Queda hasta finales de junio para presentar la
declaración de la Renta, por los ingresos de 2025. Este año, aumentan
los contribuyentes que les sale a pagar (+1,64 millones que en 2025)
y además pagarán más (+5.535 millones), porque hay más gente trabajando
y han subido los sueldos, dividendos y plusvalías de Bolsa y de la venta de
viviendas. También porque Hacienda no descuenta la inflación en tramos y tipos.
La Renta se consolida como el principal impuesto (43,78%
de la recaudación) y la pagan sobre
todo los que viven de un trabajo o pensión, principalmente las clases
medias y medias altas. Con todo, no es verdad que “vivamos en un infierno
fiscal”, como reitera Feijóo: el porcentaje del salario bruto que se
llevan impuestos y cotizaciones es mayor que en la OCDE pero menor que en
Alemania, Francia e Italia. Y España sigue recaudando porcentualmente menos
que Europa. Por eso, si queremos mejorar los servicios públicos, algunos
(los más ricos, inversores y empresas) tendrán que pagar más. 
La declaración del IRPF de este año tiene pocas
novedades fiscales, salvo las deducciones por obras en viviendas
para reducir el consumo energético, así como por la compra de vehículos
eléctricos o por instalación de postes de recarga, más la deducción (hasta 340
euros) para los que ganen menos de 18.276 euros y los ajustes a los que ganan
el salario mínimo (SMI). Eso sí, hay que destacar que Hacienda
enviará este año 3,5 millones de “avisos”
preventivos para alertar de sus obligaciones fiscales a los que tienen
criptomonedas (1,2 millones de avisos), a los que obtienen rentas en el
extranjero, a los que venden cantidades destacadas en plataformas
digitales (como Wallapop o Vinted: 437.000 avisos más) o los que tienen un
piso en alquiler no declarado (avisos a 867.000 propietarios…).
Las mayores novedades de la Renta siguen estando en la
mitad que gestionan las autonomías. Sigue habiendo una
gran diferencia regional en el tipo mínimo (9,5%), que
sólo mantienen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia) y que
han rebajado el resto, mientras el tipo máximo autonómico (24,5%) lo
mantiene sólo Cantabria, subiéndolo 8 autonomías (Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Cataluña, Extremadura, la Rioja y Comunidad Valenciana, con el tipo
más alto, 29,5%) y bajándolo otras 6 (Castilla y León, Galicia, Castilla la
Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid, con el tipo máximo más bajo, 20,5%). Tipos
que se suman al tipo mínimo (9,5%) y máximo (24,5%) estatal.
Además de que las autonomías compiten entre ellas
con unos tipos del IRPF al alza o a la baja, también difieren en las
deducciones que aplican, muy diferentes entre ellas. En esta
declaración a presentar en 2026, hay
deducciones autonómicas muy llamativas: un 15% de la cuota del
gimnasio, con 100 euros máximo (Andalucía y Murcia), un porcentaje del
gasto veterinario en mascotas (Andalucía y Murcia), a los celíacos
(Asturias), por gastos en dentistas (hasta 150 euros de deducción) y oculistas,
así como por estudios musicales, hasta 150 euros (las 3 deducciones en
la Comunidad Valenciana), ayuda para material escolar (Galicia),para
gastos de guardería o mudanza entre islas (Canarias), por ahorro
para previsión social (País Vasco) o para compra de vivienda (Castilla la
Mancha), para compensar los gastos de una ocupación de vivienda (en
Baleares), para bonificar los trabajos en el campo de nuevos residentes
(La Rioja) o para incentivar a los que vengan de otras regiones (una
deducción nueva este año en Extremadura y Cantabria).
Con tipos autonómicos distintos y diferentes deducciones, los
españoles pagan un IRPF diferente según donde vivan, según
demuestra este estudio de los economistas asesores fiscales (REAF). Un soltero
sin hijos que ingrese 20.000 euros pagará de Renta 1.772 euros al
año en todas las regiones, salvo en Navarra (1.200 euros) y País Vasco (0
euros).Si gana 30.000 euros, la horquilla varía entre 4.958 euros que
paga en Cataluña (4.926 en Castilla la Mancha) y 4.495 en el País Vasco, 4.582
en Navarra y 4.598 en Madrid. Para 45.000 euros, vuelve a ser Cataluña
donde más de paga (9.684 euros), seguida por Extremadura (9.653) y menos en el
País Vasco (8.626) y Madrid (8.881). Para 70.000 euros de ingresos, el
mayor pago hay que hacerlo en Extremadura (19.365 euros) y Cataluña (19.097),
siendo el menor en el País Vasco (34.724) y Madrid (35.000 euros). Y a
partir de 110.000 euros de ingresos anuales, el reparto se repite: pagan
más los contribuyentes (ricos) que viven en la Comunidad Valenciana
y los
que menos quienes viven en Madrid (ahí, “los más ricos”
pagan de Renta entre 7.000 y 46.000 euros menos que en la Comunidad Valenciana:
ver
cuadro).
El IRPF se consolida en España como el primer
impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios: en
2025, Hacienda recaudó con la Renta 142.466 millones de euros,
casi la mitad (el 43,78%) de toda la recaudación fiscal en España (325.356
millones), un peso que ha ido en aumento tras la pandemia (el IRPF suponía el
40,83% de toda la recaudación en 2019). Y la recaudación por Renta ha
crecido un +64% desde 2019 (cuando ingresó 86.892 millones), el 2º
mayor aumento de ingresos de todos los impuestos, sólo por detrás del impuesto
de Sociedades (cuya recaudación ha crecido un +78% desde 2019 porque entonces
las empresas pagaban muchos menos impuestos y ahora ganan más). Muy
lejos del IRPF quedan la recaudación del IVA (99.532 millones en
2025), la de Sociedades (42.266 millones) y los impuestos especiales
(23.083 millones por carburantes, tabaco y alcohol), los 4 principales
impuestos que pagamos cada día y cada año.
Este fuerte
tirón de la recaudación por el IRPF
tras la pandemia se debe a varios factores: más población residente y trabajando
(+2.496.400 ocupados que en 2019), con mayores sueldos (han subido
+16,66% en estos 6 años) y con unos ingresos extras para muchos
declarantes que ahorran e invierten (generando plusvalías), desde los que
cobran dividendos (42.671
millones cobrados en 2025, la cifra máxima en once años) a los que invierten
en Bolsa (2,4 millones de familias, el
12% de los hogares) o los que compraron una vivienda y la han venido
(+62%
ha subido desde 2019) o alquilado (+47% subieron los alquileres).
Todo ello explica que la recaudación por IRPF se haya disparado tras la
pandemia y especialmente en 2025 (+10,1%), lo que ha aumentado las
declaraciones positivas este año.
Hacienda rechaza deflactar la tarifa, argumentando
que esa medida “favorece más a los más ricos” y que las medidas fiscales
adoptadas en los últimos años por el Gobierno han rebajado más a las rentas
bajas que deflactarles la tarifa. En cualquier caso, los expertos de AIReF estiman
que Hacienda
recauda 10.000 millones “extras” al año por no deflactar la tarifa de la
Renta, algo que pagamos todos, pero unos más que otros. Así, un
declarante que ingresa 25.000 euros paga un extra por no deflactar la
tarifa de 250 euros (Extremadura) a 263 euros el año (Comunidad
Valenciana). Uno que declara 30.000, paga de más entre 337 euros
(Madrid) y 352 (Extremadura). Uno que ingresa 45.000 paga un
extra de 522 euros (Madrid) a 533 (Extremadura). Quien ingrese 75.000
euros, paga entre 750 euros de más (Baleares) y 769
(Comunidad Valenciana). Y los contribuyentes de 400.000 euros pagan extra
entre 2.134 euros (Madrid) y 2.163 euros (Comunidad Valenciana). Como
se ve, hay grandes diferencias.
Un problema que tiene el IRPF, frente a otros
impuestos, es que la mayoría lo pagan los que viven de un sueldo a de una
pensión, (el
90,8 % de todas las declaraciones son de rendimientos del trabajo). que
además son los más fáciles de controlar por Hacienda que los ingresos que
declaran los que tienen ahorros o inversiones (lo incorporan el 40% de las
declaraciones), los que obtienen ingresos de inmuebles (otro 38% declaraciones)
y los que declaran actividades económicas (empresarios y autónomos, 12,5%
declaraciones). Y muchas de las personas con grandes patrimonios no
declaran en el IRPF, porque utilizan sociedades e intermediarias
(SICAV) para canalizar sus pagos fiscales (reducidos).
Con todo, los que declaramos en el IRPF pagamos más cada
año, por esos mayores ingresos que no notamos por la inflación. Así, el
tipo medio de las declaraciones ha saltado del 12,7% de media
sobre ingresos que pagábamos en 2019 al 14,4% en 2024 y al 16,2% de 2025,
según
la Agencia Tributaria. Un pago de la Renta que recae sobre todo sobre
las personas de ingresos medios y medios altos, según
los últimos datos de Hacienda, de la Declaración de 2023: los que
declaran ingresos entre 30.000 y 60.000 euros (22,02% declarantes) pagan
el 37,54% del IRPF, una media de 8.370 euros por declarante. Y los
contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,88% del total)
pagan el 24,19% del IRPF, 24.317 euros de media. Así que entre ambos grupos (de
30.000 a 150.000 euros, el 26,9% de declarantes) pagan casi dos tercios del
IRPF. Y la mayoría de contribuyentes, los que ingresan menos
de 30.000 euros (el 67% de declarantes) pagan sólo el 20,31% del IRPF,
una media de 190 a 3.761 euros. Y la
minoría que gana más de 150.000 euros (175.665 contribuyentes, el 0,73%
del total) pagan el 17,97% del IRPF, entre 81.586 y 543.472 euros…
Visto así, queda claro que en el IRPF pagan más los que
más tienen. Pero estos datos esconden un grave problema, nuestros
impuestos en general no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya
piensan la mayoría de los españoles (españoles (el 78,9% no se creen que en
España pague más impuestos quien más tiene, según
la última Encuesta del CIS). Una experta
recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el
25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases
medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso pasa porque
el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo
(pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del
capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías).Y a que los más
ricos utilizan empresas e “ingeniería fiscal” para pagar
menos “legalmente”…
Otro mito que circula en el imaginario popular
es que “en España pagamos más impuestos que en otros paises”, una idea
agravada con la última consigna de Núñez Feijóo: “España
es un infierno fiscal”. Algo que es
sencillamente mentira: la presión fiscal en España en 2024 (ingresos
tributarios más cotizaciones sociales) es del 37,3% del PIB, lejos de la
media de la UE-27, que es el 40,4%, según Eurostat. Y si
miramos “la
cuña fiscal”, el porcentaje del salario bruto que pierden los
trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, es en España el
41,4%, más que la media de la OCDE (35,1%), pero menos de lo que pierden los
trabajadores de Alemania (49,3%), Francia (47,2%), Italia (45,8%) o Bélgica
(52,5%).
Lo que sí es preocupante para España, aunque nunca
lo diga Núñez Feijóo, es que recaudemos muchos menos ingresos que
otros paises en relación a nuestro PIB, algo que pasaba hace una década
(40% del PIB entre 2017 y 2021, frente al 46,3% que recaudaba la UE-21) y
que pasa ahora: España recaudó en 2025 una cifra récord, pero suponía el
42,8% del PIB, otro año por debajo de la UE-27
(recaudó el 46,3% del PIB), de Alemania (47,5% del PIB), Francia (52%
del PIB) e Italia (47,6% del PIB). Eso significa, a lo claro, que en
2025 recaudamos 59.000 millones menos que la media europea, un dinero que
nos hubiera venido muy bien para mejorar la sanidad, educación, Dependencia o
los servicios públicos.
Estas fechas en que nos toca el mal trago de presentar la
declaración de la renta (pagar impuestos lo hacemos todo el año), es buen
momento para hacer una reflexión: necesitamos
recaudar más, homologarnos con Europa, para reforzar el Estado del
Bienestar, desde la sanidad (un trasplante de corazón cuesta 90.000 euros) a la
educación pasando por la Dependencia, las ayudas sociales, la vivienda, las
infraestructuras (desde vías de tren a carreteras), los servicios públicos y emergencias…,
tantas y tantas cosas que necesitan recursos y personal.
Ojo, no se trata de
pagar más impuestos la mayoría que ya los pagamos, sino que paguen más
los que pagan poco: grandes empresas (un
tercio de nuestras multinacionales pagan un tipo efectivo inferior al 15%,
menos que un trabajador en el IRPF), multinacionales y grandes patrimonios
(los más ricos). Y reducir las vías de fraude fiscal, “legales” o
ilegales (economía sumergida). Además, Bruselas
nos recomienda aprobar una reforma fiscal (imposible hace décadas) que reduzca los tipos reducidos del IVA, suprima
deducciones en Renta y Sociedades y aumente los “impuestos verdes”
(llevamos años sin cumplir la exigencia de subir impuestos al gasóleo). Sólo
así recaudaremos más, de una forma más justa, y podremos mejorar
los servicios públicos. No bajando impuestos.
Las empresas españolas llevan 5 años con un
aumento histórico de ventas, márgenes y beneficios, pero eso no
se traduce en un aumento de la inversión privada, que todavía está por debajo
de 2019. Lo que está pasando es que las grandes empresas y bancos desvían
más de la mitad de sus beneficios a sus accionistas por dos vías: unos dividendos
récord y un aumento de las recompras de acciones propias, una nueva
vía para hacer subir la cotización de las acciones y así aumentar lo que cobran
los grandes ejecutivos de bancos y tecnológicas. La recompra de acciones era
una fórmula muy usada en EEUU, pero tras la pandemia se ha generalizado en
Europa y también en España: aquí, en el primer trimestre de 2026, estas
recompras se han multiplicado por 6. Parece un tema “técnico”,
pero el problema nos atañe porque muchas empresas especulan con sus acciones y no
invierten lo que deben en sus negocios, su capital y sus empleados
(sueldos y formación), en perjuicio de todos. 
¿Qué han hecho las empresas con estos beneficios?
Pues más de la mitad de estas ganancias las han repartido entre sus
accionistas, por dos vías: reparto de dividendos y recompra de
acciones propias. El reparto de dividendos, un pago anual
(dos veces al año) por cada acción, se disparó después de la pandemia, tras prohibir
el BCE repartir dividendo a los bancos europeos en 2020. En
Europa, las 600 grandes empresas del STOXX 600 repartieron 437.000
millones de euros en dividendos a sus accionistas en 2025, cifra que subirá
a 454.000 millones en 2026 (+4%). Pero en España, el pago por dividendos
creció mucho más (+128% entre 2020 y 2025), saltando de los 20.500
millones en 2021 a 41.503
millones en 2025. Y a esos pagos, las empresas cotizadas españolas han
destinado 155.596 millones de euros en los últimos 5 años (2021 a
2025), una cifra récord. Y este
año 2026, las empresas repartirán 25.848 millones de euros hasta junio (+17%,
cuatro veces más que en Europa).
La otra vía para “diferir” beneficios, menos
conocida, es la
recompra de acciones propias: las grandes empresas y bancos
recompran con sus beneficios una parte de sus acciones y las amortizan, es
decir, desaparecen de los balances. Consecuencia: se reduce el
número de acciones en circulación, lo que en principio aumenta su valor.
Las empresas recompran acciones como una
vía para reanimar la cotización
de las acciones, cuando creen que están infravaloradas: al
haber menos y mantenerse el valor de las empresas, debían subir. Pero la recompra
de acciones propias tiene otra justificación menos explícita: la mayoría
de los ejecutivos de las grandes empresas tienen una parte de su sueldo
ligado a la cotización de las acciones (cobran en “stock options”,
en opciones sobre acciones) y por eso su principal objetivo de gestión es conseguir que las
acciones suban (como sea). Además, una tercera razón es que los
accionistas no pagan impuestos con la recompra de acciones (sólo
si las venden, por la plusvalía), mientras si pagan impuestos por los dividendos.
La recompra de acciones tiene
una larga trayectoria en EEUU, desde 1982, cuando se aprobó un marco
normativo y fiscal favorable, que apoyaba una cultura empresarial centrada en
el valor de las acciones. Pero en Europa, la tradición eran los
dividendos y las recompras están sujetas a un marco normativo de la UE
sobre abusos de mercado (que impone límites al volumen y al precio) y se exige que
las aprueben las Juntas de Accionistas. Sin embargo, tras la pandemia, las
recompras de acciones propias también se han disparado en Europa.
En conjunto, en todo el mundo, las recompras de acciones batieron
récords en 2025: 1,46 billones de dólares en 2025, según
Capital Group. Y las ejecutaron más de la mitad de las grandes compañías
del mundo (el 52%), frente al 36% hace una década. EEUU concentra el 71%
de las recompras mundiales de acciones propias, mientras Europa
representa sólo el 10,8% de las recompras mundiales, ganando peso en
Japón (recompraron acciones el 48% de las empresas en 2025). El
protagonismo de estas recompras lo tienen los bancos y empresas
financieras (el 26%), el sector tecnológico (el 21%: Apple ha
destinado 440.000 millones de dólares a recomprar acciones propias en la última
década), la energía, el sector de medios de comunicación y los grandes
del sector minorista de la alimentación.
En Europa, aunque las recompras van muy por detrás a
las de EEUU, el salto ha sido espectacular: 182.000
millones de euros gastados por
las empresas en recomprar acciones propias en 2025, más del doble que hace 10
años (75.200 millones en 2015) y un 67% más que antes de la pandemia (109.000
millones en 2019). Entre las grandes
empresas con más recompras en 2025 destaca la suiza Novartis (9.702
millones), seguida de las francesas Prosus (9.121 millones), Total Energies
(7.030) o ASML (4.100 millones), la noruega Equinor (5.506 millones), la
británica HSBC (5.297), el banco holandés ING (4.321 millones) o el Banco de
Santander (4.073 millones), Barclays (3.859) y UBS (3.855). Algunos estiman
que los bancos europeos han recomprado un 4% de sus acciones desde 2022. Y casi
la mitad (el 44%) de las empresas europeas cotizadas
en Bolsa recompraron acciones en 2025.
España se ha sumado tarde a esta “moda” de la
recompra de acciones, pero con mucha fuerza, empujada por los bancos y las
grandes empresas. En 2025, la recompra se hizo por un importe de 12.502
millones de euros, tras una cifra superior en 2024 (15.588 millones) y 2023
(13.415 millones). Pero este
año 2026, la recompra de acciones en España se ha multiplicado
por 6 en el primer trimestre, superando los 10.000 millones de
euros. El Banco
de Santander ha puesto en marcha dos programas para recomprar 10.000
millones en acciones entre 2025 y 2026. Y BBVA
lleva más de 10.000 millones en recompra de acciones entre 2021 y 2026,
mientras CaixaBank ha lanzado un nuevo programa de recompra por 500 millones de
euros. Y del resto del IBEX 35, la mayoría tienen un programa de
recompra este año: ACS (980 millones), Cellnex (800), Ferrovial (600), Endesa
(517), IAG (500), Repsol (300), Iberdrola (200), Inditex (180), Viscofan (150)…
Recompras que se suman a los dividendos.
La Comisión del Mercado de Valores (CNMV) ya criticó
en 2023 las recompras de acciones, alertando de que las empresas
y los bancos no están sobrados de capital y por eso no deberían reducirlo
amortizando acciones, porque eso tiene implicaciones estratégicas para los sectores y la economía,
recomendándoles “reforzar sus recursos propios a medio plazo si quieren
seguir competiendo, crecer, competir internacionalmente y transformarse con
éxito frente a una transición digital y económica que exige inversiones
cuantiosas”. Y además, la
CNMV niega que la recompra de acciones cree valor para
los accionistas a medio plazo, porque las acciones suben al principio,
pero siguen cotizando igual después.
Otros expertos critican
también las recompras exageradas
de acciones propias, sobre todo en EEUU (en 2021, las 500 grandes
empresas del S&P500 destinaron 880.000 millones de dólares a recomprar
acciones propias), propiciadas por los grandes ejecutivos de las
tecnológicas y los bancos, que buscan sostenerse en el poder (y hacerse
multimillonarios) a costa de impulsar como sea el precio de la acción,
aunque sea restando
recursos para promover inversiones y programas estratégicos en sus
compañías (y a veces, a costa de recortes drásticos de plantillas para hacer
subir las acciones). Así, Apple, por ejemplo, aumentó un +107% su beneficio
neto entre 2017 y 2021, pero disparó +176% su beneficio por acción. Y los grandes
accionistas (ellos mismos muchas veces) se llevan así una parte diferida de
los beneficios sin pagar impuestos (hasta que no vendan).
El problema de fondo es que las empresas difieren más
de la mitad de sus beneficios a dividendos y recompra de acciones propias en
lugar de a invertir y fortalecer sus negocios. En España, los
datos son claros: en los últimos 3 años, las empresas
cotizadas han destinado 6 veces más a pagar dividendos y recompras que a
adquirir otras empresas o fusionarse. Así, en 2023,2024 y 2025, las
empresas cotizadas han destinado 150.601 millones de euros al pago de
dividendos (109.096 millones) y a la recompra de acciones propias (41.105
millones), mientras sólo destinaron 25.844 millones a financiar compras y
fusiones. A lo claro: su prioridad ha sido mejorar la cotización en
Bolsa y retribuir más a los accionistas (a los dueños, sobre todo) que invertir
y construir unas empresas más grandes y competitivas. Y la estrategia
sigue en 2026: el primer trimestre, las cotizadas españolas gastaron 21.000 millones de sus beneficios en dividendos (12.500
millones) y recompra de acciones propias (8.500 millones), frente a
7.350 millones destinados a adquisiciones, según London Exchange Group.
Este mismo problema sucede en Europa y explica
parte de su atraso inversor: en 2026 se esperan “salidas
de caja” por importe de 1,5 billones de euros, de los que el 23%
irán a pagar dividendos (345.000 millones) y otro 9% a financiar recompras de
acciones propias (135.000 millones más), destinando sólo el 11% a
adquisiciones de empresas (165.000 millones), que son escasas y se
circunscriben a compras de participaciones en mercados donde ya están
presentes. Y por todo esto, sólo destinan el 56% de su flujo financiero a
inversiones orgánicas, I+D, innovación y tecnología. Ante este parón inversor
en Europa, la Comisión
Europea quiere facilitar las
fusiones en Europa, para que las grandes empresas destinen sus
beneficios no a retribuir a los accionistas (a sí mismos) sino a crear “grandes
campeones europeos”, multinacionales UE que puedan competir con USA y China.
En el caso de España, el exceso de dividendos y
recompra de acciones choca con un problema grave que arrastramos tras la
pandemia: el escaso crecimiento de la inversión, uno de los tres
motores del crecimiento y el empleo (junto al consumo y las exportaciones). La inversión
total lleva 5 años recuperándose en España,
pero es por la inversión pública (ha subido un +51,7% en 2025
respecto a 2019, básicamente por el oxígeno de los Fondos Europeos), ya que la
inversión privada sigue por debajo que antes de la pandemia (-3,3 %
que en 2019), según
este estudio de Funcas. Y por supuesto, la inversión privada sigue
todavía en España por debajo de los niveles de 2007, antes de la crisis
financiera.
En resumen, nos encontramos con un panorama donde ganan
mucho las grandes empresas y los bancos (10.815 millones los 6
grandes en el primer trimestre,+27%), pero que no destinan esos mayores
recursos a invertir en proyectos de futuro (la inversión privada sigue
por debajo a la de 2019) y a afrontar un crecimiento interno y una mayor
competitividad, sino que destinan cada vez más beneficios a retribuir a sus
accionistas (y a ellos mismos) por la doble vía de unos dividendos crecientes y
la recompra de acciones propias. Se dedican más a especular con las acciones
que a buscar fusiones, acuerdos e inversiones para dar un salto estratégico que
les favorecería a ellos y al país. Son empresas, en España, en Europa y en
el mundo, que se
dedican a “la ingeniería financiera y bursátil” antes que a invertir
en sus negocios, balances (mejora de capital) y trabajadores (salarios,
formación y empleo). Como se ve, no estamos ante una cuestión “técnica”
sino estratégica y de justicia social: destinar los beneficios a
crecer y crear más riqueza y empleo, no a que haya más multimillonarios.
Siguen las protestas de profesores y médicos por las
deficiencias en la sanidad y educación, pero nadie protesta por la
desatención de nuestros mayores, que esperan meses para recibir una
mínima ayuda o servicio para su dependencia. Y muchos se mueren antes de
recibirla. A punto de cumplirse los 20 años de la Ley de Dependencia,
el balance es muy preocupante: 3 de cada 4 mayores dependientes no
reciben una atención efectiva y tampoco 2 de cada 3 con limitaciones
severas. Los expertos reiteran que falta financiación para la
Dependencia y que para ampliar las ayudas y que sean más eficaces, habría que gastar
en los cuidados 12.000 millones más al año, el doble que ahora. Un reto
que hay que afrontar porque España es uno de las paises más envejecidos de
Europa y cada año habrá más dependientes: si ahora hay 3 millones de
personas con más de 80 años, en 2050 serán casi el doble (5,8
millones) y muchos necesitarán cuidados. No podemos dejarles tirados. Enrique Ortega
España tiene un grave problema estructural del que
casi nadie habla: el
envejecimiento creciente de la población, propiciado por el
aumento de la esperanza de vida, que es la
más alta de Europa: 84,3 años de media, frente a 81,7 en la
UE-27. Y esa esperanza de vida seguirá aumentando, hasta alcanzar los casi
87 años en 2050 y los 88 años en 2071, según
las previsiones del INE. Con ello, tenemos y tendremos cada vez más
personas mayores, muchas de ellas dependientes y necesitadas de cuidados.
Así, si hoy hay 10,2 millones de mayores de 65 años, en 2050 serán ya
algo más de 16 millones. Y los mayores de 80 años, un tercio de
los cuales pueden ser dependientes, pasarán de ser 3 millones ahora
(2025) a ser casi
el doble en 2050 (5.811.396 personas mayores de 80 años, de ellos, 95.095 mayores de 100 años).
Estas elevadas cifras de mayores y ancianos suponen un
gran reto para el país y sus familias. Desde hace décadas, todas
las políticas públicas reconocen que el cuidado de los mayores dependientes
no es una responsabilidad privada (de sus familias) sino “un derecho
social”, un servicio público para la cohesión social y el propio
funcionamiento del sistema económico. Y por eso, los paises desarrollados
han implantado “políticas públicas de cuidados”, como el cuarto
pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y
las pensiones. En España, en 2006 se aprobó la Ley de
Dependencia (295 votos a favor, 15 en contra y una abstención), que entró
en vigor el 1 de enero de 2007 y cumplirá ahora 20 años.
El balance de esta Ley de Dependencia tiene claroscuros,
siendo más negativo que positivo, según el
reciente estudio de CENIE. Por un lado, en estos 19 años largos se ha atendido
a 4 millones de dependientes (la mayoría mayores), aunque otro millón
se ha muerto antes de recibir alguna ayuda. En líneas generales, hay un
exceso de burocracia en el reconocimiento de la dependencia
y en la concesión de las ayudas (la espera media era en abril de 325
días, cuando la Ley marca 180 días), lo que provoca que muchos dependientes
se mueran antes de recibirlas (4 de cada 5 tienen más de 80 años). Y
además, las autonomías (que gestionan las ayudas a la Dependencia) ofrecen cada
vez más ayudas y servicios “low cost” (escasas y de poca calidad),
para llegar a más dependientes con un gasto que apenas crece. Y además, existen
grandes diferencias en la atención a la dependencia por autonomías,
unas con más dependientes desatendidos que otras. Como problema de fondo, los
expertos denuncian la infrafinanciación del sistema, la falta de
recursos públicos desde su nacimiento y ahora.
Los últimos datos de la Dependencia, del
IMSERSO, en
abril de 2026, concretan estos problemas estructurales del sistema. Primero,
la persistente desatención: había 268.850 dependientes
desatendidos a finales de abril (+6.897
que en diciembre), 116.762 pendientes de que se les reconozca una
dependencia y su grado (I,II y III, los “grandes dependientes”) y otros 152.088
dependientes que tienen reconocida alguna ayuda o servicio pero que están “en
lista de espera” para recibirlos (en el “limbo de la Dependencia). Una parte de
ellos mueren esperando esta ayuda que tienen reconocida: murieron esperando
8.996 dependientes en el primer trimestre de este año y 32.704 en todo
2025, según
los Directores de Servicios Sociales. El problema no es sólo que estas
“listas de espera” hayan crecido en 2026, sino que son muy
desiguales por autonomías. Primero, en el tiempo de resolución
de expedientes (325
días de media): son 551 días en Murcia, 457 en Andalucía,391 en
Asturias, 354 en Canarias o 350 en Madrid, frente a 117 en Castilla y León o
117 en Aragón. Y la lista de espera de las ayudas (esos 152.088 dependientes) se
concentra en Cataluña (48.695), Andalucía (32.888), Comunidad Valenciana
(16.129), Madrid (12.914) y Murcia (10.399).
El 2º problema de fondo, tras los retrasos y esperas, es que
las ayudas son escasas y de poca calidad, ayudas
“low cost”, para tratar de
llegar a más dependientes con poco coste. A finales de
abril, había 1.708.812 dependientes “atendidos”, la mayor cifra de estos
19 años, pero la mayoría recibía una ayuda económica escasa: 760.432
dependientes (el 30,87% del total) recibían una prestación económica
por ser atendidos por sus familias, una prestación muy insuficiente: 259,84
euros mensuales de media, según el
estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a
los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado III (que requieren cuidados
las 24 horas…). Actualmente, hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno
familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares, fundamentalmente
mujeres (4
de cada 5 cuidadores), que han tenido que dejar sus trabajos y reciben
estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte de una
cuidadora).
La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la
teleasistencia (la recibían 659.786 dependientes en abril, el
26,78%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender”
a los dependientes y subir los porcentajes de atención (hay autonomías como
Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia).
La 3ª ayuda más generalizada es la
ayuda a domicilio : la reciben 406.880 dependientes (el 16,52%), con
una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas diarias. Y encima hay
grandes desigualdades por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a
53,5 horas en Galicia o 25,6 horas mensuales en Castilla la Mancha y Cataluña).
Y casi todas incumplen las horas mínimas que fijó un Decreto en 2023
(37 horas para Grado I, de 38 a 64 horas para Grado II y de 65 a 94 horas para
Grado III).
El 4º servicio o ayuda que reciben más dependientes es la
prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque”
que reciben las familias para que luego contraten ellas el servicio que
quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y de pagar poco
(entre 100/313 euros, 150/445 euros y 200/747 euros, según los Grados), sólo
una parte del coste real de los
servicios: el resto lo pagan las familias (son los “copagos” de la
dependencia). Reciben este “cheque”
242.168 dependientes, el 9,83% del total, aunque la fórmula ha ido
creciendo y es muy mayoritaria en Extremadura (la reciben el 45% de los
dependientes), Castilla y León (25,50%) y Canarias (36,71% dependientes). Casi la mitad
de estos cheques (106.568) son para que el dependiente se pague una
residencia, que cuesta 5 veces más.
Sigamos con otros servicios y ayudas a los dependientes, los
más caros y que menos se conceden. El 5º es la
atención residencial (que reciben 188.002 dependientes, el 7,63%), una
ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si
la encuentran: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros
al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo
paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más
ofrecido son los
Centros de día y noche (lo reciben 111.632 dependientes, el 4,53% del
total).
Al final, el balance de estos 19 años de Ley de Dependencia
refleja que se trata de “un derecho cojo”, que deja a muchos
dependientes desatendidos (el 11,5% esperan que les reconozcan un
grado o les llegue la ayuda reconocida, porcentaje
que alcanza al 24% en Canarias, el 19,2% en Cataluña, el 18,8% en Murcia ,
el 15,8% en Asturias y el 14,4% en Extremadura) y que concede escasas ayudas
económicas y servicios “low cost” a los atendidos. Pero lo más preocupante
es que el sistema de la Dependencia, la 4ª pata (coja) del Estado
del Bienestar deja a muchos dependientes fuera: casi las tres cuartas
partes (el 72,4%) de los mayores de 65 con alguna limitación no reciben
ayudas y 2
de cada 3 mayores con limitaciones severas (el 63,1%) carecen del
apoyo público adecuado, según el estudio de CENIE (Centro Internacional
sobre el Envejecimiento).
Esta desatención a los mayores dependientes
obliga a realizar un
enorme esfuerzo a sus familias, tanto económico como de tiempo,
especialmente a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres,
esposos o hijos dependientes (recordemos: 4
de cada 5 cuidadoras son mujeres), lo que hunde en muchos casos sus
carreras profesionales y sus pensiones. El coste para una familia de
atender a un dependiente supone unos 10.105 euros anuales, según
un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero el coste es mayor en
muchos casos: atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000
euros anuales, según
CaixaBank, que estima que las familias asumen el 87% de este gasto (20.880
euros), financiando el sistema el 13% restante. En los últimos años, las
familias con dependientes han visto que, a pesar de las ayudas, tienen
que hacer copagos más altos. De hecho, en 2025, las familias pagaron
2.356 millones, casi el 20% del coste
total de los servicios de la Dependencia (11.847 millones). Mucho
más que los copagos en educación y sanidad.
Visto lo visto, el estudio
de CENIE y los
balances de los Directores de Servicios Sociales (DGSS) coinciden en un
punto: la principal causa de la desatención a los dependientes es la falta
de financiación a la Dependencia, desde 2007 que se inició el sistema
hasta hoy (agravado por los recortes de Rajoy, -6.321 millones a la
Dependencia entre 2012 y 2020). Y como en las próximas décadas se van a
duplicar los dependientes (recordemos: habrá 5,8 millones de españoles
mayores de 80 años en 2050), hay que plantearse aumentar el gasto en
Dependencia. El estudio
CENIE propone duplicar el gasto actual en Dependencia (12.000
millones en 2025, el 0,71% del PIB) para 2030, hasta los 24.000
millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, todavía menos de lo que
se gastan ahora en Dependencia los 38 paises de la OCDE (1,7% del PIB), en Paises
Bajos (4,1%) o en Suecia (3,7%). Y aunque supone duplicar el gasto, todavía
queda lejos de lo que España gasta ahora en pensiones (190.000
millones), sanidad (105.000 millones) o educación (75.000
millones).
Los expertos reiteran que el coste de la Dependencia
no es un gasto sino una inversión, porque tiene un
gran impacto en la economía : por cada euro destinado a la
Dependencia, el impacto en la economía (en sectores como el comercio, la
hostelería, la construcción, la industria, energía y actividades profesionales)
es de 1,6 euros, según el
estudio de CENIE. Y además, por cada euro gastado en Dependencia retornan
0,49 euros en ingresos por cotizaciones sociales e impuestos.
Actualmente, el sector de los cuidados emplea
a 770.760 trabajadores
(328.544 en atención residencial) y se estima que podría dar
trabajo a 440.000 más para 2030 si se mejora y generaliza la atención a
la Dependencia. Además, los cuidados informales (en el hogar) a los
dependientes suponen una
importante “economía invisible”, que no se cuantifica en el
PIB (aporta entre 60.000 y 79.000 millones anuales).
Pero no se trata sólo de gastar más en
Dependencia. El estudio
de CENIE y los
expertos coinciden en que urge hacer dos cambios de fondo
en el sistema. Uno, mejorar la gobernanza, reduciendo
la excesiva burocracia actual (hay dos procesos, uno para reconocer la
dependencia y otro para evaluar y aprobar las ayudas) y simplificando los
expedientes, para “universalizar” la atención, estableciendo además unos estándares mínimos
para reducir las desigualdades regionales. Y el otro, cambiar el
modelo de asistencia y ayudas, para priorizar los servicios
profesionales frente a las ayudas económicas, aumentado coberturas y calidad,
impulsando la asistencia personal y fomentando la atención en el hogar frente
a las residencias, que deben ser más pequeñas y atractivas. Y en este
camino, resulta clave reducir la precariedad y mejorar la formación, profesionalidad
y salarios del personal que atiende a los dependientes.
En resumen, ante
un envejecimiento imparable en España, urge avanzar hacia
un sistema de cuidados universal, equitativo y sostenible, lo que
exige duplicar el gasto actual y modificar
radicalmente la gestión actual de la Dependencia, para hacerla más ágil
y eficaz, un cambio que exige pactarlo entre el Gobierno y las autonomías (algo
hoy inviable). Hay que tomárselo en serio y crear un sistema de atención a la
Dependencia más eficaz, que afronte el reto de duplicarse los
dependientes para 2050. Hoy tenemos
un derecho social que no se garantiza, por falta de medios. Si
queremos reforzar el Estado del Bienestar, no sólo hay que pensar en la
sanidad, la educación o las pensiones. Hay que pensar en el futuro de
nuestros mayores. No podemos dejarles “tirados”.
A partir de este domingo 24 de mayo, quedan 100 días para
adjudicar los proyectos que se financian con los Fondos
europeos, 103.000 millones de euros para el Plan de Recuperación
puesto en marcha en 2021, tras la pandemia. Y hay que correr, porque a
finales de marzo sólo se habían adjudicado 67.000 millones, el 71% de
los Fondos, y el plazo se acaba el 31 de agosto. En principio, lo
que no se adjudique se pierde, aunque el Gobierno ha pedido a Bruselas una
prórroga de 6 a 12 meses. Y además, aprobó este martes un Fondo soberano
(“España crece”), con recursos de estos Fondos UE para seguir
promoviendo inversiones después de 2026. Además, faltan
reformas por aprobar (bloqueadas en el Congreso) para conseguir el
7º pago de Bruselas, 24.166 millones, antes de finales de año. Es mucho
dinero, que debería anteponerse a las peleas políticas. Porque los Fondos
Europeos han sido y son claves para modernizar la economía,
crecer más y crear millones de empleos. Ahora, no se puede perder ni un euro.
A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar
y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el
Tesoro español recibió la
primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”.
El primer
desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27
de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras
confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas.
El 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un 2º desembolso oficial a España: otros
12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40
hitos más. Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea
autorizó el
tercer desembolso condicionado para España: 6.000
millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España
había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022. Y en pleno verano, el 26 de
julio de 2024, España
recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras
confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más. El 5º pago
fue el
que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, siendo el de mayor
importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y
16.000 millones en créditos, tras solicitar España (en
las Navidades de 2022) recibir también créditos europeos, a cambio de más reformas.
El 6º pago de Fondos europeos lo
ha solicitado España el pasado 3 de marzo, por un importe de 7.256
millones de euros (6.205 millones en subvenciones y 1.051 millones en
créditos), tras justificar el cumplimiento de otros 78 hitos y objetivos. La
Comisión Europea aprobará este pago en mayo y lo ratificará el Consejo en
junio. Con ello, España habrá recibido este verano un total de 78.294
millones de Fondos europeos (60.511 millones en subvenciones a fondo
perdido y 17.783 millones en créditos), tras haber cumplido 343 hitos y objetivos
de reformas, el 70% del total, según el Gobierno. Y queda
por recibir este año el 7º y último pago, a solicitar en
septiembre, por un importe de 24.166 millones de euros (18.649 millones
en subvenciones y 5.517 millones en créditos), un pago elevado, que implica
aprobar los hitos y reformas pendientes (247) y adjudicar los proyectos en
trámite.
El problema es que Bruselas obliga a los paises a adjudicar
los proyectos del Plan de recuperación antes del 31 de agosto de 2026, so
pena de perder el dinero disponible (en el caso de España, esos 24.166
millones). Y España, como el resto, va retrasada en las adjudicaciones. Al
31 de marzo de 2026, España había adjudicado 67.000 millones de
euros, el 71% de los Fondos disponibles, según
el balance hecho por el vicepresidente Cuerpo en el Senado. Estos Fondos UE
ya adjudicados benefician a 1.460.000 adjudicatarios, entre empresas
(70% son pymes y micropymes) y particulares, habiéndose transferido
17.000 millones a las autonomías, 9.300 a las Corporaciones locales y 40.000 a
la Administración del Estado, quienes ahora deben gestionar los
proyectos. La mayoría son proyectos de digitalización, infraestructuras y
cohesión territorial (corredores Mediterráneo y Atlántico), proyectos
industriales y tecnológicos de vanguardia y proyectos de energías
renovables, transición energética y movilidad sostenible.
Como se ve, aún
quedan muchos proyectos por adjudicar (unos 27.000 millones de
euros) y poco tiempo para hacerlo, ya que el 31 de agosto es la fecha
límite para asignar todas las inversiones financiables con Fondos UE (subvenciones
y créditos) mediante la resolución de las convocatorias y licitaciones
pertinentes. Y, en paralelo, España deberá justificar ante Bruselas que ha
cumplido todos los hitos y reformas pendientes (247) que se exigen para
recibir el 7º y ultimo pago (esos 24.166 millones). Una doble carrera
contra reloj, donde la mayoría de paises europeos están retrasados,
como España.
Por eso, la propia Comisión
Europea aprobó en junio de 2025 una
Comunicación a los paises donde les pidió que agilizaran los
Planes de Recuperación, suprimieran las reformas que no se pudieran cumplir
y aumentaran los proyectos con mucha demanda. En cumplimiento de esta petición,
el Gobierno aprobó
el 9 de diciembre una “Adenda de Simplificación del
Plan de Recuperación”, para agilizar el proceso administrativo de
adjudicación, priorizando proyectos y acelerando la aprobación de los hitos
y objetivos que dan acceso a las subvenciones (79.854 millones en total),
reduciendo los créditos a pedir (iban a ser 83.200 millones y se quedan ahora
en 22.800, porque España tiene un buen acceso al crédito libre, ahora barato),
lo que permitirá reducir los hitos y reformas vinculados a estos créditos.
Tras
la Adenda de simplificación, se eliminan 17 reformas con rango de Ley
(difíciles de aprobar y que ya no se harán) y quedarán 230 hitos o reformas,
que habrá que aprobar antes del 31 de agosto. España
ya ha renegociado 5 veces con Bruselas los programas de inversión y
las reformas, con el objetivo de no perder ni un euro de subvenciones (79.854
millones), aunque podría perder algunos créditos (22.800 millones en total), o
cambiar esos proyectos por subvenciones. Por un lado, se adelantan objetivos
y se cambian unos proyectos por otros, intentando incluir programas de defensa
(como ha hecho Polonia), inicialmente fuera del Plan de recuperación. Y se
negocia que los Fondos no gastados puedan rescatarse después en forma de
Fondos estructurales, con margen hasta 2027. Y la última carta: el
presidente Sánchez
planteó en la última Cumbre informal de Chipre
(24 de abril) que el Plan de recuperación se ampliara 6 meses o un año
más, para poder adjudicar los últimos proyectos y las últimas reformas,
una prórroga que sería bien vista por otros paises.
Si es complejo adjudicar
en 100 días los proyectos pendientes (unos 27.000 millones), quizás resulta
más complicado aprobar
en este plazo los hitos y reformas pendientes, máxime cuando el
Gobierno está en una permanente “minoría parlamentaria”, con el “chantaje”
de Junts y la oposición a todo del PP y Vox. El problema (grave) es
que sin estas reformas no llegarán los Fondos UE de la 7ª entrega
(24.166 millones). Entre estas reformas
prometidas a Bruselas y que están paradas están la
subida de impuestos al gasóleo, la Ley de Industria, el proyecto de
Ley de la Función Pública, el proyecto de Ley de Familias, la Ley de mejora
de la protección del desempleo, el real decreto que refuerza la universalidad
de la sanidad, la Ley de Protección de la Competencia, el sistema de cuotas de
autónomos…Proyectos y reformas atascados en el Parlamento. Mientras, el
Gobierno busca vías para aprobar otras reformas con normas y Reglamentos que no
tengan que convalidarse en el Congreso.
Como vemos, adjudicar los últimos proyectos de inversión y aprobar
las últimas reformas en estos 100 días es una tarea gigantesca,
máxime sin la colaboración de la oposición. Pero debería ser una “prioridad
nacional”, porque España no puede permitirse perder ni un euro de los
casi 103.000 millones de Fondos europeos que nos corresponden (79.854
millones en subvenciones y 22.800 millones en créditos). Algunos
expertos estiman que, al ritmo actual de adjudicaciones y reformas, podríamos
perder el 10% (unos 10.000 millones).
El Gobierno Sánchez, además de presionar a Bruselas
para conseguir una prórroga, ha buscado una vía para recuperar el dinero que
no se gaste: este martes aprobó
la creación de un Fondo Soberano (“España Crece”) que
se financiará con 13.300 millones no gastados del Plan de Recuperación,
unos recursos que se destinarán al ICO (Instituto de Crédito Oficial, un
sucedáneo de “banco público”) para que con ellos financie proyectos de
inversión a partir de junio y, sobre todo, en 2027 y 2028. El
objetivo es que con estos “Fondos UE reciclados”, se puedan movilizar
inversiones por 120.000 millones de euros, arrastrando inversiones
privadas. El objetivo de este Fondo soberano (similar a los que
tienen Noruega y muchos paises del Golfo Pérsico) es seguir promoviendo
inversiones en sectores claves para modernizar la economía: digitalización,
descarbonización y sostenibilidad energética, tecnología, Defensa, vivienda
asequible y mejora de competitividad de las pymes. Ahora falta que la
Comisión Europea apruebe la creación de este Fondo “España Crece” con
Fondos UE.
En definitiva, España
tiene ante sí el mayor reto: cerrar en 100 días un Plan de Recuperación que
cumple 5 años y que ha transformado radicalmente la economía española,
disparando las inversiones en digitalización, energía, infraestructuras y
nuevas tecnologías. Este empujón de los Fondos europeos explica entre
el 10 y el 14% del crecimiento español entre 2021 y 2025, según
Funcas, que ha sido estos 5 años muy superior al de Europa (+21,9% creció el PIB en España, frente a +12,9% en la UE-27). Y junto al turismo, los
inmigrantes y las exportaciones, los Fondos UE han ayudado a crear
3.118.700 nuevos empleos en esos 5 años.
Ahora, no se trata de criticar si el cumplimiento del Plan
de recuperación va
lento o no (es el mayor reto inversor de nuestra historia para el
Estado, las autonomías, Ayuntamientos y empresas) y si se puede agilizar más
(hay más
de 3.700 funcionarios y empleados públicos trabajando en el Plan y se han
aportado ya más de 1,7 millones de documentos de verificación a Bruselas,
un tremendo reto burocrático). Lo importante es que hay que volcarse en estos 100
días que quedan, desde el Gobierno a todas las autonomías,
Ayuntamientos y empresas implicadas, para acelerar las adjudicaciones y
poner en marcha los proyectos. Y habría que lograr un pacto político
para que el Congreso trabajara a destajo (incluso en agosto) para aprobar como
sea las reformas que nos exige Bruselas, so pena de perder muchos millones.
Pero no parece que los políticos estén por acordar esta doble tarea, así que perderemos
dinero, proyectos y empleos. Es una “vergüenza nacional”.
La inflación subió un +3,2% anual en abril, el
2º mes que supera el 3%, por la guerra en Oriente Medio, aunque la
subida es mucho menor a la que provocó la invasión de Ucrania (hasta +10,8%
en julio 2022). El problema es que llueve sobre mojado: en los últimos
5 años, la inflación acumulada sube un +22,9%, siendo mucho mayor la
subida de alimentos (+36,4%), alquileres (+42,8%), hoteles y
restaurantes (+30,6%) o transporte (+22,3%). Y sobre todo, los
precios han subido más que los salarios (+14,93% en los últimos 5 años),
con lo que la mayoría de familias han perdido poder adquisitivo, más que
en Europa. Por eso, aunque la economía y el empleo crecen más en España, muchos
ciudadanos “no notan” esta mejoría y más de la mitad cree que la
economía está “mal o muy mal”. Para corregir este pesimismo, sólo queda
una salida: subir más los salarios, tras varios años en que las empresas
han mejorado mucho sus ventas y beneficios. Urge repartir mejor el
crecimiento. 
La posible explicación a esta aparente contradicción
(“España va mal, pero yo voy bien”) puede estar en la caída
de la confianza del consumidor tras varias crisis (pandemia, invasión
de Ucrania, guerra en Oriente Medio) y, sobre todo, en la preocupación
por la inflación y la vivienda, los dos
problemas que más destacan los encuestados por los Barómetros del CIS.
La inflación no debería preocupar tanto,
porque bajó dos
décimas en abril (al 3,2%), gracias a la rebaja de impuestos a los
carburantes y a la electricidad (que cuesta la mitad que en Europa, por el
mayor peso de las renovables). Y ese 3,2% de inflación está muy lejos de
los precios disparados tras la crisis anterior, la que siguió a la
invasión de Ucrania (24 febrero 2022): llegó a subir por encima del 10% entre
junio y agosto de 2022 (con un
máximo del 10,8% de inflación en julio 2022) y no bajó del 4% hasta
mayo de 2023. El problema no es la inflación actual, sino que
llueve sobre mojado y los consumidores han sufrido subidas
constantes de precios en los últimos 5 años que se han comido sus ingresos
y ahorros. Veámoslo.
La inflación “acumulada” hasta abril de 2026
(desde abril de 2021) ha sido del +22,9%, según el INE, aunque hay muchas
partidas de gasto que han subido mucho más (o bastante): alimentos
(+36,4%), restaurantes y hoteles (+30,6%), bebidas y tabaco
(+25,2%), transporte (+22,3%), seguros y servicios financieros
(+20,6%), cuidados personales (+19%), gastos de vivienda, luz, agua y
calefacción (+17%) y muebles (+14,9%). Y los alquileres han subido mucho
más: +42,8% entre abril de 2021 y abril de 2026, según
Idealista. Y si nos vamos más atrás, hasta abril de 2008, los precios han
acumulado en los últimos 18 años (hasta abril 2026) una subida del +41%.
Y han
subido mucho más los alimentos (+59%), los seguros y servicios financieros (+71,9%),
los restaurantes y hoteles (+53,1%), la enseñanza (+47,5%), los gastos de la
vivienda (+45,3%) y el transporte (+42%). Y los
alquileres subieron un +76,5%...
Esta subida acumulada de los precios no
afecta a todos por igual: daña
más a las familias con menos ingresos, porque gastan más porcentualmente
en alimentación, energía, transporte y alquileres, los productos y servicios
que más se han encarecido, con lo que han tenido que modificar y recortar sus
gastos (ahorrando en carnes, pescados y verduras frescas, por ejemplo), con más
problemas para llegar a fin de mes. Y además, la
subida de precio de los carburantes les afecta más y funciona como “un
termómetro emocional” de la inflación, alimentando la creencia de que la
economía va “mal” o “muy mal”. Y encima, la subida de la inflación y la
incertidumbre geopolítica han frenado en seco la bajada del Euribor,
con lo que se les encarece la hipoteca que tienen pendiente (o
una que pensaran pedir): el
Euribor cerró abril en el 2,747%, el precio más elevado del
último año y medio, con lo que la próxima revisión de una hipoteca media (163.378
euros a 25 años, al Euribor+1%) les supondrá pagar 839 euros al mes, 52 euros
más que hace un año (+624
euros al año).
El problema es que esta
inflación acumulada en los últimos años se ha “comido” los ingresos
de la mayoría de las familias, porque los sueldos han crecido mucho menos y han
perdido poder adquisitivo, teniendo que echar mano de los ahorros o endeudándose.
En los últimos 5 años (2021-2025), los
salarios en convenio crecieron
un +14,93%, con lo que las familias perdieron un -8,8% de poder adquisitivo.
Y si nos vamos más atrás, al inicio de 2018, los salarios han subido un +47%
hasta finales de 2025, mientras la inflación acumulada subía un 41,8%. Así que
los españoles han tenido una subida
real de sus ingresos en los últimos 18 años del +5,2% (ganan 2.531
euros de media, 812 euros más que en 2008). Con razón vemos que el sueldo no
da… Y si miramos lo que pasa este año 2026, seguimos
perdiendo poder adquisitivo: los precios han subido un 3,2% anual hasta abril y
en estos 4 meses, la subida media pactada en los convenios ha sido del 2,94%
(balance: -0,26%) .
Como pasa con los precios, la pérdida de poder
adquisitivo es desigual, según las familias y sus ingresos. Tomando
los datos de 2025 (un año en que se ganó poder adquisitivo:+0,5%), hubo
2 millones de trabajadores en empresas privadas que perdieron poder
adquisitivo (porque su salario subió menos que la media), +3,5%), 4,4
millones que lo ganaron y otros 3,7 millones que lo mantuvieron. Y los 3,1
millones de empleados públicos lo mantuvieron (sin ganar ni perder). Y con
ello, en 2025, España
fue el país europeo donde menos aumentó el poder adquisitivo de los
trabajadores (+0,5%), menos que Francia (+0,8%) o Dinamarca (+0,6%), Italia
(+1,1%), Alemania (+1,4%), Irlanda (+1,8%), Paises Bajos (2,3%), Portugal
(+3,8%), Finlandia (+4,1%), Suecia (+6,6%).
Este menor aumento del poder adquisitivo en España
tiene 2 causas. Una, que España tiene más inflación que la
media europea y que los grandes paises: en abril, la inflación anual de
España (el dato “homologado”) fue del +3,5% anual, frente al 3% de media
en la zona euro, el 2,9% de Alemania e Italia y el 2,5% en Francia, según
Eurostat. Y la otra, que los sueldos en España han subido menos,
algo que pasa desde hace décadas : entre 2000 y 2024, los salarios reales
(descontando la inflación) han subido un +5,1% en España, frente a una
media del +19,4% que subieron en la OCDE (38 paises occidentales), una subida
real del +19,7% en Francia, un +17% en
Alemania, un +2,3% en Italia o un 7,3% en Portugal.
Esta mayor pérdida del poder adquisitivo en España alimenta
el pesimismo de los que ven la economía “mal” o “muy mal”, máxime
cuando estalla otra guerra que dispara la energía y cuando siguen subiendo los
alquileres. Y esto se refleja en el índice
de Confianza del Consumidor,
que publica el CIS, que ha bajado tras la
guerra en Irán (del 79,6 en marzo de 2025 al 66,9 en marzo de 2026), aunque se
sitúa por encima de antes de la pandemia (63,3 en marzo 2020). Un indicador que
refleja que el 29,4% de las familias llegan justo a fin de mes y otro
14,9% lo tienen difícil y han de recurrir a los ahorros o a endeudarse.
Eso sí, las ayudas públicas desplegadas por el Gobierno Sánchez por la
pandemia y la invasión de Ucrania, más las reformas fiscales, han permitido que
las familias más vulnerables (el 20% con menos ingresos) hayan
mejorado su poder adquisitivo entre 2017 y 2023, según un reciente
estudio del Instituto de Estadios Fiscales, que demuestra que se ha reducido
esos años la
desigualdad, aunque todavía es elevada:
el 10% más rico ingresa 23,1 veces que el 10% más pobre.
Esta pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de
hogares contrasta con la mejora de ventas, márgenes y beneficios de las
empresas, sobre todo a partir de 2023. Los últimos datos del Observatorio
de Márgenes Empresariales demuestran que los márgenes empresariales (el
excedente bruto de explotación) están en máximos, tanto en cifras
absolutas como en los aumentos: crecieron un +10,7% entre 2018 y 2019 y han
aumentado un +12,9% en 2024-25. Y si descontamos la inflación, los
márgenes empresariales (beneficio bruto) han crecido un +30% entre 2019
y 2025, frente al 13% que han crecido los salarios reales. A lo
claro: que en el reparto del pastel del crecimiento (PIB), las empresas han
aumentado su trozo casi el doble que los trabajadores. Y los
sectores donde ha crecido más el margen real (descontando la inflación) estos
últimos años (entre 2018-19 y 2024-25) han sido la energía (+5% de
margen sobre ventas), la hostelería y turismo (+4,6%), el comercio
mayorista de alimentos (+1,9% de margen real) y la construcción (+1,4%),
sectores donde los salarios han perdido peso real.
El bajo crecimiento de los salarios, frente a una
alta inflación acumulada, preocupa al Gobierno, porque impide
que la mayoría de las familias se beneficien más del alto
crecimiento y la importante creación de empleo (+3.326.100 ocupados entre
2020 y 2026). Y proponen qué hacer: “Que nadie nos diga que no
se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen”, declaró
el presidente Sánchez en febrero pasado, al firmar el nuevo salario mínimo.
Y cara al 1 de mayo, los sindicatos han reiterado a la patronal que se
siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC), tras el
V Acuerdo firmado para 2023-2025. Su propuesta es que los
salarios suban un 4% cada año, más un 1,5% adicional si se dispara la
inflación. Y subidas extras de hasta el 3% para los trabajadores que
cobran menos de la media de su sector. De momento, han pasado 5 meses y la
patronal no tiene prisa en negociar las futuras subidas, que defienden
menores.
Al final, la mayoría de las familias
están “agobiadas” por la inflación, no tanto por la subida de
cada mes sino por la acumulada en los últimos años. Aquí poco se
puede hacer, salvo vigilar los excesivos márgenes de algunos sectores,
aunque mucha inflación es importada, por el aumento de costes de la
energía y las materias primas. Donde sí se puede actuar es en los
salarios, que deberían subir más por dos razones. Una,
porque ahora pueden hacerlo la mayoría de las empresas, que
llevan años subiendo ventas y márgenes (no sólo costes, como dicen). Y la otra,
porque los sueldos en España siguen siendo de los más bajos de Europa,
según
Eurostat: 19,5 euros la hora en 2025, frente a 26,2 euros/hora de media en
la UE, 34,5 euros en Alemania, 30 euros en Francia y 23 en Italia.
España y sus empresas no pueden seguir compitiendo como la
China de Europa, a
base de salarios muy bajos que compensen la menor competitividad de los
productos y servicios. La economía española está modernizándose y ya hay
más empresas con innovación y tecnología, que exportan y mejoran sus márgenes y
beneficios, que pueden mejorar los sueldos de sus trabajadores, sobre
todo de los que menos ganan (el 40% de los asalariados ganan entre 1.582 y
2.659 euros brutos, según
el INE). Y esta mejoría salarial (nada descabellado: piden
subir los sueldos un 4%) es necesaria para que más familias se beneficien de
la buena marcha de la economía y puedan llegar a fin de mes. Y también para
que se mantenga y aumente el consumo, motor clave para crecer y crear
empleo, pero clave también para que las empresas vendan y ganen más.
Es hora de repartir
mejor el aumento del pastel entre empresas y trabajadores. Hay que subir
más los salarios para repartir mejor el crecimiento.
