El miércoles pasado, el presidente Sánchez inauguraba en
Barcelona la fabricación del primer coche español 100% eléctrico, el
Cupra Raval, de Seat. Pero hace meses que dos empresas chinas fabrican (“ensamblan”)
coches electrificados en las antiguas fábricas de Nissan (Barcelona) y
Santana Motor (Linares, Jaén), Y pronto, otros gigantes chinos fabricarán
coches electrificados en Zaragoza, Madrid y Ferrol, quizás
también en Valencia. España se está convirtiendo en la
plataforma de desembarco de los fabricantes chinos en Europa, para
esquivar los aranceles de Bruselas. Es la ofensiva industrial
porque la ofensiva comercial china lleva años ganando parte del
mercado europeo, donde los 5 grandes fabricantes chinos venden ya un 29%
de los coches electrificados, mientras en España venden el 14%. Una “invasión”
de coches chinos que irá a más cuando los europeos aumenten sus compras de coches
electrificados, ahora sólo el 29,3% de las ventas (21,4% en España).
Para eso, hacen falta más ayudas (pendientes este año) y más puntos de recarga.
Hay que huir de los carburantes. 
A pesar de este empujón, el peso de los coches
electrificados (eléctricos más híbridos enchufables) en el
mercado europeo es bajo, según
ACEA: supone un 29,3% de todas las ventas (+6% que hace un año),
siendo superados por los coches híbridos (falsamente “ecológicos”,
aunque tienen la etiqueta Eco y no hay que recargarlos), que suponen el 38,2%
de las ventas europeas en 2026. Y todavía se venden un 30,2% de coches de
combustión (22,5% de gasolina y 7,7% diesel), más un 2,3% de “otros”.
Entre
los paises grandes, Alemania es quien vende más coches
electrificados (34,5%), seguida de cerca por Francia (32,63%) y
lejos por España (21,3% ventas son electrificados) e Italia
(16,45% ventas). Pero el liderazgo de ventas de electrificados lo tienen Noruega
(98,70% de las ventas), Dinamarca (81,4%), Suecia (64,84%), Islandia
(62,22%), Finlandia (60,96%) y Paises Bajos (57,75%), siendo
reseñables Portugal (37,3%) y Reino Unido (36,37%).
En España tenemos ya datos de ventas de mayo y
siguen repuntando, al ser el tercer mes consecutivo en que se han vendido más
de 100.000 turismos (111.894). Con ello, entre enero y mayo se han matriculado 519.283
turismos, +5,8% que el año pasado y se
espera vender más de 1.200.000 coches este año. Y como en el resto de
Europa, el tirón de ventas viene de los coches electrificados
(eléctricos más híbridos enchufables), que suponen el 21,% de todas las
ventas: se han vendido estos 5 meses 111.386 turismos electrificados,
+43% que el año pasado (48.998 eléctricos puros, +40,03%, y 62.388 híbridos
enchufables, +46,52%), según
ANFAC. Los turismos híbridos no enchufables lideran las ventas
(247.755 hasta mayo, el 46% de todas las ventas), aunque crecen menos
(+19,5%) y caen las ventas de coches de gasolina (122.249,
todavía el 23,5% de las ventas) y gasoil (20.046, el 3,9% ventas).
Las marcas chinas se están aprovechando de este tirón
de los coches electrificados, en España y en el resto de Europa. En España, las
principales marcas chinas han vendido 15.520 coches electrificados
(eléctricos más híbridos enchufables) hasta mayo, según
ANFAC, el 14% del total. En el ranking
de ventas de eléctricos, tras 2 modelos de Tesla figura el BYD
Dolphin Surf (2.463 vendidos,+2.268%...), en el 6º puesto el BYD ATT0 2
(1.518,+384%) y en el 9º el Changan Deepal SO5 (1.231 vendidos). Y en el
ranking de híbridos enchufables, los dos más vendidos son de la china BYD
(Seal U y ATTO2, con 9.898 vendidos entre ambos), en 7º Y 8º lugar están dos Omoda
(7 y 9, 3.843 coches vendidos) y en 9ª
posición Ebro S 700 (1.779 vendidos). Eso sí, en híbridos no enchufables (los
más vendidos, aunque poco ecológicos), sólo figura un coche chino en 10ª
posición, el Omoda 5 (5.954 vendidos).
En el resto de Europa, la penetración de los
coches chinos es mayor. En conjunto, las 5 grandes marcas chinas vendieron
hasta abril 322.534 coches electrificados en la UE-27, según
ACEA, el 29% de todas las ventas de eléctricos e híbridos
enchufables y el 8,5% de todas las ventas de turismos (porcentaje que sube al
32,87% de electrificados y el 10,2% de todo el mercado si analizamos las ventas
también en paises no UE, como Noruega, Islandia, Suiza o Reino Unido). Y sólo
en la UE-27, el fabricante chino líder, Geely, ha vendido este año
96.551 coches (+61,7% que el año pasado), más que Seat, Nissan, Ford y Tesla.
Le siguen SAIC Motor (77.047 coches vendidos en la UE-27,+10,4%), BYD
(71.863,+152,9%), Chery (48.364, +267%...) y Leapmotor (28.709
vendidos, +558% que en 2025…).
Hasta aquí los resultados de la ofensiva “comercial”
de los fabricantes chinos en Europa y España. Pero hay otra
ofensiva “industrial” más soterrada: los chinos están
buscando acuerdos para fabricar sus modelos en Europa, para eludir
así los aranceles que deben pagar sus coches para entrar en el mercado
europeo (del 7,8% al 35,3%), como defensa de Bruselas ante las ayudas públicas con
que fabrican sus coches. Eso ha conducido a que BYD, el mayor fabricante
chino de coches eléctricos tenga una fábrica en Hungría desde 2017,
donde producen autobuses y camiones eléctricos y recientemente fabrican
turismos electrificados. Otra marca china, Xpeng, ensambla sus modelos
más populares en la factoría de Magna en Austria y construye otra
factoría en Turquía. Y la china Dongfeng intentó
abrir una fábrica en Italia. Pero donde los fabricantes chinos han
desembarcado es en España, por su experiencia industrial, sus bajos costes, la energía barata, las infraestructuras y su posición geográfica.
Ciertamente, China
ha elegido a España como su gran fábrica de coches electrificables en Europa.
Se abrió la veda en junio de 2022, con el acuerdo del Gobierno español y
extremeño con la empresa china Envisión para instalar una gigafactoría
de baterías en Navalmoral de la Mata
(Cáceres), que prevé movilizar 2.500 millones de euros en inversiones (300
millones en ayudas y créditos públicos del PERTE eléctrico) y generar 3.000
empleos, en una planta construida para finales de 2026 y que empezará a operar
en marzo de 2028. En diciembre de 2024 se anunció el acuerdo para construir otra
gigafactoría
de baterías en Figueruelas (Zaragoza) entre el gigante europeo
Stellantis y la china CATL, con una inversión total de 4.100 millones
de euros (unos 300 millones de ayudas públicas) y 4.000 empleos, que se espera
poner en marcha durante la segunda mitad de 2026.
En cuanto a la fabricación
de coches chinos en España, el primer proyecto fue el acuerdo del grupo
chino Chery, en abril de 2024, para quedarse con la antigua fábrica
de Nissan en Barcelona, tras un acuerdo con el grupo catalán EV Motors.
Ya en noviembre de 2024 empezó a fabricar en España los primeros modelos de la
marca española EBRO y a “ensamblar” después (fabricar con piezas importadas de
China, como un Lego…) modelos de sus marcas Omoda y Jaecoo, a los que seguirán
otros. También fabrican en España los chinos de ZNA (Zhengzhou Nissan
Automobile) y Anhui Coronet, que firmaron
un acuerdo (en abril 2025) para reabrir con el grupo español JPG la antigua
factoría de Santana Motor en Linares (Jaén), donde han fabricado la
pick up Santana 400. Y el 5 de diciembre, han firmado un acuerdo
con el gigante chino BAIC Motors, que prepara, entre 2026 y 2028, el
ensamblaje en esta factoría de 5 modelos de SUV de la marca BAIC, así como
nuevos modelos Santana.
Otro importante acuerdo, anunciado en diciembre de 2025 y
firmado en febrero de 2026, es la alianza estratégica entre el gigante
europeo Stellantis y el fabricante chino Leapmotor, que
pretenden fabricar 4 modelos de la marca china en España, dos modelos que
se “ensamblarían” en la fábrica de Stellantis de Villaverde, en Madrid (a
partir del primer semestre de 2028), otro modelo a ensamblar en Figueruelas
(Zaragoza) este mismo año, y un nuevo SUV eléctrico de Opel, que se fabricaría
en Figueruelas, en 2028, con tecnología china. El último acuerdo anunciado
(el 1 de junio) ha sido la futura llegada del gigante
chino SAIC Motors a Galicia, para abrir su primera fábrica europea en
Ferrol, donde pretende crear el primer gran centro industrial y logístico de
SAIC en Europa. La inversión inicial será de 200 millones de euros (habrá
ayudas públicas), crearán 2.300 empleos y pretenden estar operativos en 2028,
para fabricar
120.000 coches anuales marca MG. Además, Ford
negocia con el grupo chino
Geely para fabricar algunos de sus modelos en Almusafes (Valencia), una factoría
infrautilizada, Y la china Changan estudia instalarse en Aragón...
Como se ve, los fabricantes chinos quieren utilizar
España para “desembarcar” en Europa con sus coches, cada vez más
baratos y competitivos. De momento, las operaciones anunciadas suman una
inversión china de 5.380 millones de euros (ver
cuadro), a las que el Gobierno y las autonomías aportarán ayudas
públicas y facilidades. Esta estrategia va a reforzar el empleo y el
papel de España como 2º fabricante europeo de automóviles (tras
Alemania) y el
9º del mundo. Pero tiene un grave riesgo, según expertos y fabricantes:
podemos ser “el caballo de Troya” de China en Europa y no beneficiarnos
de su tecnología ni del empleo, porque muchas empresas
chinas sólo quieren “ensamblar” coches aquí, importar kits con
partes del coche y montarlo aquí, con poco personal (y técnicos chinos). Esto preocupa
a Europa, que pide a los paises aseguren un porcentaje mínimo
de producción, componentes y empleo nacional, máxime si
hay ayudas públicas.
Mientras China apuesta por los vehículos electrificados,
dentro (el
61,4% de los coches vendidos allí
en abril) y fuera del país, Europa avanza despacio hacia la movilidad
sostenible: recordemos, el 30,2% de los coches que se venden son de
combustión y sólo un 29,3% son electrificables (eléctricos o híbridos
enchufables). Y con el auge de la ultraderecha y la presión de los fabricantes
europeos, la
Comisión Europea ha dado marcha atrás y ya no prohíbe la venta
de coches de combustión en 2035, sino que se ampliará el plazo, lo que
retrae al lanzamiento de nuevos modelos electrificables y da más tiempo a los
compradores, en perjuicio de la contaminación de nuestras ciudades y la
emergencia climática.
España está aún más retrasada que la mayoría de Europa
(salvo Italia) en la penetración de los coches electrificados (el 21,03%
de las ventas, frente al 29,3% de media en la UE-27, el 34,5% en Alemania o el
32,63% de Francia y a años luz del 98,70% de Noruega). La patronal ANFAC, que
publica mensualmente un Barómetro
de electromovilidad, aporta dos cifras clave de nuestro retraso. Una, la
venta de electrificados: 62.297 en el primer trimestre, frente a los
450.000 que debían venderse en 2026 (y los 787.800 en 2030), según el Objetivo
2030. Y el otro: se han instalado 2.005 postes de recarga en el primer
trimestre, frente a los 124.000 que debían instalarse en 2026 (y los 300.000 en
2030). Además, sólo el 5,8% de los postes que funcionan (55.077
de los 72.150 instalados los últimos años) permiten una recarga rápida
(15 a 27 minutos), recargando la mayoría (el 69%) en 3 horas…
Así que vamos muy retrasados en la adopción de vehículos
electrificables, los únicos que pueden darnos una independencia
estratégica ante guerras y precios disparados del petróleo y los
carburantes. El Gobierno
Sánchez tiene una estrategia clara de apoyo a los coches electrificables,
pero las ayudas no han funcionado por exceso de burocracia de las
autonomías, que han retrasado hasta más de un año el cobro de las ayudas. En
diciembre, el Gobierno cambió el sistema, dentro del Plan
España Auto 2030: ahora será una plataforma gestionada por el Estado
quien controle las ayudas a la compra de vehículos electrificables, que descontará
el concesionario. Pero este nuevo sistema está retrasando la entrada
en vigor de las ayudas aprobadas: el nuevo
Programa Auto+ aporta 400 millones de euros para las ayudas, 4.500 euros por vehículo (con precio inferior
a 45.000 euros) y hasta 7.500 para vehículos
de autónomos y empresas. Se espera que empiece a aplicarse este mes de junio,
aunque será con efecto retroactivo y dará ayudas a todos los que
hayan comprado coches electrificables desde el 1 de enero.
En resumen, necesitamos
agilizar las ayudas para la compra de vehículos
electrificables y la instalación de postes de recarga, como
estrategia para ser un país menos dependiente del petróleo y la geopolítica. Y
las empresas automovilísticas europeas instaladas en España deben
aprovechar los Fondos europeos para acelerar
su reconversión y volcarse en el diseño y la producción propia de
vehículos electrificables, para poder competir dentro y fuera. Y no deberían
buscar “atajos”, como los acuerdos de empresas europeas con empresas chinas
para fabricar sus coches en España y otros paises europeos. Es comprensible que
el Gobierno Sánchez y otros europeos busquen
las inversiones chinas, que crean riqueza y empleo, pero si no dejan
tecnología y mejoras de competitividad, serán “pan para hoy y hambre para
mañana”. Inversiones chinas sí, pero con muchos controles y condiciones. Y
en paralelo, España y el resto de paises deben volcarse en electrificar
ya la industria automovilística europea.
Este verano aumentará la inflación, cerca del 3,5%,
por la subida de la luz, los alimentos, el turismo y los viajes. Mientras, los sueldos
suben menos del 3%. Esto agrava un problema de fondo, que explica por qué bastantes
familias no llegan a fin de mes: muchos sueldos son demasiado bajos,
según acaba de confirmar el INE. Tres datos. El salario más frecuente (1.080
euros netos) es más bajo ahora que en 2019. Casi el 30% de los sueldos están
entre 1.046 y 1.326 euros netos (en 14 pagas). Y más de dos tercios de los
trabajadores (12,4 millones de asalariados) ganan entre 1 vez el salario mínimo
(1.038 euros netos en 14 pagas) y 2 veces el SMI (1.711 euros netos). Somos
un país de mileuristas, con unos sueldos un 25,6% más
bajos que en Europa. Por eso, los sindicatos piden subidas del 4 al 7%,
ahora que las empresas llevan 5 años subiendo ventas y beneficios. Pero la
negociación salarial no ha empezado y podría no haber acuerdo. Enrique Ortega
Casi la mitad de las familias españolas tienen problemas para llegar a fin
de mes (el 44,2%,
según el INE), básicamente porque la
inflación acumulada (+23,5% entre 2020 y 2025) ha crecido más que los
salarios (+16,66% en estos 6 años). Y con los precios altos, por el
encarecimiento de la energía, las materias primas y los alimentos, los
salarios crecen este año menos que la inflación: +2,94%
en los convenios firmados hasta abril, mientras la inflación está en el 3,2% anual en abril y
subirá más este verano, por
el encarecimiento de la luz (han vuelto a subir el IVA y el impuesto de la
electricidad el 1 de junio), los carburantes, los alimentos, la hostelería, el
turismo y los viajes. Así que seguirá siendo difícil llegar a fin de mes, sobre
todo los que pagan además alquileres
altos e hipotecas
más caras.
La clave vuelve a estar en los salarios, que son
demasiado bajos para muchos trabajadores, según acaba de desvelar el INE, con
su última estadística de
estructura salarial (referida a 2024): el salario medio anual
en España es de 29.540 euros brutos, lo que significa 1.631 euros
netos en 14 pagas. Un sueldo medio que es mayor para los hombres (32.057,55
euros brutos, 1.748 netos en 14 pagas) que para las mujeres (26.904,90
euros brutos, 1.507 euros netos), cuya “brecha” salarial es el
16,8% que cobran de menos. Este sueldo medio ha subido 5.144,28
euros brutos desde 2019, un aumento medio del +21%. Subida que se ha
comido la inflación, porque los precios subieron el +21.3% en estos
6 años.
Pero este dato es el salario medio anual, que se
obtiene como media entre los que más ganan y los que menos. Un dato más
relevante es el
salario mediano, que es el salario que divide a los trabajadores en dos
partes: la mitad que gana más y la mitad que gana menos. En 2024
era menor, 24.497,17 euros brutos, unos 1.352 euros netos (14 pagas). Un
salario mediano que ha crecido menos desde 2019 (+4.146 euros), un +20,37%
(+21,3% el IPC).
Y queda un tercer dato que es más revelador: el
salario más frecuente, el que ganan un mayor porcentaje de
trabajadores. En 2024 era aún menor, según el INE, de 16.520,18
euros brutos (1.080 euros netos en 14 pagas), el sueldo que cobraban el
3,84% de los asalariados. Y lo peor es que este salario más frecuente ha
caído en los últimos 6 años: era de 18.489 euros brutos en 2019 y ahora
está en 16.520 euros, lo que significa que el sueldo que ganan ahora el mayor
grupo de trabajadores es un 10,6% más bajo. Además, si miramos cuantos
trabajadores ganaban entre 16.000 euros brutos (1.046 euros netos en 14
pagas) y 23.000 euros brutos (1.326 euros netos), son casi un tercio
( el 29,5%) de los asalariados, casi 5,5 millones de asalariados que son “mileuristas”.
Y otro dato llamativo: más de dos tercios de los
trabajadores (el 67,01%) ganaban en 2024 entre 1 vez y 2 veces el
salario mínimo (SMI), entre 15.876 euros brutos entonces (1.038 euros netos
en 14 pagas) y 31.752 euros brutos (1.711 euros netos en 14 pagas). Eso
significa que 12,45 millones de asalariados ganan menos de 1.711 euros netos
al mes (en 14 pagas), una cantidad con la que difícilmente se puede
sobrevivir si no hay otro sueldo, si hay hijos y si encima hay que pagar un
alquiler o una hipoteca. Esta es la realidad de la mayoría de los salarios que nos reflejan los datos del
INE, aunque sean de 2024.
Además de tener sueldos mayoritariamente bajos, en España
hay grandes diferencias de salarios por sectores, ocupaciones
y autonomías, según
reflejan los datos del INE. Hay 6 sectores económicos especialmente mal
pagados, cuyo sueldo medio (ojo, las medias no reflejan los muchos
sueldos más bajos) está por debajo del sueldo medio de toda la economía, esos
29.540 euros brutos (1.631 euros netos en 14 pagas): son la hostelería
(17.653 euros brutos, 1.139 euros netos en 14 pagas), las actividades
artísticas (20.383 euros brutos, 1.241 euros netos), actividades
administrativas (21.096 euros brutos, 1.265 euros mensuales netos), comercio
(25.778 euros brutos, 1.545 mensuales netos), construcción (26.965 euros brutos,
1.616 euros netos mensuales) e inmobiliarias (28.854 euros brutos). Y cobran
por encima de la media, 4 sectores económicos: suministro de energía
(57.931 euros brutos, 2.873 euros netos mensuales), industrias extractivas
(41.951 euros brutos), industria manufacturera (32.281 euros brutos) y
suministro de agua (32.362 euros brutos).
El sueldo tiene mucho que ver no sólo con el
sector, sino con el puesto que se ocupa en la empresa. Así, los que más ganan
son los directores y gerentes (63.865 euros brutos, más del doble que la
media), seguidos de lejos por técnicos y profesionales (entre 45.513 y 40.554
euros brutos) , siendo los
sueldos más bajos los de los trabajadores no cualificados de los
servicios (16.062 euros brutos, 1.050 euros netos mensuales), los trabajadores
de la restauración (18.918 euros brutos), de la salud (19.479 euros brutos) y
los peones del campo o la construcción (22.030 euros sueldo medio bruto). Y estas diferencias se multiplican entre los grandes
ejecutivos de grandes empresas: ganan hasta 111 veces más
que su empleado medio, hasta 4,4 millones de euros anuales, según
Intermón Oxfam.
También hay grandes diferencias de sueldos por autonomías, en
función del mayor o menor peso de los sectores mejor pagados y de su productividad
y su aportación a la riqueza (PIB). Hay 4 regiones con el sueldo medio por
encima de la media de España (29.540 euros, 1.643 euros netos mensuales): País
Vasco (35.170 euros brutos anuales , 1.894 euros netos mensuales), Madrid
(34.410 euros brutos), Navarra (32.605 euros brutos) y Cataluña
(31.730 euros brutos. Los sueldos medios más bajos se cobran en Extremadura
(24.974 euros brutos, 1.417 euros netos mensuales), Canarias (25.120
euros brutos), Castilla la Mancha (26.062), Andalucía (26.089),
Castilla y León (26.177), Murcia (26.349), Galicia (26.547) y la Comunidad
Valenciana (26.816 euros brutos).
Ya no es sólo que España tenga sueldos bajos y muchos
trabajadores sean “mileuristas”, sino que seguimos con sueldos mucho más
bajos que en bastantes paises de Europa. Así, el salario por hora
trabajada fue en España de 19,5 euros en 2025, un 25,6% del sueldo medio
por hora pagado en la UE-27 (26,2 euros/hora), según
Eurostat. Y quedamos muy lejos de lo que se paga por hora de trabajo en Luxemburgo
(49,7 euros/hora), Dinamarca (44,7 euros), Irlanda (36,6 euros),Paises Bajos
(36,3 euros), Alemania (34,5 euros), Francia (30 euros) o Italia (23
euros/hora), superando sólo a Portugal (15,6 euros) y Grecia (14,5 euros). Y no
sólo se cobra menos ahora sino que el salario/hora ha crecido mucho menos
en España que en Europa desde 2008 (+36,3% frente a
+62,7% en la UE-27) y desde 2020 (+14,7% frente a +21,8% que ha
subido el salario hora en la UE-27).
Al final, resulta que los sueldos en España ocupaban en 2025
el puesto 16 en el ranking de los 27 paises europeos desarrollados
que integran la
OCDE, encabezado por Suiza (107.487 euros brutos de sueldo medio), con
Dinamarca en el 4º puesto (71.961 euros brutos), en el 5º Paises Bajos (69.028
euros), en el 7º Alemania (66.700 euros), en el 8º Reino Unido
(65.340), en el 10º Bélgica (62.348 euros), en el 11º Irlanda (60.258 euros),
en el 13º Suecia (50.338 euros), en el 14º Francia (45.964 euros), en el
15º Italia (36.594 euros) y en el puesto 16º España (32.678 euros brutos
de media en 2025), quedando 9 paises europeos por debajo de los 30.000 euros
de sueldo bruto medio (Portugal, el 22º, con 24.254 euros).
Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), las diferencias salariales en
Europa, con sueldos más altos en el centro y norte que en el sur, se deben
a 3 factores: la estructura económica y la mayor o menor productividad
(muy ligada a la tecnología, el tamaño de las empresas y a la organización del
trabajo), las instituciones del mercado laboral (más sueldos en los
paises con sindicatos más fuertes y una negociación colectiva consolidada) y un
mayor o menor coste de la vida (la alta inflación presiona al alza los
salarios).
En España, la
queja de los sindicatos es que el fuerte crecimiento
de la economía y el aumento de ventas tras la pandemia ha beneficiado a
las empresas, que han aumentado márgenes y beneficios, pero no a
los trabajadores, cuyos sueldos crecen menos. Y aportan los últimos
datos del Observatorio de Márgenes empresariales. Uno, que el valor
añadido sobre ventas (ingresos menos costes) ha crecido un 24,5% en los
últimos 4 trimestres (marzo 2026-marzo 2025), frente al 21,9% que crecieron de
promedio entre 2009 y 2021. Y el margen bruto de las empresas (su
rentabilidad operativa) es del 12,8%, frente a una tasa promedio del 10,5%
entre 2009 y 2021. Y además, añaden, ha crecido más la productividad que
los sueldos: entre 2018 y 2026, el margen bruto por asalariado
que obtienen las empresas ha crecido un +53%, frente al +33% que
ha crecido la remuneración media por asalariado en estos 8 años.
En definitiva, que en el reparto de la
tarta del crecimiento y la riqueza, las empresas se llevan
una mayor parte que los trabajadores. Y por eso, los sindicatos creen que es
hora de que los salarios crezcan más, de repartir
mejor el crecimiento. En el V
Acuerdo para el Empleo y la negociación Colectiva (AENC) , firmado
por los sindicatos y la patronal en 2023, se pactó una subida salarial
del +4% para 2023 y del +3% para 2024 y 2025, más una cláusula de revisión
del 1% si se disparaba la inflación, subidas que han sido básicamente respetadas
en los convenios firmados (han
subido un 10,46% estos tres años) y que han superado a la inflación (+9% de
media los 3 años), mejorando algo el poder adquisitivo.
Ahora, cara a la firma del VI AENC, que debe
pactar las subidas salariales para 2026, 2027 y 2028, los
sindicatos exigen subidas mayores que las de los pasados
años. Primero, porque los conflictos geopolíticos hacen temer un repunte de
la inflación en todo el mundo y en Europa, donde la Comisión prevé una
inflación del +3,1% este año (y del +3% en España), que podría aumentar si no
acaba la guerra en Oriente Medio. Y segundo, porque los sindicatos creen que
ya es hora de que los trabajadores se beneficien del
crecimiento en sus sueldos, como han hecho las empresas con sus
beneficios. Sobre todo los trabajadores que menos ganan, esos 5,5 millones de
asalariados que ganan entre 16.000 y 23.000 euros brutos.
Por todo esto, el 29 de enero, UGT y CCOO presentaron
su propuesta de negociación para acordar con la patronal el VI
AENC que ampare los convenios de 2026 a 2028. Su posición de partida es exigir
una subida
salarial del 4% para 2026, 2027 y 2028, más una subida extra del
1 al 3% adicional para los trabajadores que ganan ahora entre el 10% y
el 30% por debajo del salario medio anual en España (29.540 euros), además de
una cláusula del revisión salarial del 1,5% por si se dispara la inflación.
Además, quieren incluir en esta negociación colectiva la
supresión de las horas extras gratis, la reducción de jornada, la precariedad
laboral de los jóvenes y las mujeres, el grave problema de la vivienda
para muchos trabajadores (y sus empresas), además de la regulación de los
algoritmos y la Inteligencia Artificial.
Ha pasado casi medio año y no hay avances en
la negociación salarial para 2026 y los dos años siguientes, cuando el V
AENC se firmó el 10 de mayo de 2023.
La patronal CEOE no parece interesada en sentarse con los
sindicatos a negociar y muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, creen que
la subida será menor si no hay un aumento pactado. Además, la patronal
CEOE lleva unos meses muy radicalizada, levantándose de las mesas de
concertación (como en el tema de la reducción de jornada) y culpando al
Gobierno (y a los sindicatos) de querer “imponerles” cambios legales, quejándose
del exceso de absentismo y bajas laborales (en gran parte, por los problemas de
la sanidad pública). Todo apunta a que los sindicatos presionarán a la patronal
en septiembre, pero será un mal momento para la CEOE,
porque en
noviembre hay elecciones y quiere volver a presentarse Antonio Garamendi.
Así que no está claro que este otoño se negocien las futuras subidas salariales,
como se hace desde 2010.
Pero los bajos salarios son un problema, no
sólo para los trabajadores que los cobran sino para
el conjunto de la economía: si los salarios no suben algo más que
la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores
del crecimiento y el empleo. Así que mejorar los salarios, para que sean más
“europeos” no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los
trabajadores están por debajo del salario medio, según
los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar
los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Hay
que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir
mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios
en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.
Queda hasta finales de junio para presentar la
declaración de la Renta, por los ingresos de 2025. Este año, aumentan
los contribuyentes que les sale a pagar (+1,64 millones que en 2025)
y además pagarán más (+5.535 millones), porque hay más gente trabajando
y han subido los sueldos, dividendos y plusvalías de Bolsa y de la venta de
viviendas. También porque Hacienda no descuenta la inflación en tramos y tipos.
La Renta se consolida como el principal impuesto (43,78%
de la recaudación) y la pagan sobre
todo los que viven de un trabajo o pensión, principalmente las clases
medias y medias altas. Con todo, no es verdad que “vivamos en un infierno
fiscal”, como reitera Feijóo: el porcentaje del salario bruto que se
llevan impuestos y cotizaciones es mayor que en la OCDE pero menor que en
Alemania, Francia e Italia. Y España sigue recaudando porcentualmente menos
que Europa. Por eso, si queremos mejorar los servicios públicos, algunos
(los más ricos, inversores y empresas) tendrán que pagar más. 
La declaración del IRPF de este año tiene pocas
novedades fiscales, salvo las deducciones por obras en viviendas
para reducir el consumo energético, así como por la compra de vehículos
eléctricos o por instalación de postes de recarga, más la deducción (hasta 340
euros) para los que ganen menos de 18.276 euros y los ajustes a los que ganan
el salario mínimo (SMI). Eso sí, hay que destacar que Hacienda
enviará este año 3,5 millones de “avisos”
preventivos para alertar de sus obligaciones fiscales a los que tienen
criptomonedas (1,2 millones de avisos), a los que obtienen rentas en el
extranjero, a los que venden cantidades destacadas en plataformas
digitales (como Wallapop o Vinted: 437.000 avisos más) o los que tienen un
piso en alquiler no declarado (avisos a 867.000 propietarios…).
Las mayores novedades de la Renta siguen estando en la
mitad que gestionan las autonomías. Sigue habiendo una
gran diferencia regional en el tipo mínimo (9,5%), que
sólo mantienen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia) y que
han rebajado el resto, mientras el tipo máximo autonómico (24,5%) lo
mantiene sólo Cantabria, subiéndolo 8 autonomías (Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Cataluña, Extremadura, la Rioja y Comunidad Valenciana, con el tipo
más alto, 29,5%) y bajándolo otras 6 (Castilla y León, Galicia, Castilla la
Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid, con el tipo máximo más bajo, 20,5%). Tipos
que se suman al tipo mínimo (9,5%) y máximo (24,5%) estatal.
Además de que las autonomías compiten entre ellas
con unos tipos del IRPF al alza o a la baja, también difieren en las
deducciones que aplican, muy diferentes entre ellas. En esta
declaración a presentar en 2026, hay
deducciones autonómicas muy llamativas: un 15% de la cuota del
gimnasio, con 100 euros máximo (Andalucía y Murcia), un porcentaje del
gasto veterinario en mascotas (Andalucía y Murcia), a los celíacos
(Asturias), por gastos en dentistas (hasta 150 euros de deducción) y oculistas,
así como por estudios musicales, hasta 150 euros (las 3 deducciones en
la Comunidad Valenciana), ayuda para material escolar (Galicia),para
gastos de guardería o mudanza entre islas (Canarias), por ahorro
para previsión social (País Vasco) o para compra de vivienda (Castilla la
Mancha), para compensar los gastos de una ocupación de vivienda (en
Baleares), para bonificar los trabajos en el campo de nuevos residentes
(La Rioja) o para incentivar a los que vengan de otras regiones (una
deducción nueva este año en Extremadura y Cantabria).
Con tipos autonómicos distintos y diferentes deducciones, los
españoles pagan un IRPF diferente según donde vivan, según
demuestra este estudio de los economistas asesores fiscales (REAF). Un soltero
sin hijos que ingrese 20.000 euros pagará de Renta 1.772 euros al
año en todas las regiones, salvo en Navarra (1.200 euros) y País Vasco (0
euros).Si gana 30.000 euros, la horquilla varía entre 4.958 euros que
paga en Cataluña (4.926 en Castilla la Mancha) y 4.495 en el País Vasco, 4.582
en Navarra y 4.598 en Madrid. Para 45.000 euros, vuelve a ser Cataluña
donde más de paga (9.684 euros), seguida por Extremadura (9.653) y menos en el
País Vasco (8.626) y Madrid (8.881). Para 70.000 euros de ingresos, el
mayor pago hay que hacerlo en Extremadura (19.365 euros) y Cataluña (19.097),
siendo el menor en el País Vasco (34.724) y Madrid (35.000 euros). Y a
partir de 110.000 euros de ingresos anuales, el reparto se repite: pagan
más los contribuyentes (ricos) que viven en la Comunidad Valenciana
y los
que menos quienes viven en Madrid (ahí, “los más ricos”
pagan de Renta entre 7.000 y 46.000 euros menos que en la Comunidad Valenciana:
ver
cuadro).
El IRPF se consolida en España como el primer
impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios: en
2025, Hacienda recaudó con la Renta 142.466 millones de euros,
casi la mitad (el 43,78%) de toda la recaudación fiscal en España (325.356
millones), un peso que ha ido en aumento tras la pandemia (el IRPF suponía el
40,83% de toda la recaudación en 2019). Y la recaudación por Renta ha
crecido un +64% desde 2019 (cuando ingresó 86.892 millones), el 2º
mayor aumento de ingresos de todos los impuestos, sólo por detrás del impuesto
de Sociedades (cuya recaudación ha crecido un +78% desde 2019 porque entonces
las empresas pagaban muchos menos impuestos y ahora ganan más). Muy
lejos del IRPF quedan la recaudación del IVA (99.532 millones en
2025), la de Sociedades (42.266 millones) y los impuestos especiales
(23.083 millones por carburantes, tabaco y alcohol), los 4 principales
impuestos que pagamos cada día y cada año.
Este fuerte
tirón de la recaudación por el IRPF
tras la pandemia se debe a varios factores: más población residente y trabajando
(+2.496.400 ocupados que en 2019), con mayores sueldos (han subido
+16,66% en estos 6 años) y con unos ingresos extras para muchos
declarantes que ahorran e invierten (generando plusvalías), desde los que
cobran dividendos (42.671
millones cobrados en 2025, la cifra máxima en once años) a los que invierten
en Bolsa (2,4 millones de familias, el
12% de los hogares) o los que compraron una vivienda y la han venido
(+62%
ha subido desde 2019) o alquilado (+47% subieron los alquileres).
Todo ello explica que la recaudación por IRPF se haya disparado tras la
pandemia y especialmente en 2025 (+10,1%), lo que ha aumentado las
declaraciones positivas este año.
Hacienda rechaza deflactar la tarifa, argumentando
que esa medida “favorece más a los más ricos” y que las medidas fiscales
adoptadas en los últimos años por el Gobierno han rebajado más a las rentas
bajas que deflactarles la tarifa. En cualquier caso, los expertos de AIReF estiman
que Hacienda
recauda 10.000 millones “extras” al año por no deflactar la tarifa de la
Renta, algo que pagamos todos, pero unos más que otros. Así, un
declarante que ingresa 25.000 euros paga un extra por no deflactar la
tarifa de 250 euros (Extremadura) a 263 euros el año (Comunidad
Valenciana). Uno que declara 30.000, paga de más entre 337 euros
(Madrid) y 352 (Extremadura). Uno que ingresa 45.000 paga un
extra de 522 euros (Madrid) a 533 (Extremadura). Quien ingrese 75.000
euros, paga entre 750 euros de más (Baleares) y 769
(Comunidad Valenciana). Y los contribuyentes de 400.000 euros pagan extra
entre 2.134 euros (Madrid) y 2.163 euros (Comunidad Valenciana). Como
se ve, hay grandes diferencias.
Un problema que tiene el IRPF, frente a otros
impuestos, es que la mayoría lo pagan los que viven de un sueldo a de una
pensión, (el
90,8 % de todas las declaraciones son de rendimientos del trabajo). que
además son los más fáciles de controlar por Hacienda que los ingresos que
declaran los que tienen ahorros o inversiones (lo incorporan el 40% de las
declaraciones), los que obtienen ingresos de inmuebles (otro 38% declaraciones)
y los que declaran actividades económicas (empresarios y autónomos, 12,5%
declaraciones). Y muchas de las personas con grandes patrimonios no
declaran en el IRPF, porque utilizan sociedades e intermediarias
(SICAV) para canalizar sus pagos fiscales (reducidos).
Con todo, los que declaramos en el IRPF pagamos más cada
año, por esos mayores ingresos que no notamos por la inflación. Así, el
tipo medio de las declaraciones ha saltado del 12,7% de media
sobre ingresos que pagábamos en 2019 al 14,4% en 2024 y al 16,2% de 2025,
según
la Agencia Tributaria. Un pago de la Renta que recae sobre todo sobre
las personas de ingresos medios y medios altos, según
los últimos datos de Hacienda, de la Declaración de 2023: los que
declaran ingresos entre 30.000 y 60.000 euros (22,02% declarantes) pagan
el 37,54% del IRPF, una media de 8.370 euros por declarante. Y los
contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,88% del total)
pagan el 24,19% del IRPF, 24.317 euros de media. Así que entre ambos grupos (de
30.000 a 150.000 euros, el 26,9% de declarantes) pagan casi dos tercios del
IRPF. Y la mayoría de contribuyentes, los que ingresan menos
de 30.000 euros (el 67% de declarantes) pagan sólo el 20,31% del IRPF,
una media de 190 a 3.761 euros. Y la
minoría que gana más de 150.000 euros (175.665 contribuyentes, el 0,73%
del total) pagan el 17,97% del IRPF, entre 81.586 y 543.472 euros…
Visto así, queda claro que en el IRPF pagan más los que
más tienen. Pero estos datos esconden un grave problema, nuestros
impuestos en general no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya
piensan la mayoría de los españoles (españoles (el 78,9% no se creen que en
España pague más impuestos quien más tiene, según
la última Encuesta del CIS). Una experta
recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el
25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases
medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso pasa porque
el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo
(pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del
capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías).Y a que los más
ricos utilizan empresas e “ingeniería fiscal” para pagar
menos “legalmente”…
Otro mito que circula en el imaginario popular
es que “en España pagamos más impuestos que en otros paises”, una idea
agravada con la última consigna de Núñez Feijóo: “España
es un infierno fiscal”. Algo que es
sencillamente mentira: la presión fiscal en España en 2024 (ingresos
tributarios más cotizaciones sociales) es del 37,3% del PIB, lejos de la
media de la UE-27, que es el 40,4%, según Eurostat. Y si
miramos “la
cuña fiscal”, el porcentaje del salario bruto que pierden los
trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, es en España el
41,4%, más que la media de la OCDE (35,1%), pero menos de lo que pierden los
trabajadores de Alemania (49,3%), Francia (47,2%), Italia (45,8%) o Bélgica
(52,5%).
Lo que sí es preocupante para España, aunque nunca
lo diga Núñez Feijóo, es que recaudemos muchos menos ingresos que
otros paises en relación a nuestro PIB, algo que pasaba hace una década
(40% del PIB entre 2017 y 2021, frente al 46,3% que recaudaba la UE-21) y
que pasa ahora: España recaudó en 2025 una cifra récord, pero suponía el
42,8% del PIB, otro año por debajo de la UE-27
(recaudó el 46,3% del PIB), de Alemania (47,5% del PIB), Francia (52%
del PIB) e Italia (47,6% del PIB). Eso significa, a lo claro, que en
2025 recaudamos 59.000 millones menos que la media europea, un dinero que
nos hubiera venido muy bien para mejorar la sanidad, educación, Dependencia o
los servicios públicos.
Estas fechas en que nos toca el mal trago de presentar la
declaración de la renta (pagar impuestos lo hacemos todo el año), es buen
momento para hacer una reflexión: necesitamos
recaudar más, homologarnos con Europa, para reforzar el Estado del
Bienestar, desde la sanidad (un trasplante de corazón cuesta 90.000 euros) a la
educación pasando por la Dependencia, las ayudas sociales, la vivienda, las
infraestructuras (desde vías de tren a carreteras), los servicios públicos y emergencias…,
tantas y tantas cosas que necesitan recursos y personal.
Ojo, no se trata de
pagar más impuestos la mayoría que ya los pagamos, sino que paguen más
los que pagan poco: grandes empresas (un
tercio de nuestras multinacionales pagan un tipo efectivo inferior al 15%,
menos que un trabajador en el IRPF), multinacionales y grandes patrimonios
(los más ricos). Y reducir las vías de fraude fiscal, “legales” o
ilegales (economía sumergida). Además, Bruselas
nos recomienda aprobar una reforma fiscal (imposible hace décadas) que reduzca los tipos reducidos del IVA, suprima
deducciones en Renta y Sociedades y aumente los “impuestos verdes”
(llevamos años sin cumplir la exigencia de subir impuestos al gasóleo). Sólo
así recaudaremos más, de una forma más justa, y podremos mejorar
los servicios públicos. No bajando impuestos.
Las empresas españolas llevan 5 años con un
aumento histórico de ventas, márgenes y beneficios, pero eso no
se traduce en un aumento de la inversión privada, que todavía está por debajo
de 2019. Lo que está pasando es que las grandes empresas y bancos desvían
más de la mitad de sus beneficios a sus accionistas por dos vías: unos dividendos
récord y un aumento de las recompras de acciones propias, una nueva
vía para hacer subir la cotización de las acciones y así aumentar lo que cobran
los grandes ejecutivos de bancos y tecnológicas. La recompra de acciones era
una fórmula muy usada en EEUU, pero tras la pandemia se ha generalizado en
Europa y también en España: aquí, en el primer trimestre de 2026, estas
recompras se han multiplicado por 6. Parece un tema “técnico”,
pero el problema nos atañe porque muchas empresas especulan con sus acciones y no
invierten lo que deben en sus negocios, su capital y sus empleados
(sueldos y formación), en perjuicio de todos. 
¿Qué han hecho las empresas con estos beneficios?
Pues más de la mitad de estas ganancias las han repartido entre sus
accionistas, por dos vías: reparto de dividendos y recompra de
acciones propias. El reparto de dividendos, un pago anual
(dos veces al año) por cada acción, se disparó después de la pandemia, tras prohibir
el BCE repartir dividendo a los bancos europeos en 2020. En
Europa, las 600 grandes empresas del STOXX 600 repartieron 437.000
millones de euros en dividendos a sus accionistas en 2025, cifra que subirá
a 454.000 millones en 2026 (+4%). Pero en España, el pago por dividendos
creció mucho más (+128% entre 2020 y 2025), saltando de los 20.500
millones en 2021 a 41.503
millones en 2025. Y a esos pagos, las empresas cotizadas españolas han
destinado 155.596 millones de euros en los últimos 5 años (2021 a
2025), una cifra récord. Y este
año 2026, las empresas repartirán 25.848 millones de euros hasta junio (+17%,
cuatro veces más que en Europa).
La otra vía para “diferir” beneficios, menos
conocida, es la
recompra de acciones propias: las grandes empresas y bancos
recompran con sus beneficios una parte de sus acciones y las amortizan, es
decir, desaparecen de los balances. Consecuencia: se reduce el
número de acciones en circulación, lo que en principio aumenta su valor.
Las empresas recompran acciones como una
vía para reanimar la cotización
de las acciones, cuando creen que están infravaloradas: al
haber menos y mantenerse el valor de las empresas, debían subir. Pero la recompra
de acciones propias tiene otra justificación menos explícita: la mayoría
de los ejecutivos de las grandes empresas tienen una parte de su sueldo
ligado a la cotización de las acciones (cobran en “stock options”,
en opciones sobre acciones) y por eso su principal objetivo de gestión es conseguir que las
acciones suban (como sea). Además, una tercera razón es que los
accionistas no pagan impuestos con la recompra de acciones (sólo
si las venden, por la plusvalía), mientras si pagan impuestos por los dividendos.
La recompra de acciones tiene
una larga trayectoria en EEUU, desde 1982, cuando se aprobó un marco
normativo y fiscal favorable, que apoyaba una cultura empresarial centrada en
el valor de las acciones. Pero en Europa, la tradición eran los
dividendos y las recompras están sujetas a un marco normativo de la UE
sobre abusos de mercado (que impone límites al volumen y al precio) y se exige que
las aprueben las Juntas de Accionistas. Sin embargo, tras la pandemia, las
recompras de acciones propias también se han disparado en Europa.
En conjunto, en todo el mundo, las recompras de acciones batieron
récords en 2025: 1,46 billones de dólares en 2025, según
Capital Group. Y las ejecutaron más de la mitad de las grandes compañías
del mundo (el 52%), frente al 36% hace una década. EEUU concentra el 71%
de las recompras mundiales de acciones propias, mientras Europa
representa sólo el 10,8% de las recompras mundiales, ganando peso en
Japón (recompraron acciones el 48% de las empresas en 2025). El
protagonismo de estas recompras lo tienen los bancos y empresas
financieras (el 26%), el sector tecnológico (el 21%: Apple ha
destinado 440.000 millones de dólares a recomprar acciones propias en la última
década), la energía, el sector de medios de comunicación y los grandes
del sector minorista de la alimentación.
En Europa, aunque las recompras van muy por detrás a
las de EEUU, el salto ha sido espectacular: 182.000
millones de euros gastados por
las empresas en recomprar acciones propias en 2025, más del doble que hace 10
años (75.200 millones en 2015) y un 67% más que antes de la pandemia (109.000
millones en 2019). Entre las grandes
empresas con más recompras en 2025 destaca la suiza Novartis (9.702
millones), seguida de las francesas Prosus (9.121 millones), Total Energies
(7.030) o ASML (4.100 millones), la noruega Equinor (5.506 millones), la
británica HSBC (5.297), el banco holandés ING (4.321 millones) o el Banco de
Santander (4.073 millones), Barclays (3.859) y UBS (3.855). Algunos estiman
que los bancos europeos han recomprado un 4% de sus acciones desde 2022. Y casi
la mitad (el 44%) de las empresas europeas cotizadas
en Bolsa recompraron acciones en 2025.
España se ha sumado tarde a esta “moda” de la
recompra de acciones, pero con mucha fuerza, empujada por los bancos y las
grandes empresas. En 2025, la recompra se hizo por un importe de 12.502
millones de euros, tras una cifra superior en 2024 (15.588 millones) y 2023
(13.415 millones). Pero este
año 2026, la recompra de acciones en España se ha multiplicado
por 6 en el primer trimestre, superando los 10.000 millones de
euros. El Banco
de Santander ha puesto en marcha dos programas para recomprar 10.000
millones en acciones entre 2025 y 2026. Y BBVA
lleva más de 10.000 millones en recompra de acciones entre 2021 y 2026,
mientras CaixaBank ha lanzado un nuevo programa de recompra por 500 millones de
euros. Y del resto del IBEX 35, la mayoría tienen un programa de
recompra este año: ACS (980 millones), Cellnex (800), Ferrovial (600), Endesa
(517), IAG (500), Repsol (300), Iberdrola (200), Inditex (180), Viscofan (150)…
Recompras que se suman a los dividendos.
La Comisión del Mercado de Valores (CNMV) ya criticó
en 2023 las recompras de acciones, alertando de que las empresas
y los bancos no están sobrados de capital y por eso no deberían reducirlo
amortizando acciones, porque eso tiene implicaciones estratégicas para los sectores y la economía,
recomendándoles “reforzar sus recursos propios a medio plazo si quieren
seguir competiendo, crecer, competir internacionalmente y transformarse con
éxito frente a una transición digital y económica que exige inversiones
cuantiosas”. Y además, la
CNMV niega que la recompra de acciones cree valor para
los accionistas a medio plazo, porque las acciones suben al principio,
pero siguen cotizando igual después.
Otros expertos critican
también las recompras exageradas
de acciones propias, sobre todo en EEUU (en 2021, las 500 grandes
empresas del S&P500 destinaron 880.000 millones de dólares a recomprar
acciones propias), propiciadas por los grandes ejecutivos de las
tecnológicas y los bancos, que buscan sostenerse en el poder (y hacerse
multimillonarios) a costa de impulsar como sea el precio de la acción,
aunque sea restando
recursos para promover inversiones y programas estratégicos en sus
compañías (y a veces, a costa de recortes drásticos de plantillas para hacer
subir las acciones). Así, Apple, por ejemplo, aumentó un +107% su beneficio
neto entre 2017 y 2021, pero disparó +176% su beneficio por acción. Y los grandes
accionistas (ellos mismos muchas veces) se llevan así una parte diferida de
los beneficios sin pagar impuestos (hasta que no vendan).
El problema de fondo es que las empresas difieren más
de la mitad de sus beneficios a dividendos y recompra de acciones propias en
lugar de a invertir y fortalecer sus negocios. En España, los
datos son claros: en los últimos 3 años, las empresas
cotizadas han destinado 6 veces más a pagar dividendos y recompras que a
adquirir otras empresas o fusionarse. Así, en 2023,2024 y 2025, las
empresas cotizadas han destinado 150.601 millones de euros al pago de
dividendos (109.096 millones) y a la recompra de acciones propias (41.105
millones), mientras sólo destinaron 25.844 millones a financiar compras y
fusiones. A lo claro: su prioridad ha sido mejorar la cotización en
Bolsa y retribuir más a los accionistas (a los dueños, sobre todo) que invertir
y construir unas empresas más grandes y competitivas. Y la estrategia
sigue en 2026: el primer trimestre, las cotizadas españolas gastaron 21.000 millones de sus beneficios en dividendos (12.500
millones) y recompra de acciones propias (8.500 millones), frente a
7.350 millones destinados a adquisiciones, según London Exchange Group.
Este mismo problema sucede en Europa y explica
parte de su atraso inversor: en 2026 se esperan “salidas
de caja” por importe de 1,5 billones de euros, de los que el 23%
irán a pagar dividendos (345.000 millones) y otro 9% a financiar recompras de
acciones propias (135.000 millones más), destinando sólo el 11% a
adquisiciones de empresas (165.000 millones), que son escasas y se
circunscriben a compras de participaciones en mercados donde ya están
presentes. Y por todo esto, sólo destinan el 56% de su flujo financiero a
inversiones orgánicas, I+D, innovación y tecnología. Ante este parón inversor
en Europa, la Comisión
Europea quiere facilitar las
fusiones en Europa, para que las grandes empresas destinen sus
beneficios no a retribuir a los accionistas (a sí mismos) sino a crear “grandes
campeones europeos”, multinacionales UE que puedan competir con USA y China.
En el caso de España, el exceso de dividendos y
recompra de acciones choca con un problema grave que arrastramos tras la
pandemia: el escaso crecimiento de la inversión, uno de los tres
motores del crecimiento y el empleo (junto al consumo y las exportaciones). La inversión
total lleva 5 años recuperándose en España,
pero es por la inversión pública (ha subido un +51,7% en 2025
respecto a 2019, básicamente por el oxígeno de los Fondos Europeos), ya que la
inversión privada sigue por debajo que antes de la pandemia (-3,3 %
que en 2019), según
este estudio de Funcas. Y por supuesto, la inversión privada sigue
todavía en España por debajo de los niveles de 2007, antes de la crisis
financiera.
En resumen, nos encontramos con un panorama donde ganan
mucho las grandes empresas y los bancos (10.815 millones los 6
grandes en el primer trimestre,+27%), pero que no destinan esos mayores
recursos a invertir en proyectos de futuro (la inversión privada sigue
por debajo a la de 2019) y a afrontar un crecimiento interno y una mayor
competitividad, sino que destinan cada vez más beneficios a retribuir a sus
accionistas (y a ellos mismos) por la doble vía de unos dividendos crecientes y
la recompra de acciones propias. Se dedican más a especular con las acciones
que a buscar fusiones, acuerdos e inversiones para dar un salto estratégico que
les favorecería a ellos y al país. Son empresas, en España, en Europa y en
el mundo, que se
dedican a “la ingeniería financiera y bursátil” antes que a invertir
en sus negocios, balances (mejora de capital) y trabajadores (salarios,
formación y empleo). Como se ve, no estamos ante una cuestión “técnica”
sino estratégica y de justicia social: destinar los beneficios a
crecer y crear más riqueza y empleo, no a que haya más multimillonarios.
Siguen las protestas de profesores y médicos por las
deficiencias en la sanidad y educación, pero nadie protesta por la
desatención de nuestros mayores, que esperan meses para recibir una
mínima ayuda o servicio para su dependencia. Y muchos se mueren antes de
recibirla. A punto de cumplirse los 20 años de la Ley de Dependencia,
el balance es muy preocupante: 3 de cada 4 mayores dependientes no
reciben una atención efectiva y tampoco 2 de cada 3 con limitaciones
severas. Los expertos reiteran que falta financiación para la
Dependencia y que para ampliar las ayudas y que sean más eficaces, habría que gastar
en los cuidados 12.000 millones más al año, el doble que ahora. Un reto
que hay que afrontar porque España es uno de las paises más envejecidos de
Europa y cada año habrá más dependientes: si ahora hay 3 millones de
personas con más de 80 años, en 2050 serán casi el doble (5,8
millones) y muchos necesitarán cuidados. No podemos dejarles tirados. Enrique Ortega
España tiene un grave problema estructural del que
casi nadie habla: el
envejecimiento creciente de la población, propiciado por el
aumento de la esperanza de vida, que es la
más alta de Europa: 84,3 años de media, frente a 81,7 en la
UE-27. Y esa esperanza de vida seguirá aumentando, hasta alcanzar los casi
87 años en 2050 y los 88 años en 2071, según
las previsiones del INE. Con ello, tenemos y tendremos cada vez más
personas mayores, muchas de ellas dependientes y necesitadas de cuidados.
Así, si hoy hay 10,2 millones de mayores de 65 años, en 2050 serán ya
algo más de 16 millones. Y los mayores de 80 años, un tercio de
los cuales pueden ser dependientes, pasarán de ser 3 millones ahora
(2025) a ser casi
el doble en 2050 (5.811.396 personas mayores de 80 años, de ellos, 95.095 mayores de 100 años).
Estas elevadas cifras de mayores y ancianos suponen un
gran reto para el país y sus familias. Desde hace décadas, todas
las políticas públicas reconocen que el cuidado de los mayores dependientes
no es una responsabilidad privada (de sus familias) sino “un derecho
social”, un servicio público para la cohesión social y el propio
funcionamiento del sistema económico. Y por eso, los paises desarrollados
han implantado “políticas públicas de cuidados”, como el cuarto
pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y
las pensiones. En España, en 2006 se aprobó la Ley de
Dependencia (295 votos a favor, 15 en contra y una abstención), que entró
en vigor el 1 de enero de 2007 y cumplirá ahora 20 años.
El balance de esta Ley de Dependencia tiene claroscuros,
siendo más negativo que positivo, según el
reciente estudio de CENIE. Por un lado, en estos 19 años largos se ha atendido
a 4 millones de dependientes (la mayoría mayores), aunque otro millón
se ha muerto antes de recibir alguna ayuda. En líneas generales, hay un
exceso de burocracia en el reconocimiento de la dependencia
y en la concesión de las ayudas (la espera media era en abril de 325
días, cuando la Ley marca 180 días), lo que provoca que muchos dependientes
se mueran antes de recibirlas (4 de cada 5 tienen más de 80 años). Y
además, las autonomías (que gestionan las ayudas a la Dependencia) ofrecen cada
vez más ayudas y servicios “low cost” (escasas y de poca calidad),
para llegar a más dependientes con un gasto que apenas crece. Y además, existen
grandes diferencias en la atención a la dependencia por autonomías,
unas con más dependientes desatendidos que otras. Como problema de fondo, los
expertos denuncian la infrafinanciación del sistema, la falta de
recursos públicos desde su nacimiento y ahora.
Los últimos datos de la Dependencia, del
IMSERSO, en
abril de 2026, concretan estos problemas estructurales del sistema. Primero,
la persistente desatención: había 268.850 dependientes
desatendidos a finales de abril (+6.897
que en diciembre), 116.762 pendientes de que se les reconozca una
dependencia y su grado (I,II y III, los “grandes dependientes”) y otros 152.088
dependientes que tienen reconocida alguna ayuda o servicio pero que están “en
lista de espera” para recibirlos (en el “limbo de la Dependencia). Una parte de
ellos mueren esperando esta ayuda que tienen reconocida: murieron esperando
8.996 dependientes en el primer trimestre de este año y 32.704 en todo
2025, según
los Directores de Servicios Sociales. El problema no es sólo que estas
“listas de espera” hayan crecido en 2026, sino que son muy
desiguales por autonomías. Primero, en el tiempo de resolución
de expedientes (325
días de media): son 551 días en Murcia, 457 en Andalucía,391 en
Asturias, 354 en Canarias o 350 en Madrid, frente a 117 en Castilla y León o
117 en Aragón. Y la lista de espera de las ayudas (esos 152.088 dependientes) se
concentra en Cataluña (48.695), Andalucía (32.888), Comunidad Valenciana
(16.129), Madrid (12.914) y Murcia (10.399).
El 2º problema de fondo, tras los retrasos y esperas, es que
las ayudas son escasas y de poca calidad, ayudas
“low cost”, para tratar de
llegar a más dependientes con poco coste. A finales de
abril, había 1.708.812 dependientes “atendidos”, la mayor cifra de estos
19 años, pero la mayoría recibía una ayuda económica escasa: 760.432
dependientes (el 30,87% del total) recibían una prestación económica
por ser atendidos por sus familias, una prestación muy insuficiente: 259,84
euros mensuales de media, según el
estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a
los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado III (que requieren cuidados
las 24 horas…). Actualmente, hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno
familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares, fundamentalmente
mujeres (4
de cada 5 cuidadores), que han tenido que dejar sus trabajos y reciben
estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte de una
cuidadora).
La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la
teleasistencia (la recibían 659.786 dependientes en abril, el
26,78%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender”
a los dependientes y subir los porcentajes de atención (hay autonomías como
Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia).
La 3ª ayuda más generalizada es la
ayuda a domicilio : la reciben 406.880 dependientes (el 16,52%), con
una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas diarias. Y encima hay
grandes desigualdades por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a
53,5 horas en Galicia o 25,6 horas mensuales en Castilla la Mancha y Cataluña).
Y casi todas incumplen las horas mínimas que fijó un Decreto en 2023
(37 horas para Grado I, de 38 a 64 horas para Grado II y de 65 a 94 horas para
Grado III).
El 4º servicio o ayuda que reciben más dependientes es la
prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque”
que reciben las familias para que luego contraten ellas el servicio que
quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y de pagar poco
(entre 100/313 euros, 150/445 euros y 200/747 euros, según los Grados), sólo
una parte del coste real de los
servicios: el resto lo pagan las familias (son los “copagos” de la
dependencia). Reciben este “cheque”
242.168 dependientes, el 9,83% del total, aunque la fórmula ha ido
creciendo y es muy mayoritaria en Extremadura (la reciben el 45% de los
dependientes), Castilla y León (25,50%) y Canarias (36,71% dependientes). Casi la mitad
de estos cheques (106.568) son para que el dependiente se pague una
residencia, que cuesta 5 veces más.
Sigamos con otros servicios y ayudas a los dependientes, los
más caros y que menos se conceden. El 5º es la
atención residencial (que reciben 188.002 dependientes, el 7,63%), una
ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si
la encuentran: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros
al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo
paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más
ofrecido son los
Centros de día y noche (lo reciben 111.632 dependientes, el 4,53% del
total).
Al final, el balance de estos 19 años de Ley de Dependencia
refleja que se trata de “un derecho cojo”, que deja a muchos
dependientes desatendidos (el 11,5% esperan que les reconozcan un
grado o les llegue la ayuda reconocida, porcentaje
que alcanza al 24% en Canarias, el 19,2% en Cataluña, el 18,8% en Murcia ,
el 15,8% en Asturias y el 14,4% en Extremadura) y que concede escasas ayudas
económicas y servicios “low cost” a los atendidos. Pero lo más preocupante
es que el sistema de la Dependencia, la 4ª pata (coja) del Estado
del Bienestar deja a muchos dependientes fuera: casi las tres cuartas
partes (el 72,4%) de los mayores de 65 con alguna limitación no reciben
ayudas y 2
de cada 3 mayores con limitaciones severas (el 63,1%) carecen del
apoyo público adecuado, según el estudio de CENIE (Centro Internacional
sobre el Envejecimiento).
Esta desatención a los mayores dependientes
obliga a realizar un
enorme esfuerzo a sus familias, tanto económico como de tiempo,
especialmente a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres,
esposos o hijos dependientes (recordemos: 4
de cada 5 cuidadoras son mujeres), lo que hunde en muchos casos sus
carreras profesionales y sus pensiones. El coste para una familia de
atender a un dependiente supone unos 10.105 euros anuales, según
un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero el coste es mayor en
muchos casos: atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000
euros anuales, según
CaixaBank, que estima que las familias asumen el 87% de este gasto (20.880
euros), financiando el sistema el 13% restante. En los últimos años, las
familias con dependientes han visto que, a pesar de las ayudas, tienen
que hacer copagos más altos. De hecho, en 2025, las familias pagaron
2.356 millones, casi el 20% del coste
total de los servicios de la Dependencia (11.847 millones). Mucho
más que los copagos en educación y sanidad.
Visto lo visto, el estudio
de CENIE y los
balances de los Directores de Servicios Sociales (DGSS) coinciden en un
punto: la principal causa de la desatención a los dependientes es la falta
de financiación a la Dependencia, desde 2007 que se inició el sistema
hasta hoy (agravado por los recortes de Rajoy, -6.321 millones a la
Dependencia entre 2012 y 2020). Y como en las próximas décadas se van a
duplicar los dependientes (recordemos: habrá 5,8 millones de españoles
mayores de 80 años en 2050), hay que plantearse aumentar el gasto en
Dependencia. El estudio
CENIE propone duplicar el gasto actual en Dependencia (12.000
millones en 2025, el 0,71% del PIB) para 2030, hasta los 24.000
millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, todavía menos de lo que
se gastan ahora en Dependencia los 38 paises de la OCDE (1,7% del PIB), en Paises
Bajos (4,1%) o en Suecia (3,7%). Y aunque supone duplicar el gasto, todavía
queda lejos de lo que España gasta ahora en pensiones (190.000
millones), sanidad (105.000 millones) o educación (75.000
millones).
Los expertos reiteran que el coste de la Dependencia
no es un gasto sino una inversión, porque tiene un
gran impacto en la economía : por cada euro destinado a la
Dependencia, el impacto en la economía (en sectores como el comercio, la
hostelería, la construcción, la industria, energía y actividades profesionales)
es de 1,6 euros, según el
estudio de CENIE. Y además, por cada euro gastado en Dependencia retornan
0,49 euros en ingresos por cotizaciones sociales e impuestos.
Actualmente, el sector de los cuidados emplea
a 770.760 trabajadores
(328.544 en atención residencial) y se estima que podría dar
trabajo a 440.000 más para 2030 si se mejora y generaliza la atención a
la Dependencia. Además, los cuidados informales (en el hogar) a los
dependientes suponen una
importante “economía invisible”, que no se cuantifica en el
PIB (aporta entre 60.000 y 79.000 millones anuales).
Pero no se trata sólo de gastar más en
Dependencia. El estudio
de CENIE y los
expertos coinciden en que urge hacer dos cambios de fondo
en el sistema. Uno, mejorar la gobernanza, reduciendo
la excesiva burocracia actual (hay dos procesos, uno para reconocer la
dependencia y otro para evaluar y aprobar las ayudas) y simplificando los
expedientes, para “universalizar” la atención, estableciendo además unos estándares mínimos
para reducir las desigualdades regionales. Y el otro, cambiar el
modelo de asistencia y ayudas, para priorizar los servicios
profesionales frente a las ayudas económicas, aumentado coberturas y calidad,
impulsando la asistencia personal y fomentando la atención en el hogar frente
a las residencias, que deben ser más pequeñas y atractivas. Y en este
camino, resulta clave reducir la precariedad y mejorar la formación, profesionalidad
y salarios del personal que atiende a los dependientes.
En resumen, ante
un envejecimiento imparable en España, urge avanzar hacia
un sistema de cuidados universal, equitativo y sostenible, lo que
exige duplicar el gasto actual y modificar
radicalmente la gestión actual de la Dependencia, para hacerla más ágil
y eficaz, un cambio que exige pactarlo entre el Gobierno y las autonomías (algo
hoy inviable). Hay que tomárselo en serio y crear un sistema de atención a la
Dependencia más eficaz, que afronte el reto de duplicarse los
dependientes para 2050. Hoy tenemos
un derecho social que no se garantiza, por falta de medios. Si
queremos reforzar el Estado del Bienestar, no sólo hay que pensar en la
sanidad, la educación o las pensiones. Hay que pensar en el futuro de
nuestros mayores. No podemos dejarles “tirados”.
