España no pierde el tren de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) avanza imparable, con 1,5 billones de inversión, sobre todo en USA y China, alimentando una “burbuja” bursátil que se teme estalle en 2026. Europa está muy rezagada en tecnología e inversiones, pero 1 de cada 3 europeos utilizan ya las herramientas de IA, que aplican en sus negocios 1 de cada 5 empresas europeas. España no ha perdido este tren tecnológico e incluso usan la IA más empresas que en Francia, Italia o Irlanda, más las grandes empresas y poco las pymes. Y somos uno de los tres paises europeos, con Alemania y Polonia, con 2 centros de supercomputación para desarrollar la IA, al amparo de una Estrategia Nacional que gasta fondos europeos. El temor es la pérdida de empleos que acarrea la IA, como se ha visto en Microsoft, Amazon y Telefónica. Por eso, los sindicatos piden negociar su aplicación en las empresas y que la IA pague impuestos para compensar cotizaciones e ingresos perdidos. Y más formación, para no quedarse fuera.

La Inteligencia Artificial (IA) sacude los mercados y es un imán para los inversores, llevando al máximo a las Bolsas. Este año 2025, el gasto mundial en IA supondrá ya 1,5 billones de dólares, según la consultora Gartner, frente a los 987.904 millones invertidos en 2024. Y apuestan por que se superarán los 2 billones de dólares de inversión en 2026, sobre todo en EEUU y en China, impulsada por la integración de esta tecnología en dispositivos como teléfonos inteligentes, ordenadores y tablets, así como en la necesaria infraestructura de Centros de Datos (CPDs). Sólo las grandes tecnológicas USA tienen previsto invertir en partidas relacionadas con la IA cerca de 3 billones de dólares hasta 2030, nada menos que el 10% del PIB estadounidense. Una cifra que marea y que está creando una “burbuja inversora” que podría estallar si los beneficios no llegan pronto.

Europa está retrasada en esta carrera por la IA, tanto en tecnología como en inversiones, pero los europeos y las empresas se están subiendo al tren de la IA, aunque lo conduzcan los gigantes estadounidenses y chinos. Así, en 2025, 1 de cada 3 europeos de 16 a 74 años (el 32,7%) utilizó herramientas de IA generativa, según los datos recientes de Eurostat. La mayoría los utilizó para fines personales (el 25,1%), aunque también para trabajar (15,1%) y para formarse (el 9,4% para su educación). El mayor uso de la IA se dio en los paises nórdicos y centro Europa (56,3% en Noruega, 48,4% en Dinamarca, 47% en Suiza, 46,6% en Estonia, 46,3% en Finlandia,44,9% en Irlanda, 44,7% en Paises Bajos, 42% en Suecia y Bélgica). España se sitúa en el puesto 16º, con un 37,9% de adultos que la han utilizado, por delante de Francia (37,5%), Alemania (32,3%) e Italia (19,9%).

En cuanto a las empresas, 1 de cada 5 empresas europeas (20%) con más de 10 empleados utilizaron tecnologías de IA para sus negocios en 2025, según Eurostat, lo que supone un gran salto: en 2021 utilizaban esta tecnología el 7,7$, el 8,1% en 2023 y el 13,5% en 2024. Otra vez, los paises con más empresas utilizando la IA son los nórdicos y centro Europa: Dinamarca (42% de las empresas), Finlandia (37,8%), Suecia (35%), Bélgica (34,5%), Luxemburgo (33,61%), Paises Bajos (33,21%), Austria (29,95%), Noruega (28,89%) y Alemania (25,97%). España (con el 20,7% de empresas utilizando la IA) ocupa el puesto 13º en este ranking empresarial, por delante de Irlanda (19,64%), Francia (18,16%) e Italia (16,40%).

El uso empresarial más común de la IA es para analizar el lenguaje escrito (11,8% empresas), seguido de su utilización para generar imágenes y vídeos (9,5%), para generar lenguaje escrito o hablado (8,8%) y para convertir el lenguaje hablado en formato legible para una máquina (7,2%), según Eurostat. Los sectores que más lo están utilizando son las empresas de información y comunicación y los servicios profesionales y científicos, sobre todo en las empresas europeas grandes (el 55,3% utilizan la IA) y menos en las medianas (el 30,6%) y en las pequeñas (usan la IA sólo el 17%). Y su utilización es básicamente para tareas de marketing y ventas (34,7%) y para organización de procesos o gestión (31,05%), destinándose sólo un 6,08% para tareas logísticas.

En España, la utilización de Inteligencia Artificial (IA) ha dado un enorme salto en 2025, sobre todo en las grandes empresas, como Amadeus, Indra, Telefónica o Grifols, que están desplegando la IA en procesos críticos. De momento, la IA afecta ya a 2 de cada 10 empleos en España (entre el 18 y el 22%), según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Su mayor o menor utilización depende de sectores y territorios: se utiliza más en servicios avanzados, comercio, educación, sanidad e información y comunicación, especialmente en Madrid y Barcelona (21,5%), siendo baja la exposición en Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón, por el mayor peso de la agricultura, la construcción y la industria tradicional. Y están más “expuestos” a la IA los empleos femeninos, porque se concentran en sectores con más uso de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio y actividades sociales).

El estudio revela que la IA puede aumentar la productividad de las empresas, mejorar los servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, aunque también reconoce que puede intensificar las desigualdades entre trabajadores y empresas. Y, sobre todo, el gran temor que acarrea la IA es que suponga pérdida de empleos, como se ha visto recientemente en Microsoft, Amazon y Telefónica (el ERE se ha justificado por la IA). De hecho, un estudio del FMI (2024) revelaba que el 40% de los empleos del mundo (1.320 millones) se verán afectados por la IA, perdiéndose algunos y modificándose otros. Y otro estudio de 2025, del World Economic Forum, vaticina que se perderán 92 millones de empleos en esta década por la IA, aunque también se crearán 170 millones de empleos, lo que dará un aumento del empleo neto de 78 millones para 2030.

La pérdida o ganancia de empleo va a depender del tipo de empresas y empleos que tenga cada país y de las políticas de formación y reciclaje que se apliquen. En España, un estudio de Randstad (febrero 2024) estimó el coste laboral de la IA en una década (2023-2033): se perderán 2 millones de empleos (casi el 10%) y se crearán 1,61 millones de empleos nuevos, con un saldo neto de 390.000 empleos perdidos.  Profundizando más, el informe de Randstad refleja que el 9,8% de los empleos actuales (2 millones) corren el riesgo de ser automatizados, mientras otro 15,9% de empleos (3,25 millones) se mantendrán (aumentando su productividad,) y la mayoría (el 74,3% restante, 15,19 millones de empleos) no tendrán cambios significativos por la aplicación de la IA.

El informe concreta los sectores que se verán más afectados negativamente por la IA: el comercio (perderá 158.415 empleos netos), las actividades administrativas (-147.915 empleos netos), hostelería (-112.770) y transporte y almacenamiento (-47.490), teniendo un menor impacto negativo la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción.  Y los sectores más beneficiados por la IA en España, que ganarán empleo neto, serán la programación y consultoría (+76.364 empleos netos), actividades científicas y técnicas (+48.816), telecomunicaciones (+8.995), medios y publicaciones (+3.576) . Mientras, la IA aumentará la productividad del 15,9% de empleos, sobre todo en programación y consultoría (mejorará el rendimiento del 40% de los empleos), los seguros (37% empleos) y finanzas (36%), medios y publicaciones (33%), actividades científicas y técnicas (27%) y telecos (subirá productividad 25% empleos).

El problema es que la IA va muy rápido y los trabajadores tienen menos tiempo para adaptarse que en las revoluciones tecnológicas anteriores, según otro estudio de la consultora Oliver Wyman. Lo que parece claro, añaden, es que la Inteligencia Artificial (IA) “cambiará el papel de los trabajadores”: serán “un complemento” de los ordenadores y robots en la gestión de equipos, transmisión de mensajes y gestión de las emociones, desempeñando un papel más “humano y asistencial”. Parece claro que las máquinas necesitarán al hombre para ser “inteligentes” y que el trabajador seguirá siendo clave en las empresas, pero en muchos casos su papel cambiará radicalmente y en otros serán suplantados por la IA.

De momento, los ajustes laborales en España por la IA van despacio: el 89,66% de las empresas confirman que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación de nuevos trabajadores ni en el despido de los actuales, según un reciente informe de Adecco e Infoempleo. Pero revela dos cuestiones preocupantes. Una, que el 67,19% de las empresas encuestadas reconocen “no estar preparadas para la IA” (aunque el 53,1% “están en ello”). Y la otra, que 9 de cada 10 trabajadores dicen “no han recibido formación sobre el uso de la IA” (aunque al 69,32% “les gustaría”). Y sólo 1 de cada 4 parados reconoce que ha utilizado la IA para buscar trabajo. En general, las empresas españolas que utilizan la IA lo hacen para automatizar tareas administrativas (47,8%), para automatizar la atención al cliente (34,7%), para analizar datos (34,7%), automatizar procesos productivos (28,2%), hacer control de calidad (10,8%) y para selección de personal (el 2,17%).

Aunque las empresas y los europeos usan cada vez más la IA, queda mucho por hacer para no perder el tren de EEUU y China. De hecho, la Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). Un salto enorme que exigirá inversiones en tecnología, aplicaciones y formación, cuestiones incluidas en las ayudas del Fondo de Recuperación “Next Generation”.

En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles. España ha sido el primer país en crear una oficina para garantizar el uso ético de la IA (en septiembre de 2023, en A Coruña), además de dedicar 10 millones de euros a la creación de un modelo de IA en español, catalán, vasco, gallego, así como la creación de un “chatbot” interno para la Agencia Tributaria (para automatizar la atención al cliente) y un sistema de consulta en el Sistema Nacional de Salud para el diagnóstico precoz de insuficiencias cardiacas. Y somos uno de los 3 paises europeos (con Alemania y Polonia) en contar con dos grandes Centros de Supercomputación: el MareNostrum de Barcelona (uno de los 15 centros europeos elegidos por la Comisión Europea para el desarrollo de la IA) y la Factoría de IA que acogerá Santiago para la innovación en salud.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida, debido a su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, además de contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones básicas: la penetración de la IA en las pymes y realizar un gran esfuerzo en formación de gestores y trabajadores.

Pero el reto merece la pena porque España es un país de servicios, un sector donde la aplicación de la IA supondrá una mejora de productividad, que debería traducirse en un mayor crecimiento y mejores salarios. Pero la IA tiene dos consecuencias negativas que hay que anticipar y minimizar: su coste medioambiental (los CPDs, que se van a multiplicar, consumen mucha electricidad y agua) y su coste laboral: es evidente que muchos de los empleos actuales van a desaparecer por culpa de la IA, aunque se creen otros. Y eso obliga a contemplar políticas de reciclaje y ayudas públicas a los futuros parados.

Por eso, los sindicatos piden participar en el proceso de integración de la Inteligencia Artificial en las empresas, para que se tenga en cuenta su coste laboral y social, por lo que exigen que su introducción se negocie en las empresas. La propia Confederación Internacional de Sindicatos (CSI) acaba de denunciar que la IA se está aplicando sin consultar a los trabajadores y socavando derechos laborales (horarios, salarios y despidos), exagerando en muchos casos las ganancias de productividad y creando tremendas desigualdades entre trabajadores y paises. En España, los sindicatos reclaman participar en la introducción de la IA en las empresas a través de la negociación colectiva, en los convenios.

Otros expertos alertan de que la IA va a exigir un alto volumen de ayudas a los que se queden fuera (incluso se habla de un ingreso mínimo vital para compensarles) y un enorme gasto en formación y reciclaje, que los Estados van a tener que abordar. Y además, si se reduce el empleo por máquinas, se reducirán también los ingresos por cotizaciones e impuestos, mientras aumenta el gasto público en ayudas y formación. Por eso proponen cobrar impuestos a la IA, a través de un aumento de los impuestos al capital, reducidos en las últimas décadas: el impuesto de sociedades ha pasado en la OCDE del 33% (año 2000) al 25% actual, mientras la fiscalidad sobre el trabajo (cotizaciones más IRPF) apenas bajó (del 36,2% al 34,9%). A lo claro: se ha incentivado a las empresas para que inviertan más en automatización que en empleo. Y con la IA, se agudiza esta tendencia.

En resumen, la Inteligencia Artificial es la nueva panacea de la economía y muchos apuestan por su futuro, invirtiendo cifras billonarias que hacen temer otra crisis bursátil. Pero la IA ha venido para quedarse y puede suponer un salto económico para el mundo, como lo fue la electricidad , los ordenadores o Internet. Pero una innovación así, además de mejorar la productividad, tiene también costes, en particular el empleo de mucha gente que puede quedar fuera. España no puede perder este tren de la IA, como tampoco Europa, pero aplicándola de una forma proporcionada, sostenible y justa.

Navidad 2025: más ocupados, más consumo

Estamos otra vez en Navidad, la fiesta por excelencia del consumo. Y este año, vuelve a crecer el gasto de las familias, en regalos, comida y viajes, un gasto que empezó con el Black Friday y seguirá hasta las rebajas de enero. En total, gastaremos un 6,2% más, porque hay más población, 600.000 personas más trabajando que las Navidades pasadas y los sueldos han subido algo más que los precios, aunque siguen disparados los alimentos, la vivienda, los hoteles y la hostelería. Pero recordemos que hay varias Navidades, según el nivel de vida de las familias: casi 10 millones de españoles (1 de cada 5) están en situación de “pobreza monetaria” (ganan  menos del 60% de la media) y les cuesta mucho llegar a fin de mes como para derrochar en Navidad. Por eso, Cáritas y otras ONGs piden que miremos alrededor estos días y ayudemos a los que lo necesitan. Celebremos estas fiestas con familia y amigos, pero sin olvidarles y apoyándoles. 

¡ Feliz Navidad ¡

            Gran Vía de Madrid: pobres junto a luces y compras de Navidad

El gasto de las familias españolas crece especialmente estos días, pero en realidad lleva creciendo desde el inicio del verano. Así, en el tercer trimestre, el consumo familiar creció un +1.2%, el mayor aumento en el último año (había crecido un +05% y un 0,7% en los dos trimestres anteriores), según el INE, lo que impulsó la economía, junto al turismo y la inversión, tras “pinchar” las exportaciones (por los aranceles y el estancamiento europeo). Y ahora, en este 4º trimestre, todo apunta a que el consumo habrá crecido algo más, empujado por el Black Friday (aprovechado para comprar anticipadamente los regalos de Navidad y Reyes) y por el mayor gasto previo a estas fiestas navideñas.

CaixaBank Research ha detectado que el 25% de todo el gasto anual con tarjeta (presencial y online) se concentra entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre. Y este año ha vuelto a repetirse, con un aumento del gasto del 24% sobre el resto del año y un +6,2% sobre el que hicimos en estas fechas de 2024. El mayor aumento de este gasto “prenavideño” se ha dado en electrodomésticos y tecnología (+76%), moda (+77%) y muebles (+48%), sobre todo entre los mayores de 65 años (+30%) y en Madrid, Canarias, Cataluña y Andalucía, donde el gasto ha crecido en esas dos semanas más de un 25% sobre el resto del año.

¿Por qué ha vuelto a subir el consumo antes de Navidad? Hay varias razones. La primera, porque ha aumentado la población que vive en España, sobre todo por la llegada de inmigrantes: éramos 49.442.844 habitantes a 1 de octubre, +345.967 habitantes más que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de población esperado para el 4º trimestre (128.500 el año pasado), podríamos acabar este año con 475.000 habitantes más que en 2024. Pero además de ser más a gastar, hay más personas con empleo, la 2ª razón que explica el aumento de gasto: a finales de septiembre había 22.387.100 personas ocupadas, +529.200 que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de empleo esperado para este 4º trimestre, cerraremos el año con 600.000 personas más trabajando que en 2024.

Además, estos trabajadores récord tienen contratos más estables (el 85% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido), que les permiten gastar con menos “miedo”, y su sueldo ha subido este año (+3,49% hasta noviembre, según los convenios) algo más que los precios (+3% ha subido la inflación anual hasta noviembre, según el INE), aunque la mayoría siguen preocupados por las mayores subidas de los alimentos sin elaborar (+6,6%), la vivienda (+5,7%) y los hoteles y restaurantes (+4,55). Y también ayuda a gastar algo más el ahorro en el pago de las hipotecas de 4 millones de familias, al haber bajado el tipo de interés oficial (el BCE lo bajó del 3% en las Navidades pasadas al 2% ahora) y con ello, el Euribor (que ha bajado del 2,43% en diciembre de 2024 al 2,21% en noviembre de 2025).

Todo esto explica que las familias españolas hayan gastado más este Black Friday y en el puente de diciembre y augura un mayor gasto en Navidad y Reyes, empujado por un crecimiento de la economía que duplica con creces el europeo (+2,9% esperado este año, frente al +1,3% la UE-27). De hecho, España será uno de los paises europeos donde más aumentará el gasto estas Navidades, un +4,8%, sólo superado por Hungría (+5,2%) y Polonia (+5%), por delante del gasto esperado en Paises Bajos y Reino Unido (+3,5%), la UE-27 (+3,1%), Alemania (+2,9%), Italia (+2,1%) y Francia (+1,7%), según la encuesta realizada por MasterCard en 9 paises europeos. Un gasto navideño europeo que se destinará a belleza y cosmética, ropa, “experiencias en vivo”, restaurantes y viajes.

Ya en España, la previsión de gasto navideño es de 795 euros por persona, según el sondeo de la OCU, con un 68% de españoles gastando igual que el año pasado, un 17% gastando más y otro 15% menos. Casi la mitad de este gasto navideño se destinará a comprar regalos (370 euros), otros 132 euros por persona a comidas y cenas, 117 euros a viajes o vacaciones, 73 euros a fiestas y cotillones, 73 euros a Lotería (la media de gasto este año ha sido de 76 euros, desde 121 en Castilla y León a 47 en Canarias) y los 31 euros restantes se gastarán en decoración. Otro estudio, de Cetelem, baja el gasto navideño a 580 euros por persona y refleja las 5 mayores compras: perfumes (47%), moda (43%, juguetes (35%), calzado y complementos (35%) y libros (32%).

Otro gasto típico de esta Navidad serán los viajes: 1 de cada 4 españoles piensan viajar, la mayoría dentro de España, especialmente a Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias: las reservas para estas fechas han crecido un +4% sobre el año pasado, según Destinia, con 10 millones de viajes esperados, la mejor cifra de la última década. Los que viajen gastarán una media de 803 euros por persona, según Jetcost, y la mayor parte viajará un máximo de 3 días (el 43%) o entre 3 y 5 días (otro 27%), básicamente en coche (48%), avión (24%) y  tren) (10), en su mayoría en familia (48%).

Este mayor gasto de las familias, desde finales de noviembre a mediados de enero, se ha traducido ya en un aumento de la contratación: la campaña navideña (desde Black Friday a las rebajas de enero) ha supuesto la firma de 452.950 contratos de trabajo temporales (+4,7% sobre el año pasado), según Randstad, concentrados en la hostelería (174.190, +12,1% sobre el año pasado), transporte y logística (160.000, -6,8%) y comercio (119.000 contratos, +12,1%). Y repartidos sobre todo en Andalucía (78.100 contratos,+6%) y Cataluña (69.670, +2,5%), aunque donde más aumenta la contratación es en Extremadura (+7,5%, 7.710 contratos) y Navarra (+6,9%, 6.040 contratos). Pero los empleados de la gran distribución se quejan porque la Navidad será un récord de ventas pero faltan trabajadores (han crecido sólo un 2% desde 2018, frente a un aumento de ventas del +23%), lo que les obliga a largas jornadas con sueldos bajos (17.285 euros, ligeramente por encima del salario mínimo).

Con todo, este gasto navideño será muy desigual, según la situación económica de las familias españolas. Porque hay muchas que tienen ahora más gente trabajando y pueden gastar algo más, pero muchas otras no pueden y hay demasiadas en una situación vulnerable, pensando en cómo sobrevivir y llegar a fin de mes, aunque sea Navidad. Así que no hay una Navidad, sino tres tipos de Navidades, según los ingresos de las familias.

Recordemos que casi la mitad de las familias españolas tienen un problema, que se les agrava en Navidad: les cuesta llegar a fin de mes. Les pasa al 47,4% de las familias (un 1% más que las Navidades pasadas), según el INE: un 9,1% llega a fin de mes “con mucha dificultad”, otro 12,7% “con dificultad” y un 25,6% más “con cierta dificultad”. Estas familias tienen dos opciones en Navidad: restringir gastos (en comidas, regalos y viajes) o endeudarse, “tirar de tarjeta” o pedir un crédito. Y a pesar de la bajada de tipos, esto tiene un alto coste. Los créditos personales apenas han bajado (al 6,79%, del 6,97% que costaban la Navidad pasada), según el Banco de España. Y si optan por la tarjeta de crédito, el último tipo era del 18,34% en octubre, similar al 18,54% que costaban en diciembre de 2024. Y si piden una tarjeta “revolving” (un crédito que se devuelve con una cuota fija mensual), el tipo supera el 20% (y en ocasiones tipos abusivos del 25 al 30%).

El otro grupo de familias, las más vulnerables, lo tienen aún peor; su problema no es restringir gastos en Navidad o endeudarse sino simplemente “sobrevivir”. Y son muchos, En 2024, nada menos que 9.653.000 españoles estaban en situación de “pobreza monetaria”, según las estadísticas europeas, porque ingresaban menos del 60% de la media del país (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Eso significa que un 19,7% (1 de cada 5 personas) está en situación de pobreza en España, el 6º país con más pobreza de Europa, según Eurostat, sólo por detrás de Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Lituania (21,5%), Estonia (20,6%) y Croacia (20,3%) y por encima de Italia (18,9%), Alemania (15,5%) y Francia (15,5%).

Y dentro de este grupo de “españoles pobres”, casi la mitad (4,3 millones de personas) están  en una situación de “exclusión severa”, según un reciente estudio de Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos “españoles más pobres” son personas que trabajan en muchos casos o que estudian o buscan empleo, no son personas “tiradas en la calle” sino personas que pueden ser “vecinos nuestros”. Y que un 45% de ellos viven en alquiler, lo que en muchos casos los lleva a esa pobreza más extrema. Y no podemos olvidar que hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children, quien recuerda que somos el país europeo con más pobreza infantil (29,2%).

Para Cáritas y otras ONGs, el problema de la pobreza en España es que “se ha hecho estructural” y no sólo afecta a minorías marginadas sino a personas y familias que tienen un trabajo (2,5 millones de ocupados son “pobres”) y a españoles que antes tenían una situación saneada y ahora son especialmente vulnerables, sobre todo jóvenes, mujeres, inmigrantes y familias con hijos. Unos colectivos en los que las ONGs concentran sus ayudas estas Navidades, de comida, ropa y techo. Y unas personas a las que deberíamos tener presentes estas Navidades, ayudándoles en lo posible.

En resumen, que las luces y las fiestas nos llevan a gastar más en estos días, pero no deberíamos olvidar que a nuestro lado hay personas que tienen problemas (también estos días) para llegar a fin de mes y para simplemente sobrevivir, comer y pagar el alquiler. Así que celebremos estas fiestas con nuestra familia y amigos, pero sin gastar por gastar y teniendo presente que hay muchas personas que lo pasan mal y a los que podemos ayudar de muchas maneras. Es la mejor manera de celebrar esta Navidad y todas: que sea también una fiesta de la solidaridad con los que tenemos alrededor, con ayudas, atención y cariño.

¡Feliz Navidad¡

A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.

España: sigue la brecha Norte-Sur (y otras)

España crecerá este año un +2,9%, pero no todas las regiones crecerán tanto, destacando Murcia, Canarias, Baleares, Castilla la Mancha, Madrid y Cataluña, casi las mismas que más crecieron en 2024. Pero el grueso del crecimiento español (el 72% del total) lo aportan sólo 6 autonomías: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, las mismas que en el año 2.000. Y si tenemos en cuenta la población, lo que se produce por habitante, hay 7 autonomías productivas y ricas, 5 pobres (Andalucía, Extremadura y Canarias, Murcia y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) y otras 5 intermedias. Se mantienen las 3 Españas, como en el año 2.000 y como en el siglo pasado. Y dentro de cada autonomía, hay grandes desigualdades de renta entre provincias y municipios. Vamos, que el crecimiento sigue mal repartido, según donde uno viva. Habría que resolverlo, con un Pacto autonómico y local que incluya medidas económicas, fiscales y de financiación. Reducir la histórica “brecha” entre las 3 Españas.

                             Enrique Ortega

España espera crecer un +2,9% este año 2025 (menos del 3,5% de 2024), según las previsiones del FMI, la Comisión Europea y el propio Gobierno. Pero no todas las regiones crecerán igual: este año habrán crecido más la Comunidad Valenciana (+3,6%), Canarias (+3,5%), Murcia y Madrid (+3,3%), Baleares (+3,2%), Cataluña y Castilla la Mancha (+3,1%), según las previsiones de BBVA Research. Lo que tienen en común estas autonomías es el turismo y las exportaciones, así como el impulso de las inversiones públicas y los Fondos europeos, factores que también están detrás de los mayores crecimientos por autonomías en 2024: Canarias y Murcia (+3,7%), Castilla León y Castilla la Mancha (+3,4%), Galicia y la Rioja (+3,3%), Madrid y Andalucía (+3,1%).

Lo importante no es tanto lo que crece una u otra autonomía sino lo que aporta cada una al crecimiento español. Y aquí hay una gran desigualdad. El crecimiento se concentra en 6 autonomías, que aportan el 72,1% de todo el crecimiento (2024): Madrid (19,8% de todo el PIB español), Cataluña (18,9%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%), País Vasco (5,7%) y Galicia (5,1%), según el INE. Así que las 11 autonomías restantes (más Ceuta y Melilla) sólo aportan el 27,9% de todo el PIB español. Una concentración del crecimiento que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, las 6 autonomías más productivas aportaban el 71% del PIB. Madrid es la que más ha aumentado su aportación (del 17,5% al 19,8%), mientras Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana la han mantenido y ha caído algo la aportación del País Vasco y Galicia.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (316.241 millones de euros, el 19,8% del PIB total), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (301.894 millones de euros, el 18,9% del total), a la que sobrepasó económicamente en 2012. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), los menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.504.330 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.328.970 millones producidos), Francia (2.921.412 millones) e Italia (2.199.619 millones de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 14 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 32,633 euros por habitante (2024), frente a 39.870 euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 13 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta, Finlandia y Chipre. Producimos menos que ellos por habitante (y por eso somos “menos ricos”).

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2024 publicados por el INE en septiembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (32.633 euros en 2024) la integran Madrid (44.755 euros por habitante, un 37,1% superior a la media), País Vasco (41.016 euros, el 25,7% más), Navarra (39.076 euros, el 19.7% más), Cataluña (37.426 euros, el 14,6% más), Aragón (36.446 euros, el 11,6% más), Baleares (36.011 euros, el 10,3% más) y la Rioja (34.475 euros, el 5,6% más que la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (31.140 euros, el 95,4% de la media), Galicia (30.105 euros, el 92,2%), Cantabria (29.791 euros, el 91,3%), Asturias (29.658 euros, el 90,9%) y la Comunidad Valenciana (27.611 euros, el 84,6%). Y el resto componen la España pobre: Castilla la Mancha (26.588 euros, el 81,5% de la media), Murcia (26.592 euros, el 81,5%) y, sobre todo, Canarias (25.925 euros, el 79,4%%), Extremadura (25.227 euros, el 77,3%), Andalucía (24.566 euros, el 75,3% de la media), Ceuta (23.228 euros, el 71,2%) y Melilla (produce 21.128 euros por habitante, el 64,7% de la media), los dos “farolillos rojos”.

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 47,2%) y Andalucía el 56%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2024 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en la producción y riqueza de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Tras la mayor o menor producción por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más creció la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia y la inflación.

Esta desigualdad regional se arrastra también a las provincias (Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid son las que tienen más renta por habitante y Almería, Jaén y Huelva las que menos) y a las ciudades: entre los 12 municipios de más de 2.000 habitantes con más renta hay 5 de Madrid, 6 de Barcelona y 1 de Vizcaya) y entre los 12 con menos renta hay 9 de Andalucía, 1 de Toledo y 2 de Extremadura (ver listado). Y el País Vasco tiene un 90,9% de municipios con renta alta, el 68% en Navarra, el 49,3% en Baleares y el 40,4% en Cataluña, mientras Murcia tiene un 91% de municipios con renta baja, Andalucía un 82,7% y Extremadura el 81,2 % de sus municipios, según los últimos datos del INE (renta 2023).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 103.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta.

En resumen, vivimos en un país muy desigual desde hace décadas, donde el crecimiento y la riqueza se genera y se queda en las regiones más ricas. Una desigualdad que se traslada también a las provincias y a las ciudades. Urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población, su edad y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías más pobres, para reducir la brecha de productividad y riqueza en una o dos décadas. Hay que repartir mejor el crecimiento.

Europa, el continente "blanco" (cocaína)

La Comisión Europea aprobó el 4 de diciembre una Estrategia contra las drogas ilegales, porque “están llevando al continente a un punto crítico”. En especial, el consumo de cocaína, un negocio que mueve al año 11.600 millones de euros y multiplica los tiroteos y la corrupción institucional, sobre todo en Bélgica y Holanda, donde algunos jueces alertan del peligro de convertirse en “narcoestados”. España es el país europeo donde más gente ha probado la cocaína (3,56 millones) y el 2º con más incautaciones de una droga que llega por el Atlántico en narcolanchas y submarinos, provocando también tiroteos en la Costa del Sol. Y se consume con cierta “tolerancia social”, aunque muchos consumidores acaban en urgencias y 1.360 murieron en 2023. Bruselas propone acuerdos internacionales, frenar la entrada por mar y reforzar la legislación antidroga, mientras en España, la Fiscal antidroga pide más medios en los juzgados y cambios legales para frenar esta lacra, que ha convertido a España en el paraíso europeo de las mafias de la droga.

          España, el país donde más gente ha probado la cocaína                   Getty/BBC

El consumo de cocaína va en aumento en todo el mundo y también en Europa. Si hace unas décadas era una droga minoritaria, de clases altas, ahora se ha generalizado su consumo, debido al fuerte aumento de la producción, que ha llevado a los precios a bajar a la mitad. La cocaína es la droga con más crecimiento en el mercado, según la ONU, con una producción de 3.700 Tm anuales, cuatro veces más que hace una década. Su epicentro sigue estando en América (Colombia, Bolivia y Perú concentran la producción mundial), pero su distribución se ha “globalizado” y no se distribuye sólo en Colombia, México y EEUU (mercados saturados), sino que se han abierto nuevas rutas hacia Ecuador, Brasil y Panamá. Y desde todos estos paises, llega a Europa por dos rutas: una directa a través del Atlántico (que introduce la droga por España, Portugal, Bélgica y Paises Bajos) y otra por África (que la introduce por España e Italia).

El gran cambio en el tráfico y consumo de cocaína es que se ha “globalizado”, como ninguna otra droga, según la ONU, con 25 millones de consumidores en el mundo, de ellos 6 millones en Europa, donde el consumo se ha multiplicado, con redes que la ofrecen por Webs oscuras, chats y mensajes de WhatsApp hasta el mismo domicilio de los consumidores. Un negocio que mueve 11.600 millones de euros al año en Europa, donde se han batido en los últimos 7 años  récords consecutivos de incautaciones: 419 toneladas de cocaína en 2023, sobre todo en Bélgica (123 Tm) y España (118,3 TM, más del doble de las 58,3 TM incautadas en 2022), seguidas de lejos por Paises Bajos (59,1 Tm), Portugal (21,7 TM) e Italia (17,8 TM), según los últimos datos del Informe Europeo de Drogas 2025.

En toda Europa se ha desbocado el consumo de cocaína en los últimos años, empujado por una mayor oferta disponible y una bajada de los precios a la mitad, lo que ha “popularizado” su consumo en el continente. En la UE, el 6,3% de la población adulta (15-64 años) ha consumido cocaína alguna vez en su vida, lo que supone 6,2 millones de europeos. Y por países, España es el que tiene un porcentaje más alto de personas adultas que la han probado alguna vez (13,3% en 2023: 3,5 millones), seguido de Dinamarca y Francia (9,4% de adultos), Irlanda (8,3%), Paises Bajos (8%), Estonia (7,3%), Noruega (6,5%), Alemania (5,6%) y Finlandia (5,8%), según el Informe Europeo de Drogas 2025.

España ya no lidera este ranking si miramos el porcentaje de adultos que han consumido cocaína en el último año: lideran Paises Bajos y Francia (2,9% de la población consumieron), por delante de España (2,5%), Irlanda (2,3%), Noruega (2,2%), Dinamarca (2,1%), Alemania y Finlandia (1,6%), Austria (1,5%), Italia (1,4%) y Suecia (1,3%). Y si analizamos los jóvenes (15 a 34 años) que consumieron cocaína el último año, el porcentaje sube en todos los paises, con una media del 2,7% en la UE (2,7 millones de jóvenes), según el informe Europeo de Drogas 2025: el 5% en Países Bajos, el 4,8% en Irlanda, el 4,4% en Francia, el 4,2% en Dinamarca, el 4% en Noruega, el 3,1% en España (323.600 jóvenes), Alemania y Finlandia, el 2,9% en Bélgica, el 2,8% en Suecia y el 2,1% en Italia.

El consumo de cocaína “se ha desbocado” en los últimos años en Europa, según los expertos, consolidándose como la 2ª droga más consumida en el continente, tras el cannabis. Y ello se debe principalmente al aluvión de oferta, que llega de América por nuevas rutas, no sólo a través de contenedores que llegan a  los grandes puertos europeos (Amberes y Rotterdam) sino con nuevas vías de entrada a través del Atlántico, en grandes barcos que descargan en aguas internacionales a narcolanchas o incluso narco submarinos (el primero se detectó en Galicia en noviembre de 2019), que permiten descargar la cocaína en cualquier punto de la enorme costa atlántica europea, multiplicando la oferta y bajando precios.

Este boyante negocio de la cocaína en Europa, que mueve 11.600 millones de euros al año, ha multiplicado las redes del narcotráfico en el continente: tan sólo en las fronteras de la UE operan 440 organizaciones, según Europol. Y destacan en estas redes mafiosas los grupos que proceden de Albania, Bélgica, Paises Bajos, Italia y España, que actúan como mayoristas que luego revenden a miles de intermediarios y redes por toda Europa. Una proliferación de vendedores y grupos que pelean por el mercado, con una enorme competencia, lo que provoca numerosos enfrentamientos violentos y ajustes de cuentas, que se traducen en tiroteos en las calles de Bruselas, Ámsterdam, Marsella o la Costa del Sol.

Este importante negocio ilegal tiene tanto poder que corrompe a estibadores (uno de Rotterdam recibió 200.000 euros por un QR que permitía sacar un contenedor), directivos de puertos y aduanas, policías y hasta jueces, lo que ha provocado que una jueza belga (que tuvo que estar 4 meses escondida y bajo vigilancia policial para instruir un caso de narcotráfico) haya escrito en octubre una carta abierta donde alertaba que “Bélgica corre el peligro de convertirse en un narcoestado”, ya que hay políticos, jueves y profesionales amenazados y proliferan los ajustes de cuentas cerca del mismo centro de Bruselas. Lo mismo preocupa en Holanda, donde operan la mayoría de mafias europeas del narcotráfico, en especial la Mocro Maffia (una red de delincuentes holandeses y belgas de origen marroquí), que controla el tráfico de cocaína y tiene ramificaciones en Bélgica y España. Y que ha amenazado al ex primer ministro Mark Rutte y a la Corona holandesa, que se vio obligada a enviar a España a la princesa heredera Amalia de Orange, en 2023...

En España, el tráfico y las incautaciones de cocaína se han duplicado, con un fuerte aumento de entradas a través de Galicia y de Andalucía, con un llamativo aumento de tiroteos y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, protagonizados por las mafias suecas y la Mocro Maffia, poniendo en jaque a Aduanas, policías y juzgados (saturados de causas). Y mientras, el consumo de cocaína aumenta, no sólo en el ocio sino también en la conducción y hasta en el trabajo. Y, por desgracia, el consumo es elevado entre los adolescentes: un 9,9% de los  jóvenes europeos de 15 y 16 años (y el 10% de los jóvenes españoles: 108.250 adolescentes) han consumido cocaína en el último año, según la Encuesta europea ESPAD.  Y esta adicción acaba muchas veces en las urgencias y en muertes: 7.974 ingresos en urgencias fueron por drogas en 2023 (el 49,1% habían consumido cocaína) y 1.360 murieron por drogas (más del doble de los 519 muertos de 2012), el 58,2 % consumían cocaína, según el informe de Sanidad.

Los datos son impactantes, pero parece que la sociedad europea y la española no valoran el auge y peligrosidad de las drogas  y en especial la cocaína, una droga con “aceptación” social. En España, debería ser un tema especialmente preocupante, porque somos una de las grandes puertas de entrada de la cocaína a Europa, lo que nos convierte en un paraíso para las mafias, que campan a sus anchas en la Costa del Sol y en Galicia, multiplicando los tiroteos y ajustes de cuentas y colapsando a la policía y a los juzgados, que se enfrentan a unas mafias cada vez más sofisticadas y con más medios, apoyadas en unos ingresos millonarios que acaban en paraísos fiscales, en especial en empresas pantalla en Abu Dhabi.

La Fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, avisó en una entrevista reciente del riesgo de que “España llegue a situaciones de violencia por narcotráfico como en Bélgica”. Y señaló el gran cambio en la entrada de la cocaína en Europa, que ahora entra la mitad por los grandes puertos europeos (en el puerto de Valencia se detuvo a 11 personas este año) y se han disparado las entradas por el Atlántico, en narcolanchas y narco submarinos, lo que da un mayor protagonismo a España como puerta de entrada en Europa, a la vez que las grandes mafias europeas (de los Balcanes, suecas, Mocro Maffia…) operan cada vez más en España, lo que ha multiplicado las diligencias por narcotráfico en los juzgados (+32% en 2024 en la Audiencia Nacional y +23% en el resto del país). Por eso, la Fiscal pide al Gobierno más medios personales y judiciales, así como la creación de Juzgados especializados antidroga por regiones (como en Francia), además de cambios legales para penalizar más “el petaqueo” (suministro de combustible a las narcolanchas) y para facilitar el trabajo de los agentes infiltrados.

Estamos ante un negocio de la droga que está corroyendo las instituciones y la sociedad europea, sin que los Gobiernos reaccionen con la necesaria contundencia. La Comisión Europea acaba de aprobar, el 4 de diciembre,  una nueva Estrategia contra las drogas ilegales, para afrontar un problema que consideran “está llegando a un punto crítico”. Y dicen que quieren “contraatacar” a las mafias con un abanico de medidas: alianzas internacionales para frenar la salida de la droga de los paises de origen, mejores controles externos (en el Atlántico) y refuerzo de los controles en los puertos, reforzar la detección de pequeños envíos de drogas por correo y mensajería, actualizar y reforzar la Legislación e impedir el reclutamiento por las mafias (físicamente y por Internet) de jóvenes vulnerables (ya sea en Bruselas, Ámsterdam o Algeciras), actuando no sólo contra la cocaína y el cannabis, también contra los laboratorios que fabrican drogas sintéticas en Europa (Holanda, Bélgica y paises del Este).

En resumen, Europa tiene que emprender una verdadera “guerra” contra las drogas, porque destrozan nuestra juventud, causan 7.500 muertes europeas al año y están corrompiendo nuestras instituciones (puertos, policías, jueces) y nuestras calles, con incautaciones y tiroteos cada vez más frecuentes. La droga corrompe y mata y puede destruir la democracia europea. Y sobre todo, destruye a nuestros jóvenes y a muchas familias. Tenemos que contraatacar.