lunes, 22 de julio de 2013

El pago por receta salva a las autonomías


El copago por receta ha cumplido un año el 1 de julio, consiguiendo rebajar más el gasto farmacéutico y reduciendo por primera vez el número de recetas. También ha ayudado el medicamentazo (dejar de financiar 426 fármacos), aprobado en septiembre. Pero el mayor ahorro se ha conseguido con la bajada de precios impuesta a laboratorios y farmacias desde 2010. Al final, la factura farmacéutica se ha reducido un tercio en los últimos tres años y ahora gastamos en medicinas menos que la media europea. Pero el Gobierno prepara más recortes: nuevo copago por tramos, copago de fármacos hospitalarios y no financiar los modernos anticonceptivos orales que toman un millón de mujeres. Muchos expertos insisten que no hacen falta más ajustes, que están pagando los jubilados con enfermedades crónicas, farmacias y laboratorios. El recorte farmacéutico está salvando las cuentas de las autonomías, que apenas toman medidas para racionalizar el resto del gasto sanitario.
 
enrique ortega

Al inicio de esta crisis, la sanidad española tenía un serio problema, el gasto farmacéutico, que se había triplicado en quince años, alcanzando un récord en 2009: 12.505 millones de euros (20% del gasto sanitario), con 4 millones de recetas al día. Era el resultado de un sistema perverso: las medicinas gratis para los pensionistas, que suponen 7 de cada 10 recetas. Y ello llevaba a un despilfarro de medicamentos, con acaparamiento, fraude (muchos fármacos para jubilados acababan en otras manos, en España, Rumanía o Ecuador) y 3.700 Tm. de medicamentos caducados tirados a la basura cada año (1.200 millones €).

En 2010, el Gobierno Zapatero tomó las primeras medidas para rebajar el gasto sanitario, por dos caminos: uno, forzar a los laboratorios a bajar precios (-30% entre 2010 y 2011) y obligar a laboratorios, distribuidores y farmacias a devolver un porcentaje sobre ventas (del 7,5 al 15%) a las autonomías, que además, recortaron gasto retrasando pagos a farmacias y empresas. Y otro, obligar a los médicos (desde noviembre 2011) a recetar por principio activo (amoxicilina) en vez de por marca (Clamoxil) o genérico (amoxicilina Normon), exigiendo además a las farmacias que vendan el genérico más barato. Con ello, la factura farmacéutica se rebajó en 2010 (-298 millones), por primera vez en una década, y más en 2011 (-1.072 millones). Pero el número de recetas seguía creciendo: seguía el despilfarro, los tacos de recetas de pensionistas en las farmacias, ahora con medicinas más baratas.

En 2012, el Gobierno Rajoy impuso nuevas rebajas de precios a los laboratorios, mantuvo la exigencia de descuentos a empresas y farmacias (“el impuesto revolucionario”) y el vender el genérico más barato. Pero el 1 de julio fue más allá: introdujo por primera vez un copago del 10% a los jubilados, con un tope mensual según renta (8,18 y 60 euros). Y el resto de activos, o seguía pagando el 40% de las recetas (para ingresos menores 18.000 €) o pagaban el 50% (de 18.000 a 100.000 €) o incluso el 60% (+100.000 €). Los parados de larga duración sin prestación no pagaban nada y los funcionarios jubilados el mismo 30%.

Pero el Gobierno hizo más cambios. Por un lado, los jubilados empezaron a pagar como los demás pacientes un 10% de los medicamentos de aportación reducida (6.000, un 20% ventas), que son para enfermos crónicos (insulinas, Sintrom, antidiabéticos, tratamientos hormonales, antidepresivos, arritmias, gota, Parkinson, tratamientos cáncer hospitalario…), con un tope actualizado a 4,13 € (llevaba 10 años en 2,64 €). Y el 1 de septiembre, entró en vigor el medicamentazo: salieron de la lista de medicamentos financiables por la sanidad pública 426 fármacos, entre ellos algunos muy vendidos como antiácidos (Almax), antidiarreicos (Fortasec), contra el estreñimiento (Duphalac), antiinflamatorios (Voltaren) o anticatarrales (Mucosán), que ahora todos (pensionistas incluidos) pagan al 100%. Además, ahora los médicos utilizan más las recetas diferidas (varias, pero con distinta fecha), lo que reduce el acaparamiento.

Al final, el copago ha tenido el efecto buscado: se han facturado 125 millones de recetas menos, desde julio 2012 a mayo 2013. Y se ha reducido el gasto en 2012 en 1.365 millones, lo mismo que en los dos años anteriores. Pero el Gobierno quiere dar otra vuelta de tuerca al gasto farmacéutico y ahorrar mucho más en 2013: 1.809 millones. ¿Cómo? Por un lado, retocando el copago, con lo que algunos pacientes pagarán más: se dejará igual el copago (50%) de los que ganan entre 18.000 y 36.000 euros, pero pagarán más porcentaje el resto (en dos tramos). Además, habrá copago para los fármacos que se dan en los hospitales. Y no se financiarán los anticonceptivos orales de tercera generación, los más modernos, que toman un millón de españolas. Y como complemento, en octubre se obligará a los laboratorios a bajar el precio de 11.300 fármacos.

Además, este verano, la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha no aceptarán recetas de enfermos crónicos de otras autonomías. Y son varias las Comunidades (como Cataluña) que ponen problemas para atender y dispensar recetas a los enfermos de vacaciones.

Con todo ello, el gasto farmacéutico podría bajar a 7.961 millones en 2013, un tercio menos que en 2009 y la menor factura desde 2004. Algunos expertos creen que el Gobierno Rajoy se ha pasado de ajuste, porque ahora España gasta en medicinas bastante menos que la media europea: 206,7 euros per cápita frente a 349 euros en UE-25.Y la factura farmacéutica, que llegó a ser el 1,2% del PIB, ha bajado al 0,8%, por debajo del 1% que recomienda y tiene Europa. Y destacan el alto coste del ajuste para pacientes (sobre todo pensionistas), laboratorios y farmacias.

Los pacientes han pagado el 40% del recorte farmacéutico de 2012, según un estudio de Antares Consulting. Y los que más, los jubilados de rentas más bajas: si un 17% de pensionistas renunciaron a comprar algún medicamento tras el copago, son un 27,3% los que lo hicieron entre los que tienen menos de 400 euros de pensión. Se estima que entre copago y medicamentos que ya no se financian (y que han subido un 50% de media), los pensionistas pagan ahora 18,2 euros más al mes en medicinas, según una encuesta de la Federación en defensa de la Sanidad Pública. Y más, los enfermos crónicos, que se teme puedan ahorrar en medicinas a costa de su salud.

El grueso del ahorro farmacéutico (60%) no viene del copago, sino de las presiones de los Gobiernos a laboratorios y farmacias para que bajen precios y márgenes. Sólo en 2012, eso llevó a las 21.427 farmacias a facturar un 7,3% menos (-38.060 € por farmacia) y aportar 21.108 euros más a las autonomías, en total 5.000 euros menos al mes por botica. Y además sufren retrasos en los pagos: sólo Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y País Vasco debían en mayo 610,25 millones a las farmacias. Con todo ello, 1 de cada 6 farmacias está en apuros y algunas ya han cerrado, en perjuicio de la atención sanitaria.

En cuanto a los laboratorios, tras bajadas forzadas de precios (-40% desde 2010), menores ventas y muchas deudas (las autonomías les deben todavía 3.200 millones), muchos han forzado despidos (6.000 hasta ahora y 1.000 más anunciados para 2013), mientras hay multinacionales que se van. Lo peor es que se trata de un sector industrial clave, que exporta y realiza un 21 % del gasto en I+D+i  y donde los recortes les llevan a invertir menos en crear nuevos medicamentos (80% son genéricos), en perjuicio de nuestra salud futura.

En resumen: el Gobierno se ha pasado de frenada en el recorte farmacéutico, con un alto coste para pacientes, laboratorios y farmacias. Pero este recorte extra ha permitido a las autonomías salvar la cara de sus cuentas: en los últimos tres años, el 79% del recorte sanitario se ha hecho en las medicinas (-3.597 millones), cuando sólo suponen el 18% del gasto. A lo claro: que las autonomías han tapado otros agujeros con los medicamentos. Y que farmacias y pacientes pagamos más por los fármacos porque ni Gobierno ni autonomías racionalizan el gasto sanitario, no con recortes, sino con reformas de fondo que no llegan.

Había que acabar con el despilfarro, con la “barra libre de los medicamentos”. Y mucho se ha conseguido. Pero no hay que pasarse, porque nos jugamos que los pensionistas ahorren en salud, que las farmacias cierren y los laboratorios no investiguen o se vayan. Y todo para que las autonomías rebajen su déficit y presenten mejores cuentas. No es justo.  

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