cobros profesionales a través de Bizum, hay que recordar que sigue vigente otro control, el de transferencias: los bancos deben reportar movimientos sospechosos o superiores a 10.000 euros y préstamos superiores a 6.000 euros (según el modificado artículo 38 del Decreto Ley). Esta es una vía para evitar fraudes, como que un padre haga una transferencia a su hijo para pagar un coche o la entrada de un piso, que deben formalizarse como donación o como crédito entre particulares para evitar una sanción de Hacienda.

En definitiva, Hacienda trata con estos cambios de controlar mejor los pagos por tarjeta o móvil, para reducir el fraude facilitado por las nuevas formas de pago, básicamente de empresas y profesionales, porque no afecta a los particulares (salvo que controlarán más a los que gasten en tarjetas más de lo que teóricamente ganan). Pero en el futuro, los pagos digitales irán en aumento y con ello las nuevas formas de fraude. En un futuro, ganarán peso las nuevas tarjetas sin banda magnética (gracias a la tokenización, un código aleatorio que sustituye al PIN y reduce el fraude), la autentificación biométrica, el monedero digital, las divisas digitales o el open banking (abrir los sistemas financieros a terceros).

Ahora, lo más inmediato va a ser la creación del Bizum europeo, un sistema de pago en todo el continente que están ultimando los grandes bancos europeos. El actual Bizum es un sistema de pago promovido por España, Andorra, Portugal e Italia, al que se han sumado en una segunda fase Grecia, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Y esta plataforma trabaja ahora con la iniciativa EPI, integrada por Francia, Alemania, Bélgica, Paises Bajos y Luxemburgo, para alumbrar un Bizum europeo, promovido por los bancos de estos 16 paises y que permitirá el pago por móvil a 390 millones de europeos. La idea es lanzarlo en el tercer trimestre de 2026, y si se retrasa, en las próximas Navidades. Primero para los pagos entre particulares y después para compras online (en 2027) y para pagar con el móvil en  comercios físicos (para 2028).

Este Bizum europeo será una revolución total para los pagos entre particulares y en comercios online y físicos, facilitando y disparando las operaciones en el continente. Y se adelanta al lanzamiento del euro digital, que va muy retrasado y que el BCE prevé lanzar “a partir de 2029”, con el objetivo de facilitar los pagos en la zona euro (a falta de una verdadera unión financiera, todavía pendiente), algo que permitirá una mayor autonomía estratégica de Europa frente a la dependencia actual de los medios de pago USA (Visa y MasterCard). Este euro digital (emitido por el BCE) debería reforzar la unidad financiera y económica de Europa, potenciando la competencia e innovación, aunque tiene también riesgos de ciberseguridad, privacidad  de las operaciones y estabilidad financiera.

Pero Europa también va retrasada en la digitalización del euro, porque hay ya 60 paises del resto del mundo que se encuentran muy avanzados en la digitalización de sus monedas, desde China, India o Japón a Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Brasil o Emiratos Árabes. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha prohibido el desarrollo del dólar digital para promover como alternativa las criptomonedas, el gran objetivo de los magnates tecnológicos y del nuevo poder en USA. Mientras, China está en cabeza de esta digitalización monetaria: ya en 2020 lanzó a prueba el “yuan digital”, respaldado por el Estado, y en 2025 ha creado en Shanghái un Centro de operaciones internacionales para los pagos digitales que ya realiza pagos con Singapur, Tailandia, Hong-Kong, Emiratos y Arabia Saudí. Un intento de que el “yuan digital” sea una verdadera alternativa al dólar en Asia.

En resumen, los pagos digitales tienen una gran peso en España y en el mundo y cobrarán más importancia en el futuro, donde será algo raro pagar con monedas y billetes. Eso facilitará las compras y transacciones, tanto dentro de Europa como en el resto del mundo, en beneficio de la economía, empresas y consumidores. Pero también hay riesgos, no sólo de ciberseguridad sino de evasión fiscal, de que muchos utilicen la tecnología para evadir impuestos (más de lo mucho que ya evaden). En España, Hacienda intenta ahora un mayor control de los pagos por tarjeta y Bizum, para evitar fraudes e impago de impuestos. A muchos no les gusta este mayor control, pero se hace para controlar a los que defraudan, no a los que hacen un Bizum a un hijo o a un amigo o a los que pagan con tarjetas sus compras. Más control no es más “vigilancia”, debería ser menos fraude y más recaudación.

La cuesta de enero: subidas y ayudas

Tras la resaca de compras de estas Navidades, llega la dura realidad de afrontarlos, de hacer frente a tarjetas y pagos. En un mes, enero, donde muchas empresas aprovechan para subirnos casi todo: teléfono e Internet, luz, agua, basuras, billetes de avión, autopistas, taxis, alquileres, tabaco, paquetes y sellos de Correos, seguros…Así que este enero será más difícil llegar a fin de mes. La contrapartida es que también suben los ingresos de casi 10 millones de pensionistas (más los que menos cobran), 3 millones de funcionarios, 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y las ayudas del ingreso mínimo vital (IMV) que cobran 785.000 hogares, pensiones, sueldos y ayudas públicas que se revalorizan desde el 1 de enero. Y también aumentan las ayudas al transporte, manteniendo las actuales y creando una tarifa plana que permite viajar barato. Ahora, la clave es ver lo que suben los sueldos este año, porque los precios de los alimentos, la vivienda y la energía seguirán altos en 2026.

                            Enrique Ortega

Enero es el mes elegido por muchas empresas para subir sus tarifas y precios, con el argumento de la subida de costes y del aumento del IPC. Y este año, la lista de subidas es muy amplia. Empezando por la subida de las tarifas del teléfono e Internet, que suelen subir dos veces al año. Esta vez, suben con pocos días de diferencia: el 8 de enero las sube Vodafone (+3,9% de media, entre 1 y 5 euros al mes), el 12 de enero Orange (+3,8%, de 1 a 6 euros al mes) y el 13 de enero Movistar (+4%), mientras Digi no las sube. En los últimos años, las telecos justificaban sus subidas en la previsión de aumento del IPC, pero este año suben mucho más (el IPC puede subir un 2,1%) y lo justifican en que les han subido los costes, sobre todo los productos audiovisuales que ofrecen (fútbol y plataformas).

Otra subida que notaremos será la del próximo recibo de la luz, que será diferente según el contrato que tengamos. Los que tienen un contrato de luz en el mercado “libre” (20 millones de clientes) tendrán subidas del 4 al 7% cuando les toque la revisión anual de su contrato, subidas que ya han anunciado Iberdrola, Endesa o las filiales de Repsol, argumentando que a ellos les ha subido la luz en 2025 (y ahora) porque Red Eléctrica obliga a mantener centrales de gas de guardia (más costosas) para evitar un nuevo apagón como el de abril pasado. El resto de clientes, los que están en el mercado regulado (8,4 millones) ya han sufrido en 2025 esta subida y la seguirán pagando en 2026. Y todos pagarán más este año por la subida de los peajes (un tercio del recibo) que fija la Administración: los peajes de acceso subirán un +4,1% y habrá que pagar en el recibo los demás cargos, que también suben.

Si sube la luz, también subirá la factura del agua que pagamos. En Madrid, el Canal de Isabel II ya anunció una subida de la factura del agua del 3% anual hasta 2030, debido a que lleva años sin subirse y tienen que acometer nuevas inversiones. Aigües de Barcelona también ha anunciado una subida del +2,9% para 2026, mientras otros municipios de su área metropolitana también subirán el agua, hasta el 5,8%. Y Aguas de Bizkaia ha anunciado subida de tarifas del 4% en 2026, lo mismo que muchas ciudades de media España.

También subirán en 2026 las tasas de basuras de la mayoría de municipios, que ya han aplicado en 2025 sus nuevas tarifas, mucho más altas que los anteriores, que volverán a subir este año, para ajustarlas paulatinamente a las nuevas exigencias de recogida de residuos.

Y también pagaremos más al viajar en avión, porque las aerolíneas nos cargarán en los billetes la subida del canon aeroportuario que les ha hecho AENA el 1 de enero, un aumento del +6,44% para afrontar las inversiones en los aeropuertos españoles. También será más caro viajar en coche por autopista: los peajes subirán este año un +2,61% al menos, aunque en las autopistas rescatadas por el Estado subirán menos, un +2%. También podría subir este año el impuesto que paga el gasóleo, porque la Comisión Europea obliga a igualarlo con el de la gasolina, aunque el Gobierno no logró aprobar en 2024 el Decreto que los equipara, por el rechazo del PP, Vox, UPN y Podemos. Pero es una reforma exigida para recibir 460 millones de Fondos europeos, por lo que el Gobierno se ha comprometido a intentar aprobar la equiparación antes de finales de marzo. De conseguirlo, el gasóleo subiría 7 céntimos por litro.

El tabaco ya ha subido el 1 de enero, con nuevos precios para los paquetes de cigarrillos, cigarros y picadura (ver nuevo listado de precios por marcas), aunque todavía fumar es más barato en España que en la mayoría de Europa. Y también han subido ya las tarifas de Correos, tanto los sellos (+7,9%: el franqueo ordinario cuesta 96 céntimos, el doble que en 2015), los certificados y los paquetes (+5,5%). Y han subido también los taxis en la mayoría de España, desde Madrid (+2,36%) y Barcelona (+2,3%) a Sevilla, Málaga, Valladolid, Ferrol o Salamanca, lo que se trasladará también a los vehículos VTC.

Con todo, lo más preocupante volverá a ser la subida de la vivienda, tanto para alquiler como para compra. Se espera otra subida de los alquileres del +10% en 2026, que se sumaría a las fuertes subidas de los años anteriores: +40,3% han subido los alquileres de media en España desde 2019 (+50% en Madrid y +46,15% en Barcelona, según Idealista).. Además, muchos contratos de alquiler (por 5 años) se terminan en 2026, con lo que los propietarios intentarán revisar bastante al alza los nuevos alquileres, con lo que se espera “un aluvión de subidas”. Y en cuanto a los precios de compraventa, están ya en niveles prohibitivos: 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid. Y podrían subir otro 15% más este año, según Idealista.

Lo que también subirá en 2026 serán las nuevas hipotecas, no sólo porque hay que pedir un mayor importe (el 80% del precio de venta) para afrontar los altos precios, sino porque el Euribor lleva 5 meses consecutivos subiendo (del 2,079% en julio al 2,267% en diciembre), con lo que los bancos cobrarán este año tipos más altos, en torno al 3,5%. Eso sí, los 4 millones de familias que están pagando una vieja hipoteca no tendrán un susto en la próxima revisión anual, porque el Euribor esperado para 2026 (por debajo del 2,5%) será todavía inferior al de 2025.

Y luego hay dos subidas aseguradas para 2026, aunque todavía no podamos decir cuánto. Una es la subida de los seguros, desde el seguro del automóvil y del hogar al seguro de salud, que llevan años subiendo mucho y que volverán  a subir bastante este año, justificándose en el aumento de costes de los talleres y reparaciones, los siniestros en casa y el aumento de los costes médicos en los hospitales privados. Y también están “cantadas” nuevas subidas de los alimentos: frutas y verduras (muy afectadas por el cambio climático y las cosechas), las carnes, los huevos, el café y el chocolate, más la bollería y las bebidas.

En cambio, hay otro gasto importante, el transporte público, que se modera o baja en 2026, por las ayudas que ha prorrogado o ampliado el Gobierno. Por un lado se prorrogan los actuales descuentos al transporte en tren y autobús, manteniendo los descuentos actuales en Cercanías, corta y media distancia y autobús, a los que se añaden un nuevo abono trimestral y un abono de 10 viajes para Cercanías, manteniéndose la gratuidad de todos los viajes para los menores de 14 años (para educar a los menores en el transporte público). Por otro lado, se crea un nuevo bono transporte de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajes ilimitados en Cercanías y media distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobuses. Un bono que convive con el resto de ayudas al transporte.

Estas ayudas van a permitir que millones de personas gasten hasta un 75% menos en transporte público en 2026, ahorrándose este año 1.371 millones de euros (el coste de las ayudas). Unas ayudas públicas al transporte que han sido claves estos años, desde 2018 a finales de 2025, en que el Gobierno ha destinado más de 11.000 millones de euros (7.200 millones desde 2022)  a subvencionar los billetes de Cercanías, trenes de media distancia y Avant y los autobuses de líneas estatales, según datos de Transportes.

Un ahorro en transportes que no compensa el rosario de las otras subidas de precios, unas anunciadas y otras silenciosas, que afectarán a nuestros bolsillos en este año 2026. Menos mal que hay colectivos que van a tener también un aumento de ingresos para afrontarlas, básicamente pensionistas, funcionarios y los más desfavorecidos que reciben ayudas públicas, que también se han revalorizado el 1 de enero.

Empecemos por los pensionistas, 9,42 millones de personas que cobrarán algo más por sus pensiones (10,42 millones) ya desde este mes de enero. La subida media de las pensiones es del +2,7% (la subida de la inflación anual de noviembre 2024 a noviembre 2025), lo que supondrá cobrar unos 40 euros más al mes (una jubilación media de 1.512 euros en 2025). Pero los 2,12 millones de pensionistas que cobran pensiones muy bajas, con complementos de mínimos, tendrán una subida mayor: +11,4% para los pensionistas con cargas familiares (y las viudas) y +7% para los que no las tienen. Y para los 471.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (dos tercios son mujeres), la subida es del +11,4%.

Los 3 millones de personas que trabajan para la Administración Pública cobrarán un +2,5% de subida retroactiva por 2025 y otro +2% de subida salarial en 2026, más otro +4,5% en 2027 y un 2% de subida en 2028, según el acuerdo pactado por el Gobierno, que supone una subida acumulada (por el efecto arrastre) del +11,4% entre 2025 y 2028, un aumento superior a la inflación esperada estos años, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

También volverá a subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI), que cobran unos 2,4 millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes que trabajan en el campo. De momento, en enero se ha prorrogado el salario mínimo actual (1.184 euros en 14 pagas), a la espera de que el Gobierno apruebe este mes la nueva subida, que se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de enero: los expertos consultados han propuesto que suba entre 37 y 56 euros al mes, mientras la patronal propone una subida de 18 euros (+1,5%) y los sindicatos piden subir 89 euros (+7,5%).

Y también sube el importe del ingreso mínimo vital (IMV) que reciben las familias más vulnerables, actualmente 785.722 hogares (beneficiando a 2,4 millones de personas). En 2025 cobraban entre 658,81 euros un adulto solo y 1.449 euros mensuales las familias numerosas, importes que han subido un 11,4% el 1 de enero, entre 75 y 170 euros más al mes. El problema es que esta ayuda (IMV) sólo llega a la mitad de las personas que están en pobreza severa (4,3 millones, según Cáritas). Y que muchas autonomías han aprovechado el IMV para suprimir o reducir su ayuda, las rentas mínimas de inserción: en los últimos 3 años se han reducido  más de 170.000 beneficiarios y 13 autonomías (Madrid y Aragón en cabeza, un -95%, seguidas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, la Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Galicia, Cataluña y Navarra) han reducido su gasto en estas ayudas autonómicas, que sólo llegan a 532.700 personas, el 6,1% de quienes viven en el umbral de la pobreza, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora, la clave para afrontar las nuevas subidas de precios va a estar en los salarios, en la subida que se pacte para 2026. Todo indica que la patronal no ofrecerá una subida por encima del 2% (la inflación subirá el 2,1%, según el Gobierno) y que los sindicatos pedirán una subida mínima del 3,5%, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años (los sueldos han subido un 13,45% entre 2022 y 2025 y la inflación un 15,4%). Y, sobre todo, pedirán que suban más los sueldos más bajos, porque el 30% de trabajadores ganan menos de 1.582 euros brutos al mes (y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos), según el Decil de salarios de la EPA 2024. Estos bajos salarios explican que casi la mitad de españoles (el 47,4% de los hogares, según el INE) lleguen con dificultad a fin de mes. Y más ahora, con la oleada de subidas de enero.

En definitiva, volvemos a sufrir subidas de precios en múltiples servicios y gastos, sin que tengamos claro lo que van a subir nuestros ingresos este año, lo que explica que muchos españoles no vean bien su economía (según el CIS) aunque España crezca más que la mayoría de paises occidentales. Eso debería obligar a tomar medidas para “repartir mejor el crecimiento”, controlando las subidas más impopulares (alimentación, energía, servicios públicos) y aumentando las ayudas a los más vulnerables, con medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y menos los que menos ingresan y viven de un sueldo. Y promover una negociación colectiva que suba más los sueldos más bajos, ahora que muchas empresas pueden hacerlo, porque llevan 5 años mejorando ventas y beneficios. Esas son las claves para que el crecimiento lo noten la mayoría de españoles.

2026, otro año de mayor crecimiento

2025 ha sido mejor de lo esperado hace meses, cuando se temía una recesión mundial por los aranceles de Trump y los conflictos geopolíticos. A final, el mundo ha crecido casi como en 2024 y Europa languidece, mientras España crece casi el doble que la UE, por 5º año consecutivo. Y todo apunta a que en 2026, la economía mundial crecerá como en 2025, sin sobresaltos, salvo la incertidumbre por las guerras y conflictos o el temor a una crisis bursátil por la burbuja de la Inteligencia Artificial. España volverá a crecer más que el resto de Europa, empujada por el aumento de la población (inmigrantes) y el empleo, que tirarán del consumo, junto a las mayores inversiones por los Fondos europeos (que se acaban).Pero este fuerte crecimiento no puede hacernos olvidar los problemas pendientes: subida de alimentos, alquileres por las nubes, sueldos bajos, jóvenes sin horizonte, deterioro de los servicios públicos (sobre todo la sanidad) y demasiada pobreza y desigualdad. Hay que repartir el crecimiento.

¡Feliz 2026¡

El año 2025 se ha cerrado con la sensación de que ha sido mejor de lo esperado, como ya pasó en 2023 y 2024, sin que los aranceles de Trump o los conflictos geopolíticos nos hayan sumido en una recesión, como algunos temían en primavera. El crecimiento mundial habrá sido del +3,2%, según el FMI, parecido al de 2024 (+3,3%), aunque con diferencias entre Europa (+1,3%), EEUU (+2%) y Asia (+4,5%). Al final, la economía internacional no ha caído en recesión porque los aranceles se han retrasado y suavizado sobre la amenaza inicial, por la capacidad de paises y empresas para reaccionar y adaptarse, por las bajadas de tipos (que reanimaron la inversión y el consumo) y por el alivio de la energía, con precios bajos del petróleo y el gas tras los sustos de años anteriores. Eso sí, en 2025 vimos un mundo más fragmentado, de bloques comerciales y políticamente dividido.

Este año 2026 se presenta bastante parecido, con un cierto dinamismo en la economía mundial, que podría crecer casi lo mismo (+3,1% prevé el FMI), con un crecimiento similar al de 2025 en EEUU (+2,1%), Europa (+1,4%) y China (+4,2%). Por un lado, se notarán más este año los aranceles de Trump, pero también avanzará la búsqueda de nuevos mercados por parte del resto del mundo. Y se esperan tipos bajos y energía barata, con el petróleo rozando los 62 dólares por barril, el precio más bajo desde febrero de 2021. Y se espera además que la inversión siga fuerte, empujada por la Inteligencia Artificial (IA), que movilizó 1,5 billones de dólares en 2025. Precisamente, el auge de la IA es un factor que puede contribuir a un salto de la productividad y el crecimiento, sobre todo en EEUU y China, pero también es un factor de incertidumbre: muchos expertos temen que la burbuja de la IA estalle en 2026 y provoque una debacle de las Bolsas, que han batido todos los récords en 2025.

Pero hay otras incertidumbres en el panorama internacional para 2026, en especial los conflictos geopolíticos (a Ucrania y Gaza de podría sumar Venezuela), la guerra comercial entre USA y China, el aumento de la deuda en EEUU y en todo el mundo (que podría llevar a recortes de gasto y a subidas de tipos), el gasto en Defensa (que impide otros gastos sociales), el progresivo envejecimiento de la población en Occidente y la emergencia climática, que no se afronta con decisión por el auge del negacionismo climático y causará nuevas y costosas emergencias (inundaciones, huracanes, incendios, sequías…).

En Europa, el año 2026 se presenta algo mejor, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea: se espera un crecimiento del +1,4% en la UE-27, el mismo que en 2025, pero con una cierta recuperación en Alemania, el motor del continente (espera crecer +1,2%, tras crecer sólo un +0,2% en 2025 y caer un -0,5% en 2024). Francia también crecerá algo más (+0,9% frente a +0,7% en 2025) e Italia (+0,8%, el doble que en 2025), aunque eso se contrapone con un elevado déficit público en los tres paises para 2026 (-4,0% del PIB Alemania, -4,9% Francia y -2,8% Italia), que dificultará reanimar más estas economías, máxime con el estancamiento político en Francia y los enfrentamientos en Italia.

Pero este ligero crecimiento de la UE y de sus tres mayores economías es muy importante para España, porque son nuestros mayores clientes (allí van el 33% de todas nuestras exportaciones) y los europeos que más vienen como turistas (el 31,6% vienen de estos 3 paises europeos). Esto nos ayudará más a crecer en 2026, un año en que la Comisión augura un crecimiento para España del +2,3%, casi el doble que el de la UE-27 (1,4%) y Alemania (1,2%). Con ello, será el 6º año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crecerá más que la media europea: hemos crecido +11,1% entre 2021 y 2025, más del doble de lo que han crecido estos años la UE-27 (+5,2%). Y eso gracias al mayor aumento de la población y del empleo, al turismo, a las exportaciones y a las inversiones promovidas por los Fondos UE.

Este año 2026, el mayor crecimiento español se asentará en dos motores, según las previsiones del Gobierno. Uno, el consumo de las familias, que ha crecido ya en 2025, por el aumento de la población (+475.000 habitantes, por la inmigración) y del empleo (se habrán creado unos 600.000 empleos el año pasado), que han gastado más (y ahorrado menos), también porque los sueldos han subido algo más (+3,49%) que la inflación media esperada (+2,8%) y porque la bajada de tipos ha ayudado a los que tienen una hipoteca o un préstamo. El otro motor del crecimiento, en 2025 y 2026, será la inversión (pública y sobre todo privada), que crece gracias a la inyección de los fondos europeos y a la renovación tecnológica de las empresas, ayudada por la bajada de tipos.

El fuerte consumo de los hogares y la inversión empresarial no sólo tiran del crecimiento sino que reflejan la confianza de empresas y familias en la economía española, reforzadas por una enorme confianza en España de los inversores internacionales, que se demuestra en el aluvión de inversiones en el sector inmobiliario o energético (renovables), pero también en hoteles, turismo, empresas, tecnología y centros de datos. Una confianza que se traduce en que la prima de riesgo, lo que tenemos que pagar de más como país para financiarnos (deuda a 10 años) respecto a Alemania es menor en España (+0,44%) que el extra que tienen que pagar Francia (+0,72%) o Italia (+0,67%).

Todo apunta a que 2026 será el 6º año consecutivo en que España crecerá por encima de su potencial (+1,6%), gracias a una serie de factores que aportan un crecimiento extra, según el análisis de CaixaBank Research: los fondos UE (+0,6% adicional), el aumento de población (+0,5%), los bajos tipos de interés (+0,3%), el alivio de los precios energéticos (+0,1%), el mayor consumo privado (+0,1%) y la mayor inversión en vivienda (+0,1% adicional). Y hay otros factores que restarán crecimiento este año 2026: el menor crecimiento de las exportaciones (restará -0,4% al PIB), el efecto negativo de los aranceles USA (-0,1%), la incertidumbre geopolítica mundial (-0,3%) y la política fiscal contractiva para seguir bajando el déficit público (-0,2%) y otros factores (-0,1%). Ayudas y frenos que se suman al crecimiento “normal” para conseguir ese +2,1% de crecimiento previsto para 2026.

Un crecimiento que no sólo es destacable por superar al de la mayoría de paises sino porque es “más sano” que el fuerte crecimiento de España en los años 90 o al principios de este siglo. Porque España crece con una inflación moderada (3%), creando mucho empleo (+600.000 en 2025), recortando el déficit público (-2,1% en 2026 frente al -3,2% en 2024) y dejándolo por debajo del déficit de Alemania, Francia o Italia, con menos deuda pública (que paga tipos muy bajos) y, sobre todo, con un superávit con el exterior (gracias a los ingresos por turismo, a las exportaciones y a las inversiones extranjeras), algo inédito en el último siglo.

Pero este crecimiento, alto y más sano, no puede esconder los problemas económicos de España que siguen pendientes en 2026. El primero, la sensación que tienen muchos españoles de que “no notan este crecimiento”, porque la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes (el 47,4% de los hogares, según el INE), debido a que las subidas de precios se han comido sus sueldos y pensiones. El  problema es que arrastramos la alta inflación de los años pasados (+15,4% subió el IPC entre 2022,2023, 2024 y hasta noviembre de 2025), que ha superado la subida de los salarios (+13,45% en estos 4 años), con lo que los españoles han perdido poder adquisitivo. Y han perdido más los que menos ganan y gastan más en alimentos (subieron +29% estos 4 años), vestido, calzado y vivienda.

Precisamente, la vivienda es otro de los grandes problemas para 2026, porque tiene unos precios prohibitivos tanto para comprar ( 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid) como para alquilar: 14,6 euros/m2 de media (1.314 euros por un piso de 90m2), una subida del 40,38% desde 2022, pero 24 euros/m2 en Barcelona (2.160 euros de alquiler) y 22,8 euros/m2 en Madrid (2.052 euros). Esto deja fuera a muchos jóvenes y familias o las obliga a dedicar la mitad de sus ingresos o más al pago de un techo, mientras las autonomías y el Gobierno son incapaces de pactar unas medidas para promover la construcción de muchas más viviendas para alquiler y venta.

Otro gran reto para 2026 es el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, transportes), que suponen serios problemas para la mayoría y un gasto creciente, que también les dificulta llegar a fin de mes, ya sea en un seguro privado, en la cuota de las guarderías privadas y los colegios concertados, en las Universidades privadas (porque no han conseguido plaza en las públicas, también con matrículas caras), en contratar a una persona para cuidar de los mayores o en pagarles una residencia, en el bono transporte o en los carburantes, los peajes y los seguros.

El mayor problema sigue siendo la sanidad, cada vez más deteriorada por falta de profesionales y recursos, lo que se traduce en que la demora media para ir al médico de cabecera son casi 10 días (9,78), según el último Barómetro del CIS, y una lista de espera de 128 días para el especialista y 118 días para operarse (donde esperan 832.278 pacientes, según Sanidad). Un deterioro que exige más gasto en Sanidad de las autonomías, sobre todo de las que menos gastan por habitante: Murcia (1.511 euros), Cataluña (1.516 euros), Comunidad de Madrid (1.537 euros), Andalucía (1.871 euros), Castilla la Mancha (1908 euros) y Baleares (1.981 euros) , las 6 por debajo del gasto medio en España (2.013 euros/habitante), según los Presupuestos autonómicos para 2026.

Otro gran problema para 2026 es ejecutar los Fondos europeos recibidos y conseguir las subvenciones y créditos pendientes: son 25.000 millones de ayudas a fondo perdido y otros 6.800 millones en créditos, cuya recepción está condicionada a que España apruebe 230 hitos y reformas este año, porque el 31 de agosto se acaban los Fondos europeos. Y no lo vamos a tener fácil, porque al Gobierno Sánchez le faltan apoyos para aprobar en el Parlamento muchas de esas reformas. Y si no se aprueban, no hay Fondos europeos, que han sido y son uno de los factores claves para el crecimiento y el empleo logrados por España.

Otro problema a afrontar en 2026 es reducir la desigualdad y la pobreza, que en 2024 afectó a 9,6 millones de españoles, los que ingresaron menos del 60% de la media (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Son el 19,7% de la población y el objetivo del Gobierno es que este porcentaje baje al 19,4% en 2026 (serían más “pobres”, porque sube la población). Y es especialmente preocupante la pobreza “severa” (los que ingresan menos del 40% de la media), que afecta a 4,3 millones de españoles, en especial mujeres solas con niños (hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children), jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Y seguimos teniendo el reto del paro, que es el más elevado de Europa, tanto el global (10,5% frente al 6% en la UE-27 y el 3,8% en Alemania) como el paro juvenil (25,3% en España y 15,2% en Europa). Un problema que exige Planes de empleo específicos para jóvenes y mujeres, así como para mayores de 45 años (1.061.100 están parados, el 40,6% de todos los parados, y muchos no van a encontrar ya trabajo nunca). Y también urge reformar de una vez las oficinas de empleo autonómicas (SEPE), que no utilizan las empresas para contratar (acuden a ETTS y conocidos) y tampoco ayudan a los parados a encontrar empleo.

En resumen, 2026 puede ser otro año con una economía internacional que mantenga su crecimiento en medio de la incertidumbre, una economía europea que salga del túnel (débilmente) y una economía española que siga creciendo más que el resto, lo que permitirá llagar a los 23 millones de empleos. Pero hay que resolver los problemas de los precios de los alimentos y la vivienda (alquileres y venta), mejorando los sueldos de una gran mayoría que los tiene bajos y se los come la inflación. Y además, hay que mejorar los servicios públicos, que afectan a la mayoría y a su bolsillo. Pero sobre todo, hay que repartir mejor el crecimiento, que no nota mucha gente, porque existe todavía una gran desigualdad, que sólo pueden corregir los impuestos, las ayudas y las políticas públicas. Pero eso resulta difícil con el actual enfrentamiento político, que impide acuerdos para mejorar la vida de la gente. Algo que se complica mucho más en un año electoral, donde las tensiones políticas podrían afectar negativamente a la recuperación de la economía. Al final, ese es nuestro mayor riesgo. Con todo, que tengan un buen año. ¡Feliz 2026¡  

España no pierde el tren de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) avanza imparable, con 1,5 billones de inversión, sobre todo en USA y China, alimentando una “burbuja” bursátil que se teme estalle en 2026. Europa está muy rezagada en tecnología e inversiones, pero 1 de cada 3 europeos utilizan ya las herramientas de IA, que aplican en sus negocios 1 de cada 5 empresas europeas. España no ha perdido este tren tecnológico e incluso usan la IA más empresas que en Francia, Italia o Irlanda, más las grandes empresas y poco las pymes. Y somos uno de los tres paises europeos, con Alemania y Polonia, con 2 centros de supercomputación para desarrollar la IA, al amparo de una Estrategia Nacional que gasta fondos europeos. El temor es la pérdida de empleos que acarrea la IA, como se ha visto en Microsoft, Amazon y Telefónica. Por eso, los sindicatos piden negociar su aplicación en las empresas y que la IA pague impuestos para compensar cotizaciones e ingresos perdidos. Y más formación, para no quedarse fuera.

La Inteligencia Artificial (IA) sacude los mercados y es un imán para los inversores, llevando al máximo a las Bolsas. Este año 2025, el gasto mundial en IA supondrá ya 1,5 billones de dólares, según la consultora Gartner, frente a los 987.904 millones invertidos en 2024. Y apuestan por que se superarán los 2 billones de dólares de inversión en 2026, sobre todo en EEUU y en China, impulsada por la integración de esta tecnología en dispositivos como teléfonos inteligentes, ordenadores y tablets, así como en la necesaria infraestructura de Centros de Datos (CPDs). Sólo las grandes tecnológicas USA tienen previsto invertir en partidas relacionadas con la IA cerca de 3 billones de dólares hasta 2030, nada menos que el 10% del PIB estadounidense. Una cifra que marea y que está creando una “burbuja inversora” que podría estallar si los beneficios no llegan pronto.

Europa está retrasada en esta carrera por la IA, tanto en tecnología como en inversiones, pero los europeos y las empresas se están subiendo al tren de la IA, aunque lo conduzcan los gigantes estadounidenses y chinos. Así, en 2025, 1 de cada 3 europeos de 16 a 74 años (el 32,7%) utilizó herramientas de IA generativa, según los datos recientes de Eurostat. La mayoría los utilizó para fines personales (el 25,1%), aunque también para trabajar (15,1%) y para formarse (el 9,4% para su educación). El mayor uso de la IA se dio en los paises nórdicos y centro Europa (56,3% en Noruega, 48,4% en Dinamarca, 47% en Suiza, 46,6% en Estonia, 46,3% en Finlandia,44,9% en Irlanda, 44,7% en Paises Bajos, 42% en Suecia y Bélgica). España se sitúa en el puesto 16º, con un 37,9% de adultos que la han utilizado, por delante de Francia (37,5%), Alemania (32,3%) e Italia (19,9%).

En cuanto a las empresas, 1 de cada 5 empresas europeas (20%) con más de 10 empleados utilizaron tecnologías de IA para sus negocios en 2025, según Eurostat, lo que supone un gran salto: en 2021 utilizaban esta tecnología el 7,7$, el 8,1% en 2023 y el 13,5% en 2024. Otra vez, los paises con más empresas utilizando la IA son los nórdicos y centro Europa: Dinamarca (42% de las empresas), Finlandia (37,8%), Suecia (35%), Bélgica (34,5%), Luxemburgo (33,61%), Paises Bajos (33,21%), Austria (29,95%), Noruega (28,89%) y Alemania (25,97%). España (con el 20,7% de empresas utilizando la IA) ocupa el puesto 13º en este ranking empresarial, por delante de Irlanda (19,64%), Francia (18,16%) e Italia (16,40%).

El uso empresarial más común de la IA es para analizar el lenguaje escrito (11,8% empresas), seguido de su utilización para generar imágenes y vídeos (9,5%), para generar lenguaje escrito o hablado (8,8%) y para convertir el lenguaje hablado en formato legible para una máquina (7,2%), según Eurostat. Los sectores que más lo están utilizando son las empresas de información y comunicación y los servicios profesionales y científicos, sobre todo en las empresas europeas grandes (el 55,3% utilizan la IA) y menos en las medianas (el 30,6%) y en las pequeñas (usan la IA sólo el 17%). Y su utilización es básicamente para tareas de marketing y ventas (34,7%) y para organización de procesos o gestión (31,05%), destinándose sólo un 6,08% para tareas logísticas.

En España, la utilización de Inteligencia Artificial (IA) ha dado un enorme salto en 2025, sobre todo en las grandes empresas, como Amadeus, Indra, Telefónica o Grifols, que están desplegando la IA en procesos críticos. De momento, la IA afecta ya a 2 de cada 10 empleos en España (entre el 18 y el 22%), según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Su mayor o menor utilización depende de sectores y territorios: se utiliza más en servicios avanzados, comercio, educación, sanidad e información y comunicación, especialmente en Madrid y Barcelona (21,5%), siendo baja la exposición en Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón, por el mayor peso de la agricultura, la construcción y la industria tradicional. Y están más “expuestos” a la IA los empleos femeninos, porque se concentran en sectores con más uso de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio y actividades sociales).

El estudio revela que la IA puede aumentar la productividad de las empresas, mejorar los servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, aunque también reconoce que puede intensificar las desigualdades entre trabajadores y empresas. Y, sobre todo, el gran temor que acarrea la IA es que suponga pérdida de empleos, como se ha visto recientemente en Microsoft, Amazon y Telefónica (el ERE se ha justificado por la IA). De hecho, un estudio del FMI (2024) revelaba que el 40% de los empleos del mundo (1.320 millones) se verán afectados por la IA, perdiéndose algunos y modificándose otros. Y otro estudio de 2025, del World Economic Forum, vaticina que se perderán 92 millones de empleos en esta década por la IA, aunque también se crearán 170 millones de empleos, lo que dará un aumento del empleo neto de 78 millones para 2030.

La pérdida o ganancia de empleo va a depender del tipo de empresas y empleos que tenga cada país y de las políticas de formación y reciclaje que se apliquen. En España, un estudio de Randstad (febrero 2024) estimó el coste laboral de la IA en una década (2023-2033): se perderán 2 millones de empleos (casi el 10%) y se crearán 1,61 millones de empleos nuevos, con un saldo neto de 390.000 empleos perdidos.  Profundizando más, el informe de Randstad refleja que el 9,8% de los empleos actuales (2 millones) corren el riesgo de ser automatizados, mientras otro 15,9% de empleos (3,25 millones) se mantendrán (aumentando su productividad,) y la mayoría (el 74,3% restante, 15,19 millones de empleos) no tendrán cambios significativos por la aplicación de la IA.

El informe concreta los sectores que se verán más afectados negativamente por la IA: el comercio (perderá 158.415 empleos netos), las actividades administrativas (-147.915 empleos netos), hostelería (-112.770) y transporte y almacenamiento (-47.490), teniendo un menor impacto negativo la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción.  Y los sectores más beneficiados por la IA en España, que ganarán empleo neto, serán la programación y consultoría (+76.364 empleos netos), actividades científicas y técnicas (+48.816), telecomunicaciones (+8.995), medios y publicaciones (+3.576) . Mientras, la IA aumentará la productividad del 15,9% de empleos, sobre todo en programación y consultoría (mejorará el rendimiento del 40% de los empleos), los seguros (37% empleos) y finanzas (36%), medios y publicaciones (33%), actividades científicas y técnicas (27%) y telecos (subirá productividad 25% empleos).

El problema es que la IA va muy rápido y los trabajadores tienen menos tiempo para adaptarse que en las revoluciones tecnológicas anteriores, según otro estudio de la consultora Oliver Wyman. Lo que parece claro, añaden, es que la Inteligencia Artificial (IA) “cambiará el papel de los trabajadores”: serán “un complemento” de los ordenadores y robots en la gestión de equipos, transmisión de mensajes y gestión de las emociones, desempeñando un papel más “humano y asistencial”. Parece claro que las máquinas necesitarán al hombre para ser “inteligentes” y que el trabajador seguirá siendo clave en las empresas, pero en muchos casos su papel cambiará radicalmente y en otros serán suplantados por la IA.

De momento, los ajustes laborales en España por la IA van despacio: el 89,66% de las empresas confirman que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación de nuevos trabajadores ni en el despido de los actuales, según un reciente informe de Adecco e Infoempleo. Pero revela dos cuestiones preocupantes. Una, que el 67,19% de las empresas encuestadas reconocen “no estar preparadas para la IA” (aunque el 53,1% “están en ello”). Y la otra, que 9 de cada 10 trabajadores dicen “no han recibido formación sobre el uso de la IA” (aunque al 69,32% “les gustaría”). Y sólo 1 de cada 4 parados reconoce que ha utilizado la IA para buscar trabajo. En general, las empresas españolas que utilizan la IA lo hacen para automatizar tareas administrativas (47,8%), para automatizar la atención al cliente (34,7%), para analizar datos (34,7%), automatizar procesos productivos (28,2%), hacer control de calidad (10,8%) y para selección de personal (el 2,17%).

Aunque las empresas y los europeos usan cada vez más la IA, queda mucho por hacer para no perder el tren de EEUU y China. De hecho, la Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). Un salto enorme que exigirá inversiones en tecnología, aplicaciones y formación, cuestiones incluidas en las ayudas del Fondo de Recuperación “Next Generation”.

En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles. España ha sido el primer país en crear una oficina para garantizar el uso ético de la IA (en septiembre de 2023, en A Coruña), además de dedicar 10 millones de euros a la creación de un modelo de IA en español, catalán, vasco, gallego, así como la creación de un “chatbot” interno para la Agencia Tributaria (para automatizar la atención al cliente) y un sistema de consulta en el Sistema Nacional de Salud para el diagnóstico precoz de insuficiencias cardiacas. Y somos uno de los 3 paises europeos (con Alemania y Polonia) en contar con dos grandes Centros de Supercomputación: el MareNostrum de Barcelona (uno de los 15 centros europeos elegidos por la Comisión Europea para el desarrollo de la IA) y la Factoría de IA que acogerá Santiago para la innovación en salud.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida, debido a su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, además de contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones básicas: la penetración de la IA en las pymes y realizar un gran esfuerzo en formación de gestores y trabajadores.

Pero el reto merece la pena porque España es un país de servicios, un sector donde la aplicación de la IA supondrá una mejora de productividad, que debería traducirse en un mayor crecimiento y mejores salarios. Pero la IA tiene dos consecuencias negativas que hay que anticipar y minimizar: su coste medioambiental (los CPDs, que se van a multiplicar, consumen mucha electricidad y agua) y su coste laboral: es evidente que muchos de los empleos actuales van a desaparecer por culpa de la IA, aunque se creen otros. Y eso obliga a contemplar políticas de reciclaje y ayudas públicas a los futuros parados.

Por eso, los sindicatos piden participar en el proceso de integración de la Inteligencia Artificial en las empresas, para que se tenga en cuenta su coste laboral y social, por lo que exigen que su introducción se negocie en las empresas. La propia Confederación Internacional de Sindicatos (CSI) acaba de denunciar que la IA se está aplicando sin consultar a los trabajadores y socavando derechos laborales (horarios, salarios y despidos), exagerando en muchos casos las ganancias de productividad y creando tremendas desigualdades entre trabajadores y paises. En España, los sindicatos reclaman participar en la introducción de la IA en las empresas a través de la negociación colectiva, en los convenios.

Otros expertos alertan de que la IA va a exigir un alto volumen de ayudas a los que se queden fuera (incluso se habla de un ingreso mínimo vital para compensarles) y un enorme gasto en formación y reciclaje, que los Estados van a tener que abordar. Y además, si se reduce el empleo por máquinas, se reducirán también los ingresos por cotizaciones e impuestos, mientras aumenta el gasto público en ayudas y formación. Por eso proponen cobrar impuestos a la IA, a través de un aumento de los impuestos al capital, reducidos en las últimas décadas: el impuesto de sociedades ha pasado en la OCDE del 33% (año 2000) al 25% actual, mientras la fiscalidad sobre el trabajo (cotizaciones más IRPF) apenas bajó (del 36,2% al 34,9%). A lo claro: se ha incentivado a las empresas para que inviertan más en automatización que en empleo. Y con la IA, se agudiza esta tendencia.

En resumen, la Inteligencia Artificial es la nueva panacea de la economía y muchos apuestan por su futuro, invirtiendo cifras billonarias que hacen temer otra crisis bursátil. Pero la IA ha venido para quedarse y puede suponer un salto económico para el mundo, como lo fue la electricidad , los ordenadores o Internet. Pero una innovación así, además de mejorar la productividad, tiene también costes, en particular el empleo de mucha gente que puede quedar fuera. España no puede perder este tren de la IA, como tampoco Europa, pero aplicándola de una forma proporcionada, sostenible y justa.