Dividendos y recompras: beneficios diferidos

Las empresas españolas llevan 5 años con un aumento histórico de ventas, márgenes y beneficios, pero eso no se traduce en un aumento de la inversión privada, que todavía está por debajo de 2019. Lo que está pasando es que las grandes empresas y bancos desvían más de la mitad de sus beneficios a sus accionistas por dos vías: unos dividendos récord y un aumento de las recompras de acciones propias, una nueva vía para hacer subir la cotización de las acciones y así aumentar lo que cobran los grandes ejecutivos de bancos y tecnológicas. La recompra de acciones era una fórmula muy usada en EEUU, pero tras la pandemia se ha generalizado en Europa y también en España: aquí, en el primer trimestre de 2026, estas recompras se han multiplicado por 6. Parece un tema “técnico”, pero el problema nos atañe porque muchas empresas especulan con sus acciones y no invierten lo que deben en sus negocios, su capital y sus empleados (sueldos y formación), en perjuicio de todos.

                              Recompra acciones propias en Bolsa: otra forma de diferir beneficios

Tras la grave crisis de la pandemia (2020), las empresas reanimaron sus ventas, márgenes y beneficios entre 2021 y 2025, cinco años de buenos resultados empresariales, a pesar de los altibajos por la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio. En España, el margen bruto sobre ventas ha sido del 13,9% en 2025, según el Observatorio de Márgenes Empresariales (OME), siendo el beneficio bruto mucho mayor en inmobiliarias (29%), energía (28%) y hostelería (17% de margen bruto). Y otro dato: el beneficio neto de las 35 empresas del IBEX superó ligeramente los 70.000 millones de euros en 2025, más del doble de los 31.489 millones que ganaron en 2019, según sus propios balances.

¿Qué han hecho las empresas con estos beneficios? Pues más de la mitad de estas ganancias las han repartido entre sus accionistas, por dos vías: reparto de dividendos y recompra de acciones propias. El reparto de dividendos, un pago anual (dos veces al año) por cada acción, se disparó después de la pandemia, tras prohibir el BCE repartir dividendo a los bancos europeos en 2020. En Europa, las 600 grandes empresas del STOXX 600 repartieron 437.000 millones de euros en dividendos a sus accionistas en 2025, cifra que subirá a 454.000 millones en 2026 (+4%). Pero en España, el pago por dividendos creció mucho más (+128% entre 2020 y 2025), saltando de los 20.500 millones en 2021 a 41.503 millones en 2025. Y a esos pagos, las empresas cotizadas españolas han destinado 155.596 millones de euros en los últimos 5 años (2021 a 2025), una cifra récord. Y este año 2026, las empresas repartirán 25.848 millones de euros hasta junio (+17%, cuatro veces más que en Europa).

La otra vía para “diferir” beneficios, menos conocida, es la recompra de acciones propias: las grandes empresas y bancos recompran con sus beneficios una parte de sus acciones y las amortizan, es decir, desaparecen de los balances. Consecuencia: se reduce el número de acciones en circulación, lo que en principio aumenta su valor. Las empresas recompran acciones como una vía para reanimar la cotización de las acciones, cuando creen que están infravaloradas: al haber menos y mantenerse el valor de las empresas, debían subir. Pero la recompra de acciones propias tiene otra justificación menos explícita: la mayoría de los ejecutivos de las grandes empresas tienen una parte de su sueldo ligado a la cotización de las acciones (cobran en “stock options”, en opciones sobre acciones) y por eso su principal objetivo de gestión es conseguir que las acciones suban (como sea). Además, una tercera razón es que los accionistas no pagan impuestos con la recompra de acciones (sólo si las venden, por la plusvalía), mientras si pagan impuestos por los dividendos.

La recompra de acciones tiene una larga trayectoria en EEUU, desde 1982, cuando se aprobó un marco normativo y fiscal favorable, que apoyaba una cultura empresarial centrada en el valor de las acciones. Pero en Europa, la tradición eran los dividendos y las recompras están sujetas a un marco normativo de la UE sobre abusos de mercado (que impone límites al volumen y al precio) y se exige que las aprueben las Juntas de Accionistas. Sin embargo, tras la pandemia, las recompras de acciones propias también se han disparado en Europa. En conjunto, en todo el mundo, las recompras de acciones batieron récords en 2025: 1,46 billones de dólares en 2025, según Capital Group. Y las ejecutaron más de la mitad de las grandes compañías del mundo (el 52%), frente al 36% hace una década. EEUU concentra el 71% de las recompras mundiales de acciones propias, mientras Europa representa sólo el 10,8% de las recompras mundiales, ganando peso en Japón (recompraron acciones el 48% de las empresas en 2025). El protagonismo de estas recompras lo tienen los bancos y empresas financieras (el 26%), el sector tecnológico (el 21%: Apple ha destinado 440.000 millones de dólares a recomprar acciones propias en la última década), la energía, el sector de medios de comunicación y los grandes del sector minorista de la alimentación.

En Europa, aunque las recompras van muy por detrás a las de EEUU, el salto ha sido espectacular: 182.000 millones de euros gastados por las empresas en recomprar acciones propias en 2025, más del doble que hace 10 años (75.200 millones en 2015) y un 67% más que antes de la pandemia (109.000 millones en 2019). Entre las grandes empresas con más recompras en 2025 destaca la suiza Novartis (9.702 millones), seguida de las francesas Prosus (9.121 millones), Total Energies (7.030) o ASML (4.100 millones), la noruega Equinor (5.506 millones), la británica HSBC (5.297), el banco holandés ING (4.321 millones) o el Banco de Santander (4.073 millones), Barclays (3.859) y UBS (3.855). Algunos estiman que los bancos europeos han recomprado un 4% de sus acciones desde 2022. Y casi la mitad (el 44%) de las empresas europeas cotizadas en Bolsa recompraron acciones en 2025.

España se ha sumado tarde a esta “moda” de la recompra de acciones, pero con mucha fuerza, empujada por los bancos y las grandes empresas. En 2025, la recompra se hizo por un importe de 12.502 millones de euros, tras una cifra superior en 2024 (15.588 millones) y 2023 (13.415 millones). Pero este año 2026, la recompra de acciones en España se ha multiplicado por 6 en el primer trimestre, superando los 10.000 millones de euros. El Banco de Santander ha puesto en marcha dos programas para recomprar 10.000 millones en acciones entre 2025 y 2026. Y BBVA lleva más de 10.000 millones en recompra de acciones entre 2021 y 2026, mientras CaixaBank ha lanzado un nuevo programa de recompra por 500 millones de euros. Y del resto del IBEX 35, la mayoría tienen un programa de recompra este año: ACS (980 millones), Cellnex (800), Ferrovial (600), Endesa (517), IAG (500), Repsol (300), Iberdrola (200), Inditex (180), Viscofan (150)… Recompras que se suman a los dividendos.

La Comisión del Mercado de Valores (CNMV) ya criticó en 2023 las recompras de acciones, alertando de que las empresas y los bancos no están sobrados de capital y por eso no deberían reducirlo amortizando acciones, porque eso tiene implicaciones estratégicas  para los sectores y la economía, recomendándoles “reforzar sus recursos propios a medio plazo si quieren seguir competiendo, crecer, competir internacionalmente y transformarse con éxito frente a una transición digital y económica que exige inversiones cuantiosas”. Y además, la CNMV niega que la recompra de acciones cree valor para los accionistas a medio plazo, porque las acciones suben al principio, pero siguen cotizando igual después.

Otros expertos critican también las recompras exageradas de acciones propias, sobre todo en EEUU (en 2021, las 500 grandes empresas del S&P500 destinaron 880.000 millones de dólares a recomprar acciones propias), propiciadas por los grandes ejecutivos de las tecnológicas y los bancos, que buscan sostenerse en el poder (y hacerse multimillonarios) a costa de impulsar como sea el precio de la acción, aunque sea restando recursos para promover inversiones y programas estratégicos en sus compañías (y a veces, a costa de recortes drásticos de plantillas para hacer subir las acciones). Así, Apple, por ejemplo, aumentó un +107% su beneficio neto entre 2017 y 2021, pero disparó +176% su beneficio por acción. Y los grandes accionistas (ellos mismos muchas veces) se llevan así una parte diferida de los beneficios sin pagar impuestos (hasta que no vendan).

El problema de fondo es que las empresas difieren más de la mitad de sus beneficios a dividendos y recompra de acciones propias en lugar de a invertir y fortalecer sus negocios. En España, los datos son claros: en los últimos 3 años, las empresas cotizadas han destinado 6 veces más a pagar dividendos y recompras que a adquirir otras empresas o fusionarse. Así, en 2023,2024 y 2025, las empresas cotizadas han destinado 150.601 millones de euros al pago de dividendos (109.096 millones) y a la recompra de acciones propias (41.105 millones), mientras sólo destinaron 25.844 millones a financiar compras y fusiones. A lo claro: su prioridad ha sido mejorar la cotización en Bolsa y retribuir más a los accionistas (a los dueños, sobre todo) que invertir y construir unas empresas más grandes y competitivas. Y la estrategia sigue en 2026: el primer trimestre, las cotizadas españolas gastaron 21.000 millones de sus beneficios en dividendos (12.500 millones) y recompra de acciones propias (8.500 millones), frente a 7.350 millones destinados a adquisiciones, según London Exchange Group.

Este mismo problema sucede en Europa y explica parte de su atraso inversor: en 2026 se esperan “salidas de caja” por importe de 1,5 billones de euros, de los que el 23% irán a pagar dividendos (345.000 millones) y otro 9% a financiar recompras de acciones propias (135.000 millones más), destinando sólo el 11% a adquisiciones de empresas (165.000 millones), que son escasas y se circunscriben a compras de participaciones en mercados donde ya están presentes. Y por todo esto, sólo destinan el 56% de su flujo financiero a inversiones orgánicas, I+D, innovación y tecnología. Ante este parón inversor en Europa, la Comisión Europea quiere facilitar las fusiones en Europa, para que las grandes empresas destinen sus beneficios no a retribuir a los accionistas (a sí mismos) sino a crear “grandes campeones europeos”, multinacionales UE que puedan competir con USA y China.

En el caso de España, el exceso de dividendos y recompra de acciones choca con un problema grave que arrastramos tras la pandemia: el escaso crecimiento de la inversión, uno de los tres motores del crecimiento y el empleo (junto al consumo y las exportaciones). La inversión total lleva 5 años recuperándose en España, pero es por la inversión pública (ha subido un +51,7% en 2025 respecto a 2019, básicamente por el oxígeno de los Fondos Europeos), ya que la inversión privada sigue por debajo que antes de la pandemia (-3,3 % que en 2019), según este estudio de Funcas. Y por supuesto, la inversión privada sigue todavía en España por debajo de los niveles de 2007, antes de la crisis financiera.

En resumen, nos encontramos con un panorama donde ganan mucho las grandes empresas y los bancos (10.815 millones los 6 grandes en el primer trimestre,+27%), pero que no destinan esos mayores recursos a invertir en proyectos de futuro (la inversión privada sigue por debajo a la de 2019) y a afrontar un crecimiento interno y una mayor competitividad, sino que destinan cada vez más beneficios a retribuir a sus accionistas (y a ellos mismos) por la doble vía de unos dividendos crecientes y la recompra de acciones propias. Se dedican más a especular con las acciones que a buscar fusiones, acuerdos e inversiones para dar un salto estratégico que les favorecería a ellos y al país. Son empresas, en España, en Europa y en el mundo, que se dedican a “la ingeniería financiera y bursátil” antes que a invertir en sus negocios, balances (mejora de capital) y trabajadores (salarios, formación y empleo). Como se ve, no estamos ante una cuestión “técnica” sino estratégica y de justicia social: destinar los beneficios a crecer y crear más riqueza y empleo, no a que haya más multimillonarios.

Los cuidados, el gran reto social pendiente

Siguen las protestas de profesores y médicos por las deficiencias en la sanidad y educación, pero nadie protesta por la desatención de nuestros mayores, que esperan meses para recibir una mínima ayuda o servicio para su dependencia. Y muchos se mueren antes de recibirla. A punto de cumplirse los 20 años de la Ley de Dependencia, el balance es muy preocupante: 3 de cada 4 mayores dependientes no reciben una atención efectiva y tampoco 2 de cada 3 con limitaciones severas. Los expertos reiteran que falta financiación para la Dependencia y que para ampliar las ayudas y que sean más eficaces, habría que gastar en los cuidados 12.000 millones más al año, el doble que ahora. Un reto que hay que afrontar porque España es uno de las paises más envejecidos de Europa y cada año habrá más dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán casi el doble (5,8 millones) y muchos necesitarán cuidados. No podemos dejarles tirados.

                               Enrique Ortega

España tiene un grave problema estructural del que casi nadie habla: el envejecimiento creciente de la población, propiciado por el aumento de la esperanza de vida, que es la más alta de Europa: 84,3 años de media, frente a 81,7 en la UE-27. Y esa esperanza de vida seguirá aumentando, hasta alcanzar los casi 87 años en 2050 y los 88 años en 2071, según las previsiones del INE. Con ello, tenemos y tendremos cada vez más personas mayores, muchas de ellas dependientes y necesitadas de cuidados. Así, si hoy hay 10,2 millones de mayores de 65 años, en 2050 serán ya algo más de 16 millones. Y los mayores de 80 años, un tercio de los cuales pueden ser dependientes, pasarán de ser 3 millones ahora (2025) a ser casi el doble en 2050 (5.811.396 personas mayores de 80 años, de ellos, 95.095 mayores de 100 años).

Estas elevadas cifras de mayores y ancianos suponen un gran reto para el país y sus familias. Desde hace décadas, todas las políticas públicas reconocen que el cuidado de los mayores dependientes no es una responsabilidad privada (de sus familias) sino “un derecho social”, un servicio público para la cohesión social y el propio funcionamiento del sistema económico. Y por eso, los paises desarrollados han implantado “políticas públicas de cuidados”, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. En España, en 2006 se aprobó la Ley de Dependencia (295 votos a favor, 15 en contra y una abstención), que entró en vigor el 1 de enero de 2007 y cumplirá ahora 20 años.

El balance de esta Ley de Dependencia tiene claroscuros, siendo más negativo que positivo, según el reciente estudio de CENIE. Por un lado, en estos 19 años largos se ha atendido a 4 millones de dependientes (la mayoría mayores), aunque otro millón se ha muerto antes de recibir alguna ayuda. En líneas generales, hay un exceso de burocracia en el reconocimiento de la dependencia y en la concesión de las ayudas (la espera media era en abril de 325 días, cuando la Ley marca 180 días), lo que provoca que muchos dependientes se mueran antes de recibirlas (4 de cada 5 tienen más de 80 años). Y además, las autonomías (que gestionan las ayudas a la Dependencia) ofrecen cada vez más ayudas y servicios “low cost” (escasas y de poca calidad), para llegar a más dependientes con un gasto que apenas crece. Y además, existen grandes diferencias en la atención a la dependencia por autonomías, unas con más dependientes desatendidos que otras. Como problema de fondo, los expertos denuncian la infrafinanciación del sistema, la falta de recursos públicos desde su nacimiento y ahora.

Los últimos datos de la Dependencia, del IMSERSO, en abril de 2026, concretan estos problemas estructurales del sistema. Primero, la persistente desatención: había 268.850 dependientes desatendidos a finales de abril (+6.897 que en diciembre), 116.762 pendientes de que se les reconozca una dependencia y su grado (I,II y III, los “grandes dependientes”) y otros 152.088 dependientes que tienen reconocida alguna ayuda o servicio pero que están “en lista de espera” para recibirlos (en el “limbo de la Dependencia). Una parte de ellos mueren esperando esta ayuda que tienen reconocida: murieron esperando 8.996 dependientes en el primer trimestre de este año y 32.704 en todo 2025, según los Directores de Servicios Sociales. El problema no es sólo que estas “listas de espera” hayan crecido en 2026, sino que son muy desiguales por autonomías. Primero, en el tiempo de resolución de expedientes (325 días de media): son 551 días en Murcia, 457 en Andalucía,391 en Asturias, 354 en Canarias o 350 en Madrid, frente a 117 en Castilla y León o 117 en Aragón. Y la lista de espera de las ayudas (esos 152.088 dependientes) se concentra en Cataluña (48.695), Andalucía (32.888), Comunidad Valenciana (16.129), Madrid (12.914) y Murcia (10.399).

El 2º problema de fondo, tras los retrasos y esperas, es que las ayudas son escasas y de poca calidad, ayudas “low cost”, para tratar de llegar a más dependientes con poco coste. A finales de abril, había 1.708.812 dependientes “atendidos”, la mayor cifra de estos 19 años, pero la mayoría recibía una ayuda económica escasa: 760.432 dependientes (el 30,87% del total) recibían una prestación económica por ser atendidos por sus familias, una prestación muy insuficiente: 259,84 euros mensuales de media, según el estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado III (que requieren cuidados las 24 horas…). Actualmente, hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares, fundamentalmente mujeres (4 de cada 5 cuidadores), que han tenido que dejar sus trabajos y reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la recibían 659.786 dependientes en abril, el 26,78%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atención (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio : la reciben 406.880 dependientes (el 16,52%), con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas diarias. Y encima hay grandes desigualdades por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 53,5 horas en Galicia o 25,6 horas mensuales en Castilla la Mancha y Cataluña). Y casi todas incumplen las horas mínimas que fijó un Decreto en 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 horas para Grado II y de 65 a 94 horas para Grado III).

El 4º servicio o ayuda que reciben más dependientes es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten ellas el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y de pagar poco (entre 100/313 euros, 150/445 euros y 200/747 euros, según los Grados), sólo una parte del coste real de  los servicios: el resto lo pagan las familias (son los “copagos” de la dependencia). Reciben este “cheque”  242.168 dependientes, el 9,83% del total, aunque la fórmula ha ido creciendo y es muy mayoritaria en Extremadura (la reciben el 45% de los dependientes), Castilla y León (25,50%) y  Canarias (36,71% dependientes). Casi la mitad de estos cheques (106.568) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Sigamos con otros servicios y ayudas a los dependientes, los más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben 188.002 dependientes, el 7,63%), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentran: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más ofrecido son los Centros de día y noche (lo reciben 111.632 dependientes, el 4,53% del total).

Al final, el balance de estos 19 años de Ley de Dependencia refleja que se trata de “un derecho cojo”, que deja a muchos dependientes desatendidos (el 11,5% esperan que les reconozcan un grado o les llegue la ayuda reconocida, porcentaje que alcanza al 24% en Canarias, el 19,2% en Cataluña, el 18,8% en Murcia , el 15,8% en Asturias y el 14,4% en Extremadura) y que concede escasas ayudas económicas y servicios “low cost” a los atendidos. Pero lo más preocupante es que el sistema de la Dependencia, la 4ª pata (coja) del Estado del Bienestar deja a muchos dependientes fuera: casi las tres cuartas partes (el 72,4%) de los mayores de 65 con alguna limitación no reciben ayudas y 2 de cada 3 mayores con limitaciones severas (el 63,1%) carecen del apoyo público adecuado, según el estudio de CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento).

Esta desatención a los mayores dependientes obliga a realizar un enorme esfuerzo a sus familias, tanto económico como de tiempo, especialmente a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres, esposos o hijos dependientes (recordemos: 4 de cada 5 cuidadoras son mujeres), lo que hunde en muchos casos sus carreras profesionales y sus pensiones. El coste para una familia de atender a un dependiente supone unos 10.105 euros anuales, según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero el coste es mayor en muchos casos: atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank, que estima que las familias asumen el 87% de este gasto (20.880 euros), financiando el sistema el 13% restante. En los últimos años, las familias con dependientes han visto que, a pesar de las ayudas, tienen que hacer copagos más altos. De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del coste total de los servicios de la Dependencia (11.847 millones). Mucho más que los copagos en educación y sanidad.

Visto lo visto, el estudio de CENIE y los balances de los Directores de Servicios Sociales (DGSS) coinciden en un punto: la principal causa de la desatención a los dependientes es la falta de financiación a la Dependencia, desde 2007 que se inició el sistema hasta hoy (agravado por los recortes de Rajoy, -6.321 millones a la Dependencia entre 2012 y 2020). Y como en las próximas décadas se van a duplicar los dependientes (recordemos: habrá 5,8 millones de españoles mayores de 80 años en 2050), hay que plantearse aumentar el gasto en Dependencia. El estudio CENIE propone duplicar el gasto actual en Dependencia (12.000 millones en 2025, el 0,71% del PIB) para 2030, hasta los 24.000 millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, todavía menos de lo que se gastan ahora en Dependencia los 38 paises de la OCDE (1,7% del PIB), en Paises Bajos (4,1%) o en Suecia (3,7%). Y aunque supone duplicar el gasto, todavía queda lejos de lo que España gasta ahora en pensiones (190.000 millones), sanidad (105.000 millones) o educación (75.000 millones).

Los expertos reiteran que el coste de la Dependencia no es un gasto sino una inversión, porque tiene un gran impacto en la economía : por cada euro destinado a la Dependencia, el impacto en la economía (en sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria, energía y actividades profesionales) es de 1,6 euros, según el estudio de CENIE. Y además, por cada euro gastado en Dependencia retornan 0,49 euros en ingresos por cotizaciones sociales e impuestos. Actualmente, el sector de los cuidados emplea a 770.760 trabajadores  (328.544 en atención residencial) y se estima que podría dar trabajo a 440.000 más para 2030 si se mejora y generaliza la atención a la Dependencia. Además, los cuidados informales (en el hogar) a los dependientes suponen una importante “economía invisible”, que no se cuantifica en el PIB (aporta entre 60.000 y 79.000 millones anuales).

Pero no se trata sólo de gastar más en Dependencia. El estudio de CENIE y los expertos coinciden en que urge hacer dos cambios de fondo en el sistema. Uno, mejorar la gobernanza, reduciendo la excesiva burocracia actual (hay dos procesos, uno para reconocer la dependencia y otro para evaluar y aprobar las ayudas) y simplificando los expedientes, para “universalizar” la atención,  estableciendo además unos estándares mínimos para reducir las desigualdades regionales. Y el otro, cambiar el modelo de asistencia y ayudas, para priorizar los servicios profesionales frente a las ayudas económicas, aumentado coberturas y calidad, impulsando la asistencia personal y fomentando la atención en el hogar frente a las residencias, que deben ser más pequeñas y atractivas. Y en este camino, resulta clave reducir la precariedad y mejorar la formación, profesionalidad y salarios del personal que atiende a los dependientes.

En resumen, ante un envejecimiento imparable en España, urge avanzar hacia un sistema de cuidados universal, equitativo y sostenible, lo que exige duplicar el gasto actual y modificar radicalmente la gestión actual de la Dependencia, para hacerla más ágil y eficaz, un cambio que exige pactarlo entre el Gobierno y las autonomías (algo hoy inviable). Hay que tomárselo en serio y crear un sistema de atención a la Dependencia más eficaz, que afronte el reto de duplicarse los dependientes para 2050. Hoy tenemos un derecho social que no se garantiza, por falta de medios. Si queremos reforzar el Estado del Bienestar, no sólo hay que pensar en la sanidad, la educación o las pensiones. Hay que pensar en el futuro de nuestros mayores. No podemos dejarles “tirados”.

Quedan 100 días para adjudicar Fondos UE

A partir de este domingo 24 de mayo, quedan 100 días para adjudicar los proyectos que se financian con los Fondos europeos, 103.000 millones de euros para el Plan de Recuperación puesto en marcha en 2021, tras la pandemia. Y hay que correr, porque a finales de marzo sólo se habían adjudicado 67.000 millones, el 71% de los Fondos, y el plazo se acaba el 31 de agosto. En principio, lo que no se adjudique se pierde, aunque el Gobierno ha pedido a Bruselas una prórroga de 6 a 12 meses. Y además, aprobó este martes un Fondo soberano (“España crece”), con recursos de estos Fondos UE para seguir promoviendo inversiones después de 2026. Además, faltan reformas por aprobar (bloqueadas en el Congreso) para conseguir el 7º pago de Bruselas, 24.166 millones, antes de finales de año. Es mucho dinero, que debería anteponerse a las peleas políticas. Porque los Fondos Europeos han sido y son claves para modernizar la economía, crecer más y crear millones de empleos. Ahora, no se puede perder ni un euro.

                          Enrique Ortega

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas. El 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos más. Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022. Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más. El 5º pago fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, siendo el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras solicitar España (en las Navidades de 2022) recibir también créditos europeos, a cambio de más reformas.

El 6º pago de Fondos europeos lo ha solicitado España el pasado 3 de marzo, por un importe de 7.256 millones de euros (6.205 millones en subvenciones y 1.051 millones en créditos), tras justificar el cumplimiento de otros 78 hitos y objetivos. La Comisión Europea aprobará este pago en mayo y lo ratificará el Consejo en junio. Con ello, España habrá recibido este verano un total de 78.294 millones de Fondos europeos (60.511 millones en subvenciones a fondo perdido y 17.783 millones en créditos), tras haber cumplido 343 hitos y objetivos de reformas, el 70% del total, según el Gobierno. Y queda por recibir este año el 7º y último pago, a solicitar en septiembre, por un importe de 24.166 millones de euros (18.649 millones en subvenciones y 5.517 millones en créditos), un pago elevado, que implica aprobar los hitos y reformas pendientes (247) y adjudicar los proyectos en trámite.

El problema es que Bruselas obliga a los paises a adjudicar los proyectos del Plan de recuperación antes del 31 de agosto de 2026, so pena de perder el dinero disponible (en el caso de España, esos 24.166 millones). Y España, como el resto, va retrasada en las adjudicaciones. Al 31 de marzo de 2026, España había adjudicado 67.000 millones de euros, el 71% de los Fondos disponibles, según el balance hecho por el vicepresidente Cuerpo en el Senado. Estos Fondos UE ya adjudicados benefician a 1.460.000 adjudicatarios, entre empresas (70% son pymes y micropymes) y particulares, habiéndose transferido 17.000 millones a las autonomías, 9.300 a las Corporaciones locales y 40.000 a la Administración del Estado, quienes ahora deben gestionar los proyectos. La mayoría son proyectos de digitalización, infraestructuras y cohesión territorial (corredores Mediterráneo y Atlántico), proyectos industriales y tecnológicos de vanguardia y proyectos de energías renovables, transición energética y movilidad sostenible.

Como se ve, aún quedan muchos proyectos por adjudicar (unos 27.000 millones de euros) y poco tiempo para hacerlo, ya que el 31 de agosto es la fecha límite para asignar todas las inversiones financiables con Fondos UE (subvenciones y créditos) mediante la resolución de las convocatorias y licitaciones pertinentes. Y, en paralelo, España deberá justificar ante Bruselas que ha cumplido todos los hitos y reformas pendientes (247) que se exigen para recibir el 7º y ultimo pago (esos 24.166 millones). Una doble carrera contra reloj, donde la mayoría de paises europeos están retrasados, como España.

Por eso, la propia Comisión Europea aprobó en junio de 2025 una Comunicación a los paises donde les pidió que agilizaran los Planes de Recuperación, suprimieran las reformas que no se pudieran cumplir y aumentaran los proyectos con mucha demanda. En cumplimiento de esta petición, el Gobierno aprobó el 9 de diciembre una “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, para agilizar el proceso administrativo de adjudicación, priorizando proyectos y acelerando la aprobación de los hitos y objetivos que dan acceso a las subvenciones (79.854 millones en total), reduciendo los créditos a pedir (iban a ser 83.200 millones y se quedan ahora en 22.800, porque España tiene un buen acceso al crédito libre, ahora barato), lo que permitirá reducir los hitos y reformas vinculados a estos créditos.

Tras la Adenda de simplificación, se eliminan 17 reformas con rango de Ley (difíciles de aprobar y que ya no se harán) y quedarán 230 hitos o reformas, que habrá que aprobar antes del 31 de agosto. España ya ha renegociado 5 veces con Bruselas los programas de inversión y las reformas, con el objetivo de no perder ni un euro de subvenciones (79.854 millones), aunque podría perder algunos créditos (22.800 millones en total), o cambiar esos proyectos por subvenciones. Por un lado, se adelantan objetivos y se cambian unos proyectos por otros, intentando incluir programas de defensa (como ha hecho Polonia), inicialmente fuera del Plan de recuperación. Y se negocia que los Fondos no gastados puedan rescatarse después en forma de Fondos estructurales, con margen hasta 2027. Y la última carta: el presidente Sánchez planteó en la última Cumbre informal de Chipre (24 de abril) que el Plan de recuperación se ampliara 6 meses o un año más, para poder adjudicar los últimos proyectos y las últimas reformas, una prórroga que sería bien vista por otros paises.

Si es complejo adjudicar en 100 días los proyectos pendientes (unos 27.000 millones), quizás resulta más complicado aprobar en este plazo los hitos y reformas pendientes, máxime cuando el Gobierno está en una permanente “minoría parlamentaria”, con el “chantaje” de Junts y la oposición a todo del PP y Vox. El problema (grave) es que sin estas reformas no llegarán los Fondos UE de la 7ª entrega (24.166 millones). Entre estas reformas prometidas a Bruselas y que están paradas están la subida de impuestos al gasóleo, la Ley de Industria, el proyecto de Ley de la Función Pública, el proyecto de Ley de Familias, la Ley de mejora de la protección del desempleo, el real decreto que refuerza la universalidad de la sanidad, la Ley de Protección de la Competencia, el sistema de cuotas de autónomos…Proyectos y reformas atascados en el Parlamento. Mientras, el Gobierno busca vías para aprobar otras reformas con normas y Reglamentos que no tengan que convalidarse en el Congreso.

Como vemos, adjudicar los últimos proyectos de inversión y aprobar las últimas reformas en estos 100 días es una tarea gigantesca, máxime sin la colaboración de la oposición. Pero debería ser una “prioridad nacional”, porque España no puede permitirse perder ni un euro de los casi 103.000 millones de Fondos europeos que nos corresponden (79.854 millones en subvenciones y 22.800 millones en créditos). Algunos expertos estiman que, al ritmo actual de adjudicaciones y reformas, podríamos perder el 10% (unos 10.000 millones).

El Gobierno Sánchez, además de presionar a Bruselas para conseguir una prórroga, ha buscado una vía para recuperar el dinero que no se gaste: este martes aprobó la creación de un Fondo Soberano (“España Crece”) que se financiará con 13.300 millones no gastados del Plan de Recuperación, unos recursos que se destinarán al ICO (Instituto de Crédito Oficial, un sucedáneo de “banco público”) para que con ellos financie proyectos de inversión a partir de junio y, sobre todo, en 2027 y 2028. El objetivo es que con estos “Fondos UE reciclados”, se puedan movilizar inversiones por 120.000 millones de euros, arrastrando inversiones privadas. El objetivo de este Fondo soberano (similar a los que tienen Noruega y muchos paises del Golfo Pérsico) es seguir promoviendo inversiones en sectores claves para modernizar la economía: digitalización, descarbonización y sostenibilidad energética, tecnología, Defensa, vivienda asequible y mejora de competitividad de las pymes. Ahora falta que la Comisión Europea apruebe la creación de este Fondo “España Crece” con Fondos UE.

En definitiva, España tiene ante sí el mayor reto: cerrar en 100 días un Plan de Recuperación que cumple 5 años y que ha transformado radicalmente la economía española, disparando las inversiones en digitalización, energía, infraestructuras y nuevas tecnologías. Este empujón de los Fondos europeos explica entre el 10 y el 14% del crecimiento español entre 2021 y 2025, según Funcas, que ha sido estos 5 años muy superior al de Europa (+21,9% creció el PIB en España, frente a +12,9% en la UE-27). Y junto al turismo, los inmigrantes y las exportaciones, los Fondos UE han ayudado a crear 3.118.700 nuevos empleos en esos 5 años.

Ahora, no se trata de criticar si el cumplimiento del Plan de recuperación va lento o no (es el mayor reto inversor de nuestra historia para el Estado, las autonomías, Ayuntamientos y empresas) y si se puede agilizar más (hay más de 3.700 funcionarios y empleados públicos trabajando en el Plan y se han aportado ya más de 1,7 millones de documentos de verificación a Bruselas, un tremendo reto burocrático). Lo importante es que hay que volcarse en estos 100 días que quedan, desde el Gobierno a todas las autonomías, Ayuntamientos y empresas implicadas, para acelerar las adjudicaciones y poner en marcha los proyectos. Y habría que lograr un pacto político para que el Congreso trabajara a destajo (incluso en agosto) para aprobar como sea las reformas que nos exige Bruselas, so pena de perder muchos millones. Pero no parece que los políticos estén por acordar esta doble tarea, así que perderemos dinero, proyectos y empleos. Es una “vergüenza nacional”.

La inflación nos agobia

La inflación subió un +3,2% anual en abril, el 2º mes que supera el 3%, por la guerra en Oriente Medio, aunque la subida es mucho menor a la que provocó la invasión de Ucrania (hasta +10,8% en julio 2022). El problema es que llueve sobre mojado: en los últimos 5 años, la inflación acumulada sube un +22,9%, siendo mucho mayor la subida de alimentos (+36,4%), alquileres (+42,8%), hoteles y restaurantes (+30,6%) o transporte (+22,3%). Y sobre todo, los precios han subido más que los salarios (+14,93% en los últimos 5 años), con lo que la mayoría de familias han perdido poder adquisitivo, más que en Europa. Por eso, aunque la economía y el empleo crecen más en España, muchos ciudadanos “no notan” esta mejoría y más de la mitad cree que la economía está “mal o muy mal”. Para corregir este pesimismo, sólo queda una salida: subir más los salarios, tras varios años en que las empresas han mejorado mucho sus ventas y beneficios. Urge repartir mejor el crecimiento.

                       Los alimentos han subido +36,4% en los últimos 5 años

España sigue creciendo (+0,6% el primer trimestre 2026, un +2,7% anual) y 2026 será el 5º año consecutivo en que creceremos más que el resto de Europa (+2,1%, según el FMI. Sin embargo, los españoles no tienen la sensación de que “la economía va bien”: el 52,8% opina que la economía española va “mal” (38%) o “muy mal” (14,8%), según el último Barómetro del CIS (abril 2026). Un porcentaje de “pesimistas” que es mayor al de antes de la pandemia (en junio de 2019, sólo un 39,8% veían la economía entonces mal o muy mal), aunque es mejor que la sensación negativa que tenían tras la invasión de Ucrania (el 72,6% de los encuestados veían la economía “mal” o muy mal” en abril de 2022). Curiosamente, cuando a esas mismas personas se les pregunta cómo es su situación económica particular, son muy optimistas: el 64,7% la calificaban de “buena” (60,7%) y muy buena (4%), el doble de los que pensaban así antes de la pandemia (junio 2019): 32,5% dijeron que “buena” y 1,3% “muy buena”.

La posible explicación a esta aparente contradicción (“España va mal, pero yo voy bien”) puede estar en la caída de la confianza del consumidor tras varias crisis (pandemia, invasión de Ucrania, guerra en Oriente Medio) y, sobre todo, en la preocupación por la inflación y la vivienda, los dos problemas que más destacan los encuestados por los Barómetros del CIS.

La inflación no debería preocupar tanto, porque bajó dos décimas en abril (al 3,2%), gracias a la rebaja de impuestos a los carburantes y a la electricidad (que cuesta la mitad que en Europa, por el mayor peso de las renovables). Y ese 3,2% de inflación está muy lejos de los precios disparados tras la crisis anterior, la que siguió a la invasión de Ucrania (24 febrero 2022): llegó a subir por encima del 10% entre junio y agosto de 2022 (con un máximo del 10,8% de inflación en julio 2022) y no bajó del 4% hasta mayo de 2023. El problema no es la inflación actual, sino que llueve sobre mojado y los consumidores han sufrido subidas constantes de precios en los últimos 5 años que se han comido sus ingresos y ahorros. Veámoslo.

La inflación “acumulada” hasta abril de 2026 (desde abril de 2021) ha sido del +22,9%, según el INE, aunque hay muchas partidas de gasto que han subido mucho más (o bastante): alimentos (+36,4%), restaurantes y hoteles (+30,6%), bebidas y tabaco (+25,2%), transporte (+22,3%), seguros y servicios financieros (+20,6%), cuidados personales (+19%), gastos de vivienda, luz, agua y calefacción (+17%) y muebles (+14,9%). Y los alquileres han subido mucho más: +42,8% entre abril de 2021 y abril de 2026, según Idealista. Y si nos vamos más atrás, hasta abril de 2008, los precios han acumulado en los últimos 18 años (hasta abril 2026) una subida del +41%. Y han subido mucho más los alimentos (+59%), los seguros y servicios financieros (+71,9%), los restaurantes y hoteles (+53,1%), la enseñanza (+47,5%), los gastos de la vivienda (+45,3%) y el transporte (+42%). Y los alquileres subieron  un +76,5%...

Esta subida acumulada de los precios no afecta a todos por igual: daña más a las familias con menos ingresos, porque gastan más porcentualmente en alimentación, energía, transporte y alquileres, los productos y servicios que más se han encarecido, con lo que han tenido que modificar y recortar sus gastos (ahorrando en carnes, pescados y verduras frescas, por ejemplo), con más problemas para llegar a fin de mes. Y además, la subida de precio de los carburantes les afecta más y funciona como “un termómetro emocional” de la inflación, alimentando la creencia de que la economía va “mal” o “muy mal”. Y encima, la subida de la inflación y la incertidumbre geopolítica han frenado en seco la bajada del Euribor, con lo que se les encarece la hipoteca que tienen pendiente (o una que pensaran pedir): el Euribor cerró abril en el 2,747%, el precio más elevado del último año y medio, con lo que la próxima revisión de una hipoteca media (163.378 euros a 25 años, al Euribor+1%) les supondrá pagar 839 euros al mes, 52 euros más que hace un año (+624 euros al año).

El problema es que esta inflación acumulada en los últimos años se ha “comido” los ingresos de la mayoría de las familias, porque los sueldos han crecido mucho menos y han perdido poder adquisitivo, teniendo que echar mano de los ahorros o endeudándose. En los últimos 5 años (2021-2025), los salarios en convenio crecieron un +14,93%, con lo que las familias perdieron un -8,8% de poder adquisitivo. Y si nos vamos más atrás, al inicio de 2018, los salarios han subido un +47% hasta finales de 2025, mientras la inflación acumulada subía un 41,8%. Así que los españoles han tenido una subida real de sus ingresos en los últimos 18 años del +5,2% (ganan 2.531 euros de media, 812 euros más que en 2008). Con razón vemos que el sueldo no da… Y si miramos lo que pasa este año 2026, seguimos perdiendo poder adquisitivo: los precios han subido un 3,2% anual hasta abril y en estos 4 meses, la subida media pactada en los convenios ha sido del 2,94% (balance: -0,26%) . 

Como pasa con los precios, la pérdida de poder adquisitivo es desigual, según las familias y sus ingresos. Tomando los datos de 2025 (un año en que se ganó poder adquisitivo:+0,5%), hubo 2 millones de trabajadores en empresas privadas que perdieron poder adquisitivo (porque su salario subió menos que la media), +3,5%), 4,4 millones que lo ganaron y otros 3,7 millones que lo mantuvieron. Y los 3,1 millones de empleados públicos lo mantuvieron (sin ganar ni perder). Y con ello, en 2025, España fue el país europeo donde menos aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores (+0,5%), menos que Francia (+0,8%) o Dinamarca (+0,6%), Italia (+1,1%), Alemania (+1,4%), Irlanda (+1,8%), Paises Bajos (2,3%), Portugal (+3,8%), Finlandia (+4,1%), Suecia (+6,6%).

Este menor aumento del poder adquisitivo en España tiene 2 causas. Una, que España tiene más inflación que la media europea y que los grandes paises: en abril, la inflación anual de España (el dato “homologado”) fue del +3,5% anual, frente al 3% de media en la zona euro, el 2,9% de Alemania e Italia y el 2,5% en Francia, según Eurostat. Y la otra, que los sueldos en España han subido menos, algo que pasa desde hace décadas : entre 2000 y 2024, los salarios reales (descontando la inflación) han subido un +5,1% en España, frente a una media del +19,4% que subieron en la OCDE (38 paises occidentales), una subida real  del +19,7% en Francia, un +17% en Alemania, un +2,3% en Italia o un 7,3% en Portugal.

Esta mayor pérdida del poder adquisitivo en España alimenta el pesimismo de los que ven la economía “mal” o “muy mal”, máxime cuando estalla otra guerra que dispara la energía y cuando siguen subiendo los alquileres. Y esto se refleja en el índice de Confianza del Consumidor, que publica el CIS, que ha bajado tras la guerra en Irán (del 79,6 en marzo de 2025 al 66,9 en marzo de 2026), aunque se sitúa por encima de antes de la pandemia (63,3 en marzo 2020). Un indicador que refleja que el 29,4% de las familias llegan justo a fin de mes y otro 14,9% lo tienen difícil y han de recurrir a los ahorros o a endeudarse. Eso sí, las ayudas públicas desplegadas por el Gobierno Sánchez por la pandemia y la invasión de Ucrania, más las reformas fiscales, han permitido que las familias más vulnerables (el 20% con menos ingresos) hayan mejorado su poder adquisitivo entre 2017 y 2023, según un reciente estudio del Instituto de Estadios Fiscales, que demuestra que se ha reducido esos años la desigualdad, aunque todavía es elevada: el 10% más rico ingresa 23,1 veces que el 10% más pobre.

Esta pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de hogares contrasta con la mejora de ventas, márgenes y beneficios de las empresas, sobre todo a partir de 2023. Los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales demuestran que los márgenes empresariales (el excedente bruto de explotación) están en máximos, tanto en cifras absolutas como en los aumentos: crecieron un +10,7% entre 2018 y 2019 y han aumentado un +12,9% en 2024-25. Y si descontamos la inflación, los márgenes empresariales (beneficio bruto) han crecido un +30% entre 2019 y 2025, frente al 13% que han crecido los salarios reales. A lo claro: que en el reparto del pastel del crecimiento (PIB), las empresas han aumentado su trozo casi el doble que los trabajadores. Y los sectores donde ha crecido más el margen real (descontando la inflación) estos últimos años (entre 2018-19 y 2024-25) han sido la energía (+5% de margen sobre ventas), la hostelería y turismo (+4,6%), el comercio mayorista de alimentos (+1,9% de margen real) y la construcción (+1,4%), sectores donde los salarios han perdido peso real.

El bajo crecimiento de los salarios, frente a una alta inflación acumulada, preocupa al Gobierno, porque impide que la mayoría de las familias se beneficien más del alto crecimiento y la importante creación de empleo (+3.326.100 ocupados entre 2020 y 2026). Y proponen qué hacer: “Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen”,  declaró el presidente Sánchez en febrero pasado, al firmar el nuevo salario mínimo. Y cara al 1 de mayo, los sindicatos han reiterado a la patronal que se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tras el V Acuerdo firmado para 2023-2025. Su propuesta es que los salarios suban un 4% cada año, más un 1,5% adicional si se dispara la inflación. Y subidas extras de hasta el 3% para los trabajadores que cobran menos de la media de su sector. De momento, han pasado 5 meses y la patronal no tiene prisa en negociar las futuras subidas, que defienden menores.

Al final, la mayoría de las familias están “agobiadas” por la inflación, no tanto por la subida de cada mes sino por la acumulada en los últimos años. Aquí poco se puede hacer, salvo vigilar los excesivos márgenes de algunos sectores, aunque mucha inflación es importada, por el aumento de costes de la energía y las materias primas. Donde sí se puede actuar es en los salarios, que deberían subir más por dos razones. Una, porque ahora pueden hacerlo la mayoría de las empresas, que llevan años subiendo ventas y márgenes (no sólo costes, como dicen). Y la otra, porque los sueldos en España siguen siendo de los más bajos de Europa, según Eurostat: 19,5 euros la hora en 2025, frente a 26,2 euros/hora de media en la UE, 34,5 euros en Alemania, 30 euros en Francia y 23 en Italia.

España y sus empresas no pueden seguir compitiendo como la China de Europa, a base de salarios muy bajos que compensen la menor competitividad de los productos y servicios. La economía española está modernizándose y ya hay más empresas con innovación y tecnología, que exportan y mejoran sus márgenes y beneficios, que pueden mejorar los sueldos de sus trabajadores, sobre todo de los que menos ganan (el 40% de los asalariados ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos, según el INE). Y esta mejoría salarial (nada descabellado: piden subir los sueldos un 4%) es necesaria para que más familias se beneficien de la buena marcha de la economía y puedan llegar a fin de mes. Y también para que se mantenga y aumente el consumo, motor clave para crecer y crear empleo, pero clave también para que las empresas vendan y ganen más. Es hora de repartir mejor el aumento del pastel entre empresas y trabajadores. Hay que subir más los salarios para repartir mejor el crecimiento.

Funcionarios: 35 horas y más oposiciones

A partir del 16 de mayo, 250.000 funcionarios y empleados del Estado pasarán a trabajar 35 horas a la semana, 2,5 horas menos que ahora, por un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Un horario reducido que se cumple desde hace años en 11 de las 17 autonomías y en 35 de los 56 grandes Ayuntamientos, mientras no se ha conseguido recortar la  jornada a 37,5 horas a todos los trabajadores, por el veto de Junts, PP y Vox. Pero esta reducción  de jornada a la mayoría de trabajadores públicos choca con dos problemas: necesitamos reforzar las plantillas del Estado (menores que en 2010, por las jubilaciones), a pesar de las abultadas oposiciones convocadas desde 2019, y urge reducir su precariedad: un tercio de los empleados públicos son interinos, lo que ha provocado sentencias contrarias del Tribunal de Justicia UE y dos dictámenes en abril de la Comisión Europea para que España lo solucione en dos meses. El Gobierno ha convocado  a las autonomías para reformarlo. Es urgente.

                 La mitad de los funcionarios del Estado trabajan ahora 35 horas semanales

Esta jornada de 35 horas no es nueva para los empleados públicos. Empezó a aplicarse en algunas Administraciones Públicas (sobre todo en autonomías y Ayuntamientos) en los años 90, pero su aplicación se interrumpió en 2012, cuando el Gobierno Rajoy prohibió este horario (dentro de su política de “ajustes y recortes”) y estableció como norma general para todas las Administraciones Públicas las 37,5 horas semanales. Esta limitación se suprimió en 2018 y varias entidades públicas volvieron a recuperar la jornada de 35 horas. Ahora la tienen 11 de las 17 autonomías (Andalucía, Aragón, Cantabria, La Rioja, Murcia, Castilla la Mancha, Extremadura, País Vasco, Canarias, Castilla y León y Asturias) y 35 de los Ayuntamientos de las 56 grandes ciudades españolas (no trabajan 35 horas los empleados municipales de Valencia, Palma, Alicante, Vitoria, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Albacete, Castellón, Salamanca, Huelva, León, Jaén, Lugo, Cáceres, Ciudad Real, Soria y Teruel).

Pero los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) no recuperaron las 35 horas de otras Administraciones, lo que lleva años siendo un caballo de batalla de los sindicatos de funcionarios. En 2022, el recorte de jornada en la AGE fue incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado entre el Gobierno, UGT y CCOO, sin la presencia de CSIF (el sindicato mayoritario en la Administración), que no se incorporó hasta noviembre de 2025. Y con los 3 sindicatos, el Gobierno acordó explícitamente, el 27 de marzo de 2026, implantar el recorte de jornada en gran parte de la Administración del Estado, con una Resolución publicada en el BOE el 15 de abril y que los organismos han de aplicar desde este 16 de mayo.

El acuerdo establece una jornada de 35 horas (frente a las 37,5 actuales) para 246.500 funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), algo menos de la mitad del total (son 540.830 empleados públicos en la AGE), porque el acuerdo no incluye a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, personal de la Administración de Justicia (tendrán las 35 horas, pero tras concretarlo en una mesa sectorial)  y los funcionarios de Prisiones (a negociar también). Los distintos Ministerios, la Seguridad Social y los organismos públicos afectados han tenido un mes para reajustar horarios y turnos (para asegurar la atención al público y los servicios), de tal manera que a partir de este sábado 16 de mayo ha de aplicarse el nuevo horario de 35 horas, con el mismo sueldo.

La Resolución del Gobierno concreta los nuevos turnos para estos empleados públicos de la AGE. El horario de mañana ya no será de 9.00 a 14.30, sino de 9.00 a 14.00. Esto suma 25 horas. “El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7.00 y las 9.00 de lunes a viernes y entre las 14.00 y las 18.00 de lunes a jueves, así como entre las 14.30 y las 15.30 horas los viernes”, agrega la Resolución. El horario de mañana y tarde pasa a ser de 9.00 a 16.30 horas (antes era hasta las 18.00) y el de tarde de 15.00 a 20.00 (antes era hasta las 19.30). Además, la jornada intensiva de verano no cambia: se mantiene en seis horas y media entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, “a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 de lunes a viernes” en horario de mañana. En horario de tarde, transcurrirá por norma general entre las 14.30 y las 21.30 horas. Por otra parte, los empleados públicos en régimen de especial dedicación, con mayores responsabilidades y, mejores salarios, empezarán a trabajar 37 horas y media, en vez de las 40 actuales.

Además de este recorte de horario, el acuerdo establece la flexibilidad horaria: 1 hora de margen para entrar y salir a los empleados públicos que tengan que cuidar a niños menores de 12 años, mayores o discapacitados. Y se incluye el compromiso del Gobierno de impulsar el teletrabajo en la Administración Pública (AGE), que se reguló en 2021 (tras la COVID) como “voluntario y reversible” pero que ahora se practica poco y de forma arbitraria. La idea del Ministerio y los sindicatos es pactar pronto una regulación más clara y precisa, que podría consolidar un modelo de trabajo 3 días en remoto y 2 presenciales, siempre con la condición de asegurar la atención al público en todos los servicios. Y en paralelo, el Gobierno y los tres sindicatos del sector público, firmaron el 28 de noviembre un pacto salarial para asegurar una subida del 11,4% hasta 2028 para los 3 millones de empleados públicos (la subida del 2,5% de 2025 se abonó en diciembre, con efectos desde enero), tras una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde 2010.

Este recorte de jornada ya implantado para la mitad de empleados de la Administración General del Estado (246.500 de 540.830) podría presionar a las autonomías (1.934.335 empleados públicos) a rebajar la suya (en el caso de las 6 autonomías donde se trabajan 37,5 horas: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares) al igual que a los 21 Ayuntamientos de grandes ciudades que no la han rebajado. Pero los expertos no creen que ayude a la rebaja de jornada en las empresas privadas, sobre todo después de que Junts, PP y Vox rechazaran en el Congreso, el 10 de septiembre de 2025, debatir el proyecto de Ley de reducción de Jornada a 37,5 horas (desde las 40 horas actuales), aprobado por el Consejo de ministros el 6 de mayo de 2025, en cumplimiento del pacto de Gobierno PSOE-Sumar.

Con ello, los trabajadores de empresas privadas trabajan ahora más horas que la mayoría de los empleados públicos: la jornada media pactada por todos los trabajadores en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los empleados que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

Ahora se han mejorado los horarios y los sueldos de muchos funcionarios y empleados públicos, pero siguen con dos graves problemas de fondo. Uno, que son insuficientes en muchos destinos, porque su número se ha reducido con los años, debido a que han crecido más las jubilaciones que las contrataciones, especialmente en la Administración General del Estado (AGE): eran 597.021 empleados en 2010, cayeron hasta 512.577 en 2018 y aunque han aumentado después, eran 540.830 en 2025, 47.000 empleados públicos (AGE) menos que en 2010, aunque la población en España ha aumentado en 3 millones de habitantes en estos 15 años. En los Ayuntamientos, a pesar de ese aumento de la población censada, las plantillas se han estancado: de 632.719 empleados públicos en 2015 a 632.030 en 2025. Donde sí han aumentado mucho es en las autonomías y Universidades: de una plantilla conjunta de 1.450.479 trabajadores en 2015  a 1.934.335 en 2025 (+33,3%).

En conjunto, las plantillas públicas cayeron de los 2.680.219 empleados en 2010 a 2.611.747 en 2018, para crecer luego hasta los 3.107.195 empleados públicos que había en 2025. Un crecimiento del +19% en los últimos 15 años, algo superior al aumento del conjunto de trabajadores, que ha sido el +15,1%: de 18.476,900 ocupados en 2010 a 19.344.100 en 2018 (crecieron mientras bajaban los empleos públicos) y los 22.268.000 ocupados en 2025. Con todo, el porcentaje español de empleados públicos sobre el total de trabajadores era del 15,4% en 2024, menos que la media OCDE (18,4%) y que paises como Suecia (28,2%), Dinamarca (27,3), Francia (20,7%), Bélgica, Reino Unido (17,1%) y Austria, aunque más que EEUU (14,6%), Italia (13,7%) o Alemania (11,5%) : ocupamos el puesto 25 de 38 paises en el ranking de funcionarios en la OCDE. Así que es otro mito que “tenemos muchos funcionarios”…

El otro problema que tenemos con los empleados públicos (además de que son pocos para un país que ya roza los 50 millones de habitantes) es que su situación laboral es muy precaria, porque más de un tercio de los 3 millones son interinos o tienen un contrato temporal, debido a que muchas Administraciones (sobre todo las autonomías, en la sanidad y educación, y los Ayuntamientos) han cubierto las jubilaciones y nuevas necesidades con personal temporal, que en muchos casos lleva años (y décadas) así. Los datos son espeluznantes: hay 1.237.526 funcionarios (904.603) y personal laboral (332.927) con contratos temporales y de interinidad, lo que supone que son “precarios” casi el 40% del personal público (el 39,82%). Esta temporalidad es especialmente preocupante en la Sanidad (334.925 interinos, el 45% de las plantillas), en Educación (225.616 interinos, el 33%), en la Universidad (92.345 temporales, el 48% de las plantillas), en  los empleados de las autonomías (81.613 temporales, el 34%), el personal interino de la Administración Local (225.888, el 36% de las plantillas) y los interinos en Justicia (18.786, el 34% del personal), bajando el porcentaje de precariedad en las Agencias estatales (3.832, el 19%) y en la Administración General del Estado (24.976 interinos en la AGE, el 5% de las plantillas).

Unas cifras de temporalidad espeluznante (casi 40%), muy superior al porcentaje de asalariados temporales en el conjunto de la economía (14,77% en marzo, según la EPA) y muy superior al tope del 8% que marca la Comisión Europea, que obligó a reformar esta situación como condición para pagar una parte de los Fondos Europeos (en el verano de 2025, España no cobró 626 millones de estos Fondos UE por no haber aprobado la reforma para reducir el porcentaje de empleados públicos temporales). Además, este 14 de abril, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) ha emitido una sentencia considerando que las soluciones que aplica España a la alta temporalidad de los empleados públicos (indemnizaciones tasadas, oposiciones anuales y la figura del “indefinido no fijo”) “no son suficientes” para evitar el abuso y reparar el daño. Tras este dictamen, el Tribunal Supremo español ha emitido una sentencia este martes donde cierra la puerta a hacer fijos a los interinos que hayan encadenados contratos temporales, salvo que aprueben una oposición, y propone una indemnización adicional (hasta de 10.000 euros) en caso de despido si ha habido abuso de la temporalidad.

Este grave problema de la temporalidad de los contratos públicos se produce después de que distintas oposiciones, hayan dado la fijeza a 419.000 trabajadores públicos en los últimos 5 años. Precisamente, el Gobierno Sánchez ha convocado más de 274.000 plazas de oposiciones desde 2019 (saltando de las 20.911 convocadas por Rajoy en 2017 a las 40.146 plazas convocadas en 2024 y las 37.017 convocadas este 2026), tanto para cubrir nuevas plazas como para incorporar a interinos como fijos. Pero aún así, hay 1,2 millones de empleados públicos interinos, el 60% de ellos en las autonomías, que son las que gestionan el personal en la Sanidad, la Educación la Universidad o la Justicia. 

Tras la sentencia contra España del TJUE, por la situación de los empleados públicos temporales, la Comisión Europea ha vuelto a reaccionar, enviando el 29 de abril 2 dictámenes motivados al Gobierno español, instándole a que presente una reforma en el plazo de 2 meses (antes del 29 de junio) si no quiere que abran otro expediente sancionador y lo envíen a los Tribunales comunitarios. Ante esta decisión, el Ministerio de la Función Pública convocó a las autonomías el 7 de mayo, para tomar medidas (dado que la mayor temporalidad está en las autonomías y Ayuntamientos) y evitar la multa con la que amenaza Europa (además de la pérdida definitiva de esos 626 millones de Fondos UE). De momento, se han creado 2 Grupos de trabajo para estudiar “posibles cambios normativos”.

Así que España debe aprobar una reforma urgente para evitar la multa europea y reducir la alta precariedad de los empleados públicos, algo que no ayuda a que trabajen con eficacia. Además, habrá que aumentar las próximas oposiciones, para pasar a fijos a parte de estos interinos, lo que tendrá un coste elevado para autonomías, Ayuntamiento y la Administración del Estado. Pero no hay otro camino, porque necesitamos más que nunca unos servicios públicos que funcionen bien y no estén cortos de plantillas, como ahora. Eso obliga a tener también unos ingresos públicos crecientes, algo que choca con la rebaja de impuestos por la que apuestan autonomías y Ayuntamientos controlados por PP y Vox. Es hora de tener unas plantillas públicas con contratos decentes y bien pagados, porque su trabajo es clave para que funcione mejor el Estado del Bienestar, que debería se la prioridad de todos. A ello: es urgente.