Muchos creen que los videojuegos son “cosa de chavales”,
pero hay 3.400 millones de jugadores en el mundo, con 36 años de media.
Y en España, 31 millones de personas juegan a videojuegos, con 31 años
de media y 7,7 horas a la semana. Así se
ha creado una industria que factura más que la música y el cine
juntos, en el mundo y en España. Un negocio que crecerá en
el futuro, con los móviles, las redes sociales y la realidad virtual, en medio
de una “guerra” por este pastel entre Google, Facebook y los demás gigantes de
Internet. El Gobierno europeo y el español apuestan por ayudas a esta
industria, por tecnología, empleo y cultura, regalando incluso 200 euros a jóvenes que hacen los 18 años para que compren videojuegos. Pero preocupa el riesgo de adicción
y los contenidos violentos para niños y adolescentes, aunque también se utilizan videojuegos para enseñanza, deporte, sanidad y empresas. Ojo a esta potente
industria con millones de usuarios, porque no toda es “cultura”. Enrique Ortega
Más de 4 de cada 10 habitantes del mundo consumen videojuegos:
3.422 millones de personas jugarán en 2024, según
los datos de la consultora Newzoo. Su edad media es de 36 años y el
83,2% juegan a través del móvil, el 26,5% en ordenadores y sólo el 18,4% en
consolas. Más de la mitad juegan en Asia-Pacífico (53%), seguidos de Oriente
Medio y África (16%), Europa (13%), Latinoamérica (11%) y Norteamérica (75).
Por paises, EEUU lidera el número de “videojugadores” (209,8 millones),
seguido de lejos por Japón (77,1 millones), China (74,1 millones)
y Corea del sur (34,1 millones). En Europa, Alemania lidera el ranking
de jugadores (49,5 millones), seguida de Reino Unido (39,5), Francia (38,8),
Italia (36,1) y España (31,7 millones de jugadores en todas las
edades), según
los datos de Newzoo, que coloca a nuestro país como el nº 13 en
el ranking mundial de videojugadores.
La industria mundial de videojuegos facturará 187.700
millones de dólares (178.315 millones de euros) en 2024, según
Newzoo, una cifra que supera la facturación conjunta del cine (48.000
millones de euros) y la música (53.000 millones de euros) y que la convierte en
la 2ª industria de ocio en el mundo, sólo por detrás de la televisión
(que factura más de 400.000 millones). La mitad lo facturan los videojuegos
a través de los móviles (92.600 millones de dólares),
seguidos de las consolas (51.900 millones) y ordenadores (43.200
millones). El mercado donde más facturan los videojuegos será
este año China (86.300
millones dólares), seguido de cerca por EEUU (71.320 millones) y, más
lejos, Japón (25.600 millones), quedando a mucha distancia Corea (8.821
millones), Reino Unido (8.121) y Alemania (4.895 millones dólares). España
ocupa el 10º lugar en el ranking de facturación por videojuegos: 1.479
millones de dólares estimados para 2024, según
el Informe Spain Audiovisual, aunque es el tercer país con más crecimiento
del negocio (+13,1%), tras China y USA.
Centrándonos en España, los videojuegos son también la
principal industria del ocio y entretenimiento, según la SGAE, ya
que facturaron realmente 2.339 millones de euros en 2023 (1.038 por ventas
físicas y 1.301 millones por venta online), según
la patronal AEVI, más que la facturación conjunta de la
música (901 millones) y el cine (512 millones). Y también por
delante de la facturación de la industria editorial (1.602 millones de
euros), superando sólo a los videojuegos la TV y los vídeos (3.822 millones de
facturación). En 2023 se vendieron en España 1.108.880 consolas y 6,4
millones de juegos para consolas, 67.297 juegos para ordenador y 3,1
millones de “accesorios” para jugar, según
AEVI.
El dato
de jugadores en España que da la industria del videojuego son 20,05 millones
en 2023, menos que Newzoo (31,7 millones), porque se refieren a los que tienen
entre 11 y 64 años. Otra estadística, la de CIMEC, cuantifica 21.795.866
jugadores en España entre los 14 y los 70 años. En cualquier caso, el
estudio de AEVI indica que el 51% de los videojugadores son hombres
(49% mujeres), de 31 años de edad media y de todas las edades:
entre 6 y 11 años juegan el 79%, entre 11 y 24 años el 85%, entre 25 y 34 años
el 82%, entre 35 y 44 años un 60% y sólo baja al 27% entre los mayores de 45
años. Y se juega más en zonas urbanas (53%) y en familias de clase media
y media alta. La mayoría (el 70,8%) juegan todas las semanas, una media de 7,71
horas semanales, un tiempo de juego que es mayor que en Francia (7,4 horas)
e Italia (6,5 horas) pero menor que en Reino Unido (juegan 10,8 horas semanales)
y Alemania (10,4 horas).
En España había 524 empresas dedicadas a los
videojuegos en 2023, con 7.106 empleados, según
AEVI, que destaca una concentración del sector en Cataluña
(133 empresas y 3.036 empleos), Madrid (118 empresas y 2.060 empleos), Andalucía
(80 empresas y 612 empleos) y la Comunidad Valenciana (44 empresas y 367
empleos). España tiene la mitad de empresas de videojuegos que Francia (700) o
Alemania (717) y menos empleados (8.000 en 2022 frente a 19.000 en Francia o
10.906 en Alemania), lo que hace que las empresas españolas facturen
menos por empresa (2,9 millones de euros frente a más de 5 millones
Francia y Alemania). Con todo, España destaca en innovación y tecnología,
colocando juegos en los rankings mundiales de ventas y con una alta formación
de los trabajadores del sector.
Una parte del negocio de los videojuegos donde destaca
España son los
e-Sports (competiciones de videojuegos, ligas donde compiten
videojugadores en distintos juegos): esta parte del mercado crece más rápido en
España que en el resto de Europa, por el gran interés de equipos deportivos de
alto perfil, patrocinadores y audiencia, según
este informe de la consultora PwC. De hecho, España es el 8º país del mundo con mayor audiencia de los
eventos “e-Sports” (5,5 millones de seguidores), aunque este nuevo negocio
sólo facture en España 44,7 millones (previsión 2024). Pero España destaca por
su organización y estructura del negocio, con una potente plataforma
organizativa (la Liga de Videojuegos Profesional,
LVP, promovida por la productora Mediaset), con más de 77 millones de espectadores, que
organiza 100 eventos anuales en el mundo y el Festival Gamergy en Madrid.
Cara al futuro, los
expertos de Newzoo auguran un fuerte crecimiento a la industria de
los videojuegos: esperan que se alcancen 3.759 millones de jugadores
en el mundo en 2027 (+9,8%) y que el sector facture entonces 213.300
millones de dólares(+13,8%), creciendo más el negocio que los jugadores,
gracias al juego a través de plataformas de Internet y por la
incorporación de jugadores a través del “metaverso” y la
realidad virtual. De hecho, los videojuegos a través de la realidad
virtual (principalmente con “gafas”) mueven ya 4.400 millones de dólares en el
mundo, 70 millones de ellos en Francia, 90 en Reino Unido y 30 millones en
España. Y además, la
Inteligencia Artificial (IA)
está abriendo nuevas vías a la generación de contenidos y va a revolucionar esta
industria.
De momento, el mayor crecimiento de los videojuegos se
está dando en “plataformas” que permiten jugar “en
streaming” (acceso directo o diferido por Internet de un contenido sin descargarlo),
con ingresos por suscripciones, publicidad o donaciones. Gigantes de Internet
como Google (lanzó en 2019 su plataforma de videojuegos Stadia) o Facebook
(compró en 2019 PlayGiga, empresa española de videojuegos en la nube) están
empeñados en quedarse con una parte del pastel de los videojuegos online,
un negocio donde también han entrado ya Microsoft, Amazon, Apple o Alibaba. En
España, casi la mitad de los jugadores dedican tiempo a
jugar en plataformas de streaming: la plataforma líder, según Statista, es Twich, que utilizan el 58% de
estos usuarios de plataformas, seguida por YouTube Gaming (43% jugadores) y Facebook Gaming (21%). Estos
jugadores de plataformas son mayoritariamente hombres, menores de 35 años y
viven en ciudades.
Curiosamente, el Gobierno Sánchez apuesta desde hace
años por la industria del videojuego en España, porque supone una
apuesta por un sector innovador y tecnológico, exporta la mayor parte de su
actividad, crea empleo joven y defiende el español (una lengua que hablan
600 millones de personas en el mundo). Por eso, cuando el Gobierno aprobó el Plan
de Recuperación de España, en abril de 2021, dedicó un apartado (el
Componente 25) a promover la industria de los videojuegos,
con el objetivo de convertir
a España en un gran “Hub audiovisual” (nudo), un centro
neurálgico que atraiga cerebros y capitales extranjeros a la industria
audiovisual y los videojuegos, destinando 200 millones de los Fondos europeos.
Para ello, el sector contará con 1.264 millones de ayudas públicas entre 2021
y 2025, sumando a los Fondos Next Generation otros Fondos europeos (FEDER y
Europa Creativa) y recursos propios del
Presupuesto español (8
millones anuales).
Otra medida de apoyo público al sector de los videojuegos
fue la aprobación, en marzo de 2022, del Bono
cultural para jóvenes, 400 euros que reciben cada año los que
cumplen los 18 años. De esa cantidad, la
mitad pueden gastarla los jóvenes en videojuegos: 100 euros en videojuegos
físicos y otros 100 en juegos online. En 2022, 281.577 jóvenes (la mitad
de los que cumplieron ese año los 18 años) se
beneficiaron del Bono cultural (y se supone que muchos compraron
videojuegos, aunque no hay datos oficiales). Y tanto en 2023 como en 2024, algo
más de 500.000 jóvenes se pueden beneficiar cada año de esta ayuda y
gastarse hasta 200 euros de lo que reciben en videojuegos…
La tercera medida importante de apoyo a esta industria la
tomó el Gobierno español en noviembre de 2023, al promover (dentro de la
Presidencia española de la UE) un
Consejo Europeo que acordó “proteger
la dimensión cultural y creativa del sector de los videojuegos”, pidiendo
a los Estados miembros que ayuden a las empresas europeas a crecer, innovar y
financiarse, fomentando las coproducciones europeas, apoyando la
cooperación con otras industrias culturales y promoviendo la competitividad de
las pymes de videojuegos. En definitiva, que ya no es España sino los
27 paises UE quienes apuestan por
ayudar a este sector como una de las industrias europeas con futuro
en el mundo.
El sector de los videojuegos ha crecido mucho y tiene futuro,
pero debe afrontar una serie de retos pendientes. Uno evidente
y difícil, la lucha contra la piratería: el 15% de los jugadores accede
a videojuegos de forma ilegal, tanto juegos online (15%) como en formato físico
(26%), según
el Observatorio de la Piratería. Cada año se piratean 308 millones de contenidos
(videojuegos) y es el 2º sector con más pirateo (tras la música), con unas
pérdidas de 9.117 millones de euros (y 154 millones que venderían más
si no hubiera piratería). El otro gran problema del sector es conseguir
financiación privada, mientras piden que junto a las ayudas públicas se
aprueben incentivos fiscales a las empresas. Y más ayudas a la
internacionalización, otro gran reto del sector, junto al aumento
de tamaño de las empresas (sólo
el 5% tienen más de 50 empleados). De
momento, no se quejan de falta de personal cualificado, porque muchas empresas y
Universidades han multiplicado los Master y estudios en videojuegos (incluso
hay 2 cursos en FP), con gran acogida entre los jóvenes por su alta "empleabilidad".
También el conjunto de la sociedad tiene que afrontar dos
problemas que suponen el auge de los videojuegos. Uno, el riesgo de “adicción”,
sobre todo entre niños y adolescentes. De hecho, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió en junio de 2018 incluir la
adicción a los videojuegos en la nueva Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-11),
una lista que entró en vigor en enero de 2022. Antes, en febrero de 2018, el
Gobierno Rajoy incluyó a los videojuegos y al juego como
“adicciones”. Y los expertos estiman que un
2% de los usuarios de videojuegos acaban siendo “adictos”.
El otro problema de los videojuegos son los contenidos: muchos
son excesivamente violentos y mantienen ciertos sesgos machistas o racistas.
De hecho, el género “de acción” es
el más vendido (1,7 millones de juegos, el 26,7% del total) y 317.772 ( el
5%) fueron “de disparos”(FPS) y otros 153.959 “de lucha”, siendo
otros 645.335 (10%) “juegos de rol” (fantasía, terror, magia y ciencia
ficción). Las empresas insisten en que “cuidan los contenidos”, pero las
advertencias que les obligan a incluir , por la clasificación
PEGUI (“violencia”, “lenguaje soez”, “drogas”, “juego”, “miedo” o “discriminación”…)
dan miedo. Y muchos padres no lo controlan ni saben a lo que juegan sus hijos.
Eso sí, los videojuegos pueden ayudar mucho a los educadores, a
la cultura, a la sanidad, al deporte y a las empresas. Son los llamados “serious games”,
pero suponen una parte marginal del negocio: sólo son el 14% de las ventas y
trabajan en ellos 1 de cada 5 estudios.
En resumen, estamos ante un negocio creciente e
imparable, los videojuegos y e-Sports, que siguen el 41% de
habitantes del Planeta y más de la mitad de los españoles. E irá a más,
con Internet, las redes sociales, el “metaverso” y la realidad virtual. La duda
es si los Gobiernos deben apoyar esta industria, por su
tecnología y empleo, dado que existen los riesgos de que fomenten la adicción
en niños y jóvenes y promueva contenidos violentos y poco edificantes. Y tengo mis dudas de que sea una
industria “cultural”, a la que hay que apoyar como al cine, la música, los
libros, el teatro o la danza. Es algo discutible al menos, aunque a millones
de españoles les gusten los videojuegos.
Todo el mundo ha visto que hay 2 formas de
afrontar una crisis. Una, la que se aplicó en 2008: hacer recortes,
provocando recesión y pérdida de empleos, sobre todo en el sur de Europa. Y la
otra, gastar más, reanimar la economía y crear empleo, como han hecho Europa
y España ante la COVID, la crisis energética y la hiperinflación. Los datos
lo corroboran: más de la mitad del crecimiento de España entre 2019 y
2024 ha sido por el gasto público, el principal motor de nuestra
economía, muy por delante del consumo, las exportaciones y la inversión.
Es bueno saberlo ahora que los “populistas neoliberales” atacan al Estado
en EEUU (Trump) y en media Europa, planteando recortes en Italia,
Francia y Alemania (rompiendo el Gobierno). En España, ya hay expertos
que hablan de gasto público “desbocado”. Ojo a estos “anti-Estado”,
porque la DANA nos recuerda que, cuando vienen mal dadas, sólo el del
gasto público y nuestros impuestos nos salvan. Como en la última crisis. Enrique Ortega
En los últimos 15 años, España y el mundo hemos asistido a 2
grandes crisis, que los políticos y economistas han afrontado
de dos maneras diferentes. Ante la crisis financiera y de deuda
(2008-2013), los principales Gobiernos y en especial Europa, se acogieron a la
receta de recortar el gasto público en todo y abandonar la
inversión del Estado, mientras en paralelo ayudaban a los bancos y entidades
causantes de la crisis. Estos recortes
“drásticos”, auspiciados en Europa por la alemana Merkel y los paises ricos
del centro y norte, recayeron sobre todo en la Europa del sur, provocando
una profunda recesión, que se cobró millones de empleos (en España se
perdieron -3.572.700 empleos entre 2007 y 2013). Y la recuperación
posterior (entre 2014 y 2019) fue lenta y débil.
En 2020 estalló la crisis desatada por el COVID
y tanto Merkel como los demás dirigentes europeos optaron por otra vía
de salida, en la antípodas de los viejos recortes: aprobar
un Plan de recuperación para Europa, autorizando un fuerte
gasto e inversión (806.900 millones) en el continente, mantenido después
por la guerra de Ucrania, la crisis de la energía (gas y electricidad) y la
hiperinflación. Y Europa recuperó en un año el crecimiento y el empleo
(en la anterior crisis habíamos sufrido 5 años de recesión), sobre todo España,
donde se han creado +1.856.100
nuevos empleos en esta crisis, entre 2019 y 2024 (septiembre).
Dos recetas económicas frente a la crisis, una
dolorosa e inútil y otra positiva y eficaz (y “antigua”: ya la
puso en marcha el presidente Roosevelt, con el New Deal,
entre 1933 y 1938, para sacar a EEUU y al mundo de la gran Recesión de
1929-31). Y para los que duden de sus “bondades”, veamos el efecto que ha
tenido esta vieja política “keynesiana”, de reanimar la economía a base de
gasto público, en España, entre 2020 y 2024. El motor de
nuestro fuerte crecimiento (mayor que en la UE-27) ha sido el
consumo público: ha aportado más de la mitad del crecimiento
real de la economía española (el 59%) entre diciembre de 2019 y
septiembre de 2024, según
este estudio del profesor Manuel Hidalgo, a partir de los datos del INE.
Las exportaciones han sido el 2º motor del crecimiento (aportaron el 19%
del total), el consumo privado el 3º (13% del crecimiento) y el resto lo ha
aportado la inversión (7%).
En toda Europa, el consumo público (gasto
administraciones públicas) ha sido el
principal motor del crecimiento estos años posteriores a la pandemia. Pero
en España, su papel ha sido más decisivo. Este
análisis de Funcas revela que, entre 2020 y 2023, la economía
española creció algo más que la europea (porque en 2020 cayó más con la COVID),
un +3,6% frente al +3,5%. Pero en España, casi el 70 de lo que
crecimos esos 4 años fue por el consumo público (69,44%), mientras
en la eurozona sólo aportó algo menos de la mitad del crecimiento (48,57%). Eso
significa que, aunque España gastó en esta crisis menos en ayudas públicas que
Alemania o Francia, este “tirón” del Estado en
España fue comparativamente más
importante en el crecimiento final y el empleo. Mientras, en Europa
ayudó más al crecimiento el empujón del consumo privado (25,7% del
crecimiento en la zona euro y sólo el 8,3% en España) y las exportaciones
(25,7% frente al 13,88% en España), siendo casi nula la ayuda de la
inversión, que aportó poco (el 2,8%) al crecimiento, en Europa y en España.
¿Qué tipo de gasto público es el que nos ha hecho crecer
estos años? Básicamente, el consumo público hecho en sanidad
(medidas anti-COVID , vacunas y refuerzo de personal), gasto educativo,
ayudas para compensar la subida de la energía y otras transferencias,
según
el análisis del profesor Hidalgo. Y detalla que casi dos tercios de este
gasto público (entre 2019 y 2023) lo han hecho las autonomías,
especialmente las más grandes (el gasto público de Cataluña, Andalucía, Madrid
y la Comunidad Valenciana ha aportado más de un tercio de todo el
crecimiento generado en los últimos 4 años), seguidas de los
Ayuntamientos (aportaron el 21%) y el que menos el Estado
central (su gasto directo, al transferir
la mayoría, ha aportado sólo el 16,5% del PIB total).
En lo que llevamos de 2024, se mantiene la
tendencia del alto crecimiento y los motores que “tiran” del PIB.
Así, en el tercer trimestre, la economía española creció +0,8%, lo que
indica que crecemos a un ritmo del +3,4% anual, según el INE (más
que el +2,7% de todo 2023). Y de nuevo, en el tercer trimestre, el
gasto público (consumo público) es lo que más crece (+2,2% sobre el
trimestre anterior y +4,7% anual), lo que más “tira” de la economía, por
encima del consumo privado de las familias (+1,4% trimestral y +3,3%
anual) y las exportaciones (+0,9% trimestral y +5,1% anual), mientras cae
la inversión (-0,9% trimestral). Y todo apunta a que en el 4º trimestre,
con las
ayudas públicas por la DANA en Valencia, Castilla la Mancha y
Andalucía, el gasto público volverá a crecer y será el principal motor del
crecimiento también en 2024, un año en que podemos crecer el +3%
(frente al 0,8% la zona euro).
Ante estos datos, algunos expertos y políticos (“ortodoxos”
y “neoliberales”) ya han disparado las alarmas y hablan de un
gasto público “desbocado”. Lo que no dicen es que gracias a esta política
“contracíclica”, a afrontar con más gasto la crisis del COVID,
la energía y la hiperinflación, la economía española (y europea) sólo cayó un
año y lleva creciendo casi 4 años (mucho España y poco Europa, según
Eurostat), creando 1,85 millones de empleos en nuestro país y ayudando a las familias a sobrellevar esta última
crisis.
Ahora, estos mismos economistas y políticos defienden que el
Gobierno tiene
que “gastar menos”, porque el gasto actual es “inasumible” e
“insano” (para su ideología de “cuanto menos gasto público mejor”). Por un
lado, hay que decir que el
Gobierno Sánchez ha enviado un Plan
fiscal a Bruselas en el que contempla
un menor gasto público en 2025, porque se ha comprometido con la Comisión
Europea a seguir rebajando el déficit público el año que viene (del -3,6%
del PIB en 2023 y el -3% con que espera cerrar 2024 a un déficit del -2,5%
en 2025). Y como se espera un menor crecimiento el año próximo (+2,4%), también habrá menos recaudación fiscal, lo que obligará a gastar
menos, salvo catástrofes.
Este menor gasto público en 2025 hará que las
administraciones públicas ya no “empujen” tanto el crecimiento, con lo que deberían
“tirar más” de la economía los otros motores. El principal motor
del crecimiento es el consumo de las familias, pero se ha retraído en
los últimos años, tras el rejonazo de la inflación disparada, porque
la gente ha empezado a pensar en “ahorrar más y gastar
menos” por si vuelve a haber otra crisis. De hecho, el ahorro de
las familias españolas está en una tasa anormalmente elevada (21,2%
de su renta, más del triple que entre 2015 y 2019), algo que también pasa
en el resto de Europa. El otro motor clave del crecimiento, las
exportaciones, han ayudado mucho estos años, pero no lo harán
tanto en 2025, porque Europa (nuestro primer cliente) apenas crece y por el
riesgo
de un mayor proteccionismo comercial en el mundo con Trump. Y
el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece: aumenta la
inversión pública y los Fondos europeos pero sigue
“gripada” la inversión privada, todavía un 10% por debajo que antes de
la pandemia.
Así que mientras los economistas ortodoxos y “neoliberales”
se rasgan las vestiduras por el exceso de gasto público, en España y en Europa,
no queda claro que el consumo, las exportaciones y la inversión vayan a
“tomar el relevo” y mantener un alto crecimiento, necesario en Europa e
imprescindible en España (para recortar el paro y la brecha de riqueza con
Europa). Además, estos expertos esconden un dato clave: España tiene
un gasto público muy inferior al del resto de Europa, por lo que
necesitamos gastar más que ellos (en casi todo) para aproximarnos a su Estado
del Bienestar. Así, en
2023, el gasto público en España fue el 46,4% del PIB, frente al 49,4%
de media en la UE-27, el 57,3% en Francia o el 48,6% en Alemania, según la
Comisión Europea. Y esto lleva pasando décadas, con el franquismo y luego con
la democracia: entre 2015 y 2019, España gastó el 42,4% del PIB frente al 47,2%
de la UE-27, el 56,8% en Francia o el 47,5% en Alemania. Esto significa, a
lo claro, que, en 2023, si España hubiese gastado como la
media europea, el
gasto público debería haber sido 45.000 millones más. Y si gastáramos
como los franceses, +163.000 millones más al año. Serían +33.000 millones de gasto público si
gastáramos como los alemanes.
Y tenemos menos gasto público que la mayoría de Europa
porque también ingresamos
menos que la mayoría de paises: en 2023, España recaudó el 42,8% del
PIB, frente al 45,9% del PIB la UE-27, el 46,1% de Alemania y el 51,9% de
Francia. A lo claro: recaudamos 46.500 millones menos al año
que la media de paises europeos, 49.500 millones menos que si fuéramos alemanes
y 136.000 millones menos que si fuéramos franceses. Por eso, estamos
condenados a gastar menos que la mayoría de europeos mientras no recaudemos más.
La Comisión Europea ha exigido
a España que apruebe una reforma fiscal
este año (dentro de las reformas vinculadas a la entrega de Fondos
europeos), porque no tiene sentido que pidamos dinero europeo y
recaudemos menos. Los expertos fiscales elaboraron
en 2022 un Informe donde proponían cambios en el impuesto de sociedades
(grandes empresas y multinacionales), el IVA , el IRPF, los impuestos al capital
y los impuestos verdes. Pero el Gobierno
es incapaz de pactar una mínima reforma fiscal con sus socios de
Gobierno y tanto PP como Vox no se salen de la cantinela de que “hay que bajar
impuestos”.
En medio de este panorama, de un crecimiento asentado
en el gasto público y que ahora está “en el aire” por la exigencia de
rebajar el déficit y la deuda, el mundo ha entrado en una nueva etapa
política, donde crecen
los “populistas anti-Estado”, que defienden reducir el
gasto público y recortar la Administración. Estas teorías políticas y
económicas (que surgieron en los años 80 del siglo pasado, con Thatcher y Reagan) parecían desaparecidas tras la última crisis, cuando la COVID, la
energía y la hiperinflación llevó a todos los Gobiernos a gastar más.
Pero se anuncia un “cambio de signo político”: avanzan los que
quieren recortar el Estado y el gasto público, con bajada de impuestos.
Trump ha basado su victoria en las elecciones USA en
recortar al máximo el Estado y la Administración Federal, proponiendo al
multimillonario Elon Musk (Twitter-X) al
frente de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que podría recortar
funcionarios y gasto público (2 billones de dólares), lo que
reduciría el PIB y afectaría a los norteamericanos más vulnerables, mientras
baja los impuestos y quita regulación a los más ricos. Y en paralelo, en
Europa, el
avance de la derecha y la ultraderecha en las últimas elecciones (16 de
los 26 comisarios, más la presidenta Von der Leyen) está dando más voz a los
que defienden un menor gasto público europeo. Precisamente ahora, cuando el
informe Draghi ha señalado que para conseguir una mayor competitividad frente a USA y China, la UE tendría
que aprobar un nuevo Plan Marshall y gastar 800.000 millones de euros
al año…
La derecha europea no está por la labor de
repetir un Plan de recuperación como hizo tras el COVID (140.000 millones en
ayudas y créditos hasta 800.000 millones de gasto entre 2021 y 2026). Y la
mayor prueba es que los liberales alemanes han roto el Gobierno de
coalición con socialdemócratas y verdes (habrá
elecciones el 23 de febrero), porque querían hacer recortes (y bajar
impuestos) en el Presupuesto para 2025. En Francia, el nuevo gobierno
(más conservador, bajo la presidencia de Macron) plantea unos
recortes de 40.000 millones de euros para 2025. Y en Italia,
el Gobierno Meloni
ha recortado un 5% el gasto de todos los Ministerios (salvo Sanidad)
para 2025. Así que “pintan bastos” para el gasto público.
En definitiva, que en un momento donde la DANA en
Valencia ha dejado claro la enorme importancia del Estado y el gasto
público (se han aprobado ayudas
por 14.373 millones de euros), surge una ola de recortes por el mundo,
desde EEUU a Europa, que pone en cuestión el Estado, el gasto y los servicios
públicos, con un avance
de los ideólogos del “populismo neoliberal”, que pretenden
reducir al máximo el papel del Estado y los servicios públicos, agravando las
desigualdades. Se trata, otra vez, como en los años 80 y 90 del siglo
pasado, de una
“ola económica conservadora”, que pone en cuestión lo público y
defiende recortes generalizados. Un “neoliberalismo insano”, que
no sólo es “socialmente injusto” sino también “económicamente
peligroso”. Porque estos recortes frenarían el crecimiento y el empleo.
Ya lo vimos con la crisis financiera. Y ahora sabemos que, en esta última
crisis, el gasto público y el Estado nos han salvado. No lo olvidemos.
El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo
asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570
euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio,
tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para
facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6
meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de
fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan.
Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los
jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las
empresas no las utilizan para buscar
trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón
de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de
4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a
trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas
de empleo. 
Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay
“2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo,
cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo
cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios
de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de
media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que
cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”,
por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían
derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran
480 euros al mes.
Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una
de las mayores partidas del Presupuesto (22.130
millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados
reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo
para casi otro millón. Por eso, ser
parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el
41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la
media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de
pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el
11,9% entre los que trabajaban, según
la Red EAPN.
Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un
“despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es
claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un
reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa.
Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y
menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí
es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa
(claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión
Europea lleva años pidiendo
a España que reforme el subsidio de desempleo,
no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que
inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden
mejor a recolocarse.
Bruselas pidió a España que incluyera la reforma
del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas
a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un
enfrentamiento político entre dos “alas” del
Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz)
hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta
económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud
más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles.
Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una
reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los
Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el
19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno
Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero
tropezó: en enero de 2024, Podemos
votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la
cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon
para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.
El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de
aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal
para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra
de Trabajo se
hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto
de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los
parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la
patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una
verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los
parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo
parcial, el Gobierno Sánchez volvió
a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de
mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se
aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171
abstenciones (ahora) de PP y Vox.
El Decreto-ley de reforma entró
en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”,
no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número
de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este
subsidio asistencial a 450.000
nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000
parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de
subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen
derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos”
(marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que
ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor:
los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán
a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses
restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias
familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de
52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.
El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial
es que se simplifica y se reduce burocracia.
A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio.
Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber
cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para
el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una
pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV),
ya fuera del desempleo. Otras
novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime
el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo
para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime
el doble requisito de que justifiquen rentas bajas el beneficiario y
su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF)
cada año, ganen lo que ganen.
El tercer cambio y el principal objetivo de este
reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La
primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir
ahora la
firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones
que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde
cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa
que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que
renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio
durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la
reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un
trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era
incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de
temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este
cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas
“los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no
puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar
temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.
Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma
del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del
desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las
oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado
y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas
de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos,
el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas
intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE),
gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el
2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro
del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron
su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de
empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares,
amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición”
(14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).
España gasta menos que el resto de Europa en “políticas
activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024,
vamos
a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década pero un
porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55%
del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan
0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos
comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1
millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a
buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal
las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.
El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que
se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están
registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”,
porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por
el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro
dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en
la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30
años registrados en
el SEPE. De hecho, un
estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados
de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la
mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.
Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las
empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores”
pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para
buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro
dato: en la web del SEPE
hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710
ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas
públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les
sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro
fracaso: asisten
menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son
demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se
necesita, además de muy presenciales.
Otra pata que falla en las políticas de empleo son los
incentivos a la contratación de parados, generalmente
bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que
contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes.
Los expertos
(AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15
millones al año) son un coste inútil, “un peso muerto”: la
mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las
empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por
otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia son los “parados de larga duración” , los
que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el
79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y
Canarias). Y entre ellos, hay
585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en
2023 un Plan especial para combatir este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.
En resumen, somos el
país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a
esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del
paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo
está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su
aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas
(poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible”,
nuestra gran “asignatura pendiente”.
Los españoles seguimos conmocionados por las inundaciones
de Valencia. Levante ha sufrido decenas de riadas los
últimos siglos, pero ahora son más frecuentes y extremas, por
el Cambio Climático, según confirmaron expertos de la ONU tras la tragedia:
el aumento de la temperatura, en el mar y en la atmósfera, acelera las lluvias
torrenciales, que han dañado en septiembre y octubre media Europa. “El
Mediterráneo es un bidón de gasolina”, alertan los meteorólogos. Así
que España sufrirá más inundaciones, lo que obliga a mejorar el
sistema de alertas, modificar la ocupación del territorio (2,7 millones
viven en “zonas inundables”) y, sobre todo, reducir las emisiones que
provocan estos fenómenos extremos. Pero el mundo apenas toma medidas y las
emisiones de CO2 aumentaron en 2023 y 2024. El lunes comienza otra
Cumbre del Clima, en Bakú, pero no se esperan avances significativos (¡menos con Trump!). Y si
los paises no toman medidas más drásticas, la temperatura aumentará 3,1
grados y habrá más desastres. “Estamos jugando con fuego”,
advierte la ONU.
Un día después, el 1 de noviembre, otro
informe encargado por la Comisión Europea señalaba que “el Cambio
Climático aparece como un factor clave de riesgo” y propone reforzar
la preparación civil y militar de Europa ante las amenazas naturales. No en
vano, un
reciente estudio del Parlamento Europeo señala que las inundaciones han
afectado a 5,5 millones de europeos en los últimos 30 años, causando 3.000
muertos y más de 170.000 millones de euros en daños económicos. Aunque no
lo recordamos, en 2021, las graves inundaciones en Bélgica y Alemania
dejaron más de 200 muertos. En 2023, nuevas inundaciones en Italia,
Eslovaquia, Austria, Grecia, Italia y Francia causaron graves daños. Y entre el
12 y 15 de septiembre de 2024, la
tormenta Boris provocó 24 muertos y afectó a 2 millones de personas
en Centroeuropa. Y entre el 18 y 20 de octubre, el
sur de Francia e Italia sufrieron las peores inundaciones en los
últimos 40 años. Unos días después, el 29 de octubre, Valencia sufrió las
peores inundaciones de la historia, con cientos de muertos y gravísimas
pérdidas.
Europa y la cuenca mediterránea es una de las
regiones del mundo más afectadas por el Cambio Climático, porque el
continente se está calentando al doble de velocidad que el resto del
Planeta, según los expertos. Dos días después de la tragedia de Valencia, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió
este comunicado, con una idea clave: que el Cambio Climático antropogénico
(provocado por la acción del hombre) provoca que los fenómenos climáticos
extremos “se hayan vuelto más probables y graves”, porque la atmósfera
está más caliente y retiene más la humedad, propiciando lluvias más intensas.
Trombas de agua e inundaciones se han producido en el
Levante español (y sur de Europa) desde hace siglos: desde la
conquista de Valencia en 1238, se han producido 11 riadas catastróficas
en el Turia, según
señala el meteorólogo José Ángel Núñez. La más grave fue la de 1957
(81 muertos) y la última importante en septiembre de 1999, con 5
muertos, 3.500 evacuados y graves destrozos en Levante. La diferencia es que antes
eran cada 70 años y ahora son más frecuentes. Eso se debe, según
los expertos de la OMM, a “la
presencia de aire cálido en superficie, alimentado por el exceso de humedad del
mediterráneo, más cálido, y la inestabilidad provocada por el choque con el
aire frío de la atmósfera superior conduce a grandes nubes convectivas, con
fuertes aguaceros e inundaciones repentinas”. Es lo que llaman DANA
(Depresión Aislada en Niveles Altos).
Así que el Cambio Climático, al aumentar la
temperatura de la atmósfera y el mar, provoca, al chocar con el aire frío polar (que ahora llega más fácilmente al sur) que haya más inundaciones y más
intensas. “El Mediterráneo actúa como un bidón de gasolina y con una
DANA, el resultado es explosivo”, comentaba
el meteorólogo Francisco Martín. El análisis de la OMM reitera que España
y otros paises europeos deben prepararse para afrontar estos fenómenos
meteorológicos extremos tomando
medidas en dos frentes: mejorando los sistemas de alerta
(para evitar muertes y daños) y actuando sobre la ocupación del
territorio, para prevenir daños futuros en viviendas e
infraestructuras. Dos temas claves que han fallado en esta DANA de Valencia y
en las anteriores inundaciones.
España, como otros paises, cuenta con sistema de alerta
ante inundaciones, que ha fallado parcialmente. No falló la
AEMET (Agencia de Meteorología), que desde días antes anunció lluvias
torrenciales y que a las 7,36 de la mañana del 29 de octubre, el día de
la tragedia, activó
el aviso rojo por inundaciones. No falló tampoco la
Confederación Hidrográfica del Júcar, que tiene sondas en ríos y
barrancos: a las 12,07 de la mañana del 29 de octubre envió un
correo alertando que el barranco del Poyo superaba los tres niveles de
alerta, con un caudal de 264 metros cúbicos por segundo (superando los 150
metros cúbicos del nivel 3), con tendencia “ascendente”. Y a las 18,43 de la
tarde, la
Confederación alerta que el caudal del Poyo está fuera de control: 1.686
metros cúbicos por segundo, rompiendo 12 minutos después los aparatos de
medida, con un aluvión de 2.282 metros cúbicos/segundo (el triple
del caudal del río Ebro), a las 18,55 de la tarde.
Con estas dos alertas tan evidentes, la Generalitat Valenciana
trató de quitar importancia al riesgo de riada, diciendo (a
las 11,48 horas) que el temporal “se iba hacia Cuenca” y esperaban “que
remitiera a partir de las 18 horas”. Finalmente, a
las 20,12 horas de la noche (casi 2 horas después de la alerta de
riada máxima), la Generalitat lanzó una alerta a los móviles. Demasiado
tarde: muchos habían muerto en casas bajas, coches y garajes o arrastrados
por el sunami de los barrancos. Y cientos más estaban refugiados en tejados
y pisos altos cuando recibieron la alerta. Está claro que el sistema
falló, no sólo por la indecisión de la Generalitat sino por una falta
de información a la población, que nunca ha hecho simulacros
ante riadas, aunque las sufren periódicamente. Eso sí, sirvió de ejemplo
para Andalucía y Cataluña, donde ha habido pocos muertos y menos daños: la
población estaba avisada y se actuó mejor.
La otra recomendación de la ONU frente a las inundaciones es
reordenar
el territorio, porque el agua “tiene memoria” y
cuando llueve tanto (en poco más de 3 horas llovió como en todo un año),
busca los cauces de ríos y barrancos antes secos y a cuyo alrededor se
han construido viviendas y viven cientos de miles de personas. En Levante y
otras zonas de España, el turismo y el desarrollismo de los años 60 y 70 llevaron a construir
por todos lados, incluidos viejos cauces y zonas aledañas,
colonizadas por viviendas. Esto ocurrió profusamente hasta 2015, cuando la
última versión de la Ley del Suelo obligó a los Ayuntamientos a
elaborar “Informes de inundabilidad”, señalando como “no
urbanizables” zonas con riesgo de inundación. Pero todavía hay muchos
municipios y pedanías con Planes urbanísticos de hace más de 15 años,
donde estas viviendas siguen en pie e incluso se hacen nuevas construcciones.
Los expertos en obras hidráulicas proponen
muchas medidas
que se pueden tomar para reducir los riesgos de riadas en estas zonas, como
se ha hecho en Europa y en EEUU (en Nueva Orleans, a raíz del Katrina). Hay que
empezar con obras en las cuencas, muy arriba de los pueblos en riesgo:
reforestar zonas aledañas, canalizar ríos y construir presas de alivio, canales
filtrantes y zonas inundables. Luego, en
pueblos y ciudades, además de ensanchar los cauces (Turia), se pueden
construir estanques de tormentas y parques fluviales, como se ha hecho en Zaragoza
(al lado del Ebro), en Rotterdam o Pamplona. Y por supuesto, reordenar el
urbanismo, impidiendo nuevas construcciones en zonas inundables y derribando las viviendas
próximas a barrancos, trasladando a los vecinos ”amenazados”.
Con estas dos medidas, alertas eficaces (con
formación a los vecinos y “simulacros” ) y reordenación de las zonas
inundables, las próximas riadas nos pillarán mucho más preparados
y se reducirán las muertes y los daños, aunque para eso hay que invertir ya. Pero
la
clave es luchar contra el Cambio Climático, tomar medidas eficaces
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que agravan las
lluvias torrenciales y aceleran las inundaciones. Y aquí, los paises
están haciendo poco, con lo que no se frena el aumento de la
temperatura, que está detrás de la DANA de Valencia y otras que vendrán.
El dato es grave: las emisiones de CO2 aumentaron en 2023,
según
los datos publicados el 24 de octubre por el PNUMA, el Programa de la ONU
para el Medio Ambiente: se emitieron 57,04 Gigatoneladas de CO2
equivalente, un +1,3 que en 2022 y un +44% que a principios de siglo (39,51
Gigatoneladas año 2000). La mayor parte de estas emisiones (39,02
Gigatoneladas) son de CO2 (producido por el hombre y su uso de
combustibles fósiles), otra parte (9,75 Gigatoneladas) es metano (los
humanos somos responsables del 60% y el resto procede de fuentes naturales),
otra parte oxido nitroso (2,56 Gigatoneladas, el 43% por culpa del
hombre) y el resto son emisiones de gases fluorados (1,68 GTm) y por cambio
de usos del suelo (4,03 GTm). Y con
este nivel de emisiones, el
mundo bate los récords históricos de CO2 (420 partes por
millón), metano y óxido nitroso.
El 68% de estos gases de efecto invernadero,
responsables de la mayor parte del Cambio Climático, los
genera el transporte y la producción de energía y electricidad, el
10% la industria el 18% el campo y los bosques y el 5% los residuos, según la
ONU. Y los paises desarrollados del G-20 produjeron el 77% de todas las
emisiones del Planeta en 2023, acumulando
6 paises más de la mitad: China (28%), USA (10,5%), India (7,26%), la UE
(5,67%), Rusia (4,67%) y Brasil (2,28%). El problema, según la ONU, es que
7 miembros del G-20 no han alcanzado todavía su “pico de emisiones” y seguirán emitiendo más para alimentar su
“desarrollo”: China, India, Indonesia, México, Corea, Turquía y Arabia Saudí.
Lo peor es que este año 2024, siguen aumentando las
emisiones de CO2: el 30 de septiembre, en el mundo se emitieron 95,5
millones de Tm de CO2, un +6,8% que ese mismo día de 2023, según los datos de Carbon Monitor. Y han
aumentado las emisiones este año en China (+14,6%), USA (+4,7%), India (+5,6%),
Europa (+6,1%), Francia (+8,8%), Alemania (+6,5%), Italia (+8,8%) y España
(+13,4%). Y los expertos de la Agencia Internacional de la Energía están
preocupados, porque los bajos precios del petróleo y el gas han aumentado su
consumo y en general la demanda energética.
El último informe
del PNUMA (ONU) , publicado el 24 de octubre, alerta al mundo sobre este
aumento de las emisiones y el riesgo de más calentamiento: con las
políticas actuales de los paises, la temperatura subirá +3,1 grados a
finales de siglo sobre la época preindustrial, cuando en la Cumbre de París
(2015) se acordó que no debía subir más de 1,5 grados (este año 2024 acabará con +1,55 grados, según Copernicus). Ahora
creen que “será difícil evitar que suba 2 grados”, aunque se tomen medidas, lo
que incrementará los fenómenos climáticos extremos (como la DANA de Valencia). Lo
advirtió otra vez Antonio Guterres,
5 días antes de la catástrofe de Valencia: “Existe una relación directa
entre el aumento de las emisiones y los desastres climáticos cada vez más
frecuentes e intensos. En todo el mundo, la gente está pagando un precio
terrible. Las emisiones récord significan temperaturas récord del mar que
sobrealimentan huracanes monstruosos; el calor récord está convirtiendo los
bosques en un polvorín y las ciudades en saunas; las lluvias récord provocan
inundaciones bíblicas. Estamos jugando con fuego…”.
Avisados estamos. Urge tomar medidas
para reducir las emisiones, como volverá a plantearse del 11 al 29 de
noviembre, en la Cumbre del Clima (COP
29) de Bakú
(Azerbaiyán). Se acaba el tiempo para actuar y la ONU insiste en
que hay que recortar ya las emisiones (un -42%
para 2030), no dejarlo para después. Los paises tienen que presentar nuevos
Planes de recorte de emisiones en febrero de 2025, pero los expertos
son muy pesimistas y creen que los grandes emisores retrasan los recortes, a
pesar de los desastres climáticos. China sólo piensa crecer a cualquier
precio. EEUU lo mismo y peor con la victoria apabullante del "negacionista" Trump. Y en
Europa, paladín de la lucha contra el Cambio Climático, ha crecido el
poder de la derecha y la ultraderecha (16 de los 26 Comisarios, más la
presidenta), más “negacionistas”, que defienden
ahora menores recortes de emisiones que las previstas inicialmente (-90% en 2040 frente
a las de 1990).
En resumen, todos nos conmocionamos cuando se desata
una tragedia como la DANA de Valencia o nos preocupamos por las olas de
calor, huracanes, sequías e incendios, pero no somos conscientes de que las
estamos provocando nosotros, los humanos, con nuestro consumo
descontrolado de energías fósiles y un estilo de vida no sostenible para el
medio ambiente. Pedimos cuentas a los políticos por desatender a los
damnificados por la DANA pero no les
exigimos aprobar planes más drásticos para el recorte de emisiones que
causan estos desastres. Recuerden: “estamos jugando con fuego”.
