Que la situación económica de los jóvenes
es alarmante no es noticia, desgraciadamente. Lo más preocupante es que
se han beneficiado poco del fuerte crecimiento del empleo
tras la pandemia, que siguen teniendo mucho paro y empleos precarios
y mal pagados. Y que ahora, con los alquileres y pisos por las nubes, no
pueden formar una familia ni emanciparse. Pero además, un reciente
informe señala otros dos problemas de fondo para los jóvenes. Uno, que el
bajo crecimiento de la población lastra la economía mientras a sus padres
les benefició el “baby boom”. Y el otro, que la política y la economía benefician
hoy más a los mayores que a los jóvenes, que son menos que los jubilados
y no tienen casi protagonismo político. Urge tomar medidas para evitar
que malviva toda una generación y acabe siendo utilizada por la
extrema derecha. Medidas que van desde la educación y formación a
los contratos, los sueldos y condiciones laborales, la conciliación laboral y,
sobre todo, la vivienda.
Y lo mismo pasa con el paro: se redujo de 3.191.900
desempleados a finales de 2019 a 2.789.200 en marzo de 2025 (-402.700
parados), según
la EPA, pero sólo bajó el desempleo de los jóvenes (16-24 años) en
-12.500 parados (-2,70%), mientras bajaba el paro en 422.000 personas (-19,02%)
entre los de 25 a 54 años y subía en +31.000 parados (+6%) entre los mayores de
55 años, por el aumento del paro de larga duración. Y el paro juvenil (menores 25 años), aunque ha bajado (del 30,5%
en 2019 al 25,6% en marzo de 2025), es todavía casi el doble del
europeo (14,8%) y cuatro veces el de Alemania (6,8%), según
Eurostat.
Así que el crecimiento, el empleo y la bajada del paro han
beneficiado menos a los jóvenes, que tienen un problema de entrada:
tardan varios años en colocarse y tienen una tasa de empleo más baja que
el resto de la población y que en el resto de Europa. Así, en España, la tasa
de empleo es del 42,3% entre los 16 y 29 años (trabajan menos de la mitad
de los que podrían hacerlo), mientras es del 67% para el conjunto de la población
(16 a 64 años). Y si comparamos a nuestros jóvenes con Europa (la
estadística de Eurostat se refiere a los jóvenes de 15 a 29 años), en
España trabajan el 40,3%, frente al 49,5% en la UE-27, el 62,9% en
Alemania, el 48,6% en Francia y el 34,4% en Italia.
Trabajan menos jóvenes en España por 2 razones, según los
expertos. Una, por el modelo económico español, que tiene
empresas más pequeñas y un menor peso de la industria y la tecnología, con un
exceso del sector servicios, que ofrece un empleo más vulnerable. Y la
otra, por la menor formación de los jóvenes españoles, con más universitarios
pero menos con formación media y FP: hay una “brecha” del 37% entre los
empleos que buscan las empresas y la formación de los jóvenes que buscan empleo,
según un informe de McKinsey. Y además, eso provoca que España sea el
país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los
graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja
cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de
supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en la
UE-27.
El siguiente problema de los jóvenes, cuando ya encuentran un
empleo, es que suele ser muy precario y mal pagado. En 2024, el
60,5% de los contratos de los menores de 30 años fueron temporales, según
un reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y además, muchos
contratos de los jóvenes son a tiempo parcial, por horas o días: más de la
cuarta parte de los jóvenes que trabajan (el 27,7%) tienen uno de estos
contratos a tiempo parcial, el doble que el conjunto de trabajadores (la
parcialidad global afecta al 14,1% de los ocupados). En consecuencia, en 2024
había 852.900 jóvenes (16 a 29 años) trabajando a tiempo parcial
(la mayoría, 518.600, mujeres jóvenes). Y lo más preocupante es que casi la
mitad de estos jóvenes que trabajan menos horas (el 46%) lo hacen porque no
encuentran un trabajo a jornada completa, según los datos de la
EPA.
Con tantos empleos temporales y a tiempo parcial, la
consecuencia es que el sueldo de los jóvenes es más bajo que el
del resto de los trabajadores.: el salario medio bruto de los menores de 30
años es de 1.558 euros mensuales, un 27% más bajo que la media de sueldos en
España, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y por franjas de edad, hay
sueldos aún más bajos: 11.313,36 euros brutos de media ganan los menores
de 20 años (el 40% de la media nacional), 15.364 euros es el sueldo
medio de los que tienen de 20 a 24 años (el 55% de la media) y 21.039 euros
el sueldo anual de los que tienen entre 25 y 29 años (el 75% de la media
nacional), según
la Encuesta de salarios del INE (2023).
Además de estos bajos sueldos brutos, el sueldo neto de los
jóvenes es también bajo, porque pagan impuestos y cotizaciones. Aunque muchos
jóvenes no declaran, por sus bajos sueldos, soportan una alta carga
fiscal por pago de cotizaciones sociales e IVA. Así, los jóvenes menores
de 20 años pagan un 6,45% de su sueldo bruto (11.313 euros anuales) en cotizaciones,
los que tienen de 20 a 24 años (y ganan 15,364 euros) pagan un 7,31% entre IRPF
más cotizaciones y los que tienen entre 25 y 29 años (que ganan 21.039 euros
brutos) pagan un 18,56% entre IRPF y cotizaciones, según
el Consejo de Economistas. Y a la hora de comprar y pagar el IVA,
los menores de 35 años son los que dedican más parte de sus ingresos a pagar
IVA: el 7,7%, frente al 6,6% los que tienen entre 55 y 64 años, el 6,4% los que
tienen entre 65 y 74 años y el 6,3% los mayores de 75 años.
Además de la precariedad y los bajos sueldos, los jóvenes
llevan una década sufriendo el
disparatado precio de la vivienda, tanto la compra (los pisos han
subido un +55,4% entre 2014 y 2024) como el alquiler (+81% subida
desde 2024). Mientras la mayor parte de sus padres tienen su casa en propiedad
(el 70%), sólo
el 42% de los hogares jóvenes ha podido comprar o acceder a una vivienda.
Y la mayoría tiene que alquilar, algo difícil porque apenas hay
alquileres disponibles (cada oferta tiene 35 potenciales inquilinos) y porque
su precio está disparado (1.305 euros de media en España, 1.953 euros en Madrid
y 2.151 en Barcelona, según Idealista) y obliga a los jóvenes a destinar el 40%
y más de su sueldo a pagar el alquiler, algo que limita su emancipación y su
movilidad geográfica.
De hecho, los jóvenes se
emancipan en España a los 30,3 años (era a los 28,4 años en 2008), frente
a los 26,4 años en la UE-27 y los 23 y 24 años a los que se emancipan en
Francia o Alemania. Y además, muchos jóvenes, al no ver oportunidades en
España, emigran: entre 2021 y 2024 han salido de España 650.000
jóvenes de 18 a 35 años, buscando una oportunidad laboral y vital en el
extranjero, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. En paralelo, muchos
jóvenes no
pueden irse a trabajar a otra ciudad distinta a la que viven sus padres
(en la hostelería o como profesores, médicos o policías) porque no pueden pagar
allí el elevado alquiler (caso de Madrid, Barcelona y las islas).
Junto a todos estos problemas, los jóvenes españoles sufren
una “doble desventaja estructural”, según
el reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. La primera, que la
demografía no les ayuda (como a sus padres) sino que les supone
ahora un lastre: si en el siglo pasado (entre 1980 y 1999), el
crecimiento per cápita creció mucho (+59,4%), en gran parte fue por la demografía,
el “baby boom” (aportó un 11,15%). Pero ahora, entre 2000 y 20129, el
crecimiento per cápita ha sido la tercera parte (+20,34%) ha sido porque la
demografía (pocos nacimientos) ha lastrado el crecimiento (-2,76%). A lo claro:
la demografía frena ahora el crecimiento de los jóvenes mientras empujó el
de sus padres.
La otra desventaja, más polémica, es que la política
económica y las prioridades de los Gobiernos son los mayores y no los jóvenes,
porque son más y votan, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Si en los años 80 y 90,
los padres de los jóvenes actuales protagonizaban la economía y la política, sus
hijos “no
tienen aliados”, según el estudio, que insiste en el protagonismo
económico y político de los mayores. Y se apoyan en que las pensiones
se llevan ya el 30% del gasto público y suponen el 12,9% del PIB, siendo “las
más generosas de Europa”: la pensión pública representa el 77% del último salario en España,
frente al 62,6% en Paises Bajos, el 59,3% en Italia, el 41,6% en Francia o el
36,8% en Alemania, según
datos de Eurostat (2022).
En definitiva, el
estudio señala que hay un desequilibrio en las prioridades y el gasto
a favor de los mayores (que son más: 10 millones de españoles tienen
más de 65 años) y en perjuicio de los jóvenes (hay 7 millones entre los 18 y 30
años), que además se encuentran socialmente más aislados, “pasando
de la política” y sin cauces propios de representación institucional
(salvo la “atracción” por la extrema derecha en muchos casos). Por eso, estos
expertos piden “reequilibrar el contrato generacional”, destinar
más recursos a las políticas juveniles y a mejorar la productividad de la
economía, para alentar un crecimiento de fondo, al margen de la demografía. Y por
eso piden que
se cumpla una regla sencilla: por cada nuevo euro que
España gaste en mayores, que se gaste otro euro en políticas dirigidas a los
jóvenes. Y que en todas las nuevas Leyes y en el Plan de recuperación
en marcha, se tenga en cuenta el impacto sobre los jóvenes.
Además de orientar más la política y la economía a los jóvenes,
los expertos coinciden en la necesidad de tomar medidas
en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay
que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la
formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que
necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su
digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la
contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y
en mejorar las prácticas y becas (el
Estatuto del Becario sigue sin aprobarse por el Gobierno, tras
anunciarse con los sindicatos hace más de 700 días). Y hay que mejorar la
conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos.
Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a
los jóvenes, con ayudas hoy escasas e ineficaces.
En resumen, que la situación de los jóvenes es cada vez más
preocupante en España, quizás porque los
distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que
más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país,
hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que
han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de
vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y tecnológico que nos hagan más productivos
y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato
generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor
de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes
de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.
Unos días antes de cumplirse los 2 meses del apagón (28 de abril), se han
hecho públicos tres informes que aclaran poco lo que pasó.
Uno del Gobierno, que reparte culpas entre Red eléctrica (REE) y las
compañías. Otro de REE que culpa a las eléctricas y un tercero de las
eléctricas que culpa a Red Eléctrica. Al final, seguimos sin saber
quien tuvo la culpa y quien debe indemnizar a empresas y
consumidores. Mientras, el Gobierno aprobó este martes un Decreto para
reforzar la seguridad del sistema eléctrico, multiplicando los controles y
las exigencias a las compañías, que tardarán meses en ser efectivas y podrían encarecer
el precio de la electricidad. Y en paralelo, incluye medidas para potenciar las
renovables, mejorando su seguridad y facilitando que almacenen su energía. De
momento, el precio mayorista de la electricidad se ha multiplicado por 4
en junio, por la mayor demanda y la menor producción hidroeléctrica. Y
todo apunta a que el recibo medio subirá 5 euros este mes. 
El segundo informe, presentado un día después (el 18 de
junio) es el
de Red Eléctrica: niega que su programación para el 28 de abril fuera
incorrecta y culpa a las eléctricas de no haber regulado tensión
con sus 9 centrales de apoyo (6 térmicas de gas y 3 nucleares), como era su
obligación (y por lo que cobran). REE les achaca, como el Gobierno, dos
errores: no ayudar a regular la tensión con estas plantas “de apoyo” y
realizar “desconexiones injustificadas” de algunas plantas, que aumentaron la
tensión y aceleraron el apagón. Eso sí, ni el informe de REE ni el del Gobierno
dan nombres de instalaciones y empresas, porque así lo han exigido las
eléctricas en cumplimiento de la Ley (en los informes están “tachados”).
Cinco días después, el 23 de junio, las
eléctricas presentaron su propio informe,
elaborado por dos consultoras. Ahí se señala como “responsable único” del
apagón a Red Eléctrica, por “falta de planificación” (la generación programada
era ·escasa”, sobre todo en el sur de España) y “mala gestión” (critican que no
se dispusiera de toda la generación hidráulica disponible). Además, rechazan
que sus plantas de apoyo no regularan correctamente la tensión y añaden que
todas las instalaciones que se desconectaron “cumplieron los protocolos”.
Así que entre todos la mataron y el sistema se apagó…Los
informes hablan del cómo pero no del porqué del apagón. No hay
responsabilidades claras ni
ceses o dimisiones. Ahora falta conocer el 4º informe, el de la Comisión
Europea, que podría conocerse después del verano. Y el
informe de la Comisión de la Competencia (CNMC), que tardará meses y
que podría acabar en expedientes con inhabilitaciones y fuertes multas para REE
o para las eléctricas. Y en paralelo, hay empresas y particulares que ya están
pensando en ir a los tribunales para exigir indemnizaciones por el gran apagón”.
Mientras, el 12 de junio se tomó la primera medida
para evitar nuevos apagones: la
CNMC aprobó la revisión de las normas técnicas que regulan
los “servicios de ajuste” del sistema eléctrico, el mecanismo que permite disponer
de centrales de apoyo (normalmente térmicas de gas) frente a posibles tensiones
en el sistema, algo que no funcionó el 28 de abril. Lo más llamativo es que Red
Eléctrica ya había
pedido esta nueva norma… en 2021, a la vista de que la norma
actual es del año 2000 y por la necesidad de dar más seguridad al sistema por
la entrada de renovables. La CNMC ha tardado pues 4 años en aprobar este
nuevo procedimiento de control de tensión que, según muchos expertos, habría
evitado el gran apagón si hubiera estado vigente.
Ahora, se va a modernizar
y dotar de un marco retributivo al control de tensión, incluyendo también a
las energías renovables. Pero este nuevo modelo de operaciones no
estará listo hasta la primavera de 2026, con lo que hasta entonces,
lo que hace Red Eléctrica es curarse en salud y tener más centrales
convencionales disponibles, aunque esa medida esté encareciendo el coste de
la luz, para pagar estos “servicios de ajuste”.
Tras su informe sobre el apagón, el Gobierno ha aprobado
este martes 24 de junio un Decreto-ley para reforzar la
supervisión y resiliencia del sistema eléctrico. Incluye medidas para
controlar mejor el cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes
del sistema, la inclusión de nuevas herramientas para reforzarlo (como la norma
aprobada por la CNMC), además de medidas para impulsar el almacenamiento y la
electrificación. Por un lado, refuerza la vigilancia y la supervisión del
sistema eléctrico, con
más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de
funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación.
Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías)
y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles
fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Para ello, se bajará
la luz a las industrias más consumidoras, se facilitará la instalación de
postes de recarga de vehículos eléctricos y se fomentará fiscalmente que los
edificios tengan climatización por aerotermia.
Este “Decreto antiapagones” , además de
multiplicar la vigilancia y los controles sobre el sistema eléctrico (para
evitar “sustos futuros”, tiene otro objetivo: dar
un empujón a las energías renovables, que antes del apagón pasaban por
un momento “delicado”: los precios de la luz habían bajado mucho (reduciendo su
rentabilidad), sufrían muchas dificultades burocráticas (retrasos en los
permisos y recursos en los tribunales) , falta de regulación, aumento de costes
y problemas de financiación (por dudas de los inversores). Ahora, este Decreto flexibiliza
y agiliza los plazos para instalar nuevos proyectos renovables,
incentiva el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que
las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando
por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector
debe invertir 200.000 millones para cumplir el gran objetivo: que el
81% de la electricidad sea renovable en 2030
(ahora es el 64%).
Parece que, tras el apagón, el Gobierno, la CNMC y Red
Eléctrica “se han puesto las pilas”, con más control de la
operativa y cambios legales para tener un sistema eléctrico (decenas
de operadores, cientos de intermediarios y 700.000 kilómetros de Red) más
regulado y más seguro. Pero ahora queda convalidar
este Decreto antiapagones en el Parlamento, algo que será complicado
por los enfrentamientos políticos. Y luego, queda que las eléctricas
colaboren y operen con más transparencia, algo que no suelen hacer. Basta
recordar las multas que les han impuesto los reguladores en el pasado:
en noviembre de 2015, la CNMC impuso una multa
de 25 millones a Iberdrola, por reducir la producción de algunas centrales
hidroeléctricas `para “manipular” al alza el precio. En julio de 2022, la
CNMC multó a Endesa con 4,9 millones por dos infracciones de “abuso
de posición dominante” en dos nudos de acceso a la red de transporte de
energía. Y en julio de 2023, la
CNM multó a Naturgy con 6 millones por “manipular” el precio en el
mercado eléctrico…
Mientras se sacan conclusiones del apagón para reformar el
sistema eléctrico, los consumidores asistimos a una fuerte subida de
la luz en junio: el precio medio en el mercado eléctrico mayorista (en
origen) ha sido de 69,65
euros por MWh entre el 1 y el 25 de junio,
lo que supone cuadruplicar el precio medio mayorista de mayo (16,97
euros/MWh, el
2º más bajo de la historia) y duplicar con creces el de abril (26,81
euros/MWh), antes del apagón. En este caso, la subida del precio de la luz en
origen no se ha debido a que REE se cubra en salud y tenga disponibles más
centrales de gas (luz más cara), que fue lo que pasó en mayo, sino que este
encarecimiento de la luz en origen se debe a 2 causas:
un fuerte aumento de la demanda, por el calor (+7%, frente al -2,1% y el
-0,8% que cayó en abril y mayo) y una menor generación eléctrica hidráulica
(pocas lluvias), además de la subida del gas (por los ataques
a Irán) en las centrales térmicas. Mientras, la aportación de las renovables
fue similar (62% de la electricidad en junio).
Con esta fuerte subida de la luz en origen, nos subirá
también el recibo de junio, unos 5 euros de media : de los 60,44
euros que pagamos en mayo (según la OCU) podría subir a unos 65 o 66
euros en junio. Y el recibo también subirá en julio y agosto, por la
mayor demanda de electricidad en verano, la falta de lluvias y el mayor uso de
las centrales de gas (más caro) para que REE se asegure de que no tendremos
nuevos apagones. El “sobrecoste” por este mayor uso de centrales de reserva( los “servicios
de ajuste”) se mantendrá todo el año y hasta que las nuevas medidas
aprobadas por el Gobierno y la CNMC entren en vigor. Ese “extracoste” se traslada
directamente al recibo de los consumidores que tienen tarifa regulada
(PVPC), que son 8,3 millones de clientes, pero no deberían pagarlo los
consumidores que tienen una “tarifa libre” (24,1 millones), al menos
hasta que llegue la revisión anual de su contrato, según
ha advertido ya la CNMC a las eléctricas y comercializadoras. Pero algunas
ya han anticipado que van a subir las tarifas un 7% por estos costes extras…
Cara a los próximos meses, la luz en el mercado mayorista subirá
en verano (hasta los 100 euros/MWh) y bajará en octubre y noviembre (hasta los 85 euros), para bajar en 2026,
año en que los futuros auguran un precio mayorista de 65
euros/MWh, según OMIE. Y a partir de ahí,
los precios mayoristas seguirían bajando en 2027 (58,30 euros) y en 2030
(57,70 euros), gracias a la mayor producción de electricidad renovable (81%
previsto en 2030), lo que permitirá un menor coste del recibo a los
usuarios y una
ventaja competitiva a la industria española. Pero para que esto sea posible, hay que asegurar
que el sistema eléctrico funciona como un reloj, que se hacen los ajustes e
inversiones necesarias, que los que tienen que vigilar vigilen y que los que producen
y transportan electricidad cumplan los protocolos y no hagan trampas. Sólo así,
con vigilancia, normas y responsabilidad se evitará otro gran
apagón.
Queda hasta fin de mes para presentar la declaración de
la Renta por los ingresos de 2024. Y casi todos vamos a pagar más,
porque han subido los salarios, las pensiones y el empleo, además de que
Hacienda sigue sin descontar la inflación en los ingresos. Pero el problema es
que el IRPF sigue ganando peso en la recaudación (el 44% del total) y los que pagan la Renta son
básicamente los trabajadores con una nómina (fáciles de controlar),
sobre todo las clases medias, mientras los más ricos apenas pagan.
Además, España tiene otro problema: somos uno de los paises que menos
recauda por impuestos, debido a que hay mucho fraude y que tanto
la Renta como sociedades e IVA son como un queso de gruyere,
con demasiados agujeros (exenciones y deducciones) que reducen la recaudación.
Así que, otro año más, pagamos impuestos desiguales e insuficientes
para consolidar los servicios públicos. Y nadie habla ya de pactar una
reforma fiscal, como pide Europa, algo políticamente
imposible. Enrique Ortega
Esta primavera, Hacienda
espera recibir 24.868.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los
ingresos que tuvimos en 2024, un +3,1% que en 2024. Pero la mayoría de
los contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque la declaración
les sale a devolver: serán 17.069.000 declaraciones (el 68% del
total y 2,5 millones más que en la campaña pasada), que recibirán 14.908
millones de euros en unas semanas o meses (+9,6% que el año pasado), porque
pagaron de más en 2024 (o por deducciones). Al otro tercio de los
contribuyentes, 6.066.000 según Hacienda (1 millón menos que el año
pasado), les sale a pagar el IRPF este año: ingresarán ahora 19.093
millones de euros,+13,3% que en 2024, debido a que han ingresado más por
sueldos, pensiones, dividendos, intereses y Bolsa.
La declaración del IRPF de este año tiene pocas
novedades fiscales, salvo el aumento de la deducción a los
trabajadores con ingresos bajos y medios
(sube de 6.495 a 7.302 euros), la deducción adicional de 1.000 euros
para guardería a las madres trabajadoras y los cambios en el tratamiento fiscal
de los alquileres a los propietarios, según a quien alquilen y lo que cobren.
Eso sí, este año no pueden olvidarse los ingresos en plataformas de venta
de segunda mano y los ingresos online, porque Hacienda va a vigilar
especialmente los movimientos en la Red.
Donde hay más cambios es en la parte autonómica del IRPF, porque
la mayoría de autonomías cambiaron tipos y deducciones en 2024. Por un lado, las
autonomías gestionadas por el PP (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria,
Castilla y león, Galicia, Madrid, la Rioja, Canarias), más País Vasco y Navarra,
“deflactaron”
la tarifa autonómica del
IRPF (la rebajaron para compensar la inflación). Y han
modificado deducciones, tanto familiares como personales, un listado con
grandes diferencias. Con ello, al presentar la Renta sigue habiendo grandes
diferencias según donde se viva. Para ingresos de 20.000 a 45.000
euros, se paga menos IRPF en el País Vasco y Madrid y más en Cataluña,
Extremadura, Baleares, Asturias y Castilla la Mancha, según
este estudio del Consejo de Economistas. Y para mayores ingresos, sobre
todo a partir de 110.000 euros, se paga mucho menos Renta en Madrid y país
Vasco y más en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Canarias.
El IRPF se consolida como el primer impuesto, la
mayor fuente de ingresos tributarios en España: en 2024, Hacienda
recaudó por IRPF 129.408 millones de euros, casi la mitad (el 43,90%)
de toda la recaudación fiscal en España (294.734 millones en 2024). Y esa
recaudación supone un crecimiento del 7,6% sobre 2023 (120.250 millones) y un +48,92%
sobre lo recaudado antes de la pandemia (86.892 millones en 2019). Además, la
recaudación por IRPF se ha multiplicado por 4.11 en los últimos 30 años (de
31.418 millones en 1995 a 129.408 en 2024).
El 2º mayor impuesto por recaudación, lejos del IRPF,
es el
IVA, que recaudó 90.541 millones en 2024 (+7,9% sobre 2023 y
+26,56% más que en 2019), ese impuesto que pagamos cada vez que compramos y
cuya recaudación se ha multiplicado por 4,45 en los últimos 30
años (recaudaba 20.337 millones en 1995). El tercer impuesto por recaudación es
el impuesto
de Sociedades, el que pagan las empresas, que recaudó 39.096
millones en 2024 (la tercera parte que el IRPF), +11,5% más que en 2023 y
+64,73% que antes de la pandemia (2019), por la mejora de ventas y beneficios
de las empresas, que pagan por Sociedades 5,14 veces más de lo que
pagaban en 1995 (7.605 millones). Y el 4º impuesto son los impuestos
especiales (alcohol, tabaco, carburantes, electricidad…), que recaudaron
22.128 millones de euros en 2024 (+6,6% sobre 2023 y +3,49% sobre 2019), los
que menos han crecido en los últimos 30 años (1,92 veces sobre 1995). Estos 4
grandes impuestos suponen el 95% de la recaudación, que se completa con lo
recaudado por tasas y otros impuestos (13.560 millones en 2024).
Lo que pagamos al declarar el IRPF se
ha incrementado un +48,92% desde 2019 por varias razones: hay más
gente trabajando y pagando impuestos (+1,8 millones de ocupados tras la
pandemia), los que trabajan ganan más (los sueldos han subido un 15,9%
entre 2019 y 2024), han subido también las pensiones y los inversores
cobran ahora más dividendos e intereses y han ganado más en Bolsa. Todo eso ha
elevado los ingresos de la mayoría de los contribuyentes, también en 2024, con
lo que pagaremos más IRPF este año. Pero hay otro factor importante
que explica por qué pagamos más: Hacienda no ha querido “deflactar la
tarifa”, descontar el efecto de la inflación en los ingresos (la
inflación ha subido un 18,2% entre 2019 y 2024) y eso ha hecho que suban los
ingresos y muchos contribuyentes “salten” de tramo y paguen una tarifa
más alta en el IRPF.
Funcas
estima que la no “deflactación” de la tarifa ha permitido una recaudación
extra en el IRPF de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024, algo más de
la mitad del aumento de recaudación (+34.952 millones entre 2019 y 2024). Unos
millones que los contribuyentes hemos pagado “de más” (por no ajustar los
ingresos y la tarifa con la inflación) y que suponen una media de 255 euros
extras, según
el Registro de Economistas, un pago extra menor para los ingresos bajos (+207
euros para rentas hasta 25.000 euros) y uno mayor para los que más ganan (+1.500
euros extras para declarantes de más de 350.000 euros. Hacienda ha
rechazado “deflactar” la tarifa porque dice
que beneficia más a las rentas más altas y que estos mayores
ingresos han ido a aumentar las ayudas a las familias vulnerables y
a aumentar las deducciones de los contribuyentes con menos ingresos.
La consecuencia es que los contribuyentes pagamos más IRPF
de lo que han crecido nuestros ingresos reales, según
Funcas, porque la renta real neta de los hogares (descontada la
inflación) es ahora inferior a la de 2008 (el 95,7%) mientras
pagamos más de IRPF (el 114,4 %), por el efecto de la inflación. Eso ha
subido la presión fiscal por el IRPF (del 6,5% del PIB en 2019 al 8,1%
en 2024) y la presión fiscal total: la “cuña fiscal”, el
porcentaje de los ingresos que pagamos en impuestos y cotizaciones sociales,
era del 40,6% en 2024 (37,5% en 2022), según
la OCDE, algo por encima de la media de los 38 paises desarrollados que integran
la OCDE (34,9%) pero todavía por debajo de la presión fiscal de Bélgica
(52,6%), Alemania (47,9%), Francia (47,2%), Italia (47,1%), Finlandia
(41,9% y Suecia (41,5%).
En consecuencia, ahora pagamos más en el IRPF, por el
aumento de ingresos y la inflación: el tipo medio ha saltado del 12,7% en 2019 al 14,4% en 2024, según
Funcas.
Pero además, el pago de la Renta sigue cayendo en los
trabajadores (cuyas nóminas e ingresos son fáciles de controlar), sobre
todo las clases medias. Así, según el balance de la declaración de 2022 (la
última con datos de la AEAT), el 91,4 % de las declaraciones presentadas
(20,93 de 22,89 millones) tienen rentas del trabajo y son minoría las que
tienen también rentas de capital e inmobiliarias. Además, quienes pagan el
grueso del IRPF son las rentas medias y medias altas: los que declaran
entre 30.000 y 60.000 euros (el 21,7% de declarantes) pagan el 36,84%
del IRPF, una media de 8.212 euros por declarante. Los contribuyentes que
declaran menos de 30.000 euros (el 67,88% de las declaraciones) pagan
el 21,5% del IRPF, entre 48 y 3.742 euros por declarante. Los contribuyentes
que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,53% del total) pagan el
23,20% del IRPF, unos 24.230 euros de media. Y los contribuyentes que declaran más
de 150.000 euros (159.816 contribuyentes, el 0,7% del total) pagan el
18,45% del IRPF, una media de 81.589 a 540.741 euros por declaración.
Visto así, parece que en el IRPF pagan más los que más
tienen. Y es así. Pero estos datos esconden un problema grave de nuestros
impuestos: no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría
de los españoles (el 69,4% no se creen que en España pague más impuestos quien
más tiene, según la última Encuesta del CIS). Recientemente, una
experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de
impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan
el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar
impuestos. Eso se debe a que el actual sistema fiscal penaliza más los
ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que
los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías) y
a que los más ricos utilizan empresas y otros instrumentos de “ingeniería fiscal”
para pagar menos “legalmente”…
En definitiva, que casi la mitad de la recaudación fiscal sale
del IRPF, un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores y en especial
los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Y que los que tienen ingresos
altos, apenas declaran en el IRPF y tienen otros sistemas para “evadir
impuestos legalmente”. Eso ya debería ser una razón para pedir
una reforma fiscal, que reparta mejor los pagos, haciendo tributar
más a los ingresos no salariales. Pero hay otra razón de peso: con el vigente
sistema fiscal, España
recauda menos que la mayoría de Europa, no sólo porque hay mucho
fraude y los que más tienen tributan poco sino porque la mayoría de impuestos son “un queso de Gruyere”, con múltiples agujeros (deducciones
y exenciones) por los que se pierde una parte de la recaudación.
Los datos son inapelables: en 2025, la
Comisión Europea estima que España recaudará por todos los impuestos el
42,8% de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27,
, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del
PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200
millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania…
Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit
público del 3% obligado por Bruselas.
¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa?
Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o
un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de
Grecia y Portugal, según este
estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay
muchas deducciones y exenciones fiscales. En
el IVA, somos también el tercer país
que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de
Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes
exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos
especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un
2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y
también ingresamos menos por las
herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.
La Comisión Europea lleva años pidiendo
a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en
el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de
mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que
favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que
tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)
y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a
la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó
al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro
Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un
cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento
parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…
En resumen, que tenemos que volver a declarar por el IRPF,
además de lo que ya nos retuvieron y pagamos en 2024. Hay que pagar impuestos
si queremos luego tener servicios públicos y una Administración que nos ayude
cuando haya problemas. Pero tenemos todo el derecho a exigir que los impuestos
sean más “justos”, más progresivos, que de verdad pague más quien más tiene,
algo que ahora no pasa. Eso obliga a una
reforma fiscal en profundidad, que reforme todos los impuestos y consiga
aumentar la recaudación, para mejorar los servicios públicos, el estado del
Bienestar y los nuevos gastos en Defensa y Seguridad . Pero para ello, hace
falta pactar una reforma fiscal, algo imposible con un Parlamento
enfrentado y donde la derecha y la extrema derecha sólo hablan de bajar
impuestos, no de reformarlos y hacerlos más justos. Así que de reforma
nada. Seguiremos pagando (más) los de siempre.
Cada vez se viaja más en todo el mundo y los
cielos están plagados de aviones: este año, las aerolíneas
esperan tener 5.200 millones de viajeros, que crecen sobre todo en Asia
y Oriente Medio. En Europa, superaremos los 1.000 millones de viajeros,
mientras España espera 320 millones, con una demanda al alza y una
falta de aviones que van a disparar este verano los precios de los
billetes y colapsarán el tráfico aéreo europeo y muchos aeropuertos.
Pero los turistas pagan lo que les pidan por volar y sufren retrasos y
cancelaciones, mientras les cobran por llevar maletas a bordo,
un tema donde la Comisión Europea apoya a las aerolíneas. En España hay 11
aeropuertos saturados y AENA tiene un Plan para invertir 10.000 millones
de euros en ampliarlos y mejorarlos, desde Barajas y Palma al Prat de
Barcelona, a costa de subir tarifas. Además, cada vez volamos más y eso contamina los cielos, aunque se
exige más porcentaje de carburante ecológico, lo que también fuerza a la
subida de los billetes. 
En 2024, los españoles hicieron un gasto
récord en viajes aéreos: gastaron
18.095 millones en viajes internacionales (el 34% del total
gastado en vuelos), con un aumento anual del 18%, según los datos del INE. El
20% de todos los vuelos fueron a Europa, el 7% a América (donde más crecen los
vuelos de los españoles, +25% en 2024), el 3% a África y el 4% restante al resto
del mundo (crecen un 12% los vuelos a Asia). El 66% de los vuelos restantes de
españoles fueron viajes dentro de España, con un gasto de 35.101
millones en 2024, sobre todo viajeros jóvenes y con rentas medias y altas.
En 2024, España tuvo un récord histórico de
vuelos, gestionados
por la empresa pública Enaire: 2.358.988 vuelos, un 7,6% más que en 2023,
por encima del +5,2% que aumentaron los vuelos europeos. La mayoría (1.354,960)
fueron vuelos internacionales (+9,5%), seguidos de los sobrevuelos (537.634,
+5,5% y los vuelos nacionales (466.394, +4,9%). Y el récord histórico se dio el
10 de agosto de 2024, con 7.886 vuelos gestionados por España, 5,4
vuelos por minuto. En cuanto a viajeros, en 2024 más de 309 millones de
viajeros utilizaron los aeropuertos españoles, según
AENA, un récord histórico.
Todo apunta a que estas cifras históricas de viajes aéreos y
pasajeros se superaran en 2025, (ver Web con vuelos en el
mundo hoy), a la vista de que las aerolíneas han aumentado ya un 10% sus
asientos para este verano. La IATA confía en alcanzar los 5.200
millones de viajeros a nivel mundial en 2025
(+6,7% sobre 2024), con un mayor aumento de pasajeros en Asia,
especialmente en China e India (país que inauguró 100 nuevos
aeropuertos en 2024). Las aerolíneas esperan un nuevo
aumento de la demanda, a pesar de la incertidumbre por los aranceles y sus
consecuencias, porque los clientes no renuncian a viajar y hay
más empleo y menos inflación en el mundo. Eso sí, todas las aerolíneas están aumentando
sus tarifas (de un 5 a un 12%), por la alta demanda y porque faltan
aviones, lo que subirá la ocupación de las aeronaves al 83,4%.
En Europa se espera superar este año la cifra de 1.000
millones de viajeros transportados, superando la cifra de 960 millones
de viajeros transportados en 2024.Y en España,
Aena espera que utilicen los aeropuertos españoles unos 320 millones de
pasajeros (+3,4% que en 2024). En invierno (hasta marzo) ya se han
transportado 111,3 millones de pasajeros )+6,6%) y la previsión de la Asociación
de Líneas Aéreas (ALA) es que entre abril y septiembre se transporten 245,9
millones de pasajeros, +5,9% que el verano pasado (y un 8% más en Canarias).
Estas previsiones de más vuelos y pasajeros no tienen en cuenta el efecto
negativo de 3 problemas que tiene hoy volar: los
altos precios de los billetes (por la falta de aviones), la saturación
del tráfico aéreo europeo y los problemas de retrasos y
cobro de maletas.
El mayor problema al que se enfrentan las aerolíneas (y que
sufren sus clientes) es la
falta de aviones. El problema se arrastra desde la pandemia, por la
ruptura de las cadenas de suministro y la caída brusca de la demanda, factores
que llevaron a la entrega de sólo 7.000 aviones entre 2019 y 2024, frente
a los 12.000 programados antes de la pandemia. Y en estos años, no se han
resuelto los problemas de suministros y de las cadenas de producción (en varios
paises). La consecuencia es que se
entregan menos aviones de los que hacen falta: en 2024, Airbus y Boeing
entregaron un 30% menos de lo programado: 766 aviones Airbus (frente a 863
en 2019) y sólo 348 aviones Boeing. En 2025, ambas compañías van
a entregar un 20% menos de aviones de los programados. Y ambos estiman que harán
falta 43.000 aviones nuevos en los próximos 20 años.
Este recorte
en las entregas fuerza a las aerolíneas a ajustar mucho más sus
rutas y ocupaciones, lo que lleva a mayores costes (al operar con
aviones antiguos, que consumen más) y a subir los billetes para “filtrar” la
demanda. La ventaja que tienen es que está bajando el precio del combustible,
aunque las tensiones geopolíticas (ahora la guerra de Israel e Irán) están
encareciendo el petróleo y sus derivados (keroseno aviación).Otra consecuencia
de la falta de aviones es la mayor ocupación de las aeronaves, lo que es un
riesgo para la seguridad, además de provocar problemas de saturación en
rutas y aeropuertos. También faltan pilotos, otro factor que sube costes
y billetes.
En Europa, a la falta de aviones se suma un problema
muy preocupante: la congestión del tráfico aéreo, sobre todo en
Francia y centro Europa, lo que ya provocó graves
problemas el verano pasado: el 30% de los vuelos europeos tuvieron
retrasos o cancelaciones. Y este
verano , las aerolíneas se temen aún
más problemas, debido a la falta de personal en los centros de control
de Francia, Bélgica, Paises Bajos y Reino Unido, más las huelgas ya programadas
en varios aeropuertos y centros de control europeos. Ya el domingo 1 de
junio hubo problemas en más de 30.000 vuelos en toda Europa, con 5.000
horas de demora. Al día siguiente, Ryanair envió una carta a la presidencia de la
Comisión Europea y a los Gobiernos europeos para pedirles que
solucionen los problemas que sufren los centros de control aéreo:
escasez de personal y deficiente planificación.
Ya en 2024, España
ocupó el 4º lugar europeo en retrasos y cancelaciones de vuelos,
tras Reino Unido, Italia y Francia: la tasa de retraso atribuible a España
(que gestiona el 22% del tráfico aéreo europeo, con más de 1 millón de vuelos y
145 millones de viajeros) fue del 26%, por debajo de los retrasos de Reino
Unido (32%, con 145 millones de pasajeros), Italia (32%, con 105
millones de pasajeros) y Francia (31%, con 98 millones de pasajeros). En
2024, casi 2,25 millones de pasajeros pudieron reclamar a su aerolínea por
problemas en un vuelo con origen en España. Los aeropuertos
españoles con más retrasos fueron los de Barcelona (26% retrasos),
Madrid (23%), Ibiza (31%) y Murcia (30%), siendo escasos en Palma (sólo un 3,5%
de vuelos con incidencias) y Bilbao (17%).
Estos altos porcentajes de retrasos y cancelaciones
provocan un 2º problema a los viajeros: les resulta muy complicado
reclamar y recibir luego compensaciones, según las múltiples quejas de las
asociaciones de consumidores. Y a eso se suma que muchas aerolíneas llevan
meses peleando con sus clientes para cobrarles por llevar una maleta de
mano en el avión. De hecho, en noviembre de 2024, el
Ministerio de Consumo español aprobó una
multa de 179 millones a 5 aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easy jet, Norwegian
y Volotea) por “prácticas y cobros abusivos”, multa que está recurrida mientras
el tema se aborda a nivel europeo.
De hecho, los ministros de Transporte de la UE-27
aprobaron el pasado 5 de junio una
reforma del Reglamento de Derechos de los pasajeros aéreos
para modificar las normas de indemnización por retrasos y sobre el cobro de maletas
de mano. Por un lado, aprobaron que se puede solicitar
indemnización (300 euros) por un retraso de 4 horas (ahora
son 3 horas) en vuelos de 3.500 km y por un retraso de 6 horas en vuelos de más
de 3.500 euros (600 euros de indemnización., habilitando un nuevo formulario para
tramitar la indemnización de forma automática en caso de cancelación. Y por
otro, abrieron la vía a que
las aerolíneas cobren por el equipaje de mano tras permitir
que lleven debajo del asiendo un pequeño bulto (mochila, bolso o ordenador, de
40x30x15 cm). Estos cambios fueron aprobados por mayoría cualificada de dos
tercios pero con
el voto en contra de España, Portugal, Alemania y Eslovenia, más la
abstención de Austria y Estonia. Las organizaciones europeas de consumidores
critican que la Comisión se haya plegado al “lobby” de las aerolíneas y darán
la batalla en el Parlamento Europeo, que tiene que aprobar o
rechazar estos cambios en septiembre.
El problema de fondo en Europa no es sólo la pelea por los
derechos de los viajeros sino que todos los paises tienen un problema de saturación
del tráfico aéreo y de los principales aeropuertos europeos, que no
están preparados para la fiebre por volar desatada tras la pandemia. En el caso
de España, hay
11 aeropuertos (ver listado) de
los 15 con más tráfico que están saturados, que reciben vuelos y
pasajeros que superan el 90% de su capacidad (y 6 superan el 100%), según AENA:
Sevilla (al 119%), Bilbao (105,9%), Menorca (104,3%), Tenerife sur (104%),
Valencia (103%), el Prat (100,1%), Palma (97,9%), Lanzarote (96,8%), Alicante
(96,7%), Madrid (94,6%) e Ibiza (90,7%).
AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos
españoles, está debatiendo con las aerolíneas el
Plan de inversiones aeroportuarias 2027-31, para invertir en estos
aeropuertos saturados con criterios técnicos (de evolución del
trafico y pasajeros) y no políticos (por presión de autonomías y
ciudades). Y eso debe llevar a fijar unas tarifas de uso de los aeropuertos que
financien esas inversiones, que en su mayoría no paga el Presupuesto. Se trata
de buscar un equilibrio entre financiación de inversiones y tarifas, porque si
suben en exceso, los aeropuertos españoles dejarían de ser competitivos.
El Plan de Aena (Dora
III) pretende invertir 10.000 millones en mejorar los aeropuertos
españoles en los próximos 5 años, a costa de las tarifas que pagan las aerolíneas
y que luego nos cargan en los billetes (otra razón más para subirlos). La mayor
inversión (2.400 millones) se hará en el aeropuerto de Madrid-Barajas,
para ampliar la T4 y la T4 Satélite, así como mejorar la T1,T2 y T3, buscando
un mayor espacio en una remodelación que espera terminarse para febrero de
2031. Antes debe culminarse la remodelación del aeropuerto de Palma, en
diciembre de 2027. Y para 2033 se prevé la importante remodelación
del aeropuerto del Prat, en Barcelona, con una inversión de
3.200 millones para alargar 500 metros la tercera pista, la remodelación de la
T1 y la T2 y una nueva terminal.
Al final, España es la 2ª potencia turística del mundo y
este año espera
recibir 100 millones de turistas extranjeros, lo que satura
nuestro espacio aéreo y provoca problemas de retrasos y cancelaciones en unos
aeropuertos que no están preparados para tantos aviones y pasajeros. Se trata
de planificar el futuro de los vuelos, sabiendo que además hay un
problema ecológico: los vuelos (que sólo usan el 10% de la población
mundial) son
responsables del 2,5% de las emisiones de CO2 y cada vez
viajamos más en avión en vuelos cortos que podrían sustituirse por el tren o el
autobús. Existe un
Plan europeo para que las aerolíneas consuman cada año más combustible
ecológico (el 2% en 2025 y el 70% en 2050), pero hay 2 problemas:
las aerolíneas se quejan de que las petroleras no lo producen y que su
precio es entre 3 y 6 veces más caro que el keroseno tradicional.
Así que este año, otra razón de las subidas de los billetes de avión,
es que deben
utilizar un 2% de combustible ecológico…
En resumen, que los cielos del mundo, Europa y España están
cada vez más saturados de aviones y los aeropuertos españoles y del resto del
mundo no dan abasto a recibir tantos vuelos y pasajeros, que además contaminan
en exceso. Así que urge
poner orden en el tráfico aéreo, para evitar otro caos este verano,
y reordenar vuelos y aeropuertos, fomentando otras alternativas de viaje para
trayectos cortos. Pero mientras, el exceso de demanda (queremos viajar a miles
de destinos) y la falta de aviones disparan los precios de los billetes. Y además,
las aerolíneas cada vez nos imponen más condiciones y pagos. No tiene
fácil arreglo.
Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la
economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este
año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más
saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del
PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el
Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor
del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro
fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto
crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios
empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero
España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa
(-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos
ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas
nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los
servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta
imposible.
Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes
a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de
recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas,
levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción
del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de
déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado
con un
déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el
Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la
DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que
los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes
naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como
el -2,8%.
Este déficit
oficial de 2024 (-44.527
millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en
España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España
por debajo del déficit
público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro
(-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y
nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas
(hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a
España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.
¿Cuáles son las
razones de este “milagro fiscal” que ha permitido bajar el
déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía
española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido
recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos
entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han
aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha
aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios
empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.
El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos
años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021
a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según
la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de
94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la
recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%).
En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha
saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor
aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el
salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024
(+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado
(de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal
se debe a que Hacienda
no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los
ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo
que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según
Funcas.
Este fuerte aumento de la recaudación, por la
buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el
Gobierno mantuviera una serie de ayudas
públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock
energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la
inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros
impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas
específicas a algunos sectores económicos y a los colectivos más vulnerables(el ingreso
mínimo vital beneficia
a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios
del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler).
Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000
millones de gastos extras por sentencias judiciales derivadas de medidas
tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones
reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en
pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).
En 2025 sigue bajando el déficit público,
según
los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las
Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB),
casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del
PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a
Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe
de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit
público al -2,5% del PIB en 2025 (descontando otra vez el gasto por la Dana de
Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza
una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026
(2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y
2031 (0,8%).
La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de
recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone,
que si
España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos
el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit
más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27
(déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e
incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y
si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de
fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el
déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8%
del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para
2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).
El informe
del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3
factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque
algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento
de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona
euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea.
El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas
fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como
en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos
“retoques fiscales” que servirán para aumentar ingresos: tipo
mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases
negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las
rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales
a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no
consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.
Respecto a los gastos, el
Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos
gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá
como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones
en 2025). Y aseguran que el
aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB
en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra
saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos
europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la
economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse
4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200
millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de
las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en
vez de los 11.000 de 2024).
Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará
estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de
la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un
“colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años,
por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha
cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón”
para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.
En definitiva, que el déficit público que tanto nos
ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos
efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un
Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un
problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España
recauda menos que los demás
paises europeos y eso provoca que también gastemos menos.
Para 2025, la
estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de
su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5%
que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará
Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos
que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos
que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3%
obligado por Bruselas.
¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa?
Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un
exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de
Grecia y Portugal, según este
estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay
muchas deducciones y exenciones fiscales. En
el IVA, somos también el tercer país
que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de
Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes
exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos
especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un
2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y
también ingresamos menos por las
herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.
La Comisión Europea lleva años pidiendo
a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en
el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de
mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que
favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que
tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol) y en los impuestos verdes, que apenas recaudan
en España, a
la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó
al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro
Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un
cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento
parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…
Así que nos encontramos con un sistema fiscal que
parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones
por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a
golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y
el IVA (sobre el consumo), con las empresas
pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024
frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa,
aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el
Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia,
servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge
una reforma fiscal, para recaudar más y mejor,
para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el
enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos
impuestos más justos y eficaces.
