Decreto "antiapagón" y luz más cara
Unos días antes de cumplirse los 2 meses del apagón (28 de abril), se han
hecho públicos tres informes que aclaran poco lo que pasó.
Uno del Gobierno, que reparte culpas entre Red eléctrica (REE) y las
compañías. Otro de REE que culpa a las eléctricas y un tercero de las
eléctricas que culpa a Red Eléctrica. Al final, seguimos sin saber
quien tuvo la culpa y quien debe indemnizar a empresas y
consumidores. Mientras, el Gobierno aprobó este martes un Decreto para
reforzar la seguridad del sistema eléctrico, multiplicando los controles y
las exigencias a las compañías, que tardarán meses en ser efectivas y podrían encarecer
el precio de la electricidad. Y en paralelo, incluye medidas para potenciar las
renovables, mejorando su seguridad y facilitando que almacenen su energía. De
momento, el precio mayorista de la electricidad se ha multiplicado por 4
en junio, por la mayor demanda y la menor producción hidroeléctrica. Y
todo apunta a que el recibo medio subirá 5 euros este mes. 
El segundo informe, presentado un día después (el 18 de
junio) es el
de Red Eléctrica: niega que su programación para el 28 de abril fuera
incorrecta y culpa a las eléctricas de no haber regulado tensión
con sus 9 centrales de apoyo (7 térmicas de gas y 3 nucleares), como era su
obligación (y por lo que cobran). REE les achaca, como el Gobierno, dos
errores: no ayudar a regular la tensión con estas plantas “de apoyo” y
realizar “desconexiones injustificadas” de algunas plantas, que aumentaron la
tensión y aceleraron el apagón. Eso sí, ni el informe de REE ni el del Gobierno
dan nombres de instalaciones y empresas, porque así lo han exigido las
eléctricas en cumplimiento de la Ley (en los informes están “tachados”).
Cinco días después, el 23 de junio, las
eléctricas presentaron su propio informe,
elaborado por dos consultoras. Ahí se señala como “responsable único” del
apagón a Red Eléctrica, por “falta de planificación” (la generación programada
era ·escasa”, sobre todo en el sur de España) y “mala gestión” (critican que no
se dispusiera de toda la generación hidráulica disponible). Además, rechazan
que sus plantas de apoyo no regularan correctamente la tensión y añaden que
todas las instalaciones que se desconectaron “cumplieron los protocolos”.
Así que entre todos la mataron y el sistema se apagó…Los
informes hablan del cómo pero no del porqué del apagón. No hay
responsabilidades claras ni
ceses o dimisiones. Ahora falta conocer el 4º informe, el de la Comisión
Europea, que podría conocerse después del verano. Y el
informe de la Comisión de la Competencia (CNMC), que tardará meses y
que podría acabar en expedientes con inhabilitaciones y fuertes multas para REE
o para las eléctricas. Y en paralelo, hay empresas y particulares que ya están
pensando en ir a los tribunales para exigir indemnizaciones por el gran apagón”.
Mientras, el 12 de junio se tomó la primera medida
para evitar nuevos apagones: la
CNMC aprobó la revisión de las normas técnicas que regulan
los “servicios de ajuste” del sistema eléctrico, el mecanismo que permite disponer
de centrales de apoyo (normalmente térmicas de gas) frente a posibles tensiones
en el sistema, algo que no funcionó el 28 de abril. Lo más llamativo es que Red
Eléctrica ya había
pedido esta nueva norma… en 2021, a la vista de que la norma
actual es del año 2000 y por la necesidad de dar más seguridad al sistema por
la entrada de renovables. La CNMC ha tardado pues 4 años en aprobar este
nuevo procedimiento de control de tensión que, según muchos expertos, habría
evitado el gran apagón si hubiera estado vigente.
Ahora, se va a modernizar
y dotar de un marco retributivo al control de tensión, incluyendo también a
las energías renovables. Pero este nuevo modelo de operaciones no
estará listo hasta la primavera de 2026, con lo que hasta entonces,
lo que hace Red Eléctrica es curarse en salud y tener más centrales
convencionales disponibles, aunque esa medida esté encareciendo el coste de
la luz, para pagar estos “servicios de ajuste”.
Tras su informe sobre el apagón, el Gobierno ha aprobado
este martes 24 de junio un Decreto-ley para reforzar la
supervisión y resiliencia del sistema eléctrico. Incluye medidas para
controlar mejor el cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes
del sistema, la inclusión de nuevas herramientas para reforzarlo (como la norma
aprobada por la CNMC), además de medidas para impulsar el almacenamiento y la
electrificación. Por un lado, refuerza la vigilancia y la supervisión del
sistema eléctrico, con
más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de
funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación.
Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías)
y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles
fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Para ello, se bajará
la luz a las industrias más consumidoras, se facilitará la instalación de
postes de recarga de vehículos eléctricos y se fomentará fiscalmente que los
edificios tengan climatización por aerotermia.
Este “Decreto antiapagones” , además de
multiplicar la vigilancia y los controles sobre el sistema eléctrico (para
evitar “sustos futuros”, tiene otro objetivo: dar
un empujón a las energías renovables, que antes del apagón pasaban por
un momento “delicado”: los precios de la luz habían bajado mucho (reduciendo su
rentabilidad), sufrían muchas dificultades burocráticas (retrasos en los
permisos y recursos en los tribunales) , falta de regulación, aumento de costes
y problemas de financiación (por dudas de los inversores). Ahora, este Decreto flexibiliza
y agiliza los plazos para instalar nuevos proyectos renovables,
incentiva el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que
las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando
por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector
debe invertir 200.000 millones para cumplir el gran objetivo: que el
81% de la electricidad sea renovable en 2030
(ahora es el 64%).
Parece que, tras el apagón, el Gobierno, la CNMC y Red
Eléctrica “se han puesto las pilas”, con más control de la
operativa y cambios legales para tener un sistema eléctrico (decenas
de operadores, cientos de intermediarios y 700.000 kilómetros de Red) más
regulado y más seguro. Pero ahora queda convalidar
este Decreto antiapagones en el Parlamento, algo que será complicado
por los enfrentamientos políticos. Y luego, queda que las eléctricas
colaboren y operen con más transparencia, algo que no suelen hacer. Basta
recordar las multas que les han impuesto los reguladores en el pasado:
en noviembre de 2015, la CNMC impuso una multa
de 25 millones a Iberdrola, por reducir la producción de algunas centrales
hidroeléctricas `para “manipular” al alza el precio. En julio de 2022, la
CNMC multó a Endesa con 4,9 millones por dos infracciones de “abuso
de posición dominante” en dos nudos de acceso a la red de transporte de
energía. Y en julio de 2023, la
CNM multó a Naturgy con 6 millones por “manipular” el precio en el
mercado eléctrico…
Mientras se sacan conclusiones del apagón para reformar el
sistema eléctrico, los consumidores asistimos a una fuerte subida de
la luz en junio: el precio medio en el mercado eléctrico mayorista (en
origen) ha sido de 69,65
euros por MWh entre el 1 y el 25 de junio,
lo que supone cuadruplicar el precio medio mayorista de mayo (16,97
euros/MWh, el
2º más bajo de la historia) y duplicar con creces el de abril (26,81
euros/MWh), antes del apagón. En este caso, la subida del precio de la luz en
origen no se ha debido a que REE se cubra en salud y tenga disponibles más
centrales de gas (luz más cara), que fue lo que pasó en mayo, sino que este
encarecimiento de la luz en origen se debe a 2 causas:
un fuerte aumento de la demanda, por el calor (+7%, frente al -2,1% y el
-0,8% que cayó en abril y mayo) y una menor generación eléctrica hidráulica
(pocas lluvias), además de la subida del gas (por los ataques
a Irán) en las centrales térmicas. Mientras, la aportación de las renovables
fue similar (62% de la electricidad en junio).
Con esta fuerte subida de la luz en origen, nos subirá
también el recibo de junio, unos 5 euros de media : de los 60,44
euros que pagamos en mayo (según la OCU) podría subir a unos 65 o 66
euros en junio. Y el recibo también subirá en julio y agosto, por la
mayor demanda de electricidad en verano, la falta de lluvias y el mayor uso de
las centrales de gas (más caro) para que REE se asegure de que no tendremos
nuevos apagones. El “sobrecoste” por este mayor uso de centrales de reserva( los “servicios
de ajuste”) se mantendrá todo el año y hasta que las nuevas medidas
aprobadas por el Gobierno y la CNMC entren en vigor. Ese “extracoste” se traslada
directamente al recibo de los consumidores que tienen tarifa regulada
(PVPC), que son 8,3 millones de clientes, pero no deberían pagarlo los
consumidores que tienen una “tarifa libre” (24,1 millones), al menos
hasta que llegue la revisión anual de su contrato, según
ha advertido ya la CNMC a las eléctricas y comercializadoras. Pero algunas
ya han anticipado que van a subir las tarifas un 7% por estos costes extras…
Cara a los próximos meses, la luz en el mercado mayorista subirá
en verano (hasta los 100 euros/MWh) y bajará en octubre y noviembre (hasta los 85 euros), para bajar en 2026,
año en que los futuros auguran un precio mayorista de 65
euros/MWh, según OMIE. Y a partir de ahí,
los precios mayoristas seguirían bajando en 2027 (58,30 euros) y en 2030
(57,70 euros), gracias a la mayor producción de electricidad renovable (81%
previsto en 2030), lo que permitirá un menor coste del recibo a los
usuarios y una
ventaja competitiva a la industria española. Pero para que esto sea posible, hay que asegurar
que el sistema eléctrico funciona como un reloj, que se hacen los ajustes e
inversiones necesarias, que los que tienen que vigilar vigilen y que los que producen
y transportan electricidad cumplan los protocolos y no hagan trampas. Sólo así,
con vigilancia, normas y responsabilidad se evitará otro gran
apagón.
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