La Comisión Europea aprobó el 4 de diciembre una Estrategia
contra las drogas ilegales, porque “están llevando al continente a
un punto crítico”. En especial, el consumo de cocaína, un
negocio que mueve al año 11.600 millones de euros y multiplica los
tiroteos y la corrupción institucional, sobre todo en Bélgica
y Holanda, donde algunos jueces alertan del peligro de convertirse en “narcoestados”.
España es el país europeo donde más gente ha probado la cocaína (3,56
millones) y el 2º con más incautaciones de una droga que llega por
el Atlántico en narcolanchas y submarinos, provocando también tiroteos en la
Costa del Sol. Y se consume con cierta “tolerancia social”,
aunque muchos consumidores acaban en urgencias y 1.360 murieron en 2023.
Bruselas propone acuerdos internacionales, frenar la entrada por mar y
reforzar la legislación antidroga, mientras en España, la Fiscal antidroga
pide más medios en los juzgados y cambios legales para frenar esta
lacra, que ha convertido a España en el paraíso europeo de las mafias de la
droga.
El gran cambio en el tráfico y consumo de cocaína es
que se ha “globalizado”, como ninguna otra droga, según
la ONU, con 25 millones de consumidores en el mundo, de ellos 6
millones en Europa, donde el consumo se ha multiplicado, con redes que la ofrecen
por Webs oscuras, chats y mensajes de WhatsApp hasta el mismo domicilio de los
consumidores. Un negocio que mueve
11.600 millones de euros al año en Europa, donde se han batido en los
últimos 7 años récords consecutivos de incautaciones:
419 toneladas de cocaína en 2023, sobre todo en Bélgica (123 Tm) y
España (118,3 TM, más del doble de las 58,3 TM incautadas en 2022),
seguidas de lejos por Paises Bajos (59,1 Tm), Portugal (21,7 TM) e Italia (17,8
TM), según los últimos datos del Informe
Europeo de Drogas 2025.
En toda Europa se ha desbocado el consumo de cocaína
en los últimos años, empujado por una mayor oferta disponible y una bajada de
los precios a la mitad, lo que ha “popularizado” su consumo en el continente. En
la UE, el 6,3% de la población adulta (15-64 años) ha consumido
cocaína alguna vez en su vida, lo que supone 6,2 millones de europeos.
Y por países, España es el que tiene un porcentaje más alto
de personas adultas que la han probado alguna vez (13,3% en 2023: 3,5
millones), seguido de Dinamarca y Francia (9,4% de adultos), Irlanda
(8,3%), Paises Bajos (8%), Estonia (7,3%), Noruega (6,5%), Alemania (5,6%) y
Finlandia (5,8%), según
el Informe Europeo de Drogas 2025.
España ya no lidera este ranking si miramos el porcentaje de
adultos que han consumido cocaína en el último año: lideran
Paises Bajos y Francia (2,9% de la población consumieron), por delante de España
(2,5%), Irlanda (2,3%), Noruega (2,2%), Dinamarca (2,1%),
Alemania y Finlandia (1,6%), Austria (1,5%), Italia (1,4%) y Suecia (1,3%). Y si analizamos los jóvenes
(15 a 34 años) que consumieron cocaína el último año, el porcentaje sube
en todos los paises, con una media del 2,7% en la UE (2,7 millones de
jóvenes), según
el informe Europeo de Drogas 2025: el 5% en Países Bajos, el 4,8% en
Irlanda, el 4,4% en Francia, el 4,2% en Dinamarca, el 4% en Noruega, el 3,1%
en España (323.600 jóvenes), Alemania y Finlandia, el 2,9% en Bélgica, el
2,8% en Suecia y el 2,1% en Italia.
El consumo de cocaína “se ha desbocado” en los
últimos años en Europa, según
los expertos, consolidándose como la 2ª droga más consumida
en el continente, tras el cannabis. Y ello se debe principalmente
al aluvión de oferta, que llega de América por nuevas rutas,
no sólo a través de contenedores que llegan a los grandes puertos europeos (Amberes y
Rotterdam) sino con nuevas vías de entrada a través del Atlántico,
en grandes barcos que descargan en aguas internacionales a narcolanchas
o incluso narco submarinos (el
primero se detectó en Galicia en noviembre de 2019), que permiten descargar
la cocaína en cualquier punto de la enorme costa atlántica europea, multiplicando
la oferta y bajando precios.
Este boyante negocio de la cocaína en Europa, que
mueve 11.600 millones de euros al año, ha multiplicado las redes del
narcotráfico en el continente: tan sólo en las fronteras de la UE operan
440 organizaciones, según Europol.
Y destacan en estas redes mafiosas los grupos que proceden de Albania,
Bélgica, Paises Bajos, Italia y España, que actúan como mayoristas que luego
revenden a miles de intermediarios y redes por toda Europa. Una
proliferación de vendedores y grupos que pelean por el mercado,
con una enorme competencia, lo que provoca numerosos enfrentamientos
violentos y ajustes de cuentas, que se traducen en tiroteos
en las calles de Bruselas, Ámsterdam, Marsella o la Costa del Sol.
Este importante negocio ilegal tiene tanto poder que
corrompe a estibadores (uno de Rotterdam recibió 200.000 euros por un
QR que permitía sacar un contenedor), directivos de puertos y aduanas, policías
y hasta jueces, lo que ha provocado que una jueza belga (que tuvo
que estar 4 meses escondida y bajo vigilancia policial para instruir un caso de
narcotráfico) haya
escrito en octubre una carta abierta donde alertaba que “Bélgica
corre el peligro de convertirse en un narcoestado”, ya que hay
políticos, jueves y profesionales amenazados y proliferan los ajustes de
cuentas cerca del mismo centro de Bruselas. Lo
mismo preocupa en Holanda, donde operan la mayoría de mafias europeas
del narcotráfico, en especial la
Mocro Maffia (una red de delincuentes holandeses y belgas de origen
marroquí), que controla el tráfico de cocaína y tiene ramificaciones en Bélgica
y España. Y que ha amenazado al ex primer ministro Mark Rutte y
a la Corona holandesa, que se vio obligada a enviar
a España a la princesa heredera Amalia de Orange, en 2023...
En España, el
tráfico y las incautaciones de cocaína se han duplicado, con un fuerte aumento
de entradas a través de Galicia y de Andalucía, con un llamativo aumento
de tiroteos y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, protagonizados por
las mafias suecas y la Mocro Maffia, poniendo en jaque a Aduanas,
policías y juzgados (saturados de causas). Y mientras, el consumo de
cocaína aumenta, no sólo en el ocio sino también en
la conducción y hasta en el trabajo. Y, por desgracia, el
consumo es elevado entre los adolescentes: un 9,9% de los jóvenes europeos de 15 y 16 años (y el 10%
de los jóvenes españoles: 108.250 adolescentes) han consumido
cocaína en el último año, según
la Encuesta europea ESPAD. Y esta adicción
acaba muchas veces en las urgencias y en muertes: 7.974
ingresos en urgencias fueron por drogas en 2023 (el 49,1% habían consumido
cocaína) y 1.360 murieron por drogas (más del doble de los
519 muertos de 2012), el 58,2 % consumían cocaína, según
el informe de Sanidad.
Los datos son impactantes, pero parece que la sociedad
europea y la española no valoran el auge y peligrosidad de las drogas
y
en especial la cocaína, una droga con “aceptación” social. En España,
debería ser un tema especialmente preocupante, porque somos una de las
grandes puertas de entrada de la cocaína a Europa, lo que nos convierte
en un paraíso para las mafias, que campan a sus anchas en
la Costa del Sol y en
Galicia, multiplicando los tiroteos y ajustes de cuentas y colapsando
a la policía y a los juzgados, que se enfrentan a unas mafias cada vez
más sofisticadas y con más medios, apoyadas en unos ingresos millonarios que
acaban en paraísos fiscales, en especial en empresas pantalla en Abu
Dhabi.
La Fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa
Ana Morán, avisó
en una entrevista reciente del riesgo de que “España llegue a
situaciones de violencia por narcotráfico como en Bélgica”. Y señaló el
gran cambio en la entrada de la cocaína en Europa, que ahora entra la mitad por
los grandes puertos europeos (en el puerto
de Valencia se detuvo a 11 personas este año) y se han disparado las
entradas por el Atlántico, en narcolanchas y narco submarinos, lo que da
un mayor protagonismo a España como puerta de entrada en Europa,
a la vez que las grandes mafias europeas (de los Balcanes, suecas, Mocro
Maffia…) operan cada vez más en España, lo que ha multiplicado
las diligencias por narcotráfico en los juzgados (+32% en 2024 en la
Audiencia Nacional y +23% en el resto del país). Por eso, la
Fiscal pide al Gobierno más medios personales y judiciales,
así como la creación de Juzgados especializados antidroga por regiones
(como en Francia), además de cambios legales para penalizar más “el
petaqueo” (suministro de combustible a las narcolanchas) y para facilitar
el trabajo de los agentes infiltrados.
Estamos ante un negocio de la droga que está
corroyendo las instituciones y la sociedad europea, sin que los
Gobiernos reaccionen con la necesaria contundencia. La Comisión Europea
acaba de aprobar, el 4 de diciembre, una
nueva Estrategia contra las drogas ilegales, para afrontar un
problema que consideran “está llegando a un punto crítico”. Y dicen que quieren
“contraatacar” a las mafias con un
abanico de medidas: alianzas internacionales para frenar la
salida de la droga de los paises de origen, mejores controles externos (en el
Atlántico) y refuerzo de los controles en los puertos, reforzar la detección de
pequeños envíos de drogas por correo y mensajería, actualizar y reforzar la Legislación
e impedir el
reclutamiento por las mafias (físicamente y
por Internet) de jóvenes vulnerables (ya sea en Bruselas, Ámsterdam
o Algeciras), actuando no sólo contra la cocaína y el cannabis, también contra
los laboratorios que fabrican drogas sintéticas en Europa (Holanda, Bélgica y
paises del Este).
En resumen, Europa tiene que emprender una
verdadera “guerra” contra las drogas, porque destrozan
nuestra juventud, causan 7.500 muertes europeas al año y están corrompiendo
nuestras instituciones (puertos, policías, jueces) y nuestras calles,
con incautaciones y tiroteos cada vez más frecuentes. La droga corrompe y
mata y puede destruir la democracia europea. Y sobre todo, destruye a
nuestros jóvenes y a muchas familias. Tenemos que contraatacar.
Empresarios y Fondos de inversión de EEUU y paises árabes
llevan más de una década comprando Clubes de fútbol europeos, un negocio
que ya factura más de 43.000 millones de euros al año. La última compra
ha sido el Atlético de Madrid, que se suma a otros grandes Clubes
europeos con capital extranjero: Inter, Milan, Chelsea, Roma, Newcastle,
Manchester City, Arsenal, Olympique de Lyon y de Marsella, PSG, Liverpool…Así, hasta un tercio de equipos de fútbol europeos en manos
de inversores extranjeros. Y lo mismo en España, donde el 40%
de los Clubes de 1ª y 2ª división tienen dueños extranjeros. Sólo hay
cuatro Clubes que dependen de sus socios (Madrid, Barça, Athletic Club y
Osasuna) y uno de ellos, el Madrid, estudia también vender un 5% a un
inversor extranjero. En todos los casos, estos inversores buscan
relanzar los Clubes, invertir en estadios e infraestructuras y ganar millones
en unos años, no apoyar el fútbol, que se ha convertido en un gran
negocio.
Tras la pandemia, los equipos de fútbol europeos
recuperaron sus ingresos, pero necesitaban dar un salto hacia adelante
(estadios, infraestructuras, compra de jugadores), por lo que continuaron
las inyecciones de capital extranjero, sobre todo de EEUU y paises árabes.
De hecho, el
36% de los equipos de las 5 grandes Ligas europeas está hoy respaldado
por inversores extranjeros, que han invertido 22.000 millones de euros.
Ha habido 19 cambios de propiedad en los grandes Clubes europeos sólo desde
2023, la mayoría con la entrada de un Fondo de inversión que actúa
como “Private Equity”: una forma de inversión que consiste en
adquirir participaciones en Clubes que no cotizan en Bolsa, para hacerlos
crecer (subir de categoría o ganar torneos, invertir en estadios e
infraestructuras) y vender unos años después a otro Fondo con grandes plusvalías.
La última gran operación ha sido la
compra, el 10 de noviembre, del 59% del
Atlético de Madrid por el Fondo estadounidense Apollo Global Management
(a través de Apollo Sports Capital, ASC) por 1.425 millones de euros, dejando
al actual presidente y consejero delegado, que se mantendrán como accionistas
junto a los fondos Ares Management y Quantum Pacific. El objetivo
de la operación es conseguir liquidez .para afrontar la
elevada deuda del Club (509 millones) y destinar 700 millones a inversiones en
la Ciudad del Deporte y una oferta de ocio en los alrededores del estadio
Metropolitano.
Esta venta de parte del Atlético de Madrid se suma a una
larga
lista de compras de Clubes europeos en los últimos años. Uno de los
primeros en venderse fue el Liverpool, en 2010, a un consorcio liderado
por el grupo USA Fenway Sports Group (FSP), que pagó 300 millones de libras. En
2011, el París Saint Germain (PSG) fue comprado(el 70%) por el
Fondo Qatar Sports Investments por 70 millones de euros, una inyección de
fondos que le permitió contratos millonarios de jugadores estrella. En octubre
de 2016, el Olympique de Marsella se vendió (95% por 50 millones de
dólares) al empresario norteamericano Frank McCourt. En 2018 fue la toma de
control de la mayoría del Arsenal (97%, 1.800 millones de libras) por el
empresario norteamericano Stan Kroenke, que ya tenía el 67%. En 2019 el Manchester
City, controlado por un jeque emiratí desde 2008 (pagó 228 millones), dio
entrada al Fondo USA Silver Lake (18%) y a los Fondos chinos Media Capital y
CITIC Capital (1%), que gestionan el Club a través de City
Holding Group, un holding que dirige más de 10 Clubes en Europa.
Seguimos.
En 2020, la Roma fue comprado por el Fondo USA Dan Franklin, por 591
millones de euros. En octubre de 2021, el Newcastle dio entrada a PIF,
el Fondo soberano de Arabia Saudí, por 350 millones de euros, En diciembre de
2022 se vendió el 77,49% del Olympique de Lyon, por 900 millones de
euros, a Eagle Football, un Fondo USA del empresario John Terxtor. También en
2022 se vendió el control del Chelsea FC, por 2.850 millones de euros, a
un consorcio de inversores USA liderado por Todd Boehly, tras haber estado años en manos del ruso Abramovich. Y en 2022 se vendió el 100% del AC
Milan al Fondo USA RedBird Capital Partners por 1.200 millones de euros. Y la
última operación, antes de la del Atlético, fue la venta, en
2024, del Inter de Milán, por 395 millones de euros, al fondo USA
Oaktree, por impagos de su anterior dueño, el grupo chino Sunning.
En España también hay muchos Clubes controlados por
inversores extranjeros: participan
en el 40% de los 42 Clubes de 1ª y 2ª División. En 1ª, el Valencia
CF fue comprado (90,5%) en 2014 por el empresario Peter Lim (Singapur) y su
inversora Meriton Holdings. El Girona CF está gestionado desde 2017 por
el City Football Group (el mismo que gestiona el Manchester City), que tiene un
47% del Club, junto al 35% del empresario boliviano-estadounidense Marcelo
Claure y a Pere Guardiola (16%). El Elche CF está desde 2019 bajo la
propiedad (90%, por el que pagó 40 millones) del empresario argentino Cristian
Bragarnick. En el Sevilla, el Fondo USA 777 Partners tenía, desde
finales de 2021, el 16% del Club, que ahora ha pasado a la aseguradora
estadounidense A-CAP. El Real Oviedo se mantiene, desde marzo de 2022,
bajo el control (51%) del grupo mejicano Pachuca, que tomó el relevo de Carlos
Slim. El RCD Mallorca cuenta desde junio de 2023 con la participación
mayoritaria de un grupo de inversores USA liderados por Andy Kohlberg y ACG
Legacy Partners. En el Celta de Vigo, el grupo mexicano GES tiene el 75%
del Club, junto a empresarios gallegos y el Fondo Real Venture (USA). Y la
última operación, en octubre de 2025, ha sido la compra del RCD Espanyol
por el Fondo USA Velocity Sports Partners, por 130 millones.
En 2ª
División también ha habido
compras de extranjeros, Desde 2016, el Granada
pertenece (98%) al grupo chino Daxinan, del empresario Juang Lizhan. El Cádiz
tiene al norteamericano Ben Harding como accionista minoritario (6,5%). El UD
Almería, tras estar controlado por un empresario saudí ha sido adquirido
por otro grupo saudí, el SMC Group. El Sporting de Gijón es propiedad
(75%), desde el verano de 2022, del grupo mexicano Orlegui Sports, que pagó 47
millones. El Real Valladolid, que fue propiedad del jugador brasileño
Ronaldo Nazario, es ahora propiedad del grupo USA Ignite Sports Spain, que ha
pagado 50 millones, El Albacete Balompié está participado por el fondo
libanés-venezolano Skyline. El Leganés fue comprado en 2022 (39 millones
de euros) por el mejicano Jeff Luhnow y su empresa Blue Crow Sport. A finales de 2023, el empresario argentino
Marcelo Figoli tomó el control del Burgos FC. En julio 2024, el
empresario venezolano Juan Carlos Escotet (Abanca) se hizo con el control del Deportivo
de la Coruña. Y por terminar, incluso un equipo de 1ª Federación (la
3ª de antes), el UD
Alcorcón, es propiedad del norteamericano David Blinker…
Ahora, tras la gran operación del Atlético de Madrid, el
siguiente en mover ficha ha sido el Real Madrid: su presidente,
Florentino Pérez, ha
propuesto a los socios vender entre el 5 y el 10% del Club (que
valora en 10.000 millones de euros) y que todos los socios (100.000) tengan el
resto del capital. El
objetivo de esta venta será conocer el valor del Club, recabar
nuevos Fondos para nuevas inversiones y, sobre todo, “blindar al Club” con sus
socios, para mantenerlo independiente. De hecho, el Madrid, el
Barça, el Athletic Club y el Osasuna son los únicos 4 Clubes de 1ª
División que son propiedad de sus socios y no se convirtieron
en su día en SA Deportivas, como lo son el resto de equipos,
controlados por inversores extranjeros, empresarios locales (Sevilla y Alavés),
accionistas sin paquetes de control (Real Sociedad) o propiedad de sus
presidentes (Betis, Getafe, Rayo, Levante y Villareal).
En cualquier caso, los inversores y Fondos extranjeros van
a seguir pujando por los Clubes de fútbol europeos, porque son un
impresionante negocio: en esta temporada, los Clubes europeos facturarán
más de 43.000 millones de euros, según
la consultora Deloitte, la mayoría en las 5 grandes Ligas y en los 20
Clubes europeos más poderosos, que concentran el 55% de los ingresos.
El grueso de la facturación (38.000 millones de euros en la temporada 2023-24)
procede de las
5 grandes Ligas europeas: la Premier League inglesa (7.350
millones de euros de facturación), la Bundesliga alemana (3.979
millones), LaLiga española (3.764 millones de ingresos), que habrá
superado a la alemana en 2024-25, la Ligue 1 francesa (2.600 millones) y
la Serie A italiana (2.900 millones). El éxito económico de la
Premier League británica, que superará los 8.000 millones de ingresos esta
temporada (frente a 4.200 millones LaLiga española) se asienta en sus enormes
ingresos por las retransmisiones por TV (que se difunden mucho en cadenas
de TV USA, así como en Asia), en los importantes ingresos por patrocinios y
compraventa de jugadores (se gastan más que nadie en fichajes) y en los mayores
ingresos por entradas.
El interés de los inversores se ha centrado
hasta ahora en los grandes Clubes europeos, los que consiguen más
ingresos. En 2025, según
los datos de la firma Sportico, el Club europeo que más factura (972
millones de euros) y más vale (5.600 millones de euros) es el Real Madrid,
seguido de cerca por el Manchester United (717 millones de ingresos y
5.270 millones de valoración), y el Barcelona (690 millones ingresos y
4.950 millones de valoración). Les
siguen en el ranking 2025 el Liverpool (665 millones ingresos y 4.790
millones valoración), , el Bayern de Múnich (711 millones ingresos y
4.480 millones de valoración) el Manchester City (775 millones ingresos
y 4.438 millones de valoración), el Arsenal (665 millones de ingresos y
3.861 millones valoración), el PSG (750 millones de ingresos y 3.861
millones de valoración, el Tottenham (560 millones de ingresos 3.165
millones de valoración) y el Chelsea (507 millones de ingresos y 3.070
millones de euros de valoración. Un Top 10 donde 6 de los 10
grandes equipos europeos son de la Premier League inglesa. El nº 11 en el
ranking es el Atlético de Madrid (367 millones de ingresos y 1.574
millones de valoración).
A partir de ahora, los expertos creen que los Fondos de
inversión y las grandes franquicias de gestión de equipos irán a la caza
de equipos más pequeños de 1ª División, también de 2ª e incluso Clubes
más pequeños. Porque el
secreto del negocio de estos inversores es comprar barato (algo muy
difícil ya en los grandes Clubes), invertir en subir al equipo de categoría o
en fichajes para conseguir grandes trofeos y también en infraestructuras
(estadios, Centros deportivos y de ocio, Centros comerciales anejos), para
conseguir aumentar el valor del equipo y poder salirse con
importantes plusvalías. Como es obvio, no
les mueve el futbol como deporte sino hacer negocio en un sector con
ingresos recurrentes asegurados, por la vía de ingresos de TV, patrocinios y
entradas.
En España, LaLiga defiende un modelo de negocio diferente a la
Premier inglesa (que gasta 18 veces más que la española en fichajes), en la
medida que impone límites y controles económicos a los gastos de los Clubes,
para evitar que se repitan tiempos pasados: en 2011 había 12 Clubes
españoles en concurso de acreedores, 6 de Primera División (ver
Blog). De ahí que LaLiga controle desde hace una década las
cuentas de los Clubes y fije límites al gasto en salarios y fichajes,
límites que pretenden conseguir unos Clubes “más sostenibles”, aunque les
resulte difícil competir con Clubes europeos “dopados” por los inversores
árabes o norteamericanos. Y también les resulta más difícil competir con muchos
menos ingresos por TV (4.036 millones la Premier y 2.020 millones
LaLiga), por lo que buscan seguidores en Asia y América. Y tenemos también el
hándicap de los menores ingresos por entradas (580 millones de euros
frente a 995 millones la Premier inglesa), por menos asistencia a los estadios,
ya que las
entradas son más caras de Europa.
En paralelo a esta “movida”
de compraventas de Clubes en Europa, sigue pendiente otro movimiento clave,
el futuro de la
Superliga, una iniciativa del Madrid, el Barça y otros grandes Clubes
europeos (sobre todo británicos e italianos) que pretendía crear una nueva
competición entre los grandes Clubes, al margen de la UEFA, un
“pastel” de 5.000 millones de euros para aumentar aún más los ingresos
de los grandes Clubes europeos. De momento, la iniciativa ha contado con el
apoyo de los Tribunales, el
europeo y la
Audiencia de Madrid, aunque el
Real Madrid se ha quedado casi solo en su defensa. Pero antes o
después, la Superliga resucitará bajo otras formas, porque los grandes
Clubes necesitan ingresar más para gastar más en fichajes y proyectos y ser más
grandes.
En resumen, la televisión ha convertido al fútbol en un
negocio global, sin fronteras, que mueve más de 43.000 millones de
euros al año sólo en Europa y que se ha convertido en una inversión
apetecible para fondos internacionales y empresarios poderosos,
que convierten
los Clubes en un negocio más, buscando el beneficio a corto
plazo, al margen de la actividad propiamente deportiva y de los aficionados, a
los que se ofrecen cada vez más partidos a cambio de cuotas y entradas más
costosas para verlos. Y todo ello, al margen del fútbol de base,
de los Clubes modestos, con problemas para seguir funcionando.
Cuando vamos al supermercado llenamos el carro de alimentos
ultraprocesados, comida y bebida con exceso de grasas, azúcares, sal
y aditivos que provocan sobrepeso y obesidad, la causa de múltiples
enfermedades. Una “comida basura” más atractiva y barata que los
alimentos frescos y que las industrias publicitan sin control, atrayendo sobre
todo a niños y jóvenes. Un reciente estudio alerta que estos
alimentos ultraprocesados dominan la dieta mundial y pide medidas
a los Gobiernos frente a esta “pandemia global”. En España, 4 de cada 10
niños y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso,
como la mitad de los adultos, provocando enormes costes
sanitarios y económicos. El Gobierno obligó al etiquetado de los alimentos
y subió el IVA a las bebidas azucaradas, con poco éxito. Ahora, va a
controlar la alimentación en hospitales y residencias de ancianos,
tras aprobar un Decreto para controlar los menús escolares. Pero
la batalla contra la comida basura y el sobrepeso es de todos y empieza en
las familias. El sobrepeso mata.
Cada día compramos
más alimentos ultraprocesados porque tenemos menos tiempo para cocinar
y porque la industria alimentaria innova constantemente para ofrecernos productos
que son más baratos que los alimentos frescos (frutas, verduras,
legumbres, carnes y pescados). Un reciente estudio de 43 expertos mundiales,
publicado
hace unos días en la revista The Lancet, ha dado la alarma: “la comida
basura domina la dieta mundial, impulsada por el afán de lucro de las grandes
multinacionales de la alimentación”. Y añaden que estos alimentos
ultraprocesados dominan
la dieta en todo el mundo, propagados como “una especie invasora”,
tanto en los paises desarrollados (donde su consumo ha crecido un 20% en
los últimos 15 años) como en paises de ingresos medios (crecen un 40%)
y sobre todo en los paises pobres (crecen mucho más, un 60% entre
2007 y 2022).
El consumo de esta “comida basura” oscila
entre el 9% de la dieta energética en Irán al 60% en EEUU, según el estudio,
con un consumo intermedio del 14% en Italia o el 46% en Reino Unido y Suecia.
En España, la ingesta de calorías procedente de ultraprocesados se
ha triplicado, pasando del 11 al 32% de la dieta en los últimos 30 años.
De hecho, un
estudio de la Red Europea de Nutrición, con datos de 2021, reflejaba que
los alimentos ultraprocesados aportaban el 25% de la energía de la dieta de
los españoles, algo menos que en el conjunto de Europa (27,2%), más que en
Italia (13,4%) o Portugal (22,15%) y menos que en Suecia (42%), Paises Bajos
(37,1%) o Alemania (38,4%).
El
estudio alerta también sobre el modelo de negocio de los
ultraprocesados, que se basa en manipular a gran escala materias primas
baratas (maíz, trigo, soja o aceite de palma) para convertirlos en productos “llamativos,
apetecibles y sabrosos”, que se diseñan para ser muy atractivos (“adictivos”)
y se comercializan muy agresivamente (con enormes gastos en publicidad)
para fomentar su consumo repetido, especialmente entre niños y jóvenes. Una
estrategia dirigida no a alimentar a la población sino a conseguir enormes
beneficios. Y para asegurarlos, denuncian,
emplean sofisticadas técnicas y presiones, para bloquear
regulaciones, involucrarse en litigios legales (para retrasar medidas), influir en debates científicos, presionar a
políticos (y comprarlos) y “manipular” a la opinión pública, según el estudio,
que ve paralelismos entre estas industrias y las
tabaqueras.
En definitiva, concluye el estudio publicado en The Lancet,
las multinacionales de la alimentación gastan millones en desarrollar nuevos
alimentos y bebidas que publicitan sin límite para aumentar sus ventas y
beneficios, a costa de la salud de millones de personas. Los expertos alertan
de los 12 riesgos para la salud que comporta consumir estos
alimentos ultraprocesados: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión,
dislipemia, enfermedades cardiovasculares, coronarias, cerebro-vasculares,
renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y depresión. Y además de
daños a la salud, la “comida basura” atenta
contra el medio ambiente, por las emisiones que generan la producción,
procesamiento y transporte de estos alimentos, más millones de
envases de plástico generados.
En paralelo a la publicación de este estudio, la
OMS ha enviado una carta donde reitera que “el consumo creciente de
alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública,
la equidad y la sostenibilidad ambiental”, insistiendo en que este tipo de
alimentos los consumen más los paises y familias pobres, cuya dieta es baja en
frutas, verduras, carnes y pescados frescos. La
UNICEF también ha publicado un editorial
donde denuncia que la proliferación de alimentos ultraprocesados se ha
convertido en “una de las amenazas más urgentes para la salud humana en el
siglo XXI” y aboga por “defender a los niños de esta plaga”,
que se prioricen la salud y la
alimentación sobre los beneficios.
En España, el consumo de ultraprocesados es muy
elevado, según
los datos europeos, sobre todo los productos de panadería y bollería
industrial, las galletas, salchichas, productos lácteos endulzados y las salsas.
Y es especialmente preocupante en los alimentos que consumen niños y
adolescentes. De hecho, el 80% de los alimentos infantiles
comercializados en España no cumplen los criterios nutricionales establecidos
por la OMS, según la 1ª tabla de composición nutricional de
alimentos para niños elaborada
por investigadores catalanes, que recoge 850 productos de 42 marcas
disponibles en los supermercados. También alertan que el 60% de los artículos
estudiados contienen exceso de azúcar , que el 30% incorporan azúcares o edulcorantes añadidos o jugos
concentrados y que el 98% presentan mensajes promocionales no autorizados.
Esta avalancha de “comida basura” (y bebidas azucaradas) es
un factor clave para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad
en el mundo y en España, según todos los expertos. Los datos son muy
preocupantes: 4 de cada 10 niños y niñas españoles tienen exceso de peso
(de ellos, el 19% de los niños y el 14% de las niñas tienen obesidad, un
porcentaje que se ha duplicado en los últimos 20 años), según
el informe Aladino 2023. Y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso
de peso. Entre los adultos españoles, el 55,8% tienen exceso de peso
(31,7% tienen sobrepeso y el 18,7% tienen obesidad), según
los datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Unos datos muy preocupantes, por sus consecuencias sobre la
salud de los españoles y que suponen altos costes. De hecho, la
OCDE realizó en 2019 un estudio económico de la obesidad en 52 paises y
estos fueron sus resultados para España: la obesidad supone una
reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto
sanitario, reduce la productividad laboral (en el equivalente a 479.000
jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del 2,9%
(46.000 millones anuales). Y añaden que para cubrir estos costes de la
obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a
estos costes, la OCDE proponer tomar medidas, algo que creen muy rentable: por
cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…
El Gobierno ha tomado estos años algunas
medidas contra los alimentos ultraprocesados y la obesidad. En 2021, el
etiquetado de alimentos en España comenzó a incorporar el sistema de
calificación nutricional Nutriscore
(con letras y colores) y se reforzaron
las normas sobre la información del país de origen, la cantidad de ingredientes
clave y la etiquetado de alérgenos y bebidas alcohólicas. Pero este etiquetado sigue
siendo voluntario, por lo que lo utilizan sólo las empresas
alimentarias que tienen productos con buena puntuación. Otra medida fue la
aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas, al subirlas el IVA
del 10 al 21% en enero de 2021, medida que inicialmente frenó el consumo para
subir después. Pero no se ha actuado sobre la publicidad de alimentos y
bebidas no saludables: un
estudio de la Gasol Foundation constató que el 80% de los niños y
adolescentes españoles reciben publicidad de alimentos y bebidas no
saludables. Y piden regularlo con urgencia.
El 10 de junio de 2022, el
presidente Sánchez presentó, con la Gasol Foundation y la OMS, el Plan
Estratégico Nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad
infantil, con 200 medidas sobre nutrición, fomento del ejercicio,
la alimentación infantil, el uso de pantallas y la educación nutricional, con
el objetivo de reducir el sobrepeso infantil un 25% y bajar un 40% la brecha
social asociada (la pobreza infantil “alimenta” el sobrepeso). Al hilo de este
Plan, se han aprobado dos medidas este año. Una, el 15 de abril, un
real decreto para limitar la presencia de los alimentos ultraprocesados
en los centros escolares no universitarios, medida que entrará
en vigor en 2026, cuando se renueven los contratos con las empresas de
catering. Y la otra, un decreto
aprobado en mayo por Consumo y Sanidad, para garantizar la alimentación
saludable en hospitales
y residencias de mayores, decreto que ha estado en periodo de audiencia
pública y que se espera aprobar definitivamente en breve.
Son pasos adelante, pero falta mucho por hacer. El
informe The Lancet propone varias medidas a nivel mundial:
impuestos para gravar los productos insanos y ayudas a los productos frescos,
mejora del etiquetado y la inclusión de mensajes sobre los riesgos de la comida
basura (como en las cajetillas de tabaco), regular su presencia en centros
escolares y sanitarios y limitar su millonaria publicidad. Por su parte, la
OCDE propuso a España mejorar el etiquetado de alimentos y menús,
promover la actividad física y programas de actividad en los centros de trabajo.
Y la Federación Mundial de la Obesidad propuso en 2023 siete medidas para
frenar el sobrepeso: un compromiso político de alto nivel e inversiones
suficientes, no dejar a nadie atrás en el tratamiento, formar mejor a los
profesionales sanitarios, abordar la prevención y los tratamientos sin estigmas
y prejuicios, mejorar la vigilancia de datos con Encuestas y estudios
periódicos, financiar los tratamientos
(con ingresos derivados de impuestos a las bebidas azucaradas) y tener
objetivos auditables.
Los expertos del estudio The Lancet urgen a “desescalar”
el avance de la “comida basura” y la obesidad, porque ya domina
nuestra dieta e irá a más. Las perspectivas para España son
preocupantes, según
el Atlas de la Obesidad Mundial 2025: si ahora tenemos un 50% de
adultos con sobrepeso y el 15% de ellos tienen obesidad, auguran que en 2030
todavía tendremos un 33% de la población adulta con sobrepeso (13.200.000
personas), de ellas un 13,2% con obesidad (5.350.000 adultos). Unas cifras
todavía impresionantes, que exigen tomar medidas eficaces para reducirlas desde
ya.
En resumen, tenemos un problema de mala alimentación,
con una alto consumo de comidas y bebidas basura, que han calado entre niños y
jóvenes y que anticipan una España con más obesos, como ya se ve en muchos
paises desarrollados. Urge actuar desde la Administración,
forzando y pactando una comida más saludable con la industria alimentaria (la
2ª más poderosa, tras el turismo). Pero al final, la mayor responsabilidad
está en las escuelas y las familias, que deben tener más sensibilidad
ante los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, acostumbrándose a
no comprarlas y a educar a hijos y nietos en una dieta más natural y saludable.
Porque la comida basura y el sobrepeso matan.
Se ha puesto de moda entre la derecha, expertos neoliberales
y sus medios afines defender que los “boomers” (mayores 61 años) son
unos “privilegiados”, porque tienen vivienda, patrimonio y “buenas
pensiones”, en perjuicio de sus nietos (“Generación X”: 20-24 años) y
sus hijos (“Millenials”: 25-44 años), que viven peor que ellos.
Plantean un “conflicto generacional” y proponen recortar el
gasto en pensiones para ayudar a los jóvenes. Es un falso debate.
Primero, porque los mayores no somos unos “privilegiados”: muchos
están en paro, sin encontrar empleo a partir de los 50 y sin poder jubilarse,
con la mitad de las pensiones por debajo del salario mínimo y con una
larga vejez donde faltan ayudas a la Dependencia. Pero sobre todo, porque los
mayores han cotizado y ahorrado durante décadas para tener casa y pensión. Y la
grave situación de los jóvenes no se arregla recortando pensiones, sino
volcándose en su educación y formación, en políticas activas de empleo y en promover
viviendas. La “guerra generacional” entre jóvenes y mayores es una falsa solución.
De estos 13,38 millones de mayores (60 y más), la
mayoría están hoy “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo):
son 11.074.000 mayores inactivos, según
la EPA, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64
años son sólo 1,26 millones). Pero hay 2,5 millones de mayores que trabajan
o están en paro, sobre todo entre 60 y 70 años (con más de 70 años hay casi
70.000 mayores “ocupados”, según la EPA).
En total, hay 2.208.900 mayores
(60 y más) trabajando, algo menos del 10% (9,86%) del total de ocupados
en España: 1,780.600 trabajan con 60 a 64 años, 358.900 con 65 a 69 años y 69.400
trabajan con 70 años y más. Con todo, su tasa de empleo (ocupados/activos)
es baja: trabajan el 26,8% de los activos, la mitad que en el conjunto
del país (66,82% de tasa de empleo). Sin embargo, el empleo de los mayores
ha aumentado más tras la pandemia (+1.201.900 empleos creados desde 2019 entre
mayores de 55 años) que entre los menores de 30 años (+701.800 empleos para
jóvenes de 16 a 29 años), según la EPA,
debido a que los mayores se han lanzado más a buscar trabajo estos años, sobre
todo las mujeres.
Estos trabajadores “mayores” tienen salarios más
altos, salvo los que han encontrado trabajo en los últimos años (peor
pagados), porque cobran más de antigüedad y pluses varios que los jóvenes.
Trabajan sobre todo en los servicios
(3.716.500 mayores de 55 años) y la industria (576.100), menos en la
construcción (335.530) y la agricultura (198.400). Y son mayoritariamente asalariados
(72,7% de los trabajadores con 60 años y más), aunque hay bastantes autónomos
(24%).Su salario medio mensual era de 2.680 euros brutos en 2024, un 12,36%
más que la media (2.385,6 euros) y un 25% más que el sueldo medio de los
jóvenes de 25 a 34 años (2.131 euros), según el Decil
de salarios de la EPA (INE).
Un problema de tener salarios más altos es que los
trabajadores mayores suelen ser los primeros que pierden su empleo
cuando la empresa ajusta plantillas. Así, en las dos últimas décadas, más de 1
millón de trabajadores mayores (+55 años) han sido “prejubilados”
en múltiples EREs. En el último, de
Telefónica, se plantea “prejubilar” a 5.040 trabajadores mayores
de 55 años (de los 6.088 despidos que contempla el ERE). La estrategia
de las empresas estos años ha sido clara: despedir a los
trabajadores mayores y sustituirlos por jóvenes que cobran mucho menos. Eso
hace que los trabajadores mayores (esos 2,2 millones que trabajan con más de 60
años) se sientan “muy vulnerables”, tras décadas de trabajo,
aunque sus sueldos sean más altos que los de los jóvenes.
Y por eso, muchos mayores están en paro,
concretamente 232.700 parados con 60 años o más (209.600 entre 60 y 64 años y
23.100 entre 65 y 69 años), según la EPA del
tercer trimestre, aunque en realidad son 510.000 los parados con más de
55 años, una edad a la que ya resulta muy difícil encontrar trabajo. El
problema de los parados mayores es que muchos tienen poca formación (el
53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen acabada la ESO) y dificultades para
adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto
nivel de “edadismo”, de rechazo
a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo
que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que "ya no volverán nunca a trabajar”,
según
una Encuesta de Adecco.
Esto se traduce en que los parados mayores llevan años
en el paro, según
la EPA: el 61% de los parados de 60 a 64 años llevan más de un año en paro
(son 127.700 parados) y lo mismo el 55% de los parados de 65 a 69 años (son
12.700). Y eso supone que a la mayoría se les ha acabado el paro “contributivo”
(el que les corresponde por lo que han cotizado) y tienen
que malvivir con el paro “asistencial” para mayores de 52
años (480 euros al mes) hasta que se jubilen (si cumplen las
condiciones para cobrarlo). La consecuencia es que más de un tercio de
los parados que cobran subsidio asistencial (480 euros) son mayores de 60 años:
265.514
parados en octubre, el 34,5% del total. Estos mayores parados son el
grupo más numeroso que cobra este paro asistencial y se han duplicado
desde 2013 (entonces cobraban este subsidio la mitad de mayores en paro, 125.647).
Así que los mayores que están en paro cobran
esos 480 euros hasta que pueden jubilarse. Y eso se les ha puesto más difícil
en los últimos años, porque los distintos Gobiernos han penalizado la
jubilación anticipada (hasta un 21% menos de pensión si se adelanta dos
años: ver
cuadro) . En consecuencia, estos mayores parados han de esperar hasta los
65 años para jubilarse o hasta los 66 años y 8 meses (si han cotizado menos de
38 años y 3 meses).
Y cuando los mayores se jubilan, su pensión tampoco
es tan elevada, a pesar de que los defensores del “conflicto generacional” hacen
demagogia con que las nuevas
pensiones de jubilación son ya de 1.626 euros (media noviembre 2025),
casi tanto como el salario mediano (2.001,4 euros en 2024,según el INE)
y más que el salario medio bruto de los jóvenes menores de 24 años (1.372,8
euros brutos). Pero utilizar sólo este dato es hacer demagogia, porque la
mayoría de las pensiones son mucho más bajas. Veámoslo.
A 1 de noviembre, la Seguridad Social pagó 10.420.231
pensiones y la pensión media fue de 1.316,69 euros mensuales. Pero
casi la mitad de todas las pensiones (el 48,77%) fueron menores de
1.000 euros y el 58,52% fueron menores al salario mínimo (SMI: 1.184 euros
en 2025). En cuanto a las pensiones
de jubilación, el 38,83% fueron inferiores a los 1.000 euros y casi
la mitad (49,22%) fueron menores que el SMI. Y las pensiones de viudedad son mucho más bajas: un 66,5% de las que se pagan son menores de 1.000
euros y las tres cuartas partes (74,3%) están por debajo del SMI. Así que “pensiones
de lujo” nada…
Si hablamos de pensionistas
en vez de pensiones, hay 9.425.383 mayores que las cobran hoy (1 millón
más que hace 10 años), una media de 1.455,67 euros por pensionista
(1.633,04 euros los hombres y 1.275,05 las mujeres), según la Seguridad Social.
Y de nuevo, los datos son explícitos: la mitad de los pensionistas (el
50,51%) cobran menos del SMI (menos de 1.184 euros/mes) y otro 47,31%
cobran entre el SMI y la pensión máxima (3.267,60 euros/mes), que sólo cobran
hoy 207.045 pensionistas. Además, este porcentaje de bajas pensiones
aumenta entre las
mujeres (el 60,45% de las pensionistas cobran menos del SMI) y en
algunas regiones: Andalucía (61% pensionistas cobran menos del SMI), Canarias
(60,7%), Castilla la Mancha (60,6%) y Galicia (60,5%).
Con estas pensiones tan bajas (ojo: 1
millón de pensionistas cobran menos de 500 euros), no es extraño que muchos
mayores malvivan, sobre todo porque gastan porcentualmente
más en alimentación, sanidad y vivienda que la mayoría. De hecho, los hogares
unipersonales de mayores (la mayoría, viudas que viven solas)
tienen una de las tasas de pobreza más elevadas, el
25,8% (frente al 19,7% de tasa media de pobreza en España y el 16,9%
entre los mayores de 60 años). Y aunque la mayoría de mayores tienen la
vivienda en propiedad (el 88,6%, frente
al 30% los jóvenes de 18 a 34 años), fruto de haberla comprado hace décadas
con mejores precios y condiciones que ahora, hay un 7,5% de mayores que
viven de alquiler y muchos de ellos se ven forzados al desahucio
por las tremendas subidas que algunos propietarios y Fondos quieren aplicarles
a sus antiguos alquileres. Así que no todos los mayores tienen patrimonio,
ahorros e inversiones, que por otro lado son fruto de una vida de
trabajo y de unas condiciones laborales mejores que las actuales. Además, muchos
mayores utilizan sus ingresos y ahorros para ayudar a sus hijos a llegar
a fin de mes: lo hacen el
37% de los mayores en España y más
de la mitad en Madrid.
Pero los problemas de los mayores no terminan con su
jubilación, mayoritariamente escasa. A partir de los 70 años, empeora
su salud y eso aumenta sus gastos sanitarios, tanto en seguros médicos
privados como en medicinas que no cubre el sistema (la “pobreza
farmacéutica” afecta ya a 1.200.000 españoles que han tenido que dejar
de tomar algún medicamento, porque no pueden pagarlo, muchos de ellos mayores).
Y estos problemas de salud se agravan a partir de los 85 años, edad con la que
la mitad de los mayores tiene enfermedades crónicas (según
un informe de FEDEA) o no pueden valerse por sí mismos, son dependientes,
lo que implica un gasto adicional para ellos y sus familias.
Precisamente, la dependencia de muchos mayores
(el 10,9% presentan limitaciones graves para realizar sus actividades
cotidianas) choca con la falta
de recursos de la atención a la dependencia en España, que cumple 19 años en enero
de 2026, tras atender a unos 4 millones de dependientes. Actualmente hay 1.750.070
españoles en situación de dependencia reconocida (la gran
mayoría mayores), aunque sólo 1.595.451 reciben alguna prestación: la mayoría
una ayuda económica mínima (de 171 a 385 euros/mes), bastantes teleasistencia y ayuda a domicilio (ojo: 38 horas al mes) y pocas para
residencias (560 euros mes, un tercio de lo que cuestan). Y lo peor: hay
284.020 dependientes en lista de espera (para ser valorados o recibir ayudas) y como muchos dependientes tienen más de 80 años, bastantes
mueren antes de recibir la ayuda: 25.060 han muerto así
este año.
Tras este panorama, desde los mayores que trabajan o están
en paro a los que cobran una pensión o son dependientes, no creo que pueda
decirse que los mayores estén en una situación “privilegiada”. Y menos que
hay que recortarles pensiones o ayudas, como defienden “expertos” neoliberales
o la
propia OCDE. España va a ser cada vez un país más envejecido y en
2050, un
30% de la población tendrá más de 65 años, lo que aumentará el gasto en
sanidad, pensiones y dependencia, hoy escasas de medios y recursos.
Mientras, también es evidente es que los jóvenes
españoles pasan por una mala situación (ver
Blog lunes), tras sufrir tres crisis económicas consecutivas (la financiera
de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación de 2022-23 por la guerra de
Ucrania). Y a pesar de su mayor formación, tardan en trabajar y encuentran
empleos que son demasiado precarios y mal pagados, lo que dificulta su
emancipación y formar una familia, fomentando su desinterés por la política y
el debate social, lo que los lleva a posiciones antisistema y a
apoyar políticas de ultraderecha. Pero este triste panorama
no se resuelve con recortes a sus padres y abuelos, sino con políticas
que pongan a los jóvenes en su centro.
Y eso pasa primero por cambios en la educación, para
que se reduzca el abandono escolar y mejore la educación, orientando los
estudios hacia formaciones donde haya empleo, ahora y en el futuro. Y hace
falta un Pacto social para que las empresas no abusen de los jóvenes
y los integren en sus políticas laborales y de promoción, con contratos y
salarios dignos. Y hace falta avanzar en la conciliación laboral y
en políticas de ayuda a las familias con hijos, las que hoy sufren más para
llegar a fin de mes. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que
facilite alquileres asequibles a los jóvenes, sobre todo en las grandes
ciudades, algo que sólo puede asegurarse con una promoción urgente de
viviendas públicas. Y hace falta poner a los jóvenes entre los objetivos
prioritarios de todas las políticas públicas, integrándolos más en
la sociedad.
Los problemas que tenemos no
se resuelven con una “guerra entre generaciones”, con medidas
“fáciles” que busquen “desvestir a un santo para vestir a otro”. Hay
que repartir mejor el crecimiento y la mayor riqueza que tenemos. Y para
eso es clave recaudar más (que paguen más las multinacionales, empresas,
bancos y los ricos, que hoy pagan poco o evaden) y destinar esos mayores
recursos a los que más lo necesiten (jóvenes y mayores), para afianzar unos
servicios públicos deficitarios que no ayudan suficiente a los más
vulnerables. Crecer y repartir mejor la riqueza, no enfrentar a jóvenes y
mayores.
La subida disparatada de pisos y alquileres está
siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se
benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo
creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de
paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más
precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan
más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes
viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa
(Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de
apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de
empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la
ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como
solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers”
no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso
escribiré el próximo Blog. Enrique Ortega
Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España.
Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre,
según
este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen
ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de
siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19
años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España.
Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.
Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población
en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española.
Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de
las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que
había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el
53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también
trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni
estudian ni trabajan (son
“ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en
2015), aunque es superior al de Europa (11%).
El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos
tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e
inexperiencia) y tienen por ello una baja
tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años
(septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del
68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se
traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos
los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más
de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre
2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones)
en esta década. Y desde 2019,
tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido
en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65
millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del
empleo creado).
Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo
nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en
algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono
escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los
jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la
media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan)
tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes
ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.
Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo
hacen en
los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados),
seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600,
un 82,7% más que en 2015) y la
agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el
trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio
y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria
(375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales
y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900
jóvenes).
El gran problema del trabajo de los jóvenes es la
precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto
porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido
desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes
de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en
Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los
trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes
son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido.
Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos
a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto
de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con
trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de
forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.
Estos tres factores, la baja formación, el sector
donde trabajan y el tipo de contrato explican que los
jóvenes tengan unos bajos salarios, según
este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023) los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3%
menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039
euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las
mujeres: -6,9 adicional), según el INE.
Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes
en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según
Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es
muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble
de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%) y baja al 17,1% entre los de 16 a 29
años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de
paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los
jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes
con alta formación.
Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados
(el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la
precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos
casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7
de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres,
según
el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los
últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el
alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según
el portal Idealista, otro máximo
histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en
2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9%
anual, que se
suma al +81% que subieron los alquileres
entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de
1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o
Barcelona (2.000).
Los alquileres disparados han aumentado el
porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De
hecho, ya en
2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen
una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad:
1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del
60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos
de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5
millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria.
Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más:
2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según
el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza
37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e
integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión
social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.
Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social
son, para Cáritas y el informe Foessa, “los
grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que
se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un
tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una
cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que
proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas
funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e
hijos.
Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis
(la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de
Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay
una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza
de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han
bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%),
según
el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44
años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600
euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta
real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a
36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100
euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los
hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1%
entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).
Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en
pensiones (27.119
millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización
para 2026 (+2,7%
subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar
del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes.
Incluso la
OCDE ha presentado un informe
donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar
la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo
Rajoy) y destinar
una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra
vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los
problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus
padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.
Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar
medidas
en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones.
Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la
formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que
necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su
digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la
contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y
en mejorar las prácticas y becas (el
Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras
anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la
conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos.
Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a
los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.
Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las
prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene
pasando, quizás porque los
distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que
más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país,
hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que
han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de
vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y tecnológico que nos hagan más productivos
y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el
“contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas
a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los
jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.
Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra
entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”)
de la situación de los jóvenes, como parece
estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a
otro”. Y segundo, porque los mayores en España no
son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su
empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las
condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en
su salud y en su ancianidad, sobre todo
si son dependientes (27.217
mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la
Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los
“boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes,
de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.
