jueves, 16 de octubre de 2025

Funcionarios: la mitad se jubila en 10 años

Los sindicatos denuncian que desde el 1 de abril están paralizadas las jubilaciones parciales de los trabajadores públicos, porque la nueva normativa exige sustituirlos por jóvenes con contrato fijo y eso no lo pueden hacer los Ayuntamientos, autonomías y la Administración central sin convocar oposiciones. Además, los funcionarios de carrera no pueden acogerse a la jubilación parcial desde 2012 y la nueva Ley de Función Pública que se lo permitirá está paralizada en el Congreso desde julio de 2024. Así que hay problemas para que los jóvenes sustituyan a los empleados públicos, más envejecidos que el resto de los trabajadores: el 57% de los funcionarios tienen más de 50 años y casi 90.000 se jubilarán en los próximos 10 años. Por eso es importante facilitar su relevo por jóvenes, permitiendo su jubilación parcial a partir de los 62 años, algo imposible hoy y que sí pueden hacer las empresas privadas. Hay que fomentar la entrada de jóvenes en la Administración, para dinamizarla y modernizarla.

                    Los funcionarios son los trabajadores más envejecidos (57,16% tienen más de 50 años)

España es un país envejecido, tanto en su población (el 43% tienen más de 50 años) como en su mano de obra (el 33,5% de los trabajadores asalariados tienen más de 50 años). Pero el envejecimiento es mayor entre los empleados públicos (44,96%) que entre los que trabajan en empresas privadas (sólo el 30,82% tienen más de 50 años). Y dentro de los trabajadores de la función pública, los más envejecidos son los funcionarios y personal estatutario (personal sanitario), donde más de la mitad de los empleados (el 57,16%) tienen más de 50 años, según el último informe del Ministerio de la Función Pública.

Así que los que trabajan para la Administración pública (3.521.900 empleados en junio, según la EPA)  tienen más edad media que el resto de trabajadores, lo que va a provocar que en los próximos 10 años se jubilen casi la mitad, algo que hay que preveer desde ya porque si no se deteriorarán más los servicios públicos, en general faltos de personal y con plantillas muy precarias: 908.800 trabajadores públicos, el 27,8% del total tienen contrato temporal, un dato por el que nos ha llamado la atención Bruselas y los Tribunales europeos. Mientras el Gobierno se compromete a bajar esta tasa al 8% a medio plazo, con oposiciones y regularizaciones.

El reciente estudio del Ministerio de la Función Pública se centra sólo en el envejecimiento de una parte de los empleados públicos, los funcionarios de carrera y el personal estatutario (de la sanidad) de la Administración General del Estado, en total 539.257 personas (de los 3,5 millones que trabajan para el sector público), sin informar de los funcionarios y empleados que trabajan en autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos. De ellos, 282,003 son personal de las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y Administración de Justicia, por lo que el estudio se centra en los 242.409 empleados públicos restantes que trabajan en Ministerios, empresas públicas , Agencias estatales y Universidades no transferidas.

Pues bien, de estos 242.409 empleados públicos en la Administración Central, el estudio se fija en el envejecimiento de los funcionarios de carrera (141.426 personas, el 57,58% con más de 50 años) y del personal laboral fijo (39.504 personas, el 66,29% con más de 50 años), el “cogollo” del personal de la Administración central del Estado, con una tasa de envejecimiento (57,16% tienen más de 50 años) muy superior a la del conjunto de los trabajadores españoles (el 33,4% tienen más de 50 años).

Este alto envejecimiento del núcleo de nuestra Administración pública se traduce en que la mitad se van a jubilar en los próximos 10 años, según el estudio del Ministerio: para 2035 se habrán jubilado el 49,53% de la plantilla actual: serán 89.690 empleados públicos jubilados en los próximos 10 años, 67.448 funcionarios de carrera y 22.242 del personal laboral, concentrados más en algunas categorías y Departamentos. Una pérdida de personal (repito, el 49,53% de los empleados actuales) que será muy importante en sus trabajos y cuya sustitución hay que preparar desde ya para mantener y no deteriorar los servicios públicos.

El estudio del Ministerio prevé convocar nuevas plazas y oposiciones en la próxima década, para incorporar a 104.789 nuevos empleados públicos (82.665 funcionarios de carrera y 22.124 personal laboral fijo), con lo que se cubrirían con creces  las 89.690 jubilaciones previstas (con un saldo neto de 15.099 empleados, todos funcionarios de carrera). El problema es que el estudio no informa de las jubilaciones previstas en el conjunto de la Administración pública, es decir, cuántos de los 3,5 millones que hoy trabajan para la Administración central, empresas públicas, autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos se van a jubilar de aquí a 2035. Si la tasa de envejecimiento es similar, habría que sustituir a 1,7 millones de trabajadores públicos en la próxima década, una tarea muy compleja, que exige convocar múltiples oposiciones y preparar numerosas contrataciones de personal público, si no queremos que se deterioren aún más los servicios públicos y la atención al ciudadano.

Una medida que podría ayudar a rejuvenecer las plantillas públicas es la jubilación anticipada o parcial de funcionarios y empleados públicos, para dar entrada a jóvenes en la Administración. En los últimos años, algunos empleados públicos han optado por la jubilación parcial: trabajar menos horas y cobrar una parte de jubilación anticipada y otra de sueldo, acogiéndose al Real Decreto1991 de 1984, modificado en 2011. Pero a finales de 2024, los sindicatos, la patronal y el Gobierno pactaron una nueva reforma de la jubilación parcial, que entró en vigor el 1 de abril de 2025. Y esta reforma ha frenado todas las peticiones de jubilación parcial que habían pedido muchos trabajadores públicos en Ayuntamientos, autonomías y Administración central. En paralelo, los funcionarios de carrera y el personal estatutario (sanidad) siguen sin poder pedir la jubilación parcial desde 2012, cuando lo prohibió Rajoy para colaborar así en la reducción del gasto público (los famosos “recortes”).

La reforma de la jubilación parcial que entró en vigor el 1 de abril permite a todos los trabajadores solicitar trabajar menos horas (un mínimo de 25% de la jornada y un máximo del 75%), sustituyendo ese menor sueldo con una parte de la pensión, siempre que tengan cotizados 33 años y 6 meses. Y la edad a la que se puede solicitar la jubilación parcial es de 62 años (si ha cotizado más de 38 años y 3 meses) y 63 años y 8 meses (si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses pero más de 33 años y 6 meses). Pero además, la nueva norma plantea una exigencia nueva: el trabajador que se jubila parcialmente ha de ser sustituido por un joven relevista (que esté en el desempleo) al que la empresa debe hacer un contrato indefinidos a tiempo completo ( o un contrato fijo discontinuo), que debe mantenerse 2 años después de la jubilación parcial del trabajador relevado.

Este cambio, el que obliga a sustituir al jubilado parcial por un joven con contrato indefinido a tiempo completo es el que imposibilita que los trabajadores públicos consigan ahora una jubilación parcial: exigiría que su Administración (Ayuntamiento, autonomía, Administración central o empresa pública) contratara fijo a un joven, algo que no pueden hacer porque el proceso de contratación en la Administración exige convocar pruebas y oposiciones, limitadas por sus maltrechas economías y las normativas vigentes. Y por eso, un Juzgado de lo social de Gijón ha rechazado en julio la petición de una enfermera de la Consejería de Derechos Sociales de Asturias para acogerse a una jubilación parcial, como informa el sindicato CSIF, que denuncia  la situación de muchos empleados públicos que ahora no pueden conseguir la jubilación parcial, al menos hasta que sus Administraciones convoquen nuevas plazas.

El problema se ha ido agravando y los sindicatos presionan a la Seguridad Social para que busque una solución que permita la jubilación parcial de los empleados públicos, como sí pueden hacer el resto de los trabajadores. Todo indica que la solución pactada será volver a la situación anterior al 1 de abril y permitir por un tiempo que los empleados públicos se puedan jubilar parcialmente siendo sustituidos por interinos “temporalmente”, como sucedía antes, a la vez que se aceleran las convocatorias de nuevas plazas de empleo público para que los sustitutos sean personal fijo (como en el resto de empresas).

El problema es que este “parche” puede resolver el problema del personal laboral que quiere optar a la jubilación parcial, pero no resuelve el problema de los funcionarios de carrera y personal estatutario (sanidad), que no pueden solicitar la jubilación parcial desde 2012. Se les buscó una solución, introduciendo una enmienda en la Ley de la Función Pública, para que ellos también se puedan jubilar parcialmente. Pero la Ley sigue paralizada en el Congreso desde julio de 2024, junto a otras tantas Leyes que sufren el actual bloqueo político.

A la vista del tremendo envejecimiento de las plantillas públicas, urge acelerar estos cambios, tanto para facilitar la jubilación parcial de los empleados públicos y de los funcionarios como para retrasar la jubilación de los funcionarios (hasta los 72 años), para impedir que desaparezcan la mitad de los empleados públicos en la próxima década. Se trata de redimensionar las plantillas públicas (escasas en muchos Departamentos tras los recortes de 2012 y la no reposición de los jubilados), reducir su precariedad (elevadísima en la sanidad y en parte de la educación) y planificar con tiempo el futuro, para afrontar las jubilaciones previstas y las necesidades crecientes de muchos servicios públicos.

Y no solo se trata de planificar el futuro de las Administraciones públicas y sus empleados. Otro reto es incorporar a la juventud a la función pública, porque en una gran mayoría de casos optan por las empresas privadas, generalmente porque pagan mejor. Y cuando hacen una oposición, es muchas veces por asegurarse un empleo más que por apostar por el servicio público, que lleva décadas denigrado y poco valorado en España. Pero es importante que la Administración pública del futuro cuente con los jóvenes, que pueden aportarla innovación, digitalización y modernización. Para eso, el camino del contrato de relevo, que un joven sustituya a un empleado público o a un funcionario con experiencia es la mejor escuela y una garantía de eficacia y calidad en los servicios públicos. Por eso, urge arreglar los problemas actuales y facilitar el relevo laboral en la Administración pública.

lunes, 13 de octubre de 2025

Alimentos: un tercio más caros que en 2019

La inflación repunta algo, aunque ronda el 3%. Pero aunque los precios parecen más controlados, siguen subiendo los alimentos, sobre todo los frescos. Y las subidas se acumulan: los alimentos han subido un 35,3% desde la pandemia, no sólo en España sino en la mayoría de Europa. Una subida que ha afectado más a las familias con menos ingresos, que consumen ahora menos carnes, pescado, frutas y verduras. Y quien se benefician son los súper con marcas blancas (sobre todo Mercadona, que controla el 27,3% de todas las ventas), que siguen ganando la partida a los híper y a las tiendas tradicionales (han desaparecido 50.000 tras la pandemia). En estos años, los consumidores hemos cambiado los hábitos de hacer la compra: ahora compramos más veces y menos cantidad, mirando varias cadenas para buscar ofertas y promociones. Lo más preocupante es que la crisis climática (sequías, inundaciones, fenómenos extremos…) está ya subiendo el precio de los alimentos, subida que irá a más.

                          Los alimentos, lo que más ha subido tras la pandemia

Los españoles gastamos cada semana más en el carro de la compra, aunque la inflación parezca controlada (+3% anual en septiembre, muy lejos del 6% que subía en febrero de 2023 o del 10,8% de subida en julio de 2022). Pero los alimentos, aunque suben menos que la luz o los carburantes, siguen aumentando de precio cada mes y esas subidas se acumulan en los últimos 5 años, tras la pandemia, lo que explica que los veamos mucho más caros. De hecho, los alimentos son la partida de gasto que más ha crecido en el IPC desde enero de 2020 hasta agosto de 2025: +35,3% de subida acumulada, según el INE, por encima de la subida media de todos los precios (+22,3%) y también más de lo que han subido estos años hoteles, bares y restaurantes (+28,3%), los gastos de la vivienda (+22,4%), bebidas (+21,9%), ocio (+16,6%) y transporte (+16,4%) .Y por supuesto, los alimentos han subido casi el triple que los sueldos: +16,64% han subido los convenios desde 2020.

Y esto no ha pasado sólo en España: en toda Europa, los alimentos han subido un tercio desde 2019 (+33%), según un estudio del BCE, que destaca las mayores subidas acumuladas en el café, cacao y chocolate (han subido más del 50%), la mantequilla (+50%), la leche (+40%) y las distintas carnes (+30%). Por paises, las mayores subidas acumuladas de los alimentos se han dado en los paises bálticos (+52-57%), seguidos de Paises Bajos (+39%), Bélgica (+38%) y Alemania, ocupando España un lugar intermedio (+34% subida de los alimentos entre 2019 y 2024), con Portugal (+32%) y Grecia (+30%), subiendo menos en Irlanda (+26%), Francia (`+27%), Italia (+28%), Finlandia (+25%) y Chipre (+20%).

Tras estas fuertes subidas desde 2019, los alimentos se llevan ahora una mayor parte de los gastos totales de las familias, en Europa y en España. Así, en 2024, el gasto medio de las familias españolas en alimentación fue de 5.391 euros, el 15,8% del gasto total (34.944 euros), frente a los 4.286 euros que nos gastábamos en comida en 2019, que representaban el 14,17% del gasto total, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Eso consolida a los alimentos como la 2ª mayor partida de gasto de los hogares, sólo por detrás de los gastos de la vivienda (11.029 euros anuales, el 32,4% del Presupuesto familiar).

La inflación acumulada en los alimentos no sólo provoca que se lleven más parte del gasto familiar, sino que además, se llevan más en los hogares con ingresos medios y bajos, donde “pesa más el gasto de la comida tras la pandemia. Así, en las familias con ingresos bajos y medios ha subido más el porcentaje del gasto que se llevan los alimentos (del 18,1%/15,8% y 13,8% al 19,4%/17,9% y 15,8%), aunque también ha subido en los hogares con más renta. Y curiosamente, en el 20% de hogares con menos recursos, el peso del gasto en alimentación ha bajado (del 20,3 al 19,9%), porque se han visto forzados a gastar menos.

Los alimentos que más han subido estos años (agosto 2019-agosto 2025) han sido, según el IPC del INE, el café (sube +20,2% anual ahora), el chocolate (+18,8%), los huevos (+17,8%), la carne de vacuno (+15,5%), las patatas (+9,5%) y las legumbres (+10,1%), destacando sólo la fuerte bajada actual del aceite (baja un 43,7% anual). Si analizamos sólo la subida de los alimentos en el último año, en septiembre subían un +3% anual, la menos subida de la comida en los últimos 4 años, según el estudio de precios de la OCU (analiza 106.320 precios en 786 establecimientos de 183 ciudades). Pero hay una gran diferencia en la subida según que los alimentos sean envasados (suben +0,8% en el último año) o frescos: suben un +6,7% anual, sobre todo las frutas y verduras (+8,2%) y las carnes (+7%), aumentando el precio del pescado un 3,4% anual. Esto lleva a que muchas familias estén reduciendo su compra de carnes, frutas, verduras y pescados, deteriorando su dieta y su salud.

El gasto medio anual en alimentación es de 6.259 euros por familia, según la OCU, aunque varía mucho según el tamaño de la ciudad donde se viva (las grandes ciudades son más caras). Y también varía mucho según dónde se compre: la diferencia puede llegar a ser de 1.132 euros de media entre los establecimientos más caros (Sánchez Romero, Supercor y Sorli Discau) y los más baratos (Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash), siendo esta diferencia mucho mayor en Madrid y otras grandes capitales.

La subida de los alimentos y la mayor competencia en precios y promociones han cambiado los hábitos de los consumidores a la hora de hacer la compra, según un reciente estudio de Worldpanel: los consumidores hacemos ahora más visitas a los establecimientos y compramos menos cada vez, las cestas son más pequeñas (no cargamos el carro ni el coche como antes, también por el aumento de mayores y jóvenes consumidores). Y si antes de la pandemia íbamos casi siempre a comprar al mismo sitio, ahora visitamos más de una tienda, incluso el mismo día, para comprar precios y promociones. Otro cambio que se asienta es que compramos más “marcas blancas cada vez: la marca del distribuidor ha pasado de representar el 43% de las ventas en 2023 al 45,9% en 2025, un máximo histórico. Y además, cada vez compramos en las tiendas más comida preparada, que compensa el que estamos saliendo menos a comer fuera (¡ por los precios de bares y restaurantes ! ).

Otro hábito de compra que gana terreno es ir a los supermercados de proximidad, que siguen ganando cuota (39,2% del total)  gracias sobre todo a sus “marcas blancas”. Y llama la atención que el líder de los súper, Mercadona, gana cuota de mercado mes a mes: en agosto, acaparaba el 27,3% de todas las ventas (de alimentación y limpieza) y, lo más llamativo, había sido visitado por el 91,3% de todos los compradores ese mes… Le sigue Carrefour, con un tercio de cuota (9%), la alemana Lidl (6,9% cuota), el grupo Eroski (4,3%), Dia (3,7%), Alcampo (2,8%) y la otra alemana, Aldi (1,9%), aunque todo el grupo IFA capta el 10% de las ventas totales, según los últimos datos de Worldpanel.

Todas estas cadenas ganan cuota, salvo Carrefour y Alcampo, que sufren el reflujo de los hiper, que es el establecimiento que ha perdido más clientes y ventas en las dos últimas décadas, suponiendo ahora sólo un 10% de la cuota total. Alcampo (80 híper) ha recortado tiendas (-25) y plantilla (-710 empleados), mientras en Francia se habla de su posible fusión con Carrefour (204 establecimientos en España). Y el tercer híper francés, eLeclerc (12 híper en España) también se propone reducir plantilla. También pierden peso en España las tiendas tradicionales de barrio (15,4% de la cuota) : ya son menos de 500.000 locales y se han perdido 50.000 comercios minoristas desde 2019, por los súper de proximidad y el comercio electrónico, según este estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

En definitiva, que los españoles miramos cada vez más los precios de la cesta de la compra y comparamos ofertas y promociones, yendo más veces a comprar y cargando con menos productos aunque haya que ir más veces al súper. Y tratamos de adaptar la compra a los precios, comiendo menos de lo que es más caro y buscando ofertas y marcas blancas. Y además, crecen los consumidores mayores, muchos de ellos solos, que están modificando lo que se compra y la oferta de la industria alimentaria, mientras no acaba de avanzar la cesta de la compra electrónica, aunque sí las compras que se entregan en casa.

Cara al futuro, el precio de los alimentos va a seguir oscilando con la demanda y las épocas del año (en verano y Navidad siempre serán más caros). Y seguirá a fondo la guerra de precios, en muchos casos a costa de un deterioro de la calidad de los productos y de “trampas” (como vender productos al mismo precio pero con menos peso o volumen). Pero lo más preocupante es que la crisis climática afecta muy negativamente a la cesta de la compra, porque las olas de calor, la sequía, las heladas o el granizo y las inundaciones deterioran las cosechas y fuerzan a subir los precios de los alimentos, sobre todo los productos frescos. Una crisis climática que ya está elevando los precios de muchos alimentos en el mundo (café, cacao, cereales o arroz) y que sufriremos más cada año en nuestros bolsillos.

 Así que ya lo saben: comer y beber será cada vez más caro y de peor calidad, mucho importado. Y dado que la alimentación es nuestro 2º mayor gasto, este encarecimiento de la comida afectará cada vez más a nuestros bolsillos y será clave en los vaivenes mensuales de la inflación. Es lo que viene.

jueves, 9 de octubre de 2025

El sobrecoste político de la luz

El precio de la luz en el mercado mayorista bajó en septiembre (-10,8%), por tercer mes consecutivo, recuperándose del apagón. Pero el recibo de la luz que pagamos apenas ha bajado (13 céntimos), porque aunque la luz sea más barata en origen (por las renovables), hay que pagar las centrales de gas disponibles para evitar otro corte. El Gobierno aprobó en junio un “Decreto antiapagones”, para reforzar la red eléctrica, pero no consiguió aprobarlo en el Congreso: en julio, lo  tumbaron PP, Vox, UPN, Junts, BNG y Podemos. A falta de estas medidas, los consumidores pagamos en el recibo un sobrecoste, 2.300 millones anuales. Ahora, el Gobierno busca aprobar algunas medidas por Decreto-Ley, para no pasar por el Parlamento, como el apoyo al autoconsumo (560.000 hogares y empresas tienen placas solares). Y propone invertir 13.590 millones en la red eléctrica, para multiplicar por 14 su capacidad. Objetivo: electrificar la economía y que las renovables aporten el 81% de la luz en 2030, abaratando más nuestro recibo.

                             Enrique Ortega

La luz se ha comportado bien este verano, costando menos en origen (mercado mayorista) que en junio y con un recibo estabilizado para los consumidores, aunque sea mayor que el del verano de 2024 porque este año ha subido el IVA que pagamos (del 10 al 21%) y los peajes (costes fijos del sistema). Concretando, en septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido de 61,04 euros/MWh, según OMIE, una bajada del -10,8% sobre el precio medio de agosto y la tercera bajada mensual consecutiva desde el máximo de junio (72,60 euros/MWh). La rebaja del precio mayorista de la luz en septiembre se debe a que no tuvimos olas de calor (como en agosto), a una menor demanda (menos turistas) y a una fuerte generación eólica y solar (un 53,7% de la luz fue renovable).

Sin embargo, esta rebaja de la luz en septiembre en origen (-10,8%) no se ha trasladado a los consumidores que tiene tarifa regulada (PVPC), 8,4 millones (otros 20 millones tienen tarifa “libre”, que renegocian cada año). Y eso porque el precio mayorista supone sólo un tercio del recibo final: los otros dos tercios son impuestos, costes fijos regulados (para pagar la deuda eléctrica, el parón nuclear, la ayuda a las islas o a las renovables), el transporte y la distribución y los “ajustes del sistema”. Y aquí está pesando ahora el coste específico que tiene Red Eléctrica (REE) por mantener disponibles 30 centrales de gas para evitar otro apagón como el del 28 de abril. Este coste, llamado “operación reforzada”, pasó de 8,19 euros/MWh en julio a 16,15 euros en agosto y 17,5 euros en septiembre… Un extracoste que pagamos en el recibo (hace un año eran 10,24 euros) para “evitar apagones”.

Al final, la factura media de la luz que ha pagado un hogar (con 4,6 KW de potencia y un consumo mensual de 292 kwh) ha sido de 67,61 euros en septiembre, sólo 13 céntimos menos que en agosto (67,74 euros), menos que en julio (68,12 euros) y casi como en junio (67,43 euros), según la OCU. Y es una factura algo más cara que hace un año (62,08 en septiembre 2024) y que hace dos (65,19 en septiembre de 2023) , por la subida del IVA y los mayores peajes obligatorios este año.

El Gobierno aprobó el 24 de junio un “Decreto antiapagones” para reforzar la seguridad de la red eléctrica y evitar a medio plazo este “extracoste” en el recibo por pagar las centrales de gas. Por un lado, reforzaba la vigilancia y la supervisión del sistema eléctrico, con más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación. Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Además, este “Decreto antiapagones” tenía otro objetivo: dar un empujón a las energías renovables, flexibilizando y agilizando los plazos para instalar nuevos proyectos renovables, incentivando el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones.

Este “Decreto antiapagones” contaba con el apoyo de las eléctricas, de los ecologistas y consumidores y de Bruselas, pero chocó con un Parlamento donde prima la derrota política del Gobierno sobre el contenido de lo que se vota. Y así, el 23 de julio, el Congreso rechazó convalidar el “Decreto antiapagones”, que fue tumbado por 183 votos en contra (al PP, Vox y UPN se sumaron Junts, BNG y Podemos). Este rechazo ha provocado que REE siga con su política de mantener las centrales de gas (su producción ha aumentado un 33% este año) para asegurar mejor el suministro, dominado por las energías renovables (con menos mecanismos para afrontar las tensiones del sistema). Y todo apunta a que este extracoste lo seguiremos pagando en el recibo este año y en 2026, al menos el primer trimestre. Un extracoste que nos supone a los consumidores un pago extra en el recibo de 2.300 millones anuales…De momento, Red Eléctrica acaba de pedir a la CNMC que apruebe cambios urgentes en las operaciones de la red para evitar nuevos apagones (alerta de que "hay riesgos"), cambios que reconoce subirán temporalmente el recibo de la luz a los consumidores. .

El Gobierno no se resigna a reforzar la seguridad del sistema eléctrico, aunque la pelea política haya frustrado el Decreto antiapagones que apoyaba el sector. Y así, va a aprobar algunas de sus medidas por vía Decreto-ley, para no tener que pasar por el Parlamento, aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) las considera "innecesarias". De momento, el Gobierno ultima un Decreto para fomentar el autoconsumo eléctrico, para facilitar que particulares y empresas instalen paneles solares y molinos para producir su propia electricidad, una vía cada vez más utilizada: son ya 484.000 hogares y 76.000 empresas las que utilizan este autoconsumo, a un coste cero en su factura (el coste es la instalación y mantenimiento). Y ahora, el objetivo del Decreto es facilitarlo más, permitiendo que haya hasta 5 kilómetros desde la instalación al punto de consumo y facilitando vender los excedentes (un colegio o una empresa podrá vender un domingo la luz solar que no usa).

En paralelo, el Gobierno, la Comisión de la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica estudian otras medidas para reforzar la seguridad de la red sin pasar por el Parlamento. Y en paralelo, está en fase de consulta pública el Plan de inversiones para la red eléctrica entre 2026 y 2030, que pretende invertir 13.590 millones en los próximos 5 años, un 65% más que en 2021-2026. Y con ello, se pretende multiplicar por 14 la capacidad de la red eléctrica española, para evitar los “cuellos de botella” actuales y permitir que se “enchufen” a la red más polígonos industriales, nuevas viviendas, líneas de ferrocarril y puertos, además de nuevos proyectos tecnológicos (hidrógeno verde, centros de datos). Se trata de evitar la actual saturación de algunos puntos de la red eléctrica y conseguir una red más extensa y segura.

Estas importantísimas inversiones en la red eléctrica han de ser negociadas ahora con las eléctricas y los futuros usuarios, además de con las autonomías, en un reparto del pastel que traerá enfrentamientos. El objetivo de este ambicioso Plan de inversiones es aumentar la capacidad de la red para hacer frente a la “electrificación de la economía (cambiar el petróleo, el carbón y el gas por luz de origen renovable), pero sin pasarse, sin crear una “burbuja eléctrica” (como sería aceptar los aumentos de capacidad que piden algunas industrias y muchas eléctricas), porque estas inversiones en la red se acaban pagando con nuestro recibo, las financiaremos los consumidores…

Cara al futuro, contar con una red eléctrica más potente y segura llevará a un aumento de la tarifa eléctrica, que debería ser compensado por la rebaja que supone producir más de la mitad de la electricidad con energías renovables, mucho más baratas. De hecho, el auge de las renovables en España ya han provocado un gran ahorro en la factura: el precio de la electricidad en España era en 2025 un 32% más barato que en Europa (cuando en 2019 era más cara), gracias al mayor peso de las renovables, según un reciente estudio de Ember, que refleja como en 2019, los combustibles fósiles (fuel, carbón y gas) determinaban el 75% del precio mayorista de la electricidad y en 2025 sólo influyen en el 19%.

Ahora, el gran reto es seguir promoviendo las energías renovables (entre diciembre de 2019 y junio de 2025, España ha duplicado su capacidad eólica y solar, consiguiendo un liderazgo en Europa). Entre enero y septiembre de 2025, el 56,8% de la electricidad generada ha sido renovable, superando la eólica (20,4%) y la fotovoltaica (20%) a la energía nuclear (19,5%) y al gas (15,5%), con un  13,1% de energía hidráulica. Y tanto en agosto como en septiembre, el carbón no ha generado ni un kilovatio de electricidad en España… Ahora, se trata de seguir avanzando, con más  inversiones en las nuevas instalaciones renovables , sobre todo en seguridad ( instalando inversores, que convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su vertido a la red) y en la instalación de baterías, que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.

Todas estas inversiones persiguen conseguir el gran objetivo del Plan de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) : que el 81% de la electricidad generada en 2030 sea renovable. Y por supuesto, conseguir una luz mucho más barata, además de más limpia (con menos emisiones). Son objetivos que deberían unir a todos los partidos, al Gobierno central y a las autonomías, a los consumidores. Pero resulta imposible y la energía se ha convertido en otra bandera política, en medio de un preocupante auge de las posiciones negacionistas sobre el Cambio Climático. En definitiva, que la tarifa de la luz debería seguir a la baja (salvo subidas puntuales), por el peso creciente de las renovables y la baja demanda: de hecho, los precios mayoristas están bajando en octubre. Y los futuros de la electricidad apuestan por un precio mayorista de la luz de 60 euros/MWh en 2026 (en septiembre fue de 61 euros) y en torno a 58 euros/MWh entre 2027 y 2030.

Pero todo va a depender de la política, de que los enfrentamientos partidistas bloqueen o no los cambios y nos hagan pagar más cara la luz. Y provoquen ir más despacio para conseguir una luz mayoritariamente renovable. El riesgo es político, no tecnológico: podemos tener una luz más limpia y barata. No lo impidan políticamente a costa de nuestro bolsillo.

lunes, 6 de octubre de 2025

Los salarios crecen, pero menos

Los sueldos subieron un +2,7% anual en el 2º trimestre, la menor subida en los últimos años y menos de lo que suben los precios (+2,9%). Lo peor es que los salarios llevan varios años creciendo poco y los trabajadores han perdido poder adquisitivo desde 2019. Y aumenta la brecha con los sueldos europeos, un 25% más altos. Por ello, casi la mitad de hogares tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Sobre todo jóvenes, mujeres y los que trabajan en los sectores y regiones peor pagados, porque en España hay enormes diferencias de sueldos, mientras el 70% de asalariados ganan menos de 2.500 euros brutos mensuales. Estos bajos sueldos explican que mucha gente no sienta en sus bolsillos la buena situación de la economía española, que crece más que el resto. Ahora que toca a sindicatos y patronal negociar las subidas salariales para 2026-28, urge mejorar los sueldos más bajos, no sólo el salario mínimo. Para repartir mejor el crecimiento y que lo note más gente.

                            Enrique Ortega

Por 5º año consecutivo, España será otra vez el país occidental que más crecerá en 2025 (+2,6%), según acaba de vaticinar la OCDE, tras haber crecido por encima de la media europea en 2021 (+6,7%), 2022 (+6,4%), 2023 (+2,5%) y 2024 (+3,5%), según el INE. Pero la realidad es que muchos españoles no notan en sus hogares esta “bonanza económica, la mayoría porque la inflación de estos años “se ha comido” la subida de sueldos y además ven que han de gastar mucho más para alquilar una vivienda (comprarla es imposible para muchos) y han de dedicar más dinero para la sanidad, la educación o el cuidado de los mayores, por el peor funcionamiento del “Estado del Bienestar”, porque las autonomías han reducido el peso de los gastos sociales en sus Presupuestos.

La consecuencia es, que aunque crecemos más que Europa y creamos más empleo que nunca (hay 22 millones de personas trabajando) hay muchas personas que no llegan a fin de mes, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE : el 9,1% de los españoles llega “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), el 12,7% llegan “con dificultad” (14,2% en 2019) y el 25,6% llegan “con cierta dificultad” (27,3% en 2019). O sea, que el 47,4% de los españoles tienen algún problema para llegar a fin de mes (49,3% en 2019), a pesar de los buenos datos económicos. Y eso, sin olvidar que España es el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población, 9,6 millones de españoles ingresan menos del 60% de la media del país). Y el 2º país europeo, tras Rumanía, con más pobreza infantil: 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, casi 1 millón de ellos con pobreza “severa”.

Así que la economía va bien”, pero mucha gente no lo nota y tiene dificultades económicas, como reconocen los Barómetros del CIS. ¿Qué está pasando? Básicamente, que muchos españoles tienen sueldos bajos y la inflación acumulada desde la pandemia se ha comido su poder adquisitivo, junto al mayor gasto en vivienda y servicios sociales. Y encima, los salarios están creciendo menos que antes: el coste salarial total en el 2º trimestre fue de 2.416,50 euros brutos por trabajador, un aumento del 2,7% anual, menor al del trimestre anterior (+3,8%) y al de un año antes (+4,1% en el 2º trimestre 2024) y el menor aumento salarial de los últimos años, según la Encuesta trimestral de Coste Laboral del INE.

Eso significa que los salarios están subiendo este año menos que la inflación (+2,9% hasta septiembre). Y si tomamos los años anteriores, vemos que los trabajadores han perdido poder adquisitivo: el coste salarial ha subido de 2.075,43 euros a finales de 2019 a 2.416,50 euros (brutos) ahora, un aumento salarial del +16,4%. Pero en ese mismo periodo, los precios (el IPC) han subido un +22,4%, así que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido del -6% en estos 5 años y medio. Y si tomamos sólo los trabajadores con convenio (menos que los incluidos la Encuesta del INE), la subida salarial pactada entre 2020 y 2025 ha sido de +16,64%, lo que revela una pérdida de poder adquisitivo similar (-5,76%).

Esto explica porque los trabajadores y sus familias tienen problemas para llegar a fin de mes, sobre todo los jóvenes, las mujeres y las familias con hijos o dependientes y que pagan un alquiler o una hipoteca. Además, tras la pandemia, la brecha salarial que hemos tenido siempre con Europa se ha agravado, porque los salarios españoles han crecido menos. Los datos de Eurostat son claros: el salario por hora en España era en 2024 de 18,9 euros, un 25% menos que el salario medio por hora de la UE-27 (25,2 euros) y aún más alejado de los 27,8 euros por hora que se pagan en la zona euro, los 22,3 euros en Italia, los 29,7 euros en Francia, los 33,3 euros/hora en Alemania o los 43,6 euros que se pagan en Dinamarca. Y además, entre 2020 y 2024, el salario por hora ha subido un +11,17% en España, menos que el +17,2% que han subido en la UE-27, el +12,92% en Francia o el +16,4% que han subido en Alemania (en Italia han subido un +6,19%, pero en Portugal un +19,5% y en Grecia un +20,9%).

Así que los salarios en España siguen siendo de los más bajos de Europa y crecen poco, menos que en la mayoría del continente. Y así viene pasando desde principios de siglo: los salarios reales en España (descontando la inflación) han subido sólo un +5,1% entre los años 2000 y 2024, mientras han crecido mucho más en la mayoría de Europa, según los datos del profesor Manuel Alejandro Hidalgo, que trata de explicar por qué los salarios medios en España son entre un 35 y un 40% inferiores a los de Alemania, Francia y los paises nórdicos.

La razón principal es que somos un país menos productivo que ellos: producimos menos por trabajador y por eso los sueldos son más bajos. De hecho, España es la 4ª mayor economía europea, porque el valor de lo producido (PIB: 1.594.330 millones de euros en 2024) sólo lo superan Alemania (4.328.970 millones euros), Francia ( 2.921.412 millones)  e Italia ( 2.199.619 millones euros). Pero este es un dato engañoso, porque hay que tener en cuenta la población, lo que produce cada país por habitante. Y lo que ha pasado en España tras la pandemia es que el PIB ha crecido mucho (+27% entre 2019 y 2024) pero también ha crecido mucho la población residente, por los inmigrantes (de 47 a 49 millones). Así que el PIB por habitante ha crecido menos (de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024, +21,7%).

Y al tener en cuenta lo que producimos por habitante, España ya no es la 4ª principal economía de Europa, sino que somos el país europeo nº 14  por productividad (PIB por habitante), por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Alemania, Suecia y Malta (los 9 paises más productivos que la media de la UE-27), Finlandia, Francia, Italia y Chipre. Concretamente, producimos por habitante el 92% de la media europea, mientras Francia produce el 99%, Alemania el 115% y Paises Bajos el 136%. Por eso, los salarios españoles son más bajos que los de otros paises.

Pero hay otras razones que explican esta menor productividad y están detrás de que España tenga los sueldos entre un 35 y un 40% más bajos que los paises más productivos de Europa. Una, que estamos comparando el total de los trabajadores de cada país: si comparásemos trabajadores similares de España y Alemania (con similar edad, formación, ocupación y tipo de contrato), la “brecha salarial” se reduciría a la mitad (al 17%), según el profesor Hidalgo, quien hace hincapié en dos factores que explican la mitad de la diferencia salarial de España con Alemania y la Europa rica: la formación y la experiencia de los trabajadores.

La menor formación de la mayoría de los trabajadores españoles explicaría por sí sola una cuarta parte de la brecha salarial con Alemania, por ejemplo. Y otra cuarta parte viene de la “menor experiencia” de nuestra mano de obra, debido a que la anterior regulación laboral ha incentivado una excesiva rotación en los empleos, acumulando menos experiencia. Además, hay otros factores que explican la menor productividad y la consiguiente diferencia salarial: el tipo de economía (en España pesan más los servicios que la industria, mejor pagada), el menor uso de la tecnología y la digitalización, la menor tecnología e innovación en los procesos productivos, el menor tamaño de nuestras empresas (las grandes son más productivas), la menor internacionalización (los exportadores son más productivos), la menor formación de los empresarios, una sindicalización menor y una mayor regulación y burocracia…

Así que ya sabemos el camino (no sencillo) para conseguir subir más los salarios y acercarnos a los europeos: más formación, más tecnología e innovación, empresas más grandes y mejor gestionadas, menos regulación, más industria y más exportación… En definitiva, modernizar la economía y capacitar a los trabajadores para producir más por persona y así cobrar más. Un proceso que tarda años y que es el objetivo a medio plazo del Plan de recuperación y de los Fondos europeos. Pero antes, hay que mejorar cuanto antes una parte de los salarios que tenemos, los más bajos, porque es la única manera de seguir alimentando el consumo, que junto al turismo y las exportaciones, son el motor del crecimiento español. No basta sólo con que el conjunto de salarios suban más (y no pierdan poder adquisitivo) sino empezar a corregir la desigualdad salarial que hay en España, que es tremenda.

El gran problema de los salarios españoles es que muchos de ellos son bajos, con lo que hay muchos trabajadores propensos a tener problemas para llegar a fin de mes. Lo revelan los últimos datos del INE (Decil de salarios 2023): el salario medio bruto era de 2.273 euros mensuales en 2023 (1.932 euros netos), sólo 290 euros más que en 2019 (ha subido un +14,66% mientras la inflación subía más estos cuatro años: +17,9%). Pero lo más llamativo es que 5,4 millones de asalariados cobran menos de 1.534,7 euros brutos mensuales (1.304 netos) y otros 7,2 millones ganan entre 1.534 euros brutos y 2.548 euros (2.166 netos). En definitiva, que el 70% de los asalariados (12.600.000) ganan menos de 2.166 euros netos al mes. Y ganan aún menos las mujeres (2.063 euros brutos), los más jóvenes (1.387 euros brutos entre 16 y 24 años), los poco formados, los que trabajan a media jornada (ganan menos de 1.534 euros brutos), los que tienen contrato temporal (1.832 euros brutos), los que trabajan en el campo, la hostelería, el servicio doméstico y la construcción, los que trabajan en micropymes (la mayoría ganan menos de 1.534 euros brutos) y los asalariados de Extremadura, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia o Andalucía.

Todos estos colectivos son los que las pasan canutas para llegar a fin de mes y no acaban de ver que la economía “vaya bien” , aunque crezcamos más que el resto. Por eso, la prioridad de la próxima negociación salarial, que deben abordar sindicatos y patronal para firmar otro Acuerdo para 2026-2028, debería ser subir más los salarios más bajos, para reducir las tremendas desigualdades actuales y mejorar la vida de muchos hogares con problemas para llegar a fin de mes. Una medida importante será volver a subir el Salario Mínimo en 2026, tras subirlo de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2025 (+61%), porque afecta a 2,5 millones de asalariados con los sueldo más bajos (dos tercios mujeres y una cuarta parte jóvenes) y porque la subida del SMI “tira” del resto. Pero además, habría que ir sector a sector subiendo los sueldos más bajos, para reducir desigualdades.

España lleva décadas compitiendo en el mundo gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar de ser “la China de Europa” y empezar a competir más en innovación, tecnología y bajando otros costes (la energía, por ejemplo, gracias a las renovables), aumentando el peso de la industria y los sectores de futuro, que conllevan más productividad y mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años mejorando ventas y márgenes, aumentando sus beneficios, y es hora de que también los trabajadores se beneficien de la recuperación, con mejores sueldos, sobre todo los que menos ganan. Unos sueldos más decentes son además la base de un mayor consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

jueves, 2 de octubre de 2025

El AVE, imparable: ojo a "morir de éxito"

El AVE sigue ganando viajeros al avión y a la carretera, tras batir un récord en 2024: casi 40 millones de viajeros, el doble que antes de la pandemia. Y espera llegar a 50 millones en 2026, gracias a la liberalización de la alta velocidad, que ha traído dos competidores a Renfe (la francesa Ouigo y la italiana Iryo), aportando más trenes y viajes y una rebaja del 33% en los billetes. Pero el AVE bate récords con muchos problemas, agravados este verano : estaciones saturadas, averías frecuentes, retrasos, trenes parados en medio de la nada, fallos en las catenarias, robo de cobre… El problema de fondo es que la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (tiene 4.000 kilómetros) y está sobreutilizada (se ha pasado de 9 trenes AVE diarios a 532). Urge invertir más en infraestructuras y mantenimiento y en modernizar los trenes. Eso exigirá subir el canon a las empresas, que tendrán que subirnos los billetes para mejorar el servicio.

                          Enrique Ortega

El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.

Este tirón imparable del AVE en España, el 2º país (tras China) con la mayor red de alta velocidad del mundo (4.000 kilómetros) es consecuencia, sobre todo, de la liberalización de esta parte del negocio ferroviario, forzada por Bruselas en 2020, que obligó a abrir la red a otras empresas ferroviarias, acabando con el monopolio de Renfe. Esta liberalización se hizo efectiva el 10 de mayo de 2021, cuando un AVE de Ouigo (empresa creada por la francesa SNCF) viajó por primera vez de Madrid a Barcelona, un corredor que utilizó después, en noviembre de 2022, el primer AVE de Iryo (empresa de la italiana Trenitalia, Air Nostrum y Globalvía). El siguiente paso fue la competencia en el corredor Madrid-Valencia (octubre 2022 Ouigo y diciembre 2022 Iryo), seguido del corredor Madrid-Sevilla (marzo 2023 Ouigo, enero 2025 Iryo), al que se sumaron el corredor Madrid-Málaga-Granada (marzo 2023 Iryo, enero 2025 Ouigo) y la línea Madrid-Alicante (abril 2023 Ouigo, junio 2023 Iryo). Y más recientemente, llegó la competencia al corredor Madrid-Segovia- Valladolid (abril 2024 Ouigo) y Madrid-Murcia (septiembre 2024 Ouigo).

La principal consecuencia de esta liberalización del negocio de la alta velocidad ferroviaria es la ampliación de la oferta de trenes y viajes y la consiguiente “guerra de precios” entre Renfe, Ouigo e Iryo, con multitud de ofertas y tarifas. Eso se ha traducido en que los billete de AVE se han abaratado un 33% con la liberalización, según la CNMC. Y además de este ahorro de costes para los viajeros (431 millones desde 2019), el tirón del AVE ha supuesto un ahorro de costes externos (polución, emisiones de CO2, accidentes, cogestión de tráfico) estimado por la CNMC en otros 172 millones de euros desde 2019, a lo que habría que sumar los 153 millones de ganancia neta de ADIF (el gestor público ferroviario de la red) por los mayores cánones cobrados a las empresas por el uso de la red de alta velocidad.

En conjunto, las líneas de AVE han crecido en pasajeros desde 2019 a costa de la carretera (a la que han quitado 3,7 millones de viajeros) y del avión (al que han quitado 900.000 pasajeros), según la estimación de la CNMC. Y lo más llamativo es que casi todos los corredores de alta velocidad abiertos a la competencia han duplicado sus pasajeros desde 2019, salvo el Madrid-Sevilla (donde han crecido un 41%) y el Madrid-Málaga (+59%). Los trayectos de AVE con más pasajeros en 2024 fueron Madrid Barcelona (14.6 millones,+6% sobre 2023), Madrid-Valencia (5,6 millones, +10%), Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga(cada uno con 5 millones de pasajeros,+28%) y Madrid-Alicante (4 millones, +33%), repartiéndose los demás pasajeros (5,3 millones, +103%) en las restantes líneas abiertas a la competencia.

Y hablando de competencia, Renfe sigue manteniendo el liderazgo en la alta velocidad, aunque lógicamente ha perdido cuota de mercado frente a la francesa Ouigo y la italiana Iryo. Donde Renfe tiene la cuota de AVE más alta es en los dos corredores de Madrid a Andalucía (72/73% en 2024), frente al 27/28% de cuota que tiene Iryo (que empezó a operar en marzo de 2023), según los datos de la CNMC. También mantiene dos tercios de la cuota total (67,4%) en el corredor Madrid-Alicante, donde le sigue Ouigo (27,2% de cuota) y muy lejos Iryo (5,4%). En la primera linea abierta a la competencia, Madrid-Barcelona, Renfe mantiene un 60,1% de cuota de viajeros(en alza), seguida de Iryo (23,7%), que también crece, ambas a costa de Ouigo (16,2% de cuota en 2024). Y donde Renfe ha perdido más cuota es en el AVE de Madrid a Valencia: tiene un 50,6% y el resto se la reparten Ouigo (25,3% en 2024) e Iryo 24,2%).

Lo que han ganado los tres operadores es cuota frente al avión, al que se han “comido” en los trayectos de media distancia donde compiten, según confirman los datos de la CNMC de 2024. Así, en el trayecto Madrid-Valencia, la cuota del AVE es del 93,3% (5,25 millones de viajeros viajaron en AVE y 380.000 en avión). En el trayecto Madrid-Sevilla, la cuota del AVE frente al avión es el 90,2% y en el corredor Madrid-Alicante, el 88,1%. En el trayecto con más competencia y viajeros, Madrid-Barcelona, el AVE también gana de lejos al avión, con una cuota del 81,2% de viajeros en 2024 (8,9 millones en AVE y 2 millones en avión), cuando antes de la liberalización de 2021 la cuota del AVE era del 65%. Y en el trayecto Madrid-Málaga, la cuota del AVE frente al avión es del 82%. En estos trayectos, la cuota del tren de alta velocidad aumentó en 2024, salvo en el corredor Madrid-Barcelona (-0,3%).

A pesar de este “éxito comercial”, las tres empresas que gestionan los viajes de AVE siguen perdiendo dinero, año tras año, aunque algo menos en 2024. Así, mientras Renfe ganaba dinero con el AVE en 2019 (cuando operaba en solitario), empezó a perder dinero en 2020 y 2021, ya con Ouigo (-751 millones perdieron ambos) y en 2022-24 (-452 millones, ya con Iryo, además de Ouigo y Renfe). Sólo en 2024, las tres empresas que operan la alta velocidad han perdido 99,5 millones (menos que los 219 millones perdidos en 2023), pérdidas repartidas entre Renfe (-27 millones), Iryo (-31,5 millones) y Ouigo (-40,5 millones). Y la CNMC estima que las 3 empresas han perdido 1.203 millones de euros desde 2020, repartidos entre Renfe (-842 millones), Ouigo (-191 millones) e Iryo (-170 millones).

¿Por qué pierden dinero si han duplicado los viajeros? Básicamente, por la “guerra de tarifas” a la baja y el fuerte aumento de inversiones y costes (en trenes, personal, energía…), además de que han de pagar el canon a ADIF (la empresa pública que gestiona y mantiene la red ferroviaria) por el uso de las vías, estaciones y servicios. Aunque las empresas extranjeras (Ouigo e Iryo) se quejan de que este canon es alto, ADIF y la CNMC les contestan que son “similares a los alemanes, algo superiores a los italianos y en linea con los franceses”. Al final, ganar mercado partiendo de cero es siempre costoso y eso obliga a los nuevos operadores a operar con pérdidas y a Renfe a seguir su senda para no perder más cuota.

Pero el negocio de la alta velocidad, aunque bate récords de viajeros año tras año, tiene un problema de fondo: crecer tanto y tan rápido ha provocado múltiples problemas diarios, que se han agravado este verano: múltiples averías en la red y en los trenes, saturación en las estaciones (primero en Atocha-Madrid y luego con las obras en Chamartín-Madrid), retrasos y trenes parados en medio de la nada, unas veces por fallos en la catenaria, otras por robo de cable, otras por problemas del tren y este verano, por los incendios en Castilla y León y en Galicia (han afectado a 486 trenes y 130.000 usuarios, frente a sólo 25 trenes y 18.000 viajeros afectados por los fuegos del verano de 2024). Todos estos factores (de la red y externos) han deteriorado en 2025 un servicio, el del AVE, que en 2024 fue bastante puntual: el 94% de los trenes AVE de los trayectos en competencia llegaron con menos de 15 minutos de retraso, según la CNMC, siendo los segundos más puntuales de Europa, tras Suiza.

Los expertos y el propio Ministerio de Transportes achacan los múltiples problemas del AVE a 4 causas. La primera y fundamental, el fuerte aumento de trenes y viajeros: la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (de 470 kilómetros a 4.000) y de circular 9 trenes diarios se ha pasado a 532 trenes y 115.000 pasajeros diarios hoy. La segunda causa de problemas es el envejecimiento de las infraestructuras (vías, señalización, catenarias…) en estos 33 años, sobre todo en la linea más antigua y con más problemas (Madrid-Sevilla). La tercera, que muchos de los trenes AVE que circulan hoy (sobre todo los 125 de Renfe) son muy antiguos y algunos nuevos dan muchos problemas (como muchos de los 30 AVE Avril “Serie S106”, entregados por Talgo a Renfe en mayo de 2025 y que han presentado fisuras en los “bogies”, el sistema de rodadura donde se asientan los coches de viajeros). Y el cuarto problema es la deficiente gestión de ADIF, donde los sindicatos denuncian falta de personal y fallos de gestión, además de escasa inversión en mantenimiento de la red.

Todos estos problemas en la alta velocidad, agravados este verano, han llevado al Gobierno y a ADIF a retrasar la liberalización de nuevos trayectos de AVE, que estaba prevista para septiembre de 2025: la entrada de Ouigo e Iryo en los corredores del AVE de Madrid a Galicia, de Madrid a Asturias y Cantabria y el corredor Madrid-Cádiz y Huelva. Parece que la apertura a la competencia de estos trayectos de alta velocidad se retrasa hasta 2026, para hacerla efectiva en 2027, para dar tiempo a reforzar antes las líneas actuales con problemas y para que ADIF recalcule los cánones a cobrar a las empresas en esos nuevos trayectos, que tendrían que subir para incluir las inversiones necesarias en vías, señalización y mantenimiento. Y las empresas, además de ampliar su servicio de alta velocidad (serán 72 servicios diarios más, alcanzando al 70% de la población) y su parque de trenes, tendrán que afrontar el reto tecnológico de operar en dos anchos de vía a la vez (internacional e ibérico).

Mientras, el Gobierno y su ministro de Transportes creen que la mejoría del servicio de alta velocidad pasa por comprar nuevos trenes e invertir más en la mejora de la red de alta velocidad, donde ya se han invertido 69.200 millones, 57.200 hasta 2021 y otros 12.000 después, hasta 2025).  Pero eso tardará (“no podemos estar 15 años sin comprar un tren y de repente encargar 400”, dijo el ministro Puente en el Congreso en septiembre), lo mismo que mejorar la red de alta velocidad (vías, catenarias, señalizaciones, mantenimiento…) y las estaciones. Por eso, el propio ministro Puente advirtió a los diputados que “seguirá habiendo incidencias en la alta velocidad en los próximos dos años”…

En definitiva, el AVE bate récords de viajeros pero ha crecido demasiado en poco tiempo y eso está provocando problemas en las líneas y a los viajeros, problemas que exigen más inversiones y tiempo. Por eso, antes de seguir ampliando la red (cada ciudad quiere su AVE) y abriéndola más a la competencia, hay que reforzar lo que tenemos, para “no morir de éxito”: más inversiones en mantenimiento, vías, señalización, trenes y estaciones. Y esas mayores inversiones obligan a subir el canon de Adif a las compañías y a que frenen su “guerra de precios”, quiten tantas ofertas y suban los billetes a los viajeros. Al final, las cuentas son claras: o se invierte más en el AVE o seguirán los problemas. Y ese dinero para mejorar el servicio sólo puede salir de las empresas y de los viajeros. Lo barato es caro.

lunes, 29 de septiembre de 2025

Universidades públicas en apuros

Más de 1,8 millones de jóvenes han iniciado el Curso universitario, que batirá otro récord de alumnos, Grados y Masters. Pero las plazas en las Universidades públicas se han estancado, por falta de medios y profesores, lo que ha elevado otro Curso más las notas de corte para acceder, desviando alumnos a las Universidades privadas, que crecen sin parar, sobre todo en algunas carreras y Masters: este año funcionarán 46 Universidades privadas (4 más que el curso pasado), mientras las públicas siguen estancadas en 50 (desde 1.998). Esto obliga a muchas familias a gastar hasta 28.000 euros al año en que su hijo/a estudie fuera, lo que impide estos estudios a muchos jóvenes y endeuda a otros, aumentando la desigualdad de oportunidades. Mientras, las Universidades públicas piden más financiación para sobrevivir y poder ofrecer más plazas y estudios.  Pero las autonomías gobernadas por el PP apenas les financian y apoyan el aumento de las Universidades privadas (controladas por Fondos de inversión y entidades religiosas), sobre todo en Madrid y Andalucía.

                           Enrique Ortega

Este Curso 2025-26 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2007, otro año con un récord de nacimientos (492.527, 10.000 más que los nacidos en 2006), lo que aumentará el número de universitarios, superando  los 1,8 millones que estudiaron el Curso pasado un Grado (1,4 millones), un Master (300.000)  o un Doctorado (100.000 alumnos) en las Universidades españolas. El 75% de estos 1,8 millones de universitarios estudian en una Universidad pública, el 57% de ellos mujeres y un 7% extranjeros (salvo en Master y Doctorado donde los extranjeros suben al 27 y 29% del total). En conjunto, a estos universitarios se les ofrecen 4.475 titulaciones de Grado (67% en la Universidad pública), 4.325 Masters (el 30% en las privadas) y 1.228 títulos de Doctorado (el 80% en las Universidades públicas).

Será pues otro Curso de récord de alumnos en las Universidades españolas, con una peculiaridad: apenas crecen los alumnos de las Universidades públicas y los que más crecen son los de las privadas, como sucede en los últimos años. Así, los alumnos de Grado de las Universidades públicas han bajado desde los 1.116.463 que hubo en el Curso 2016-17 a los 1.080.568 que se matricularon el curso pasado (2024-25): -35.895 alumnos en los últimos 8 años. Y en paralelo, los alumnos que estudian un Grado en las Universidades privadas se han casi duplicado: de 186.789 en el Curso 2016-17 a 328.269 el curso pasado (2024-25), según los datos oficiales. Y si analizamos los alumnos matriculados en el primer curso, han caído un -4,8% en las Universidades públicas (de 291.100 que empezaron en septiembre 2015 a 274.400 en septiembre 2023), mientras en las Universidades privadas, los matriculados en el primer curso han crecido un +61,4% estos 8 años: de 54.700 a 89.200.

Lo mismo ha pasado con los Master. Los alumnos que inician un Master en una Universidad pública han pasado de 124.892 en el Curso 2016-17 a 143.649 el curso 2023-24, un aumento del +15%, menos de la tercera parte de lo que han aumentado los alumnos de Masters en las Universidades privadas (+53%), que han pasado de 65.251 (Curso 2016-17) a 145.306 alumnos matriculados (en 2023-24), superando ya a los alumnos Master de la pública. Y además, las Universidades públicas ofrecen ahora menos Master (3.067) que en 2015-16 (3.116 Master), mientras las privadas casi los duplican (de 761 a 1.262).

¿Qué está pasando? Pues que las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar los alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año sube la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos, obligando en la Selectividad a sacar notas cada vez más altas para admitir alumnos en las grandes Universidades. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,3 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 10 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible

La consecuencia es que muchos jóvenes que quieren estudiar una carrera sólo pueden hacerlo en la Universidad privada, que lleva años aprovechando la falta de plazas en la Universidad pública para ofertar más plazas, sobre todo de Grados que tienen una mejor salida laboral. Eso conduce a un aumento reiterado de alumnos, que sólo pueden estudiar lo que quieren si pagan los caros estudios de una Universidad privada. Y así, por ejemplo, en Madrid, este será el tercer Curso donde en Medicina (la carrera “estrella) habrá más matriculados en primer curso en las Universidades privadas que en las públicas… Y también hay más inscritos en las privadas en Fisioterapia (53%) y Relaciones Internacionales (74%).

En definitiva, las Universidades privadas crecen a costa de “asfixia financiera de las Universidades públicas”, que apenas se han recuperado de los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy desde 2012 y la escasa financiación posterior. Eso ha provocado un aumento constante de nuevas Universidades privadas, que este Curso ya serán 46 (habrá 4 nuevas), mientras las Universidades públicas se han estancado en 50 (la última Universidad pública, la Politécnica de Cartagena se creó en 1998). Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP, sobre todo en Madrid y Andalucía. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT está detrás de la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

La peor consecuencia de la asfixia financiera de las Universidades públicas (las 6 de Madrid pidieron en octubre de 2024 a la presidenta Ayuso 200 millones extras para pagar sus nóminas…) es que muchos alumnos  no pueden estudiar en ellas, por falta de plazas, y tienen que buscar una Universidad privada para estudiar una carrera, con un altísimo coste. Por un lado está el pago de la matrícula y las mensualidades, con un coste anual de 13.500 a 15.000 euros por alumno. Y a eso hay que sumar, para los universitarios que estudian fuera de casa, el coste del alquiler de una habitación o una vivienda compartida, que supera los 600 euros (5.400 euros anuales). Y la manutención y los gastos (otros 9.000 euros anuales). En total, unos 28.000 euros al año, por 4 años (si no se repite curso), más el elevado coste de un Master al final del Grado (entre 20.000 y 30.000 euros más).

Así que estudiar en una Universidad privada puede costarle a un joven y a su familia unos 140.000 euros, una cifra imposible para muchos hogares y que obliga a otros a endeudarse. De hecho, casi el 14% de los créditos que se piden hoy a la banca son para financiar estudios universitarios, según ASUFIN, una demanda que se ha cuadruplicado en la última década. Y esto relega a muchos estudiantes y familias a no estudiar una carrera universitaria, desviando su interés hacia la Formación Profesional, que es más barata (a pesar de que se multiplican también las plazas privadas, en centros participados también por Fondos de inversión) y además tiene más salidas profesionales que muchas carreras.

El objetivo debería ser promover la Universidad pública, apoyándola financieramente para que tuviera más alumnos, Grados y Master, para evitar también que muchos jóvenes sin recursos se queden fuera (las becas son escasas y poco dotadas). Pero la realidad es que España la financia menos que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654 dólares en 2021 (último dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y 33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más (27.756 dólares/universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el 67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 29% del gasto universitario es privado en España, frente al 19% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas  menos que la media (6.671 euros/universitario en 2022-23) : Madrid (5.362 euros por universitario), Cataluña (5.599 euros) y Murcia (6.712), según el Informe CYD 2024. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan La Rioja (9.689 euros/universitario), Navarra (9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (1.620 euros/alumno, 454 euros más que la media), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302), Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas en las Universidades públicas: Galicia (738 euros/alumno), Canarias (776) y  Andalucía (815).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir  aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades  de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuanto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 5.739 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2024).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, las Universidades públicas han intentado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con los Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas, a las que cada Curso se desvían más alumnos. Y el Gobierno central poco puede hacer, máximo tras tres Cursos sin Presupuestos (incluido el actual).

La futura financiación de las Universidades públicas es una cuestión clave, no sólo porque nos jugamos la formación de los jóvenes sino porque en los próximos años va a seguir aumentando la cifra de universitarios: habrá cada año más alumnos, al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075 niños, 170.000 menos que los nacidos en 2007 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades públicas sigan perdiendo alumnos, planes, investigación y prestigio.

Aumentar la financiación a las Universidades públicas  es un requisito básico para mejorarla y que no quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas). Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000 licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen más trabajo y menos paro que los jóvenes no universitarios, pero todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un 9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.

Corregir este “drama”, que la Universidad no sea “una fábrica de paradosexige no sólo tener más financiación sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas: derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los planes de estudio con empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos sean más eficaces. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.