La inflación nos agobia

La inflación subió un +3,2% anual en abril, el 2º mes que supera el 3%, por la guerra en Oriente Medio, aunque la subida es mucho menor a la que provocó la invasión de Ucrania (hasta +10,8% en julio 2022). El problema es que llueve sobre mojado: en los últimos 5 años, la inflación acumulada sube un +22,9%, siendo mucho mayor la subida de alimentos (+36,4%), alquileres (+42,8%), hoteles y restaurantes (+30,6%) o transporte (+22,3%). Y sobre todo, los precios han subido más que los salarios (+14,93% en los últimos 5 años), con lo que la mayoría de familias han perdido poder adquisitivo, más que en Europa. Por eso, aunque la economía y el empleo crecen más en España, muchos ciudadanos “no notan” esta mejoría y más de la mitad cree que la economía está “mal o muy mal”. Para corregir este pesimismo, sólo queda una salida: subir más los salarios, tras varios años en que las empresas han mejorado mucho sus ventas y beneficios. Urge repartir mejor el crecimiento.

                       Los alimentos han subido +36,4% en los últimos 5 años

España sigue creciendo (+0,6% el primer trimestre 2026, un +2,7% anual) y 2026 será el 5º año consecutivo en que creceremos más que el resto de Europa (+2,1%, según el FMI. Sin embargo, los españoles no tienen la sensación de que “la economía va bien”: el 52,8% opina que la economía española va “mal” (38%) o “muy mal” (14,8%), según el último Barómetro del CIS (abril 2026). Un porcentaje de “pesimistas” que es mayor al de antes de la pandemia (en junio de 2019, sólo un 39,8% veían la economía entonces mal o muy mal), aunque es mejor que la sensación negativa que tenían tras la invasión de Ucrania (el 72,6% de los encuestados veían la economía “mal” o muy mal” en abril de 2022). Curiosamente, cuando a esas mismas personas se les pregunta cómo es su situación económica particular, son muy optimistas: el 64,7% la calificaban de “buena” (60,7%) y muy buena (4%), el doble de los que pensaban así antes de la pandemia (junio 2019): 32,5% dijeron que “buena” y 1,3% “muy buena”.

La posible explicación a esta aparente contradicción (“España va mal, pero yo voy bien”) puede estar en la caída de la confianza del consumidor tras varias crisis (pandemia, invasión de Ucrania, guerra en Oriente Medio) y, sobre todo, en la preocupación por la inflación y la vivienda, los dos problemas que más destacan los encuestados por los Barómetros del CIS.

La inflación no debería preocupar tanto, porque bajó dos décimas en abril (al 3,2%), gracias a la rebaja de impuestos a los carburantes y a la electricidad (que cuesta la mitad que en Europa, por el mayor peso de las renovables). Y ese 3,2% de inflación está muy lejos de los precios disparados tras la crisis anterior, la que siguió a la invasión de Ucrania (24 febrero 2022): llegó a subir por encima del 10% entre junio y agosto de 2022 (con un máximo del 10,8% de inflación en julio 2022) y no bajó del 4% hasta mayo de 2023. El problema no es la inflación actual, sino que llueve sobre mojado y los consumidores han sufrido subidas constantes de precios en los últimos 5 años que se han comido sus ingresos y ahorros. Veámoslo.

La inflación “acumulada” hasta abril de 2026 (desde abril de 2021) ha sido del +22,9%, según el INE, aunque hay muchas partidas de gasto que han subido mucho más (o bastante): alimentos (+36,4%), restaurantes y hoteles (+30,6%), bebidas y tabaco (+25,2%), transporte (+22,3%), seguros y servicios financieros (+20,6%), cuidados personales (+19%), gastos de vivienda, luz, agua y calefacción (+17%) y muebles (+14,9%). Y los alquileres han subido mucho más: +42,8% entre abril de 2021 y abril de 2026, según Idealista. Y si nos vamos más atrás, hasta abril de 2008, los precios han acumulado en los últimos 18 años (hasta abril 2026) una subida del +41%. Y han subido mucho más los alimentos (+59%), los seguros y servicios financieros (+71,9%), los restaurantes y hoteles (+53,1%), la enseñanza (+47,5%), los gastos de la vivienda (+45,3%) y el transporte (+42%). Y los alquileres subieron  un +76,5%...

Esta subida acumulada de los precios no afecta a todos por igual: daña más a las familias con menos ingresos, porque gastan más porcentualmente en alimentación, energía, transporte y alquileres, los productos y servicios que más se han encarecido, con lo que han tenido que modificar y recortar sus gastos (ahorrando en carnes, pescados y verduras frescas, por ejemplo), con más problemas para llegar a fin de mes. Y además, la subida de precio de los carburantes les afecta más y funciona como “un termómetro emocional” de la inflación, alimentando la creencia de que la economía va “mal” o “muy mal”. Y encima, la subida de la inflación y la incertidumbre geopolítica han frenado en seco la bajada del Euribor, con lo que se les encarece la hipoteca que tienen pendiente (o una que pensaran pedir): el Euribor cerró abril en el 2,747%, el precio más elevado del último año y medio, con lo que la próxima revisión de una hipoteca media (163.378 euros a 25 años, al Euribor+1%) les supondrá pagar 839 euros al mes, 52 euros más que hace un año (+624 euros al año).

El problema es que esta inflación acumulada en los últimos años se ha “comido” los ingresos de la mayoría de las familias, porque los sueldos han crecido mucho menos y han perdido poder adquisitivo, teniendo que echar mano de los ahorros o endeudándose. En los últimos 5 años (2021-2025), los salarios en convenio crecieron un +14,93%, con lo que las familias perdieron un -8,8% de poder adquisitivo. Y si nos vamos más atrás, al inicio de 2018, los salarios han subido un +47% hasta finales de 2025, mientras la inflación acumulada subía un 41,8%. Así que los españoles han tenido una subida real de sus ingresos en los últimos 18 años del +5,2% (ganan 2.531 euros de media, 812 euros más que en 2008). Con razón vemos que el sueldo no da… Y si miramos lo que pasa este año 2026, seguimos perdiendo poder adquisitivo: los precios han subido un 3,2% anual hasta abril y en estos 4 meses, la subida media pactada en los convenios ha sido del 2,94% (balance: -0,26%) . 

Como pasa con los precios, la pérdida de poder adquisitivo es desigual, según las familias y sus ingresos. Tomando los datos de 2025 (un año en que se ganó poder adquisitivo:+0,5%), hubo 2 millones de trabajadores en empresas privadas que perdieron poder adquisitivo (porque su salario subió menos que la media), +3,5%), 4,4 millones que lo ganaron y otros 3,7 millones que lo mantuvieron. Y los 3,1 millones de empleados públicos lo mantuvieron (sin ganar ni perder). Y con ello, en 2025, España fue el país europeo donde menos aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores (+0,5%), menos que Francia (+0,8%) o Dinamarca (+0,6%), Italia (+1,1%), Alemania (+1,4%), Irlanda (+1,8%), Paises Bajos (2,3%), Portugal (+3,8%), Finlandia (+4,1%), Suecia (+6,6%).

Este menor aumento del poder adquisitivo en España tiene 2 causas. Una, que España tiene más inflación que la media europea y que los grandes paises: en abril, la inflación anual de España (el dato “homologado”) fue del +3,5% anual, frente al 3% de media en la zona euro, el 2,9% de Alemania e Italia y el 2,5% en Francia, según Eurostat. Y la otra, que los sueldos en España han subido menos, algo que pasa desde hace décadas : entre 2000 y 2024, los salarios reales (descontando la inflación) han subido un +5,1% en España, frente a una media del +19,4% que subieron en la OCDE (38 paises occidentales), una subida real  del +19,7% en Francia, un +17% en Alemania, un +2,3% en Italia o un 7,3% en Portugal.

Esta mayor pérdida del poder adquisitivo en España alimenta el pesimismo de los que ven la economía “mal” o “muy mal”, máxime cuando estalla otra guerra que dispara la energía y cuando siguen subiendo los alquileres. Y esto se refleja en el índice de Confianza del Consumidor, que publica el CIS, que ha bajado tras la guerra en Irán (del 79,6 en marzo de 2025 al 66,9 en marzo de 2026), aunque se sitúa por encima de antes de la pandemia (63,3 en marzo 2020). Un indicador que refleja que el 29,4% de las familias llegan justo a fin de mes y otro 14,9% lo tienen difícil y han de recurrir a los ahorros o a endeudarse. Eso sí, las ayudas públicas desplegadas por el Gobierno Sánchez por la pandemia y la invasión de Ucrania, más las reformas fiscales, han permitido que las familias más vulnerables (el 20% con menos ingresos) hayan mejorado su poder adquisitivo entre 2017 y 2023, según un reciente estudio del Instituto de Estadios Fiscales, que demuestra que se ha reducido esos años la desigualdad, aunque todavía es elevada: el 10% más rico ingresa 23,1 veces que el 10% más pobre.

Esta pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de hogares contrasta con la mejora de ventas, márgenes y beneficios de las empresas, sobre todo a partir de 2023. Los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales demuestran que los márgenes empresariales (el excedente bruto de explotación) están en máximos, tanto en cifras absolutas como en los aumentos: crecieron un +10,7% entre 2018 y 2019 y han aumentado un +12,9% en 2024-25. Y si descontamos la inflación, los márgenes empresariales (beneficio bruto) han crecido un +30% entre 2019 y 2025, frente al 13% que han crecido los salarios reales. A lo claro: que en el reparto del pastel del crecimiento (PIB), las empresas han aumentado su trozo casi el doble que los trabajadores. Y los sectores donde ha crecido más el margen real (descontando la inflación) estos últimos años (entre 2018-19 y 2024-25) han sido la energía (+5% de margen sobre ventas), la hostelería y turismo (+4,6%), el comercio mayorista de alimentos (+1,9% de margen real) y la construcción (+1,4%), sectores donde los salarios han perdido peso real.

El bajo crecimiento de los salarios, frente a una alta inflación acumulada, preocupa al Gobierno, porque impide que la mayoría de las familias se beneficien más del alto crecimiento y la importante creación de empleo (+3.326.100 ocupados entre 2020 y 2026). Y proponen qué hacer: “Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen”,  declaró el presidente Sánchez en febrero pasado, al firmar el nuevo salario mínimo. Y cara al 1 de mayo, los sindicatos han reiterado a la patronal que se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tras el V Acuerdo firmado para 2023-2025. Su propuesta es que los salarios suban un 4% cada año, más un 1,5% adicional si se dispara la inflación. Y subidas extras de hasta el 3% para los trabajadores que cobran menos de la media de su sector. De momento, han pasado 5 meses y la patronal no tiene prisa en negociar las futuras subidas, que defienden menores.

Al final, la mayoría de las familias están “agobiadas” por la inflación, no tanto por la subida de cada mes sino por la acumulada en los últimos años. Aquí poco se puede hacer, salvo vigilar los excesivos márgenes de algunos sectores, aunque mucha inflación es importada, por el aumento de costes de la energía y las materias primas. Donde sí se puede actuar es en los salarios, que deberían subir más por dos razones. Una, porque ahora pueden hacerlo la mayoría de las empresas, que llevan años subiendo ventas y márgenes (no sólo costes, como dicen). Y la otra, porque los sueldos en España siguen siendo de los más bajos de Europa, según Eurostat: 19,5 euros la hora en 2025, frente a 26,2 euros/hora de media en la UE, 34,5 euros en Alemania, 30 euros en Francia y 23 en Italia.

España y sus empresas no pueden seguir compitiendo como la China de Europa, a base de salarios muy bajos que compensen la menor competitividad de los productos y servicios. La economía española está modernizándose y ya hay más empresas con innovación y tecnología, que exportan y mejoran sus márgenes y beneficios, que pueden mejorar los sueldos de sus trabajadores, sobre todo de los que menos ganan (el 40% de los asalariados ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos, según el INE). Y esta mejoría salarial (nada descabellado: piden subir los sueldos un 4%) es necesaria para que más familias se beneficien de la buena marcha de la economía y puedan llegar a fin de mes. Y también para que se mantenga y aumente el consumo, motor clave para crecer y crear empleo, pero clave también para que las empresas vendan y ganen más. Es hora de repartir mejor el aumento del pastel entre empresas y trabajadores. Hay que subir más los salarios para repartir mejor el crecimiento.

Funcionarios: 35 horas y más oposiciones

A partir del 16 de mayo, 250.000 funcionarios y empleados del Estado pasarán a trabajar 35 horas a la semana, 2,5 horas menos que ahora, por un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Un horario reducido que se cumple desde hace años en 11 de las 17 autonomías y en 35 de los 56 grandes Ayuntamientos, mientras no se ha conseguido recortar la  jornada a 37,5 horas a todos los trabajadores, por el veto de Junts, PP y Vox. Pero esta reducción  de jornada a la mayoría de trabajadores públicos choca con dos problemas: necesitamos reforzar las plantillas del Estado (menores que en 2010, por las jubilaciones), a pesar de las abultadas oposiciones convocadas desde 2019, y urge reducir su precariedad: un tercio de los empleados públicos son interinos, lo que ha provocado sentencias contrarias del Tribunal de Justicia UE y dos dictámenes en abril de la Comisión Europea para que España lo solucione en dos meses. El Gobierno ha convocado  a las autonomías para reformarlo. Es urgente.

                 La mitad de los funcionarios del Estado trabajan ahora 35 horas semanales

Esta jornada de 35 horas no es nueva para los empleados públicos. Empezó a aplicarse en algunas Administraciones Públicas (sobre todo en autonomías y Ayuntamientos) en los años 90, pero su aplicación se interrumpió en 2012, cuando el Gobierno Rajoy prohibió este horario (dentro de su política de “ajustes y recortes”) y estableció como norma general para todas las Administraciones Públicas las 37,5 horas semanales. Esta limitación se suprimió en 2018 y varias entidades públicas volvieron a recuperar la jornada de 35 horas. Ahora la tienen 11 de las 17 autonomías (Andalucía, Aragón, Cantabria, La Rioja, Murcia, Castilla la Mancha, Extremadura, País Vasco, Canarias, Castilla y León y Asturias) y 35 de los Ayuntamientos de las 56 grandes ciudades españolas (no trabajan 35 horas los empleados municipales de Valencia, Palma, Alicante, Vitoria, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Albacete, Castellón, Salamanca, Huelva, León, Jaén, Lugo, Cáceres, Ciudad Real, Soria y Teruel).

Pero los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) no recuperaron las 35 horas de otras Administraciones, lo que lleva años siendo un caballo de batalla de los sindicatos de funcionarios. En 2022, el recorte de jornada en la AGE fue incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado entre el Gobierno, UGT y CCOO, sin la presencia de CSIF (el sindicato mayoritario en la Administración), que no se incorporó hasta noviembre de 2025. Y con los 3 sindicatos, el Gobierno acordó explícitamente, el 27 de marzo de 2026, implantar el recorte de jornada en gran parte de la Administración del Estado, con una Resolución publicada en el BOE el 15 de abril y que los organismos han de aplicar desde este 16 de mayo.

El acuerdo establece una jornada de 35 horas (frente a las 37,5 actuales) para 246.500 funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), algo menos de la mitad del total (son 540.830 empleados públicos en la AGE), porque el acuerdo no incluye a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, personal de la Administración de Justicia (tendrán las 35 horas, pero tras concretarlo en una mesa sectorial)  y los funcionarios de Prisiones (a negociar también). Los distintos Ministerios, la Seguridad Social y los organismos públicos afectados han tenido un mes para reajustar horarios y turnos (para asegurar la atención al público y los servicios), de tal manera que a partir de este sábado 16 de mayo ha de aplicarse el nuevo horario de 35 horas, con el mismo sueldo.

La Resolución del Gobierno concreta los nuevos turnos para estos empleados públicos de la AGE. El horario de mañana ya no será de 9.00 a 14.30, sino de 9.00 a 14.00. Esto suma 25 horas. “El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7.00 y las 9.00 de lunes a viernes y entre las 14.00 y las 18.00 de lunes a jueves, así como entre las 14.30 y las 15.30 horas los viernes”, agrega la Resolución. El horario de mañana y tarde pasa a ser de 9.00 a 16.30 horas (antes era hasta las 18.00) y el de tarde de 15.00 a 20.00 (antes era hasta las 19.30). Además, la jornada intensiva de verano no cambia: se mantiene en seis horas y media entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, “a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 de lunes a viernes” en horario de mañana. En horario de tarde, transcurrirá por norma general entre las 14.30 y las 21.30 horas. Por otra parte, los empleados públicos en régimen de especial dedicación, con mayores responsabilidades y, mejores salarios, empezarán a trabajar 37 horas y media, en vez de las 40 actuales.

Además de este recorte de horario, el acuerdo establece la flexibilidad horaria: 1 hora de margen para entrar y salir a los empleados públicos que tengan que cuidar a niños menores de 12 años, mayores o discapacitados. Y se incluye el compromiso del Gobierno de impulsar el teletrabajo en la Administración Pública (AGE), que se reguló en 2021 (tras la COVID) como “voluntario y reversible” pero que ahora se practica poco y de forma arbitraria. La idea del Ministerio y los sindicatos es pactar pronto una regulación más clara y precisa, que podría consolidar un modelo de trabajo 3 días en remoto y 2 presenciales, siempre con la condición de asegurar la atención al público en todos los servicios. Y en paralelo, el Gobierno y los tres sindicatos del sector público, firmaron el 28 de noviembre un pacto salarial para asegurar una subida del 11,4% hasta 2028 para los 3 millones de empleados públicos (la subida del 2,5% de 2025 se abonó en diciembre, con efectos desde enero), tras una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde 2010.

Este recorte de jornada ya implantado para la mitad de empleados de la Administración General del Estado (246.500 de 540.830) podría presionar a las autonomías (1.934.335 empleados públicos) a rebajar la suya (en el caso de las 6 autonomías donde se trabajan 37,5 horas: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares) al igual que a los 21 Ayuntamientos de grandes ciudades que no la han rebajado. Pero los expertos no creen que ayude a la rebaja de jornada en las empresas privadas, sobre todo después de que Junts, PP y Vox rechazaran en el Congreso, el 10 de septiembre de 2025, debatir el proyecto de Ley de reducción de Jornada a 37,5 horas (desde las 40 horas actuales), aprobado por el Consejo de ministros el 6 de mayo de 2025, en cumplimiento del pacto de Gobierno PSOE-Sumar.

Con ello, los trabajadores de empresas privadas trabajan ahora más horas que la mayoría de los empleados públicos: la jornada media pactada por todos los trabajadores en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los empleados que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

Ahora se han mejorado los horarios y los sueldos de muchos funcionarios y empleados públicos, pero siguen con dos graves problemas de fondo. Uno, que son insuficientes en muchos destinos, porque su número se ha reducido con los años, debido a que han crecido más las jubilaciones que las contrataciones, especialmente en la Administración General del Estado (AGE): eran 597.021 empleados en 2010, cayeron hasta 512.577 en 2018 y aunque han aumentado después, eran 540.830 en 2025, 47.000 empleados públicos (AGE) menos que en 2010, aunque la población en España ha aumentado en 3 millones de habitantes en estos 15 años. En los Ayuntamientos, a pesar de ese aumento de la población censada, las plantillas se han estancado: de 632.719 empleados públicos en 2015 a 632.030 en 2025. Donde sí han aumentado mucho es en las autonomías y Universidades: de una plantilla conjunta de 1.450.479 trabajadores en 2015  a 1.934.335 en 2025 (+33,3%).

En conjunto, las plantillas públicas cayeron de los 2.680.219 empleados en 2010 a 2.611.747 en 2018, para crecer luego hasta los 3.107.195 empleados públicos que había en 2025. Un crecimiento del +19% en los últimos 15 años, algo superior al aumento del conjunto de trabajadores, que ha sido el +15,1%: de 18.476,900 ocupados en 2010 a 19.344.100 en 2018 (crecieron mientras bajaban los empleos públicos) y los 22.268.000 ocupados en 2025. Con todo, el porcentaje español de empleados públicos sobre el total de trabajadores era del 15,4% en 2024, menos que la media OCDE (18,4%) y que paises como Suecia (28,2%), Dinamarca (27,3), Francia (20,7%), Bélgica, Reino Unido (17,1%) y Austria, aunque más que EEUU (14,6%), Italia (13,7%) o Alemania (11,5%) : ocupamos el puesto 25 de 38 paises en el ranking de funcionarios en la OCDE. Así que es otro mito que “tenemos muchos funcionarios”…

El otro problema que tenemos con los empleados públicos (además de que son pocos para un país que ya roza los 50 millones de habitantes) es que su situación laboral es muy precaria, porque más de un tercio de los 3 millones son interinos o tienen un contrato temporal, debido a que muchas Administraciones (sobre todo las autonomías, en la sanidad y educación, y los Ayuntamientos) han cubierto las jubilaciones y nuevas necesidades con personal temporal, que en muchos casos lleva años (y décadas) así. Los datos son espeluznantes: hay 1.237.526 funcionarios (904.603) y personal laboral (332.927) con contratos temporales y de interinidad, lo que supone que son “precarios” casi el 40% del personal público (el 39,82%). Esta temporalidad es especialmente preocupante en la Sanidad (334.925 interinos, el 45% de las plantillas), en Educación (225.616 interinos, el 33%), en la Universidad (92.345 temporales, el 48% de las plantillas), en  los empleados de las autonomías (81.613 temporales, el 34%), el personal interino de la Administración Local (225.888, el 36% de las plantillas) y los interinos en Justicia (18.786, el 34% del personal), bajando el porcentaje de precariedad en las Agencias estatales (3.832, el 19%) y en la Administración General del Estado (24.976 interinos en la AGE, el 5% de las plantillas).

Unas cifras de temporalidad espeluznante (casi 40%), muy superior al porcentaje de asalariados temporales en el conjunto de la economía (14,77% en marzo, según la EPA) y muy superior al tope del 8% que marca la Comisión Europea, que obligó a reformar esta situación como condición para pagar una parte de los Fondos Europeos (en el verano de 2025, España no cobró 626 millones de estos Fondos UE por no haber aprobado la reforma para reducir el porcentaje de empleados públicos temporales). Además, este 14 de abril, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) ha emitido una sentencia considerando que las soluciones que aplica España a la alta temporalidad de los empleados públicos (indemnizaciones tasadas, oposiciones anuales y la figura del “indefinido no fijo”) “no son suficientes” para evitar el abuso y reparar el daño. Tras este dictamen, el Tribunal Supremo español ha emitido una sentencia este martes donde cierra la puerta a hacer fijos a los interinos que hayan encadenados contratos temporales, salvo que aprueben una oposición, y propone una indemnización adicional (hasta de 10.000 euros) en caso de despido si ha habido abuso de la temporalidad.

Este grave problema de la temporalidad de los contratos públicos se produce después de que distintas oposiciones, hayan dado la fijeza a 419.000 trabajadores públicos en los últimos 5 años. Precisamente, el Gobierno Sánchez ha convocado más de 274.000 plazas de oposiciones desde 2019 (saltando de las 20.911 convocadas por Rajoy en 2017 a las 40.146 plazas convocadas en 2024 y las 37.017 convocadas este 2026), tanto para cubrir nuevas plazas como para incorporar a interinos como fijos. Pero aún así, hay 1,2 millones de empleados públicos interinos, el 60% de ellos en las autonomías, que son las que gestionan el personal en la Sanidad, la Educación la Universidad o la Justicia. 

Tras la sentencia contra España del TJUE, por la situación de los empleados públicos temporales, la Comisión Europea ha vuelto a reaccionar, enviando el 29 de abril 2 dictámenes motivados al Gobierno español, instándole a que presente una reforma en el plazo de 2 meses (antes del 29 de junio) si no quiere que abran otro expediente sancionador y lo envíen a los Tribunales comunitarios. Ante esta decisión, el Ministerio de la Función Pública convocó a las autonomías el 7 de mayo, para tomar medidas (dado que la mayor temporalidad está en las autonomías y Ayuntamientos) y evitar la multa con la que amenaza Europa (además de la pérdida definitiva de esos 626 millones de Fondos UE). De momento, se han creado 2 Grupos de trabajo para estudiar “posibles cambios normativos”.

Así que España debe aprobar una reforma urgente para evitar la multa europea y reducir la alta precariedad de los empleados públicos, algo que no ayuda a que trabajen con eficacia. Además, habrá que aumentar las próximas oposiciones, para pasar a fijos a parte de estos interinos, lo que tendrá un coste elevado para autonomías, Ayuntamiento y la Administración del Estado. Pero no hay otro camino, porque necesitamos más que nunca unos servicios públicos que funcionen bien y no estén cortos de plantillas, como ahora. Eso obliga a tener también unos ingresos públicos crecientes, algo que choca con la rebaja de impuestos por la que apuestan autonomías y Ayuntamientos controlados por PP y Vox. Es hora de tener unas plantillas públicas con contratos decentes y bien pagados, porque su trabajo es clave para que funcione mejor el Estado del Bienestar, que debería se la prioridad de todos. A ello: es urgente.

Despidos "justificados" por la Inteligencia Artificial

En los cuatro primeros meses de 2026, las grandes tecnológicas (Amazon, Meta, Oracle, Microsoft y Dell) han despedido a 92.272 trabajadores, justificándolo por la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA). Y también ha pasado en España (Amazon o Telefónica), donde están cayendo los empleos tecnológicos desde septiembre de 2024 (-48.900 empleos), acogiéndose a la implantación de la IA, una “excusa” para ajustar plantillas con menos coste, según denuncian los sindicatos. La realidad es que 1 de cada 5 empresas españolas utilizan ya la Inteligencia Artificial, lo que pone en peligro muchos empleos: un reciente estudio revela que 1 de cada 5 empleos (entre el 18 y el 22%) están ya expuestos a la inteligencia artificial en España, más entre las mujeres y trabajos como la información, la informática y consultoría, telecomunicaciones, comercio y turismo, logística y transporte, inmobiliarias, administrativos y finanzas y seguros. Frente a este riesgo laboral por la IA (sea “excusa” o “realidad”) sólo queda destinar más recursos públicos y privados a formarse mejor. Ya.

Europa está retrasada en la carrera por la IA, tanto en tecnología como en inversiones, pero los europeos y las empresas se están subiendo al tren de la IA, aunque lo conduzcan los gigantes estadounidenses y chinos. Así, en 2025, 1 de cada 3 europeos de 16 a 74 años (el 32,7%) utilizó herramientas de IA generativa, según los datos de Eurostat. La mayoría los utilizó para fines personales (el 25,1%), aunque también para trabajar (15,1%) y para formarse (el 9,4% para su educación). El mayor uso de la IA se dio en los paises nórdicos y centro Europa (56,3% en Noruega, 48,4% de la población en Dinamarca, 47% en Suiza, 46,6% en Estonia, 46,3% en Finlandia,44,9% en Irlanda, 44,7% en Paises Bajos, 42% en Suecia y Bélgica). España se sitúa en el puesto 16º, con un 37,9% de adultos que la han utilizado, por delante de Francia (37,5%), Alemania (32,3%) e Italia (19,9%).

En cuanto a las empresas, 1 de cada 5 empresas europeas (20%) con más de 10 empleados utilizaron tecnologías de IA para sus negocios en 2025, según Eurostat, lo que supone un gran salto: en 2021 utilizaban esta tecnología el 7,7%, el 8,1% en 2023 y el 13,5% en 2024. Otra vez, los paises con más empresas utilizando la IA son los nórdicos y centro Europa: Dinamarca (42% de las empresas), Finlandia (37,8%), Suecia (35%), Bélgica (34,5%), Luxemburgo (33,61%), Paises Bajos (33,21%), Austria (29,95%), Noruega (28,89%) y Alemania (25,97%). España (con el 20,7% de empresas utilizando la IA) ocupa el puesto 13º en este ranking empresarial, por delante de Irlanda (19,64%), Francia (18,16%) e Italia (16,40%).

En España, la utilización de Inteligencia Artificial (IA) dio un enorme salto en 2025, sobre todo en las grandes empresas, como Amadeus, Indra, Telefónica o Grifols, que están desplegando la IA en procesos críticos. De momento, la IA afecta ya a 1 de cada 5 empleos en España (entre el 18 y el 22%), según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Su mayor o menor utilización depende de sectores y territorios: se utiliza más en servicios avanzados, comercio, educación, sanidad e información y comunicación, especialmente en Madrid y Barcelona (21,5%), siendo baja la exposición en Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón, por el mayor peso de la agricultura, la construcción y la industria tradicional. Y están más “expuestos” a la IA los empleos femeninos, porque se concentran en sectores con más uso de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio y actividades sociales).

El estudio revela que la IA puede aumentar la productividad de las empresas, mejorar los servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, aunque también reconoce que puede intensificar las desigualdades entre trabajadores y empresas. Y, sobre todo, el gran temor que acarrea la IA es que suponga pérdida de empleos, como se ha visto recientemente en Microsoft, Amazon y Telefónica (el ERE se ha justificado por la IA). De hecho, un estudio del FMI (2024) revelaba que el 40% de los empleos del mundo (1.320 millones) se verán afectados por la IA, perdiéndose algunos y modificándose otros. Y otro estudio de 2025, del World Economic Forum, vaticina que se perderán 92 millones de empleos en esta década por la IA, aunque también se crearán 170 millones de empleos, lo que dará un aumento del empleo neto de 78 millones para 2030.

Pero la pérdida de empleo por la IA ya está aquí y se ha agravado en 2026, especialmente en EEUU. Así, entre enero y abril de 2026, varios gigantes tecnológicos han anunciado 92.272 despidos en todo el mundo (básicamente en USA), “justificándolos” por la aplicación de la Inteligencia Artificial: Oracle (30.000 despidos, el 19% de su plantilla), Amazon (28.000 despidos, el 2% de su plantilla mundial), Dell (11.000 despidos, el 10% de sus empleados), Microsoft (8.750 despidos, el 7% de su plantilla USA), Meta (8.000 despidos, el 10% de su plantilla), Block (4.000 despidos, el 40% de la plantilla), Nordea (1.500 despidos, el 5% de su plantilla), Snap (1.000 despidos, el 16% empleados), Majorel (769 despidos, el 60% del personal), Pinterest (700 despidos, el 16% plantilla)… Y algunos de estos “ajustes” afectan a España, como los de Amazon (791 despidos aquí) o la consultora tecnológica Inetum, que ha despedido a 400 empleados en España (5% plantilla), que se suman al último ERE de Telefónica, en noviembre pasado (4.772 despidos, el 35% de la plantilla).

Ha habido más despidos en otras grandes empresas este año (ver listado), pero las señaladas son las que han justificado sus ajustes por la introducción de la IA, aunque los sindicatos denuncian que en muchos casos se ha utilizado como “excusa” para recortar plantillas y trasladar servicios (como Call Centers) a India o Bangladesh. De entrada, los más afectados por estos despidos han sido empleados con tareas administrativas, traductores, programadores y consultores, más empleos de atención a proveedores y clientes, periodistas y, en general, “trabajos en oficina ante un ordenador”.

Muchos expertos dudan de que la IA sea capaz de aportar tanta productividad como para prescindir de tantos empleos y creen que se trata de una “excusa” para reducir costes y aumentar beneficios. Y sobre todo, para poder seguir invirtiendo en IA: sólo en el primer trimestre de 2026 (mientras despedían), los 4 gigantes tecnológicos (Amazon, Alphabet, Microsoft y Beta) han invertido 130.625 millones de dólares en proyectos de IA (Centros de datos, chips e investigación), una cifra mensual que supera la inversión de todo el Proyecto Manhattan ( 1ª bomba atómica). Y se estima que estos 4 grandes inviertan 715.000 millones de dólares en IA en 2026, casi el doble que en todo 2025 (375.000 millones de dólares). Por eso necesitan ajustar al máximo plantillas y costes, así como conseguir capital e inversiones.

Mientras los despidos “por la IA” se generalizan en EEUU, en España también asistimos a una pérdida de empleo en el sector tecnológico, según revela este estudio de UGT: desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2026 (último año y medio), el empleo “tecnológico” ha caído en España en 48.900 ocupados, una reducción del 4,5% frente al 2,15% que creció el empleo total en ese tiempo (+470.000 empleos). Esta caída contrasta con el impulso al empleo tecnológico en España entre 2020 (menos de 800.000 empleos de este tipo) y 2024 (1.096.700 empleos tecnológicos), un empleo que se ha reducido después, hasta los 1.047.800 empleos tecnológicos registrados en marzo de 2026 (-48.900).

En el primer trimestre de 2026, el último dato de la EPA, el empleo tecnológico ha seguido cayendo, sobre todo en programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (512.100 empleados, 23.400 menos que a finales de 2025), telecomunicaciones  (113.100 empleos, 11.800 menos) y en servicios de información, que incluye procesado de datos y portales web (17.000 ocupados, 8.600 menos que a finales de 2025). Sólo creció ligeramente el empleo en este primer trimestre en los servicios de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos (313.600 ocupados, +7.400 que en 2025) y en investigación y desarrollo (92.000 ocupados, +1.400 que a finales 2025).

Estos despidos “tecnológicos” se han justificado, según los sindicatos, en la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y han afectado sobre todo a empresas de telecomunicaciones, Call Centers y consultoras, empujadas por el uso creciente del vibe coding (creación de software conversando con una IA). La patronal del sector tecnológico cree que esta caída del empleo señalada por la EPA  es sólo un “ajuste cíclico” tras años de fuerte creación de empleo y se agarran a los datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo, que reflejan un aumento de 21.595 afiliados en actividades tecnológicas en el último año (+3,48%), aunque han caído los asalariados “tecnológicos” y han subido los autónomos. Pero los sindicatos replican que los despidos están ahí y que las empresas utilizan la IA como “excusa” para despedir barato: al ser despidos por causas tecnológicas, la indemnización baja a 20 días por año (con límite 12 meses), frente a los 33 días (y 24 meses de límite) por despido improcedente. Además, los despidos “por la IA”  se utilizan como “una perversa señal de prestigio” para las empresas que los hacen, según denuncia UGT.

Para España, es clave que este empleo tecnológico se recupere y aumente, porque sirve para acompañar la modernización de la economía y para conseguir aumentar la productividad, una de nuestras asignaturas pendientes. Y aunque este empleo tecnológico se ha doblado desde 2015, España ocupa todavía el puesto 20ª en Europa (éramos el 21º en 2015) en el ranking de paises con más especialistas tecnológicos: un 4,7% del empleo frente al 5% de media en la UE-27 o el 5,4% en Francia, según el informe de UGT. Y son muy minoritarios (el 11,9%) los trabajos con alta intensidad de tareas tecnológicas, estando a la cola en la OCDE y muy lejos del porcentaje de trabajos muy tecnológicos en Paises Bajos (24,5%), Suecia (23,5%), EEUU (22%), Finlandia (20%), Francia (17%), Alemania (15,5%) o la media de la UE-27 (14,8%). Además, los trabajadores tecnológicos (TIC) tienen más paro en España (hay 54.000 parados con formación en nuevas tecnologías), una tasa del 9,9% frente al 6,5% en la UE-27. Y por último, los salarios de los trabajadores tecnológicos (TIC) en España son un 38% más bajos que en la UE-27, un 71% inferiores a los franceses y un 75% menores a los alemanes.

La conclusión es que España, aunque ha avanzado mucho en empleos tecnológicos (los ha duplicado entre 2015 y 2025), todavía tiene que dar un gran empujón y volver a doblarlos para 2030, lo que supone crear otro millón de empleos tecnológicos, la décima parte de los 10 millones de empleos tecnológicos en Europa que se plantea como objetivo la Comisión Europea. Eso supone hacer un inmenso esfuerzo en la formación de los jóvenes (aumentando los que cursan carreras STEM) y en el reciclaje de los trabajadores (aumentando la escasa inversión empresarial en la formación de sus plantillas), para afrontar los retos de las nuevas tecnologías y en especial la Inteligencia Artificial, que va a trastocar 1 de cada 5 empleos.

Todos los expertos y organismos internacionales coinciden en que la IA va a revolucionar los empleos, suprimiendo algunos (como está pasando), modificando otros y creando otros nuevos que ahora ni se intuyen. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone una mejora de las habilidades y la formación y un aumento de la protección laboral y social, a la vez que se protege a los trabajadores de los algoritmos injustos. El World Economic Forum insiste en que los paises inviertan más en conseguir una mano de obra adaptable y capacitada a las nuevas tecnologías, creando nuevos itinerarios docentes y formativos. Otros expertos hacen hincapié en que paises y empresas multipliquen sus inversiones en capital humano (no sólo en la IA y en Centros de Datos), para re-cualificar a los trabajadores (Paises Bajos ha destinado a formación gran parte de los Fondos europeos recibidos). Y sobre todo, los Gobiernos deben intentar reducir las brechas de empleo y desigualdad (por sexo, edad, formación, sector, tamaño de empresa y región) que provocará la Inteligencia Artificial.

En resumen, la Inteligencia Artificial es la nueva panacea de la economía y muchos apuestan por su futuro, invirtiendo cifras billonarias que hacen temer otra crisis bursátil. Pero la IA ha venido para quedarse y puede suponer un salto económico para el mundo, como lo fue la electricidad , los ordenadores o Internet. Pero una innovación así, además de mejorar la productividad, tiene también costes, en particular el empleo de mucha gente que puede quedar fuera. España no puede perder este tren de la IA, como tampoco Europa, pero aplicándola de una forma proporcionada, sostenible y justa.

Demasiadas horas extras gratis

En el primer trimestre de 2026, los trabajadores hicieron 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana y casi la mitad las han hecho “gratis” (2,5 millones semanales). Este “abuso” de muchas empresas supone una pérdida anual de 3.243 millones para los trabajadores que no las cobran (2.468 millones) y para la Seguridad Social (775 millones perdidos en cotizaciones). Además, sin estas horas extras, podrían crearse 160.000 empleos. El exceso de horas extras viene de lejos y aumentan las no pagadas, aunque las empresas están obligadas al control horario desde 2019. Ahora, Trabajo quiere imponer con un Reglamento (para evitar convalidar un Decreto en el Congreso) el registro horario digital, al que tengan acceso la inspección de trabajo y los sindicatos, pero la patronal se opone. Y hay un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, porque cree que debe hacerse por Ley y dar más tiempo a las pymes para adaptarse. El vicepresidente económico también quiere flexibilizar este control horario digital y dar 1 año para aplicarlo (no 20 días). La batalla está en el seno del Gobierno.

    

                            Enrique Ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Es una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (como el pluriempleo) y las empresas se ahorren “costes” (sobre todo cotizaciones sociales), con lo que ambas partes “colaboran” muchas veces en promoverlas. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera en muchos casos las 40 horas  porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2009 y 2014, las empresas impusieron jornadas más largas a los trabajadores (gracias a la reforma laboral de 2012), sobre todo por el aumento de las ventas y el consumo tras la pandemia, obligando a hacer más horas extras. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la crisis financiera y las empresas recortaron horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas extras semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir: 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015, 6,8 millones en el verano de 2018 y un récord de 7 millones de horas extras semanales a finales de 2024. Eso sí, en 2025 bajaron a 6,67 millones en el 4º trimestre y han vuelto a bajar a 5,89 millones en marzo de 2026, según la última EPA. Pero son casi tantas como en 2019 (6 millones semanales).

Lo llamativo no es sólo el elevado número de horas extras a la semana, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan. Y que este porcentaje de horas “gratis” crece año tras año. A finales de 2019 no se pagaban el 41,9% de las horas extras, concretamente 2.500.700 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje de horas impagadas mayor que el de antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40% de las horas. Y su peso se ha mantenido después de la pandemia, suponiendo las horas gratis el 41,4% de las horas extras a finales de 2025 (2.767.300), aumentando su peso en el primer trimestre de 2026: 2.508.200 horas extras semanales gratis, el 42,5% del total de horas extras.

En 2025, casi un millón de trabajadores (945.000, el 5% de todos los asalariados) hicieron horas extras, según este informe de CCOO. Y de ellos, casi la mitad, 441.000 trabajadores hicieron horas extras semanales gratis, cada uno una media de 5,6 horas semanales sin cobrarlas. Esto supone un coste laboral no abonado por las empresas de 141 euros semanales por trabajador, un “ahorro” de 7.355 euros anuales por trabajador entre salarios y cotizaciones. Eso supone, según el estudio de CCOO, que las horas extras hechas y no pagadas supusieron una pérdida de 3.243 millones para los trabajadores (2.468 millones, por las horas no cobradas) y para la Seguridad Social (775 millones en cotizaciones no cobradas). Pero lo más grave es que estas horas extras hechas impidieron que las empresas contrataran más trabajadores: se estima que si no se hicieran esas 2,5 millones de horas extras semanales, las empresas necesitarían contratar a 160.000 trabajadores a jornada completa (62.000 de ellos serían los empleos que podrían crearse si no se hicieran horas extras gratis).

En el primer trimestre de 2026, de las 2,5 millones de horas extras semanales gratis, más de la mitad las hicieron hombres (1.451.100), siendo menos las hechas por mujeres (1.057.000). Por sectores, el mayor número de horas extras se da en la sanidad (858.600 horas extras semanales), la industria manufacturera (825.500), la educación (634.500), el comercio (590.300), la hostelería (527.500), el transporte y almacenamiento (403.300), las actividades profesionales, científicas y técnicas (359.900), la Administración Pública (323.600), la construcción (295.900), las actividades administrativas y auxiliares (270.600), finanzas y seguros (265.300) y telecomunicaciones, informática y consultoría (107.600 horas extras semanales).Pero si miramos los sectores que hacen más horas extras gratis, el ranking cambia: lo lidera la educación (504.800 horas extras semanales gratis, 4 veces las horas pagadas), seguida por las actividades profesionales (296.100 horas extras gratis, 5 veces las horas pagadas), la industria (283.500), el comercio (240.100), finanzas y seguros (189.000) , hostelería (171.000), transportes (154.800) y Administración Pública (151.400).

Si analizamos los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que hicieron horas extras gratis en 2025, destacan el suministro de electricidad y gas (el 5,6% de sus trabajadores hicieron horas extras no pagadas, frente al 2,3% en el conjunto de España), finanzas y seguros (también el 5,6% de sus plantillas), educación y actividades profesionales, científicas y técnicas (el 4,6% de los trabajadores en ambos) e información y comunicaciones (el 4% de las plantillas). Si observamos por autonomías, destacan las horas extras gratis en Madrid (el 3,4% de trabajadores hacen 582.000 horas extras no pagadas a la semana), Asturias (3%), País Vasco (2,8%), Cataluña (2,7% trabajadores hacen 495.000 horas extras gratis a la semana) y la Comunidad Valenciana (2,6% de las plantillas hacen 290.000 horas extras gratis).

Esta abultada cifra de horas extras, pagadas y gratis, se mantiene elevada en los últimos años (aunque bajó en 2025 y 2026), a pesar de que el Gobierno aprobó la obligación a las empresas, desde el 12 de mayo de 2019, de llevar un registro horario de la entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo. Esa normativa, pactada sólo con los sindicatos (la patronal se opuso) fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Obligaba a las empresas a llevar un registro diario de cada jornada (que debe guardarse 4 años), a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, con sanciones a las empresas incumplidoras de 626 hasta 6.250 euros.

Pasados 7 años, el exceso de horas extras (pagadas y no pagadas) indica claramente que este control horario no ha funcionado, como denuncian los sindicatos. De hecho, el 35% de las pymes siguen haciendo el fichaje de cada jornada “a mano” (sin control digital). Y 1 de cada 5 trabajadores afirma que en su empresa no se ha implantado ningún control horario, según el informe IRSOS. Por todo esto, el Gobierno quiso “endurecer el control horario”, incluyéndolo primero en su proyecto de Ley de reducción de la jornada a 37,5 horas, aprobado en mayo de 2025, tras pactarlo con los sindicatos y el rechazo de la patronal. Pero este proyecto chocó con una enmienda a la totalidad de Junts, en junio de 2025, que triunfó en el Parlamento en septiembre, apoyada por PP y Vox.

Cerrado el paso al control horario al decaer la Ley que promovía las 37,5 horas, Trabajo puso en marcha un “Plan B”: aprobar un Reglamento en febrero de 2026 (que no necesita ser convalidado por el Congreso) para endurecer el control horario en las empresas, obligando a que sea digital y con acceso inmediato a los sindicatos y la inspección de trabajo, además de exigir que se detalle cómo se compensan las horas extras. Eso sí, al no tratarse de una Ley, Trabajo retiró de este Reglamento el aumento previsto de las sanciones a las empresas.

El problema con el que se ha encontrado Trabajo con este Reglamento es que ha recibido críticas de los organismos a los que se ha enviado, preceptivamente, antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. Por un lado, el Consejo de Estado ha emitido el 23 de marzo un informe desfavorable, en el que señala que la reforma debería hacerse por Ley y donde critica la carga que supone para las pymes y la falta de instrumentos para ayudarlas a implantarlo. También son críticos los informes recibidos de los Ministerios de Economía y Transformación Digital, así como de la Agencia de Protección de Datos. Y aunque los sindicatos apoyan el refuerzo digital de la jornada (para frenar el exceso de horas extras), la patronal CEOE está en contra y amenaza con recurrirlo a los Tribunales, apoyada por el informe del Consejo de Estado (que no es vinculante para el Gobierno).

Ante este nuevo revés, Trabajo señaló que seguirá adelante con el Reglamento de control horario y que lo enviará “pronto” al Consejo de Ministros para su aprobación. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, señaló Yolanda Díaz en el Congreso el pasado 25 de marzo, recordando que forma parte de los acuerdos del Gobierno de coalición firmado por el PSOE y Sumar en 2023. Pero hay otro problema ahora: la ministra de Trabajo tiene por encima ahora al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que ha sido contrario tanto al recorte de jornada a 37,5 horas como al control horario que defiende Trabajo. Y él tiene la llave de la Comisión Delegada que decide los temas que van al Consejo de Ministros. Cuerpo está de acuerdo en mejorar el control horario, pero cree que hay que dar más tiempo a las empresas para implantarlo (propone 1 año, frente a los 20 días de Trabajo, que ahora parece dispuesta a ampliar a 6 meses) y además defiende medidas para ayudar a las pymes a incorporar herramientas técnicas para adaptarse al control digital.

Mientras esta “pelea” por el registro horario se aclara en el seno del Gobierno, las empresas afrontan el aumento de la demanda y las ventas con muchas horas extras, que los trabajadores hacen voluntariamente (las pagadas) o forzados (las no pagadas). Pero estamos ante un gran “fraude”, a los trabajadores y a la Seguridad Social, que además reduce la creación de empleo. Por eso, es urgente aprobar un control horario eficaz, que deje claro lo que son horas extras necesarias y lo que son horas extras estructurales, que se hacen para no contratar más. Es un reto de todo el país, porque aunque tenemos un récord de ocupados (hemos superado en abril los 22 millones de afiliados), todavía trabajan en España menos gente que en la mayoría de Europa: tenemos un 72,4% de adultos trabajando, frente al 76,1% en la UE-27 y el 81,8% en Alemania, según Eurostat. A lo claro: tenemos 700.000 personas menos trabajando que la media en Europa y 1.600.000 menos que Alemania. Con este hándicap, es una tremenda injusticia que se hagan tantas horas extras.

El gran negocio de los conciertos

En mayo empiezan los conciertos musicales por media España, que se generalizan en verano, con más de 1.000 Festivales en pueblos y ciudades. Tras la pandemia, ha crecido la “fiebre” por ir a conciertos, siendo España uno de los paises europeos donde más recalan los grandes cantantes internacionales, aunque arrastran más seguidores los cantantes españoles. En 2025, 1 de cada 3 españoles acudió a un concierto, celebrándose 125.000, con más de 35 millones de espectadores. Un negocio que factura 807 millones anuales, gracias a que los jóvenes están dispuestos a pagar 100 euros y más por ir a un concierto, más gastos de viajes, estancia, comida y bebida. Los conciertos, controlados por multinacionales extranjeras y algunas españolas, mueven 5.812 millones anuales y son claves para muchos pueblos y autonomías, que los financian con ayudas públicas. Todo apunta a que la “fiebre” por los conciertos (y el negocio) seguirá creciendo, en medio de problemas de masificación, ruido, altos precios y falta de lugares adecuados.  Otra “burbuja” que podría explotar.

                      Sonorama Ribera (Aranda de Duero), uno de los 1.000 Festivales de verano en España

España es uno de los paises europeos con más conciertos y festivales de música en vivo. Tras la pandemia, cundió el furor por salir de casa y acudir a eventos múltiples, mayoritariamente al aire libre. Así, un 35% de los españoles adultos (10,5 millones de personas) acudieron a un concierto en 2024-2025, según la última Encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura. Y esto se refleja en los datos de conciertos y espectadores que asistieron a un concierto de música en vivo en 2024: 120.510 conciertos y 33.954.503 espectadores, según el último Anuario de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que refleja el gran salto dado desde la pandemia, ya que en 2019 se celebraron 91.106 conciertos (han crecido un +32%), con 28,2 millones de espectadores (han crecido un +20,2%).

Los conciertos recaudaron por entradas (“la gasolina” de este negocio) 807 millones de euros en 2025, según el sector (APM), una recaudación que casi se ha triplicado desde 2019 (383 millones) y que casi duplica la de 2022 (459 millones). Eso significa que el negocio de la música en vivo, sólo con los ingresos de las entradas (tienen otros muchos, desde las bebidas y comidas al merchandising y las ayudas institucionales) mueve más que otras formas de cultura como la música grabada (ingresó 674 millones en 2025) o el cine (705 millones ingresados por taquilla), acercándose a los libros (1.250 millones vendidos en 2025). Eso sí, el negocio de los conciertos está muy concentrado en Madrid (237 millones recaudados por entradas, casi el 30% del total) y Barcelona (136 millones, casi otro 17%), seguidas de lejos por Sevilla (27,47 millones), Valencia (26,88), Málaga (25,89) y Vizcaya (25,80), según los datos de la APM. Y por comunidades, destaca el salto en conciertos dado por la Comunidad Valenciana (recaudan 46,45 millones) y el País Vasco (44,5 millones).

Los conciertos de música en vivo no solo son un gran negocio para las empresas promotoras  (103 en 2025, frente a 53 en 2015), sino que tienen un gran impacto económico en las ciudades y pueblos donde se celebran, promoviendo el turismo en la zona: viajes, ocupación en hoteles, apartamentos y campings, consumo en bares y restaurantes y más gasto en general en las localidades afectadas. Este impacto económico de los conciertos se estima en 5.812 millones de euros en 2025, según un estudio de SFTL e INCENTIVA. Además, se calcula que la música en vivo genera alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos.

La base de todo este negocio de los conciertos musicales está en las entradas, cuyo precio se ha disparado en los últimos años, por tres factores: la creciente demanda de los jóvenes (dispuestos a pagar cada vez más por ver a su cantante favorito), el aumento del “caché” que cobran las grandes figuras y el aumento creciente de costes que supone montar un concierto, sobre todo un “macroconcierto” (“concierto XXL”), que implica el trabajo de hasta 900 personas durante varios días, más un derroche de tecnología y logística.

Los conciertos de música en vivo son seguidos sobre todo por jóvenes (la mayoría tienen entre 25 y 34 años), aunque se promueven conciertos “para toda la familia” (como los de Sabina, Melendi o Manuel Carrasco), para atraer a varias generaciones de espectadores. Pero el motor de los conciertos siguen siendo los jóvenes de la generación Z, que han accedido a la música con las redes sociales y Spotify y que ahora no quieren perderse un concierto de sus artistas preferidos, aunque las entradas cuesten más de 100 euros. Porque los conciertos no son un evento más, sino que las promotoras los venden como “una experiencia”: no se trata sólo de ir al concierto, sino compartir con amigos y en redes el antes, el durante y el después, valorando no sólo la música (que ya conocen de sobra) sino el espectáculo, el montaje y lo que hay alrededor (otros fans, camisetas, sudaderas, llaveros, carteles…).

Todo esto ha creado una cierta ansiedad en una generación de jóvenes por “no quedarse fuera” del próximo concierto de Rosalía o de Bud Bunny, con una carrera contra reloj por las entradas. Y eso dispara los precios, concierto a concierto. De hecho, el precio de la entrada media fue de 84 euros en 2024, según los propios promotores (APM), aunque la realidad es que las entradas a los macroconciertos están ya por encima de 100 euros. Así, en los últimos conciertos de Rosalía, el precio medio de la entrada (con gastos incluidos) osciló entre 100 y 130 euros, parecidos al de Sabina (57-135 euros) y Ed Sheridan (60-130 euros). Y si se espera, desaparecen las entradas más baratas y hay que acudir a la reventa.

Los promotores denuncian que la reventa ilegal de entradas de conciertos tiene cada vez más peso, porque las empresas implicadas (plataformas como Viagogo, StubHub, Gigsberg o Ticombo) se anuncian en redes y son destacadas por Google al buscar entradas porque pagan por ello (de hecho, sin este papel de Google, los promotores creen que no habría reventas ilegales). Y estas webs no se pueden cerrar, porque tienen el servidor en Suiza y otros paises y cambian de plataforma cada cierto tiempo. El problema de la reventa ilegal es doble: disparan el precio de las entradas que venden (las inmovilizan antes de que salgan a la venta) y en ocasiones son fraudulentas, porque cuando el comprador llega al concierto, se encuentra con que la entrada es falsa y no puede entrar. Los promotores estiman que estas plataformas de reventa facturan ilegalmente 2.500 millones de euros al año en Europa.

Pero los espectadores de los conciertos no sólo se gastan en la entrada. Muchos viajan para asistir al concierto, lo que les supone otro gasto en billetes de avión o tren, coche y estancia. Y ya dentro del concierto, más gasto en bebidas y comida (carísimas), aunque sea obligatorio (desde enero de 2023) que los conciertos ofrezcan agua gratis (fuentes) y permitan la entrada de bocadillos y comida (tras una sentencia, en diciembre de 2025, del Juzgado nº 4 de Valencia, por una demanda de Facua, que prohibió a la promotora Madrid Salvaje impedir el acceso de comida y bebida a sus conciertos. Otra fuente de gasto (y de ingreso para las promotoras) son el merchandising, la venta de camisetas, sudaderas, llaveros, gorras y carteles relacionados con el concierto.

Y queda hablar de otra importante fuente de ingresos para las promotoras de los conciertos: las ayudas públicas de los Ayuntamientos, las Diputaciones y las autonomías donde se celebran los conciertos, dado que promueven el turismo y el gasto local. Un ejemplo es el FIB de Benicàssim (Castellón), un macrofestival que se celebra en julio. En 2023 se supo que el Ayuntamiento de esa localidad había gestionado 2 millones de ayudas europeas (Fondo Next Generation) para mejoras en el reciento municipal de Festivales, además de los 200.000 euros anuales que ha aportado el Ayuntamiento y otras ayudas de la Diputación de Castellón (también para otro Festival en el pueblo, el Rototom). El Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, cuenta con una ayuda de la Junta de Castilla y León de 216.250 euros. Y en Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad financian varios festivales, como Mad Cool (julio). Eso sin hablar de los miles de actuaciones en vivo en las fiestas de verano en toda España, que suelen pagar los Ayuntamientos (contratando orquestas que cobran hasta 25.000 euros), que por desgracia gastan más en orquestas y toros que en promover viviendas…

Estas ayudas públicas, sobre todo de Ayuntamientos, han multiplicado los Festivales musicales con conciertos en directo en verano, pasando de 872 en 2023 a más de 1.000 en 2025 (ver listado). España es el tercer país europeo con más Festivales de verano, tras Alemania y Reino Unido. La región líder en estos Festivales es la Comunidad Valenciana, destacando 5 grandes festivales de conciertos: Arenal Sound (en Burriana, Castellón: 300.000 asistentes), Primavera Sound (en San Adrià de Besos, Barcelona: 297.000 asistentes), Viña Rock (en Villarrobledo, Albacete: 240.000 asistentes), Sonorama Ribera (en Aranda de Duero, Burgos: 200.000 asistentes) y Sónar Barcelona (Barcelona capital: 161.000 asistentes).

Con toda esta financiación, desde las entradas hasta las barras de bebida, los recuerdos y las ayudas públicas, el negocio de la música en vivo crece sin parar, empujado por grandes promotoras internacionales y nacionales, que organizan los grandes conciertos en España. En 2025, 7 de los 10 conciertos con más público fueron de cantantes españoles: Joaquín Sabina (383.633 asistentes en 41 conciertos en 18 ciudades), Manuel Carrasco (367.256 asistentes en 31 conciertos), Antonio Orozco (170.378 asistentes en 32 conciertos), Aitana (153.198 asistentes en 3 conciertos), Dellafuente (117.630 asistentes en 2 conciertos), Arde Bogotá (115.249 asistentes en 7 conciertos) y Lola Índigo (109.256 asistentes en 3 conciertos). Y están también en el Top 10 de público, 3 conciertos en España de cantantes extranjeros: Ed Sheeran (137.884 asistentes en 2 conciertos), Imagine Dragons (112.419 asistentes en 2 conciertos) y AC/DC (103.946 asistentes en 2 conciertos).

La mayoría de estos grandes conciertos los promueven gigantes multinacionales y las grandes promotoras que han aparecido en España, muchas veces cooperando juntos. El gigante de la promoción mundial de conciertos es la empresa californiana Live Nation (con filial en España), el mayor promotor de conciertos del mundo y propietario de Ticketmaster, que factura unos 7.500 millones de dólares anuales. Le siguen, de lejos, la norteamericana AEG Global, que factura 2.400 millones de dólares, y la alemana Eventim, líder europeo en conciertos, con 1.500 millones de dólares de facturación. En España, el ranking lo encabeza Riff Producciones (conciertos de Sabina y Carrasco), con 31,8 millones de dólares de facturación (puesto 51 en el ranking mundial de Pollstar) , seguida por Iglesias Entertainment, con 43,5 millones de dólares (puesto 63), Doctor Music (Bruce Spreenting) , con 42 millones de dólares facturados (puesto 68), GTS Live (Aitana y Lola Índigo), con 20,64 millones (puesto 75) y Proactiv Entertainment (puesto 78).

Cara al futuro, el sector confía en que el negocio de los conciertos en directo vaya a más en España, empujado por la gran demanda de los jóvenes y el interés de las grandes promotoras por organizar conciertos en España (buen clima, turismo y seguridad). Además, cada día hay más ciudades y pueblos que organizan Festivales y conciertos como una forma de atracción turística. Y, sobre todo, porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que siguen apostando por la “fun economy” (“economía de la diversión”): el 78% de los consumidores no están dispuestos a reducir su gasto en ocio musical, según el informe “The Live Effect” de AEG Global. A lo claro: que los jóvenes son mileuristas y no llegan a fin de mes, pero no están dispuestos a perderse un concierto de su cantante favorito, le cueste lo que le cueste.

Ante este crecimiento imparable de la música en vivo, se plantean varios problemas a resolver. Una mayor regulación de las entradas, para evitar abusos y reducir la reventa ilegal, cerrando las plataformas que provocan abusos y timos. Y también un mayor control en los espacios del concierto, desde organizar la llegada (autobuses y aparcamientos) a evitar las enormes colas de acceso, vigilar los abusos en las barras de la bebida y comida, así como asegurar los servicios complementarios (WC) y la seguridad (sobre todo de las mujeres). Un problema sin resolver es encontrar espacios idóneos, lejos de las viviendas, para evitar ruidos y problemas al resto de vecinos, como ha pasado en el Bernabéu y en el Mad Cool 2025.

En paralelo, hay que promover conciertos “normales”, en salas medianas y pequeñas, apoyando la música en vivo al margen de los macroconciertos y los Festivales de verano, para dar entrada a pequeños grupos y artistas, con precios accesibles en las entradas. Precisamente, el Ministerio de Cultura aprobó en enero nuevas ayudas (por 1 millón de euros) para las salas que promuevan la música en directo. Y se necesita también fomentar la llegada de jóvenes a la promoción musical, que no debería quedar cerrada sólo a los grandes promotores internacionales y nacionales. Para mejorarlo, sería importante facilitar la seguridad jurídica a los que se dediquen a este negocio, que dependen de licencias y autorizaciones con reglas muy cambiantes y personalizadas en cargos públicos. Y sobre todo, habría que fiscalizar muy bien las ayudas públicas a los conciertos en directo, sobre todo a los Festivales veraniegos, para no agravar el turismo ya masificado en muchas zonas (hay vecinos y turistas habituales de Benicàssim que se van cuando llega el FIB o el  Rototom…).

En resumen, que los conciertos y Festivales de música se han convertido en una prioridad para muchos jóvenes y no tan jóvenes, que se gastan cada vez más en acudir y “vivir esa experiencia” , empujados por los amigos y las redes sociales. Pero debería haber un mayor control de este negocio, para evitar abusos, desde el precio de las entradas a las bebidas, y asegurar los accesos y la seguridad en estos eventos. Y, sobre todo, habría que frenar la fiebre de pueblos y ciudades por tener su Festival de música, a costa de ayudas públicas que aceleran la “turismofobia” y podrían destinarse a  otras necesidades. Cuidado con crear “una burbuja de conciertos” que un día nos estalle. A cambio, falta promover la música de pequeños grupos y locales, que sobreviven malamente.