jueves, 18 de septiembre de 2014

Guarderías más caras y más privadas


Las parejas con niños menores de 6 años han vuelto a tener problemas para encontrar una guardería donde dejar a sus niños en septiembre. Las guarderías públicas han subido mucho sus precios por los recortes  y faltan en muchas ciudades, mientras se privatiza su gestión dejándola en manos de empresas de servicios. Y las privadas, que ganan terreno por las ayudas que reciben (cheque guardería), son más caras y ofrecen unos servicios de menos calidad, para rebajar costes. El mayor problema son los niños de 0 a 3 años, donde sólo uno de cada cuatro va a guardería (menos en la España pobre). Además, hay una gran diferencia de precios en las guarderías públicas: en Madrid se paga más del doble que en Andalucía o Cataluña. Faltan unas 300.000 plazas de guarderías en España, algo necesario  para que las mujeres puedan trabajar y las parejas tengan más hijos, algo urgente para un país envejecido.

enrique ortega

En España, la enseñanza de los niños de 0 a 6 años no es obligatoria ni gratuita. El curso pasado, 1.884.886 niños menores de 6 años iban a guarderías y escuelas infantiles (443.489 eran menores de 3 años y 1.441.397 de 3 a 6 años), una cifra que baja cada año por la caída de la natalidad desde 2009.  Con ello, la tasa de escolarización en los niños de 0 a 6 años ha bajado con la crisis y está en el 26,73%, por debajo del objetivo europeo (33%).

El problema está en la baja escolarización de los más pequeños, los de 0 a 3 años, ya que entre 3 y 6 años España tiene escolarizados al 99,1% de los niños, por encima de la media europea (77,2%) y de Reino Unido (79%) o Alemania (88%), aunque no de Francia (100%). Sin embargo, en la franja de 0 a 3 años, se ha dado un gran salto (de 88.926 en 1999 a 443.000 el curso pasado) pero estamos por debajo de Europa: 7,6% van a guardería con menos de un año, 27,8% entre 1 y 2 años y 44,8% entre 2 y 3 años. Y además, hay grandes disparidades por autonomías, con menos bebés escolarizados en la España pobre y rural.

Precisamente, el mayor problema de los padres es encontrar una guardería para estos niños menores de 3 años, porque en los de 3 a 6 hay más plazas en los colegios, aunque caras. En las guarderías públicas (dos tercios dependientes de los Ayuntamientos), se llevan sufriendo cuatro años de recortes (autonómicos y municipales), que han obligado a subir las tarifas a los padres, entre un 25% y un 175% (Madrid) en  los últimos años. Además, existe una gran disparidad de precios por autonomías. Así, el precio de una guardería pública para un niño menor de un año es en Madrid de 336 euros al mes y de 300 euros en Barcelona mientras cuesta la mitad en Andalucía (167 euros) y aún menos en Extremadura (155 euros) o Castilla y León (121 euros). Y si la familia gana el salario mínimo, no paga nada por la guardería (si encuentra plaza) en Andalucía, Aragón, Asturias o Canarias, poco en Galicia (16,86€) Castilla la Mancha (30€), Castilla y León (35€), Extremadura (47€)  o Murcia (47€) y bastante en Madrid (208 €), La Rioja (202€), Navarra (125€), País vasco (118€) o Barcelona (90 €).

Con ello, muchas familias han tenido que sacar a sus hijos de las guarderías públicas para dejarlos con sus abuelos, su madre (a quien no compensa trabajar para pagar guardería y transportes) o su padre en paro. Y así, en muchas guarderías públicas ya no hay listas de espera y se reducen plazas, mientras los Ayuntamientos temen por su futuro. Además, muchas guarderías públicas han pasado a tener una gestión privada, por ideología de Ayuntamientos y autonomías y como fórmula para reducir costes: se ha subastado la gestión, con una rebaja de costes del 24% y eso ha atraído a empresas privadas de servicios (como Eulen, Kidsco o Clece), que han ganado muchos concursos frente a cooperativas de profesores que denuncian que a esos precios no pueden ofrecer un servicio profesional. Y así, han empeorado los estándares (más niños por clase, menos espacio y menos medios) y se ha deteriorado la educación infantil, con profesores peor formados y con contratos precarios.

Mientras se deterioran las guarderías públicas, muchas autonomías, sobre todo las dirigidas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia…) han multiplicado las ayudas a las guarderías privadas, con convenios y el pago de un “cheque guardería” a los padres (de 100 a 160 euros al mes en Madrid). Con ello y el continuado recorte de costes, hay guarderías privadas que ya les salen a los padres más baratas que las públicas, lo que está provocando un trasvase de niños a las privadas. De hecho, el curso pasado, el 48,66% de los niños de 0 a 3 años acudían a guarderías privadas y todo apunta a que este año igualarán a las públicas. Pero ya hay cuatro autonomías donde hay más niños de 0 a 3 años en las guarderías privadas que en las públicas: Comunidad valenciana (60,12% niños en privadas), Madrid (54,9%), la Rioja (50,2%) y, curiosamente, en Andalucía (59,99%).

El problema guarderías públicas-privadas no es ideológico sino educativo: si se abre una guardería como un negocio, las empresas buscan reducir costes y eso se traduce en peores instalaciones (1,5 y 2,5 m2 por niño frente a los 7,6 recomendables), niños hacinados y poco personal (España, con 27-28 niños en el segundo ciclo de infantil, 20 niños en 2-3 años, 14 en 1-2 años y 8 bebés por profesor, no cumple las exigencias europeas), con profesores poco formados. Y con horarios excesivos (de 7 a 19 horas), una deficiente programación educativa (niños viendo la tele o saliendo al patio con los mayores), que convierte a muchos centros en lugares de “aparcamiento de niños (“guarderías”) en vez de escuelas de educación infantil. Y además, se estima que hay un 10% de “guarderías piratas”, sin control oficial.

Lo más grave, según la Plataforma estatal en defensa de la educación 0-6 años, son las grandes diferencias normativas y de funcionamiento (ayudas, precios, infraestructuras) entre autonomías, al no existir una legislación estatal. Y así, hay guarderías que educativamente funcionan muy bien (Baleares) y otras bastante mal (Madrid). Y critican además el trasvase de ayudas y niños a las guarderías privadas, el deterioro de los centros públicos y la creciente precariedad de los profesores de educación infantil, cada vez más mujeres. Y plantean que hacen falta 300.000 nuevas plazas en educación infantil (0-3 años) en España.

Pero el Gobierno Rajoy no va por ahí. En 2012 ya eliminó del Presupuesto el Plan Educa-3, puesto en marcha por Zapatero en 2008 para crear 300.000 nuevas plazas hasta 2012, con una inversión de 1.087 millones financiados a medias por el Estado y las autonomías (se crearon sólo 71.000 hasta 2010). Y año tras año sigue forzando a autonomías y Ayuntamientos a recortar el gasto en guarderías, para cumplir el déficit. Ahora, con la reforma local aprobada en solitario por el PP, los Ayuntamientos, dejarán de ofrecer guarderías municipales, un servicio que pasará a las autonomías (y no se sabe qué harán con ellas, asfixiadas como están por los recortes, actuales y futuros).

Fomentar unas escuelas infantiles de calidad y a precios asequibles es una necesidad, no sólo para que las mujeres puedan trabajar (el 23% dejan su empleo para atender a sus hijos menores de 5 años), en un país donde el 48% de las mujeres (9,2 millones) son inactivas  (frente al 42% en Europa), sino también para que haya una mayor igualdad social desde la cuna, al margen de la situación económica de los padres: los niños que han ido a preescolar obtienen mejores notas de mayores, según un informe de la OCDE.

Habría que volcarse en un Plan de guarderías, para conseguir a medio plazo la escolarización total de los niños de 0 a 3 años, a un coste asumible por las familias. Con ello, se mejoraría el rendimiento académico de estos niños después y se facilitaría que más mujeres pudieran trabajar, como en otros países. Pero sobre todo, fomentar las guarderías ayudaría a mejorar la natalidad en España, el segundo país más envejecido del mundo (tras Japón). Algo clave para poder crecer y pagar las pensiones futuras. Por todo ello, no apoyar la educación infantil (como hace el Gobierno y muchas autonomías) es un suicidio económico y social. Lo pagaremos.

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