UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otro Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos de los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce una normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establecen varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el origen al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

La vivienda, una "emergencia nacional"

La vivienda agrava sus problemas, con nuevas subidas de los pisos y alquileres. Y el gasto en  vivienda supone ya un tercio del gasto total de las familias, hasta el 42% para las que ganan menos. El problema de fondo sigue siendo que faltan viviendas: la oferta aumenta en 95.000 casas nuevas cuando se crean 240.000 nuevos hogares al año. Así tenemos un déficit de 750.000 viviendas, lo que dispara precios y alquileres. El Banco de España alerta de que estamos ante “una emergencia nacional”, que exige una mayor coordinación entre el Estado y las autonomías, hoy inexistente. Una “emergencia económica”, que frena el consumo, el crecimiento y el empleo, pero también una “emergencia social”: 10 millones de inquilinos agobiados, frente a 5 millones de caseros que ingresan 28.000 millones al año. Dos nuevas “clases sociales” enfrentadas por la vivienda, que agrava las desigualdades sociales. Urge tomar medidas sobre el suelo, la financiación, la rehabilitación de pisos vacíos, los pisos turísticos y de temporada, construyendo más, para aumentar la oferta de viviendas.

              Los alquileres transfieren 28.000 millones al año de los inquilinos a sus caseros

El problema de la vivienda en España sigue de mal en peor, a la vista de los datos del primer semestre. Los precios de la compraventa de vivienda han subido otro +3,5% en el primer trimestre, con lo que los pisos son ya un +12,9% más caros que hace un año, según el INE. El precio medio de venta en junio era de 2.823 euros/m2, según el portal Idealista, un máximo histórico que se dispara en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid (6.013 euros/m2) y Barcelona (5.269 euros/m2). Con ello, el precio de la vivienda ha subido un +65,3% en los últimos 7 años (junio 2019-.junio 2026), más del doble que el IPC (+24,8%) y el triple de lo que han subido los sueldos (+21,32%).Y además, la subida de los pisos se acompaña con una subida de los tipos de interés: el Euribor ha subido un +0,717% en el último año (hasta el 2,798% en junio), lo que encarece ahora una hipoteca media (173.331 euros a 25 años) en 66 euros más al mes (792 euros más al año).

Y el panorama de los alquileres es aún peor, con subidas reiteradas impulsadas por una alta demanda de familias que no pueden comprar piso y sólo les queda alquilar. En junio, el precio medio del alquiler era ya de 15,3 euros/m2 (1.377 euros por un piso de 90 m2), según el portal Idealista, pero se disparaba hasta 23,7 euros/m2 en Madrid (2.133 euros por 90 m2) y 23 euros/m2 en Barcelona (2.070 euros por 90 m2), con 29 de las 52 capitales en máximos históricos del alquiler. Unos precios que obligan a muchos jóvenes (y familias) a alquilar por habitaciones, a precios aún más disparados: 521 euros de media, según Fotocasa, que suben hasta 650 euros en Barcelona y 620 euros en Madrid. Y eso después de que los potenciales inquilinos sufran un duro proceso de “selección” (donde quedan fuera muchos jóvenes y familias, sobre todo inmigrantes) y múltiples exigencias, muchas ilegales.

Este oscuro panorama está agravando las cuentas de los 4 millones de hogares (el 20%, con unos 10 millones de personas) que viven de alquiler en España. Según los últimos datos del INE, el gasto de todas las familias españolas en vivienda (alquiler, hipoteca y recibos de agua, luz y calefacción) fue de 11.665 euros por hogar en 2025, el 33,2% de todo el gasto familiar, un porcentaje que ha subido año tras año (suponía el 30,98% del gasto total en 2016). Es la mayor partida de gasto familiar, muy por delante de dos partidas cuyo porcentaje de gasto también crece, la alimentación (16%) y el transporte (11,5%). Pero lo más preocupante es que en las familias con menos ingresos (el 20% con menos renta), el peso de los gastos de vivienda es muy superior: el 41,9% en 2025 (40,1% en 2016). Casi la mitad de su gasto se lo lleva la vivienda, lo que reduce su consumo en otras partidas de gasto, frenando así el crecimiento económico y el empleo.

El problema de fondo es la falta de viviendas: hay poca oferta y mucha demanda. En 2025 se sumaron al parque de vivienda 94.791 nuevas viviendas, según el Ministerio de Vivienda, frente a los 238.990 nuevos hogares creados en el país, según el INE. Y desde 2019, sólo se han sumado 636.486 viviendas al parque existente (27.099.556 viviendas en 2025), mientras la población española crecía cuatro veces más (+2.633.665 habitantes desde 2019). Eso ha ido acumulando un “déficit de vivienda” que el Banco de España acaba de subir de 600.000 a 750.000 viviendas que hacen falta, la mitad concentradas en 6 provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Una “brecha” de viviendas que seguirá creciendo, porque el INE estima que se crearán 2,2 millones de hogares en España los próximos 15 años.

La construcción de nuevas viviendas va muy lenta: las 93.650 viviendas terminadas en 2025 (80.792 “libres” y 12.858 protegidas (VPO) son el tercer peor dato del siglo, frente a las 647.179  construidas en 2007 (579.665 libres y 65.514 VPO), que bajaron a 276.883 en 2010 y al mínimo de 44.630 en 2016, según los datos del Ministerio. Este año, la construcción ha mejorado algo, pero poco: se han iniciado 39.196 viviendas en el primer trimestre (35.148 “libres” y 4.048 VPO, el mejor dato de iniciación de viviendas protegidas desde 2012), un 12,7% más que en el primer trimestre de 2025 (34.779 viviendas iniciadas). Pero, a este ritmo, se terminarán este año unas 105.000 nuevas viviendas, la mitad de las que necesitamos.

Además de construir más viviendas nuevas, habría que poner en venta y alquiler una buena parte de los 3,8 millones de viviendas vacías, la cifra estimada por el Observatorio del Alquiler. Pero ojo, esta medida no sería la panacea, porque la mayoría de estas viviendas vacías están en zonas rurales, en municipios de menos de 100 habitantes (ahí están el 75%), con lo que sólo un 10% de viviendas vacías están en zonas tensionadas, donde ayudaría conceder más ayudas a los propietarios para rehabilitarlas y alquilarlas a precios asequibles.

Otra vía para aumentar las viviendas para alquiler es frenar el desvío de viviendas a los usos turísticos y al alquiler de temporada, dos destinos que buscan muchos caseros para evitar la normativa de los alquileres normales. En España había en mayo 341.001 pisos turísticos, concentrados en Andalucía (90.649), Cataluña (51.305), Comunidad Valenciana (51.268), Canarias (48.356) y Baleares (21.304). Un número que se ha reducido este año, por las trabas de algunas autonomías y Ayuntamientos, aunque han recibido el espaldarazo del Supremo, que emitió en mayo una sentencia que anuló el registro estatal de estos alquileres turísticos, por considerar que es una competencia autonómica. Y otros alquileres que habría que frenar son los de temporada (por meses, para estudiantes y trabajadores), que suponen ya el 27% de todo el mercado del alquiler, según Idealista, superando esa media en Barcelona (55% alquileres son de temporada), San Sebastián (49%), Bilbao y Cádiz (44%), Girona y Pamplona (41%), Santander (36%) y Granada (35%).

Si se redujeran los pisos vacíos y los alquileres turísticos y de temporada, podría haber 1 millón más de viviendas para alquilar y comprar, bajando los precios. Pero la clave del problema sigue siendo construir más, aumentar la oferta, construyendo al menos 200.000 viviendas al año, una gran parte para destinarla al alquiler a precios asumibles y VPO de renta social. Para relanzar la construcción de viviendas en España , hay que actuar sobre varios factores: suelo, financiación, normativa, costes y mano de obra. Veámoslos. La clave es aumentar la financiación para la vivienda. Se da el contrasentido de que España es el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda (52.200 millones en impuestos estatales, autonómicos y locales, el 6,90% de toda la recaudación), pero es uno de los paises que menos gasta, que menos invierte en vivienda: 7.614 millones en 2025, el 0,45% del PIB, frente a paises que destinan del 1 al 3,5% de su PIB a la vivienda.

La clave está en que las autonomías, que gestionan la vivienda, y los Ayuntamientos gasten mucho más en vivienda, dado que el ladrillo les aporta gran parte de su recaudación. Hasta ahora invierten poco y el 70% de lo que invierten es dinero que les transfiere el Estado. Las autonomías que menos gastan en vivienda son Castilla y León (174 millones entre 2021 y 2024), Cantabria (102 millones) y Murcia, mientras las que más gastan son Cataluña (1.971 millones entre 2021 y 2024, Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones).

Como se ve, inversiones mínimas para afrontar el primer problema de los españoles. El Gobierno Sánchez ha multiplicado la inversión estatal en vivienda, que saltó de los 453 millones que gastaba Rajoy en 2017 a 3.500 millones en 2025. Ahora, el Gobierno aprobó en abril el Plan de Vivienda 2026-2030, que pretende triplicar el gasto del anterior Plan , hasta los 7.000 millones de euros (ojo, sólo 1.400 millones al año). El Plan tiene una novedad importante: el Estado central aporta un 60% de esos Fondos para la vivienda pero sólo a cambio de que las autonomías aporten el 40% restante (en los Planes anteriores sólo aportaban el 28% del gasto total ). En principio, las autonomías gobernadas por el PP (11) se mostraron en contra del Plan, dentro de su política de “desgaste” al Gobierno. Pero luego han echado cuentas y han visto que si lo apoyan van a recibir mucho más dinero para gastar en vivienda. Unos ejemplos: Andalucía recibirá 1.197 millones (+877 millones que en el Plan anterior), Madrid 1.113 (+815 millones), Cataluña 1.015 millones (+473), Comunidad Valenciana 798 millones (+558), Galicia 399 millones (+293), Castilla y León 378 millones (+277) o Murcia 308 millones (+258). Esto explica el “milagro” de que en la reunión de la ministra con las autonomías para desarrollar el Plan de Vivienda 2026-2030, celebrada el 21 de mayo, todas votarán a favor del reparto… Ahora falta que colaboren en la aplicación concreta del Plan y en la efectividad de sus ayudas.

Tras la financiación, el 2º cuello de botella de la vivienda es el suelo, la falta de suelo urbanizado, listo para construir. Los promotores se quejan de que no hay suelo disponible, salvo a precios disparados, pero un experto que lo ha analizado con detalle concluye que hay suelo disponible para construir 7 millones de viviendas… Y de ese suelo, en zonas urbanas hay suelo finalista para construir 3 millones de viviendas (1,5 millones en las 15 principales capitales y áreas metropolitanas). El problema, añade, es que estos suelos llevan bloqueados dos décadas, por problemas en la propiedad (el 70% de este suelo es privado y sólo un 30% municipal), que no quiere o no puede ponerlo en el mercado, porque requiere hacer inversiones que no se hacen: antes los bancos financiaban a dueños del suelo y promotores a ponerlos en el mercado, pero ahora no. Además, mucho suelo urbanizable está pendiente de litigios y recursos  a los  Planes, que se podrían agilizar si se aprobara la reforma de la Ley del suelo que el PP y partidos autonómicos vetaron en el Congreso. 

Además de aumentar la financiación y desbloquear el suelo urbanizable, urge facilitar financiación a los promotores privados y públicos (Ayuntamientos) para promover viviendas, agilizando los complicados trámites administrativos y coordinando las actuaciones (Estado, autonomías, Ayuntamientos, dueños del suelo, promotores, bancos y el ICO), junto con la empresa pública de vivienda (Casa 47). Deberían crearse Comisiones de vivienda autonomía por autonomía y ciudad por ciudad, donde todos buscaran la manera de promover más viviendas. Algo que piden todos los expertos y que no se hace. Y en paralelo, tomar medidas para convencer a los propietarios de que alquilen sus viviendas, con empresas estatales que aseguren los alquileres (como Bizigune en el País Vasco) y con incentivos fiscales a los caseros que alquilen pisos vacíos y a precios “razonables”.

Llevamos años hablando del grave problema de la vivienda pero apenas se avanza en soluciones, básicamente por los enfrentamientos entre el Gobierno y las autonomías que gestionan la vivienda. El Banco de España acaba de alertar de que estamos ante una “emergencia nacional”, que exige acuerdos para evitar que la vivienda frene el crecimiento y el empleo (al reducir el consumo de inquilinos e hipotecados) y la actividad de muchas empresas (turismo, agricultura, industria, comercio) e instituciones (hospitales, enseñanza), que no pueden contratar porque sus trabajadores no encuentran alojamiento.

Pero el problema de la vivienda es también una “emergencia social”, porque condena a no llegar a fin de mes (incluso a caer en la pobreza) a los 4,1 millones de hogares que viven en alquiler (unos 10 millones de españoles). Y esto aumenta la desigualdad. Así, los inquilinos (1 de cada 5 españoles) tiene una renta media anual de 21.335 euros, muy inferior a los 32.120 euros de renta media que tienen los propietarios (14,05 millones de hogares, unos 34 millones de españoles). Y si vemos la renta media de los propietarios que alquilan (el 39% de los caseros tienen una vivienda alquilada y un 61% son particulares con varias viviendas o empresas), es de 51.000 euros anuales (2,39 veces las de su inquilino) y hasta 80.000 euros si alquilan 2 o más viviendas (3,7 veces la renta de sus inquilinos), según un reciente estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC.

A lo claro: el problema de la vivienda se ha convertido en un negocio para unos (2,4 millones de caseros individuales) y en una losa para otros (10 millones de inquilinos), que les “trasfirieron” de sus ingresos 28.000 millones anuales (que agobian sus cuentas y hacen más ricos a otros). Una transferencia de rentas que alimenta la desigualdad, porque casi la mitad de los alquileres se pagan al 10% de españoles más ricos, según el estudio. Y además, encubre otra transferencia, de jóvenes a mayores: un tercio de los pagos por alquiler (el 62% de jóvenes) los ingresan caseros mayores de 65 años…

En conclusión, la vivienda no es sólo un problema sino también “una bomba de relojería social”, porque enfrenta a inquilinos y propietarios y a jóvenes con mayores, provocando una penosa “emergencia social”, que alimenta el descontento y la polarización política. Es hora de alcanzar un Pacto político y social por la vivienda, que reparta costes e ingresos, que ayude a los que más lo necesitan y controle un negocio que antepone la inversión al derecho a la vivienda. O resolvemos esta emergencia económica y social o nos estallará cualquier día.

Las infraestructuras están viejas y saturadas

En verano, con los viajes y la avalancha de turistas, es cuando más se aprecian los problemas  de nuestras infraestructuras: vemos carreteras con grietas y firmes dañados, trenes con retrasos y problemas en las vías, estaciones y aeropuertos saturados y puertos al máximo de su capacidad, mientras no se hacen las obras hidráulicas que evitan inundaciones. Un deterioro en las infraestructuras que se debe a años de escasa inversión y mantenimiento, sobre todo entre 2010 y 2018. En los últimos 8 años, la inversión pública en infraestructuras ha crecido (16.114 millones en 2025), pero aún es un 60% inferior a la que se hacía en 2009. Por eso, el Gobierno ha puesto en marcha varios Planes para invertir 40.000 millones en infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, donde se van a destinar 1.000 millones este año a mejorar el firme de 3.670 kilómetros. Falta saber si habrá Presupuestos para hacerlo. Con todo, mejorar las infraestructuras es clave para seguir creciendo y tener unos servicios públicos modernos y eficientes.

                Plan con 1.006 millones de euros para mejorar asfalto carreteras del Estado en 2026

La inversión, uno de los motores del crecimiento, lleva 5 años consecutivos creciendo, tras el bache de 2020 por la pandemia. Sobre todo crece la inversión pública (+9,1% en 2025), el doble que la privada (+4,6%), gracias al maná de los Fondos europeos. Pero, a pesar de este crecimiento, la inversión pública en España (37.177 millones en 2025) está un 34% por debajo a la que había en 2009, porque aún no hemos recuperado los recortes de 2010 a 2018. Y dentro de esta inversión pública, la inversión en infraestructuras también crece (16.114 millones en 2025, +6,8% que en 2024) pero ha perdido peso (supone el 38% de toda la inversión pública, cuando era el 60% en 2009) y es un 60% inferior a la que se hacía en 2009. 

Hay tres inversiones públicas en infraestructuras que concentran el 73,5% de la inversión total, según un informe de la Fundación BBVA e Ivie. La más importante, la inversión en carreteras, que se lleva el 30,7% del total (4.952 millones en 2025), aunque han perdido peso y representan menos de la mitad de lo que se invertía en 2009. La 2ª inversión más importante es la que se hace en infraestructuras ferroviarias (4.592 millones, el 28,5% del total), que son precisamente las inversiones públicas que más han caído (se han reducido en dos tercios desde 2009, sobre todo por el desplome en la conservación). Y la tercera mayor inversión pública se da en obras hidráulicas (2.300 millones en 2025, el 14,3% del total), que han caído en términos reales (descontando la inflación) un 61,7% desde 2009, lo que explica la enorme indefensión ante las inundaciones. Y tras estas 3 grandes inversiones, tenemos las inversiones en puertos (1.626 millones en 2025, el 10,1% del total) y en infraestructuras aeroportuarias (1.216 millones, el 7,55%), donde el grueso de inversiones se autofinancian.

Así que ya sabemos por qué hay problemas en  las carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, puertos y aeropuertos: se invierte poco, más que en 2018 pero mucho menos que antes de la crisis financiera y los recortes. Y esta baja inversión crea problemas por doquier. En las carreteras del Estado (26.564 km), el propio Ministerio de Transporte reconoce que más de 5.000 km (casi 1 de cada 5 km) “requieren actuaciones urgentes”. Y las empresas de mantenimiento señalan que se necesita invertir en ellas 5.600 millones… En el ferrocarril, la inversión pública total cayó a la mitad entre 2011 (4.826 millones) y 2022 (2.411 millones) y aunque ha crecido más después (hasta 4.592 millones en 2025), todavía es menor a la inversión de 2011. Y en mantenimiento de vías y trenes, se gastó 726 millones en 2018 (menos que los 759 millones de 2011), aunque ha subido a 1.119 millones en 2025. Con todo, en la red ferroviaria convencional se gasta (2.400 millones en 2025) 6 veces más que en 2017 y en la alta velocidad (2.300 millones en 2026) se gasta el doble que hace 8 años.

En muchos puertos (como el de Valencia o Algeciras), las infraestructuras disponibles están al límite para recibir mercancías (por mar llegan el 80% de las importaciones) o exportarlas (el 60% de las ventas exteriores se hacen por mar). Y sobre las obras hidráulicas, las persistentes riadas no han servido para impulsar obras de canalización y defensa: haría falta movilizar 103.824 millones en obras hidráulicas durante la próxima década (10.749 millones sólo en la Comunidad Valenciana) para garantizar la seguridad hídrica del país y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante sequías a inundaciones, según Seopan.

Y queda analizar la situación de los aeropuertos españoles, que están saturados por el aumento de viajes tras la pandemia y los sucesivos récords de turistas: han pasado de recibir 275 millones de pasajeros en 2019 a 321,6 millones en 2025 (+17%), según los datos de AENA. Datos que revelan un grave problema: 10 aeropuertos españoles encaran este verano al límite o superando su capacidad para recibir vuelos y viajeros. Son los aeropuertos de Sevilla (al 125,8% de su capacidad), Valencia (al 112,8%), Tenerife norte (al 110,4%), Bilbao (110,4%), Menorca (al 105,3%), Alicante (al 105%), Barcelona-el Prat (al 104,5%: recibió 57,48 millones de pasajeros en 2025, con capacidad para 55 millones), Palma (al 99,4%), Lanzarote (al 99,1%) y Madrid-Barajas (al 97,9%: recibió 68,18 millones de pasajeros en 2025 y tiene capacidad para 70 millones). La saturación es tan preocupante que Aena, la empresa pública que gestiona los 46 aeropuertos españoles, ha anunciado que establecerá restricciones a las aerolíneas (de vuelos y pasajeros) en 2027, primero en Madrid y Barcelona.

Ante este panorama en las infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, que afectan a millones de ciudadanos, con riesgos de accidentes y retrasos, el Gobierno ha puesto en marcha diversos Planes de inversión pública para modernizar las grandes infraestructuras, a pesar de no tener aprobados Presupuestos. Con los distintos Planes ya anunciados por el Ministerio de Transportes, se compromete a realizar una inversión superior a los 40.000 millones de euros en los próximos 3 a 5 años. Veamos en qué y cuánto.

Casi la mitad de esta inversión, 20.000 millones en el próximo quinquenio, es el Plan de inversiones ferroviarias que Transporte negocia con Hacienda para realizar inversiones (a través de ADIF) sobre todo en la red convencional, cercanías (600 millones de pasajeros anuales) y transporte de mercancías, menos en la alta velocidad (que ya ha crecido bastante). Se trata de aumentar la inversión en mantenimiento (de los 700 millones de 2011 y los 1.119 en 2025 a 1.800 millones en 2030) y realizar inversiones en infraestructuras (la Y vasca, duplicaciones de vías, la conexión Murcia-Almería y Burgos-Vitoria, corredores europeos, conexiones con puertos y ampliación de estaciones, desde Atocha y Chamartín a Sants o la Sagrera en Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Murcia).

El 2º eje de las futuras inversiones son los aeropuertos, donde AENA presentó en febrero su Plan DORA III para realizar inversiones por 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031, un año en que  esperan recibir 400 millones de pasajeros. Unas inversiones que se financiarán con los cánones que cobra AENA y no tienen coste para el Estado. Las mayores partidas se destinarán a reforzar grandes aeropuertos al límite (3.220 millones para Madrid-Barajas, 3.200 para Barcelona-El Prat) y aeropuertos turísticos (619 millones para el de Alicante, 571 para el de Málaga, 410 millones para el de Palma y 1.500 millones para los aeropuertos canarios). Las inversiones no sólo ampliarán y modernizarán terminales y pistas, sino que también digitalizarán más los aeropuertos e implantarán el sistema europeo de control de fronteras (Entry(Exit System, EES), obligatorio para reorganizar los flujos de pasajeros.

El tercer eje inversor serán los puertos, donde se movilizarán 7.000 millones de euros entre 2025 (1.225 millones) y 2029 (1.218 millones), el mayor esfuerzo inversor en dos décadas. Aquí también las inversiones correrán a cargo de los propios recursos del sistema aeroportuario, no del Presupuesto del Estado. Las principales inversiones se harán en la nueva terminal norte del puerto de Valencia, en desarrollar el sur del puerto de Barcelona y en las mejoras de los puertos de Algeciras , las Palmas y Granadilla (Tenerife). Y también se invertirá en electrificar los puertos (para que los barcos que atraquen contaminen menos) y en mejorar los accesos por carretera y ferrocarril a los principales puertos.

Y el 4º Plan inversor, anunciado por el ministro Puente en febrero, es un Plan de conservación de carreteras, con un presupuesto de 1.629 millones en 3 años (2027-2029), destinado a mejorar los firmes de la red de carreteras del Estado (26.564 kilómetros de los 165.756 kilómetros que suman todas las carreteras estatales autonómicas y locales en España) y reducir el enorme déficit de mantenimiento (5.600 millones). Al final, el Gobierno no ha esperado al año que viene y el 16 de junio ha aprobado un primer Plan de conservación de carreteras para 2026, con 1.006 millones de euros de inversión en 10 autonomías (216,32 millones para las carreteras de Cataluña, 188,4 millones para Castilla y León, 183,9 para Castilla la Mancha, 148,68 millones para Aragón, 83,7 millones para la Comunidad Valenciana y 60,76 millones para Madrid). La duración de los contratos será de 3 años, prorrogables. En paralelo, Transportes lleva invirtiendo desde enero otros 150 millones en carreteras (105 en mejora de firmes), para reparar (con “contratos exprés” y licitaciones rápidas) carreteras estatales que han sufrido daños con las borrascas de primavera.

Además de estos Planes para reparar y mejorar las carreteras estatales, Transportes ha recibido la autorización del Gobierno para contratar el mantenimiento de las 12 autopistas que pasarán al Estado a finales de 2026 (la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, de peaje, y 11 autopistas de 1ª generación, en las que no se paga peaje porque el Estado paga un canon de 300 millones anuales a las concesionarias). El Estado dejará de pagar ese canon pero tendrá que pagar el mantenimiento de los 993 kilómetros de esas 12 autovías, un mantenimiento para el que cambiará el sistema de contratación habitual por el de “subasta”, algo que no gusta a las empresas ni a los sindicatos, que amenazan con recursos legales.

Visto el panorama de las infraestructuras en España, parece claro que tenemos un problema serio de falta de inversión (sobre todo entre 2010 y 2018) y de mantenimiento, que se traduce en problemas para los usuarios y puede convertirse en un cuello de botella para el crecimiento futuro. Un problema que se agrava porque somos más población a usar estas infraestructuras (+9,5 millones de habitantes que en el año 2000) y recibiremos este año 100 millones de turistas (más del doble que los 46,4 millones que llegaron en el año 2000).

Queda claro que hay que hacer un esfuerzo adicional en las infraestructuras esenciales, sobre todo en la red ferroviaria, las carreteras, los aeropuertos, puertos y las obras hidráulicas. Eso debería obligar a un gran Pacto por las infraestructuras del futuro, donde se acuerden dos cuestiones clave. Una, qué obras e inversiones son prioritarias, sin que cada región y zona pretenda imponer “lo suyo”. Y la otra, cómo se financian estas obras públicas. La clave es combinar la aportación pública con la inversión privada y el pago de peajes y cánones a los usuarios, con un reparto de costes y cargas justo y transparente.

Pero chocamos con el problema de siempre, el que impide solucionar temas como la vivienda o la sanidad: la imposibilidad de pactar nada, por los tremendos enfrentamientos políticos que bloquean cualquier solución. Y aunque mejorar un trazado ferroviario, un aeropuerto o una carretera no debía ser motivo de enfrentamiento político, en España ahora lo es. Así que el Gobierno va buscando dinero como puede para reparar lo más urgente y habrá que esperar a las elecciones y al futuro Gobierno para esperar un Plan de infraestructuras públicas que modernice nuestro país, facilite el crecimiento económico y mejore diversos servicios públicos esenciales. Otro reto más que está pendiente.

Más pluriempleo (récord)

España tiene más gente que nunca trabajando (22,3 millones), pero también más gente pluriempleada, que trabaja en más de un sitio: son 611.600 personas, que trabajan unas 13 horas semanales en un 2º empleo, sobre todo en los servicios. Y la cifra real podría ser mayor, hasta 889.526 pluriempleados, según los datos de doble afiliación a la Seguridad Social. Es un dato récord, aunque la tasa de pluriempleo (el 2,5%) es de las más bajas de Europa (4,1% de media y hasta el 8,4% en Paises Bajos). Los sindicatos están preocupados por el aumento del pluriempleo, porque se concentra en sectores con contratos precarios y bajos sueldos, con jornadas a tiempo parcial, que buscan complementar sus ingresos para llegar a fin de mes: es el caso de limpiadoras, empleadas de hogar, cuidadoras y trabajadores de la hostelería y el comercio. Y está aumentando el pluriempleo de los asalariados que se hacen autónomos. Hay que diferenciar el pluriempleo voluntario y el forzado, ligado en muchos casos a la economía sumergida. Falta transparencia.

               Limpieza, empleadas hogar, cuidados, hostelería y comercio concentran mucho pluriempleo

En la EPA del primer trimestre de 2026 figura el dato de los trabajadores que reconocen trabajar en más de una empresa: son 611.600 trabajadores, el 2,7% de los ocupados, un récord histórico. El pluriempleo suele crecer cuando lo hace el empleo, por lo que alcanzó los 545.700 pluriempleados en 2007 (2,6%), en plena burbuja económica, para caer a partir de la crisis financiera y marcar un mínimo en 2012 (330.500 pluriempleados, el 2,1%). A partir de ahí, la cifra ha ido subiendo, hasta 442.400 en 2019 (2,5%) y 559.800 en 2025 (2,6%), hasta los 611.600 de marzo 2026 (el 2,7%), un 38% más que antes de la pandemia.

Los pluriempleados realizan una jornada media en su 2º trabajo (o en el 2º y 3º) de 13 horas semanales, siendo más en el sector de contenidos (20,2 horas), telecomunicaciones (17,2 horas) y hostelería (14,5 horas), según la EPA. La mayoría de los pluriempleados son hombres (316.500), aunque crecen más las mujeres (295.000 pluriempleadas). Y están más pluriempleados los jóvenes, sobre todo entre 16 y 24 años, aunque también entre 25 y 34 años. Por sectores, los que más tienen un 2º empleo son los trabajadores de los servicios (555.000 pluriempleados), destacando una serie de trabajos: limpieza, empleadas de hogar, cuidadoras, empleados de comercio, trabajadores de hostelería y turismo y transportes. Les siguen, de lejos, los pluriempleados en el campo (27.100), la industria (17.600) y la construcción (11.400).

Un dato llamativo es el repunte de pluriempleados que son asalariados y se hacen autónomos para realizar su segundo trabajo: la tasa de pluriempleo en actividades como autónomos (208.300, el 3,5%) ha crecido un 36% desde 2019, mientras el pluriempleo de los asalariados que realizan su 2º trabajo como asalariados (399.000, el 2,61%) ha crecido la mitad, un 16%. Todo indica que este aumento se debe a trabajadores con bajos sueldos (o jornadas parciales) que se hacen autónomos para realizar un 2º trabajo, sin dejar el primero.

Aunque el pluriempleo ha crecido en España tras la pandemia, todavía tenemos un porcentaje de pluriempleados mucho más bajo que en Europa, donde hay más tradición de pluriempleo, sobre todo entre los jóvenes. Según un estudio de Adecco, en Europa hay 8,8 millones de trabajadores pluriempleados, un 4,1% de los ocupados, según Eurostat. Los paises con más tasa de pluriempleo son Dinamarca (10,8%), Paises Bajos (8,4%) y Noruega (8,3%), seguidos de Finlandia (6,9%), Suecia (6,4%), Portugal (5,5%), Francia (5,4%, 1.326.000 pluriempleados), Alemania (5,3%, 2.055.000 pluriempleados), con sólo un 0,8% (178.300) en Italia. En general, el pluriempleo en Europa es mayor en los paises con los salarios más altos y el paro más bajo, aumentando más entre personas con más nivel educativo, características muy diferentes al pluriempleo en España (concentrado en los trabajadores más precarios).

Algunos expertos achacan esta menor tasa de pluriempleo en España a que muchos trabajadores no reconocen que tienen otro trabajo cuando les pregunta el INE para elaborar la EPA. Y creen que la cifra real de pluriempleados es mayor, porque algunos están “en la economía sumergida”, tienen otro trabajo no declarado. De hecho, los datos de afiliación a la Seguridad Social aportan una cifra mayor de pluriempleados, de trabajadores que cotizan por las horas que hacen en otra empresa. Así, los “afiliados en pluriactividad” eran 889.526 trabajadores en 2025, el 4,1% del total de afiliados, otro récord histórico, también con una fuerte subida desde 2008 (575.128 afiliados en pluriactividad”, el 2,8%) y desde 2019 (730.269 afiliados con pluriempleo, el 3,8%). En muchos casos, las empresas utilizan a trabajadores empleados en otros sitios para cubrir bajas laborales y otro tipo de ausencias. Precisamente, los sectores con más trabajadores “afiliados en pluriactividad” son la educación (12% del total de pluriempleados), las actividades sanitarias (10,8%), los servicios auxiliares (10,7%), la hostelería y el comercio (9,4% de los trabajadores pluriempleados), las 5 ramas que concentran más de la mitad de los “afiliados en pluriactividad”.

Aunque estos datos de afiliación a la Seguridad Social ya suben la cifra de pluriempleados (a 889.526 trabajadores, el 4,1% de los afiliados), otras encuestas elevan mucho más la cifra de pluriempleados. Un estudio de InfoJobs revela que el 85% de los trabajadores sólo trabaja en una empresa, pero que un 8% ha sido pluriempleado hace menos de un año aunque ahora no lo sea y otro 7% de los trabajadores sí es pluriempleado ahora. Y otros estudios revelan que el 40% de los que tienen 2 trabajos lo hacen porque ingresan entre 1.000 y 1500 euros al mes. Y en muchos casos (sobre todo mujeres) porque tienen trabajos a tiempo parcial (por horas o por días) que les deja tiempo para buscarse un 2º empleo, necesario para llegar a fin de mes.

Los sindicatos muestran su preocupación por el ascenso del desempleo, porque creen que refleja la precariedad de una parte del mercado laboral, sobre todo mujeres y jóvenes que tienen jornadas reducidas y bajos salarios, lo que les obliga a buscar un 2º empleo (o incluso un 3º) para complementar sus ingresos y atender sus gastos. Una necesidad que se agrava ahora, por la fuerte subida de los alquileres y muchos precios.

Por esto, los sindicatos alertan que el pluriempleo en España no es signo de unos trabajadores que quieren  “flexibilizar” su trabajo o compatibilizarlo con estudios o hijos, como en la Europa más rica, sino una salida desesperada para los trabajadores más pobres. Así, en España, el pluriempleo está fuertemente asociado a la precariedad: el 30% de las personas en situación de pobreza laboral tienen más de un empleo, según Intermón Oxfam. Y además, el pluriempleo “forzado” daña la salud (física y mental) de los trabajadores y dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar. Además, a los sindicatos les preocupa que una parte de este pluriempleo forzado sea “irregular”, forme parte de la economía sumergida, por lo que solicitan realizar Planes de vigilancia a la inspección de Trabajo.

En resumen, que vuelve a crecer el pluriempleo, no tanto como el que hacían nuestros padres en los años 60 y 70 pero más que en los buenos años de la burbuja inmobiliaria. Lo malo es que trabajar en más de un sitio no es para la mayoría una opción laboral sino una elección forzada porque con su trabajo habitual no llegan a fin de mes y necesitan trabajar en otro sitio para conseguir unos ingresos decentes. Por eso, los sindicatos reiteran que el pluriempleo es la otra cara de la precariedad laboral y los bajos salarios, del abuso de empresas que utilizan a pluriempleados para cubrir huecos y ausencias, muchas veces sin cotizar por ellos. Y piden que el crecimiento y la mejora de la economía (y de los beneficios empresariales) se traduzca en más empleos únicos de calidad. Ojo al pluriempleo.

España "low cost": crece con baja productividad

Se ha puesto de moda hablar de España como una economía de bajo coste (“low cost”), que compite y crece gracias a sus bajos salarios y energía barata más que por su innovación y productividad, de las más bajas de Europa. Este modelo de crecimiento, junto a la inmigración, ha permitido que España crezca los últimos 5 años más que Europa, pero esto esconde una realidad: en el PIB por habitante, lo que marca la competitividad de un país y su renta, ocupamos el puesto 15 en el ranking de la UE-27. A lo claro: hay 14 paises europeos más productivos y más ricos, algo que lleva pasando décadas. La culpable es esa baja productividad española, que impide mejorar salarios y rentas. Para converger con la mayoría de Europa, el Consejo de Productividad propone aumentar el tamaño de las empresas, gastar más en tecnología, aumentar la inversión privada, mejorar la formación y la organización de las empresas. Crecer sí, pero siendo más productivos para vivir mejor.

                             Enrique Ortega

La OCDE ha sido la última organización en pronosticar, este mes de junio, que España crecerá este año un +2,2%, casi el triple que la eurozona (+0,8%) y más incluso que Estados Unidos (+2%). De confirmarse, será el 6ª año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crece más que el resto de Europa, empujados por el turismo, el consumo privado, los inmigrantes y las exportaciones, sin olvidar los Fondos europeos. Pero lo importante para un país no es sólo lo que crezca su PIB (somos el 4º país con el PIB más alto, tras Alemania, Francia e Italia) sino lo que aumente su PIB por habitante, el indicativo de la productividad de un país y, en consecuencia, de su nivel de vida. Producimos mucho más cada año, pero con 3.326.100 trabajadores más que en 2019. Ahí está “el truco”. 

Y aquí, en el PIB por habitante, España ha vuelto a “pinchar” en 2025, según los datos de Eurostat: somos el país nº 15 en el ranking europeo de producción por habitante real (descontando la inflación), con 38.272 euros por habitante, el 92% del PIB por habitante real de la UE-27 (41.600 euros). Y estamos por detrás de la producción por habitante de Luxemburgo (239% del PIB per cápita europeo), Irlanda (238%), Paises Bajos (133%), Dinamarca (127%) o Austria (118% del PIB habitante europeo), paises mucho más pequeños que España pero más productivos y que por eso tienen más renta y mejores salarios. También estamos por detrás del PIB por habitante real de Alemania (115% de la media UE-27), Bélgica (114%), Suecia (111%), Malta (110%) o Finlandia (101%), que cierran la lista de los 10 paises europeos con un PIB por habitante superior a la media UE-27. Les siguen Francia y Chipre (98% del PIB por habitante europeo), Italia (96%) y Chequia (92%). Y a continuación, en el puesto 15º se encuentra España, con el 92% del PIB por habitante europeo. Un nivel y un puesto similar a los de 2023 (91%) y 2024 (92%), que cayó del 90% entre 2020 y 2022 por la pandemia y que está por debajo de la media desde 2010 (96%).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, en marzo de 2026, del 72,7%, frente al 76,3% en la UE-27, el 81,5% en Alemania y el 75,2% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,3% en Paises Bajos, al 79,4% en Irlanda, al 82,2% en Suecia o al 83,4% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 68%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1.026.000 personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB y nuestra renta, también el PIB por habitante). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,5 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitante) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

Recientemente, el nuevo Consejo de Productividad de España ha elaborado su primer informe, donde destaca que la baja productividad de España es un problema endémico, que arrastramos desde finales del siglo XIX. Así, entre 1890 y 1994, el PIB per cápita creció en España un +1,8% anual, frente al +2% que creció en Europa y el +2,2% en EEUU. Y entre 1995 y 2022, el PIB per cápita creció en España el +0,8% anual, también por debajo del +0,9% que aumentó en la UE-27 y el +1,3% que creció anualmente en EEUU. Eso sí, entre 2022 y 2025, la productividad por hora trabajada en España crece el doble (aunque poco: el +1% anual) que entre 2014 y 2019 (+0,5%), aunque los datos de Eurostat señalan que la productividad española crece entre un 10% y un 15% por debajo UE-27.

El informe del Consejo de Productividad señala dos problemas. Uno, la baja productividad española. Y el otro, que las mejoras de productividad están mal repartidas y los trabajadores se llevan (en sus sueldos) la menor parte. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora trabajada creció un 95% acumulado, pero la remuneración por hora (sueldo) sólo creció un 3%. Y entre 1999 y 2024, la productividad por hora trabajada ha crecido un 13%, mientras la remuneración por hora trabajada (sueldos) ha crecido un 11%. Resultado: el trozo de pastel de los salarios en el reparto de la productividad es hoy inferior al de 2019. Y lo más preocupante: los salarios reales (descontando la inflación) apenas han crecido en España en los últimos 25 años. Así que crecemos, pero la mayoría de los trabajadores no lo notan.

¿Por qué España sigue teniendo una baja productividad? El Consejo señala los dos factores que lo explican: la baja inversión en tecnología e innovación y una estructura productiva centrada en sectores poco productivos, como los servicios, el turismo, el comercio o la agricultura. Y señala otra debilidad de la economía española: la baja inversión, sobre todo privada, que ha crecido menos que en Europa (que a su vez invierte también menos que EEUU, lo que explica su menor productividad). Y también destacan otros factores que bajan la productividad : la escasez de mano de obra, la falta de competencia, el exceso de burocracia y las 17 normativas autonómicas, los impuestos y la normativa laboral.

Otros expertos señalan tres factores claves que explican nuestra baja productividad. El primero, el menor tamaño de nuestras empresas, el exceso de pymes. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay también un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque tienen más empresas medianas (el 0,93%) y casi idéntico porcentaje de pequeñas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

La 2ª causa que explica nuestra menor productividad es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Pero la mayor “brecha” con Europa se da en la inversión tecnológica de las empresas: en España invierten el 0,7% del PIB mientras en Europa invierten una proporción doble, el 1,48% del PIB. Además, esta imprescindible inversión empresarial en I+D+i se concentra en las grandes empresas, que suponen dos tercios de la inversión tecnológica privada. En definitiva, las pymes invierten poco en tecnología e innovación y eso frena su productividad, lo mismo que su menor internacionalización (pocas pymes exportan) y la mayor dificultad que tienen para financiarse.

El tercer factor clave que reduce nuestra productividad es la menor inversión en España. En los últimos años, la inversión total se ha estancado (14,8% del PIB en 2025, casi igual al 14,7% que invertíamos en 2019) y sigue por debajo de la inversión en Europa (16,1% del PIB) y en  Estados Unidos (17,4% del PIB), según Funcas, aunque debería haber repuntado mucho más por el aluvión de Fondos europeos. Esta baja inversión, en España y en Europa, explica en buena medida la menor competitividad frente a EEUU y China, según el informe Draghi, y “limita la capacidad del país para aumentar su productividad y cerrar la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la eurozona”, según BBVA Research.

Hay un 4º factor que explica también nuestra baja productividad: la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes aumenten de tamaño y superen los 50 trabajadores…

En definitiva, que hay muchos cambios estructurales que hacer para conseguir que no sólo crezcamos mucho sino que produzcamos más por trabajador, que seamos más eficientes y productivos, la verdadera clave para mejorar los salarios y nivel de vida, para acercarnos más a la Europa rica del centro y norte del continente. El Consejo de la Productividad propone maximizar los incentivos a la innovación tecnológica, apoyar la transformación digital y energética, mejorar la formación de los trabajadores y la inversión en educación, aumentar el tamaño de las empresas, aumentar la inversión y reducir barreras a las nuevas empresas. Y recuerdan: la mejora de la productividad es la base de un crecimiento que permite aumentar la renta per cápita y mejorar los salarios reales, estancados desde hace 30 años.

Ya sabemos lo que pasa, por qué España tiene los salarios más bajos de Europa y un nivel de vida inferior a 14 paises europeos, muchos de ellos más pequeños. Y tenemos una hoja de ruta para mejorar esta situación, con el gran objetivo de mejorar la productividad. No podemos seguir con una economía “low cost”, que compita en Europa y el mundo con bajos salarios y costes de la energía, con pequeñas empresas con poco capital y poca inversión. No podemos seguir compitiendo por precio, como la China de Europa: necesitamos dar un salto cualitativo y competir con productos de mayor valor añadido, con más tecnología e innovación, con empresas más grandes, más internacionalizadas y que inviertan más en el futuro. Hay que mirar no sólo que crezcamos más sino que crezcamos siendo más productivos. Sólo así mejorarán nuestros bajos salarios y aumentará nuestro nivel de vida. Ser más productivos debería ser el gran objetivo nacional a medio plazo. Para todos.