Una de las prioridades que se ha fijado el
presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos
pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se
acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones
en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas,
algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el
Parlamento. Por eso, ha aprobado un cambio
de estrategia, para agilizar la gestión
de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando
a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte
de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el
Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar
las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello,
porque los Fondos europeos han sido uno
de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar
para no perderlos.
España fue el primer país europeo en aprobar un
Plan de Recuperación, el
27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del
Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente
adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en
créditos con bajo interés), con 4
objetivos básicos: la transición energética, la
digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la
reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno
Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el
16 de junio de 2021 lo
aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado),
siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de
2021, “con la máxima calificación”.
A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar
y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el
Tesoro español recibió la
primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”.
A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas
de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que
España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e
inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…
El primer
desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27
de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras
confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas,
entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan
de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la
igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y
firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos
europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su
buen funcionamiento.
España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el
27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un 2º desembolso oficial a España: otros
12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40
hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las
pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica
marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las
medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia
Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena
Alimentaria.
Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea
autorizó el
tercer desembolso condicionado para España: 6.000
millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España
había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley
Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de
autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la
luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la
Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para
cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una
herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.
Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España
recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras
confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la
transformación digital, la transición energética, pensiones, educación,
tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación
internacional.
Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000
millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total
adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de
Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a
bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a
cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron
pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo
hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo
público y la digitalización de las entidades locales.
La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años
ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de
2025, este era el
balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y
convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7%
del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037
adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs
(15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido
por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018
millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084),
Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251
millones).
Ahora, quedan
todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco
tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar
aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de
paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes
de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio
pasado, aprobando una Comunicación (”Next
Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar
sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos
europeos”, porque el
proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo
perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos;
y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.
A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha
trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos
europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”,
dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que
exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el
Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas
con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que
agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos
son los objetivos de la “Adenda
de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el
Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.
Por un lado, la
Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y
ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia.
Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas,
fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la
descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas
las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos
adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos,
se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España
se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece
Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y
la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que
afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno
aprobar en el Parlamento.
Pero hay más
cambios. El principal, que
se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos
pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230
hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen
ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con
la Comisión Europea. El objetivo está claro, en
palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro”
de las subvenciones europeas pendientes.
El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de
subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones
de créditos pendientes (menos imprescindibles), en
tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación
de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y
otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria,
Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento,
el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional
en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies,
la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios
fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.
De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.
Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba
nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no
recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800
millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó
a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la
amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que
se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana
con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos
25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos
cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas
elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos
Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas
exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.
El panorama es muy difícil, pero conseguir esos
últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para
mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás
no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del
crecimiento español desde 2022 a 2024: han
aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años
(12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias
a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se
estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.
Así que nos jugamos mucho como país en recibir
estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de
los 103.000
millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene
que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema
es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y
con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para
acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los
políticos lo entiendan.
España crecerá este año un +2,9%, pero no todas las
regiones crecerán tanto, destacando Murcia, Canarias, Baleares,
Castilla la Mancha, Madrid y Cataluña, casi las mismas que más crecieron en
2024. Pero el grueso del crecimiento español (el 72% del total) lo
aportan sólo 6 autonomías: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana, País Vasco y Galicia, las mismas que en el año 2.000. Y si tenemos
en cuenta la población, lo que se produce por habitante, hay 7 autonomías
productivas y ricas, 5 pobres (Andalucía, Extremadura y Canarias, Murcia
y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) y otras 5 intermedias. Se
mantienen las 3 Españas, como en el año 2.000 y como en el
siglo pasado. Y dentro de cada autonomía, hay grandes desigualdades de
renta entre provincias y municipios. Vamos, que el crecimiento sigue
mal repartido, según donde uno viva. Habría que resolverlo, con un Pacto autonómico y local que incluya medidas económicas,
fiscales y de financiación. Reducir la histórica “brecha” entre
las 3 Españas. 
Lo importante no es tanto lo que crece una u
otra autonomía sino lo que aporta cada una al crecimiento español. Y
aquí hay una gran desigualdad. El crecimiento se concentra en 6
autonomías, que aportan el 72,1% de todo el
crecimiento (2024): Madrid (19,8% de todo el PIB español), Cataluña
(18,9%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%), País Vasco (5,7%) y
Galicia (5,1%), según
el INE. Así que las 11 autonomías restantes (más Ceuta y Melilla)
sólo aportan el 27,9% de todo el PIB español. Una concentración del
crecimiento que apenas ha variado en este siglo, porque en el año
2000, las 6 autonomías más productivas aportaban el 71% del PIB. Madrid
es la que más ha aumentado su aportación (del 17,5% al 19,8%), mientras
Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana la han mantenido y ha caído algo
la aportación del País Vasco y Galicia.
Madrid se consolida como la región que más produce en
España (316.241 millones de euros, el 19,8% del PIB total), reforzando su
liderazgo frente a Cataluña (301.894 millones de euros, el
18,9% del total), a la que sobrepasó económicamente en 2012. Madrid
está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población
(+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y
+202.145 en Andalucía), los menores ajustes durante la crisis, el efecto
negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones
y turismo y el
“factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y
grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido.
Ahora, el president Illa
ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en
infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía
para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en
10 años (“o en 5, si podemos”).
Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada
país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el
indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España
es el
4º país que más produce en la UE (1.504.330 millones de euros en 2024),
tras Alemania (4.328.970 millones producidos), Francia (2.921.412
millones) e Italia (2.199.619 millones de PIB). Pero luego, al tener en
cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 14 en PIB
por habitante, según
Eurostat: produjimos 32,633 euros por habitante (2024), frente a 39.870
euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 13 paises en PIB por
habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que
también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo,
Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta, Finlandia y Chipre.
Producimos menos que ellos por habitante (y por eso somos “menos ricos”).
Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones
que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como
tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que
producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción
por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero
ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más
ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2024
publicados por el INE en septiembre. Y así podemos perfilar el mapa de
las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5
regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías
restantes).
La España
rica, la que produce por habitante más que la media (32.633
euros en 2024) la integran Madrid (44.755 euros por habitante, un 37,1%
superior a la media), País Vasco (41.016 euros, el 25,7% más), Navarra
(39.076 euros, el 19.7% más), Cataluña (37.426 euros, el 14,6% más), Aragón
(36.446 euros, el 11,6% más), Baleares (36.011 euros, el 10,3% más) y la
Rioja (34.475 euros, el 5,6% más que la media). La España
intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos
que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (31.140 euros, el 95,4%
de la media), Galicia (30.105 euros, el 92,2%), Cantabria (29.791 euros, el 91,3%),
Asturias (29.658 euros, el 90,9%) y la Comunidad Valenciana (27.611 euros, el 84,6%).
Y el resto componen la España
pobre: Castilla la Mancha (26.588 euros, el 81,5% de la media), Murcia
(26.592 euros, el 81,5%) y, sobre todo, Canarias (25.925 euros, el 79,4%%),
Extremadura (25.227 euros, el 77,3%), Andalucía (24.566 euros, el
75,3% de la media), Ceuta (23.228 euros, el 71,2%) y Melilla (produce
21.128 euros por habitante, el 64,7% de la media), los dos “farolillos rojos”.
Estos datos revelan que Melilla produce por habitante
menos de la mitad que Madrid (el 47,2%) y Andalucía el 56%. Lo
peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones (una produce el doble que la otra) sino que
esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36%
y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la
más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según
los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2024
(Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas
que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid,
Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más
pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son
las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la
Mancha) y casi
las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y
Castilla la Mancha).
Pero hay algo más
llamativo: esta brecha entre
regiones más o menos productivas se
arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad
regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios
(Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la
desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre
1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido
a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al
competir mejor unas autonomías que otras.
¿Por qué hay tanta desigualdad en la producción y riqueza
de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región
(más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de
envejecimiento), la educación y
formación de sus trabajadores, el nivel
tecnológico, la mayor o menor inversión
pública o privada, las infraestructuras
disponibles o el peso de la
exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”,
que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la
capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según
este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas,
aunque el factor que más ha jugado en
este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.
Tras la mayor o menor producción por habitante, luego entran
en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones
más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de
esa “brecha económica”: las transferencias
públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales,
el gasto público en sanidad y educación,
las inversiones públicas, impuestos y la
financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las
ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que
han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones
de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones
más desfavorecidas).
Pero estas transferencias y políticas públicas no han
conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En
consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por
persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807
euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos.
Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la
media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid
(17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias
(16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las
mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias
(donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa
de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones:
Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha
(12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias
(13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos
productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias
e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla
y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia
(14.558) y La Rioja (14.529).
Estos datos
significan que la renta media por persona en Murcia es un
tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un
30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas:
hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía
1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según
un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo
XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un
aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes
de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en
2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior
a la de un murciano… Y España es el 2º país occidental (tras
EEUU) donde más creció la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según
la OCDE, por la pandemia y la inflación.
Esta desigualdad regional se arrastra también a las provincias (Guipúzcoa,
Vizcaya y Madrid son las que tienen más renta por habitante y Almería, Jaén y
Huelva las que menos) y a las ciudades: entre los 12 municipios de más
de 2.000 habitantes con más renta hay 5 de Madrid, 6 de Barcelona y 1 de
Vizcaya) y entre los 12 con menos renta hay 9 de Andalucía, 1 de Toledo
y 2 de Extremadura (ver
listado). Y el País Vasco tiene un 90,9% de municipios con renta
alta, el 68% en Navarra, el 49,3% en Baleares y el 40,4% en Cataluña,
mientras Murcia tiene un 91% de municipios con renta baja,
Andalucía un 82,7% y Extremadura el 81,2 % de sus municipios, según
los últimos datos del INE (renta 2023).
¿Qué se puede hacer? Lo
primero, gastar e invertir pensando
en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los
Fondos europeos, esos 103.000
millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar
la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el
Estado, debería invertirse con el
objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres.
Una segunda medida es planificar las inversiones
públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de
empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la
agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando
impuestos y evitando “paraísos
fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica
(pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el
resto, según
la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias,
Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas
con más renta.
En resumen, vivimos
en un país muy desigual desde hace décadas, donde el
crecimiento y la riqueza se genera y se queda en las regiones más ricas.
Una desigualdad que se traslada también a las provincias y a las ciudades. Urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que
tenga más en cuenta la población, su edad y los servicios públicos prestados,
contemplando un Fondo
de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más
pobres a reducir la brecha de renta. Y pactar una hoja de
ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad
que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías más
pobres, para reducir la brecha de productividad y riqueza en una o dos
décadas. Hay que repartir mejor el crecimiento.
La Comisión Europea aprobó el 4 de diciembre una Estrategia
contra las drogas ilegales, porque “están llevando al continente a
un punto crítico”. En especial, el consumo de cocaína, un
negocio que mueve al año 11.600 millones de euros y multiplica los
tiroteos y la corrupción institucional, sobre todo en Bélgica
y Holanda, donde algunos jueces alertan del peligro de convertirse en “narcoestados”.
España es el país europeo donde más gente ha probado la cocaína (3,56
millones) y el 2º con más incautaciones de una droga que llega por
el Atlántico en narcolanchas y submarinos, provocando también tiroteos en la
Costa del Sol. Y se consume con cierta “tolerancia social”,
aunque muchos consumidores acaban en urgencias y 1.360 murieron en 2023.
Bruselas propone acuerdos internacionales, frenar la entrada por mar y
reforzar la legislación antidroga, mientras en España, la Fiscal antidroga
pide más medios en los juzgados y cambios legales para frenar esta
lacra, que ha convertido a España en el paraíso europeo de las mafias de la
droga.
El gran cambio en el tráfico y consumo de cocaína es
que se ha “globalizado”, como ninguna otra droga, según
la ONU, con 25 millones de consumidores en el mundo, de ellos 6
millones en Europa, donde el consumo se ha multiplicado, con redes que la ofrecen
por Webs oscuras, chats y mensajes de WhatsApp hasta el mismo domicilio de los
consumidores. Un negocio que mueve
11.600 millones de euros al año en Europa, donde se han batido en los
últimos 7 años récords consecutivos de incautaciones:
419 toneladas de cocaína en 2023, sobre todo en Bélgica (123 Tm) y
España (118,3 TM, más del doble de las 58,3 TM incautadas en 2022),
seguidas de lejos por Paises Bajos (59,1 Tm), Portugal (21,7 TM) e Italia (17,8
TM), según los últimos datos del Informe
Europeo de Drogas 2025.
En toda Europa se ha desbocado el consumo de cocaína
en los últimos años, empujado por una mayor oferta disponible y una bajada de
los precios a la mitad, lo que ha “popularizado” su consumo en el continente. En
la UE, el 6,3% de la población adulta (15-64 años) ha consumido
cocaína alguna vez en su vida, lo que supone 6,2 millones de europeos.
Y por países, España es el que tiene un porcentaje más alto
de personas adultas que la han probado alguna vez (13,3% en 2023: 3,5
millones), seguido de Dinamarca y Francia (9,4% de adultos), Irlanda
(8,3%), Paises Bajos (8%), Estonia (7,3%), Noruega (6,5%), Alemania (5,6%) y
Finlandia (5,8%), según
el Informe Europeo de Drogas 2025.
España ya no lidera este ranking si miramos el porcentaje de
adultos que han consumido cocaína en el último año: lideran
Paises Bajos y Francia (2,9% de la población consumieron), por delante de España
(2,5%), Irlanda (2,3%), Noruega (2,2%), Dinamarca (2,1%),
Alemania y Finlandia (1,6%), Austria (1,5%), Italia (1,4%) y Suecia (1,3%). Y si analizamos los jóvenes
(15 a 34 años) que consumieron cocaína el último año, el porcentaje sube
en todos los paises, con una media del 2,7% en la UE (2,7 millones de
jóvenes), según
el informe Europeo de Drogas 2025: el 5% en Países Bajos, el 4,8% en
Irlanda, el 4,4% en Francia, el 4,2% en Dinamarca, el 4% en Noruega, el 3,1%
en España (323.600 jóvenes), Alemania y Finlandia, el 2,9% en Bélgica, el
2,8% en Suecia y el 2,1% en Italia.
El consumo de cocaína “se ha desbocado” en los
últimos años en Europa, según
los expertos, consolidándose como la 2ª droga más consumida
en el continente, tras el cannabis. Y ello se debe principalmente
al aluvión de oferta, que llega de América por nuevas rutas,
no sólo a través de contenedores que llegan a los grandes puertos europeos (Amberes y
Rotterdam) sino con nuevas vías de entrada a través del Atlántico,
en grandes barcos que descargan en aguas internacionales a narcolanchas
o incluso narco submarinos (el
primero se detectó en Galicia en noviembre de 2019), que permiten descargar
la cocaína en cualquier punto de la enorme costa atlántica europea, multiplicando
la oferta y bajando precios.
Este boyante negocio de la cocaína en Europa, que
mueve 11.600 millones de euros al año, ha multiplicado las redes del
narcotráfico en el continente: tan sólo en las fronteras de la UE operan
440 organizaciones, según Europol.
Y destacan en estas redes mafiosas los grupos que proceden de Albania,
Bélgica, Paises Bajos, Italia y España, que actúan como mayoristas que luego
revenden a miles de intermediarios y redes por toda Europa. Una
proliferación de vendedores y grupos que pelean por el mercado,
con una enorme competencia, lo que provoca numerosos enfrentamientos
violentos y ajustes de cuentas, que se traducen en tiroteos
en las calles de Bruselas, Ámsterdam, Marsella o la Costa del Sol.
Este importante negocio ilegal tiene tanto poder que
corrompe a estibadores (uno de Rotterdam recibió 200.000 euros por un
QR que permitía sacar un contenedor), directivos de puertos y aduanas, policías
y hasta jueces, lo que ha provocado que una jueza belga (que tuvo
que estar 4 meses escondida y bajo vigilancia policial para instruir un caso de
narcotráfico) haya
escrito en octubre una carta abierta donde alertaba que “Bélgica
corre el peligro de convertirse en un narcoestado”, ya que hay
políticos, jueves y profesionales amenazados y proliferan los ajustes de
cuentas cerca del mismo centro de Bruselas. Lo
mismo preocupa en Holanda, donde operan la mayoría de mafias europeas
del narcotráfico, en especial la
Mocro Maffia (una red de delincuentes holandeses y belgas de origen
marroquí), que controla el tráfico de cocaína y tiene ramificaciones en Bélgica
y España. Y que ha amenazado al ex primer ministro Mark Rutte y
a la Corona holandesa, que se vio obligada a enviar
a España a la princesa heredera Amalia de Orange, en 2023...
En España, el
tráfico y las incautaciones de cocaína se han duplicado, con un fuerte aumento
de entradas a través de Galicia y de Andalucía, con un llamativo aumento
de tiroteos y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, protagonizados por
las mafias suecas y la Mocro Maffia, poniendo en jaque a Aduanas,
policías y juzgados (saturados de causas). Y mientras, el consumo de
cocaína aumenta, no sólo en el ocio sino también en
la conducción y hasta en el trabajo. Y, por desgracia, el
consumo es elevado entre los adolescentes: un 9,9% de los jóvenes europeos de 15 y 16 años (y el 10%
de los jóvenes españoles: 108.250 adolescentes) han consumido
cocaína en el último año, según
la Encuesta europea ESPAD. Y esta adicción
acaba muchas veces en las urgencias y en muertes: 7.974
ingresos en urgencias fueron por drogas en 2023 (el 49,1% habían consumido
cocaína) y 1.360 murieron por drogas (más del doble de los
519 muertos de 2012), el 58,2 % consumían cocaína, según
el informe de Sanidad.
Los datos son impactantes, pero parece que la sociedad
europea y la española no valoran el auge y peligrosidad de las drogas
y
en especial la cocaína, una droga con “aceptación” social. En España,
debería ser un tema especialmente preocupante, porque somos una de las
grandes puertas de entrada de la cocaína a Europa, lo que nos convierte
en un paraíso para las mafias, que campan a sus anchas en
la Costa del Sol y en
Galicia, multiplicando los tiroteos y ajustes de cuentas y colapsando
a la policía y a los juzgados, que se enfrentan a unas mafias cada vez
más sofisticadas y con más medios, apoyadas en unos ingresos millonarios que
acaban en paraísos fiscales, en especial en empresas pantalla en Abu
Dhabi.
La Fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa
Ana Morán, avisó
en una entrevista reciente del riesgo de que “España llegue a
situaciones de violencia por narcotráfico como en Bélgica”. Y señaló el
gran cambio en la entrada de la cocaína en Europa, que ahora entra la mitad por
los grandes puertos europeos (en el puerto
de Valencia se detuvo a 11 personas este año) y se han disparado las
entradas por el Atlántico, en narcolanchas y narco submarinos, lo que da
un mayor protagonismo a España como puerta de entrada en Europa,
a la vez que las grandes mafias europeas (de los Balcanes, suecas, Mocro
Maffia…) operan cada vez más en España, lo que ha multiplicado
las diligencias por narcotráfico en los juzgados (+32% en 2024 en la
Audiencia Nacional y +23% en el resto del país). Por eso, la
Fiscal pide al Gobierno más medios personales y judiciales,
así como la creación de Juzgados especializados antidroga por regiones
(como en Francia), además de cambios legales para penalizar más “el
petaqueo” (suministro de combustible a las narcolanchas) y para facilitar
el trabajo de los agentes infiltrados.
Estamos ante un negocio de la droga que está
corroyendo las instituciones y la sociedad europea, sin que los
Gobiernos reaccionen con la necesaria contundencia. La Comisión Europea
acaba de aprobar, el 4 de diciembre, una
nueva Estrategia contra las drogas ilegales, para afrontar un
problema que consideran “está llegando a un punto crítico”. Y dicen que quieren
“contraatacar” a las mafias con un
abanico de medidas: alianzas internacionales para frenar la
salida de la droga de los paises de origen, mejores controles externos (en el
Atlántico) y refuerzo de los controles en los puertos, reforzar la detección de
pequeños envíos de drogas por correo y mensajería, actualizar y reforzar la Legislación
e impedir el
reclutamiento por las mafias (físicamente y
por Internet) de jóvenes vulnerables (ya sea en Bruselas, Ámsterdam
o Algeciras), actuando no sólo contra la cocaína y el cannabis, también contra
los laboratorios que fabrican drogas sintéticas en Europa (Holanda, Bélgica y
paises del Este).
En resumen, Europa tiene que emprender una
verdadera “guerra” contra las drogas, porque destrozan
nuestra juventud, causan 7.500 muertes europeas al año y están corrompiendo
nuestras instituciones (puertos, policías, jueces) y nuestras calles,
con incautaciones y tiroteos cada vez más frecuentes. La droga corrompe y
mata y puede destruir la democracia europea. Y sobre todo, destruye a
nuestros jóvenes y a muchas familias. Tenemos que contraatacar.
Empresarios y Fondos de inversión de EEUU y paises árabes
llevan más de una década comprando Clubes de fútbol europeos, un negocio
que ya factura más de 43.000 millones de euros al año. La última compra
ha sido el Atlético de Madrid, que se suma a otros grandes Clubes
europeos con capital extranjero: Inter, Milan, Chelsea, Roma, Newcastle,
Manchester City, Arsenal, Olympique de Lyon y de Marsella, PSG, Liverpool…Así, hasta un tercio de equipos de fútbol europeos en manos
de inversores extranjeros. Y lo mismo en España, donde el 40%
de los Clubes de 1ª y 2ª división tienen dueños extranjeros. Sólo hay
cuatro Clubes que dependen de sus socios (Madrid, Barça, Athletic Club y
Osasuna) y uno de ellos, el Madrid, estudia también vender un 5% a un
inversor extranjero. En todos los casos, estos inversores buscan
relanzar los Clubes, invertir en estadios e infraestructuras y ganar millones
en unos años, no apoyar el fútbol, que se ha convertido en un gran
negocio.
Tras la pandemia, los equipos de fútbol europeos
recuperaron sus ingresos, pero necesitaban dar un salto hacia adelante
(estadios, infraestructuras, compra de jugadores), por lo que continuaron
las inyecciones de capital extranjero, sobre todo de EEUU y paises árabes.
De hecho, el
36% de los equipos de las 5 grandes Ligas europeas está hoy respaldado
por inversores extranjeros, que han invertido 22.000 millones de euros.
Ha habido 19 cambios de propiedad en los grandes Clubes europeos sólo desde
2023, la mayoría con la entrada de un Fondo de inversión que actúa
como “Private Equity”: una forma de inversión que consiste en
adquirir participaciones en Clubes que no cotizan en Bolsa, para hacerlos
crecer (subir de categoría o ganar torneos, invertir en estadios e
infraestructuras) y vender unos años después a otro Fondo con grandes plusvalías.
La última gran operación ha sido la
compra, el 10 de noviembre, del 59% del
Atlético de Madrid por el Fondo estadounidense Apollo Global Management
(a través de Apollo Sports Capital, ASC) por 1.425 millones de euros, dejando
al actual presidente y consejero delegado, que se mantendrán como accionistas
junto a los fondos Ares Management y Quantum Pacific. El objetivo
de la operación es conseguir liquidez .para afrontar la
elevada deuda del Club (509 millones) y destinar 700 millones a inversiones en
la Ciudad del Deporte y una oferta de ocio en los alrededores del estadio
Metropolitano.
Esta venta de parte del Atlético de Madrid se suma a una
larga
lista de compras de Clubes europeos en los últimos años. Uno de los
primeros en venderse fue el Liverpool, en 2010, a un consorcio liderado
por el grupo USA Fenway Sports Group (FSP), que pagó 300 millones de libras. En
2011, el París Saint Germain (PSG) fue comprado(el 70%) por el
Fondo Qatar Sports Investments por 70 millones de euros, una inyección de
fondos que le permitió contratos millonarios de jugadores estrella. En octubre
de 2016, el Olympique de Marsella se vendió (95% por 50 millones de
dólares) al empresario norteamericano Frank McCourt. En 2018 fue la toma de
control de la mayoría del Arsenal (97%, 1.800 millones de libras) por el
empresario norteamericano Stan Kroenke, que ya tenía el 67%. En 2019 el Manchester
City, controlado por un jeque emiratí desde 2008 (pagó 228 millones), dio
entrada al Fondo USA Silver Lake (18%) y a los Fondos chinos Media Capital y
CITIC Capital (1%), que gestionan el Club a través de City
Holding Group, un holding que dirige más de 10 Clubes en Europa.
Seguimos.
En 2020, la Roma fue comprado por el Fondo USA Dan Franklin, por 591
millones de euros. En octubre de 2021, el Newcastle dio entrada a PIF,
el Fondo soberano de Arabia Saudí, por 350 millones de euros, En diciembre de
2022 se vendió el 77,49% del Olympique de Lyon, por 900 millones de
euros, a Eagle Football, un Fondo USA del empresario John Terxtor. También en
2022 se vendió el control del Chelsea FC, por 2.850 millones de euros, a
un consorcio de inversores USA liderado por Todd Boehly, tras haber estado años en manos del ruso Abramovich. Y en 2022 se vendió el 100% del AC
Milan al Fondo USA RedBird Capital Partners por 1.200 millones de euros. Y la
última operación, antes de la del Atlético, fue la venta, en
2024, del Inter de Milán, por 395 millones de euros, al fondo USA
Oaktree, por impagos de su anterior dueño, el grupo chino Sunning.
En España también hay muchos Clubes controlados por
inversores extranjeros: participan
en el 40% de los 42 Clubes de 1ª y 2ª División. En 1ª, el Valencia
CF fue comprado (90,5%) en 2014 por el empresario Peter Lim (Singapur) y su
inversora Meriton Holdings. El Girona CF está gestionado desde 2017 por
el City Football Group (el mismo que gestiona el Manchester City), que tiene un
47% del Club, junto al 35% del empresario boliviano-estadounidense Marcelo
Claure y a Pere Guardiola (16%). El Elche CF está desde 2019 bajo la
propiedad (90%, por el que pagó 40 millones) del empresario argentino Cristian
Bragarnick. En el Sevilla, el Fondo USA 777 Partners tenía, desde
finales de 2021, el 16% del Club, que ahora ha pasado a la aseguradora
estadounidense A-CAP. El Real Oviedo se mantiene, desde marzo de 2022,
bajo el control (51%) del grupo mejicano Pachuca, que tomó el relevo de Carlos
Slim. El RCD Mallorca cuenta desde junio de 2023 con la participación
mayoritaria de un grupo de inversores USA liderados por Andy Kohlberg y ACG
Legacy Partners. En el Celta de Vigo, el grupo mexicano GES tiene el 75%
del Club, junto a empresarios gallegos y el Fondo Real Venture (USA). Y la
última operación, en octubre de 2025, ha sido la compra del RCD Espanyol
por el Fondo USA Velocity Sports Partners, por 130 millones.
En 2ª
División también ha habido
compras de extranjeros, Desde 2016, el Granada
pertenece (98%) al grupo chino Daxinan, del empresario Juang Lizhan. El Cádiz
tiene al norteamericano Ben Harding como accionista minoritario (6,5%). El UD
Almería, tras estar controlado por un empresario saudí ha sido adquirido
por otro grupo saudí, el SMC Group. El Sporting de Gijón es propiedad
(75%), desde el verano de 2022, del grupo mexicano Orlegui Sports, que pagó 47
millones. El Real Valladolid, que fue propiedad del jugador brasileño
Ronaldo Nazario, es ahora propiedad del grupo USA Ignite Sports Spain, que ha
pagado 50 millones, El Albacete Balompié está participado por el fondo
libanés-venezolano Skyline. El Leganés fue comprado en 2022 (39 millones
de euros) por el mejicano Jeff Luhnow y su empresa Blue Crow Sport. A finales de 2023, el empresario argentino
Marcelo Figoli tomó el control del Burgos FC. En julio 2024, el
empresario venezolano Juan Carlos Escotet (Abanca) se hizo con el control del Deportivo
de la Coruña. Y por terminar, incluso un equipo de 1ª Federación (la
3ª de antes), el UD
Alcorcón, es propiedad del norteamericano David Blinker…
Ahora, tras la gran operación del Atlético de Madrid, el
siguiente en mover ficha ha sido el Real Madrid: su presidente,
Florentino Pérez, ha
propuesto a los socios vender entre el 5 y el 10% del Club (que
valora en 10.000 millones de euros) y que todos los socios (100.000) tengan el
resto del capital. El
objetivo de esta venta será conocer el valor del Club, recabar
nuevos Fondos para nuevas inversiones y, sobre todo, “blindar al Club” con sus
socios, para mantenerlo independiente. De hecho, el Madrid, el
Barça, el Athletic Club y el Osasuna son los únicos 4 Clubes de 1ª
División que son propiedad de sus socios y no se convirtieron
en su día en SA Deportivas, como lo son el resto de equipos,
controlados por inversores extranjeros, empresarios locales (Sevilla y Alavés),
accionistas sin paquetes de control (Real Sociedad) o propiedad de sus
presidentes (Betis, Getafe, Rayo, Levante y Villareal).
En cualquier caso, los inversores y Fondos extranjeros van
a seguir pujando por los Clubes de fútbol europeos, porque son un
impresionante negocio: en esta temporada, los Clubes europeos facturarán
más de 43.000 millones de euros, según
la consultora Deloitte, la mayoría en las 5 grandes Ligas y en los 20
Clubes europeos más poderosos, que concentran el 55% de los ingresos.
El grueso de la facturación (38.000 millones de euros en la temporada 2023-24)
procede de las
5 grandes Ligas europeas: la Premier League inglesa (7.350
millones de euros de facturación), la Bundesliga alemana (3.979
millones), LaLiga española (3.764 millones de ingresos), que habrá
superado a la alemana en 2024-25, la Ligue 1 francesa (2.600 millones) y
la Serie A italiana (2.900 millones). El éxito económico de la
Premier League británica, que superará los 8.000 millones de ingresos esta
temporada (frente a 4.200 millones LaLiga española) se asienta en sus enormes
ingresos por las retransmisiones por TV (que se difunden mucho en cadenas
de TV USA, así como en Asia), en los importantes ingresos por patrocinios y
compraventa de jugadores (se gastan más que nadie en fichajes) y en los mayores
ingresos por entradas.
El interés de los inversores se ha centrado
hasta ahora en los grandes Clubes europeos, los que consiguen más
ingresos. En 2025, según
los datos de la firma Sportico, el Club europeo que más factura (972
millones de euros) y más vale (5.600 millones de euros) es el Real Madrid,
seguido de cerca por el Manchester United (717 millones de ingresos y
5.270 millones de valoración), y el Barcelona (690 millones ingresos y
4.950 millones de valoración). Les
siguen en el ranking 2025 el Liverpool (665 millones ingresos y 4.790
millones valoración), , el Bayern de Múnich (711 millones ingresos y
4.480 millones de valoración) el Manchester City (775 millones ingresos
y 4.438 millones de valoración), el Arsenal (665 millones de ingresos y
3.861 millones valoración), el PSG (750 millones de ingresos y 3.861
millones de valoración, el Tottenham (560 millones de ingresos 3.165
millones de valoración) y el Chelsea (507 millones de ingresos y 3.070
millones de euros de valoración. Un Top 10 donde 6 de los 10
grandes equipos europeos son de la Premier League inglesa. El nº 11 en el
ranking es el Atlético de Madrid (367 millones de ingresos y 1.574
millones de valoración).
A partir de ahora, los expertos creen que los Fondos de
inversión y las grandes franquicias de gestión de equipos irán a la caza
de equipos más pequeños de 1ª División, también de 2ª e incluso Clubes
más pequeños. Porque el
secreto del negocio de estos inversores es comprar barato (algo muy
difícil ya en los grandes Clubes), invertir en subir al equipo de categoría o
en fichajes para conseguir grandes trofeos y también en infraestructuras
(estadios, Centros deportivos y de ocio, Centros comerciales anejos), para
conseguir aumentar el valor del equipo y poder salirse con
importantes plusvalías. Como es obvio, no
les mueve el futbol como deporte sino hacer negocio en un sector con
ingresos recurrentes asegurados, por la vía de ingresos de TV, patrocinios y
entradas.
En España, LaLiga defiende un modelo de negocio diferente a la
Premier inglesa (que gasta 18 veces más que la española en fichajes), en la
medida que impone límites y controles económicos a los gastos de los Clubes,
para evitar que se repitan tiempos pasados: en 2011 había 12 Clubes
españoles en concurso de acreedores, 6 de Primera División (ver
Blog). De ahí que LaLiga controle desde hace una década las
cuentas de los Clubes y fije límites al gasto en salarios y fichajes,
límites que pretenden conseguir unos Clubes “más sostenibles”, aunque les
resulte difícil competir con Clubes europeos “dopados” por los inversores
árabes o norteamericanos. Y también les resulta más difícil competir con muchos
menos ingresos por TV (4.036 millones la Premier y 2.020 millones
LaLiga), por lo que buscan seguidores en Asia y América. Y tenemos también el
hándicap de los menores ingresos por entradas (580 millones de euros
frente a 995 millones la Premier inglesa), por menos asistencia a los estadios,
ya que las
entradas son más caras de Europa.
En paralelo a esta “movida”
de compraventas de Clubes en Europa, sigue pendiente otro movimiento clave,
el futuro de la
Superliga, una iniciativa del Madrid, el Barça y otros grandes Clubes
europeos (sobre todo británicos e italianos) que pretendía crear una nueva
competición entre los grandes Clubes, al margen de la UEFA, un
“pastel” de 5.000 millones de euros para aumentar aún más los ingresos
de los grandes Clubes europeos. De momento, la iniciativa ha contado con el
apoyo de los Tribunales, el
europeo y la
Audiencia de Madrid, aunque el
Real Madrid se ha quedado casi solo en su defensa. Pero antes o
después, la Superliga resucitará bajo otras formas, porque los grandes
Clubes necesitan ingresar más para gastar más en fichajes y proyectos y ser más
grandes.
En resumen, la televisión ha convertido al fútbol en un
negocio global, sin fronteras, que mueve más de 43.000 millones de
euros al año sólo en Europa y que se ha convertido en una inversión
apetecible para fondos internacionales y empresarios poderosos,
que convierten
los Clubes en un negocio más, buscando el beneficio a corto
plazo, al margen de la actividad propiamente deportiva y de los aficionados, a
los que se ofrecen cada vez más partidos a cambio de cuotas y entradas más
costosas para verlos. Y todo ello, al margen del fútbol de base,
de los Clubes modestos, con problemas para seguir funcionando.
Cuando vamos al supermercado llenamos el carro de alimentos
ultraprocesados, comida y bebida con exceso de grasas, azúcares, sal
y aditivos que provocan sobrepeso y obesidad, la causa de múltiples
enfermedades. Una “comida basura” más atractiva y barata que los
alimentos frescos y que las industrias publicitan sin control, atrayendo sobre
todo a niños y jóvenes. Un reciente estudio alerta que estos
alimentos ultraprocesados dominan la dieta mundial y pide medidas
a los Gobiernos frente a esta “pandemia global”. En España, 4 de cada 10
niños y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso,
como la mitad de los adultos, provocando enormes costes
sanitarios y económicos. El Gobierno obligó al etiquetado de los alimentos
y subió el IVA a las bebidas azucaradas, con poco éxito. Ahora, va a
controlar la alimentación en hospitales y residencias de ancianos,
tras aprobar un Decreto para controlar los menús escolares. Pero
la batalla contra la comida basura y el sobrepeso es de todos y empieza en
las familias. El sobrepeso mata.
Cada día compramos
más alimentos ultraprocesados porque tenemos menos tiempo para cocinar
y porque la industria alimentaria innova constantemente para ofrecernos productos
que son más baratos que los alimentos frescos (frutas, verduras,
legumbres, carnes y pescados). Un reciente estudio de 43 expertos mundiales,
publicado
hace unos días en la revista The Lancet, ha dado la alarma: “la comida
basura domina la dieta mundial, impulsada por el afán de lucro de las grandes
multinacionales de la alimentación”. Y añaden que estos alimentos
ultraprocesados dominan
la dieta en todo el mundo, propagados como “una especie invasora”,
tanto en los paises desarrollados (donde su consumo ha crecido un 20% en
los últimos 15 años) como en paises de ingresos medios (crecen un 40%)
y sobre todo en los paises pobres (crecen mucho más, un 60% entre
2007 y 2022).
El consumo de esta “comida basura” oscila
entre el 9% de la dieta energética en Irán al 60% en EEUU, según el estudio,
con un consumo intermedio del 14% en Italia o el 46% en Reino Unido y Suecia.
En España, la ingesta de calorías procedente de ultraprocesados se
ha triplicado, pasando del 11 al 32% de la dieta en los últimos 30 años.
De hecho, un
estudio de la Red Europea de Nutrición, con datos de 2021, reflejaba que
los alimentos ultraprocesados aportaban el 25% de la energía de la dieta de
los españoles, algo menos que en el conjunto de Europa (27,2%), más que en
Italia (13,4%) o Portugal (22,15%) y menos que en Suecia (42%), Paises Bajos
(37,1%) o Alemania (38,4%).
El
estudio alerta también sobre el modelo de negocio de los
ultraprocesados, que se basa en manipular a gran escala materias primas
baratas (maíz, trigo, soja o aceite de palma) para convertirlos en productos “llamativos,
apetecibles y sabrosos”, que se diseñan para ser muy atractivos (“adictivos”)
y se comercializan muy agresivamente (con enormes gastos en publicidad)
para fomentar su consumo repetido, especialmente entre niños y jóvenes. Una
estrategia dirigida no a alimentar a la población sino a conseguir enormes
beneficios. Y para asegurarlos, denuncian,
emplean sofisticadas técnicas y presiones, para bloquear
regulaciones, involucrarse en litigios legales (para retrasar medidas), influir en debates científicos, presionar a
políticos (y comprarlos) y “manipular” a la opinión pública, según el estudio,
que ve paralelismos entre estas industrias y las
tabaqueras.
En definitiva, concluye el estudio publicado en The Lancet,
las multinacionales de la alimentación gastan millones en desarrollar nuevos
alimentos y bebidas que publicitan sin límite para aumentar sus ventas y
beneficios, a costa de la salud de millones de personas. Los expertos alertan
de los 12 riesgos para la salud que comporta consumir estos
alimentos ultraprocesados: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión,
dislipemia, enfermedades cardiovasculares, coronarias, cerebro-vasculares,
renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y depresión. Y además de
daños a la salud, la “comida basura” atenta
contra el medio ambiente, por las emisiones que generan la producción,
procesamiento y transporte de estos alimentos, más millones de
envases de plástico generados.
En paralelo a la publicación de este estudio, la
OMS ha enviado una carta donde reitera que “el consumo creciente de
alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública,
la equidad y la sostenibilidad ambiental”, insistiendo en que este tipo de
alimentos los consumen más los paises y familias pobres, cuya dieta es baja en
frutas, verduras, carnes y pescados frescos. La
UNICEF también ha publicado un editorial
donde denuncia que la proliferación de alimentos ultraprocesados se ha
convertido en “una de las amenazas más urgentes para la salud humana en el
siglo XXI” y aboga por “defender a los niños de esta plaga”,
que se prioricen la salud y la
alimentación sobre los beneficios.
En España, el consumo de ultraprocesados es muy
elevado, según
los datos europeos, sobre todo los productos de panadería y bollería
industrial, las galletas, salchichas, productos lácteos endulzados y las salsas.
Y es especialmente preocupante en los alimentos que consumen niños y
adolescentes. De hecho, el 80% de los alimentos infantiles
comercializados en España no cumplen los criterios nutricionales establecidos
por la OMS, según la 1ª tabla de composición nutricional de
alimentos para niños elaborada
por investigadores catalanes, que recoge 850 productos de 42 marcas
disponibles en los supermercados. También alertan que el 60% de los artículos
estudiados contienen exceso de azúcar , que el 30% incorporan azúcares o edulcorantes añadidos o jugos
concentrados y que el 98% presentan mensajes promocionales no autorizados.
Esta avalancha de “comida basura” (y bebidas azucaradas) es
un factor clave para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad
en el mundo y en España, según todos los expertos. Los datos son muy
preocupantes: 4 de cada 10 niños y niñas españoles tienen exceso de peso
(de ellos, el 19% de los niños y el 14% de las niñas tienen obesidad, un
porcentaje que se ha duplicado en los últimos 20 años), según
el informe Aladino 2023. Y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso
de peso. Entre los adultos españoles, el 55,8% tienen exceso de peso
(31,7% tienen sobrepeso y el 18,7% tienen obesidad), según
los datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Unos datos muy preocupantes, por sus consecuencias sobre la
salud de los españoles y que suponen altos costes. De hecho, la
OCDE realizó en 2019 un estudio económico de la obesidad en 52 paises y
estos fueron sus resultados para España: la obesidad supone una
reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto
sanitario, reduce la productividad laboral (en el equivalente a 479.000
jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del 2,9%
(46.000 millones anuales). Y añaden que para cubrir estos costes de la
obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a
estos costes, la OCDE proponer tomar medidas, algo que creen muy rentable: por
cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…
El Gobierno ha tomado estos años algunas
medidas contra los alimentos ultraprocesados y la obesidad. En 2021, el
etiquetado de alimentos en España comenzó a incorporar el sistema de
calificación nutricional Nutriscore
(con letras y colores) y se reforzaron
las normas sobre la información del país de origen, la cantidad de ingredientes
clave y la etiquetado de alérgenos y bebidas alcohólicas. Pero este etiquetado sigue
siendo voluntario, por lo que lo utilizan sólo las empresas
alimentarias que tienen productos con buena puntuación. Otra medida fue la
aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas, al subirlas el IVA
del 10 al 21% en enero de 2021, medida que inicialmente frenó el consumo para
subir después. Pero no se ha actuado sobre la publicidad de alimentos y
bebidas no saludables: un
estudio de la Gasol Foundation constató que el 80% de los niños y
adolescentes españoles reciben publicidad de alimentos y bebidas no
saludables. Y piden regularlo con urgencia.
El 10 de junio de 2022, el
presidente Sánchez presentó, con la Gasol Foundation y la OMS, el Plan
Estratégico Nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad
infantil, con 200 medidas sobre nutrición, fomento del ejercicio,
la alimentación infantil, el uso de pantallas y la educación nutricional, con
el objetivo de reducir el sobrepeso infantil un 25% y bajar un 40% la brecha
social asociada (la pobreza infantil “alimenta” el sobrepeso). Al hilo de este
Plan, se han aprobado dos medidas este año. Una, el 15 de abril, un
real decreto para limitar la presencia de los alimentos ultraprocesados
en los centros escolares no universitarios, medida que entrará
en vigor en 2026, cuando se renueven los contratos con las empresas de
catering. Y la otra, un decreto
aprobado en mayo por Consumo y Sanidad, para garantizar la alimentación
saludable en hospitales
y residencias de mayores, decreto que ha estado en periodo de audiencia
pública y que se espera aprobar definitivamente en breve.
Son pasos adelante, pero falta mucho por hacer. El
informe The Lancet propone varias medidas a nivel mundial:
impuestos para gravar los productos insanos y ayudas a los productos frescos,
mejora del etiquetado y la inclusión de mensajes sobre los riesgos de la comida
basura (como en las cajetillas de tabaco), regular su presencia en centros
escolares y sanitarios y limitar su millonaria publicidad. Por su parte, la
OCDE propuso a España mejorar el etiquetado de alimentos y menús,
promover la actividad física y programas de actividad en los centros de trabajo.
Y la Federación Mundial de la Obesidad propuso en 2023 siete medidas para
frenar el sobrepeso: un compromiso político de alto nivel e inversiones
suficientes, no dejar a nadie atrás en el tratamiento, formar mejor a los
profesionales sanitarios, abordar la prevención y los tratamientos sin estigmas
y prejuicios, mejorar la vigilancia de datos con Encuestas y estudios
periódicos, financiar los tratamientos
(con ingresos derivados de impuestos a las bebidas azucaradas) y tener
objetivos auditables.
Los expertos del estudio The Lancet urgen a “desescalar”
el avance de la “comida basura” y la obesidad, porque ya domina
nuestra dieta e irá a más. Las perspectivas para España son
preocupantes, según
el Atlas de la Obesidad Mundial 2025: si ahora tenemos un 50% de
adultos con sobrepeso y el 15% de ellos tienen obesidad, auguran que en 2030
todavía tendremos un 33% de la población adulta con sobrepeso (13.200.000
personas), de ellas un 13,2% con obesidad (5.350.000 adultos). Unas cifras
todavía impresionantes, que exigen tomar medidas eficaces para reducirlas desde
ya.
En resumen, tenemos un problema de mala alimentación,
con una alto consumo de comidas y bebidas basura, que han calado entre niños y
jóvenes y que anticipan una España con más obesos, como ya se ve en muchos
paises desarrollados. Urge actuar desde la Administración,
forzando y pactando una comida más saludable con la industria alimentaria (la
2ª más poderosa, tras el turismo). Pero al final, la mayor responsabilidad
está en las escuelas y las familias, que deben tener más sensibilidad
ante los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, acostumbrándose a
no comprarlas y a educar a hijos y nietos en una dieta más natural y saludable.
Porque la comida basura y el sobrepeso matan.
