Los dos datos juntos impresionan: en 2025 había en
España 13.500 millonarios más (259.700 personas) y 59.000 “pobres”
más (12,6 millones de personas). Crecemos mucho pero al
repartir el pastel crece la desigualdad, aumentan los más ricos y
los más pobres. Las transferencias y políticas sociales han
frenado la pobreza, pero España no consigue que baje del 25% desde hace 15
años. Y somos líderes en Europa en pobreza infantil. Además,
se espera tener más pobres en 2028. Tenemos dos problemas. Uno, que gastamos
menos en protección social. Y el otro, que las políticas sociales
son poco eficaces , porque benefician más a las familias de rentas
medias y altas que a las familias con rentas bajas, según alertan la OCDE y la
Comisión Europea. Por eso, hay que gastar más y mejor contra la
pobreza, centrándose en la vivienda y en los colectivos más vulnerables:
madres solas y familias con niños, inmigrantes y discapacitados. Urge repartir
mejor el crecimiento, porque una cuarta parte de españoles no lo notan. 
España alcanzó en 2025 los 259.700
millonarios (más de 1 millón de dólares de patrimonio, unos 860.000
euros), 13.500 más que en 2024 (+5,3%), que acumulaban una riqueza
de 672.000 millones de euros (+6,7%), el 40% del PIB español. Con ello, ocupamos
el puesto 14º en el ranking de los 25 paises con más “millonarios” (subimos
un puesto en 2025). La causa principal de este aumento de millonarios en
España, como en otros paises, ha sido la fuerte subida de la Bolsa
(el IBEX-35 aumentó un +49,27% en 2025), el fuerte ingreso por dividendos
(41.503 millones cobrados en 2025, el doble que en 2021), los fuertes beneficios
de empresas y bancos ( por mejora de ventas y márgenes empresariales) y el
fuerte tirón de los activos inmobiliarios, con importantes plusvalías y
subida de alquileres, factores a los que se une el fuerte crecimiento de la
economía española y la moderación de la inflación.
Mientras Capgemini
publicaba estos datos sobre los millonarios, la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza (EAPN) presentaba en el Congreso su XVI
Informe sobre la pobreza en España, alertando sobre un grave problema
del que poco se habla: en España hay 12.609.000 personas en riesgo de
pobreza o exclusión social, el 25,7% de la población total, según
la tasa europea AROPE, que mide el porcentaje de europeos que sufren una de
estas tres situaciones: pobreza monetaria (ingresan menos del 60%
de la renta media de cada país), carencia material severa
(problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos imprevistos o mantener la
vivienda a una temperatura adecuada, entre otras) o tener un bajo nivel de
empleo (trabajar menos del 20% potencial). En la UE-27 había 92,7
millones de europeos que sufrían uno o varios de estos 3 problemas en 2025,
que están “en riesgo de pobreza”, el 20,9% de la población. España
ocupa el 5º lugar en el ranking europeo de pobreza (25.7% población),
sólo por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania
(26,3%), más que Italia (22,6%), Alemania (21,2%) o Francia (20,8%).
La tasa
AROPE de pobreza en España
lleva 15 años sin bajar del 25% de la población: ha pasado del 28,7% en 2015
al 26,2% en 2019, el 27,8% en 2021, el 25,8% en 2024 y el 25,7% en 2025.
Es una décima menos, pero como ha aumentado la población, había 59.000
habitantes más en riesgo de pobreza en 2025 (12.609.000) que en 2024. Y tampoco
estamos cumpliendo la Agenda 2030, que pretendía bajar esta tasa
AROPE al 14,30% a finales de esta
década: para cumplirlo, deberíamos tener una tasa del 19,1% en 2025 (y tenemos
el 25,7%). Eso significa, según
EAPN, que España tiene ahora 3,2 millones más de “pobres” de los que
deberíamos para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.
La tasa de pobreza global AROPE (25,7%) se
concentra en una serie de colectivos: parados (tasa pobreza 55,4%), inmigrantes
extracomunitarios (53,5%), madres solas con niños (50,6% pobreza), los
que viven en alquiler (43,6% “pobres”, frente al 19,5% con vivienda en
propiedad), inactivos (37,4%), menores 18 años (33,8% pobres: España
es el país europeo con más pobreza infantil AROPE, según
Eurostat), familias con niños (27,4% pobres) y mujeres (26,8%
pobres, frente al 24,5% los hombres). Y por autonomías, destaca la altísima
tasa de pobreza AROPE en Melilla (43,7%) y Ceuta (40,8%),
seguidas por 6 regiones del sur: Andalucía (34,7% población en riesgo de
pobreza), Castilla la Mancha (34%), Murcia (32,5%), Canarias (31,2%), Comunidad
Valenciana (30,7%) y Extremadura (30,4%).
Dentro de los tres componentes de la tasa de pobreza
AROPE (renta monetaria, carencia material y bajo empleo), el más importante
es
la pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60%
de la mediana del país: en 2025, los solteros que ganaran menos de 12.220
euros anuales (872,85 euros en 14 pagas) y las familias con dos hijos que
ganen menos de 25.662,84 euros anuales (1.833 euros en 14 pagas).
Dados los bajos sueldos, la tasa de pobreza monetaria es muy elevada:
afecta al 19,5% de la población, a 9.566.000 personas en 2025, según
Eurostat. Ha bajado 2 décimas (19,7% en 2024), pero como hay más población,
tenemos 1.000 pobres monetarios más que en 2024). Y aunque tenemos
709.000 pobres monetarios menos que en 2015, esta tasa de pobreza debería haber
bajado mucho más (al 14,8% en 2025), por lo que incumplimos objetivos Agenda
2030.
España es también el
5º país europeo con más pobreza monetaria (19,5% población), sólo por
detrás de Lituania (22,6%), Letonia (22%), Bulgaria (21,2%) y Grecia (19,6%),
por encima de la media UE-27 (16,3% población en pobreza monetaria, que afecta
a 72,29 millones de europeos) y de Italia (18,6%), Francia (16,6%) o
Alemania (16,1%). Y destacamos sobre todo en la pobreza infantil, donde
España es líder europeo: un 28,4% de los menores de 18 años (2,2
millones de niños y adolescentes) viven en hogares “pobres” (que
ingresan menos del 60% de la media), por delante de Bulgaria (27% de pobreza
infantil), Rumanía (23,6%), Italia (23,2%), Francia (22,8%) y de la media de la
UE (19,6%), según
Eurostat.
La pobreza monetaria (ese 19,5% de población que
ingresa menos del 60% de la media) se
concentra no sólo entre las familias con menores (28,4%), también
entre las madres solas con niños (43,4% son “pobres”), los
inmigrantes extracomunitarios (44,5% pobres) , los parados
(38,7% son pobres) y también los que trabajan (el 11,6%, 2,5 millones de
trabajadores son “pobres”), los que viven de alquiler (el 32,6% son
pobres monetarios, frente a sólo el 14,5% de los que viven en propiedad) y los
que tienen un bajo nivel de estudios (el 27,3% de los que sólo tienen
primaria y un 23,3% de los que tienen 1ª fase secundaria). Y por autonomías,
la mayor “pobreza monetaria” la tienen otra vez las regiones del sur: Melilla
(39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%),
Comunidad Valenciana (26%), Castilla la Mancha (25,9%), Canarias (22,9%) y
Castilla y León (19,8%).
Dentro de los que están en pobreza monetaria, 2 de cada 5
están aún peor, en “pobreza
extrema”: son los que ingresan menos del 40% de la media del
país (679 euros al mes en 12 pagas los solteros y 1.426 euros mensuales las
familias con dos hijos), un 8% de la población total en 2025 (3.920.000
personas en pobreza severa, los más vulnerables). Una tasa de pobreza
severa que es la que más ha bajado (afectaba al 11,2% de la
población en 2015), aunque España
sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza severa, sólo por detrás
de Letonia (9,8%), Croacia (8,3%) y Bulgaria (8,1%), y muy por delante de la
media europea (5,3% población en pobreza severa: 23,5 millones de europeos)
y de la tasa de pobreza severa que hay en Italia (6,9%), Francia (4,8%) y
Alemania (4,7%).
La pobreza severa (8% población) se
concentra, en España más entre las mujeres (8,3% frente al 7,7% en
los hombres), en las mujeres solas con niños (22,5% en pobreza severa),
los inmigrantes (21,7% los extracomunitarios y 15,1% los de UE), los desempleados
(20,2% en pobreza severa, pero también el 4% de los que trabajan), los que
están de alquiler (15,1%, frente al 5,4% los que tienen vivienda
propia), los menores (12,5% en pobreza severa) y los que tienen menos
estudios (9,6% de los que tienen sólo primaria y 7,3% de los que tienen 1ª
fase secundaria). Y, otra vez, la pobreza severa se concentra en
el sur: Melilla (25% población), Ceuta (14,5%), Comunidad Valenciana
(11,8%), Andalucía (11,4%), Murcia (11,2%), Extremadura (9,9%), Castilla y León
(9,8%), Asturias y Castilla la Mancha (8,8%).
Detalladas las cifras de pobreza AROPE y de pobreza
monetaria y severa, se ve claro que tenemos un problema: somos la 4ª
mayor economía de Europa, la que más crece en los últimos 5 años, pero también somos
la 5ª economía con más pobreza y el país líder en pobreza infantil, algo
que debería avergonzarnos a todos. El
estudio de EAPN, presentado a principios de junio en el Congreso, alerta de
un hecho: las políticas actuales no logran reducir apenas la pobreza, que
mejora muy lentamente (recordemos: la tasa AROPE no baja del 25% desde
hace 15 años). Y lo más preocupante es que el
Gobierno, en su último escenario macro, contempla bajar la pobreza
monetaria en porcentaje (del 19,5% en 2025 al 19,1% en 2028), pero como aumenta
la población cada año (por los inmigrantes), aumentarán los españoles
pobres: 9.747.484 en 2028, +181.484 pobres en tres años…
El informe
de EAPN reconoce que las políticas públicas (transferencias,
ayudas y medidas fiscales) han servido para contener la pobreza estos años:
reconocen que han evitado que 11 millones de españoles hayan caído en la
pobreza en los últimos 15 años (8,1 millones gracias a las pensiones y 2,9
millones por las prestaciones sociales). Pero a la vez señalan que las herramientas
actuales contra la pobreza han alcanzado un límite y ahora logran reducciones
poco significativas (incluso subieron los “pobres” en 2025). En su informe
destacan que a los problemas de paro, bajos salarios y precariedad
laboral se
ha sumado un grave problema: la vivienda, que se ha convertido en un
potente “motor” de la pobreza. Recuerdan que los que viven de alquiler
tienen más del doble de tasa AROPE de pobreza que los propietarios
(43,6% frente al 19,5%), más del doble de pobreza monetaria (32,6%
frente al 14,5%) y el triple de pobreza severa (15,1% frente al 5,4%).
Los expertos reiteran que España debe tomar 2 medidas
clave para reducir la pobreza “a niveles europeos”. La primera, gastar
más: España invierte en protección social (infancia y
prestaciones familiares) la mitad que Europa: el
1,4% del PIB frente al 2,4% en la UE-27, el 2,5% de Francia y el 3,7% de
Alemania. Y también invierte
la mitad en políticas de vivienda. La segunda medida es invertir
mejor en la lucha contra la pobreza, porque somos menos eficientes:
el
informa EAPN señala que la pobreza monetaria en España antes de las
políticas públicas (ayudas y transferencias) es muy parecida (25,4%) a
la de Francia (26,5%), Irlanda (26,8%), Suecia (25,3%) o Alemania (24,4%), pero
luego ellos tienen más éxito con sus políticas, porque tras ellas
la bajan mucho más que España (al 19,5% en 2025), bajando en Francia al 16,3%,
en Irlanda al 13%, en Suecia al 15,6% y en Alemania al 16,1%...
En conclusión, la pobreza inicial es similar a la europea,
pero se reduce menos en España porque las políticas públicas aquí son
menos eficaces, se gastan peor, según
nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: las ayudas públicas
benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las
familias con rentas bajas, porque el grueso de las ayudas son desgravaciones
fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría
con rentas medias y altas, porque las
rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de
22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los
considerados “pobres”). La Comisión Europea alertó,
en diciembre de 2024, de que las ayudas contra la pobreza en
España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los
problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las
disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente
pobreza en el trabajo”. Ahora, en
su último informe de junio, pide medidas para atajar la elevada
pobreza infantil (aumentando los gastos para niños y jóvenes) y mejorar
el diseño de las políticas sociales, porque hoy están poco coordinadas
entre las instituciones y exigen una excesiva burocracia.
Al final, tenemos un grave problema de pobreza y gastamos
poco y mal en protección social, sin coordinación entre las ayudas
del Estado, autonomías y Ayuntamientos (el ingreso mínimo vital (IMV)
llega ya a 2,58 millones de beneficiarios pero hay muchas autonomías que
han recortado sus rentas mínimas). Y, sobre todo, hay que atajar la pobreza
infantil, lo que exige aprobar una ayuda
universal por hijo, como ya
tienen 20 paises europeos y que en España sólo
aplica el País Vasco, porque la
propuesta del Gobierno para implantarla no tiene los apoyos
suficientes en el Congreso. También es clave para reducir la pobreza invertir
más en viviendas sociales, en un parque de alquileres asequibles. Al final,
la pobreza es un grave problema que exige un Pacto político y
social, imposible con la actual polarización. Mientras, crecen los
millonarios y también los pobres.
Hoy jueves, el Banco Central Europeo (BCE) volvió a
subir los tipos, tras bajarlos 8 veces entre 2024 y 2025
y subirlos antes otras 10 veces, entre 2022 y 2023. La “excusa”
para volver a subirlos es que la inflación lleva 4 meses subiendo
(hasta el 3,2%), por la energía y la guerra en Oriente Medio. Pero muchos expertos
critican esta subida, porque no sirve para bajar el precio del
petróleo ni abrir el estrecho de Ormuz, aunque sí dañará a la economía europea, que ya ha
caído en el primer trimestre (-0,2%). Y recuerdan que es la 3ª
vez que el BCE comete el mismo error : en 2011 primero y luego en
2022-23, subieron los tipos, no frenaron los precios y hundieron más a
Europa en una recesión. El camino de Europa no es subir los
tipos, dañando a familias (hipotecas), empresas (créditos e inversión) y a los Estados (más intereses deuda),
sino ayudar a buscar la paz y, mientras, aprobar más ayudas y medidas
para huir del petróleo. Enrique Ortega
El Banco Central Europeo (BCE) retomó hoy 11 de junio
un viejo camino: subir
los tipos de interés oficiales en la zona euro, del 2 al 2,25%
(+0,25%), tras un año sin tocar los tipos. Antes, había utilizado dos
caminos. El 21 de julio de 2022 inició
una senda de subida de tipos, para luchar contra la inflación (+8,7%
en junio), agravada por la invasión de Ucrania y la consiguiente crisis
energética, sobre todo en Europa. Entre 2022 y 2023, el BCE aprobó nada menos
que 10
subidas, disparando los tipos oficiales del 0% en que estaban
(desde 2016) hasta el 4,50% en que los colocó el 20 de septiembre
de 2023. Ahí los mantuvo 9 meses, hasta que el 6 de junio de 2024, el BCE
volvió a tomar otro camino, el de bajar
los tipos, para intentar reanimar una débil economía europea entonces
con menos inflación (+3,2% en mayo). Y los
bajó 8 veces entre 2024 y 2025, dejándolos en el 2% el 16 de junio de
2025, para no tocarlos hasta ahora, un año después.
El BCE se ha adelantado en la subida de tipos a los
demás bancos centrales, sobre todo a la Reserva Federal USA, que tendrá
que decidir esta semana si sube sus tipos (en el 3,50% desde diciembre de 2025),
ahora que la subida del petróleo ha
disparado su inflación al 4,2% en mayo y con Trump exigiendo desde
hace meses que bajen más los tipos. El BCE se ha adelantado esta vez porque tiene
“mala conciencia” de la última vez que subió tipos, porque cree (aunque
no lo reconoce) que lo
hizo tarde: subió los tipos el 21 de julio de 2022, casi 5 meses
después de la invasión rusa de Ucrania y con la inflación en el 8,7%,
muy por encima de su objetivo (+2%), muy superado desde septiembre de 2021
(+3,4%). Y una prueba de que “los subió tarde” es que el Banco de Inglaterra
empezó a subir tipos en diciembre de 2021 y la Reserva Federal USA lo
hizo cuatro meses antes, en marzo de 2022.
Ahora, el
BCE no quiere que nadie le critique por “retrasarse” y
quiere ser el más ortodoxo de los bancos centrales, aprobado la primera
subida antes de cumplirse 4 meses de los ataques a Irán (28 de febrero) y
cuando la inflación en la zona euro sólo ha subido al 3,2% en mayo (muy
por debajo de la inflación en la anterior crisis energética, donde los precios
europeos subieron más del 10% en octubre y noviembre de 2022, no bajando
del 6% hasta junio de 2023). Y frente a los que les critican por “precipitarse”,
el BCE se defiende diciendo que “es
mejor prevenir que lamentar”, que prefiere subir tipos ahora para
evitar que las subidas de la energía se contagien a toda la economía, algo
que todavía no ha pasado.
Muchos expertos reiteran que el
BCE vuelve a equivocarse subiendo tipos, porque la subida es ineficaz
cuando los precios suben por una “inflación de costes”, por una
subida de la energía, no porque la economía crezca demasiado y esté “recalentada”
(“inflación de demanda”, que es cuando la subida de tipos sí resulta
eficaz. Pero ahora, la subida de tipos no va a resolver el problema de las
infraestructuras petroleras dañadas o paradas ni servirá para reabrir el
estrecho de Ormuz, por lo que no servirá para bajar el precio del petróleo.
Tampoco sirvió en la anterior crisis energética, a raíz de la invasión
de Ucrania, cuando la inflación en la zona euro acabó bajando (del
10,6% en octubre de 2022 a menos del 3% en octubre de 2023) pero no por
las 10 subidas de tipos sino por las ayudas y medidas que aprobaron los
Gobiernos europeos, desde la excepción ibérica (clave para bajar la luz en
España) hasta las ayudas a familias o sectores y el aumento de las energías
renovables y la independencia energética europea. Ahora pasa lo mismo: si
la inflación no sube más, no será porque el BCE sube tipos sino por las medidas
que están tomando los paises (bajada impuestos) para luchar contra las
subidas energéticas.
El otro problema de esta subida de tipos del BCE es que, además
de ineficaz es perjudicial para la economía: los tipos
más altos no frenan la inflación pero sí deterioran
la economía de las familias, las empresas y los Estados, frenando
el crecimiento. Es como aplicar una sangría a un enfermo que está en la UVI.
Este error del BCE, promovido por los “fundamentalistas
monetarios”, ya lo cometió el Banco central europeo en 2011 y en
2022-2023. En 2011, el entonces presidente, Trichet, subió los tipos dos veces (en abril
y julio de 2011), lo que sirvió para agravar la incipiente recesión
europea: de crecer la zona euro un 0,2% en la primavera y verano de
2011, se pasó a una caída de la eurozona en los 6 siguientes trimestres (4º
de 2011, todo 2012 y primer trimestre de 2013), básicamente por la crisis de la
deuda y los rescates de los paises del sur pero también por “el ricino de la
subida de tipos”. La prueba del error es que, al llegar Draghi al
BCE (noviembre 2022), bajó 8 veces los
tipos de interés, hasta dejarlos en el 0% en 2016, ayudando a
reanimar la economía europea.
El error de Trichet en 2011 lo
repitió Christine Lagarde en 2022 y 2023, a raíz de la
inflación y la crisis desatada por la invasión de Ucrania. La primera
subida (+0,5%) se aprobó el 21 de julio de 2022 y tras ella, otras 9 subidas
más, hasta la última en junio de 2025 (dejando los tipos en el 4,50%, el nivel
más alto en 20 años). Y otra vez más, este “ricino monetario” agravó
la recesión de la economía de la eurozona: crecía el +0,9% en el 2º
trimestre de 2021 y cayó un -0,1% en el último trimestre, para no crecer apenas
en 2023 (entre un 0 y un 0,2% cada trimestre), con una resaca en 2024, en que la
eurozona sólo creció un -0,4%.
Ahora, la nueva subida de tipos del BCE es aún
más peligrosa, porque se produce cuando la
economía europea ya está cayendo, según Eurostat: en el primer
trimestre de 2026, el PIB de la eurozona ha caído un -0,2% (-0,1% la
UE-27), con Francia cayendo también (-0,1% PIB primer trimestre) como
Irlanda (-12,1%), Suecia (-0,2%) o Lituania (-0,3), y con Alemania
e Italia estancadas (+0,3%), salvándose sólo España (+0,6% crecimos
en el primer trimestre) y Polonia (+0,9%) entre los grandes. Una caída
que contrasta con lo que crecía la eurozona en 2011 (+1,7%) y en 2022
(+3,6%), las otras dos ocasiones en que el BCE aplicó su ineficaz subida de
tipos, que acabó en dos recesiones: ahora el BCE aplica su “medicina”
en una economía que decrece y con dos importantes paises que no crean
empleo (+0% Francia en el primer trimestre y -0,1% Alemania, según
Eurostat.
La subida de tipos frena el crecimiento porque afecta
negativamente a las familias y a las empresas, dos de los motores
claves del crecimiento, deteriorando además las cuentas públicas.
Antes de que el BCE subiera tipos el jueves pasado ya había subido
el Euribor, el precio al que se prestan los bancos europeos, porque se
esperaba esa subida de tipos tras la guerra en Irán y la subida de la energía.
Concretamente, el Euribor mensual
sube desde marzo y podría acabar en
junio en el 2,850%, +0,77% más alto que hace un año (2,081% Euribor junio
2025). Eso encarecerá las hipotecas a revisar en junio, en torno
a 69 euros al mes para una hipoteca media de 174.132 euros (+826,80 euros
anuales). Pero como además suben
sin parar las viviendas, los que pidan una hipoteca nueva tendrán
que pagar dos subidas: la del Euribor (ojo, antes de la
subida del BCE, pronto será más) y la de los pisos. Tomando el precio
medio de una vivienda en España (2.795
euros/m2, según Idealista), pedir ahora una hipoteca para comprar un piso
de 90m2 cuesta ya una cuota de 1.042 euros mensuales, 218 euros al mes
más que hace un año. Y pronto se espera el Euribor en
el 3%.
Los tipos de los préstamos personales, para
comprar un coche o hacer un viaje, también están subiendo este año, aún antes
de la subida del BCE: el tipo estaba en el 7,94% en 2024, bajó al 7,41% en 2025
y este año ha escalado hasta el 7,79% en abril, según
el Banco de España. Lo mismo les pasa a los créditos que piden las
empresas: las pymes, para créditos hasta 250.000 euros, pagaban el
4,79% en 2024, les bajó al 4,01% en 2025 y este año les ha subido hasta el 4,63%
en abril. Y lo mismo las grandes empresas, que piden créditos de más
de 1 millón de euros: pagaban un tipo del 4,35% en 2024, les bajó al 3,49% en
2025 y en abril de este año ya pagaban el 3,69%, según
el Banco de España. Además, con esta subida del BCE, todos los tipos
subirán más y los bancos restringirán más sus créditos e hipotecas.
Y el daño de la subida de tipos no se queda en
las familias y las empresas. También lo paga el Estado, porque la
Administración central, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán más
intereses por su deuda. Un termómetro es el coste de colocar la
deuda pública española a 10 años: tras pagar un máximo del 3,949% en
septiembre de 2023 (por la anterior subida de tipos, tras la invasión de Ucrania),
el
coste de la deuda española bajó al 2,787% en noviembre de 2024 y estaba en
3,213 al inicio de 2026, subiendo en junio a 3,5010, antes de la subida del
BCE. Esta subida de la deuda irá a más y el pago de intereses de nuestra
deuda (previsto en 43.300 millones de euros este año) subirá entre 6.000
y 9.000 millones por las subidas que se esperan tras la estrategia del
BCE. A lo claro: que tendremos entre 6.000 y 9.000 millones menos para
gastar en servicios públicos porque habrá que pagar más intereses.
Ahora, la incógnita es saber cuántas veces más subirá el
BCE sus tipos de interés oficiales: hay analistas que hablan de hasta
dos veces más, quizás en julio y en octubre o que espere para hacer
la tercera a diciembre. Pero todo apunta a tipos entre el 2,50 y el 3%,
según se comporte la inflación europea (que podría oscilar entre el 3,5 y el 4%
este año, tras cerrar 2025 en el 1,5% la UE-27). Y a su vez, el comportamiento
de la inflación va a depender de la evolución de la guerra en Oriente
Medio, cuyo futuro no se vislumbra. Pero incluso en el caso de un
acuerdo y de la reapertura de Ormuz, la economía internacional y los precios
tardarán meses en beneficiarse, por lo que el BCE “no bajará la guardia”.
Lo que sí está claro es que muchos expertos (incluido
el español Luis de Guindos, que acaba de dejar su puesto de vicepresidente del
BCE: “tenemos
que tener en cuenta el impacto sobre el crecimiento”) alertan sobre
el riesgo de que la subida de tipos agrave la recesión en Europa,
dado el estancamiento de Alemania y Francia. Y recuerdan los errores de
las subidas de 2011 y 2022-23. Y otros reiteran que la lucha contra la
inflación exige tomar medidas en dos frentes. Uno, volcarse política y
diplomáticamente en lograr una paz estable en Oriente Medio, un
conflicto en el que Europa sigue “ausente”. Y el otro, tomar medidas y
estrategias para contrarrestar la inflación (como las medidas fiscales y
en algunos sectores que ha tomado España) y acelerar
“la huida” de los combustibles fósiles, favoreciendo la electrificación
de la economía (con energías renovables) y la movilidad (facilitando
las ventas de coches eléctricos y los postes de recarga, ambas retrasadas en
Europa).
En resumen, que Europa está sufriendo en sus precios
los daños de la guerra en Oriente Medio, pero la solución no es agravar
aún más el actual estancamiento económico europeo subiendo los
tipos (lo que no sirve para bajar el precio del petróleo) sino
presionando con el resto del mundo a Israel, EEUU e Irán para que firmen la paz
y acelerando una política energética que apueste más por los combustibles
renovables y por consumir cada vez menos petróleo, para que estas crisis
energéticas (recurrentes) no nos hagan dado. El problema es que la
derecha europea (sobre todo el PPE) se ha dejado presionar por la
extrema derecha y están “devaluando”
las políticas medioambientales europeas, como demuestran los
ataques al Pacto Verde europeo y la
decisión aprobada por la Comisión en diciembre de suavizar la prohibición
de coches de combustión en 2035… Así nunca podremos evitar los
europeos los daños de la geopolítica y de las subidas del petróleo. Ni subiendo
tipos.
El miércoles pasado, el presidente Sánchez inauguraba en
Barcelona la fabricación del primer coche español 100% eléctrico, el
Cupra Raval, de Seat. Pero hace meses que dos empresas chinas fabrican (“ensamblan”)
coches electrificados en las antiguas fábricas de Nissan (Barcelona) y
Santana Motor (Linares, Jaén), Y pronto, otros gigantes chinos fabricarán
coches electrificados en Zaragoza, Madrid y Ferrol, quizás
también en Valencia. España se está convirtiendo en la
plataforma de desembarco de los fabricantes chinos en Europa, para
esquivar los aranceles de Bruselas. Es la ofensiva industrial
porque la ofensiva comercial china lleva años ganando parte del
mercado europeo, donde los 5 grandes fabricantes chinos venden ya un 29%
de los coches electrificados, mientras en España venden el 14%. Una “invasión”
de coches chinos que irá a más cuando los europeos aumenten sus compras de coches
electrificados, ahora sólo el 29,3% de las ventas (21,4% en España).
Para eso, hacen falta más ayudas (pendientes este año) y más puntos de recarga.
Hay que huir de los carburantes. 
A pesar de este empujón, el peso de los coches
electrificados (eléctricos más híbridos enchufables) en el
mercado europeo es bajo, según
ACEA: supone un 29,3% de todas las ventas (+6% que hace un año),
siendo superados por los coches híbridos (falsamente “ecológicos”,
aunque tienen la etiqueta Eco y no hay que recargarlos), que suponen el 38,2%
de las ventas europeas en 2026. Y todavía se venden un 30,2% de coches de
combustión (22,5% de gasolina y 7,7% diesel), más un 2,3% de “otros”.
Entre
los paises grandes, Alemania es quien vende más coches
electrificados (34,5%), seguida de cerca por Francia (32,63%) y
lejos por España (21,3% ventas son electrificados) e Italia
(16,45% ventas). Pero el liderazgo de ventas de electrificados lo tienen Noruega
(98,70% de las ventas), Dinamarca (81,4%), Suecia (64,84%), Islandia
(62,22%), Finlandia (60,96%) y Paises Bajos (57,75%), siendo
reseñables Portugal (37,3%) y Reino Unido (36,37%).
En España tenemos ya datos de ventas de mayo y
siguen repuntando, al ser el tercer mes consecutivo en que se han vendido más
de 100.000 turismos (111.894). Con ello, entre enero y mayo se han matriculado 519.283
turismos, +5,8% que el año pasado y se
espera vender más de 1.200.000 coches este año. Y como en el resto de
Europa, el tirón de ventas viene de los coches electrificados
(eléctricos más híbridos enchufables), que suponen el 21,% de todas las
ventas: se han vendido estos 5 meses 111.386 turismos electrificados,
+43% que el año pasado (48.998 eléctricos puros, +40,03%, y 62.388 híbridos
enchufables, +46,52%), según
ANFAC. Los turismos híbridos no enchufables lideran las ventas
(247.755 hasta mayo, el 46% de todas las ventas), aunque crecen menos
(+19,5%) y caen las ventas de coches de gasolina (122.249,
todavía el 23,5% de las ventas) y gasoil (20.046, el 3,9% ventas).
Las marcas chinas se están aprovechando de este tirón
de los coches electrificados, en España y en el resto de Europa. En España, las
principales marcas chinas han vendido 15.520 coches electrificados
(eléctricos más híbridos enchufables) hasta mayo, según
ANFAC, el 14% del total. En el ranking
de ventas de eléctricos, tras 2 modelos de Tesla figura el BYD
Dolphin Surf (2.463 vendidos,+2.268%...), en el 6º puesto el BYD ATT0 2
(1.518,+384%) y en el 9º el Changan Deepal SO5 (1.231 vendidos). Y en el
ranking de híbridos enchufables, los dos más vendidos son de la china BYD
(Seal U y ATTO2, con 9.898 vendidos entre ambos), en 7º Y 8º lugar están dos Omoda
(7 y 9, 3.843 coches vendidos) y en 9ª
posición Ebro S 700 (1.779 vendidos). Eso sí, en híbridos no enchufables (los
más vendidos, aunque poco ecológicos), sólo figura un coche chino en 10ª
posición, el Omoda 5 (5.954 vendidos).
En el resto de Europa, la penetración de los
coches chinos es mayor. En conjunto, las 5 grandes marcas chinas vendieron
hasta abril 322.534 coches electrificados en la UE-27, según
ACEA, el 29% de todas las ventas de eléctricos e híbridos
enchufables y el 8,5% de todas las ventas de turismos (porcentaje que sube al
32,87% de electrificados y el 10,2% de todo el mercado si analizamos las ventas
también en paises no UE, como Noruega, Islandia, Suiza o Reino Unido). Y sólo
en la UE-27, el fabricante chino líder, Geely, ha vendido este año
96.551 coches (+61,7% que el año pasado), más que Seat, Nissan, Ford y Tesla.
Le siguen SAIC Motor (77.047 coches vendidos en la UE-27,+10,4%), BYD
(71.863,+152,9%), Chery (48.364, +267%...) y Leapmotor (28.709
vendidos, +558% que en 2025…).
Hasta aquí los resultados de la ofensiva “comercial”
de los fabricantes chinos en Europa y España. Pero hay otra
ofensiva “industrial” más soterrada: los chinos están
buscando acuerdos para fabricar sus modelos en Europa, para eludir
así los aranceles que deben pagar sus coches para entrar en el mercado
europeo (del 7,8% al 35,3%), como defensa de Bruselas ante las ayudas públicas con
que fabrican sus coches. Eso ha conducido a que BYD, el mayor fabricante
chino de coches eléctricos tenga una fábrica en Hungría desde 2017,
donde producen autobuses y camiones eléctricos y recientemente fabrican
turismos electrificados. Otra marca china, Xpeng, ensambla sus modelos
más populares en la factoría de Magna en Austria y construye otra
factoría en Turquía. Y la china Dongfeng intentó
abrir una fábrica en Italia. Pero donde los fabricantes chinos han
desembarcado es en España, por su experiencia industrial, sus bajos costes, la energía barata, las infraestructuras y su posición geográfica.
Ciertamente, China
ha elegido a España como su gran fábrica de coches electrificables en Europa.
Se abrió la veda en junio de 2022, con el acuerdo del Gobierno español y
extremeño con la empresa china Envisión para instalar una gigafactoría
de baterías en Navalmoral de la Mata
(Cáceres), que prevé movilizar 2.500 millones de euros en inversiones (300
millones en ayudas y créditos públicos del PERTE eléctrico) y generar 3.000
empleos, en una planta construida para finales de 2026 y que empezará a operar
en marzo de 2028. En diciembre de 2024 se anunció el acuerdo para construir otra
gigafactoría
de baterías en Figueruelas (Zaragoza) entre el gigante europeo
Stellantis y la china CATL, con una inversión total de 4.100 millones
de euros (unos 300 millones de ayudas públicas) y 4.000 empleos, que se espera
poner en marcha durante la segunda mitad de 2026.
En cuanto a la fabricación
de coches chinos en España, el primer proyecto fue el acuerdo del grupo
chino Chery, en abril de 2024, para quedarse con la antigua fábrica
de Nissan en Barcelona, tras un acuerdo con el grupo catalán EV Motors.
Ya en noviembre de 2024 empezó a fabricar en España los primeros modelos de la
marca española EBRO y a “ensamblar” después (fabricar con piezas importadas de
China, como un Lego…) modelos de sus marcas Omoda y Jaecoo, a los que seguirán
otros. También fabrican en España los chinos de ZNA (Zhengzhou Nissan
Automobile) y Anhui Coronet, que firmaron
un acuerdo (en abril 2025) para reabrir con el grupo español JPG la antigua
factoría de Santana Motor en Linares (Jaén), donde han fabricado la
pick up Santana 400. Y el 5 de diciembre, han firmado un acuerdo
con el gigante chino BAIC Motors, que prepara, entre 2026 y 2028, el
ensamblaje en esta factoría de 5 modelos de SUV de la marca BAIC, así como
nuevos modelos Santana.
Otro importante acuerdo, anunciado en diciembre de 2025 y
firmado en febrero de 2026, es la alianza estratégica entre el gigante
europeo Stellantis y el fabricante chino Leapmotor, que
pretenden fabricar 4 modelos de la marca china en España, dos modelos que
se “ensamblarían” en la fábrica de Stellantis de Villaverde, en Madrid (a
partir del primer semestre de 2028), otro modelo a ensamblar en Figueruelas
(Zaragoza) este mismo año, y un nuevo SUV eléctrico de Opel, que se fabricaría
en Figueruelas, en 2028, con tecnología china. El último acuerdo anunciado
(el 1 de junio) ha sido la futura llegada del gigante
chino SAIC Motors a Galicia, para abrir su primera fábrica europea en
Ferrol, donde pretende crear el primer gran centro industrial y logístico de
SAIC en Europa. La inversión inicial será de 200 millones de euros (habrá
ayudas públicas), crearán 2.300 empleos y pretenden estar operativos en 2028,
para fabricar
120.000 coches anuales marca MG. Además, Ford
negocia con el grupo chino
Geely para fabricar algunos de sus modelos en Almusafes (Valencia), una factoría
infrautilizada, Y la china Changan estudia instalarse en Aragón...
Como se ve, los fabricantes chinos quieren utilizar
España para “desembarcar” en Europa con sus coches, cada vez más
baratos y competitivos. De momento, las operaciones anunciadas suman una
inversión china de 5.380 millones de euros (ver
cuadro), a las que el Gobierno y las autonomías aportarán ayudas
públicas y facilidades. Esta estrategia va a reforzar el empleo y el
papel de España como 2º fabricante europeo de automóviles (tras
Alemania) y el
9º del mundo. Pero tiene un grave riesgo, según expertos y fabricantes:
podemos ser “el caballo de Troya” de China en Europa y no beneficiarnos
de su tecnología ni del empleo, porque muchas empresas
chinas sólo quieren “ensamblar” coches aquí, importar kits con
partes del coche y montarlo aquí, con poco personal (y técnicos chinos). Esto preocupa
a Europa, que pide a los paises aseguren un porcentaje mínimo
de producción, componentes y empleo nacional, máxime si
hay ayudas públicas.
Mientras China apuesta por los vehículos electrificados,
dentro (el
61,4% de los coches vendidos allí
en abril) y fuera del país, Europa avanza despacio hacia la movilidad
sostenible: recordemos, el 30,2% de los coches que se venden son de
combustión y sólo un 29,3% son electrificables (eléctricos o híbridos
enchufables). Y con el auge de la ultraderecha y la presión de los fabricantes
europeos, la
Comisión Europea ha dado marcha atrás y ya no prohíbe la venta
de coches de combustión en 2035, sino que se ampliará el plazo, lo que
retrae al lanzamiento de nuevos modelos electrificables y da más tiempo a los
compradores, en perjuicio de la contaminación de nuestras ciudades y la
emergencia climática.
España está aún más retrasada que la mayoría de Europa
(salvo Italia) en la penetración de los coches electrificados (el 21,03%
de las ventas, frente al 29,3% de media en la UE-27, el 34,5% en Alemania o el
32,63% de Francia y a años luz del 98,70% de Noruega). La patronal ANFAC, que
publica mensualmente un Barómetro
de electromovilidad, aporta dos cifras clave de nuestro retraso. Una, la
venta de electrificados: 62.297 en el primer trimestre, frente a los
450.000 que debían venderse en 2026 (y los 787.800 en 2030), según el Objetivo
2030. Y el otro: se han instalado 2.005 postes de recarga en el primer
trimestre, frente a los 124.000 que debían instalarse en 2026 (y los 300.000 en
2030). Además, sólo el 5,8% de los postes que funcionan (55.077
de los 72.150 instalados los últimos años) permiten una recarga rápida
(15 a 27 minutos), recargando la mayoría (el 69%) en 3 horas…
Así que vamos muy retrasados en la adopción de vehículos
electrificables, los únicos que pueden darnos una independencia
estratégica ante guerras y precios disparados del petróleo y los
carburantes. El Gobierno
Sánchez tiene una estrategia clara de apoyo a los coches electrificables,
pero las ayudas no han funcionado por exceso de burocracia de las
autonomías, que han retrasado hasta más de un año el cobro de las ayudas. En
diciembre, el Gobierno cambió el sistema, dentro del Plan
España Auto 2030: ahora será una plataforma gestionada por el Estado
quien controle las ayudas a la compra de vehículos electrificables, que descontará
el concesionario. Pero este nuevo sistema está retrasando la entrada
en vigor de las ayudas aprobadas: el nuevo
Programa Auto+ aporta 400 millones de euros para las ayudas, 4.500 euros por vehículo (con precio inferior
a 45.000 euros) y hasta 7.500 para vehículos
de autónomos y empresas. Se espera que empiece a aplicarse este mes de junio,
aunque será con efecto retroactivo y dará ayudas a todos los que
hayan comprado coches electrificables desde el 1 de enero.
En resumen, necesitamos
agilizar las ayudas para la compra de vehículos
electrificables y la instalación de postes de recarga, como
estrategia para ser un país menos dependiente del petróleo y la geopolítica. Y
las empresas automovilísticas europeas instaladas en España deben
aprovechar los Fondos europeos para acelerar
su reconversión y volcarse en el diseño y la producción propia de
vehículos electrificables, para poder competir dentro y fuera. Y no deberían
buscar “atajos”, como los acuerdos de empresas europeas con empresas chinas
para fabricar sus coches en España y otros paises europeos. Es comprensible que
el Gobierno Sánchez y otros europeos busquen
las inversiones chinas, que crean riqueza y empleo, pero si no dejan
tecnología y mejoras de competitividad, serán “pan para hoy y hambre para
mañana”. Inversiones chinas sí, pero con muchos controles y condiciones. Y
en paralelo, España y el resto de paises deben volcarse en electrificar
ya la industria automovilística europea.
Este verano aumentará la inflación, cerca del 3,5%,
por la subida de la luz, los alimentos, el turismo y los viajes. Mientras, los sueldos
suben menos del 3%. Esto agrava un problema de fondo, que explica por qué bastantes
familias no llegan a fin de mes: muchos sueldos son demasiado bajos,
según acaba de confirmar el INE. Tres datos. El salario más frecuente (1.080
euros netos) es más bajo ahora que en 2019. Casi el 30% de los sueldos están
entre 1.046 y 1.326 euros netos (en 14 pagas). Y más de dos tercios de los
trabajadores (12,4 millones de asalariados) ganan entre 1 vez el salario mínimo
(1.038 euros netos en 14 pagas) y 2 veces el SMI (1.711 euros netos). Somos
un país de mileuristas, con unos sueldos un 25,6% más
bajos que en Europa. Por eso, los sindicatos piden subidas del 4 al 7%,
ahora que las empresas llevan 5 años subiendo ventas y beneficios. Pero la
negociación salarial no ha empezado y podría no haber acuerdo. Enrique Ortega
Casi la mitad de las familias españolas tienen problemas para llegar a fin
de mes (el 44,2%,
según el INE), básicamente porque la
inflación acumulada (+23,5% entre 2020 y 2025) ha crecido más que los
salarios (+16,66% en estos 6 años). Y con los precios altos, por el
encarecimiento de la energía, las materias primas y los alimentos, los
salarios crecen este año menos que la inflación: +2,94%
en los convenios firmados hasta abril, mientras la inflación está en el 3,2% anual en abril y
subirá más este verano, por
el encarecimiento de la luz (han vuelto a subir el IVA y el impuesto de la
electricidad el 1 de junio), los carburantes, los alimentos, la hostelería, el
turismo y los viajes. Así que seguirá siendo difícil llegar a fin de mes, sobre
todo los que pagan además alquileres
altos e hipotecas
más caras.
La clave vuelve a estar en los salarios, que son
demasiado bajos para muchos trabajadores, según acaba de desvelar el INE, con
su última estadística de
estructura salarial (referida a 2024): el salario medio anual
en España es de 29.540 euros brutos, lo que significa 1.631 euros
netos en 14 pagas. Un sueldo medio que es mayor para los hombres (32.057,55
euros brutos, 1.748 netos en 14 pagas) que para las mujeres (26.904,90
euros brutos, 1.507 euros netos), cuya “brecha” salarial es el
16,8% que cobran de menos. Este sueldo medio ha subido 5.144,28
euros brutos desde 2019, un aumento medio del +21%. Subida que se ha
comido la inflación, porque los precios subieron el +21.3% en estos
6 años.
Pero este dato es el salario medio anual, que se
obtiene como media entre los que más ganan y los que menos. Un dato más
relevante es el
salario mediano, que es el salario que divide a los trabajadores en dos
partes: la mitad que gana más y la mitad que gana menos. En 2024
era menor, 24.497,17 euros brutos, unos 1.352 euros netos (14 pagas). Un
salario mediano que ha crecido menos desde 2019 (+4.146 euros), un +20,37%
(+21,3% el IPC).
Y queda un tercer dato que es más revelador: el
salario más frecuente, el que ganan un mayor porcentaje de
trabajadores. En 2024 era aún menor, según el INE, de 16.520,18
euros brutos (1.080 euros netos en 14 pagas), el sueldo que cobraban el
3,84% de los asalariados. Y lo peor es que este salario más frecuente ha
caído en los últimos 6 años: era de 18.489 euros brutos en 2019 y ahora
está en 16.520 euros, lo que significa que el sueldo que ganan ahora el mayor
grupo de trabajadores es un 10,6% más bajo. Además, si miramos cuantos
trabajadores ganaban entre 16.000 euros brutos (1.046 euros netos en 14
pagas) y 23.000 euros brutos (1.326 euros netos), son casi un tercio
( el 29,5%) de los asalariados, casi 5,5 millones de asalariados que son “mileuristas”.
Y otro dato llamativo: más de dos tercios de los
trabajadores (el 67,01%) ganaban en 2024 entre 1 vez y 2 veces el
salario mínimo (SMI), entre 15.876 euros brutos entonces (1.038 euros netos
en 14 pagas) y 31.752 euros brutos (1.711 euros netos en 14 pagas). Eso
significa que 12,45 millones de asalariados ganan menos de 1.711 euros netos
al mes (en 14 pagas), una cantidad con la que difícilmente se puede
sobrevivir si no hay otro sueldo, si hay hijos y si encima hay que pagar un
alquiler o una hipoteca. Esta es la realidad de la mayoría de los salarios que nos reflejan los datos del
INE, aunque sean de 2024.
Además de tener sueldos mayoritariamente bajos, en España
hay grandes diferencias de salarios por sectores, ocupaciones
y autonomías, según
reflejan los datos del INE. Hay 6 sectores económicos especialmente mal
pagados, cuyo sueldo medio (ojo, las medias no reflejan los muchos
sueldos más bajos) está por debajo del sueldo medio de toda la economía, esos
29.540 euros brutos (1.631 euros netos en 14 pagas): son la hostelería
(17.653 euros brutos, 1.139 euros netos en 14 pagas), las actividades
artísticas (20.383 euros brutos, 1.241 euros netos), actividades
administrativas (21.096 euros brutos, 1.265 euros mensuales netos), comercio
(25.778 euros brutos, 1.545 mensuales netos), construcción (26.965 euros brutos,
1.616 euros netos mensuales) e inmobiliarias (28.854 euros brutos). Y cobran
por encima de la media, 4 sectores económicos: suministro de energía
(57.931 euros brutos, 2.873 euros netos mensuales), industrias extractivas
(41.951 euros brutos), industria manufacturera (32.281 euros brutos) y
suministro de agua (32.362 euros brutos).
El sueldo tiene mucho que ver no sólo con el
sector, sino con el puesto que se ocupa en la empresa. Así, los que más ganan
son los directores y gerentes (63.865 euros brutos, más del doble que la
media), seguidos de lejos por técnicos y profesionales (entre 45.513 y 40.554
euros brutos) , siendo los
sueldos más bajos los de los trabajadores no cualificados de los
servicios (16.062 euros brutos, 1.050 euros netos mensuales), los trabajadores
de la restauración (18.918 euros brutos), de la salud (19.479 euros brutos) y
los peones del campo o la construcción (22.030 euros sueldo medio bruto). Y estas diferencias se multiplican entre los grandes
ejecutivos de grandes empresas: ganan hasta 111 veces más
que su empleado medio, hasta 4,4 millones de euros anuales, según
Intermón Oxfam.
También hay grandes diferencias de sueldos por autonomías, en
función del mayor o menor peso de los sectores mejor pagados y de su productividad
y su aportación a la riqueza (PIB). Hay 4 regiones con el sueldo medio por
encima de la media de España (29.540 euros, 1.643 euros netos mensuales): País
Vasco (35.170 euros brutos anuales , 1.894 euros netos mensuales), Madrid
(34.410 euros brutos), Navarra (32.605 euros brutos) y Cataluña
(31.730 euros brutos. Los sueldos medios más bajos se cobran en Extremadura
(24.974 euros brutos, 1.417 euros netos mensuales), Canarias (25.120
euros brutos), Castilla la Mancha (26.062), Andalucía (26.089),
Castilla y León (26.177), Murcia (26.349), Galicia (26.547) y la Comunidad
Valenciana (26.816 euros brutos).
Ya no es sólo que España tenga sueldos bajos y muchos
trabajadores sean “mileuristas”, sino que seguimos con sueldos mucho más
bajos que en bastantes paises de Europa. Así, el salario por hora
trabajada fue en España de 19,5 euros en 2025, un 25,6% del sueldo medio
por hora pagado en la UE-27 (26,2 euros/hora), según
Eurostat. Y quedamos muy lejos de lo que se paga por hora de trabajo en Luxemburgo
(49,7 euros/hora), Dinamarca (44,7 euros), Irlanda (36,6 euros),Paises Bajos
(36,3 euros), Alemania (34,5 euros), Francia (30 euros) o Italia (23
euros/hora), superando sólo a Portugal (15,6 euros) y Grecia (14,5 euros). Y no
sólo se cobra menos ahora sino que el salario/hora ha crecido mucho menos
en España que en Europa desde 2008 (+36,3% frente a
+62,7% en la UE-27) y desde 2020 (+14,7% frente a +21,8% que ha
subido el salario hora en la UE-27).
Al final, resulta que los sueldos en España ocupaban en 2025
el puesto 16 en el ranking de los 27 paises europeos desarrollados
que integran la
OCDE, encabezado por Suiza (107.487 euros brutos de sueldo medio), con
Dinamarca en el 4º puesto (71.961 euros brutos), en el 5º Paises Bajos (69.028
euros), en el 7º Alemania (66.700 euros), en el 8º Reino Unido
(65.340), en el 10º Bélgica (62.348 euros), en el 11º Irlanda (60.258 euros),
en el 13º Suecia (50.338 euros), en el 14º Francia (45.964 euros), en el
15º Italia (36.594 euros) y en el puesto 16º España (32.678 euros brutos
de media en 2025), quedando 9 paises europeos por debajo de los 30.000 euros
de sueldo bruto medio (Portugal, el 22º, con 24.254 euros).
Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), las diferencias salariales en
Europa, con sueldos más altos en el centro y norte que en el sur, se deben
a 3 factores: la estructura económica y la mayor o menor productividad
(muy ligada a la tecnología, el tamaño de las empresas y a la organización del
trabajo), las instituciones del mercado laboral (más sueldos en los
paises con sindicatos más fuertes y una negociación colectiva consolidada) y un
mayor o menor coste de la vida (la alta inflación presiona al alza los
salarios).
En España, la
queja de los sindicatos es que el fuerte crecimiento
de la economía y el aumento de ventas tras la pandemia ha beneficiado a
las empresas, que han aumentado márgenes y beneficios, pero no a
los trabajadores, cuyos sueldos crecen menos. Y aportan los últimos
datos del Observatorio de Márgenes empresariales. Uno, que el valor
añadido sobre ventas (ingresos menos costes) ha crecido un 24,5% en los
últimos 4 trimestres (marzo 2026-marzo 2025), frente al 21,9% que crecieron de
promedio entre 2009 y 2021. Y el margen bruto de las empresas (su
rentabilidad operativa) es del 12,8%, frente a una tasa promedio del 10,5%
entre 2009 y 2021. Y además, añaden, ha crecido más la productividad que
los sueldos: entre 2018 y 2026, el margen bruto por asalariado
que obtienen las empresas ha crecido un +53%, frente al +33% que
ha crecido la remuneración media por asalariado en estos 8 años.
En definitiva, que en el reparto de la
tarta del crecimiento y la riqueza, las empresas se llevan
una mayor parte que los trabajadores. Y por eso, los sindicatos creen que es
hora de que los salarios crezcan más, de repartir
mejor el crecimiento. En el V
Acuerdo para el Empleo y la negociación Colectiva (AENC) , firmado
por los sindicatos y la patronal en 2023, se pactó una subida salarial
del +4% para 2023 y del +3% para 2024 y 2025, más una cláusula de revisión
del 1% si se disparaba la inflación, subidas que han sido básicamente respetadas
en los convenios firmados (han
subido un 10,46% estos tres años) y que han superado a la inflación (+9% de
media los 3 años), mejorando algo el poder adquisitivo.
Ahora, cara a la firma del VI AENC, que debe
pactar las subidas salariales para 2026, 2027 y 2028, los
sindicatos exigen subidas mayores que las de los pasados
años. Primero, porque los conflictos geopolíticos hacen temer un repunte de
la inflación en todo el mundo y en Europa, donde la Comisión prevé una
inflación del +3,1% este año (y del +3% en España), que podría aumentar si no
acaba la guerra en Oriente Medio. Y segundo, porque los sindicatos creen que
ya es hora de que los trabajadores se beneficien del
crecimiento en sus sueldos, como han hecho las empresas con sus
beneficios. Sobre todo los trabajadores que menos ganan, esos 5,5 millones de
asalariados que ganan entre 16.000 y 23.000 euros brutos.
Por todo esto, el 29 de enero, UGT y CCOO presentaron
su propuesta de negociación para acordar con la patronal el VI
AENC que ampare los convenios de 2026 a 2028. Su posición de partida es exigir
una subida
salarial del 4% para 2026, 2027 y 2028, más una subida extra del
1 al 3% adicional para los trabajadores que ganan ahora entre el 10% y
el 30% por debajo del salario medio anual en España (29.540 euros), además de
una cláusula del revisión salarial del 1,5% por si se dispara la inflación.
Además, quieren incluir en esta negociación colectiva la
supresión de las horas extras gratis, la reducción de jornada, la precariedad
laboral de los jóvenes y las mujeres, el grave problema de la vivienda
para muchos trabajadores (y sus empresas), además de la regulación de los
algoritmos y la Inteligencia Artificial.
Ha pasado casi medio año y no hay avances en
la negociación salarial para 2026 y los dos años siguientes, cuando el V
AENC se firmó el 10 de mayo de 2023.
La patronal CEOE no parece interesada en sentarse con los
sindicatos a negociar y muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, creen que
la subida será menor si no hay un aumento pactado. Además, la patronal
CEOE lleva unos meses muy radicalizada, levantándose de las mesas de
concertación (como en el tema de la reducción de jornada) y culpando al
Gobierno (y a los sindicatos) de querer “imponerles” cambios legales, quejándose
del exceso de absentismo y bajas laborales (en gran parte, por los problemas de
la sanidad pública). Todo apunta a que los sindicatos presionarán a la patronal
en septiembre, pero será un mal momento para la CEOE,
porque en
noviembre hay elecciones y quiere volver a presentarse Antonio Garamendi.
Así que no está claro que este otoño se negocien las futuras subidas salariales,
como se hace desde 2010.
Pero los bajos salarios son un problema, no
sólo para los trabajadores que los cobran sino para
el conjunto de la economía: si los salarios no suben algo más que
la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores
del crecimiento y el empleo. Así que mejorar los salarios, para que sean más
“europeos” no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los
trabajadores están por debajo del salario medio, según
los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar
los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Hay
que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir
mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios
en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.
Queda hasta finales de junio para presentar la
declaración de la Renta, por los ingresos de 2025. Este año, aumentan
los contribuyentes que les sale a pagar (+1,64 millones que en 2025)
y además pagarán más (+5.535 millones), porque hay más gente trabajando
y han subido los sueldos, dividendos y plusvalías de Bolsa y de la venta de
viviendas. También porque Hacienda no descuenta la inflación en tramos y tipos.
La Renta se consolida como el principal impuesto (43,78%
de la recaudación) y la pagan sobre
todo los que viven de un trabajo o pensión, principalmente las clases
medias y medias altas. Con todo, no es verdad que “vivamos en un infierno
fiscal”, como reitera Feijóo: el porcentaje del salario bruto que se
llevan impuestos y cotizaciones es mayor que en la OCDE pero menor que en
Alemania, Francia e Italia. Y España sigue recaudando porcentualmente menos
que Europa. Por eso, si queremos mejorar los servicios públicos, algunos
(los más ricos, inversores y empresas) tendrán que pagar más. 
La declaración del IRPF de este año tiene pocas
novedades fiscales, salvo las deducciones por obras en viviendas
para reducir el consumo energético, así como por la compra de vehículos
eléctricos o por instalación de postes de recarga, más la deducción (hasta 340
euros) para los que ganen menos de 18.276 euros y los ajustes a los que ganan
el salario mínimo (SMI). Eso sí, hay que destacar que Hacienda
enviará este año 3,5 millones de “avisos”
preventivos para alertar de sus obligaciones fiscales a los que tienen
criptomonedas (1,2 millones de avisos), a los que obtienen rentas en el
extranjero, a los que venden cantidades destacadas en plataformas
digitales (como Wallapop o Vinted: 437.000 avisos más) o los que tienen un
piso en alquiler no declarado (avisos a 867.000 propietarios…).
Las mayores novedades de la Renta siguen estando en la
mitad que gestionan las autonomías. Sigue habiendo una
gran diferencia regional en el tipo mínimo (9,5%), que
sólo mantienen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia) y que
han rebajado el resto, mientras el tipo máximo autonómico (24,5%) lo
mantiene sólo Cantabria, subiéndolo 8 autonomías (Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Cataluña, Extremadura, la Rioja y Comunidad Valenciana, con el tipo
más alto, 29,5%) y bajándolo otras 6 (Castilla y León, Galicia, Castilla la
Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid, con el tipo máximo más bajo, 20,5%). Tipos
que se suman al tipo mínimo (9,5%) y máximo (24,5%) estatal.
Además de que las autonomías compiten entre ellas
con unos tipos del IRPF al alza o a la baja, también difieren en las
deducciones que aplican, muy diferentes entre ellas. En esta
declaración a presentar en 2026, hay
deducciones autonómicas muy llamativas: un 15% de la cuota del
gimnasio, con 100 euros máximo (Andalucía y Murcia), un porcentaje del
gasto veterinario en mascotas (Andalucía y Murcia), a los celíacos
(Asturias), por gastos en dentistas (hasta 150 euros de deducción) y oculistas,
así como por estudios musicales, hasta 150 euros (las 3 deducciones en
la Comunidad Valenciana), ayuda para material escolar (Galicia),para
gastos de guardería o mudanza entre islas (Canarias), por ahorro
para previsión social (País Vasco) o para compra de vivienda (Castilla la
Mancha), para compensar los gastos de una ocupación de vivienda (en
Baleares), para bonificar los trabajos en el campo de nuevos residentes
(La Rioja) o para incentivar a los que vengan de otras regiones (una
deducción nueva este año en Extremadura y Cantabria).
Con tipos autonómicos distintos y diferentes deducciones, los
españoles pagan un IRPF diferente según donde vivan, según
demuestra este estudio de los economistas asesores fiscales (REAF). Un soltero
sin hijos que ingrese 20.000 euros pagará de Renta 1.772 euros al
año en todas las regiones, salvo en Navarra (1.200 euros) y País Vasco (0
euros).Si gana 30.000 euros, la horquilla varía entre 4.958 euros que
paga en Cataluña (4.926 en Castilla la Mancha) y 4.495 en el País Vasco, 4.582
en Navarra y 4.598 en Madrid. Para 45.000 euros, vuelve a ser Cataluña
donde más de paga (9.684 euros), seguida por Extremadura (9.653) y menos en el
País Vasco (8.626) y Madrid (8.881). Para 70.000 euros de ingresos, el
mayor pago hay que hacerlo en Extremadura (19.365 euros) y Cataluña (19.097),
siendo el menor en el País Vasco (34.724) y Madrid (35.000 euros). Y a
partir de 110.000 euros de ingresos anuales, el reparto se repite: pagan
más los contribuyentes (ricos) que viven en la Comunidad Valenciana
y los
que menos quienes viven en Madrid (ahí, “los más ricos”
pagan de Renta entre 7.000 y 46.000 euros menos que en la Comunidad Valenciana:
ver
cuadro).
El IRPF se consolida en España como el primer
impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios: en
2025, Hacienda recaudó con la Renta 142.466 millones de euros,
casi la mitad (el 43,78%) de toda la recaudación fiscal en España (325.356
millones), un peso que ha ido en aumento tras la pandemia (el IRPF suponía el
40,83% de toda la recaudación en 2019). Y la recaudación por Renta ha
crecido un +64% desde 2019 (cuando ingresó 86.892 millones), el 2º
mayor aumento de ingresos de todos los impuestos, sólo por detrás del impuesto
de Sociedades (cuya recaudación ha crecido un +78% desde 2019 porque entonces
las empresas pagaban muchos menos impuestos y ahora ganan más). Muy
lejos del IRPF quedan la recaudación del IVA (99.532 millones en
2025), la de Sociedades (42.266 millones) y los impuestos especiales
(23.083 millones por carburantes, tabaco y alcohol), los 4 principales
impuestos que pagamos cada día y cada año.
Este fuerte
tirón de la recaudación por el IRPF
tras la pandemia se debe a varios factores: más población residente y trabajando
(+2.496.400 ocupados que en 2019), con mayores sueldos (han subido
+16,66% en estos 6 años) y con unos ingresos extras para muchos
declarantes que ahorran e invierten (generando plusvalías), desde los que
cobran dividendos (42.671
millones cobrados en 2025, la cifra máxima en once años) a los que invierten
en Bolsa (2,4 millones de familias, el
12% de los hogares) o los que compraron una vivienda y la han venido
(+62%
ha subido desde 2019) o alquilado (+47% subieron los alquileres).
Todo ello explica que la recaudación por IRPF se haya disparado tras la
pandemia y especialmente en 2025 (+10,1%), lo que ha aumentado las
declaraciones positivas este año.
Hacienda rechaza deflactar la tarifa, argumentando
que esa medida “favorece más a los más ricos” y que las medidas fiscales
adoptadas en los últimos años por el Gobierno han rebajado más a las rentas
bajas que deflactarles la tarifa. En cualquier caso, los expertos de AIReF estiman
que Hacienda
recauda 10.000 millones “extras” al año por no deflactar la tarifa de la
Renta, algo que pagamos todos, pero unos más que otros. Así, un
declarante que ingresa 25.000 euros paga un extra por no deflactar la
tarifa de 250 euros (Extremadura) a 263 euros el año (Comunidad
Valenciana). Uno que declara 30.000, paga de más entre 337 euros
(Madrid) y 352 (Extremadura). Uno que ingresa 45.000 paga un
extra de 522 euros (Madrid) a 533 (Extremadura). Quien ingrese 75.000
euros, paga entre 750 euros de más (Baleares) y 769
(Comunidad Valenciana). Y los contribuyentes de 400.000 euros pagan extra
entre 2.134 euros (Madrid) y 2.163 euros (Comunidad Valenciana). Como
se ve, hay grandes diferencias.
Un problema que tiene el IRPF, frente a otros
impuestos, es que la mayoría lo pagan los que viven de un sueldo a de una
pensión, (el
90,8 % de todas las declaraciones son de rendimientos del trabajo). que
además son los más fáciles de controlar por Hacienda que los ingresos que
declaran los que tienen ahorros o inversiones (lo incorporan el 40% de las
declaraciones), los que obtienen ingresos de inmuebles (otro 38% declaraciones)
y los que declaran actividades económicas (empresarios y autónomos, 12,5%
declaraciones). Y muchas de las personas con grandes patrimonios no
declaran en el IRPF, porque utilizan sociedades e intermediarias
(SICAV) para canalizar sus pagos fiscales (reducidos).
Con todo, los que declaramos en el IRPF pagamos más cada
año, por esos mayores ingresos que no notamos por la inflación. Así, el
tipo medio de las declaraciones ha saltado del 12,7% de media
sobre ingresos que pagábamos en 2019 al 14,4% en 2024 y al 16,2% de 2025,
según
la Agencia Tributaria. Un pago de la Renta que recae sobre todo sobre
las personas de ingresos medios y medios altos, según
los últimos datos de Hacienda, de la Declaración de 2023: los que
declaran ingresos entre 30.000 y 60.000 euros (22,02% declarantes) pagan
el 37,54% del IRPF, una media de 8.370 euros por declarante. Y los
contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,88% del total)
pagan el 24,19% del IRPF, 24.317 euros de media. Así que entre ambos grupos (de
30.000 a 150.000 euros, el 26,9% de declarantes) pagan casi dos tercios del
IRPF. Y la mayoría de contribuyentes, los que ingresan menos
de 30.000 euros (el 67% de declarantes) pagan sólo el 20,31% del IRPF,
una media de 190 a 3.761 euros. Y la
minoría que gana más de 150.000 euros (175.665 contribuyentes, el 0,73%
del total) pagan el 17,97% del IRPF, entre 81.586 y 543.472 euros…
Visto así, queda claro que en el IRPF pagan más los que
más tienen. Pero estos datos esconden un grave problema, nuestros
impuestos en general no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya
piensan la mayoría de los españoles (españoles (el 78,9% no se creen que en
España pague más impuestos quien más tiene, según
la última Encuesta del CIS). Una experta
recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el
25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases
medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso pasa porque
el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo
(pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del
capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías).Y a que los más
ricos utilizan empresas e “ingeniería fiscal” para pagar
menos “legalmente”…
Otro mito que circula en el imaginario popular
es que “en España pagamos más impuestos que en otros paises”, una idea
agravada con la última consigna de Núñez Feijóo: “España
es un infierno fiscal”. Algo que es
sencillamente mentira: la presión fiscal en España en 2024 (ingresos
tributarios más cotizaciones sociales) es del 37,3% del PIB, lejos de la
media de la UE-27, que es el 40,4%, según Eurostat. Y si
miramos “la
cuña fiscal”, el porcentaje del salario bruto que pierden los
trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, es en España el
41,4%, más que la media de la OCDE (35,1%), pero menos de lo que pierden los
trabajadores de Alemania (49,3%), Francia (47,2%), Italia (45,8%) o Bélgica
(52,5%).
Lo que sí es preocupante para España, aunque nunca
lo diga Núñez Feijóo, es que recaudemos muchos menos ingresos que
otros paises en relación a nuestro PIB, algo que pasaba hace una década
(40% del PIB entre 2017 y 2021, frente al 46,3% que recaudaba la UE-21) y
que pasa ahora: España recaudó en 2025 una cifra récord, pero suponía el
42,8% del PIB, otro año por debajo de la UE-27
(recaudó el 46,3% del PIB), de Alemania (47,5% del PIB), Francia (52%
del PIB) e Italia (47,6% del PIB). Eso significa, a lo claro, que en
2025 recaudamos 59.000 millones menos que la media europea, un dinero que
nos hubiera venido muy bien para mejorar la sanidad, educación, Dependencia o
los servicios públicos.
Estas fechas en que nos toca el mal trago de presentar la
declaración de la renta (pagar impuestos lo hacemos todo el año), es buen
momento para hacer una reflexión: necesitamos
recaudar más, homologarnos con Europa, para reforzar el Estado del
Bienestar, desde la sanidad (un trasplante de corazón cuesta 90.000 euros) a la
educación pasando por la Dependencia, las ayudas sociales, la vivienda, las
infraestructuras (desde vías de tren a carreteras), los servicios públicos y emergencias…,
tantas y tantas cosas que necesitan recursos y personal.
Ojo, no se trata de
pagar más impuestos la mayoría que ya los pagamos, sino que paguen más
los que pagan poco: grandes empresas (un
tercio de nuestras multinacionales pagan un tipo efectivo inferior al 15%,
menos que un trabajador en el IRPF), multinacionales y grandes patrimonios
(los más ricos). Y reducir las vías de fraude fiscal, “legales” o
ilegales (economía sumergida). Además, Bruselas
nos recomienda aprobar una reforma fiscal (imposible hace décadas) que reduzca los tipos reducidos del IVA, suprima
deducciones en Renta y Sociedades y aumente los “impuestos verdes”
(llevamos años sin cumplir la exigencia de subir impuestos al gasóleo). Sólo
así recaudaremos más, de una forma más justa, y podremos mejorar
los servicios públicos. No bajando impuestos.
