Trump ha declarado una guerra comerciala 185 paises del mundo, algo inédito. Lo justifica porque han “estafado”
a EEUU, provocando déficits comerciales y hundiendo su economía,
obviando que son ellos quienes han perdido competitividad y se
han lanzado a fabricar en medio mundo. Europa
se debate entre negociar y defenderse con nuevos aranceles, como ha
hecho China. Pero Trump no dará marcha atrás: ha lanzado un “chantaje”
y pretende conseguir dinero (hasta 600.000 millones) y contrapartidaspara sus tecnológicas, para bajar impuestos en USA y consolidar su
revolución de extrema derecha. Si Putin se saltó hace 3 años todas
las reglas al invadir Ucrania, ahora Trump (otro autócrata) se
salta todas las reglaseconómicas para imponer al mundo unos
aranceles que nos van a empobrecer a todos. Como frente a Putin, hay que
aliarse frente a Trump, porque lo que está en juego
no son las ventas de coches, aceite o vino, sino la ruptura de las reglas de
juego y el futuro de Europa. Ya sabemos por la historia que no se
detiene a un dictador negociando.
Trump "justifica" con mentiras sus aranceles a 185 paisesEl anuncio
de aranceles de Trump, el 3 de abril, fue un “reality show”
para consumo interno en EEUU, para sus 77 millones de votantes, aunque el
resto del mundo lo siguiera conteniendo la respiración. Sus argumentos
fueron tan simples como su populismo: el mundo se ha aprovechado de
EEUU, “nos han timado”, invadiéndonos con sus productos, que han
hundido a las empresas y al campo norteamericano, con pérdida de riqueza y
empleo. Y ha llegado la hora de responder, “el día de la liberación”:
les vamos a imponer aranceles, para recuperar parte de lo que nos han “robado”.
Una
explicación “simplista” y “falsa”: EEUU ya no es la potencia
económica que era hace tres décadas porque su economía ha perdido
competitividad y porque muchas empresas norteamericanas han preferido fabricar
en China, Vietnam o México para ahorrarse costes y ganar más. EEUU compra más
fuera porque los norteamericanos apuestan por coches coreanos o teléfonos
fabricados en China.
Pero claro, esa no puede ser la explicación de un
presidente “nacionalista”, que prefiere recurrir al viejo tópico del “enemigo
exterior” para “hacer a America grande de nuevo”, en lugar de
explicarles que han de reconvertir a fondo su economía para competir en un
mundo globalizado. Y como buen “populista”, Trump
apuesta por “soluciones simples”: seremos un país grande de nuevo
si ponemos “aranceles”, impuestos a los productos extranjeros” (una medida del
siglo XIX, sin sentido hoy) y obligamos a las empresas (las norteamericanas y
las extranjeras) a instalarse en Estados Unidos. Es el cuento de la lechera:
“así vamos a ingresar millones de dólares y a recuperar empresas y empleos”.
Y para poner en marcha esta estrategia unilateral frente al
mundo, se inventa una
fórmula que es otra mentira: vamos a imponer unos “aranceles
recíprocos”, para responder a los aranceles que otros paises imponen
ahora a EEUU. Y como somos “buenos”, en lugar de responder con el arancel
que ellos nos imponen, les impondremos un arancel más bajo. Todo mentira. La
fórmula (verla al lado), una ecuación teóricamente “sesuda” (incluso
con letras griegas) es un invento (otro): refleja solo una cosa, el
déficit comercial que tiene cada país con EEUU, que es el criterio para imponerles
ahora los aranceles. Veamos
el caso de Europa. El arancel a imponer a la UE-27 sale de dividir
el déficit comercial (235.600 millones) entre las importaciones USA
(605.800): da 39%. Nada que ver con el arancel real que aplica Europa a
los productos USA, que ronda el 3%. Y como “somos buenos”, añade
Trump, divido ese 39% por la mitad y, redondeando, me sale ponerles un 20%
de arancel…
Y así con todos los paises que venden a EEUU más de lo que
les compran, 185 paises del mundo, incluidas dos islas autónomas australianas
(Heard y McDonald) donde sólo viven pingüinos y excluyendo a Rusia,
Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. … No hay “formulas” que valgan:los aranceles se imponen unilateralmente contra todos los paises
(un 10% de entrada), pero se agravan contra los paises con los que EEUU tiene
más déficit comercial. En 2024, ese déficit comercial
(importaciones-exportaciones) alcanzó la cifra
récord de -1.212.000 millones de dólares (1,2 billones), más que en
2013 (1,06 billones) y 2023 (1,17 billones). La cuarta parte del déficit total
USA fue por China (-295.400 millones $), seguida de la
Unión Europea (-235.571 millones $), México (-171.189
millones $), Vietnam (-123.436 millones), Taiwán (-73.900 millones),
Japón (-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones).
Y estos son, justamente, los
paises a los que Trump ha aplicado sus aranceles más altos, no
porque estos paises les apliquen a ellos aranceles (apenas tienen) sino
porque son quienes les venden más que les compran, bien porque tienen
productos más competitivos o bien porque en ellos fabrican muchas
multinacionales USA (coches Tesla o iPhone de Apple en China o zapatillas Nike
en Vietnam). Así, el mayor arancel se impone a China (39% ahora,
que se suma al 20% de aranceles impuestos en enero y febrero: 54%),
seguida de Lesoto (50%: allí se fabrican los Levi´s), Camboya (49%), Vietnam (46%),Sri Lanka (44%), Bangladés
(37%), Tailandia (36%), Taiwán e Indonesia (32%), India (26%), Suiza
(31%), Sudáfrica (30%),Corea del Sur (25%), Japón y Malasia (24%) y Europa
(22%), con un 10% para Reino Unido (ver
listado de aranceles por paises).
Estos nuevos
aranceles entraron en vigor el 5 de abril (para los 117 paises a los
que “sólo” les aplica un 10%) y desde este miércoles el 9 de abril para los
40 paises con aranceles más altos, entre ellos los paises europeos. Pero
estos son “los nuevos” aranceles, porque hay otros aranceles USA que ya se
están aplicando. Recapitulemos. El 4 de marzo entraron en vigor los
aranceles del 25% a México y Canadá (al 50% de los productos, los que
están excluidos del Tratado de Libre Comercio). El 12 de marzo entraron en
vigor los aranceles del 25% a todas las importaciones extranjeras de aluminio
y acero. El 3 de abril se empezaron a cobrar los
aranceles del 25% a los coches extranjeros (las piezas lo pagarán
desde el 2 de mayo). Y también están en vigor los aranceles que se impondrán a
los paises que compren petróleo a Venezuela (España entre ellos). Y además,
el 2 de mayo entra en vigor la extensión de aranceles (54%) a los productos
chinos que lleguen en pequeños paquetes (por importe inferior a 800 euros),
que hasta entonces no pagan aranceles.
Hasta aquí el “órdago” de Trump, el “chantaje”
de Trump al mundo, que ya es un hecho. Ahora, está sentado
a la espera de que el mundo “negocie”, le ofrezca algo (“tiene
que ser fenomenal”, ha dicho)
para rebajar estos aranceles que, insisto, ya están en marcha. En el caso de
Reino Unido, ya ha anticipado que podría ser una rebaja de impuestos y
controles a los grandes de Internet (sus financiadores y socios), algo
que también va a pedir a la Unión Europea. Y por si acaso el mundo no
cede, dice que estudia
futuros aranceles específicos
al vino y bebidas alcohólicas, cobre, los productos farmacéuticos, la madera,
los minerales críticos y la energía (petróleo y gas).
De momento, China, el país más afectado, se queja
ante “una intimidación unilateral” y ha respondido anunciando
nuevos aranceles a EEUU del 34%(como los últimos de Trump)
a partir del 10 de abril. Ya había respondido antes a los aranceles USA que sufre desde enero (10%) y febrero (otro
10%), imponiendo aranceles del 10 al 15% a muchos productos norteamericanos,
desde alimentos a productos manufacturados y energía (por un valor global de
35.000 millones de euros). Ahora la respuesta es más contundente, porque los últimos
aranceles USA afectan a 440.000 millones de exportaciones chinas. Pekín
ha anunciado otras medidas, como penalizar exportaciones a 27
empresas USA (que se suman a otras 15 penalizadas antes) y restringir la venta de
minerales estratégicos a empresas norteamericanas, además de abrir una
investigación antimonopolio a Google y denunciar a EEUU ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
Y ¿cómo reacciona Europa? En principio, con muchas
palabras y pocos hechos. La presidenta
Von der Leyen dijo que estos aranceles serán “nefastos para millones de
personas en el Planeta”, pero mantiene abiertas todas las puertas para
negociar con Trump antes de aprobar aranceles a los productos made in USA. El
viernes ya hubo contactos (telemáticos) y la Comisión mantiene las
puertas abiertas a negociar con Trump antes de contraatacar. De hecho, hasta
el 9 de abril no se votarán en Bruselas los aranceles europeos de respuesta
(a la soja, algunos wiskis y motos) a los aranceles impuestos ya al aluminio y
acero (25% desde el 12 de marzo), que entrarían
en vigor el 15 de abril. Y todavía no han cerrado una 2ª lista de
aranceles europeos para responder a los aranceles al automóvil (25% desde el 3
de abril) y a los aranceles adicionales del 20% impuestos el 3 de abril. Cada
país tiene su lista y no resulta fácil pactar la respuesta, que sería para el
15 de mayo.
La gran "baza negociadora" de Europa es presionar con más controles normativos (evaden todas las normas de libre competencia) e impuestos (apenas pagan) a los gigantes de Internet USA (Google, Meta, Amazon, X, Microsoft ..), que tienen en Europa un gran negocio online (publicidad, búsquedas, ventas online, redes sociales, centros de datos...), con un superávit a favor de EEUUfrente a Europa del que no habla Trump: +109.000 millones de euros en 2023, según la Comisión Europea.
El mayor error que puede cometer Europa
es retrasar su respuesta o dar señales de debilidad ante EEUU. Porque Trump,
como Putin, sólo
valora a los “enemigos” fuertes, se agranda frente a los débiles (como “los
abusones” del patio de colegio…). Y si no ven una actitud dura y firme en
Europa, no van a ceder sino que amenazarán con nuevos aranceles. Hay
que dar una respuesta firme y rápida a Trump por tres razones. Una,
porque se ha saltado toda la legalidad internacional, al imponer
unilateralmente aranceles, al margen de la OMC. Otra, porque Europa
es la primera potencia comercial del mundo (450 millones de
consumidores) y tiene que aparecer como “un faro” para el resto del mundo,
liderar la respuesta a Trump y no intentar “librarse en lo posible” cediendo. Y
la tercera, porque estos aranceles van a hundir la economía europea, que
apenas crece, en otra recesión.
Esto es lo que el mundo debería entender y contraatacar: los
aranceles de Trump van
a dañar a todos los paises y a la mayoría de empresas y
consumidores (incluidos los de EEUU). Por un lado, imponer aranceles
conduce a encarecer todos los productos importados un 20 o un 25%, lo que hará
subir la inflación, en Europa y en todo el mundo. Por otro, muchos paises
podrán exportar menos y eso llevará a hundir sus ventas, su crecimiento y
sus empleos. En el caso de Europa, se estima un daño de 750.000 millones de
euros en 4 años (200.000 sólo en Alemania, el país más afectado junto a
Irlanda, Italia y Francia), según
el Instituto de Economía alemán. Y la Comisión cree que están
en riesgouna cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU,
nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de
531.600 millones de euros). Es un tema muy serio, con muchas empresas y empleos
en juego. En el caso de España, el daño será menor: están en
riesgo 4.500 millones de los 18.179 millones exportados en 2024.
Y además de los aranceles, Trump está jugado otra “carta secreta”, que ya intentó EEUU el siglo pasado: depreciar
el dólar, otra medida que también “empobrece” al resto del mundo,
como los aranceles. Con una moneda más débil, EEUU tiene más fácil exportar sus
bienes y servicios (desde el petróleo a la tecnología), porque son más baratos.
Y el resto del mundo ve como se encarecen sus productos y venden menos en USA,
no sólo por los aranceles. Los datos indican que el dólar se ha depreciado
un -7,76% frente al euro desde la llegada de Trump a la Casa Blanca (el euro
cotizaba
el viernes a 1,1035 dólares, frente
a 1,024 el 13 de enero), con lo que los productos europeos son un 7,76% más
caros.
Con los aranceles actuales y futuros y la debilidad del
dólar, el
daño económico de Trump al resto del mundo es muy preocupante. ¿Qué
pretende Trump? . No está loco, tiene una estrategia de la
que apenas se habla. Con estos aranceles pretende ingresar muchos millonesdel resto del mundo (hasta
600.000 millones de dólares anuales, 81.000 de Europa) para financiar con
ellos, y con lo que se ahorre cuando Musk acabe de desmantelar la Administración
y el gasto público USA (otros 400.000 millones), tener una “hucha” de 1
billón de dólares para poner en marcha su revolución conservadora: bajar drásticamente los
impuestos (más a los ricos, pero también a la mayoría de
norteamericanos) y promover un mayor poder de las grandes empresas
tecnológicas, para defender sus valores de extrema derecha no sólo en EEUU sino
en el resto del mundo, en especial en Europa. Sabe que ahora pueden caer las
Bolsas, subir la inflación en EEUU y crecer menos a corto plazo, pero confía en
que la bajada de impuestos y el tirón empresarial le lleven a asentarse
en el poder, incluso a cambiar
la Constitución para un tercer mandato (o para Vance y sus seguidores).
Así que lo que está en juego no es sólo si Europa
vende menos coches en EEUU o si los españoles venden menos aceite o vino ni que
comprar cualquier producto extranjero (electrónica, teléfonos, ropa y
zapatillas, medicamentos) sea más caro. Lo
que está en juego son unas relaciones económicas internacionales sin
control, donde un autócrata sin contrapesos impone su Ley, la del más
fuerte, empobreciendo al resto del mundo para financiar su modelo
político de extrema derecha, intentando desmantelar el modelo europeo. Ya
lo hizo Putin en 2014, con la invasión de Crimea, y como nadie reaccionó,
lo repitió en Ucrania. Ahora, Trumpdeclara
al mundo esta “guerra comercial”, frente a la que no valen medias tintas.
Ya sabemos por la historia qué pasa cuando no se hace frente a
un dictador. Urge que Europa busque aliados y medidas eficaces
(como controlar
más a los gigantes de Internet) para frenar a Trump. No podemos
perder esta guerra.
Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para
mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los
tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025, los Juzgados de jueces unipersonales se
integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se
repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas
judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán
sus trámites judiciales los ciudadanos. Y además, se obliga a quien presente un litigio,
que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El
objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy
duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera
judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma,
bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal,
digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces.
Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años
para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a
nuestra economía.
Enrique Ortega El colapso de la Justicia es una asignatura
pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no
mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos
pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras
dictarse 1,5 millones de sentencias, según
el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque
crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen
mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda
litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos
en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil,
más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos
administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta
varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según
este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas:
hay
4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin
entregar a particulares y empresas.
La Comisión Europea lleva años presionando a
España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale
mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The
2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo
donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de
Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª
instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª
instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela
que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes,
frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por
habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es
que los
ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos
percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia,
Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.
Este complejo panorama justifica la insistencia de
Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un
reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para
recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026.
En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31
de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el
19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara laLey
Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de
Justicia, aprobada
por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la
sacó la adelante por 177 votos a
favor y170en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día
siguiente (20 diciembre) pidió
a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en
subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.
Esta Ley Orgánica
1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que
reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años
y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarseentre julio y diciembre de 2025, supone
3 grandes cambios. El primer cambio supone la
reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800),
vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia
(431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales
de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos
Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el
presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración,
especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora
aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de
Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y
experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará
sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias
“orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.
El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos
se incluyen en las
Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los
ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin
tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha
en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para
enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una
especie de ventanillas públicas judiciales, como una
ventanilla única que facilite trámites.
La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante)
es promover
la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan
antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará
una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional
independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que
acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que
tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los
litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además
de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la
suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan
algunas “costas procesales”.
Con esta tercera medida se trata de reducir
los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7
millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de
forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado
en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios
importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados
de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos
delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”):
delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se
ampliarán con más jueces, algunos
magistrados han advertido que “colapsarán”.
Otro cambio importante se dará en
los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en
conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas
(documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico.
Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio,
buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo
social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los
juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un
plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir
la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad
española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y
para abrir una vía a las Comunidades
de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso
a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo
votan el 60% de los vecinos…
El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados
y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios
de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen
que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y
coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen
el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces
y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo
ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”.
Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación, más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no
parece fácil aprobar unos para 2026.
Otro problema que preocupa a muchos expertos es que
la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a
muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen
experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después
pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden).
Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente
confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy
que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena
sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los
bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a
hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse
en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se
podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una
solución consensuada (ver
casuística).
Con todo, muchos
expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización
para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los
jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como
ejemplo, este dato: la
tasa de resolución(asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha
bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan
más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no
aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y
la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y
autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos
profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más
evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por
eficacia, no el “café para todos”.
Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar
el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han
crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que
en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas
de jueces, el
Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar
la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio
(difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).
La reforma tiene 4 patas: igualdad de
oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los
opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para
opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos
cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios
en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por
un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas
para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces
“sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años),
reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido
prestigio). Además, la reforma incluye cambios
en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones
de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación
Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de
los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.
En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de
la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno
democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya
es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP. Ahora falta
ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización
y presupuesto. Y sobre todo, la
implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar
que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a
miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de
ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”,
dice el refrán. Un país moderno y
eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y
regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia
más ágil en una década. Amén.
Mañana 1 de abril entra en vigor la 3ª fase de
la reforma de las pensiones, iniciada por el Gobierno en 2021 y continuada
en 2023. Los cambios, pactados con sindicatos y patronal el
verano pasado (y apoyados por el PP en el Congreso), incentivan retrasar
la jubilación y facilitar que un jubilado trabaje o se jubile parcialmente
y siga trabajando. Se busca reducir los nuevos jubilados (368.000 en 2024),
para frenar el gasto en pensiones, que en 2024 superó los 200.000
millones (73% para pagar jubilaciones). De momento, las medidas tomadas
para penalizar las jubilaciones anticipadas y retrasar la jubilación han
dado frutos: 34.273 trabajadores retrasaron su jubilación en 2024, el
9,3% del total y el doble que en 2021. Con todo, cada año aumentan los
jubilados, con pensiones más altas, y preocupa que las reformas consigan
sostener a medio plazo las cuentas. Hoy, la AIReF publicará un
balance, impuesto por Bruselas, para ver si las reformas funcionan o si hay
que tomar nuevas medidas.
Enrique Ortega El gasto en pensiones en España sigue batiendo todos
los récords. En marzo de 2025, la Seguridad Social pagó 10,31 millones de
pensiones, por un importe histórico de 13.492
millones de euros (+50%
que los 8.946 de marzo 2018). Ya en 2024, el gasto en pensiones batió
todos los récord: 200.000
millones de euros, +38% que
en 2019 (144.834 millones). Y casi dos tercios de esta factura (el 73%) se
destina a pagar pensiones de jubilación: 6.558.073 jubilaciones en 2024, que
cobraron 6.450.903 jubilados el año pasado (3,82 millones hombres y 2,61
millones mujeres), con una pensión media de jubilación de 1.450
euros mensuales (1.143 en 2019).
El problema de la factura de las pensiones es
doble. Por un lado, cada vez hay más españoles en edad de jubilarse, por
el envejecimiento de la población. Así, el número de pensiones de jubilación ha
saltado de 5.994.755 pensiones en diciembre de 2018 a 6.562.698
pensiones de jubilaciónen febrero de 2025 (+9,5%). Y por otro,
estos nuevos jubilados (368.234 en 2024) cobran más, porque han tenido
mejores carreras profesionales, han cotizado más años y por sueldos crecientes,
con lo que se jubilan con pensiones mucho más altas. Así, los que se
jubilaron en febrero pasado lo hicieron cobrando
1.650 euros de media, un 11% más de los que se jubilaron en 2019. Y
además, aunque también hay bajas, los nuevos jubilados cobran un 20% más de lo
que cobraban los que se han muerto.
Esta es la endiablada “trampa de las pensiones”: cada
año hay más jubilados (en 2024 se jubilaron 64.671 trabajadores
más que en
2019) y se jubilan cobrando más, porque han cotizado más años y por
sueldos más altos. Y esto va a empeorar a medio plazo: a partir
de 2025, el coste de las jubilaciones va a aumentar más (hasta 2044), porque se
jubila la generación del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1977). Y
además, como van a vivir más (la esperanza
de vida subirá de 83,5 años a 86,5 a mediados de siglo), cobrarán las
futuras pensiones (más altas) durante más años (casi 20).
Para afrontar este panorama y conseguir que las
pensiones sean “sostenibles”, en España se han hecho varias reformas
en las últimas décadas. La primera reformala
hizo Zapatero, en julio de 2011,
apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta
por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España
evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67
años en 2027), elevar el periodo cotizado
para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a
los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).
La segunda reforma de pensiones la
aprobó Rajoy en septiembre de 2013,
esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes.
Dos
fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones
(no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las
pensiones un +0,25% entre 2014 y
2017, y un Factor
de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un
recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy
tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo
necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la
entrada en vigor del Factor de Estabilidad.
En 2020, la
mayoría progresista que apoyaba al Gobierno
Sánchez, promovió en la Comisión del
Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación (el 27 de octubre) de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo
VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización
de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la
edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del
0,6%. Con este amplio acuerdo político, el
Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la
1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a
finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC
previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en
contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en
2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En
2022 transfirieron otros 18.396
millones y 22.567 millones másen
2023, lo que suprimía el déficit del sistema.
La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de
jubilación era 64
años y 6 meses en 2021), lo que suponía
un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación
real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida,
aprobada en 2022 y la única no apoyada
por la patronal CEOE, fue implantar una
cotización extra, del +0,6%
(+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023
y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional,
MEI), para reforzar los ingresos del sistema de pensiones a partir de 2032, cuando se dispare el gasto
con las jubilaciones del “baby boom”.
Estas 4 medidas de la 1ª fase de la reforma de pensiones del
Gobierno Sánchezrecibieron en 2022
el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada
(como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en
España. Pero no les bastaban: creían que se
había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los
Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones.
Y pedían más medidas, como
requisito para
que España siguiera recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que el Gobierno contempló aprobar una 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas.
Al final, el 16 de marzo de 2023, el Gobierno Sánchez
aprobó
una 2ª fase de la reforma de pensiones, pactada con Bruselas y
los sindicatos pero rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Esa nueva
reforma se centraba en aumentar los ingresos (15.000 millones
anuales hasta 2050), que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo a los
sueldos más altos. Y además, se subieron los años de cómputo para
calcular la pensión, de 25 a 27 años, con dos “cautelas” para suavizar el
ajuste: que los futuros pensionistas podrán “elegir” (hasta 2044) entre tomar
los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 quitando los dos peoresy que el nuevo sistema se implantará de forma
progresiva hasta 2038.
La nueva
normativa pactada, que entra en vigor este 1 de abril, se centra
en 3 tipos de jubilaciones. Una, la
jubilación demorada: se aumentan los incentivos para que un trabajador retrase
su jubilación después de los 65 años (o 66 años y 8 meses en 2025 y 67
años en 2027). Ya había un incentivo, aprobado en 2022, para aumentar
un 4% cada año la pensión de quien la retrase. Ahora, se mejora
este incentivo: se cobrará el extra por cada 6 meses de demora, sin
esperar al año. Así, alguien que retrase su jubilación 2 años y 7 meses,
cobrará un extra en su pensión del 4% por año y del 2% por los 6 meses de
retraso (+10% en total).
El 2º cambio afecta a la
jubilación activa, a los que compatibilizan durante un tiempo
pensión y trabajo. Esto ya se podía hacer, pero ahora se introduce una
mejora clave: se elimina el requisito de tener una carrera cotizada
completa (38 años y 3 meses) y se permite compatibilizar pensión y trabajo a
los que hayan cotizado 15 años. Esto beneficiará a los trabajadores con
carreras cortas e intermitentes, especialmente a las mujeres. El acceso a
poder trabajar de nuevo se permite 1 año después de la jubilación
y el jubilado podrá cobrar el 50% de la pensión (si es autónomo
con al menos 1 empleado, cobrará el 100%) y el sueldo que le paguen por su
trabajo (a jornada completa o parcial). Otra novedad importante es que esta
jubilación activa permitirá cobrar también los incentivos a la jubilación
demorada señalados antes. Así que cada año que demore la jubilación y tenga
una jubilación activa, aumentará el porcentaje que cobra de pensión (si es 5
años o más cobrará el 100%).
El tercer cambio afecta a la
jubilación parcial, que permite compatibilizar la jubilación anticipada
(a los 63 años si ha cotizado suficiente) con un trabajo por cuenta ajena con
reducción de jornada: ahora se permite una reducción del 25 al 50% de la
jornada, pero con el cambio puede llegar al 75% de reducción si
se contrata a un joven como relevo (y además, en este caso, se permite la
jubilación parcial a los 62 años). La pensión que cobrará el jubilado
parcialmente será en función de lo que recorte su jornada como trabajador. El
objetivo es incentivar a los trabajadores en sus últimos años de vida laboral
(62 o 63) a que trabajen menos horas para dejar hueco a un joven
(que debe tener contrato indefinido, para evitar fraudes), pudiendo cobrar una
parte de su pensión según la jornada que haga.
Una variante que también cambia es la
jubilación anticipada en la industria manufacturera, prorrogando el
marco actual hasta 2029 (incluido), rebajando sus cotizaciones al 80%,
permitiendo una organización más flexible de las empresas y mejorando la
situación de los jóvenes “relevistas” (el que sustituye a un mayor que se
jubila parcialmente). Estas mejoras son claves para muchas industrias, como
las del automóvil, que han presionado al Gobierno y a los sindicatos
a facilitarles la renovación de sus plantillas en España.
Otro cambio que incluye la nueva normativa es la mejora
del acceso a la jubilación
de los trabajadores fijos discontinuos, que sólo trabajan unos
meses (o días) y el resto cobran el paro, una figura muy usual en hostelería,
turismo, campo o construcción. Se mantiene el beneficio del coeficiente
multiplicador (1,5) al calcular sus cotizaciones para jubilarse: 6 meses
cotizados equivaldrán a 9 meses. Y por último, el
Real Decreto aprovecha para incluir otro cambio: a partir de ahora, los
médicos de familia podrán “derivar” a las Mutuas las pruebas y la
rehabilitación de los trabajadores con bajas por problemas musculoesqueléticos,
siempre que el trabajador quiera (el médico es quien seguirá dando las altas
y bajas).
Todos estos cambios, la 3ª fase de la reforma de las
pensiones, deberán
ser evaluados por el Gobierno y la SS a finales de 2028, para
ver si han funcionado y aceleran el retraso de las jubilaciones y las
jubilaciones activas. De momento, las reformas de 2021 hanreducido
las jubilaciones anticipadas: de 123.498 en 2021 (el 39% del total) han
bajado a 108.968 en 2024 (el 29,60%), por lo que mucho que se pierde ahora al
jubilarse anticipadamente (del
3,26 al 21%: ver cuadro). Y en paralelo, los incentivos a retrasar la
jubilación han hecho que lo hagan muchos más trabajadores: 34.273
en 2024 (el 9,31%), el doble que en 2021 (15.250, el 4,8%),
según los datos de la Seguridad Social.
Con todo, no se puede cantar victoria, porque cada
mes hay más jubilados y más gasto. Y aumentará más con la jubilación de los
“baby boom” (nacidos entre 1960 y 1977). Por eso, la
Comisión Europea nos vigila de cerca, porque “no quiere sustos” y
que el gasto en pensiones rompa la extraordinaria bajada del déficit
público (del
9,9% del PIB en 2020 al 2,8% en 2024) . Y ha encargado un informe a la Autoridad Fiscal española
(AIReF) para que haga un balance del gasto en pensiones 2022-2024,
tras las reformas. Informe que se
conocerá hoy, 31 de marzo. Si hay un desfase entre ingresos y
gastos (se habla de 12.000 millones), Bruselas podría forzar a España a
nuevas reformas en los próximos meses. En realidad, la reforma de
las pensiones es “una reforma permanente”, con cambios periódicos
para asegurar su futuro. Así que la reforma que entra en vigor mañana
será “la
penúltima”. Atentos a las noticias.
No lo hemos votado, pero ya sufrimos el desgobierno
de Trump. No sólo porque ponga en peligro la seguridad, la
democracia y el Estado del bienestar en Europa, con su apoyo
a la extrema derecha y a Putin, sino porque nos afecta al bolsillo:
el mundo crecerá menos este año y tendrá más inflación, por el
proteccionismo y los aranceles de Trump, según alerta la OCDE. Y Europa
seguirá estancada, con más inflación y sin poder bajar más los tipos,
según el BCE. El daño dependerá de los aranceles que finalmente aplique
Trump al resto del mundo (automóviles y otros), el 2 de abril. España los
sufrirá (desdeel aceite y el vino a la
maquinaria), aunque menos que
Alemania, Irlanda, Italia o Francia. Es urgente que Europa reaccione con
más firmeza ante esta “epidemia Trump”, con más inversiones y proyectos
para afianzar la competitividad, la industria, la tecnología y la
descarbonización, para reanimar la economía y el empleo y asegurarnos la autosuficiencia,
la seguridad y la democracia.
Trump concretará aranceles a Europa el 2 de abril Hoy se cumplen 67 días desde la toma
de posesión de Donald Trump como presidente de EEUU y parece que ha pasado
un año, a juzgar por el tsunami que han provocado sus medidas
(dictatoriales, contradictorias y nefastas) en EEUU y en el resto del
mundo. No sólo está desmontando las bases políticas de la democracia más
antigua del Planeta (249
años) sino que se ha dedicado a desmantelar la cooperación multilateral
(OMS, ONU, Acuerdo del Clima …) y retornar al gobierno de la fuerza de las grandes potencias (EEUU,
Rusia y China), relegando y desprotegiendo a Europa (que se ve obligada a
gastar más en Defensa y Seguridad) , con ataques a su democracia liberal y su
Estado del Bienestar, apoyando a la extrema derecha del continente, que
defiende “menos Europa”, más nacionalismos, menos inmigrantes y no seguir luchando
contra el Cambio Climático. Pero el desgobierno de Trump no sólo afecta a
nuestra democracia y a nuestros derechos sociales, también a nuestro bolsillo.
La alertala
acaba de lanzar la OCDE, el organismo que agrupa a los 35 grandes paises
de Occidente: la economía mundial va a crecer menos este año 2025, por
las políticas proteccionistas de Trump y la incertidumbre geopolítica: el
mundo crecerá el 2,2% en 2025 (-0,2% menos de lo previsto en
diciembre) y el 1,6% en 2026 (-0,5% de lo que preveían hace sólo tres
meses). El crecimiento
será este año menor al esperadoen EEUU (2,1%, -0,2%), la
eurozona (1%, una rebaja del -0,3%), Alemania (0,4%, -0,3% que en
diciembre), Francia (0,8%, -0.1 sobre lo previsto), Italia (0,7%,
-0,2% frente a lo previsto antes) y Reino Unido (1,4%, -0,3% de rebaja),
aunque España será el único país que crecerá más de lo previsto
en diciembre (2,6%, +0,3%), junto con China (4,8%, +01% de lo previsto).
México entrará en recesión (-1,3%) y Canadá apenas crecerá (0,7%,
-1,3% que antes).
La otra consecuencia negativa de la incertidumbre económica
desatada por Trump y sus aranceles es que subirá la inflación en el mundo: aumentará
un 0.3% adicional en los próximos 3 años, según
la OCDE, que estima una inflación mundial del 3,8% en 2025, un 2,2%
en la zona euro (+0,1% que antes), 2,4% en Alemania (+0,4%) y un 2,8% en EEUU
(+0,7% más de lo previsto en diciembre), mientras subirá al 2,5% en España
(+0,4% sobre la previsión anterior), el 1,5% en Francia (-0,1%) y el 1,7% en
Italia (-0,4%), disparándose la inflación en Canadá (3,1%, +1,1% que en
diciembre) y México (4,4%, +1,1%).
En el caso específico de Europa, el
BCE acaba de lanzar otra alerta: si Trump ejecuta su
amenaza de aranceles a los productos europeos, la zona euro se estancará,
creciendo sólo un 0,4% en 2025 (frente al 0,9% que esperaban creciera hace unos
meses). Y además, subirá más la inflación, al encarecerse los productos
importados de EEUU, del 2,3% que antes se esperaba al 2,8% en 2025. Y eso,
advierte el BCE, les
dificultará nuevas bajadas de los tipos de interés, que están en el 2,5%
tras las 6 bajadas hechas en los últimos 9 meses. De hecho, el Euribor , que marca la revisión de las hipotecas, ha frenado sus
bajadas y lleva una media
mensual de 2,414%, superior al Euribor de febrero (2,407%).
Así que las
medidas de Trump y la incertidumbre geopolítica que ha desatado
supondrán un menor crecimiento de la mayoría de paises, que afectará
a España (exportaremos menos y los turistas tendrán menos dinero para
visitarnos y gastar, retrayendo además las inversiones extranjeras hacia España),
nos subirá la inflación (por el encarecimiento de las importaciones,
entre ellas la energía) y evitará
que nos bajen más las hipotecas, lo que acabará frenando el consumo,
la inversión y el empleo, con el riesgo de que el mayor gasto en Defensa y
Seguridad que nos exigirá Europa obligue a relegar otras inversiones y gastos
sociales. Demasiadas consecuencias como para no preocuparse.
Y todas estas previsiones negativas se han hecho sin
que aún sepamos realmente los aranceles(impuestos a los
productos extranjeros)que va a
imponer Trump al resto del mundo, porque en las últimas semanas se ha
dedicado a amenazar y luego desdecirse, con lo que resulta
difícil seguirle. Las decisiones
que sí ha tomado han sido subir un 10% los aranceles a China el
4 de febrero y otro 10% adicional (20% en total) el 4 de marzo. Y decretar una
subida de aranceles al acero y al aluminio del resto del mundo, desde el
12 de marzo. A partir de aquí, el resto de las subidas de aranceles las anunciará el próximo miércoles 2 de
abril , que Trump ha bautizado como “el día de la liberación”,
asegurando a los norteamericanos que va a recaudar “miles de millones de dólares”… Eso sí, como "aperitivo", ayer Trump anticipó que subirá los aranceles un 25% a todos los coches extranjeros (Europa vende 750.000 coches al año a EEUU...).
¿Qué otros aranceles va a aplicar Trump el 2 de abril ? En
un principio, su Administración ha hablado de gravar con aranceles los productos extranjeros
de algunos sectores, como los automóviles, microprocesadores,
productos farmacéuticos y alimentos y bebidas (vino, aceite). Pero ahora,
parece que los
futuros aranceles no serán tanto sectoriales como “recíprocos”:
se centrarán en los paises con los
que EEUU tiene más déficit comercial, además de los aranceles del 25% a
sus vecinos Canadá y México (aprobados ya, pero con 2 prórrogas
sobre su entrada en vigor). Eso significaría que los aranceles serían
mayorescon las regiones y paises con los que EEUU tiene un mayor
déficit comercial.
Veamos cuáles son. En 2024, el “agujero” comercial de
EEUU (déficit, la diferencia entre lo que importa y lo que exporta) fue
de 1,212
billones de dólares (1.212.000.000 millones $), mayor que en
2013 (1,062 billones) y en 2022 (1,173 billones), un déficit alentado
por el fuerte consumo de los estadounidenses estos años y la pérdida de
competitividad de algunas industrias y sectores, que han aupado a Trump. La
cuarta parte de este déficit comercial USAes con
China (-295.400 millones de dólares en 2024, menor que entre 2012
y 2022), seguido del déficit comercial con la Unión Europea (-235.571
millones de dólares), México (-171.189 millones $), Vietnam
(-132.500 millones $), Taiwán (-73.900 millones $), Japón
(-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones $). Así que, lo probable
es que Trump aumente más los aranceles a China, la UE, México, Vietnam, Taiwán,
Japón y Canadá.
Después de China, la
UE es la bestia negra de Trump, no sólo por el déficit comercial
sino también porque su Gobierno está apoyado por “la tecnocracia de
Internet” (Meta, Google, Amazon, X…), que han tenido y tienen serios “encontronazos
regulatorios” (expedientes y multas) con la Comisión Europea,
que les impone normas y Leyes. Además, el modelo político y social de la
UE es “enemigo político” de Trump y su ultraderecha, que defienden recortes
en la Administración, obligando a los norteamericanos a pagarse (aún más) la
sanidad, la educación o recortando los gastos sociales. Son “dos
modelos sociales” enfrentados y la Administración Trump pretende
debilitar a Europa recortando su papel en la OTAN (que obliga a un mayor gasto
europeo en Defensa y Seguridad y apoyando a la extrema derecha europea, para exportar
su “modelo” (antisocial, antinmigración y anti verde).
Pero los aranceles de Trump pretenden, sobre todo, debilitar
a la economía europea y forzar más compras de productos “made in USA”
(sobre todo energía) y la instalación en suelo norteamericano de más empresas
extranjeras. Por eso, los grandes objetivos de Trumpen Europa
son las economías que más les venden, las que tienen un mayor superávit comercial
con EEUU. En 2024, el superávit comercial de la UE-27 con EEUU fue de +198.200
millones de euros (+26% sobre 2023), según
Eurostat, un superávit para Europa que ha ido en aumento, incluso
durante el primer mandato de Trump (en 2018 era de +136.382 millones de
euros y subió a +152.723 millones en 2020).
La mayor parte de este superávit europeo ( o del
déficit comercial de EEUU frente a Europa) se
concentra en 5 paises que serán los que más “sufran” ahora los
aranceles de Trump: Alemania (+92.247 millones de superávit comercial
con USA en 2024), Irlanda (+50.828 millones), Italia (+38.870
millones), Austria (+11.415 millones) y Suecia (+9.299 millones).
Francia apenas tiene superávit comercial con EEUU (+2.989 millones euros) y sólo
hay 2 paises de la UE que tengan déficit comercial con EEUU: Paises
Bajos (-24.758 millones) y España (-5.981 millones de déficit
comercial con EEUU en 2024).
Con estas
cifras, lo “esperable” (con Trump es mucho decir) sería que los
paises más afectados por los esperados aranceles USA a Europa sean Alemania
e Italia, también Francia (son los 3 que más les venden), y menos Irlanda,
porque allí hay instaladas muchas multinacionales USA. España podría verse menos afectada,
porque tenemos déficit con EEUU y les vendemos poco (18.971 millones de
euros en 2024), además de que estas ventas representan menos porcentaje del
total exportaciones no europeas (el 12,3%) que en el caso de Irlanda (el 53,7%
de sus exportaciones no UE van a EEUU), Austria (25,7%), Portugal (23,3%),
Finlandia (23%) y Alemania
(el 22,7% de las exportaciones no europeas van a EEUU). Pero eso no quita
para que haya preocupación en algunos sectores españoles, “amenazados”
por posibles aranceles de Trump: aceite de oliva, vino, piezas de automóvil,
medicamentos, cerámica y motores/aparatos eléctricos.
La Comisión Europea (y no los paises) es quien tiene
la competencia sobre comercio exterior y la que tiene que responder a los
aranceles de Trump. Inicialmente, Bruselaselaboró una lista de productos made in USA a los que aplicar
aranceles (impuestos) el 2 de abril: barcos de recreo, motos Harley
Davison y ropa Levis, más productos agrícolas (soja) y bourbon, una lista de
productos agrícolas e industriales que está pactando con los paises. Pero,
finalmente, la
Comisión ha decidido “posponer” 2 semanas, hasta el 16 de abril, la
lista y la entrada en vigor de estos aranceles europeos que responden a las
amenazas de Trump. Es una manera de “ganar tiempo”, para conocer la
lista USA del 2 de abril y posibles negociaciones.
Al final, habrá
que esperar al 2 de abril para ver hasta donde llegan los
aranceles de Trumpy la respuesta europea. Pero mientras, hay
varias cuestiones claras. Una, que parte del daño está hecho,
por el aumento de la incertidumbre económica, que está hundiendo el crecimiento
y avivando la inflación. Dos, que los
aranceles no benefician a nadie, tampoco a Europa, aunque Trump
sólo entiende las respuestas enérgicas y habrá que responderle con aranceles
que dañarán, no sólo a los norteamericanos sino también a los europeos. Y tres,
que Europa está ante otro “momento crítico”, como cuando llegó la
pandemia o Rusia invadió Ucrania. Y como en estas dos crisis, ha de reaccionar
unida y tomando medidas contundentes.
Si el desgobierno de Trump y el avance de las autocracias
parece imparable, Europa tiene que reforzarse, no sólo políticamente
(reforzando la integración europea y consiguiendo una
mayor autonomía en Defensa y Seguridad) sino sobre todo económicamente.
Si la epidemia del COVID dio lugar al Plan de Recuperación, la “epidemia
Trump” debe obligar a poner en marcha otro
Plan ambicioso, que permita invertir en modernizar la economía
europea, con más tecnología, innovación , digitalización y descarbonización, que
permita remontar los daños de los aranceles y mejorar el crecimiento y la
competitividad europea en el mundo, buscando nuevos socios e inversores
(Canadá, Latinoamérica, Australia, Asia) al margen de EEUU. Urge poner
en marcha el Plan Draghi para asegurar el futuro de Europa.
No parece que Europa, con la crisis política en Alemania,
Francia e Italia, haya optado por esta vía y de momento sólo avanza en la
mejora de la seguridad, “asustada” por Rusia. Pero urge poner en marcha un
2º Plan de Recuperación europeo, avanzando en un tema clave:
Europa necesita más recursos públicos (el Presupuesto europeo es ridículo:
el
1% del PIB, mientras el Presupuesto Federal USA asciende
al 38,5% de su PIB ) y más inversión privada (urge la reforma de los
mercados de capitales y promover multinacionales europeas) para financiar este “saldo
adelante” que necesitamos. Y sobre todo, avanzar en una Europa más unida,
frente al avance de la ultraderecha nacionalista. No son tareas
fáciles.
No sólo Ucrania tiene “tierras raras” y
minerales estratégicos. España es, desde los romanos, uno de los
paises con más diversidad minera y tenemos yacimientos de litio, wolframio,
cobre, cobalto, bismuto, estroncio y “tierras raras”, claves para la descarbonización y digitalización
de la economía. Por eso, el Gobierno acaba de aprobar un Plan para detectar
los yacimientos y promover su explotación, siguiendo la Estrategia europea,
que aprobó en 2024 un Reglamento para fomentar el autoabastecimiento de
minerales estratégicos y reducir la dependencia de China y paises
emergentes. La minería vuelve a estar “de moda”, con proyectos en
Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla y León, para buscar y explotar
minerales estratégicos. Una estrategia que choca con dos
problemas: los inversores son por ahora multinacionales no europeas
y hay protestas de ecologistas y pueblos afectados,
por los residuos y el daño al medio ambiente. Pero hay que resolverlos y avanzar
en proyectos mineros sostenibles, porque necesitamos ser más
autosuficientes, en España y en Europa.
Proyecto mina de litio en Valdeflores (Cáceres) de New Energies (filial de Infinity Lithium) Todos los paises del mundo están a la búsqueda de minerales
estratégicos y “tierras raras”, que son la base de las nuevas tecnologías
en energías renovables, digitalización e Inteligencia artificial,
aeronáutica y Defensa. Estos materiales tienen unas excepcionales
propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas y por eso son
imprescindibles para construir móviles y aparatos
electrónicos, chips, baterías de coches y paneles solares o aerogeneradores, y
en la industria aeronáutica o espacial, Defensa, agroalimentación y salud:
antimonio, baryte, bauxita, berilio, bismuto, borato, cobalto, carbón de coque,
escandio, estroncio, fluorita, fosforo, galio,
germanio, hafnio, litio, indio, magnesio, grafito natural, caucho natural,
niobio, platino, roca fosfatada, silicio, tántalo, titanio, tierras raras
(ligeras y pesadas), tungsteno y vanadio (ver aquí lista,
utilización y paises productores).
El problema grave para Europa es que necesita
estos minerales estratégicos pero no tieneapenas yacimientos
ni plantas de tratamiento, por lo que depende del suministro de
terceros paises, en especial China y paises emergentes (algunos muy
inestables y con minas controladas por China). De hecho, China suministra el
98% de las “tierras raras”, el 97% del magnesio (motores y aviones) o el 80% del
galio (paneles solares), Turquía el 98% del borato (aerogeneradores), Sudáfrica
el 92% del iridio (semiconductores y motores), el 84% del rodio (catalizadores
y química) y el 93% del rutenio (chips), el Congo produce el 63 % del cobalto (baterías), Chile, Argentina y Bolivia tienen el mayor
yacimiento del mundo de litio (panelas solares, baterías y smartphones), Indonesia
produce el 30% del estaño (pantallas, ordenadores y circuitos) y Mongolia
controla el terbio e iterbio (almacenamiento de datos)…
Ante esta dependencia exterior de minerales estratégicos y “tierras
raras”, Europaha querido aprender la lección
de la COVID-19 en 2020 (que dejó clara la enorme dependencia sanitaria y
farmacéutica de China) y de la crisis energética desatada por la invasión de
Ucrania, en febrero de 2022 (que obligó a buscar alternativas al gas ruso).
Así, ya en septiembre de 2020, la Comisión Europea envió una Comunicación
al Parlamento Europeo donde advertía de la existencia de 30 materias primas fundamentales
para el funcionamiento de la economía y donde China es el principal suministrador para Europa de 20 de ellas,
junto a otros paises de África, Latinoamérica y Asia, muchos de ellos
“autocracias”.
En mayo de 2021, otra Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo trató de evaluar la dependencia de Europa de las materias
primas, señalando que de los 5.200 productos que importa la UE hay 137 que son
“sensibles”, por su importancia económica y la dependencia exterior. Y señaló 6 áreas estratégicas sobre las que había
que actuar, para evitar la vulnerabilidad que ya se vio con la pandemia: principios activos farmacéuticos, baterías,
semiconductores (“chips”), hidrógeno, tecnologías en la nube y
materias primas críticas (la lista anterior de 30 minerales básicos).
Avanzando en esta alerta, la Comisión Europea aprobó, el 16
de marzo de 2023, una Ley
europea de materias primas fundamentales, que finalmente se traduce en el
Reglamento
2024/1252, aprobado por el Parlamento europeo y la Comisión el 11 de abril
de 2024. Este Reglamento es “la hoja” de ruta europea para “garantizar
el acceso de la UE a un suministro seguro, diversificado, asequible y
sostenible de materias primas fundamentales”, que son indispensables para
la descarbonización de la economía, la industria digital, el sector
aeroespacial y la Defensa. El Reglamento
fija como objetivo conseguir una mayor autonomía estratégica de
Europa en 2030, buscando que el 10% de la extracción de estos minerales
estratégicos se haga en Europa, también el 40% de la transformación y el 15%
del reciclado, para que no más del 65% del consumo de cada mineral estratégico
proceda de un solo país de fuera de la
Unión Europea.
Para conseguir esta menor dependencia (del 95-100%
actual el 65%), la
Comisión europea plantea a los paises que desarrollen programas
nacionales de diversificación y mayor autonomía de suministros, invirtiendo
en investigación y exploración, en yacimientos propios y en desaladoras
(de la salmuera se puede obtener magnesio, litio y tierras raras), además de
apostar por el reciclaje, una estrategia básica (si Europa no tiene
minerales estratégicos o tierras raras, sí puede reciclar el litio, cobalto o
los minerales que usa, para reutilizarlos: es lo que se trata de hacer con los
aerogeneradores o las baterías, cuando acaba su vida útil). En paralelo, la
Comisión Europea buscará acuerdos con terceros paises para asegurar las
cadenas de suministros de las materias primas estratégicas, invirtiendo 300.000
millones de euros en el proyecto Global Gateway, para
asegurar la presencia europea en infraestructuras ycadenas de suministro de energía, medicamentos,
materias primas y digitalización.
En este Reglamento europeo de 2024 se incluyó la lista de 23 minerales
“estratégicos” para Europa: 17 minerales (bauxita,
bismuto, boro, cobalto, cobre, galio, germanio, litio, magnesio, manganeso,
grafito, níquel, platino, silicio, titanio y wolframio) y 7 tierras raras
(neodimio, praseodimio, terbio, disprosio, gadolinio, samario y cerio). Además,
se incluyó una
2ª lista de 32 materias primas “estratégicas”, donde se unen a los 13
de los minerales anteriores otros 19 minerales más (antimonio, arsénico,
barita, berilio, bismuto, carbón coque, cobre, feldespato, fluorita, hafnio, níquel,
niobio, fosforita, fósforo, escandio, estroncio, tántalo y vanadio) y 2
grupos de “tierras raras”
(pesadas y ligeras).
Ahora, la tarea de la Comisión Europe es buscar
por el mundo paises “amigos y seguros” (sic) donde asegurarnos el
suministro de estos minerales estratégicos y, en paralelo, movilizar a los
27 paises de la UE a que busquen estos minerales y tierras raras en su
suelo. Para empezar, la Comisión Europea anunciará este martes 25 de marzolos primeros proyectos europeos de extracción y tratamiento de minerales estratégicos que contarán con ayudas europeas, seleccionados entre los 173 presentados, varios de ellos proyectos españoles.
España se acaba de sumar a esta tarea europea, al aprobar el Gobierno, el
pasado 11 de marzo, el Plan
de Acción de Materias Primas Minerales 2025-2029,
un programa estatal para explorar y explotar yacimientos de minerales y
tierras raras en España. Por un lado, se destinan 400
millones de euros a actuar en las 1.000 balsas y escombreras de
minas que existen en España, en un intento doble: restaurar minas cerradas,
con residuos que dañan el medio ambiente, y buscar en esas escombreras (de minerales
“clásicos”) si hay indicios de los minerales estratégicos que ahora
necesitamos. Y, en paralelo, se pondrá en marcha un
Plan nacional de exploración minera 2025-29, para realizar estudios que
identifiquen zonas donde puede haber minerales estratégicos, una tarea que en
parte está hecha, gracias a las bases de datos hechas durante décadas por el
Instituto Geológico y Minero.
Los expertos son bastante optimistas, porque España es
uno
de los paises con más diversidad minera de Europa, ya desde la
dominación romana, con importantes yacimientos de múltiples minerales
(pizarra, mármoles, granito, estroncio, sepiolita, fluorita y yeso, cobre,
magnesio, sales potásicas…). El problema es que, hasta ahora, la minería
en España se ha centrado en el carbón y en producir materiales para la
construcción. Y en la última década, con la crisis del carbón (era más
barato importarlo y demasiado contaminante) y la construcción, la mitad de
las minas han cerrado, lo que ha llevado a la minería a ser una industria
marginal, aunque tenemos 2.600 explotaciones y mantienen 30.000 empleos.
Ahora se trata de detectar dónde hay minerales estratégicos
y apoyar proyectos mineros para extraerlos y tratarlos. De entrada, parece que los
materiales estratégicos que ahora nos interesan son relativamente
abundantes en la mitad oeste de España, en las provincias que
bordean la frontera con Portugal, desde Galicia a Andalucía,
pasando por Castilla y Leóny Extremadura, donde hay detectados
yacimientos (ver mapa) de litio, cobre, cobalto, coltán, fluorita, bismuto, estroncio, magnetita, níquel, tantalio, uranio, wolframio y algunas “tierras raras”. El
Plan aprobado por el Gobierno dispondrá de recursos y
financiación no sólo para promover la investigación y sondeos sino también
para promover la explotación de yacimientos (antiguos y nuevos), con la
colaboración público-privada (proyectos mixtos). Y en paralelo, para instalar plantas
de tratamiento de residuos de materiales que contengan minerales estratégicos
y tierras raras (reciclaje de móviles, baterías, aerogeneradores…).
La estrategia de buscar y producir en España minerales
estratégicos y “tierras raras” es buena, pero choca con dos
problemas. El primero, que los
proyectos en marcha están impulsados por multinacionales extranjeras, la
mayoría de fuera de la UE-27 (de EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia o
China), mientras apenas hay interés entre inversores españoles.Así, en Extremadura
hay hasta 150 permisos de exploración (litio y antimonio) , con la presencia de
multinacionales como W Resources (británica)
o Infinity Lithium (australiana),
mientras hay también bastantes proyectos en Andalucía (antimonio, cobre
y zinc), con presencia de la canadiense Emérita Resources (Aznarcollar y
Huelva) y la británica Atalaya
Mining, en Castilla y León (con la reapertura de la mina de wolframio
de Salamanca por la
española Saloro) o en Galicia (minas de estaño y wolframio más la
reapertura de una antigua mina de tántalo en Orense, por la
multinacional canadiense Strategic
Minerals).
El segundo problema es que muchos de estos proyectos en marcha
han chocado con lasautorizaciones de las autonomías implicadas,
por problemas medioambientales, o han provocado protestas
de organizaciones ecologistas y de vecinos de los pueblos afectados,
que denuncian daños al medio ambiento y riesgo de residuos. De hecho, uno de
los graves problemas que tienen muchos minerales estratégicos y “tierras raras”
es que exigen ser tratados (para separarlos) con productos químicos y mucha
agua, como detalla el libro “Esclavos
del algoritmo”, de Laura G. de Rivera. Por ejemplo, producir
una tonelada de litio requiere 2 millones de litros de agua y productos
químicos muy tóxicos. Y extraer 1 Tm de “tierras raras” genera 2.000 TM
de residuos y 12.000 m3 de gases ricos en acido sulfúrico, dióxido de azufre,
acido fluorhídrico y residuos radiactivos…
El Reglamento
europeo obliga a los paises a vigilar muy de cerca los residuos de los
futuros yacimientos de minerales estratégicos que se promuevan en la UE. Y de
hecho, hay tecnología para tratar estos residuos con menos riesgos, como las “bacterias”
que filtran metales, según demuestra un estudio
de la Universidad de Harvard. Pero es una tecnología más cara,
que no se usa apenas ni en China ni en los paises emergentes. Parece evidente
que Europa y España deben ser rigurosos con el tratamiento de residuos
enlas minas y también en el reciclaje
de materiales. Pero hay que buscar una vía para conseguir proyectos sostenibles
medioambientalmente, porque no podemos seguir dependiendo casi al 100% de
compras exteriores, que además ya
están destrozando los ecosistemas (Congo, Chile o China).
En resumen, que si queremos seguir adelante
con los móviles, los ordenadores, las energías verdes, las nuevas tecnologías y
la Inteligencia Artificial, tenemos que preocuparnos de buscar en Europa
los minerales estratégicos y “tierras raras” que los alimentan, so pena
de que en unos años tengamos otro “susto”, como con la COVID o el gas ruso. Estas
materias primas son
el petróleo del futuro y estamos a tiempo de buscarlas y extraerlas
en Europa y en España, donde parece que tenemos bastantes, aunque hay
que asegurar que no destrozan ni contaminan los pueblos donde se detecten. Hace
falta un Plan, financiación y medios e implicar a inversores españoles, con
coordinación entre el Gobierno y las autonomías. Y con mucha transparencia. Hay que apostar poruna “nueva minería”,
que apoye la digitalización y descarbonización de nuestra economía.