Emergencia climática sin control

La ONU ha lanzado otra alerta sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, en vísperas de otra Cumbre del Clima (COP 31), la próxima semana en Turquía. Y confirma que la temperatura ya ha subido +1,5º sobre la era preindustrial, lo que explica el aumento de los fenómenos climáticos extremos: sequías y las olas de calor, inundaciones y huracanes, que causan miles de muertos (50.391 sólo en Europa este verano). El calentamiento global se acelera y se retroalimenta, advierten, mientras piden mayores recortes de emisiones: con los recortes propuestos por 146 paises, la temperatura aumentará +2,6º para 2.100, anticipando una emergencia climática imparable. No se espera que esta nueva Cumbre tome medidas eficaces, como recortar las emisiones un 35% para 2035 y electrificar el transporte, los hogares y las industrias. Por eso, la Comisión Europea ha aprobado que los paises elaboren Planes de resiliencia para afrontar los graves daños de un calentamiento extra  de 2 a 3 grados. España y el sur de Europa seremos los más afectados.

                 Dos DANAs en Levante en dos años, un fenómeno agravado por la emergencia climática

Otro año más, la ONU alerta sobre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producidos por el consumo de energías fósiles (petróleo, gas y carbón) y que son una especie de cúpula que atrapa el calor del sol y aumenta la temperatura de la tierra y los océanos, provocando fenómenos climáticos extremos: sequías y olas de calor, lluvias torrenciales e inundaciones, sequías, incendios, tormentas, tornados y huracanes.

Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMT), publicado el 27 de octubre, el gas más presente en la atmósfera es el CO2 (responsable del 80,6% del calentamiento global), que ya ha alcanzado las 426,8 partes por millón en 2025, casi el doble que en la era preindustrial (1750). Es un gas cuya presencia en la atmósfera se ha disparado desde 1960 (316,9 ppm) y sobre todo desde 2010 (389,9 ppm), por el mayor consumo de energías fósiles en el suministro de energía (responsable del 27,4% de las emisiones en Europa), el transporte (23,8%), la industria (20,3%), los hogares y comercios (11,9%), la agricultura (10,8%) y los residuos (3,2%). Un gas que queda la mitad en la atmósfera y el resto en el mar (29%) y en la vegetación terrestre (21%) y cuyo efecto se mantiene siglos.

El 2º gas más presente en la atmósfera es el metano (responsable del 12,1% del calentamiento global), generado en un 60% por actividades humanas (agricultura, ganadería, combustibles fósiles y vertederos), un gas que se mantiene pocos años (12) pero cuyo potencial de calentamiento es 80 veces el del CO2. El 3º es el N2O (óxido de nitrógeno), responsable del 5,3% del calentamiento global, un gas generado por la quema de biomasa (incendios), fertilizantes y algunas industrias, que permanece 100 años y tiene un potencial de calentamiento 270 veces mayor al del CO2. Y quedan los gases fluorados, responsables del 2% restante del calentamiento global: el último informe de la ONU llama la atención sobre la presencia creciente del SF6 (hexafluoruro de azufre), un gas que se mantiene más de 1.000 años y que tiene un extraordinario poder de calentamiento de la atmósfera: 24.300 veces más que el CO2. Es un gas sintético, producido por el hombre al instalar redes eléctricas, fabricar semiconductores y electrónica y en la metalurgia.

La consecuencia inmediata del aumento de estos gases en la atmósfera es el aumento del calentamiento global: los últimos 11 años han sido los 11 años más calurosos del Planeta, según el reciente informe de la OMM. Otro estudio, publicado en la revista BioScience, señala que de 16 indicadores sobre “los signos vitales del Planeta” (analizados desde 2019), 7 están en niveles récord: niveles de CO2 en la atmósfera (los más altos en los últimos 2 millones de años), temperatura de la atmósfera, la tierra y los océanos, subida del nivel del mar, pérdida de hielo en Groenlandia o deshielo de los glaciares. Y sobre todo, el aumento de la temperatura global: aumentó +0,05 grados por década entre 1.880-1970, +0,19 grados entre 1970 y 2010 y +0,36 grados por década entre 2010 y 2024. Eso muestra que el calentamiento global no sólo se ha acelerado sino que se “retroalimenta” y se amplifica en los fenómenos climáticos extremos. Y el riesgo, alertan, es que el clima sea incontrolable (como la IA).

Otro informe de un organismo de la ONU (el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA), publicado el 21 de octubre, es aún más preocupante: alerta de que el mundo ha perdido la oportunidad de evitar que la temperatura global suba más de 1,5 grados para 2100, que se planteó como objetivo deseable en la Cumbre del Clima de París de 2015. Ese aumento de temperatura ya se superó en 2024 (+1,52 grados entre febrero de 2023 y enero de 2024, por el fenómeno del Niño) y se espera que se alcancen esos 1,5 grados extras de temperatura (sobre los niveles de 1850 a 1900) de forma sostenida “antes de 2030”, no para 2100, lo que se traducirá, según el PNUMA, en más olas de calor, sequías, inundaciones, incendios forestales, huracanes y tifones (“los fenómenos extremos serán más frecuentes y más intensos”), que tendrán un alto coste en vidas humanas y daños económicos en infraestructuras, industrias y hogares.

Ante este panorama, la imposibilidad de conseguir el objetivo clave de la Cumbre de París (no superar el aumento de temperatura de 1.5 grados), la ONU (PNUMA) se plantea un “Plan B”: fijarse un nuevo objetivo, que la temperatura no suba más de +1,7 o +1,8 grados en las próximas décadas, fijando nuevos recortes de emisiones a los paises hasta 2040. Y después, si se consigue este nuevo objetivo, intentar rebajar la temperatura al tope de los +1,5 grados iniciales con técnicas de captura de CO2, una tecnología que califican de “incierta, arriesgada y costosa”, aunque se confía en que esta tecnología mejore en las próximas décadas.

Para que este “Plan B” funcione (que la temperatura no suba + de 1,7/1,8 grados), la ONU plantea a los paises unos nuevos recortes de emisiones: -18% para 2030 (sobre las emisiones de 2025), -45% para 2035 y -69% para 2040, lo que implica unos recortes anuales de las emisiones del -5,7% en la próxima década. Pero esta propuesta choca con los recortes que proponen hoy los paises, mucho menores: entre un -5% y un /10% para 2030 y entre un -11% y un -15% para 2035, recortes que son la tercera parte de lo que se pide, porque la mayoría de los paises están dispuestos a recortar emisiones, pero no de aquí a 2035, sino después, sobre todo entre 2040 y 2050 (cuando la mayoría promete “0 emisiones netas”).

Los expertos de la ONU son tajantes: si los paises mantienen estos recortes hasta 2040 (la tercera parte de los “necesarios”), la temperatura global subirá 2,6 grados para finales de siglo, lo que acarrearía fenómenos climáticos mucho más graves, además de más muertes y daños económicos y sociales irreparables. Otro informe del Secretariado de la Convención marco del Cambio Climático (ONU) insiste en que los recortes anunciados son insuficientes. Tras analizar los últimos Planes climáticos presentados a la ONU por 146 paises (de los 193 que firmaron el Acuerdo de París), los expertos concluyen que estos paises proponen un recorte de emisiones del -6% al -9% para 2035, cuando son necesarios recortes del -37% de las emisiones para 2035 (sobre las de 2019) para que la temperatura no suba 2 grados. Y con esos Planes, estiman que la temperatura subiría entre 1,7 y 2,3 grados para 2100.

Avisados estamos. Las consecuencias de este calentamiento global (+1,5 grados ahora) ya las estamos sufriendo, especialmente este verano en Europa: sucesión de olas de calor, sequías y grandes ríos sin agua, incendios descontrolados  y DANAs e inundaciones, con un alto coste económico y de vidas humanas. Se estima que entre junio y agosto han muerto en Europa 50.391 personas por las altas temperaturas (6.824 muertes en España). Y además, este calentamiento global y el clima descontrolado causan enormes pérdidas: sólo en Europa, las pérdidas directas por fenómenos meteorológicos extremos ascendieron a 200.000 millones de euros entre 2022 y 2025, frente a sólo 8.600 millones de pérdidas anuales en la década de los años 80 del siglo XX. Y un estudio británico estima que se han producido 710.000 muertes en el mundo por altas temperaturas desde 2023, mientras los daños a la economía mundial por la emergencia climática cuestan entre el 1,7 y el 8% del PIB. Y llegarán al 10-19% del PIB mundial en 2050 si no se toman medidas eficaces.

La emergencia climática ha llegado a tal punto que los expertos acaban de pedir a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la revista médica The Lancet, que aborde el problema como “una emergencia de salud mundial”, que cree un instrumento para abordar los impactos sanitarios del Cambio Climático, coordinando las actuaciones a nivel mundial como se hace con las pandemias. Porque, añaden, las muertes climáticas son sólo la punta del iceberg, ya que la emergencia climática está provocando también un aumento de enfermedades (enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, dolencias cardiovasculares y respiratorias, trastornos de salud mental y malnutrición, además de . exacerbar problemas alérgicos), con gran impacto sobre los sistemas sanitarios.

Ante este preocupante panorama, 197 paises volverán a reunirse en otra Cumbre Climática, la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía). Con EEUU fuera de la lucha contra la emergencia climática, el aumento de gobiernos de ultraderecha (negacionistas) y China, India y otros paises en desarrollo esperando a 2040 para recortar sus emisiones (cuando hayan crecido más), no hay muchas esperanzas de que los paises hagan el triple de recortes de emisiones de los anunciados, como pide la ONU. Además, los expertos señalan que las guerras de Irán y Ucrania han empeorado la situación, al disparar el precio del petróleo, el gas, los carburantes y la luz, lo que ha llevado a muchos paises (como España) a subvencionar el precio de los carburantes y bajar impuestos a la luz, lo que supone en la práctica subvencionar los combustibles fósiles, “alimentar la emergencia climática”. De hecho, las subvenciones de los paises a los combustibles fósiles se han duplicado desde la Cumbre de París (2015) y han sido 6,20 billones de dólares estos años.

El país anfitrión, Turquía, propondrá en esta Cumbre que los paises “electrifiquen” sus economías, que sustituyan petróleo, gas y carburantes por electricidad generada con renovables (o incluso gas y nucleares): del 23% actual de energía que aporta la electricidad al 35% que se plantea como objetivo para 2035. Sería un paso importante, siempre que esa electricidad fuera mayoritariamente renovable: en España es ahora el 58%. Eso supone un cambio drástico en los comportamientos del transporte, las industrias y los hogares. En España, por ejemplo, sólo el 0,8% del parque automovilísticos son coches eléctricos, sólo el 35% del consumo industrial lo aporta la electricidad y sólo el 24% de la calefacción de los hogares se cubre con electricidad, según la Fundación Renovables.

Así que uno de los caminos para reducir emisiones y frenar la emergencia climática es seguir aportando por las renovables y que el transporte, las industrias y los hogares consuman más electricidad y menos fuel, carburantes, gas y carbón. Todo ello exige fuertes inversiones en energías renovables y en descarbonizar las economías, incluyendo ayudas de los paises más ricos a los paises en desarrollo para que reestructuren su crecimiento. Algo difícil de conseguir mientras las autocracias (USA, Rusia, China o India) vayan a su aire y en Europa avance la ultraderecha y los partidos conservadores sean cada vez más negacionistas.

El panorama climático es tan preocupante que la Comisión Europea aprobó el pasado martes, 27 de octubre, el nuevo Marco de Resiliencia Climática, con dos objetivos: que los paises europeos incorporen los riesgos climáticos a sus políticas económicas y, sobre todo, que aprueben Planes para adaptar a Europa a una realidad climática más extrema. “Europa no está suficientemente preparada y es nuestra responsabilidad minimizar los costes y el sufrimiento que supone”, señaló la vicepresidenta Teresa Ribera. La Comisión marca dos escenarios: que la temperatura suba +2 grados para 2050 y +3 grados para 2100 (incluso estudian que pueda subir hasta +5 grados). Y evalúan los riesgos que ello conlleva y proponen medidas para anticiparse a los daños.

 Al final, ellos dan las directrices pero será cada país el que tendrá que aprobar un Plan de resiliencia frente a la emergencia climática, antes de diciembre de 2030. La crítica es que se plantean reaccionar y prepararse para lo que viene, pero no se aprueban nuevos fondos europeos para adaptarse, cuando se estima que adaptar la economía europea a la emergencia climática exigirá invertir 70.000 millones al año. Eso sí, si no se hace, el coste será mayor: sólo entre abril y septiembre de 2026, las olas de calor han provocado en Europa 32.300 millones de euros de pérdidas , el 0,17% del PIB UE. Y estas pérdidas irán a más. Por otro lado, la Comisión señala que cada euro invertido en descarbonización aporta entre 2 y 10 euros costes evitados y en empleo y empresas que se crean.

En resumen, la ONU y los expertos nos vuelven a alertar que no estamos ante un “Cambio Climático” sino ante una “emergencia climática”, algo que hemos vivido de cerca los europeos este verano y con más gravedad (dos danas) en Levante y Cataluña. Y que los paises siguen sin reaccionar, mientras el calentamiento supera los 1,5 grados y provoca numerosas muertes y pérdidas. Y a pasar de los cálculos de los científicos, los Gobiernos apenas piensan en reducir las emisiones, que aumentan en 2026 tras hacerlo en 2025. Así que caminamos sin mirar hacia el precipicio medioambiental, incluso con Gobiernos y partidos que niegan la evidencia y rechazan tomar medidas eficaces. En España, el riesgo de un Gobierno PP-Vox amenaza con retrocesos medioambientales, que ya han aprobado en las 4 autonomías donde gobiernan juntos. Ojo: tenemos un problema climático muy serio, que nos está afectando seriamente y que se agravará los próximos años. Téngalo muy presente al votar el 29-N.

EPA verano 26: poco empleo (récord) y más paro

España siguió creando empleo este verano (+73.600 ocupados), aunque algo menos que los veranos anteriores, según la última EPA. Pero como siguen aumentando los “activos” que buscan trabajo (jóvenes, mujeres e inmigrantes), el paro también crece (+95.900 parados), sobre todo en los servicios y el campo. Siguen aumentando los empleos fijos (los tienen el 84,63% de asalariados), pero también crecen los contratos a tiempo parcial (por horas o días), sobre todo entre mujeres y jóvenes, que por eso cobran menos. Seguimos con un empleo récord histórico (22.852.600 personas trabajan), pero todavía tenemos el doble de paro que Europa y menos adultos trabajando. Y la economía podría frenar su crecimiento y el empleo, por las crisis geopolíticas y la desaceleración mundial y europea. Por eso urge que el próximo Gobierno apruebe Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, los 3 colectivos en peor situación. Y que reforme de una vez las oficinas de empleo, que no ayudan a los parados. Ahora que crecemos es cuando hay que tomar medidas.

                               Enrique Ortega

El verano suele ser una buena época para el empleo, por la temporada turística y los contratos en la enseñanza, aunque es peor que la primavera. Este año también: se han creado +73.600 empleos entre junio y septiembre de 2026, según la EPA del martes, menos que el verano anterior (+118.400 empleos) y el menor aumento en este trimestre desde 2019 (+69.400). Con ello, se han creado +465.500 empleos en los últimos 12 meses y +2.885.700 empleos desde antes de la pandemia (diciembre 2019). Y en España hay ahora 22.852.600  personas trabajando, otro récord histórico (hubo un máximo de 20.646.000 ocupados en junio 2008).

En el tercer trimestre, el aumento del empleo ha sido exclusivamente por los servicios (+235.600 empleos),ya que perdieron empleos la agricultura (-58.300), la industria (-54.400) y la construcción (-49.300 empleos. El empleo se ha creado únicamente en el sector público (+89.900, por los contratos en enseñanza y sanidad), mientras caía en el sector privado (-16.300 empleos), según la EPA de septiembre. La creación de empleo ha sido casi el doble entre las mujeres (+46.800 empleos) que entre los hombres (+26.800 empleos). Y el nuevo empleo se ha concentrado entre los menores de 25 años (+125.400) y los mayores de 50 años (+55.900 empleos), cayendo sobre todo entre los 35 y los 49 años (-112.700 empleos). Esta vez, el nuevo empleo se ha repartido entre extranjeros (+75.500) y residentes con doble nacionalidad (+148.500 empleos), mientras los españoles han perdido empleo (-150.300). Por autonomías, donde más creció el empleo fue en Canarias (+38.100) y Baleares (+26.900), por el turismo, seguidas de Galicia (+21.300 empleos) y Castilla la Mancha (+18.800), mientras cayó el empleo este verano en Madrid (-49.200) y Andalucía (-24.900).

Esta nueva mejora del empleo en el tercer trimestre (+73.600) no se traducido en una mejora del paro, que subió este verano (+95.900), según la última EPA, más que el verano pasado (+60.100 parados) y el mayor aumento desde el verano de 2023 (+92.700 parados). Ello se debe a que este verano han aumentado mucho los españoles “activos”, los que buscan trabajo: han crecido en +169.500, muchos más que el verano anterior (+118.400), probablemente porque se han apuntado al paro muchos inmigrantes regularizados. Con ello, España alcanza otro récord histórico, el de personas activas (que trabajan o buscan trabajo): 25.443.800 personas “activas”. Un indicador del fuerte dinamismo del mercado laboral, empujado por los inmigrantes: hay casi 2,5 millones de “activos” más que antes de la pandemia (había 23,08 millones en el verano de 2019). Y la tendencia se repetirá los próximos meses: se podrá crear empleo, pero aumentarán más los que buscan trabajo y puede crecer el paro.

El  paro subió en el tercer trimestre (+95.900), por culpa de los servicios (+54.800 parados) , que despidieron al final del verano (turismo, hostelería, comercio) a muchos de los contratados en primavera y verano, la agricultura  (+18.000 parados) y los que habían perdido su primer empleo (16.300 parados), aumentando también en la industria (+14.300) y la construcción (+4.900 parados). El desempleo creció más entre los hombres (+55.700) que  entre las mujeres (+40.300 paradas), bajando sólo entre los jóvenes menores de 19 años (-12.700 parados). Por nacionalidad, los parados extranjeros aumentaron en +24.500 personas, menos que los parados españoles y con doble nacionalidad (+71.400). Por autonomías, el paro subió en 11 regiones, destacando la Comunidad Valenciana (+31.000 parados), Madrid (+21.200), Galicia (+19.400) y Cataluña (+18.900 parados), bajando poco en el resto, donde destacan Baleares (-9.900 parados) y Canarias (-4.200).

La cifra total de parados EPA sube y queda en 2.591.200 parados estimados a finales de septiembre 2026, el menor dato del paro en verano desde 2008 (2.600.700 parados). Y la tasa de paro sube al 10,18% (había bajado al 9,87% en primavera), según la EPA, aunque es mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde el verano de 2008 (11,23%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (6,1% en la UE-27 en agosto) y aún más la alemana (4% de paro), según Eurostat.  Eso sí, baja la tasa de paro de los  jóvenes (menores 25 años), al 23,3% (la más baja desde 2008), que casi duplica la europea (15,4% en la UE-27).

Algunos datos preocupantes del paro mejoran, como los hogares con todos sus miembros en paro: son ahora 786.100 hogares (-4.700 menos que hace un año). Otros empeoran, como el paro en la mayoría de las 6 regiones con mayor tasa de desempleo, que sigue alto y muy superior a la media (10,18%): Melilla (18,87% de paro), Ceuta (18,50%), Andalucía (14,91%), Extremadura (13,01%), Comunidad Valenciana (11,82%) y Castilla la Mancha (11,36% de paro). Contrastan con 6 autonomías que tienen una tasa de paro casi europea , aunque haya subido en la mitad: Baleares (4,63% de paro), País Vasco (7,17%), Cantabria (7,56%), Castilla y León (7,75%), Madrid (8,18%) y La Rioja (8,63%). Y otro dato preocupante que mejora: bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: eran 847.900 parados este verano, el 32,68% de los parados (-44.600 que en primavera).

Esto mejora la situación de muchos parados de larga duración reduce el número de los que se les acaba el desempleo y no cobran ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En agosto de 2026, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.896.142 desempleados: algo más de la mitad cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 1.008 euros de media y el resto (46%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Eso significa que casi tres de cada cuatro parados (el 73,17%) estimados por la última EPA (2.591.200) cobran alguna ayuda por desempleo. Y si contamos los registrados como parados en las oficinas de empleo SEPE (2.379.505), cobran ayudas el 79,68%.

La mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2024 sigue siendo menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021, aunque “pierde impulso”: un 42,11% de todos los contratos firmados entre enero y septiembre (12.154.600) han sido indefinidos (5.118.700 contratos), un porcentaje superior al de los 9 primeros meses de 2025 (41,40%), aunque inferior al de 2024 (42,39%) y de 2023 (42,8%). Pero supone un salto tremendo sobre los indefinidos antes de la reforma laboral: en 2021, sólo el 10,9%  de los contratos eran indefinidos. Y entre 2014 y 2020, sólo eran indefinidos entre el 6 y el 8% de los contratos. Además, en lo que va de año, más de la mitad de los nuevos contratos (56,32%) son a tiempo completo, casi un tercio (30,15%%) a tiempo parcial y el resto, fijos discontinuos (1.673.800), que son los contratos fijos por periodos determinados que se hacen a muchos que antes eran temporales en turismo, hostelería y construcción.

El resultado evidente de la reforma laboral es que aumentan mes a mes los asalariados con contrato indefinido, que este verano ya eran el 84,63% de los asalariados (16,65 millones de trabajadores fijos), frente al 74% de los asalariados fijos hace cuatro años (septiembre 2021), el 79,81% hace dos años y el 83,42% que eran el verano pasado. Pero todavía tenemos un 15,36% de asalariados con contrato temporal, el mayor porcentaje en Europa (la media de temporalidad en la UE-27 es del 14,1%). El problema son los contratos a tiempo parcial, que se reducen este verano  (-170.800) pero crecen en el último año (+47.900) y superan los 3 millones (3.024.100): ojo, 2,13 millones son mujeres, que trabajan menos de la jornada habitual, muchas porque no encuentran otro empleo.

Ahora, a finales de 2026, Gobierno y expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa aunque menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,6% en 2025 y 2026, frente a +3,2% en 2024). La última previsión económica del Gobierno, del 29 de junio, apostaba porque el empleo crecería este año un +2,4%: +539.121 empleos, de los que solo se han creado 389.300 hasta septiembre. Serían menos de los creados en 2025 (+2,7%: +605.400 empleos), aunque más de los creados en 2024 (+468.100 empleos) y menos que en 2023 (+606.200 empleos). Lo importante es que el ritmo de crecimiento siga alto, gracias al tirón del consumo, el turismo, las inversiones y el empleo, lo que permite seguir creando empleo. La previsión del Gobierno es alcanzar los 23 millones de personas trabajando a finales de 2026 (eran 12,73 millones a finales de 1975). Y bajar la tasa de paro al 9,9% este año y al 8,5% en 2029.

Todo apunta a que vamos en el buen camino para lograr ambos objetivos, aunque hay muchas incertidumbres externas, geopolíticas (si persiste el conflicto de Irán, Europa y España crecerán menos y se creará menos empleo), y también internas, sobre todo las elecciones del 29-N. Si hay un cambio de Gobierno y se tarda en tener unos Presupuestos (llevamos 3 años sin cuentas públicas) , la actividad puede resentirse. Pero la clave es la política económica que haga el próximo Gobierno: si llegan a la Moncloa PP y Vox, todo apunta a que aprobarán bajadas de impuestos (a los más ricos y empresas) y reducirán gastos, harán recortes, que podrían frenar el crecimiento y el empleo, como pasó tras los recortes de Rajoy. Y más si las elecciones en Francia, Italia y Polonia confirman ajustes europeos.

Pase lo que pase, el empleo es el mejor activo de las dos últimas Legislaturas, ya que se han creado 3,5 millones de empleos entre junio de 2018 y septiembre de 2026. Y la tasa de paro ha bajado un tercio, del 15,28% al 10,18%. Pero no podemos como país echar las campanas al vuelo, porque seguimos teniendo la 2ª mayor tasa de paro de Europa (tras el 10,3% de Finlandia), sobre todo de paro juvenil,  y una menor tasa de empleo, que se traduce en que en España trabaja menos gente de la que debería si nos homologáramos al resto de paises: aquí trabajan el 72,4% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 76,1% que trabajan con esa edad en la UE-27 y el 81,1% que trabajan en Alemania. A lo claro: España tiene 1 millón menos de personas menos trabajando de las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y trabajan 2,3 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Así que queda todavía camino por delante en el empleo. Y en el paro, el próximo Gobierno tiene pendiente aprobar políticas específicas para mejorar la situación de las mujeres (tienen menos empleo, precario, y más paro), los jóvenes (los menores de 30 años sólo ocupan el 16% de los empleos y tienen el doble de paro) y los parados mayores de 45 años (1.055.200 parados, el 40,7% del total). Son los tres grupos que menos se benefician de la buena situación del empleo en España. Precisamente, en septiembre pasado, el Ministerio de Trabajo abrió una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para diseñar dos Planes con políticas activas de empleo para jóvenes (para que 200.000 consiguieran su primer empleo entre 2027 y 2028) y parados mayores de 45 años (propone formarles y contratar orientadores para mejorar su empleabilidad). Ahora, con el Gobierno en funciones, no se sabe si seguirán las reuniones para aprobar un Plan de Empleo para 2027.

En definitiva, todos debemos alegrarnos porque haya casi 23 millones de personas trabajando en España (10 millones más que hace 50 años), pero todavía tenemos demasiado paro y  trabaja menos gente que en Europa (de los que están en edad de trabajar) y muchos empleos son todavía precarios, demasiados a tiempo parcial (sobre todo para jóvenes y mujeres) y con bajos salarios. Y, sobre todo, muchos empleos se concentran en los servicios, con altibajos en las contrataciones, y todavía pocos en la industria, las empresas tecnológicas y exportadoras, que ofrecen empleos más estables y mejor pagados. Además, no podemos olvidar que hay mucha incertidumbre en la economía mundial (por los aranceles de Trump) y en Europa (estancada) y esto acabará perjudicando al empleo. Así que habrá que estar vigilantes y dispuestos a tomar medidas para salvar esos 22 millones largos de empleos y conseguir que sigan creciendo. Debería ser nuestro gran reto como país.

Un mundo muy endeudado: vienen recortes

El FMI acaba de lanzar la alerta: el mundo ha soportado bien las crisis sufridas desde la pandemia, pero los paises han gastado mucho dinero en ayudas y no tienen “colchón” para afrontar problemas futuros. Urge reducir los déficits y la deuda pública, disparada en la última década: supera el 125% del PIB en USA, el 204% en Japón, el 84% en la UE y el 119% en Francia. Un grave problema porque los inversores exigen ahora más intereses y eso aumenta el gasto de los paises. Por eso, Alemania, Francia o Italia ya han aprobado recortes y exigen también recortes al Presupuesto europeo 2028-2034. España está mucho mejor (tenemos la mitad del déficit público que Alemania o Francia y la deuda baja desde 2021), porque crecemos y recaudamos más, así que no necesitamos recortes. Pero si PP y Vox ganan las elecciones, podrían recortar el gasto social, como toda la derecha europea. Y por nuestra experiencia de 2010 a 2014, ya sabemos el coste económico y social de los recortes.

   

                                Enrique Ortega

En menos de 7 años, la economía mundial ha pasado por varias crisis: pandemia, atascos en la cadena mundial de suministros, guerra de Ucrania y escalada de precios, aranceles y guerras comerciales, conflicto en Irán y nueva escalada de precios de la energía…Lo más llamativo, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que los hogares, las empresas, los mercados financieros y los paises han resistido bien, no ha habido una debacle mundial (como en 2008) y la economía mundial sigue creciendo, un +3,1% en 2026, gracias a tres factores: las ayudas públicas contra las crisis (100.000 millones de euros gastados sólo en Europa, 12.000 de ellos en España), la reconversión de los suministros de energía (más diversificados y con más peso de las energías renovables) y el tirón de las inversiones tecnológicas, sobre todo en Inteligencia Artificial (IA).

Pero ahora, el mundo tiene un problema, según el FMI: los paises tienen demasiada deuda pública y como los inversores exigen más intereses (ante la mayor inflación y la incertidumbre geopolítica), les ha subido el coste de esa deuda, con lo que también les sube el déficit público. Un ejemplo: EEUU pasará de pagar el 2,8% de su PIB en intereses por su deuda en 2019 (603.120 millones de dólares) al 5,7% de su PIB en 2031 (1,93 billones de dólares). Y lo mismo el resto de paises desarrollados: pagarán el doble o el triple de intereses por su deuda. Y como Occidente crecerá poco los próximos años, esta “hipoteca” de la deuda les obligará a gastar menos en otras cosas, sobre todo en servicios públicos y gastos sociales. Y además, si viene otra crisis (que vendrá), tienen menos “colchón” presupuestario para aprobar ayudas para salir de ella.

Por eso, el mensaje del último informe del FMI es claro: hay que reducir la abultada deuda pública del mundo, que ha crecido en las últimas décadas, empujada por tipos bajos e incluso al 0% (entre 2008 y 2016). Sus datos son inapelables: en el año 2.000, la deuda mundial suponía el 62% del PIB mundial, saltó al 80% entre 2026 y 2019 y tras el repunte de 2021 (el 98% de deuda por la pandemia), se mantiene en el 95% del PIB en 2026. Y esperan que en 2030, la deuda mundial alcance el 100% del PIB, un umbral nunca visto desde la postguerra de la II Guerra Mundial.

Pero la deuda pública es aun más abultada en muchos paises, sobre todo los más desarrollados, según el ranking de EBC Finantial Group. El líder en endeudamiento es EEUU (debe 40.739.000 millones de dólares en 2026), seguido de China (22.290.000 millones de dólares), Japón (8.951.000 millones $), Reino Unido (4.418.000 millones $), Francia (4.258.000 millones $), Italia (3.790.000 millones $), Alemania (3.523.000 millones $), India (3.464.000 millones $), Canadá (2.776.000 millones $) y en el 10º puesto Brasil (2.544.000 billones $ de deuda pública). Pero lo más revelador es el peso de esa deuda en relación a cada economía, el porcentaje de deuda sobre el PIB, el dato que mejor revela la gravedad del problema. Y aquí, el ranking lo lidera Japón (204,4% deuda sobre su PIB), seguido de Singapur (179,1%), Sudán (169,1%), Bahréin (152,4%), Italia (138,4%), Grecia (136,9%), Senegal (132,3%), Maldivas (129,4%), EEUU (125,8%), Ucrania (122,6%) y Francia (118,4% deuda/PIB).

Europa está menos endeudada que EEUU (125,8% PIB), Japón (204,4%) y China (106,9% PIB): tenía una deuda del 82,9% del PIB en junio de 2026 (3,62 millones de euros), según Eurostat, algo menos que antes de la pandemia (84,6% deuda en 2017-2021). Los paises europeos más endeudados en junio 2026 (en relación a su tamaño económico) eran Grecia (140,8% del PIB), Italia (139,9% del PIB), Francia (119,1%), Bélgica (110,2%) y España (101,4%), seguidos de lejos por Portugal (96,9% PIB deuda), Finlandia (90,2%), Austria (83,6%) y Hungría (75,6%), siendo baja la deuda en Eslovenia (64,7%), Polonia (64,5%), Alemania (63,4%), Paises Bajos (43,7%), Suecia e Irlanda (35,3%) y Dinamarca (27,1% del PIB de deuda). En el caso de España, en julio ha bajado su deuda al 99,9% del PIB (1.744.000 millones), según el Banco de España, bajando por primera vez del 100% de deuda, tras haber llegado a un máximo del 124% del PIB en 2021 (por la pandemia). Y la Comisión Europea estima que nuestra deuda siga bajando, al 98,9% en 2027 y al 89% en 2031 (según FMI), mientras auguran que crezca la deuda de Italia, Francia, Bélgica y Alemania.

Este alto endeudamiento, sobre todo de Italia y Francia, ya ha provocado que los inversores reclamen ahora más intereses para seguir comprándoles deuda pública, máximo con la incertidumbre geopolítica, las guerras y las próximas elecciones en varios paises. Así, la deuda pública de Francia pagaba el viernes el 5,05% (llegó al 5,082 el jueves), frente al 3,21% que pagaba el 27 de febrero, antes del ataque a Irán (+1,84%). Italia paga el 4,58%, frente al 3,27% que pagaba a finales de febrero (+1,31%). La deuda española paga menos que la francesa o la italiana, 4,04% (+0,98% que en febrero) y también ha subido el interés de la deuda de Alemania, al 3,33% (+0,68% que en febrero). Y se han encarecido mucho la abultada deuda USA, que cuesta el 4,98% y llegó a cotizar al 5,14 el miércoles (+1,18% que a finales de febrero) y la deuda de Reino Unido, al 5,34% el viernes (+1,04% que en febrero).

Este encarecimiento de la deuda pública en todo el mundo, además de crear incertidumbre y bajadas en las Bolsas, dispara el gasto de intereses de los paises y aumenta su déficit público a niveles preocupantes. En EEUU, el déficit fiscal rozaba en septiembre los 2 billones de dólares, un 6% del PIB. Y en Reino Unido roza el 5,3%. En Europa, los 27 tenían un déficit público del 3,5% del PIB en junio, según Eurostat, con déficits públicos mucho mayores y preocupantes en Francia (5,1% del PIB, por eso se dispara el coste de su deuda), Bélgica (5,3%), Alemania (4,1%), Austria (3,4%), Italia (3,2% del PIB de déficit), Hungría (7,2%), Polonia (5,9%) o Rumanía (9,2% del PIB de déficit). España es el 5º país europeo con menos déficit público (2,2% del PIB en junio), como Grecia (2,2%) y Portugal (0,8%), ahora con las cuentas más saneadas que Francia, Alemania, Austria o Bélgica, los paises que en la crisis de deuda de 2010 les llamaban “derrochadores” (y “PIGS”)…

España es un modelo en Europa de cuentas públicas saneadas: el déficit público, que saltó del superávit en 2005, 2006 y 2007 (+1,9% del PIB) al -4,56% en 2008, se disparó con la crisis financiera al -11,6% del PIB en 2012 para bajar, con los ajustes al -3,1% del PIB en 2017 y mantenerse en el -3,06% en 2019. La pandemia disparó el déficit al -11,1% del PIB en 2021, pero a partir de ahí ha bajado año tras año, al -4,7% en 2022 y al -2,20% que cerró en 2025, gracias a que el fuerte crecimiento de la economía y el aumento extra de la población y del empleo han aumentado mucho la recaudación: de 213.000 millones ingresados en 2019 a 325.356 millones en 2025 (+51%), según la Agencia Tributaria. Eso ha permitido distintos Planes de ayudas contra la crisis (“escudo social) y aumentar pensiones y gasto social, a la vez que se recortaba el déficit público: hoy es la mitad del de Alemania y Francia.

Al margen del bajo déficit de España (que también reduce su deuda), la mayoría de los paises desarrollados han visto subir su deuda pública y los intereses que pagan, así como sus déficits públicos, según alerta el FMI, que plantea dos tipos de medidas: por un lado frenar o reducir el gasto público y por otro, intentar aumentar los ingresos públicos, para lo que sugiere varias medidas: poner una tasa a las empresas que facturen más de 100 millones de dólares, crear un impuesto digital (como ha propuesto el Parlamento Europeo) o aprobar otro impuesto nuevo sobre las apuestas deportivas digitales. Lo importante, según el FMI, es que los paises saneen sus cuentas públicas, para tener “un colchón” ante futuras crisis.

Pero la mayoría de los paises europeos se quedan sólo con una parte del consejo, el de recortar costes. Así, el canciller alemán Metz ha impulsado 3 paquetes de recortes sociales desde que llegó en 2025, poniendo en peligro su alianza de Gobierno con los socialdemócratas: un ajuste de 40.000 millones en sanidad y prestaciones sociales, un endurecimiento del acceso a los subsidios y a la renta básica y una reducción de ayudas familiares y sociales, mientras estudia una reforma de las pensiones (para recortarlas). En paralelo, el gobierno de Francia hace frente a su crisis de la deuda anunciando recortes de 54.000 millones de euros en su proyecto de Presupuestos para 2027, mientras Marine Le Pen (que podría llegar al Elíseo en 2027)  propone recortes de hasta 140.000 millones en 6 años y Melenchón (Francia Insumisa) propone gastar 80.000 millones más. Y en el tercer país con problemas de deuda y déficit, Italia, Meloni anticipa para 2027 recortes de gasto y no hacer las bajadas de impuestos prometidas, mientras gastará más en Defensa y energía.

Lo más grave es que Alemania y los otros paises “frugales” (Austria, Paises Bajos, Finlandia, Dinamarca y Suecia) exigen recortar el próximo Presupuesto de la UE para 2028-2034, para tener que aportar ellos menos al fondo común y reducir así sus abultados déficit y deuda. De momento, su presión ha conseguido que Irlanda (que preside ahora la UE) recorte un 8% el Presupuesto europeo previsto para los próximos 8 años (de los 1.760.000 millones de euros iniciales a 1.620.000 ahora), lo que supone recortar sobre todo los Fondos agrícolas y las ayudas regionales, también algunos Fondos para competitividad e investigación, mientras aumentan el gasto en Defensa, propuestas que no aceptan los paises del sur, con más peso del campo, encabezados por Italia, Francia, España y Portugal.

En la Cumbre europea del 15 y 16 de octubre no se alcanzó un acuerdo, pero Alemania y los “frugales” quieren un recorte mayor del 8%, lo que perjudicaría más a la Europa del sur. Y además, en un momento en que las protestas se generalizan en media Europa, mientras crece la ultraderecha cara a las próximas elecciones en España, Francia, Italia o Polonia. Parece mentira que cuando la mayoría de europeos sufren cada mes la crisis energética y las subidas de los carburantes y la luz (ojo: provocadas por las guerras de Putin y Trump), el encarecimiento de la vivienda y unos sueldos que no permiten llegar a fin de mes, los líderes europeos vuelvan a hablar de recortes, en lugar de aprobar nuevas ayudas, como tras la pandemia, y medidas para relanzar la economía europea, estancada y poco competitiva. Los europeos, sobre todo los españoles, griegos y portugueses, ya sabemos el alto coste económico y social de los recortes, porque los sufrimos entre 2010 y 2014, provocando una recesión, una enorme pérdida de empleos y deteriorando los servicios públicos.

En España, el hecho cierto de que tengamos unas cuentas públicas saneadas y una deuda pública a la baja no debería justificar ningún recorte del gasto público, sino que debería aprovecharse el mayor crecimiento y la fuerte creación de empleo para modernizar la economía, con más tecnología y digitalización, sacando recursos para impulsar inversiones y reforzar los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales, faltos de personal y de recursos. Pero todo va a depender de las elecciones del 29-N. Porque si el resultado permite gobernar al PP y Vox, nadie duda que harán recortes (como han hecho en las autonomías donde gobiernan), aunque no se atrevan ahora a decirlo. Parece claro que su prioridad no será reforzar los servicios públicos, sino recortar su gasto y promover la privatización de la sanidad y la educación, como ya hacen en sus autonomías. Y “reformarán” las pensiones, para frenar el gasto, mientras aumentarán el gasto en Defensa y Seguridad. Así que mire bien a quién vota.  

Exportaciones: más mercancías y más talento

Los aranceles de Trump y las guerras en Irán y Ucrania no han frenado las exportaciones españolas, que crecen este año 10 veces más que el pasado, sobre todo a Europa y EEUU. Pero como seguimos creciendo, también aumentan las importaciones (más), sobre todo de petróleo, gas y coches, con lo que el déficit comercial sube un 30%, lo que provoca que el sector exterior nos reste crecimiento (-0,4%), aunque menos que en 2025. Lo llamativo es el fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios, las que no van en contenedor o barco, los servicios profesionales, financieros, de ingeniería, informática o  telecomunicaciones que venden empresas españolas a otras de Europa y USA, sobre todo. “Exportación de talento”, uno de los pilares del crecimiento español, muy importante porque está creando empleo de calidad y mejor pagado. Ahora, la clave es seguir “exportando” estos servicios, para lo que España necesita contener precios y mejorar tecnologías, aunque la clave es que Europa avance en el mercado interior, quitando barreras y regulación.

                 España exporta cada vez más servicios profesionales a Europa y EEUU

Este martes se publicó el último dato de las exportaciones españolas, en agosto: subieron un +13,3%, con lo que alcanzan los 264.182 millones de euros en los primeros 8 meses del año, un récord histórico y +3,2% que en ese periodo de 2025 (cuando crecieron +0,3%, la décima parte que ahora) y más que en todo 2025 (+0,7%) y que en 2024 (+0,2%). Los aranceles de Trump y las guerras han provocado que España concentre más sus exportaciones en Europa (+3,7%), aunque también aumentan nuestras ventas a USA (+6% estos ocho meses) y China (+0,7%), aunque bajan las exportaciones a Latinoamérica  (-7,1%), Oriente Medio (-13%) y Asia (-5,6%). Las exportaciones que más han crecido hasta agosto son las energéticas (+34,2%), materias primas (+23%), maquinaria y bienes de equipo (+4,8%), automóvil (+1,1%) y manufacturas de consumo (+2,5%), aunque han caído las exportaciones de alimentos (-1,9%), productos químicos (-6,4%), medicamentos (-11%) y bienes de consumo (-1,8%).

En paralelo, también han crecido las importaciones (el doble, +6,5%), para “alimentar” el crecimiento español, mucho mayor que el del resto de Europa, por el aumento del consumo y la inversión. Destacan sobre todo las compras de energía (petróleo y gas), que han aumentado un +25,2% hasta agosto por el salto en los precios energéticos, y las importaciones de automóviles (+17,9%), por la mayor entrada de coches chinos (las importaciones chinas han crecido este año un +11,1%, aunque han caído un -0,1% las importaciones de EEUU).

Al final, aunque las exportaciones aguantan bien, como las importaciones crecen el doble, se ha agravado el déficit comercial de España con el exterior: el “agujero” era hasta agosto de -45.818 millones de euros, +30,5% que un año antes. Eso sí, seguimos teniendo un importante superávit comercial con Europa (+23.224 millones de euros, -11% que en 2025), manteniendo el superávit (les vendemos más de lo que les compramos) con 12 paises UE, entre ellos Francia (+11.792 millones), Italia (+1.858), Portugal (+12.921) y Polonia (+1.044 millones), más Reino Unido (+9.263 millones de superávit). Y tenemos déficit comercial con otros 14 paises UE, en especial con Alemania (-6.571 millones), Paises Bajos (-6.307), Hungría (-1723) y República Checa (-1.012), más Turquía (-1.394) y Rusia (-1.037 millones). Y fuera de Europa, tenemos déficit comercial sobre todo con China (-30.496 millones, dos tercios del déficit total, +13,4% que el año pasado), EEUU (-8.808 millones, -7,3% que en 2025, a pesar de los aranceles), Latinoamérica (-5.365 millones, casi el doble que el año pasado), Vietnam (-3.499 millones), Japón (-2.731 millones), India (-2.708 millones) y Corea del Sur (-1.695), así como con Nigeria (-3.700 millones) y Argelia (-2.868), por las compras de petróleo y gas.

En resumen, un balance comercial con claroscuros, ya que aumentan las exportaciones en un contexto internacional difícil, pero crecen el doble las importaciones (para alimentar nuestro mayor crecimiento), que suponen crear riqueza y empleo fuera de España, no dentro. Por eso, se prevé que el sector exterior reste crecimiento este año (-0,4% del +2,6% que se espera crezcamos), aunque restará menos que en 2025 (-0,7%), después de que las exportaciones hayan sido decisivas, aportando una parte del crecimiento entre 2021 y 2024.

Pero lo más llamativo es que hay “otras exportaciones” que siguen creciendo con fuerza y apoyando en positivo al crecimiento: por un lado las “exportaciones turísticas” (que aportan un 0,23% del crecimiento del PIB entre 2020 y 2026) y, sobre todo, las “exportaciones de servicios”, uno de los pilares del actual crecimiento español (aportan un 0,55% del crecimiento anual entre 2020 y 2026), según un estudio de CaixaBank. Esto significa que estamos asistiendo a un cambio estructural en el sector exterior de España: se mantienen las exportaciones de mercancías, pero lo que más crecen son “exportaciones” de alto valor añadido, las de los turistas que nos visitan (y gastan) y, sobre todo, las exportaciones de servicios que prestan las empresas españolas a otras empresas y paises en el extranjero.

Las “exportaciones de servicios” son variadas: exportaciones de servicios profesionales empresariales, desde consultorías a ingenierías (ojo: cerca del 70% de la facturación de las ingenierías españolas procede de proyectos en el extranjero, cuando la media en Europa de “ingeniería en remoto" es del 20%), las exportaciones de servicios informáticos (datos y ciberseguridad) y telecomunicaciones, servicios de transporte, ingresos por exportación de propiedad intelectual, los servicios financieros y de aseguradoras, los servicios culturales y a Gobiernos y administraciones públicas extranjeras. Todos ellos han pasado de aportar el 4,3% del crecimiento español (PIB) en 2007 al 7% en 2026, según CaixaBank Research. Y a aportaron el 0,55% del crecimiento anual del PIB entre 2020 y 2026, más otro 0,23% aportado por los “servicios turísticos”, compensando que las mercancías no aporten ahora nada al crecimiento. A lo claro: uno de los motores del crecimiento es la exportación de servicios.

Los servicios que más crecen y ayudan a la economía son los servicios tecnológicos y profesionales (consultoría profesional y de gestión, servicios técnicos y profesionales, informática e información y servicios de telecomunicaciones), que explican ellos solos el 30% del crecimiento español en el último año, según Funcas. Y además, su valor se ha duplicado en el último lustro, creciendo mucho más que las importaciones de servicios, con lo que España, que tiene un elevado déficit comercial (-45.818 millones hasta agosto) lo compensa con creces con el elevado superávit en estos servicios no turísticos (+46.500 millones de superávit en el último año) y con otro superávit aún mayor en los servicios turísticos (+73.500 millones en el último año). Así que gracias al turismo y los servicios no turísticos a otros paises, España tiene superávit con el exterior desde 2013, cuando llevábamos siglos teniendo un tradicional déficit exterior (y tras la guerra Civil, hasta 2013).

Lo importante es que España “exporta” estos servicios profesionales (no por contenedor, sino por Internet o in situ) a los paises más desarrollados: el 51% a los paises europeos y el resto a EEUU y otros paises avanzados, muchas veces de la mano de filiales en España de grandes multinacionales. Y son servicios “de alto valor añadido” (caros), intensivos en conocimiento (“talento”), por lo que generan empleo muy cualificado y mejor pagado, gracias a que genera altos márgenes y beneficios en España. De hecho, el empleo “tecnológico” (impulsado por estos crecientes contratos con otros paises) creció en España el doble (+45,8%) que el empleo en otros sectores entre 2015 y 2025, según la Fundación COTEC. Y sus sueldos oscilan entre los 45.000 y los 52.000 euros brutos, frente a la media salarial de 29.540 euros (INE).

España está destacando en la “exportación” de servicios profesionales porque tenemos algunas “ventajas competitivas”: menores costes laborales y de la energía, estratégica posición geográfica (entre Europa, América, África y Oriente Medio), una excelente conexión exterior (gracias al acceso a 30 cables submarinos) y una generalización de la conectividad (95% del país conectado por fibra óptica, frente al 69% en la UE), factores que facilitan el trabajo exterior de nuestras empresas. Y cara al futuro, la Inteligencia Artificial abre nuevos caminos para estas “exportaciones de servicios”, un sector que ha resistido mejor que la mayoría las distintas crisis desatadas tras la pandemia.

Cara al futuro, estas exportaciones españolas de servicios todavía tienen un alto margen para crecer, dado que los servicios para desarrollar la IA van a ser los protagonistas del comercio mundial en los próximos años, según la OMC. Y también porque España tiene una gran competitividad y especialización en servicios profesionales, técnicos y de tecnologías de la información (TIC), aunque tiene menos presencia en la exportación de servicios de I+D y propiedad intelectual, algo que tiene que ver con el menor gasto de España en investigación e innovación (el 1,4% del PIB frente al 2,1% de media en la UE).

Para seguir creciendo en estas exportaciones de servicios, España tiene que avanzar en varios retos propios. Uno, mantener los costes más bajos, sobre todo ahora que sube la inflación, para compensar el retraso tecnológico en algunos campos, mejorando la competitividad y la innovación. Segundo, hay que ampliar el espectro de los “exportadores de servicios”, porque ahora está concentrado en grandes empresas y multinacionales (hay pocas pymes, pocas “empresas gacela”: el 0,1% frente al 0,5% en la UE). Y además, hay que facilitar financiación a las empresas especializadas en prestar servicios al extranjero, que no consiguen acceder a fondos españoles ni europeos como sí lo hacen en EEUU.

Pero no todas las tareas son para España. La clave para que las empresas de servicios españolas crezcan más fuera es que Europa profundice el mercado único, porque actualmente hay demasiadas barreras regulatorias que dificultan su trabajo. Según los expertos, persisten en la UE-27 el 60% de los obstáculos detectados hace 20 años para la prestación de servicios transfronterizos y la movilidad laboral. Y en paralelo, falta la armonización fiscal y de los mercados de capitales para facilitar la inversión en estos servicios intereuropeos.

Ya el informe Draghi, presentado en septiembre de 2024, denunciaba que el exceso de regulación desincentivaba las inversiones en Europa, también las de los servicios profesionales. Su objetivo era reducir la burocracia UE al menos un 25% para 2027. El problema es que hoy, más de 2 años después, los expertos señalan que sólo se ha cumplido un 16% del Plan Draghi… Menos de 30 de las 176 propuestas que planteaba. Y lo peor es que este incumplimiento no es sólo por falta de inversión, sino que la mayoría de tareas pendientes son “por falta de consenso para acordar cambios normativos” sobre reducción de trabas administrativas y simplificación regulatoria…

En resumen, España está consiguiendo que crezcan las exportaciones de mercancías, a pesar de los aranceles y guerras, pero lo que nos está salvando el crecimiento son las “exportaciones de servicios turísticos” (quizás 100 millones de turistas este año, que se gastarán 121.000 millones de euros) y, sobre todo, las “exportaciones de servicios profesionales y tecnológicos”, que explican casi un tercio del crecimiento en el último año y crean cada vez más empleo, de calidad y bien pagado. Así que nos están salvando las “exportaciones de talento”, las que no viajan por contenedor sino por Internet, apoyadas en la excelente conectividad digital de España. Hay que apoyar más a estas empresas y ampliar estos servicios exteriores a las pymes, para seguir compitiendo en el mundo, sobre todo en Europa. Para conseguirlo, urge que Bruselas avance rápido en el mercado único, reduciendo trabas y regulaciones, para que nuestras empresas vendan mejor sus servicios. De ello dependerá buena parte del crecimiento y el empleo futuros.

Ciberataques al alza

Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, donde casi todo pasa por Internet. Y eso facilita el fraude y los ciberataques, por mafias y particulares que utilizan sistemas muy sofisticados para robarnos datos, material y dinero. Los ciberdelitos se han disparado y no afectan sólo a Gobiernos y empresas, sino a todos nosotros, desde el robo de nuestros datos en una energética o teleco al corte de la luz en supermercados (Francia) o el robo de dinero en los bancos, que crece imparable. Tanto que una sentencia del Tribunal europeo de Justicia acaba de decidir que los bancos deben pagar los daños sufridos por sus clientes. Europol alerta sobre el aumento de la cibercriminalidad, mientras en España hay casi tantos ciberdelitos como hurtos. Urge que Gobiernos y empresas inviertan más en ciberseguridad, porque el uso de la Inteligencia Artificial (IA) dispara los ciberataques. Europa quiere reforzar su Directiva contra estos ciberdelitos, mientras España no ha aprobado la Ley de Ciberseguridad. Todos debemos defendernos mejor frente a los ciberataques.  

                                    Enrique Ortega

La gran desventaja de que todo el mundo funcione hiperconectado a Internet es que somos muy vulnerables a los ataques, desde la energía, los transportes o las infraestructuras básicas a los datos sanitarios o nuestras cuentas bancarias. Y cada día más. De hecho, se estima que cada segundo se producen 500 ciberataques en el mundo. Y los daños son tales que habrán superado los 12,5 billones de dólares en 2026, el 1,2% del PIB mundial. Así que la ciberdelincuencia se ha configurado ya como el primer negocio criminal en el mundo, por delante de las drogas, la trata de personas o el tráfico de armas. Un negocio ilegal que tiene dos ventajas, según los expertos: requiere poca inversión previa y pocos medios y tiene un enorme “retorno” (el 1.400%). Y en los últimos años, cuenta además con la inestimable ayuda de la Inteligencia artificial (IA), que sofistica y mejora los ciberataques.

En 2025, los ciberataques “documentados” en el mundo crecieron un +42%, alcanzando los 7.979 incidentes (frente a 5.613 en 2024), según el informe Ciberinteligencia 2025, de Secure&IT . Y se identificaron 163 grupos de ciberdelincuentes activos a escala internacional (frente a 114 en 2024), de los que 7 grupos concentran el 40% de los grandes ciberdelitos, destacando el grupo Qilin (12,7% de los grandes ciberdelitos mundiales), Akira (8,25% ciberdelitos) y Play (4,8%). Todos ellos operan bajo esquemas de “Ransomware-as-a-Service (RaaS)”, un modelo que funciona como una franquicia criminal en la que los desarrolladores alquilan su malware a afiliados que ejecutan los ataques. Por paises, EEUU fue el más atacado en 2025 (tuvo el 52% de los grandes ataques documentados), seguido de lejos por Canadá (5%), Reino Unido y Alemania (4% cada uno). España quedó en 7ª posición, según Secure&IT, con 170 grandes ataques, el 10% de los ataques en Europa.

En 2026, los datos revelan un gran salto en los ciberataques, propiciado por la dependencia de las empresas y organizaciones de proveedores y plataformas externas (que facilitan la entrada de virus maliciosos) y, sobre todo, por la mayor utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por los ciberdelincuentes, lo que facilita los ataques a muchos particulares no profesionales. Los últimos datos disponibles, de septiembre de 2026, revelan que las empresas del mundo han sufrido de promedio 2.803 ataques significativos por semana, +48% que hace un año, según Check Point Research. Y en España, el mes pasado hubo un promedio de 2.507 ciberataques documentados por semana, un 28% más que hace un año.

En conjunto, el coste mundial del cibercrimen ronda este año los 12,5 billones de dólares anuales (10,97 millones euros) y cada ataque importante cuesta a las empresas y Gobiernos una media de 4,4 millones de dólares, según el último informe de NTT Data. En el primer semestre de 2026, EEUU sufrió 18.811 ataques documentados, más de la mitad del total. Y le siguieron, lejos, India (4.461 ataques), Reino Unido (3.448), Francia (2.750), Indonesia (1.631), Canadá (1.344). Australia (1.196), Brasil (1.137), Alemania (1.126), Italia (1.065), México (949) y España, en el lugar 12º, con 899 ataques graves, +45% que en la primera mitad de 2025, un aumento mayor que el de Alemania (+31%). Algunos ciberataques en 2026 que han trascendido son los ataques a la plataforma turística Booking (abril 2026), a Endesa (principios de año, a los datos de clientes de Zara (mayo), al sistema de la autoridad portuaria de Vigo (marzo),a algunos centros de salud y a servidores de Ayuntamientos (Valdemoro). Las pymes son el sector más expuesto (al estar menos protegidas) : un informe de Kaspersky revela que el 86% de las pymes españolas sufrió al menos 1 ciberataque en el último año.

El informe más completo sobre los ciberataques en España, con datos de 2025, lo publicó en febrero INCIBE (el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León). Ahí reflejan que intervinieron en 122.223 ciberataques en 2025, un aumento del +26% sobre 2024 (97.348 ciberataques documentados). La mayoría se dirigieron contra empresas que prestan servicios esenciales: banca (el 34% de los ataques), transporte (14%), energía (8%), infraestructuras de los mercados financieros (7%), aseguradoras y fondos de pensiones (7%). Casi la mitad de los ataques documentados  (55.411) son “malware”(“virus informáticos), programas diseñados para infiltrarse sin permiso en redes y ordenadores. Le siguen los incidentes de fraude online (45.445, la mayoría a clientes de banca). Otros ataques muy generalizados (25.133 incidentes) fueron “phising”, correos y mensajes para robar datos. Y aunque son menos, los más costosos son los ataques de “ransomware” (392 importantes en 2025), que bloquean accesos a archivos o Webs a cambio de dinero (“secuestros digitales”).

Los expertos señalan que este fuerte aumento de los ciberataques se debe a varios factores:  la mayor exposición digital de empresas y particulares, la creciente participación en la cadena de datos de terceros (proveedores y clientes, que acaban siendo el eslabón más débil para facilitar los accesos ilegales), la mayor sofisticación de los ciberdelincuentes (que gracias a la IA utilizan plataformas de ciberataques sin tener una gran formación como “hackers) y, sobre todo, la mayor conectividad de los usuarios. Un ejemplo: el 85% de los sistemas infectados por ciberdelincuentes se producen en dispositivos inteligentes (IoT), como TV, lavavajillas, robots de limpieza o reproductores multimedia conectados a la red en nuestras casas. Y también ayuda a la ciberdelincuencia que España sea el país que recibe más turistas del mundo, lo que multiplica los ciberataques a plataformas de reservas, hoteles o líneas aéreas.

Otra estadística muy reveladora de los ciberdelitos es la del Ministerio del Interior, que informa de los ataques informáticos denunciados por empresas y ciudadanos. En 2025, se denunciaron 489.248 ciberdelitos, +5,3% que en 2024 pero 6 veces más de los ciberdelitos denunciados en 2016 (70.128). Y casi se denuncian tantos ciberdelitos como hurtos (633.888 robos sin violencia en 2025). La mayor parte de estas denuncias (430.493) son estafas informáticas, siendo sólo 58.755 los otros ciberdelitos (sabotajes, ataques a la intimidad o a los derechos de autor). Con todo, lo llamativo es que los ciberdelitos suponen el 20% de toda la criminalidad en España, según Interior. Sin embargo, el 97% de las estafas informáticas denunciadas quedan impunes, sin condena de los Tribunales.

Uno de los delitos informáticos que más crece son los ataques a las cuentas bancarias de los españoles (las tienen el 98%): los bancos detectan que los intentos de estafa han aumentado un +19% (se estima que la mitad de clientes han sufrido algún intento de ataque) y el importe medio sustraído ha crecido un +63%, con una sofisticación creciente (los ciberdelincuentes clonan Webs y perfeccionan con la IA los mails y mensajes que envían a los clientes, a veces con sonidos e imágenes de jefes, amigos o familiares). Por eso, en diciembre de 2025, la patronal de la banca y las Cajas, junto al Ministerio de Economía, crearon una Brigada antifraude para impulsar medidas efectivas contra el fraude digital y para reforzar la seguridad de la operativa online (por eso ahora recibimos más alertas de los bancos con consejos sobre ciberseguridad).

El problema es que los bancos tratan de “escaquearse” cuando uno de sus clientes ha sufrido un ataque informático y le han robado su dinero. Los casos son diarios y muchos ataques acaban en los Tribunales, porque el banco se niega a devolver al cliente lo perdido, alegando que ha sido por su culpa, por dar las claves (por engaño de los ciberdelincuentes) o no tener sistemas de protección en ordenadores y móviles. Pero la jurisprudencia está dando la razón a los clientes, tras la sentencia del Supremo de 9 de abril de 2025, que obligaba a los bancos a “asumir la responsabilidad de las operaciones no autorizadas derivadas de la suplantación de identidad”. Y eso se reforzó la semana pasada, el 15 de octubre, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: obliga a los bancos europeos a devolver a sus clientes el dinero sustraído en las ciberestafas “aunque el cliente haya sido negligente”. Así que ahora, el banco devuelve lo perdido y luego si quiere reclama ante los Tribunales, aunque en este caso tiene que demostrar una conducta negligente del cliente (algo difícil).

Ante este aumento de los ciberataques a las cuentas bancarias, el Banco Central Europeo convocó en abril a los principales bancos europeos a una reunión para pedirles Planes de contingencia, solicitud que repitió el 7 de julio, dándoles de plazo hasta el 31 de octubre para presentarlos al BCE, que va a poner en marcha test y pruebas para probar su eficacia. El gran temor del BCE es que se disparen los ciberataques a la banca europea con la utilización por los ciberdelincuentes de la herramienta Mythos, desarrollada por Anthropic, empresa USA líder de la Inteligencia Artificial (IA).

Precisamente, todos los expertos señalan que la Inteligencia Artificial (IA) está disparando los ciberataques y lo hará más en el futuro. De hecho, la IA es ya la principal herramienta de los ciberdelincuentes, que la utilizan en el 80% de los correos de “phishing” (robo de datos) y de los despliegues de “ransomware” (“secuestro informático”), con campañas muy personalizadas que eliminan errores lingüísticos y evaden los sistemas de detección tradicionales. Además, la IA facilita a las redes cibercriminales fragmentar y profesionalizar sus “servicios”, a través de plataformas donde “alquilan” sus infraestructuras de ataque y virus informáticos a bajo coste, permitiendo que delincuentes con pocos conocimientos técnicos ejecuten ataques informáticos sofisticados. Y además, la geopolítica y los conflictos entre bloques facilitan también los ataques a infraestructuras críticas como una forma de “guerra híbrida”, financiada por Gobiernos y grupos que buscan sabotear, desinformar y desestabilizar.

Por todo ello, los ciberataques son una de las grandes preocupaciones de todos los Gobiernos, también en Europa, donde el último informe de Europol (la policía europea) alerta de que la innovación tecnológica (IA, plataformas cifradas, tecnología blockchain y las infraestructuras digitales) permite a las redes de delincuentes escalar en sus actividades criminales, lo que convierte la ciberdelincuencia, el fraude online y los ciberataques en “las amenazas que más crecen y la prioridad estratégica de Europol”. Y por eso, la Comisión Europea presentó en enero de 2026 una propuesta de nuevo Reglamento para elaborar una nueva Ley de Ciberseguridad de la UE, que mejore la actual Directiva de Seguridad (Directiva 2022/2025), conocida como NIS2, aprobada el 14 de diciembre de 2022.

España es uno de los pocos paises europeos que todavía no ha traspuesto esa Directiva Europea NIS2, que ahora se va a reforzar. Teníamos de plazo para hacerlo hasta el 17 de octubre de 2022, pero el Gobierno no aprobó un Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad hasta el 14 de enero de 2025, que lleva desde entonces en ronda de consultas por varios organismos, sin que haya sido aprobada como proyecto de Ley. Por ello, la Comisión Europea denunció, el pasado 8 de julio, a España, Irlanda, Francia y Paises Bajos ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede conllevar una condena y una multa. Máxime cuando ha acabado la Legislatura y habrá que ver lo que hace el próximo Gobierno.

La frustrada Ley de Ciberseguridad establecía la obligación para entidades y empresas de aprobar Planes de Ciberseguridad, básicamente en sectores críticos: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanidad, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, industria nuclear y entidades públicas. La Ley de Ciberseguridad afectaría a organismos y empresas grandes y medianas (más de 50 empleados y más de 50 millones de euros de negocio), aunque también a pequeñas empresas de sectores críticos (mensajería, gestión residuos, químicas, alimentación, proveedores de servicios digitales, seguridad privada e investigación científica. Y obliga a informar de los ataques e incidentes significativos y comunicárselo a las personas afectadas, creando el responsable de Ciberseguridad, que elaborará y supervisará la estrategia de organismos y empresas.

Al no aprobarse la Ley, tampoco se ha podido crear el Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito a la Presidencia del Gobierno y máximo organismo de coordinación con la política de Ciberseguridad de la UE. Un retraso que agrava la vulnerabilidad de organismos, empresas y ciudadanos Y en paralelo, habría que destinar más recursos públicos a la Ciberseguridad de organismos e instituciones, así como incentivos y ayudas para que las empresas se gasten más en ciberseguridad (sobre todo las pymes, que sólo invierten un 6% en seguridad informática) y contraten a más expertos (en España hay 3.431 empresas de ciberseguridad, que facturan 6.351 millones de euros y emplean a 165.000 profesionales), formando mejor a sus empleados (faltan 80.000 especialistas en las empresas) para cerrar las brechas a los ciberdelincuentes. De hecho, sólo el 4% de las organizaciones españolas cuentan con infraestructuras adecuadas para afrontar ataques informáticos sofisticados.

Y luego queda que nosotros, los internautas, tomemos conciencia de lo vulnerables que somos, gastemos en antivirus (nos gastamos en videocámaras y puertas blindadas pero no en proteger ordenadores, tablets y móviles) y seamos más precavidos en Internet (descargas, correos, WApp, redes, compras…). Nos jugamos nuestro dinero y nuestra intimidad.